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Chile debate si la ciudadanía puede lucrarse por generar energía

Ven, 18/05/2018 - 21:06

Commercial Habitat, una tienda de electrodomésticos de alto nivel, ubicada en el lujoso municipio de Vitacura, en el este de la capital de Chile, abastece parte de su consumo eléctrico con la energía generada desde paneles solares instalados en su techo. Crédito: Orlando Milesi/IPS

Por Orlando Milesi
SANTIAGO, May 18 2018 (IPS)

Convertido en un país modelo por sus avances en las energías no convencionales, Chile debate ahora si los ciudadanos que individual o grupalmente generan electricidad pueden lucrarse con la venta de los excedentes de su autoconsumo, algo decisivo para incentivar o no su aporte a la oferta del sector.

Una comisión del Senado ya analizó si debe eliminarse la retribución en la Ley de pago de tarifas eléctricas de las generadoras residenciales, en vigor desde 2012, ante una indicación en ese sentido del  gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2014-marzo 2018), que su sucesor, el derechista Sebastián Piñera, mantiene.

Ahora lo estudia la Cámara de Diputados, donde dirigentes de organizaciones ambientalistas han concurrido para alertar que la propuesta de eliminar el pago a los generadores ciudadanos del remanente que inyecten a la red condenará a muerte estas iniciativas.“(El pedido del debate parlamentario) tenía por finalidad  tratar de dar las señales e incentivos para que la gente pudiera hacer más inversión y esto se masificara,  teniendo siempre la precaución de que los hogares y las casas no convirtieran esto en un negocio sino que  fuera para autoconsumo”: Andrés Rebolledo.

“Esperamos que  no prospere esta indicación de ley y podamos seguir con la energía ciudadana. Sin el aporte de este sector no se logrará la meta de 80 por ciento de no convencionales para 2050”, que se ha marcado Chile, dijo Manuel Baquedano, presidente del no gubernamental Instituto Ecología Política (IEP).

El experto cree que las autoridades temen que la generación ciudadana, básicamente solar, se convierta en un negocio en sí mismo y no se utilice solo para el autoconsumo y para bajar el monto de las cuentas de personas o pequeñas empresas.

“Están legislando contra un fantasma”, dijo a IPS. “La energía debería nacer de miles de puntos  conectados y por un sistema que permita exactamente comprar y vender”, planteó.

La capacidad actual de generación eléctrica instalada en Chile, con 17,9 millones de habitantes, es de 22.369 megavatios (MW). De ellos, 46 por ciento son fuentes renovables  (30 por ciento hídrico), 54 por ciento térmico (21 por ciento carbón).

Toda la generación está en manos privadas, la mayoría con capitales extranjeros. El consumo, en constante crecimiento, alcanzó a 68.866 gigavatios (GW) hora en 2013.

Revolución hacia fuentes no convencionales

El potencial fotovoltaico de energía solar y eólico de Chile es de 1.800 GW, según un estudio del Ministerio de Energía y la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GIZ).

Si se ocupara solo cinco por ciento del desierto de Atacama, en el norte chileno,  para generar energía solar, se podría abastecer 30 por ciento de la demanda de electricidad de América del Sur, aporta el universitario Centro de Investigaciones en Energía Solar .

Durante el cuatrienio de Bachelet, Chile dio un salto sin precedentes en las energías renovables no convencionales (ERNC), que pasaron de aportar cinco por ciento de la generación en 2013 a 20 por ciento en 2017.

“La energía solar fue la que tuvo una mayor expansión, pasando de 11 megavatios (MW) a comienzos del 2014 a 2.080 a finales del 2017, seguido de la eólica que subió de 333 a 1.426 MW”, subrayó la ingeniera ambiental  Paula Estévez en su libro Revolución Energética en Chile, publicado el 10 de mayo.

Según Baquedano, “en la revolución energética (del país), efectivamente lo central es el cambio del punto de  inflexión hacia la energía renovable que se produjo. La chilena va a ser una matriz 100 por ciento renovable en algún momento”.

Baquedano advirtió, empero,  que “los beneficios de esta revolución energética desde el punto de vista productivo solo han quedado en manos de los privados y no se han trasladado a la ciudadanía”.

”El modelo en ese aspecto es incompleto puesto que todo lo que son las generaciones que no tienen como objetivo central el lucro, la generación indígena, municipal, comunitaria, ciudadana, han sido muy poco desarrolladas”, sostuvo.

Para el 23 de enero, las conexiones de generación ciudadana declaradas a la Superintendencia de Servicios Eléctricos sumaban 2.154, pero apenas aportaban 12.736 kilovatios (kW).

Algunos casos

Ragnar Branth, gerente general de Commercial Habitat, una sofisticada tienda de electrodomésticos y arquitectura en la comuna (municipio) de Vitacura, en el este de Santiago, instaló paneles solares en el techo para alimentar una planta fotovoltaica de cinco kW cuya generación le permite un ahorro del 13,5 por ciento en factura eléctrica anual.

“Hay un beneficio en la tarifa mensual, pero la inversión inicial es bastante relevante. Hablamos de más de 20 millones de pesos (unos 32.200 dólares) solamente en la compra de paneles y su instalación y eso el ahorro no lo compensa hasta por lo menos el quinto o sexto año  de consumo” explicó a IPS.

El Parque Eólico Canela, con aerogeneradores de 112 metros de altura y una capacidad instalada de 18,15 megavatios, genera electricidad con la fuerza de los vientos frente al mar, en la región de Coquimbo, en el norte de Chile. Crédito: Orlando Milesi/IPS

”Hubo un primer buen paso que dio el gobierno con la ley de cogeneración. Sin embargo amerita algunos ajustes, entre ellos el reconocimiento del 100 por ciento de la energía generada y algún tipo de beneficio en el proyecto de inversión”, sostuvo.

“Si el gobierno quiere que esto tenga alguna explosividad y que haya una cogeneración importante, el beneficio tiene que ir a la inversión o a alguna manera de apoyo o beneficio tributario”, agregó.

En la comuna agrícola de Buin, al sur de Santiago, 99 accionistas ciudadanos convocados por el IEP financiaron el proyecto comunitario Solar Buin Uno que construyó una planta solar fotovoltaica de 10 kW conectada a la red.

Gran parte de la energía la entregan al Centro Tecnológico para la Sustentabilidad (CST), y el resto lo inyectan a la red.  Pero la compañía distribuidora de la zona paga solo hasta 60 por ciento del valor del kW hora que se factura al CST. Es decir, paga por el excedente solo una porción de lo cobrado a sus usuarios.

La generación particular recibió un impulso especial con la Ley de Generación Distribuida (descentralizada), en vigor desde 2017, conocida localmente también como de generación ciudadana.

Andrés Rebolledo, el último ministro de Energía del gobierno de Bachelet, explicó a IPS que esa norma “tiene por objetivo incentivar y dar señales para la generación  ciudadana  y que las casas, comercios, pequeñas empresas puedan en base a ERNC generar su propia energía”.

El exministro consideró que ha habido “un crecimiento  exponencial y muy importante” de generadores ciudadanos  y destacó que la modificación que debate el parlamento plantea la posibilidad que ellos aumenten su potencial de 100 a 300 kw para favorecer a pequeñas y medianas empresas.

“El objetivo y la visión es que  el avance que ha tenido Chile en materia de generación de ERNC a nivel de grandes plantas pueda también ser aprovechado a nivel ciudadano  y que por esta vía los hogares puedan generar su propia electricidad, ahorrar en la cuenta de luz y contribuir a un modelo más sustentable”, dijo.

“Esto supone un esfuerzo para robustecer las redes de distribución, tener otra forma de medición  para que los hogares puedan administrar su propio  consumo y generación y, finalmente, se puedan convertir en prosumidores, es decir, que un hogar pueda ser productor y consumidor de energía a la vez”, aseveró.

El exministro explicó que la indicación de un debate en el parlamento “tenía por finalidad  tratar de dar las señales e incentivos para que la gente pudiera hacer más inversión y esto se masificara,  teniendo siempre la precaución de que los hogares y las casas no convirtieran esto en un negocio sino que  fuera para autoconsumo”.

Pero organizaciones no gubernamentales sostienen que será un retroceso si se elimina el pago por inyección de energía a la red por parte de los generadores ciudadanos.

Según Sara Larraín, directora ejecutiva de Chile Sustentable, la modificación proyectada “elimina el pago del excedente de energía inyectada por el generador residencial por sobre su  autoconsumo”.

Eso, dijo a IPS, “desincentiva que hogares puedan invertir  en autogeneración y recuperar la inversión en menor tiempo gracias a  los  pagos por inyección en la red”.

Ante los diputados, Larraín aseveró que la reforma “es una distorsión monopólica en favor de las empresas distribuidoras  que ya constituyen un monopolio como concesionarias del servicio de distribución”.

Baquedano contó que la instalación de una segunda planta ciudadana en el norte del país quedó congelada en espera de la decisión legislativa, “porque el modelo no funcionará si se aprueba esta normativa”.

“Hay un signo de interrogación en lo que va a pasar con la energía ciudadana. El gobierno  tendrá que medir que si se termina la energía ciudadana no va a tener un movimiento ambiental ciudadano tranquilo. Van a volver los conflictos, esa es mi tesis, y no solo tesis porque estamos preparando los escenarios también”, concluyó.

Edición: Estrella Gutiérrez

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África promueve soluciones climáticas verdes

Ven, 18/05/2018 - 17:12

La agricultora keniata Veronicah Ngau muestra orgullosa su maíz de seis semanas interior (izquierda) y exterior (derecha) de pozos de cultivo, una técnica de adaptación que conserva el agua. Crédito: Ake Mamo/IPS

Por Sam Otieno
NAIROBI, May 18 2018 (IPS)

El uso generalizado de tecnología será fundamental para combatir los efectos nefastos del cambio climático y reducir las emisiones de gases invernadero. Por ello, numerosos países de África ya impulsan muchas soluciones basadas en la ciencia.

La Red y Centro de Tecnología Climática (CTCN, en inglés) y el Centro Mundial Agroforestal (Icraf) ayudan a los países a tomar decisiones políticas, tecnológicas y en materia de inversiones para mejorar los enfoques para hacer frente a la mitigación, la adaptación y la resiliencia.

Desde instalaciones de producción de biogás y de energía solar hasta mejores formas de conservación del agua, las historias exitosas en el continente abundan. El desafío ahora es expandirlas, plantean especialistas.

Según la Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena), la capacidad de las alternativas renovables en África podría aumentar 290 por ciento entre 2015 y 2030, muy por encima de 161 por ciento en Asia y 43 por ciento en América Latina.

El Acuerdo de París sobre cambio climático se apoya en el compromiso de reducir las emisiones contaminantes, garantizar fondos para fuentes de energía alternativas y adaptar la tecnología utilizada en las actividades cotidianas a fin de reducir la huella de carbono de la humanidad en el planeta.

Los países africanos internalizaron y realizan esfuerzos considerables para lograr esos objetivos a pesar de las limitaciones económicas. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas elogió a este continente por apostar a la tecnología y a la innovación en su esfuerzo contra el cambio climático.

La tecnología ya cambia el destino de las personas en el continente, observó Jukka Uosukainen, director de CTCN, en diálogo con IPS en el marco del Foro Regional de África, realizado en esta capital de Kenia del 9 al 10 de abril.

Por ejemplo, Malí logró en áreas rurales, como en Koutiala, reducir de 20 a 50 por ciento el volumen de agua perdido por la escorrentía, dependiendo del tipo de suelo.

“Eso mejoró el rendimiento de los cultivos en un área que sufrió una sequía severa, así como la calidad de vida gracias al aumento de los ingresos”, observó.

Ese país también utiliza la tecnología de la trigeneración y de la cogeneración, que se sirven de los residuos como materia prima para producir energía.

Por su parte, Mauricio integró el uso de economizadores de caldera, que capturan el calor desperdiciado de los gases de escape y los transfiere al agua de alimentación.

Eso redujo la dependencia del país en los combustibles fósiles importados, reduciendo el costo de la energía e impulsando el crecimiento socioeconómico de la ciudadanía.

Y Marruecos optó por la tecnología fotovoltaica, que aprovecha la energía solar para una mayor producción de energía.

La central Noor Ouarzazate IV se extiende por 137 kilómetros cuadrados y genera 582 megavatios de energía renovable para más de un millón de personas.

Eso ayudó al país aumentar en 42 por ciento la incidencia de las fuentes de energías renovables, disminuyendo el aire contaminado y mejorando la calidad de vida de la población.

En Kenia, se instaló una planta geotérmica de 630 megavatios, que provee de electricidad a 500.000 hogares y a 300.000 pequeñas y medianas empresas. Este país solo tiene la capacidad de generar 10.000 megavatios a partir de sus recursos geotérmicos, según un análisis de Bridges Africa.

Tony Simons, director general del Icraf, señaló que la mayoría de los países africanos eligieron tecnologías limpias como parte parte de sus soluciones ambientales. Y la organización apoya esos esfuerzos a través de su trabajo, desarrollando opciones más limpias para generar energía a partir de biomasa leñosa, una tecnología clave utilizada en este continente.

Según Icraf, Kenia utiliza tecnología para la conservación de agua como las huertas incrustadas y en terraplén para aumentar el rendimiento de los cultivos y mejorar la seguridad alimentaria

La organización también se asoció con varios países de África oriental como Uganda, Etiopía, Ruanda y Burundi en el proyecto llamado Árboles para la Seguridad Alimentaria, para realizar una amplia investigación y desarrollo de especies de árboles especiales para cada país.

Eso implica detectar plantines acordes para cada área específica y garantizar la utilización de técnicas agrícolas modernas durante la plantación.

La cobertura forestal ayuda a evitar la desertificación, reduce las emisiones de dióxido de carbono gracias a la fotosíntesis y embellece el paisaje.

Y la Iniciativa Verde para Enfriar a África, implementada en Ghana y Namibia, se basa en los modernos aires acondicionados y en otros dispositivos de refrigeración, que usan un mínimo de electricidad y liberan bajos volúmenes de toxinas a la atmósfera.

Aparte, Simons instó a promover la igualdad de género en las estrategias contra el cambio climático en todas las comunidades, pues el conocimiento sobre la gestión de los recursos naturales y la agricultura varía según el género, por lo que es esencial incluir la perspectiva de las mujeres.

Los proyectos para la recuperación de agua es otra área que recibe gran atención, pues los países africanos buscan reducir la sobreexplotación del recurso por el bien de todos.

Por ejemplo, en Kenia se lanzó la tecnología “agua verde”, con apoyo de socios locales e internacionales, que busca reducir la escasez de agua y destinarla a un mejor uso.

Esa tecnología permitió que zonas áridas y semiáridas tengan un suministro de agua regular, pues sirve para regar, criar animales y subsistir. De esa forma se redujo el peso que implica la búsqueda de agua y de pasturas para la población rural.

Además, el gobierno de Kenia, junto con el Banco Mundial, el Instituto Internacional de Investigación Ganadera y la institución Financial Sector Deepening Kenya, implementó el programa Seguro Ganadero de Kenia (KLIP), en el norte de país.

KLIP es la mayor asociación público-privada de África en materia de seguros, utiliza imágenes por satélites para suministrar alertas tempranas de sequía.

El satélite mide el impacto progresivo de la sequía en la pérdida de forraje en regiones pastoriles vulnerables del país.

Luego eso dispara desembolsos en tiempo y forma para ayudar a pastores vulnerables a comprar forraje y complementos alimentarios para los animales y mantener a la mayoría vivos hasta que pase la sequía.

Aceptar las tecnologías y las innovaciones, que buscan frenar el cambio climático, permitió contar con mejores métodos agrícolas, mayor rendimiento de los cultivos y menor consumo energético, además de disminuir las emisiones de carbono en toda África.

Traducción: Verónica Firme

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Lucha de los sin techo en Brasil asoma soluciones urbanas

Xov, 17/05/2018 - 21:15

El edificio del antiguo Hotel Columbia Palace, en una céntrica avenida de São Paulo, reconvertido en 2010 en la vivienda de 77 familias en situación de pobreza, la mayoría encabezadas por mujeres. En Brasil crece en movimiento por el derecho a la ciudad de familias sin recursos, mediante la ocupación de edificios ociosos en el centro urbano y con buen acceso a servicios públicos. Crédito: Mario Osava/IPS

Por Mario Osava
SÃO PAULO, May 17 2018 (IPS)

“Pagar el alquiler o comer”, es la disyuntiva que empuja miles de personas pobres de las metrópolis a ocupar viejos inmuebles vacíos, una forma de lucha por vivienda que se ha intensificado en Brasil y que abre caminos hacia ciudades menos injustas.

“Nosotros contribuimos a la salud pública, al asumir edificios abandonados que eran habitados por cucarachas, ratones e insectos”, arguyó a IPS la activista Antonia Ferreira Nascimento, del Movimiento Sin Techo por la Reforma Urbana (MSTRU) en São Paulo.

El Hotel Columbia Palace, “clausurado hace casi 30 años”, en el centro de São Paulo, “estaba inhabitable, con agua sucia estancada y mucha basura”, cuando fue ocupado en octubre de 2010 por centenares de personas, recordó Nascimento, participante del grupo y luego elegida como su coordinadora.

“Muchos movimientos organizados prestan un servicio a la sociedad, ocupando, limpiando y recuperando edificios sin uso y acogiendo personas a un bajo costo”, corroboró Erminia Maricato, profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo  (FAU) de la Universidad de São Paulo.

Además, buena parte de esos grupos, que suman más de cien en São Paulo, tiene como blanco el llamado centro expandido (el histórico y sus barrios cercanos), contribuyendo a poblarlo y revitalizarlo, aliviando el congestionado transporte periferia-centro.

La región central concentra 67 por ciento de los empleos y solo 20 por ciento de la población local, según Nabil Bonduki, profesor de FAU que, como concejal, encabezó la elaboración del Plan Director Estratégico del municipio en 2013-2014.

Pero el incendio con derrumbe total, el 1 de mayo, de una torre de 24 pisos “ocupada” desde 2003, a unos 200 metros del Columbia Palace, afectó la reputación de esos movimientos por el derecho a la vivienda, al mismo tiempo que realzó la crisis habitacional del país.

Los medios televisivos, por los que se informa la mayoría de brasileños,  presentó la tragedia como un riesgo de las invasiones y sus conductores como posibles explotadores de los pobres. El Movimiento de Lucha Social por Vivienda (MLSM en portugués), responsable de la toma, habría cobrado alquileres a las 146 familias involucradas, se denunció.

Videos difundiendo la torre de vidrio tomada por el fuego y derrumbándose verticalmente conmovieron el país. Hasta ahora se identificaron cuatro muertos, pero hay cinco personas más aún desaparecidas.

“Fue una fatalidad, un shock para nosotros. Hubo muchos incendios en favelas (barrios pobres hacinados) y en edificios en el centro de São Paulo en los últimos años, pero ninguno en ocupaciones”, protestó Nascimento, rechazando la “criminalización” de los movimientos que intentan los medios, las autoridades e inversionistas inmobiliarios.

La gente que vive en pobreza es forzada a ocupar porque “no tiene alternativas, ya que ni el Estado ni el mercado responden a sus necesidades”, sostuvo Maricato, lamentando “la profunda hipocresía” con que se encara las cuestiones habitacionales y urbanas.

Los asentamientos urbanos en la periferia se hunden en la precariedad y carecen de saneamiento básico, como este de Capão Redondo, en el extremo sur de São Paulo. En un lado un asentamiento ya consolidado de construcciones de ladrillo sin pintura de dos o tres pisos, del otro una ocupación improvisada de 800 familias que reclaman tierra para construir sus viviendas, y en medio un riachuelo contaminado y sedimentado que escurre hacia un manantial que abastece la metrópoli brasileña. Crédito: Mario Osava/IPS

El municipio paulista tiene 12 millones de habitantes y su muy extensa Área Metropolitana 21,4 millones, de los que 3,3 por ciento sobreviven en pobreza extrema, dentro de un país con una población total de 208 millones, 12,1 en pobreza extrema, según cifras del gubernamental Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Con ese contexto, en São Paulo “por lo menos un cuarto de los domicilios son ilegales” y hay 29.000 unidades en locales amenazados de derrumbe, lo que pone en peligro a 115.000 personas, sin la “conmoción” despertada por las “imágenes espectaculares” del edificio incendiado “en un local que interesa al mercado”, señaló Maricato.

Producto del encarecimiento de la vivienda en barrios centrales y consolidados, un millón de personas expulsadas hacia la periferia se asentaron en áreas de manantiales protegidas por leyes inocuas, agravando la escasez hídrica que afecta São Paulo, acotó la profesora.

Los movimientos por vivienda en el centro representan una minúscula reacción a esa lógica centrífuga que sacrifica los pobres, forzados a perder horas en el transporte de sus casas al trabajo.

El centro expandido de São Paulo cuenta actualmente con 70 edificios ocupados por cerca de 4.000 familias, según registros de la alcaldía. Hay otras ocupaciones ya resueltas y edificios adaptados y destinados a la vivienda popular.

Vivir en el centro marca una gran diferencia para la población en situación de pobreza, porque facilita el acceso a “una infraestructura privilegiada, con escuelas, hospitales y centros culturales”, celebró Nascimento.

Hija de inmigrantes de Maranhão, uno de los estados más pobres de Brasil, en el norte del país, ella conquistó en el exhotel Columbia un hogar anhelado, tras 17 años de batallar por una vivienda propia, iniciadas en lejanos barrios de la Zona Este de São Paulo.

El edificio de siete pisos, construido en 1910, se ubica en la avenida São João, una de las más conocidas de centro de São Paulo. Allí, ya con más de 40 años, ella pudo finalmente frecuentar la universidad y graduarse en Servicio Social. Vive solo con el marido, después que sus tres hijos se independizaron.

Hay muchas historias similares entre las 77 familias asentadas en el Columbia, la mayoría encabezadas por mujeres, muchas de ellas madres solteras. Mujeres que adhirieron a movimientos en busca de vivienda para sí y la familia, que luego se volvieron activistas.

Las municipalidades disponen de leyes para destinar inmuebles sin uso durante años a la población, al amparo de la Constitución, que exige una “función social” a la propiedad privada.

São Paulo cuenta además, desde 2014, del Plan Director Estratégico que impone un impuesto progresivo a los inmuebles vacíos. La alcaldía ya avisó a cerca de 1.300 propietarios de que estarán sujetos al gravamen, que puede alcanzar 15 por ciento del valor del bien, si no cumplen la exigencia legal.

“Falta voluntad política, el plazo para cumplir es de un año, pero los gobernantes no aplican la ley o los propietarios formalizan la intención de darle una destinación a su inmueble, solo para interrumpir el proceso”, lamentó Osmar Borges, coordinador del Frente de Lucha por Vivienda (FLM en portugués).

Esa organización aglutina una decena de movimientos, incluido el MSTRU.

En la ciudad de São Paulo hay 400.000 unidades residenciales sin uso, más que suficiente para eliminar el déficit habitacional de 380.000 unidades residenciales, estimó a IPS.

Las cifras varían. El profesor Bonduki habla de 293.000 unidades habitacionales vacías, con base en datos del IBGE.

Considera “un mito” la posibilidad, alardeada por movimientos sociales, de cubrir el déficit habitacional con los inmuebles ociosos, tanto en São Paulo como a nivel nacional.

En São Paulo las unidades vacías representan solo 8,2 por ciento del total, poco más del nivel necesario y reconocido para el equilibrio del mercado, de cinco a 6,5 por ciento. Es decir falta poco para que la escasez de oferta haga subir los precios de venta y alquileres.

Los movimientos apuntan una dirección correcta, de repoblar el centro y proponer una política de aprovechamiento de los edificios abandonados, aunque no todos sean adaptables para uso residencial. Pero aportan muy poco para atender las necesidades, opinó el experto.

En términos nacionales se habla de un déficit de 6,35 millones de viviendas y, en contrapartida, 6,1 millones ociosos.

El déficit es un concepto equivocado, mejor hablar de necesidades habitacionales, que en Brasil aumenta 1,5 millones de nuevas unidades al año, en un estudio para el período de 2008-2023, destacó Bonduki.

El dato es complejo, no lineal. El crecimiento demográfico de Brasil se redujo mucho, pero las necesidades se agrandan porque se achica la familia, un nuevo matrimonio requiere nuevo domicilio, mientras que los divorcios y la migración incrementan la demanda.

Gran parte de las viviendas vacías son rurales o están en ciudades del interior que están perdiendo población. Es decir no responden a necesidades de metrópolis, como São Paulo.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Washington debería oponerse a una Arabia Saudita nuclear

Xov, 17/05/2018 - 17:14

Sobrevivientes japoneses de la bomba atómica y manifestantes de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares antes de la votación en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, en octubre de 2016. Crédito: Peace Boat.

Por Daryl G. Kimball y Thomas Countryman
WASHINGTON, May 17 2018 (IPS)

Estamos profundamente decepcionados de la respuesta contraproducente dada por el gobierno de Donald Trump a las declaraciones de altos funcionarios saudíes sobre su intento de adquirir armas nucleares en flagrante violación de sus compromisos de no proliferación.

Llamamos a la Casa Blanca a reiterar de inmediato la política bipartidista de larga data de Estados Unidos de de trabajar contra la propagación de armas nucleares hacia cualquier país, amigo o enemigo.

La decisión imprudente de Trump de violar el Plan de Acción Integral y Conjunto, que impidió que Irán se dotará de armas nucleares y dispuso un sólido sistema de control para detectar y disuadir engaños, no solo abrió la puerta para que la República Islámica expandiera su capacidad de producir material para una bomba atómica, sino que aumentó el riesgo de una creciente carrera armamentística nuclear en Medio Oriente, donde ya hay un estado con esa capacidad bélica.

El canciller de Arabia Saudita, Adel al-Jubeir, declaró a la cadena estadounidense CNN el 9 de este mes que su país que, al igual que Irán, forma parte del Tratado de No Proliferación Nuclear (TPN), está pronto para construir una bomba atómica en caso de que la República Islámica relance su programa.

Al Jubeir también elogió la decisión de Trump de abandonar el tratado nuclear con Irán y de buscar la forma de volver a imponer sanciones contra empresas que tengan vínculos comerciales con ese país.

Al ser consultado sobre qué hará su país si Irán relanza su programa nuclear, Al Jubeir dijo al periodista Wolf Blitzer, de CNN: “haremos lo que sea necesario para proteger a nuestro pueblo. Que quede bien claro que si Irán adquiere capacidades nucleares, haremos todo lo posible por hacer lo mismo”.

Ante el pedido de aclaración de si quería decir que el reino trabajaría por adquirir capacidades nucleares, el canciller saudí respondió: “Eso queremos decir”.

Su declaración sigue a las realizadas por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, el 15 de marzo, en entrevista con la cadena de noticias CBS respecto de que Arabia Saudita seguiría el mismo camino que Irán, si este se dotaba de armas nucleares.

Con respecto a si Arabia Saudita tendría el apoyo de Washington llegado ese caso, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, declaró: “En este momento, no sé de ningún anuncio específico sobre una política al respecto, pero puedo decirle que estamos muy comprometidos a asegurarnos de que Irán no tenga armas nucleares”.

La falta de respuesta de Washington a la amenaza del príncipe Salman en marzo y la frágil réplica de Sanders el 9 de este mes equivalen a una invitación irresponsable a un mal comportamiento.

Tanta vaguedad implica que el gobierno de Estados Unidos mirará para otro lado si Arabia Saudita rompe sus compromisos en el marco del TPN para dotarse de armas nucleares.

Ya es bastante malo que el gobierno de Trump, al violar el Plan de Acción Integral y Conjunto, ponga en riesgo el régimen del TPN al abrir la puerta a que Irán amplíe su capacidad nuclear.

El presidente Trump y sus asesores no deben agravar ese error al tragarse sus palabras cuando otro miembro del TPN en la región amenaza con tratar de dotarse de la bomba.

Instamos a la Casa Blanca a aclarar de inmediato que es una política de larga data de Estados Unidos, en tanto que miembro tradicional del TPN, “no asistir de ninguna manera, alentar o inducir a cualquier Estado no nuclear a fabricar o a adquirir de otra manera armas nucleares”.

Además “se comprometen de buena fe a iniciar negociaciones para la reducción y la liquidación de sus arsenales nucleares”.

También instamos al Congreso legislativo de Estados Unidos a rechazar todo acuerdo propuesto con Arabia Saudita que habilite la cooperación nuclear de Estados Unidos con ese país si busca enriquecer o adquirir plutonio o uranio enriquecido.

Traducción: Verónica Firme

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El Acuerdo de París sin fondos, no avanza

Mér, 16/05/2018 - 17:14

La secretaria ejecutiva de la CMNUCC, Patricia Espinosa, expone su opinión en una mesa redonda de las conversaciones climáticas preparatorias de la COP24 en Bonn. Crédito: Cortesía Friday Phiri.

Por Friday Phiri
BONN, May 16 2018 (IPS)

“Los recursos económicos son clave para cumplir el Acuerdo de París”, subrayó el representante de los Países Menos Adelantados, Gebru Jember Endalew, en otra ronda de conversaciones preparatoria de la 24 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

“Con el cambio climático, los países pobres y vulnerables tienen que hacer frente a pérdidas y daños y adaptarse a la variabilidad climática, a la vez que esforzarse por sacar a su gente de la pobreza sin repetir los errores de la economía construida sobre la base de los combustibles fósiles”, añadió.

“Eso es imposible sin un apoyo previsible y sostenible”, alertó.

Sin recursos económicos, no servirán de mucho las pautas de implementación del Acuerdo de París, debatidas en las conversaciones climáticas realizadas en la ciudad alemana de Bonn, del 30 de abril al 10 de mayo, con el fin de adoptarlas en la conferencia climática que se realizará a fin de año en la ciudad polaca de Katowice.

Las pautas son fundamentales para determinar si disminuyen las emisiones de gases invernadero con la suficiente rapidez como para evitar que la temperatura global aumente más de dos grados centígrados con respecto a la era preindustrial, y en lo posible que no supere 1,5 grados.

Diálogo sobre fondos para el clima

Para evitar el aumento perjudicial de la temperatura global se requieren recursos. Por ejemplo, las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de los países en desarrollo requieren de unos 4,3 billones (millón de billones) de dólares para concretarse.

“Los fondos son vitales para nosotros”, coincidió Ephraim Mwepya Shitima, líder de la delegación de Zambia y enlace CMNUCC.

La sociedad civil no quedó contenta con el resultado de las conversaciones sobre recursos económico.

“El silencio total en materia de dinero instaló el miedo entre los países pobres de que sus contrapartes más ricos no se tomen en serio sus promesas”, observó Mohamed Adow, delegado sobre Clima Internacional de Christian Aid.

“Estamos consternados con el cambio de objetivos de nuestros socios, quienes pretenden demorar la concreción de la financiación del costo total de la adaptación en África”, expresó Mithika Mwenda, de la Alianza Panafricana para la Justicia Climática (PACJA), molesta por la falta de compromisos concretos.

Activistas de la sociedad civil protestan contra los grandes contaminantes en una mesa de negociaciones en Bonn, en mayo de 2018. Crédito: Cortesía de Friday Phiri.

Sin embargo, Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la CMNUCC tiene otra opinión: “Estoy satisfecha de los avances de Bonn”, comentó.

“Pero mucha gente subraya la urgencia de avanzar más rápido para terminar con las pautas operativas. El paquete que se negocia es altamente técnico y complejo. Necesitamos ponerlo en marcha para que el mundo supervise el avance de la acción climática”, añadió.

Los funcionarios que presiden los tres órganos de trabajo coordinaron las discusiones sobre varios asuntos en el marco del Programa de Trabajo del Acuerdo de París, y las delegaciones les encargaron redactar una “nota de reflexión” para ayudar a los gobiernos a prepararse para la próxima ronda de conversaciones, indicó Espinosa.

También recordó que las conversaciones preparatorias para la próxima COP24)de la CMNUCC, que se realizará en Polonia en diciembre, continuarán en Bangkok del 3 al 8 de septiembre, cuando se considerarán las opiniones de los gobiernos registradas en varios documentos preparados en Bonn.

El diálogo de Talanoa

Siguiendo una tradición de la región del Pacífico, el objetivo de un “talanoa” es compartir historias para encontrar soluciones por un bien común.

Por eso, al margen de las negociaciones formales, se realizó el Diálogo de Talanoa, encabezado por Fiyi, el que contó con 250 participantes, que aportaron historias, ideas y una renovada determinación ambiciosa.

“Es hora de comprometerse a tomar las decisiones que el mundo debe tomar. Debemos completar la implementación de las pautas del Acuerdo de París a tiempo. Y tenemos que asegurar que el Diálogo de Talanoa despierte una mayor ambición para nuestros planes de acción climática”, señaló el primer ministro de Fiyi, Frank Bainimarama, y presidente de la COP23.

El diálogo hizo historia cuando países y otros actores no partes, como ciudades, empresas, inversionistas y regiones, se embarcaron por primera vez a contar historias de forma interactiva.

“Es hora de avanzar de la fase preparatoria del diálogo a la fase política, que ocurrirá en la COP24”, subrayó el presidente de la próxima conferencia, el polaco Michał Kurtyka.

Todos los aportes realizados al 29 de octubre de 2018 entrarán en el segundo Diálogo de Talanoa, una fase más política de la COP24.

El Programa de Koronovia sobre Agricultura

Los agricultores son muy vulnerables a la variabilidad climática y la actividad es una gran fuente  de emisiones contaminantes, pero a pesar de su importancia, no se había tratado su especificidad y solo se había debatido un apéndice en la mesa de negociaciones climáticas de las Naciones Unidas hasta noviembre de 2017, cuando se incluyó como un programa de trabajo.

Pero la conferencia de Bonn logró un avance significativo en el “Trabajo Conjunto de Koronivia sobre Agricultura”, al adoptar una hoja de ruta para los próximos dos años y medio.

“Desde la perspectiva de Zambia, nuestro interés se ajusta al del grupo africano, que busca proteger a los pequeños productores, que son la mayoría de los que sufren las consecuencias negativas del cambio climático”, señaló Morton Mwanza, enlace del ministro de Agricultura en materia de agricultura climáticamente inteligente.

La hoja de ruta derivada de las conversaciones en Bonn responde a las necesidades de la comunidad agrícola de más de 1.000 millones de personas y de las 800 millones que sufren la inseguridad alimentaria, principalmente en las naciones en desarrollo.

Trata varios asuntos, pero la cuestión clave es, sin duda, los medios para implementarla, la financiación y la tecnología. Los países más ricos se comprometieron en 2009 a dar a las naciones en desarrollo 100.000 millones de dólares al año para 2020 para la acción climática.

Pero el retiro de 2.000 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos cuando su presidente, Donald Trump, se retirsalió del Acuerdo de París, plantea un nuevo problema.

Influencia de los grandes contaminantes

La investigación “Revolving doors and the fossil fuel industry” (Idas y vueltas con la industria de combustibles fósiles), realizada en 13 países europeos, señala que el fracaso de la Unión Europea al atender los conflictos de interés se debe a sus estrechas relaciones de años con el sector de combustibles fósiles.

“La política tiene un vínculo de ida y vuelta con el lobby de los combustibles fósiles en toda Europa”, indicó Max Andersson, miembro del Parlamento Europeo, en las conversaciones climáticas de Bonn.

“No se trata solo de un puñado de casos, es sistemático. La industria de combustibles fósiles tiene un enorme interés económico en demorar la acción climática, y las idas y vueltas entre la política y el lobby constituye una grave causa de alarma”, añadió.

Según Andersson, para cumplir los objetivos del Acuerdo de París y mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados es necesario frenar los conflictos de interés e impedir que el carbón, el gas y el petróleo dejen su “huella sucia en nuestra política climática”.

Pero hubo buenas noticias para los que abogan por sacar a los grandes contaminantes. “No habrá ninguna obstrucción de Estados Unidos ni de sus aliados los grandes contaminantes que les impida avanzar”, observó Jesse Bragg, de Corporate Accountability.

Así, todo depende de resolver la cuestión de los recursos económicos. Hasta entonces, la implementación del Acuerdo de París dentro de dos años pende de un hilo.

Traducción: Verónica Firme

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Activistas LGBTI quieren tener voz en reforma constitucional cubana

Mar, 15/05/2018 - 18:23

La familia de Eumnice Violeta Cardoso (izquierda), su pareja Isabel Pacheco y sus nietos participan en la Conga de la diversidad, en La Habana, en una de las actividades organizadas durante la 11 Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, que se realiza entre el 4 y el 18 de mayo en el país. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, May 15 2018 (IPS)

Los nuevos aires políticos que soplan en Cuba, en especial el anunciado comienzo en julio del proceso de reforma de la Constitución,  son aprovechados por el activismo para impulsar demandas pendientes en los derechos de lesbianas, gays, bixesuales, transexuales e intersexuales (LGBTI).

“Con el nuevo presidente esperamos mejorar”, dijo Eumnice Violeta Cardoso, rodeada de sus nietos, Camila, Leonardo y Lorena, que están a su guarda y cuidado gracias al fallo histórico en octubre de 2017 del juzgado de familia del municipio de Boyeros, en la periferia de La Habana.

La activista, también acompañada por su pareja desde hace 31 años, la trabajadora privada Isabel Pacheco, se refirió así a IPS al cambio generacional en la cúpula política del país de gobierno socialista, sucedido el 19 de abril, cuando el ingeniero Miguel Díaz-Canel, de 58 años, fue investido como presidente de Cuba.“Estas propuestas se van a llevar a discusión, no solamente de la Asamblea sino de la población… por eso hemos trabajado en la educación para que esté mejor preparada e informada cuando llegue el momento de tomar decisiones legislativas”: Mariela Castro Espín.

Entre escepticismos, dudas y esperanzas, el activismo por los derechos sexuales recoloca su agenda, sobre todo el matrimonio igualitario, de cara a los cambios legislativos que pudieran comenzar a partir de julio, cuando se prevé que el parlamento constituya la comisión que trabajará en la reforma constitucional.

Sosteniendo una gigantesca bandera multicolor representativa del movimiento LGBTI, la familia de Cardoso y Pacheco participó, el 13 de mayo, en la conga (marcha festiva) que se realiza cada año en esta capital alrededor del 17 de mayo, el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.

El desfile fue parte de la 11 edición de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, una campaña de sensibilización que desde 2007 despliega el estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) junto a otras instituciones estatales, gubernamentales y la sociedad civil. Este año abarca del 4 al 18 de mayo.

“Nuestro caso es un ejemplo de que vamos avanzando”, valoró Cardoso, sobre el fallo judicial calificado por especialistas de paradigmático: un tribunal otorgó la guarda y cuidado a la abuela y no al padre, contra lo habitual en el país en casos como este. Sucedió tras la muerte de su hija en 2016 por un cáncer.

Además, el tribunal reconoció explícitamente en su dictamen el rol activo en la crianza de Pacheco, en calidad de pareja de Cardoso y madrina de los niños, lo que se interpreta como un reconocimiento a la unión entre dos mujeres, en un país donde la ley aún desampara a parejas del mismo sexo y familias homoparentales.

“Queremos el matrimonio igualitario”, acotó Pacheco a IPS, durante la conga de una hora y media, que recorrió una parte de la avenida de Línea, en el céntrico barrio de Vedado, y culminó con otras actividades en el Centro Recreativo José Antonio Echeverría.

“El contexto actual de maduración política, un resultado del trabajo de sensibilización de los últimos 11 años, es probablemente el escenario para presentar propuestas de modificaciones a normas jurídicas vigentes para fortalecer los derechos sexuales en nuestro país”, indicó a IPS en una entrevista el abogado Manuel Vázquez Seijido.

La directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), Mariela Castro Espín, y el activista británico por los derechos LGTBI y premio Cenesex 2018, Mike Jackson, animan sobre un vehículo la festiva Conga de la diversidad, una de las actividades en La Habana de la 11 Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

El vicedirector del Cenesex detalló sobre la propuesta que ajusta la institución para intentar colocar la protección de los derechos LGBTI en la reforma de la ley fundamental y de otras leyes vigentes que se espera suceda a la modificación constitucional.

Según trascendidos, el cambio pudiera ser tan profundo que derive en nueva Constitución.

“La Constitución (1976 y reformada en 1992 y 2002) es definitivamente una norma que se necesita modificar. Y nosotros (Cenesex) nos vamos a concentrar en lograr dos cambios que están muy claros y definidos”, continuó Vázquez Seijido.

La institución plantea reformular de manera más amplia el principio de igualdad y no discriminación en la sociedad cubana, hoy abordado en el capítulo VI. Propone mencionar directamente la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, además de incluir el término género.

El segundo y último cambio aspirado abriría las puertas al matrimonio igualitario en el país del Caribe insular, la zona de Latinoamérica con más rezagos en derechos sexuales. Cenesex aspira a que se defina como la unión entre dos personas y derogue la actual de “la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer”.

El 19 de abril, en el discurso con que concluyó su presidencia, Raúl Castro anunció que la primera sesión de la actual legislatura parlamentaria, prevista para julio, aprobará la comisión que trabajará en la reforma constitucional. Entonces comenzará un proceso sobre el que poco se conoce y que debe concluir con la consulta popular.

Cenesex prepara otras propuestas de cambios, entre ellas en la Ley del Registro del Estado Civil (1985), Código Penal (1987), Código de Familia (1975) y la resolución para la atención integral a personas transexuales, con base en una investigación de derecho comparado que mostrará cómo diferentes países abordan esas cuestiones.

Dos integrantes de la comunidad LGBTI mientras participan La Habana en La Conga de la diversidad, una festiva marcha que integra las actividades anuales de la Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Entre otros, se busca reconocer el derecho a la identidad de las personas transgénero, colocar como agravante de cualquier delito la violencia por homofobia y transfobia y la violencia de género, establecer el matrimonio y adopción igualitarios, además de elevar la edad para chicos y chicas de matrimonio consentido a los 18 años.

La estrategia será presentada por la directora de Cenesex, Mariela Castro Espín, que también es diputada,  La estrategia será presentada por la directora de Cenesex, Mariela Castro Espín, que también es diputada, hija de Raúl Castro y el rostro más visible de la campaña contra la homofobia, que a su juicio es un problema también de las personas heterosexuales como ella.

“Hemos estado trabajando con el Partido Comunista de Cuba (PCC) y el gobierno, desde que celebramos por primera vez el 17 de mayo. La respuesta que hemos recibido (de ambas instancias) ha sido que trabajáramos lentamente nuestras estrategias educativa y comunicativa para ir sensibilizando a la población”, dijo Castro Espín a IPS.

En el sistema socialista cubano, de partido único, el PCC es definido constitucionalmente como “la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”.

“Las leyes por sí solas no garantizan derechos… tiene que haber un trabajo político mucho más amplio e integral”, detalló la diputada y promotora de los derechos de la diversidad sexual en el país. Para ella, el tema hoy es mucho más comprendido por la población, cubana de 11,2 millones, y cuenta con el apoyo de varios parlamentarios.

“Estas propuestas se van a llevar a discusión, no solamente de la Asamblea (legislativa) sino de la población… por eso hemos trabajado en la educación para que esté mejor preparada e informada cuando llegue el momento de tomar decisiones legislativas”, concluyó Castro Espín.

Otras iniciativas también surgen como la “Agenda por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y ‘queers (que no se identifican con ningún género)’ en Cuba”, que fue elaborada por activistas de distintos signos políticos y propone 63 cambios e inclusiones en el cuerpo legal cubano.

“Es una plataforma dinámica de trabajo constante. Estamos diseñando una estrategia para entregarla a los decisores y generar estado de opinión. Vamos intentar fundamentar cada demanda”, dijo Lidia Romero, una de las 18 personas que firman el documento que circula este mes por Internet.

La activista dijo a IPS que “la reforma constitucional enunciada y las leyes posteriores, deben considerar los derechos sexuales como derechos humanos básicos”. “Nunca hemos estado tan cerca de lograr la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo”, valoró.

Edición: Estrella Gutiérrez

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El delicado equilibrio entre tener y no tener hijos

Mar, 15/05/2018 - 17:13

La disminución de la natalidad en Japón llegó a un grado insostenible. En cambio, en Nigeria , la población aumenta de forma acelerada. Crédito: Bigstock.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, May 15 2018 (IPS)

La población mundial ha cambiado mucho en los últimos 50 años, pero muy poco se comprende de la transición demográfica y de las razones que la impulsan.

En el último medio siglo, la natalidad se redujo en el mundo a la mitad, llegando a la tasa actual de 2,5 hijos por mujer.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que habrá 1.000 millones de personas en el mundo para 2100.

En ese contexto, es necesario comprender mejor los factores que inciden en la natalidad, pero no se sabe mucho, dijo a IPS el secretario general de la Asociación para el Desarrollo de la Población Asiática (APDA), Osamu Kusumoto.

“En general, la transición demográfica todavía no se analiza adecuadamente. Los demógrafos suelen analizar las estadísticas sobre la causa de las estadísticas”, apuntó.

¿Pero qué es exactamente la transición demográfica?

El fenómeno se refiere al pasaje de una elevada a una baja natalidad, que comenzó en América del Norte y en Europa occidental en el siglo XIX. Un proceso similar se vio luego en las naciones en desarrollo de Asia, América Latina y África.

Algunos especialistas creen que el cambio se debió a la disminución de la mortalidad, y otros se inclinan más por factores culturales y socioeconómicos como responsables de la transición demográfica.

“El valor determina el comportamiento”, opinó Kusumoto en diálogo con IPS, y puso como ejemplo el caso de Mongolia.

En la década de los años 50, Mongolia aceleró su desarrollo social con ayuda de la entonces Unión Soviética.

Siguiendo los modelos económicos socialistas, se registró un avance significativo en educación y salud y se implementaron políticas para favorecer la natalidad, lo que llevó a un aumento sin precedentes de los nacimientos .

Entre fines de los años 50 y hasta los años 80, la población de Mongolia se duplicó, pasando de 780.000 a dos millones de habitantes.

Pero con el colapso de la Unión Soviética, la natalidad en Mongolia se desplomó, un hecho raro en países pobres y, al parecer, fue el resultado de las malas condiciones socioeconómicas del país.

Muchos investigadores, entre ellos Kusumoto, también creen que la transición demográfica y la economía de mercado en esa nación asiática impactaron en la natalidad.

Por ejemplo, con más libertades y un mejor acceso a la educación, las mujeres se empoderaron más.

A diferencia de lo que ocurre en muchos países en desarrollo, las mongolas tienen un mejor nivel educativo en relación con los hombres, y representaron 62 por ciento de los graduados universitarios en 2015. Y también hay menos mujeres sin trabajo que hombres sin trabajo.

Las mongolas demoraron la maternidad durante el caos de los años 90, y la mejora registrada en el nivel educativo de las mujeres también hizo que se postergaran los casamientos y, con ellos, la maternidad.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pueden llegar a incidir en las futuras tendencias demográficas.

Los ODS incluyen metas concretas sobre mortalidad, salud y educación, y los investigadores creen que su implementación puede ayudar a reducir el crecimiento de la población.

Pero para lograr los ODS es necesario investigar más la transición demográfica.

“Para lograr los ODS, es fundamental tener una mejor comprensión de la transición demográfica. Es necesario considerar políticas sociales adecuadas en materia de natalidad para mitigar los cambios acelerados”, apuntó Kusumoto.

“Es fundamental una natalidad adecuada, la alta y la extremadamente baja pueden ser perjudiciales para la sociedad”, añadió.

Aunque es una de las naciones más prósperas de Asia, la disminución de la natalidad en Japón llegó a un grado insostenible, lo que generó una gran preocupación por su posible impacto social y económico.

En la actualidad, la tasa de natalidad en ese país es de 1,44 niños por mujer, lo que hizo que la población disminuyera en un millón de habitantes en los últimos cinco años.

El Instituto Nacional de Investigación sobre Población y Seguridad Social concluyó que de continuar esa tendencia a la baja, Japón pasaría de los actuales 126 millones de habitantes a 88 millones, en 2065, y a 51 millones en 2115.

Con menos niñas, niños y jóvenes adultos, se instala un círculo vicioso: disminuye el gasto, lo que debilita la economía, lo que, a su vez, desalienta a las familias a tener hijos, lo que debilita todavía más la economía.

Al mismo tiempo, con el aumento de la esperanza de vida y una mayor proporción de adultos mayores, hay menos ingresos y aumenta el gasto del Estado, lo que hace que haya menos fondos para pensiones y seguridad social y la economía se debilite todavía más.

“En Japón, tener hijos no es una opción racional para los jóvenes, porque tenemos la seguridad social para sostener a los jubilados. Pero sin la generación más joven, el sistema no será capaz de mantener la seguridad social en el futuro, condición necesaria para hacer una elección racional”, añadió Kusumoto.

En el otro extremo, están los países africanos, como Nigeria, que experimentan un acelerado aumento de la población.

Para 2050, Nigeria tendrá la tercera mayor población mundial.

La ONU pronostica que una de cada tres personas en el mundo, casi 4.000 millones, habrán nacido en África para 2100.

Eso podría dificultar los esfuerzos de lograr ODS fundamentales como el de erradicar la pobreza y el de garantizar la paz y la prosperidad.

“Desde ese punto de vista, la cuestión de la natalidad es un requisito esencial para lograr los ODS”, insistió Kusumoto.

Traducción: Verónica Firme

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Pueblos indígenas recuperan lenguas nativas de México

Mar, 15/05/2018 - 13:21

Niños indígenas de la sierra de Oaxaca, en el suroeste de México, escuchan en el pueblo de Guelatao la propuesta sobre educación del candidato presidencial favorito según las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, quien anunció que, si gana, instituirá escuelas bilingües en las regiones indígenas. Crédito: Danilo Rodríguez/IPS

Por Daniela Pastrana
GUELATAO, México, May 15 2018 (IPS)

El adolescente Ángel Santiago habla en una de las variaciones de la lengua zapoteca que hay en el estado de Oaxaca, en el suroeste de México, y pide un modelo educativo que “respete nuestra cultura y nuestras lenguas”, parado ante el candidato presidencial con mayor opción de triunfo en las elecciones de julio.

El profesor Juan José García Ortiz, también presidente municipal (alcalde) de Guelatao,  una pequeño pueblo de este estado suroccidental, habla en zapoteco y español sobre los problemas de la educación en México y finaliza con un mensaje: “Nunca más un México sin los pueblos indígenas”.

Lo mismo hace la poeta Irma Pineda López, quien lee los compromisos elaborados por el grupo magisterial más organizado del país, el de Oaxaca, que también es el que cuenta con mayor población indígena de México y donde 418 de sus 570 municipios son de mayoría indígena y se rigen por los usos y costumbres originarios.“Dicen que estamos en extinción, pero no lo estamos, y no lo vamos a estar mientras nosotros queramos mantenernos siendo indígenas”: Susana Hernández.

El candidato presidencial, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, asiente. Junto a él está Susana Harp, una destacada cantante internacional de música tradicional zapoteca, quien es candidata al Senado por el partido del aspirante presidencial, Morena.

Y poco detrás, Esteban Moctezuma, propuesto por López Obrador para ser secretario (ministro) de Educación de su gabinete en caso de ganar los comicios del 1 de julio.

La escena ocurre el 12 de mayo en el pueblo donde nació el único presidente indígena que ha tenido México, Benito Juárez. Allí presentó López Obrador su propuesta para cambiar la educación en el país y, llamativamente, todos los participantes hablaron primero en su lengua materna originaria y luego en castellano.

Entre los compromisos del candidato está el de establecer las escuelas bilingües en todas las regiones con mayoría indígena.

Lo sucedido en Gualatao es la señal de un fenómeno que ha comenzado a registrarse, muy lentamente aún, en todo el país: la recuperación de lenguas nativas.

Más hablantes

En la última década, de acuerdo con los censos poblacionales que realiza cada cinco años el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número de hablantes de lenguas indígenas en México aumentó 20 por ciento, prácticamente al mismo ritmo que el crecimiento poblacional.

De hecho, por primera vez en 80 años se detuvo la tendencia a la baja en la población hablante de lenguas originarias.

Una buena parte de este fenómeno se debe a la labor de jóvenes indígenas que están trabajando por recuperar la identidad, la lengua y el territorio que habían perdido sus padres.

“Estamos tratando de recuperar nuestra lengua y de convencer a los mayores de que no vendan la tierra, porque ya no estamos dispuesto a avergonzarnos de nuestra identidad indígena”, explica a IPS José Koyoc Ku, integrante de la radio comunitaria Yúuyum Radio, que difunde la voz maya en Yucatán, en el sureste del país.

Los mayas son junto con los zapotecas y loa nahuas los tres pueblos originarios más numerosos actualmente en México.

María de la Luz Villa Poblano, detrás de su esposo, en la puerta de su vivienda en la Misión Santa Gertrudis, en una zona incomunicada del estado de Baja California Sur, en el noroeste de México. A sus 71 años, ella encabeza una batalla por el reconocimiento del pueblo indígena cochimí y de su lengua. Crédito: Daniela Pastrana/IPS

En México hay actualmente 68 pueblos originarios y 364 derivaciones de 11 familias lingüísticas, que sobrevivieron a la colonia española, donde se perdieron 143 lenguas, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Durante décadas, la narrativa oficial, recuerdan los activistas, replicó el discurso de la unidad nacional y el argumento de que, a diferencia de otros países, en México no hubo un exterminio ni segregación de los indígenas.

Además, México nunca tuvo políticas multiétnicas y la primera forma de segregación de los pueblos fue la lengua, pues se estableció el castellano como único idioma oficial, a pesar de que cuando el país nació como Estado independiente, casi la mitad de la población era indígena.

La Encuesta Intercensal de Población y Vivienda 2015 de Inegi indicó que de los 119 millones de mexicanos de aquel año,  15,7 millones que se consideraban indígenas, aunque solo la mitad hablaba alguna lengua nativa.

“A nuestros padres y a nuestros abuelos les enseñaban el español con una cruz en una mano y un garrote en la otra y tenían prohibido hablar en su lengua”, cuenta a IPS María de la Luz Villa Poblano, indígena cochimí del noroccidental estado de Baja California Sur, que a sus 71 años dirige una batalla por el reconocimiento de su pueblo.

En la práctica, hay coincidencia en que los indígenas mexicanos fueron ignorados hasta que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo su aparición pública, en enero de 1994, y marcó un parteaguas con su lema: “Nunca más un México sin nosotros”.

En mayo de 2017, el Congreso Nacional Indígena decidió participar en un proceso electoral y postular a una mujer indígena como representante del Concejo Indígena de Gobierno para buscar la candidatura presidencial por una vía independiente de los partidos políticos.

“Sabemos que tenemos enfrente quizá la última oportunidad, como pueblos originarios y como sociedad mexicana, de cambiar pacífica y radicalmente nuestras formas propias de gobierno”, dijeron los zapatistas entonces en un comunicado.

María de Jesús Patricio, la representante que se registró en la contienda, no logró pasar a la siguiente fase porque solo pudo recopilar un tercio de las firmas requeridas para obtener el registro. Pero en los distintos foros habló de que su participación era por un asunto de sobrevivencia.

Ello debido a que la situación para los pueblos nativos de México es crítica, coinciden estudios, especialistas y representantes de pueblos originarios.

Pero más pueblos en extinción

Según los datos de la estatal Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 23 de los 68 pueblos nativos se encuentran en “extinción acelerada” y, de ellos, 14 de esos que ya están en vías de desaparecer, pues tienen menos de 500 integrantes.

Por su parte, el gubernamental Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), reconoce que si el contexto no se transforma, 64 lenguas se encuentran en extinción y la mayoría se convertirán en referencia histórica antes de 20 años. De hecho, de las 364 derivaciones lingüísticas que hay en el país, solo 185 no están en riesgo inmediato de extinción.

“Las lenguas están amenazadas porque tienen poca presencia en los medios de comunicación y en el ciberespacio, no han sido tomadas en cuenta por diversas instituciones públicas (en los tres órdenes de gobierno)”, ha planteado Javier López Sánchez, director de Inali.

De hecho, ha denunciado, “se han relegado al uso familiar, comunitario, se ha disminuido el uso. Por políticas públicas mono linguales dejaron de transmitirlas también a sus hijos. Y a todo eso hay que agregarle la discriminación”.

Pero los pobladores de esos pueblos han decidido dar la batalla por su supervivencia como pueblos nativos.

De acuerdo con los datos oficiales, la tendencia a la baja que durante 80 años registró el porcentaje de población hablante de lenguas indígenas en México se detuvo en 2005 y desde entonces se ha mantenido igual que el crecimiento poblacional: de seis millones de hablantes en 2005, pasaron a 6,6 millones en 2010 y 7,3 millones de hablantes en 2015.

En esos años, el porcentaje de hablantes de lenguas originarias se ha mantenido en 6,5 por ciento de la población total del país.

“Dicen que estamos en extinción, pero no lo estamos, y no lo vamos a estar mientras nosotros queramos mantenernos siendo indígenas”, asegura a IPS con convicción Susana Hernández, en uno de los viajes de IPS por el país al encuentro de comunidades originarias, en el nororiental estado de Coahuila.

Ella es una mujer perteneciente al pueblo kikapú que se casó con un pa ipai, comunidad a la que pasó a pertenecer. Son dos de los pueblos del norte de México que, de acuerdo con los datos oficiales, están por desaparecer.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Marielle Franco estuvo ahí para apoyarnos y ahora estamos ahí para apoyarla a ella

Lun, 14/05/2018 - 20:33

Ana Paula Gomes de Oliveira, ante un retrato de su hijo, Johnatha Oliveira Lima. Crédito: Amnistía Internacional

Por Ana Paula Gomes de Oliveira
RÍO DE JANEIRO, May 14 2018 (IPS)

El 14 de mayo de 2014, un agente de la Unidad de Policía Pacificadora de Manguinhos, en Río de Janeiro, mató a mi hijo, Johnatha de Oliveira Lima. Poco después me llamó por teléfono una mujer que dijo que se llamaba Marielle. Yo no sabía quién era.

Entonces no era la concejala municipal elegida con la quinta proporción mayor de votos de Río; todavía no. Pero trabajaba en la Comisión de Derechos Humanos de la cámara legislativa del estado de Río de Janeiro, donde estaba en contacto con personas que habían perdido a hijos, hermanos o padres.

Yo sabía que había una Comisión de Derechos Humanos porque lo había visto en la televisión. El mismo día que Johnatha murió, Marielle me llamó y me dijo que estaba ahí para ayudar en lo que pudiera. Lo recuerdo perfectamente. Esto es lo que me dijo:

“Hola, Ana Paula, me llamo Marielle. No me conoces. Trabajo en la Comisión de Derechos Humanos, pero quiero que sepas que, ante todo, estoy aquí por ti como mujer, como la madre que eres igual que yo. No puedo ni imaginar el dolor que estás sintiendo. Quería darte mis condolencias, todo mi apoyo, y ojalá pudiera estar ahora ahí contigo y abrazarte en persona. Estoy segura de que tendré ocasión de hacerlo”.

Siguió en contacto conmigo, con mi familia, con mi hermana, y nos invitó a la Comisión, donde me encontré por primera vez con ella. Aquí, en Manguinhos, estuvo en la manifestación que hubo un año después de la muerte de Johnatha, y posteriormente, en actos culturales.

Marielle era como nosotras. Se pasó por mi casa con la Comisión, y reuní a toda mi familia para que los vieran. Nuestra conexión se hizo aún más fuerte, porque ella siempre estaba ahí para apoyarnos. A veces con llamadas de teléfono, y muchas veces presentándose en las vistas judiciales, y no solo por mi hijo.

La veía en las manifestaciones frente los juzgados, apoyando a otras familias en las vistas, junto con otras madres a cuyos hijos habían matado, y solía pasar a vernos para darnos un abrazo y decirnos unas palabras de consuelo, de aliento.  Siempre que la veíamos preguntaba cómo estaba mi familia, y hablaba de mi hijo.

Traía un soplo de paz y era siempre muy cariñosa.

Cuando me enteré de que habían matado a Marielle, yo estaba en Jamaica. Amnistía Internacional me había invitado a participar en un acto con familiares de personas a las que había matado la policía en Jamaica, Brasil y Estados Unidos. Habíamos ido a compartir nuestras historias y darnos mutuamente fuerzas.

El 14 de marzo por la noche, tras un intenso día de actividades, estaba tan cansada que no salí. Me quedé en el hotel, viendo fotografías de mi hijo y de las protestas en el teléfono móvil.

Ese día hacía tres años y diez meses que habían matado a mi hijo. Reflexionaba sobre todo lo que había pasado tras su muerte y todo lo que me había llevado a aquél lugar, Jamaica, que estaba tan lejos de mi hija, de mi familia y de mis amigos. Mientras pensaba en ello, supe que si estaba allí, era por un motivo. Así que saque una fotografía de mi hijo y comencé a escribir.

Como si estuviera hablando con él: “Hijo, mamá te quiere. Jamás voy a olvidarte”. Nada más subir la foto con ese pie a las redes sociales, mi teléfono comenzó a sonar.  Era Denize, una madre a quien había conocido a través de Marielle y de la Comisión de Derechos Humanos. Habíamos intimado por la terrible realidad que compartíamos: a su hijo también lo había matado la policía.

Fue Denize quien me dio la noticia de que habían matado a tiros a Marielle. Me quedé anonadada. Era como perder a alguien de mi familia, a una amiga querida. Sabía que siempre que la llamara, fuera de día o de noche, contestaría.

Es intolerable que la vida de Marielle haya llegado a su fin de una manera tan cruel y que quienquiera que sea el responsable no haya sido llevado aún ante la justicia.

Marielle estaba siempre ahí para apoyarnos a todas nosotras, defensora incansable de nuestros derechos. Y ahora nosotras, las madres a las que siempre tendió una mano cuando la necesitamos, estaremos siempre ahí para apoyarla a ella y a las personas de su vida.

Nuestras voces no descansarán y seguiremos luchando por Marielle hasta que se haga justicia. Exigen respuestas a las autoridades brasileñas firmando la petición de Amnistía Internacional. Como decimos en Brasil, ¡Marielle está todavía presente, hoy y siempre!

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Estados Unidos mira con otros ojos a Etiopía

Lun, 14/05/2018 - 17:15

Tewodrose Tirfe, presidente de la Asociación Amhara de Estados Unidos, realiza declaraciones a la prensa en abril de 2018 tras la aprobación de la resolución 128 por la Cámara de Representantes. Detrás de él, a su derecha, está el legislador Chris Smith, y detrás de él, a su derecha, el legislador Mike Coffman. Crédito: Cortesía de Tewodrose Tirfe y la oficina del representante Mike Coffman.

Por James Jeffrey
WASHINGTON, May 14 2018 (IPS)

La asunción del nuevo primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, de 42 años, considerado un reformista capaz de hacer lo necesario para calmar al país, sumergido en un malestar político que no se veía desde fines de 2015, coincide con un cambio de posición de Estados Unidos hacia esa nación africana.

Ahmed, quien asumió el gobierno en abril, pertenece a la Organización Democrática del Pueblo Oromo (OPDO), que representa al mayor grupo étnico del país y que encabezó las protestas contra el gobernante Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), del que la OPDO es la principal agrupación.

Tras la renuncia de su predecesor, Hailemariam Desalegn, muchos analistas observaron que si el EPRDF elegía como sucesor a una figura de la vieja guardia continuaría el malestar político o incluso, empeoraría.

Eso se evitó con la designación de un dirigente con mayor apoyo popular, y el primer oromo jefe de gobierno de Etiopía ya visitó varias zonas del país prometiendo atender los diferentes problemas y fortalecer los derechos civiles y políticos.

Los analistas coinciden en que Abiy tiene por delante numerosos desafíos a escala nacional e internacional, como lograr la estabilidad en Etiopía y calmar a una población descontenta, la segunda más numerosa de África.

Uno de los problemas que tiene por delante es el Estado de emergencia declarado en febrero tras la renuncia sorpresiva del anterior primer ministro, que es la segunda medida de ese tipo tomada luego de que se levantara la anterior en agosto de 2017.

Eso puede impedir que Abiy siga con una agenda reformista, pues implica que su control sobre el aparato de seguridad es mucho más reducido que lo normal durante un Estado de emergencia, dado que un grupo de comandantes, llamados Puesto de Comando, son los que controlan de hecho el aparato estatal.

Además, la renuencia de Abiy a levantar el Estado de emergencia refleja la dinámica interna del EPRDF, que derivó en la salida de Desalegn, y que indica que todavía es una fuerza vigente.

El histórico dominio del Frente Popular de Liberación de Trigray (TPLF) en el EPDRF todavía es fuerte, lo que quiere decir que el nuevo primer ministro, quien se presenta como reformista, deberá moverse con inteligencia en la estructura que se resiste a los cambios, si de verdad se propone seguir por ese camino.

“Me gusta lo que Abiy está diciendo públicamente, mucha gente en el país y en el extranjero se siente tocada por sus declaraciones”, observó el profesor emérito Alemante Selassie, de la estadounidense Facultad de Derecho William and Mary.

“Pero todavía no puedo decir que me genera confianza, porque es un funcionario del partido que subió en la jerarquía del EPRDF y probablemente cumpla su compromiso de mantener el control hegemónico”, añadió.

Cabe destacar que como exoficial del ejército comprende el aparato de seguridad. Además, cuenta con un gran apoyo popular y llega al gobierno en un momento en que el pueblo rechaza a sus predecesores, lo que lo deja con posibilidades reales de resolver muchos de los problemas del país.

Mientras, en Estados Unidos, la aprobación de la resolución 128 por la Cámara de Representantes, el 10 de abril, puede llegar a tener un impacto en Etiopía.

El documento aboga por el “apoyo al respeto de los derechos humanos y a una gobernanza inclusiva en Etiopía”.

Además, condena “el asesinato de manifestantes pacíficos y el excesivo uso de la fuerza por agentes dde seguridad; la detención de periodistas, estudiantes, activistas y líderes políticos, y el abuso de la Proclama Antiterrorista para sofocar a la disidencia política y civil y a la libertad de prensa”.

La resolución enfureció al gobierno etíope, que incluso estimó cortar la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos si se aprobaba.

Washington considera a Etiopía como uno de sus aliados más importante en la volátil región de África oriental, por lo que recibe la mayor asistencia humanitaria y a la seguridad de los países de África subsahariana.

“Esta vez, en comparación con anteriores intentos de aprobar resoluciones similares, las organizaciones etíope-estadounidenses trabajaron en coordinación con organizaciones de derechos humanos para llamar la atención de legisladores estadounidenses sobre lo que se viene desarrollando en Etiopía, en especial en los últimos tres años”, explicó Tewodrose Tirfe, presidente de la Asociación Amhara de Estados Unidos.

El legislador Chris Smith, presidente del subcomité de África, Salud y Derechos Humanos Global, de la Cámara de Representantes, presentó la resolución 128, y trabajó mucho en estrecha colaboración con el legislador Mike Coffman para que se aprobara la misma.

La asistencia a Etiopía todavía no está en juego, pero Tirfe señaló que el Senado considera una resolución similar, aunque más contundente.

La resolución 168 llama al Departamento de Estado (cancillería) y a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) a “mejorar la supervisión y la responsabilidad de la asistencia de Estados Unidos a Etiopía y a asegurarse que dicha asistencia refuerce los objetivos de largo plazo para una mejor gobernanza”.

Eso ataría la asistencia a la situación interna de Etiopía, y aunque las resoluciones no son leyes ni son vinculantes, si cuentan con un gran apoyo de ambos partidos, como la resolución 128, dado que el Congreso legislativo tiene la potestad de control, entonces las agencias se toman en serio los términos del documento, explicó Tirfe.

Además, la Asociación Amhara de Estados Unidos y otras organizaciones trabajan para introducir leyes sobre el vínculo que tiene que tener Washington con Adís Abeba.

Pero todavía hay oposición en el Senado a una resolución de ese tipo, así que todavía falta para que se aprueba una nueva norma que paute la política exterior de Estados Unidos hacia Etiopía.

Lo que no quita que una nueva resolución no vaya a tener un impacto en las acciones del gobierno etíope y en la agenda del nuevo primer ministrp.

“La resolución 128 ofrece la oportunidad a Abiy de actuar de forma más contundente con quienes se resisten a las reformas, aunque hasta ahora se ha mostrado conciliador y complaciente”, observó Hassen Hussein académico y escritor residente en Minnesota.

“El TPLF gobierna Etiopía desde hace 27 años con apoyo de Estados Unidos y de Gran Bretaña”, recordó Selassie. “Si pierde ese apoyo, económico, militar y diplomático, no le queda mucho”, añadió.

Traducción: Verónica Firme

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Caribe insular se coloca en el tope de las prioridades de la Cepal

Ven, 11/05/2018 - 23:38

Un momento de la clausura del 37 periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que se desarrolló entre los días 7 y 11 de mayo en el Palacio de Convenciones de La Habana. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, May 11 2018 (IPS)

Con la decisión de apoyar la reducción de la deuda externa y el enfrentamiento al cambio climático en las islas del Caribe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) cerró su 37 período de sesiones este viernes 11 en la capital  cubana.

“Estamos proponiendo analizar la vulnerabilidad de la insularidad del Caribe en dos temas: el cambio climático y el altísimo endeudamiento externo de sus países”, dijo Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la Cepal, en una conferencia de prensa posterior a la clausura de la reunión más importante del organismo regional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Con diferencias por naciones, se calcula que la deuda externa del Caribe insular sobrepasa los 42.000 millones de dólares.

Bárcena especificó, al clausurarse el encuentro iniciado el lunes 7, que la Cepal desarrolla una iniciativa para aliviar el endeudamiento externo y “crear un fondo de resiliencia”.

Se concentrará, detalló,  en reducir la deuda pública multilateral aunque propiciará diálogos entre deudores y acreedores privados y públicos, en dependencia de la situación de cada país.

De esta manera, la agencia regional aspira a demostrar que el grave endeudamiento de la subregión se debe al “costo tan alto que han tenido que enfrentar estos países por el impacto de los desastres naturales”, remarcó la alta funcionaria, que lleva 10 años al frente de la Cepal,  que en 2018 celebra sus 70 años.

La segunda iniciativa se aboca a apoyar la adaptación al cambio climático, que cuenta con un fondo ya creado por México y Canadá, luego de que en 2017 el paso arrasador de los huracanes Irma y María mostraron la casi nula resiliencia de los países y territorios asociados del Caribe y su exposición a eventos extremos.

Bárcena contextualizó que, al calificar como países de ingresos medios en términos mundiales, muchas de las naciones caribeñas “no reciben ayuda al desarrollo, no tienen acceso a fondos concesionales ni a tratamiento especial en materia comercial”, un problema general de América Latina analizado durante el encuentro.

Con el objetivo general de repensar el enfrentamiento a las desigualdades en la región más desigual del planeta, la cita de La Habana logró la aprobación de 18 acuerdos sobre cooperación, empoderamiento femenino, sociedad de la información y ambiente, entre otros temas de desarrollo.

La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, en el centro, entre el ministro cubano de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, y la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, durante la clausura del 37 periodo de sesiones del organismo regional, en el Palacio de Convenciones de La Habana. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Congregó a representantes de los 46 países miembros y 13 asociados de la Cepal, investigadores y académicos, funcionarios de casi 30 organismos intergubernamentales, especializados y del sistema de la ONU. E incluyó un foro de representantes de 25 organizaciones de la sociedad civil.

Otros asuntos analizados fue una revisión de la cooperación Sur-Sur entre países en desarrollo y el avance en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), acordados por Naciones Unidas para ser cumplidos en 2030.

Los problemas ambientales tuvieron un espacio protagónico en la reunión ya que, en la región compuesta por 33 países se produjeron casi 17 por ciento de los 10.271 desastres naturales registrados en el mundo entre 1970 y 2010.

El proyecto de trabajo presentado por Cuba al resto de los países miembros, como parte de su presidencia pro tempore de la Cepal de 2018 a 2020, planea analizar las tendencias actuales y emergentes en las nuevas tecnologías, mercados y bioeconomía para trabajar en la adaptación y mitigación del cambio climático.

“Cuba va a trabajar con empeño y gran responsabilidad para juntos ir labrando el camino hacia el futuro. Y lo haremos además privilegiando la región del Caribe (…) porque tenemos que darle un apoyo especial a los países que tienen mayores vulnerabilidades”, aseguró durante la clausura Rodrigo Malmierca, ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Este país insular caribeño asume este rol cuando el organismo internacional prioriza el área con el eslogan en inglés “Caribbean First” (El Caribe primero), que fue muy repetido durante el 37 período de sesiones.

“Las pérdidas anuales promedio por desastres naturales en el Caribe son estimadas en 3.000 millones, dentro de las cuales los sectores social y productivo se llevan la peor parte”, reveló el informe “The Caribbean Outlook. 2018” (disponible solo en inglés), que actualiza datos económicos, sociales y ambientales de la zona insular.

Tres participantes en el 37 periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) conversan durante un receso en la sesión de clausura del encuentro regional, el 11 de mayo, en la capital cubana. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

El texto, elaborado por la Cepal y presentado el 9 de mayo, califica de “desafíos más serios” de la subregión al impacto del cambio climático y la falta de financiamiento en mitigación y adaptación ante el impacto del incremento de las temperaturas.

Mientras los países latinoamericanos experimentaron despuntes en su desarrollo económico  en diferentes momentos desde entonces, “las economías caribeñas continúan presentando un persistente bajo crecimiento desde la crisis global de 2008-2009”, reveló el documento.

El Caribe insular, además, ha tenido décadas de progreso en desarrollo humano, pero actualmente afronta el crecimiento de la pobreza e inequidad de ingresos, a juicio de la Cepal sus principales causas de la exclusión social de grupos y comunidades vulnerables, en especial las mujeres, jóvenes y personas de la tercera edad.

Las islas caribeñas, como el resto de la región, afrontan nuevos retos para cumplir con la agenda de desarrollo para 2030, muy ligada a solucionar problemas ambientales y del cambio climático.

“Está claro que los Estados ya no pueden solos con unos estándares de desarrollo sostenible en la actualidad mucho más complejos que los del siglo XX”, dijo a IPS Carmen Isabel Claramunt, directora adjunta de cooperación internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, un país líder en la protección ambiental en la región.

Claramunt, junto con un delegado chileno, brindó una pormenorizada información durante las sesiones sobre el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú.

Se trata de un instrumento vinculante para la defensa de los derechos ambientales de la región, alcanzado en la capital costarricense el 4 de marzo, con el que 24 países de la región se comprometieron a cumplir con el Principio 10 de la Declaración de Río, con que concluyó la llamada Cumbre de la Tierra, en 1992.

Ese Principio 10 busca asegurar que cada persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras.

“La ciudadanía está llamada a jugar un rol muy diferente al del pasado. En materia de cooperación Sur-Sur, (los ODS) nos está poniendo retos: antes cooperábamos solo a nivel oficial y hoy tenemos que incorporar procesos de cooperación mucho más sofisticados”, explicó la funcionaria costarricense.

“Estamos en la búsqueda de cuáles son esos esquemas de trabajo conjunto, de cómo hacer la cooperación Sur-Sur con nuevos actores, con una agenda más compleja y con visiones que deben ser complementarias”, sopesó.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Niñas y niños de Gaza sufren pesadillas imposibles de superar

Ven, 11/05/2018 - 17:14

Una niña palestina en un carro tirado por un burro al lado de un contenedor de basura en la ciudad de Gaza, el territorio palestino ocupado por Israel. Crédito: Mohammed Omer/IPS.

Por Will Higginbotham y Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, May 11 2018 (IPS)

Reham Qudaih se despierta todas las noches con la misma pesadilla: su padre echado en el piso en un baño de sangre tras recibir un disparo. La adolescente de 14 años vive en la Franja de Gaza y sufre pesadillas constantes desde el ataque de Israel contra ese territorio palestino en 2014.

“En mi sueño, está tirado en un baño de sangre. Cada vez que lo sueño, pues me pasó más de una vez, me despierto gritando”, comentó la niña gazatí a un funcionario del Consejo Noruego para Refugiados (NRC, en inglés).

En su último estudio, el NRC concluyó que los niños de la Franja de Gaza muestran cada vez más señales de un deterioro psicosocial desde que se reanudaron los enfrentamientos en la región.

“La violencia que soportan los niños de Gaza se suma a la ya deteriorada situación que impacta en su bienestar social”, observó el secretario general de NRC, Jan Egeland.

“Han experimentado tres guerras devastadoras y viven bajo una ocupación desde hace 11 años. Ahora otra vez se ven frente a la horripilante perspectiva de perder a sus seres queridos, pues ven cada vez más amigos y familiares asesinados y heridos”, explicó.

Las protestas en la frontera entre ese territorio palestino e Israel, que ya llevan seis semanas, dejaron más de 40 personas muertas y más de 5.000 heridas desde su inicio en marzo.

Los manifestantes palestinos queman llantas y tienen cortaalambres para romper la cerca divisoria, a lo que las fuerzas israelíes responden con balas de goma y municiones reales.

En la llamada Gran Marcha del Retorno, los manifestantes reclaman el derecho al retorno de los refugiados palestinos y que puedan instalarse en Israel.

El estudio, para el que se entrevistaron a unos 300 niños y niñas de 10 a 12 años, concluyó que 56 por ciento sufrían pesadillas en forma frecuente.

Los directores de 20 escuelas también reportaron un aumento de los síntomas de estrés postraumático en niños, lo que se traduce en miedos, ansiedad, estrés y pesadillas.

Además, señalaron como prioridad la necesidad de aumentar el apoyo psicosocial en las escuelas.

Qudaih estaba mejorando, pero sufrió un retroceso cuando su padre recibió un disparo en la pierna durante una protesta.

Ese día, las fuerzas israelíes mataron a 20 manifestantes palestinos y dejaron a más de 700 heridos, entre los que había menores de edad.

“Fuimos a reclamar nuestros derechos robados por la ocupación; no tenemos electricidad ni derechos ni alimentos. No podemos recibir tratamiento ni tenemos la oportunidad de jugar”, se quejó Qudaih.

Desde 2007, Gaza sufre un bloqueo económico de parte de Israel y Egipto, lo que contribuye a la permanente e inevitable crisis humanitaria.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señaló que la mitad de los niños y niñas de la región necesitan asistencia humanitaria y uno de cada cuatro, atención psicosocial.

La última decisión de Estados Unidos de recortar la asistencia a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (Unrwa) eleva la vulnerabilidad del área.

Además, hay escasez de medicamentos y de equipos médicos, y los cortes de energía y la falta de combustible perturban los servicios de agua y de saneamiento, lo que deja a nueve de cada 10 familias sin acceso regular al agua potable.

De seguir esa tendencia, la ONU pronostica que Gaza será inhabitable para 2020.

Inconsolable desde el incidente sufrido por su padre, Qudaih está todo el tiempo preocupada por la seguridad de su familia y por su futuro. Lo que hace que las pesadillas sean incesantes.

Lamentablemente, su historia no es única entre niñas y niños palestinos.

“El aumento de la violencia en Gaza exacerbó el sufrimiento de los niños, cuyas vidas han sido insoportablemente difíciles desde hace varios años”, señaló el director de Unicef para Medio Oriente y África del norte, Geert Cappelaere.

Además de los síntomas de trauma y estrés grave, Geert señaló que los menores también sufren lestiones físicas.

Mohammad Ayoub, de 14 años, fue uno de los asesinados durante la manifestación, lo que impactó enormemente en los otros niños de su familia y en su entorno, en general.

“Los niños pertenecen a las escuelas, a sus hogares y a los parques infantiles, nunca deberían ser el blanco o verse impulsados a participar en episodios violentos”, indicó Cappelaere.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, instó a las fuerzas israelíes a dejar de usar la “fuerza letal contra manifestantes desarmados”, a la vez que cuestionó “cómo los menores pueden suponer una amenaza de muerte inminente o de heridas graves para soldados fuertemente armados”.

El NRC subrayó la necesidad de invertir en una atención psicosocial de largo plazo para los niños de Gaza.

“Los niños con los que trabajamos sufren pesadillas durante meses y años después del episodio violento que los causó”, observó Jon-Håkon Schultz, profesor de psicología educativa de la Universidad de Tromsø, en Noruega.

“Esos niños no tienen posibilidades de recuperarse del trauma cuando ya sufren otro. Se suman”, subrayó.

“Necesitamos gente que atienda esto con seriedad e inviertan en alternativas para contrarrestar las consecuencias psicológicas negativas”, añadió Schultz.

El NRC ofrece apoyo psicosocial a niñas y niños de Gaza, y también capacitación para maestros a través del Programa de Mejora del Aprendizaje, creado en colaboración con la universidad noruega.

Uno de los puntos del programa implica atender las pesadillas de los niños y ayudarlos a procesar las que son recurrentes a través de ejercicios de respiración y dibujos.

Qudaih es una de los 250.000 niños que reciben apoyo del NRC.

“Queremos vidas dignas”, subrayó la adolescente, y reclamó la necesidad de manifestaciones pacíficas.

La Gran Marcha del Retorno, que comenzó el 30 de marzo y terminará el 15 de este mes, en recuerdo de la “nakba”, como los palestinos llaman al desplazamiento masivo de pobladores de la región cuando se creó el Estado de Israel, en 1948.

Los manifestantes también señalan a la mudanza de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, lo que ocurrirá también el 15 de este mes, como causa de las manifestaciones.

Traducción: Verónica Firme

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Un laboratorio natural de adaptación al cambio climático en Brasil

Ven, 11/05/2018 - 17:01

Dos operarias seleccionan manualmente umbús-cajás, en la fábrica de la Cooperativa Ser do Sertão, en Pintadas en el nordestino estado brasileño de Bahia, mientras se realiza el primer lavado de la fruta. Es la parte más lenta de la cadena de producción de pulpas de frutas nativas de la ecorregión del Semiárido, en un proyecto con mano de obra solo femenina. Crédito: Mario Osava/IPS

Por Mario Osava
PINTADAS, Brasil, May 11 2018 (IPS)

La pequeña fábrica de pulpa que aprovecha frutas nativas, antes despreciadas, sintetiza los múltiples objetivos del proyecto Adapta Sertão, un programa surgido para desarrollar la resiliencia al cambio climático en la región más vulnerable de Brasil.

El novedoso valor comercial estimula la conservación y el cultivo de los árboles frutales de umbú (Spondias tuberosa) y umbú-cajá (Spondias bahiensis), de la familia de las anacardiaceas, con lo que se frena la deforestación que ya devastó la mitad de la vegetación original de la caatinga, el bioma semiárido propio de la región del Nordeste brasileño, de 844.000 kilómetros cuadrados.

“Vendí 500 kilos de umbú este año a la Cooperativa Ser do Sertão”, dijo a IPS con orgullo Adelso Lima dos Santos, un campesino de 52 años y tres hijos. Como él posee solo una hectárea de tierra, cosechó las frutas en fincas vecinas donde desechan las que no pueden consumir.

Por cada tonelada la cooperativa, dueña de la pequeña fábrica, paga a sus socios 1,50 reales (42 centavos de dólar) por kilogramo de fruta y un poco menos a los no asociados. En el pobre interior semiárido e inhóspito del Nordeste, el sertão (sertón), representa un ingreso no despreciable

“Un proveedor logró vendernos 3.600 kilos”, destacó a IPS la directora comercial de la cooperativa y gerente de la fábrica, Girlene Oliveira, de 40 años y con dos hijas.

La producción de pulpa genera ingresos también para las seis mujeres locales que trabajan en la planta. Contribuye así al empoderamiento femenino, otra condición del desarrollo sustentable en las previsibles adversidades climáticas del futuro, planteó Thais Corral, cofundadora del Adapta Sertão y coordinadora de la no gubernamental Red de Desarrollo Humano (Redeh), con base en Río de Janeiro.

La fábrica de pulpa comenzó a operar en diciembre de 2016 en Pintadas, una localidad de 11.000 habitantes en el interior del estado de Bahia, y su actividad está en franca expansión. En 2017 produjo 27 toneladas, una cantidad que ya alcanzó durante el primer cuatrimestre de este año, en que tiene pedidos por 72 toneladas.

Pero su capacidad de procesar 8.000 toneladas diarias sigue subutilizada. Actualmente opera solo ocho días al mes en promedio. La limitación es comercial, por un lado, y de materia prima, cuya oferta es estacional y por eso exige almacenaje en una cámara frigorífica de solo 28 toneladas.

Girlene Oliveira, directora comercial de la Cooperativa Ser do Sertão, controla la máquina envasadora de pulpa de fruta, con capacidad para llenar mil envases de un litro por hora, subutilizada por la limitación en las ventas y en el almacenaje de frutas congeladas. Pero aun así la iniciativa es un éxito para agricultores familiares de Pintadas, en Bahia, en la semiárida región del Nordeste de Brasil. Crédito: Mario Osava/IPS

Además de umbú y umbú-cajá, cosechadas en el primer trimestre del año, la fábrica produce pulpa de piña, mango, guayaba y acerola (Malpighia emarginata), disponibles el resto del año. Ya tiene registrados otros cinco frutos para la posible producción futura y prueba otros 16.

La fuerte sequía que azotó la caatinga en los últimos seis años provocó la desaparición de algunas frutas locales, como la pitanga (Eugenia uniflora).

La Cooperativa Productiva de la Región de Piemonte de Diamantina (Coopes), netamente femenina, es otra iniciativa comunitaria que nació en 2005 en Capim Grosso, a 75 kilómetros de Pintadas, para procesar el coco licuri (Syagus coronate), cuya palmera está amenazada de extinción.

De ese coco se elaboran más de 30 productos alimentarios y cosméticos. Su valorización también ayuda a la regeneración de la caatinga, vital en las estrategias de sostenibilidad ambiental e hídrica del Adapta Sertão.

Ese programa, enfocado en adaptar la agricultura familiar al cambio climático, movilizó nueve cooperativas y una veintena de organizaciones locales y nacionales en los últimos 12 años en la cuenca del río Jacuipe, que abarca 16 municipios en el interior del estado de Bahia.

Se cerró en abril, con la publicación de un libro que cuenta su historia, escrito por la periodista holandesa Ineke Holtwijk, excorresponsal de medios holandeses en América Latina y de IPS en su país.

Haber llevado la productividad lechera a más del doble en algunas fincas que asistió,  ganar 10 premios e introducir innovaciones técnicas para superar la sequía de seis años en la ecorregión del Semiárido son parte de sus logros.

Thais Corral, cofundadora del proyecto Adapta Sertão, mientras autografía el libro que cuenta la historia de la iniciativa para Josaniel Azevedo, director de la Cooperativa Agroindustrial de Itaberaba. El programa “amplió nuestros horizontes”, con la visión de sostenibilidad ambiental, asegura el productor en Pintadas, en el estado brasileño de Bahia, en el nordeste de Brasil. Crédito: Mario Osava/IPS

El Semiárido brasileño abarca 982.000 kilómetros cuadrados, con 27 millones de habitantes de los 208 millones del país. Esa población es rural en 38 por ciento, frente al promedio nacional de menos de 20 por ciento, que sobrevive mayoritariamente de la actividad agropecuaria familiar.

El legado del programa incluye además la capacitación de 300 familias agricultoras en tecnologías innovadoras, el fortalecimiento del cooperativismo y un modelo de calificación de la agricultura familiar para sostener su producción en por lo menos tres años de fuerte sequía.

El trabajo a largo plazo, con ajustes y la incorporación de factores descubiertos sobre la marcha, fue clave para el éxito, evaluó Thais Corral sobre un programa que tuvo cuatro fases en sus 12 años.

Al comenzar en 2006, bajo el título de Pintadas Solar, trató de introducir y probar la irrigación por bombeo solar, atendiendo a demandas de mujeres cansadas de transportar pesados cubos con agua para regar sus huertos.

“Pero las placas y equipos de energía solar costaban demasiado caro en la época”, recordó Florisvaldo Merces, técnico desde el inicio del programa, hoy funcionario de la alcaldía de Pintadas en el sector agrícola.

Problemas como salinización del suelo por el agua salobre de los pozos y dificultad de mantener los equipos se sumaron a la emergencia de otras cuestiones agrícolas para ampliar la asistencia a los pequeños agricultores y el área de intervención a otros municipios, además de Pintadas.

Crédito, cadena productiva, cooperativas, almacenaje de agua y el cambio climático dictaron otras prioridades y transformaron el programa, incluso su nombre, sustituido por Adapta Sertão en 2008, cuando nació también la Cooperativa Ser do Sertão.

Florisvaldo Merces, técnico agrícola que ha trabajado en el programa Adapta Sertão desde sus orígenes en 2006 y se especializó en cuestiones hídricas. Simplificar tecnologías complejas asegura el éxito del proyecto para mejorar la productividad y la vida de los agricultores familiares en el inhóspito sertón, en la ecorregión del Semiárido brasileño. Crédito: Mario Osava/IPS

Investigaciones, hechas en asociación con universidades, comprobaron que la temperatura en la cuenca del Jacuipe aumentó 1,75 grados centígrados de 1962 a 2012, contra 0,8 grados del promedio mundial, y las lluvias disminuyeron 30 por ciento.

El programa tuvo que probar sus estrategias y técnicas en medio a la sequía más prolongada de la historia conocida del Semiárido, como fórmula capaz de sostener la producción y calidad de vida mientras se agravan los problemas climáticos.

Intenta responder al desafío con el Módulo Agroclimático Inteligente y Sustentable (MAIS) el modelo de planificación, mejora de la productividad, mecanización y optimización de los insumos, especialmente el agua, en que Adapta Sertão capacitó 100 agricultores familiares.

Se trata de “convertir los agricultores en empresarios, que anotan todos los costos de producción”, definió Thiago Lima, un técnico del MAIS en la cría de corderos, que ahora pretende aplicar sus conocimientos en su finca de 12 hectáreas.

“Transformar tecnologías complejas en sencillas” es la solución, aseguró Merces a IPS.

“La sensibilidad de dialogar con la gente local, hacer investigaciones y no venir con propuestas listas, favoreciendo acciones sintonizadas con fuerzas locales”, por parte de de los promotores fue la principal calidad del programa, reconoció Neusa Cadore, exalcaldesa de Pintadas y ahora diputada regional de Bahia.

“Pero faltó conseguir un alineamiento con el gobierno. Todo lo hicimos con agentes privados, fundaciones, cooperativas y entes locales, enfrentando trabas en el gobierno. Lo ideal sería que el Adapta Sertão fuese adoptado como una política pública para una agricultura familiar resiliente al clima”, concluyó Corral a IPS.

La empresa Adapta Group, creada por el otro fundador del programa, el ingeniero italiano Daniele Cesano, buscará difundir el modelo MAIS como un negocio.

Pero Corral discrepa de su énfasis en la ganadería lechera, la que mejores resultados económicos presentó, pero exige 18 hectáreas y grandes inversiones, excluyendo la mayoría de las familias y las mujeres, que prefieren cultivar hortalizas. Además, asegura, se menosprecia el ambiente y, por ello, la resiliencia a largo plazo.

Edición: Estrella Gutiérrez

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La esclavitud infantil se resiste a morir en América Latina

Xov, 10/05/2018 - 18:56

Una niña pela mandiocas (yucas) para la elaboración de harina en Acará, en el estado de Pará, en el noreste de la Amazonia brasileña. En los sectores rurales de Brasil es una costumbre arraigada que los niños ayuden en actividades agrícolas de la familia, bajo el argumento de transmitirles conocimientos. Crédito: Fabiana Frayssinet/IPS

Por Fabiana Frayssinet
RÍO DE JANEIRO, May 10 2018 (IPS)

El trabajo infantil se ha reducido en forma sustancial en América Latina, pero todavía 5,7 millones de niñas y niños laboran antes de haber cumplido la edad mínima legal y en alto porcentaje en condiciones precarias, de alto riesgo o no remuneradas, que constituyen nuevas formas de trabajo esclavo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sitúa en esa cifra a la población infantil que trabaja antes de la edad de admisión de empleo o que realiza trabajos que deben prohibirse, según el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, en vigor desde 2000.

La gran mayoría labora en la agricultura, pero también en sectores de alto riesgo como la minería, los basureros, el trabajo doméstico, la cohetería y la pesca.“Trabajan en espacios verdaderamente inhumanos y calurosos. No se les otorga ni las más mínimas medidas de seguridad como un tapabocas para que no inhalen pelusa de los pantalones de mezclilla o guantes para descoser piezas, lo que les lastima los dedos. El trabajo repetitivo de corte de piezas con grandes tijeras les hiere sus manos. Están más en riesgo porque trabajan como o más que un adulto y ganan menos”: Joaquín Cortez.

Tres países, Brasil, México y Paraguay ejemplifican ese trabajo infantil en la región, que incluye formas de neoesclavitud.

En Paraguay, con 7,2 millones de habitantes, la figura del “criadazgo” se remonta a la época de la colonia y persiste pese a leyes que prohíben el trabajo infantil, explicó a IPS la abogada Cecilia Gadea.

“Familias muy pobres, generalmente de zonas rurales, se ven obligadas a entregar a sus hijos menores de edad a parientes o a familias de mejor posición económica para que se encarguen de su crianza, educación y alimentación”, lo que en el país se conoce como criadazgo, explicó.

“Pero no de manera gratuita o por solidaridad sino a cambio que los niños realicen trabajos domésticos”, detalló Gadea, que investiga el tema para su tesis de maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

En Paraguay, el país sudamericano con mayor pobreza y uno de los 10 más desiguales del mundo, unos 47.000 niños (2,5 por ciento de su población infantil) se encuentran en situación de criadazgo, según la no gubernamental Global Infancia, de las que 81,6 por ciento son niñas o adolescentes mujeres.

“No se quiere aceptar, pero es una de las peores formas de trabajo No es una acción solidaria como pretenden presentarla: es una forma de trabajo y de explotación infantil. También configura una especie de esclavitud debido a que los niños y niñas son sometidos a la realización de tareas forzosas no acordes a su edad, son castigados, muchos no pueden salir de sus casas”, opinó Gadea.

Según la investigadora, los llamados “criaditos”, con edades entre 5 y 15 años, son en su mayoría “sometidos a trabajos forzosos, tareas domésticas por muchas horas y sin descanso, son maltratados, abusados, castigados y explotados, no pueden ir a la escuela, viven en precarias condiciones, no son alimentados adecuadamente, no reciben asistencia médica, no pueden jugar y otra serie de limitaciones”.

Otro grupo minoritario  “no son abusados ni expuestos a peligros, van a la escuela, juegan, están bien cuidados, reciben todas las atenciones y dentro de todo llevan una buena vida”, puntualizó.

El criadazgo tiene su origen en los trabajos “forzosos y peligrosos” a los que sometían los colonizadores españoles a mujeres y niños indígenas, explicó Gadea.

Después de dos guerras, una en la segunda mitad del siglo XIX y otra en la primera mitad del siglo XX, Paraguay quedó devastado, diezmado en su población masculina y en manos de mujeres, niños y ancianos, quienes debieron asumir la reconstrucción del país.

“La pobreza generalizada obligó a las madres a entregar a sus hijos a familias con mejores ingresos, para que  se ocupen de la crianza, educación y  alimentación de sus hijos e hijas menores; ellas mientras tanto trabajaban para sobrevivir y sacar adelante a un país que había quedado en ruinas”, recordó.

La práctica continúa según Gadea por la desigualdad, la pobreza. Las familias numerosas sin recursos “encuentran como única solución entregar a uno o varios de sus hijos para que les brinden mejores condiciones de vida”.

Del otro lado “hay personas que necesitan de criados para sus tareas domésticas porque implican mano de obra barata, ya que solo deben darles un poco de comida y un lugar donde dormir”, analizó.

Las campañas para revertir esa modalidad arraigada en la sociedad paraguaya enfrenta la resistencia de muchos sectores, inclusive dentro del Congreso Nacional legislativo.

Es una “práctica oculta e invisible de la cual casi no se habla. Muchos la defienden porque la consideran una ayuda, una obra de solidaridad, una manera de sobrevivencia de los niños que viven en la pobreza extrema”, añadió.

El caso de México

México es otro de los países latinoamericanos que más padece la explotación laboral infantil, en sectores como la agricultura y también en las empresas de maquila,  que manufacturan materia prima extranjera para su reexportación.

Un niño trabaja en una empresa de maquila textil en el estado de Puebla, en el centro de México. Crédito: Archivo de investigación de Joaquín Cortez

En México, con 122 millones de habitantes, hay más de 2,5 millones de niños trabajadores, 8,4 por ciento de la población infantil. El problema se concentra en los estados de Colima, Guerrero y Puebla, explica Joaquín Cortez, autor de la investigación “Esclavitud moderna de la infancia: los casos de explotación laboral infantil en las maquiladoras”.

Cortez investigó en particular las maquilas textiles del central estado de Puebla.

Allí los niños “se encuentran en condiciones extremamente precarias, además de trabajar semanalmente por más de 48 horas, percibiendo salarios de entre 29 a 40 dólares por semana. Para soportar las cargas laborales muchas veces inhalan drogas como marihuana o crack”, relató a IPS el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En algunas maquilas “se han utilizado estrategias para evadir responsabilidades. Como el caso de los niños y niñas trabajadoras que ante inspecciones laborales, esconden en los baños entre los bultos de los pantalones de mezclilla”, dijo Cortez.

“Trabajan en espacios verdaderamente inhumanos y calurosos. No se les otorga ni las más mínimas medidas de seguridad como un tapabocas para que no inhalen pelusa de los pantalones de mezclilla o guantes para descoser piezas, lo que les lastima los dedos. El trabajo repetitivo de corte de piezas con grandes tijeras les hiere sus manos”, describió.

En definitiva, Cortez constató que “están más en riesgo porque trabajan como o más que un adulto y ganan menos”.

En ocasiones estos niños “son agredidos verbalmente por no apurarse a sacar la producción que el encargado de las maquiladoras necesita. Las niñas además suelen ser acosadas sexualmente por sus compañeros de trabajo”, agregó.

Cortez atribuye las causas de este trabajo infantil “además de ser mano de obra barata para los dueños de las pequeñas y grandes maquiladoras”, a la desigualdad y pobreza y a la escasa organización social, pese a los intentos de resistencia.

Situación en Brasil

En Brasil, un estudio del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), divulgado en 2017, reveló que de 1,8 millones de menores de edad entre 5 y 17 años que trabajan, 54,4 por ciento lo hace de manera ilegal.

En este país sudamericano de 208 millones de personas, la legislación admite el trabajo desde los 14 años pero como aprendiz y entre los 16 y 18 años, exceptuando labores nocturnas, peligrosas o insalubres.

Una de las autoras del informe, la economista Flávia Vinhaes aclaró a IPS que aunque no siempre el trabajo infantil ocurre en condiciones de esclavitud o análogas. “El trabajo a ser abolido bajo cualquier condición es aquel entre 5 y 13 años, siempre caracterizado como trabajo infantil”.

Entre los ocupados en esa edad, 74 por ciento no recibía remuneración.

Otro indicador reveló que 73 por ciento de esos niños laboraban como “trabajador auxiliar”, ayudando a un familiar en su actividad productiva.

“Tanto las tareas domésticas como el cuidado de personas componen una definición amplia de trabajo infantil que pueden estar en conflicto con la educación formal así como ejecutadas en horarios prolongados o sobre condiciones peligrosas”, sostuvo Vinhaes.

La investigación mostró que 47,6 por ciento de los trabajadores entre 5 a 13 años está en el sector agrícola, por una arraigada costumbre.

Allí “se apunta que en la agricultura tradicional, niños y adolescentes realizan trabajo bajo supervisión de sus padres como parte integrante del proceso de socialización, o sea como un medio de transmitir de padres a hijos técnicas tradicionalmente adquiridas”, recordó.

“Esa situación no debe ser confundida con la de los niños que son obligados a trabajar regularmente o durante jornadas continuadas a cambio de alguna remuneración o apenas para ayudar a sus familias, con consecuentes prejuicios para su desarrollo educativo y social”, destacó. “Existe una línea tenue entre ayudar y trabajar de manera que sea cultural y educativa”, concluyó.

Edición: Estrella Gutiérrez

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El artículo La esclavitud infantil se resiste a morir en América Latina fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Protestas, huelgas, solidaridad; Francia recuerda Mayo del 68

Xov, 10/05/2018 - 17:14

Afiche de la conferencia de Nanterre, Francia. Crédito: SAES

Por A. D. McKenzie
NANTERRE, Francia, May 10 2018 (IPS)

“Es bueno estar en París un día soleado de mayo y ver muchas universidades ocupadas; y las huelgas contra el neoliberalismo”, comentó el escritor y activista británico-pakistaní Tariq Ali en un encuentro realizado en Nanterre, a las afueras de la capital de Francia.

Ali y la defensora de los derechos civiles de Estados Unidos, Angela Davis, fueron los oradores en el encuentro “Solidarité et Alliances” (solidaridad y alianzas), para conmemorar los 50 años del llamado Mayo francés, que paralizó la economía francesa en 1968 con huelgas y manifestaciones.

El encuentro concentró a unas 900 personas, quienes llenaron el teatro Nanterre-Amandiers, el día 3.

Y en la Universidad de Paris Nanterre, los estudiantes impedían el ingreso, de ahí los comentarios de Ali, pero hubo eventos similares en otras universidades de París y en otras ciudades francesas como Toulouse y Rennes.

Como en 1968, Francia soporta una serie de huelgas de empleados ferroviarios, entre otros trabajadores. Además de los estudiantes, quienes también protestan contra las reformas en la educación terciaria que buscan que el ingreso a las universidades públicas sea más selectivo.

La histórica activista de los derechos civiles de Estados Unidos, Angela Davis. Crédito: A.D. McKenzie

El movimiento estudiantil argumenta que los cambios son contrarios a la tradición francesa de ofrecer a todos los egresados de la enseñanza secundaria el acceso a universidades públicas, lo que tendría un impacto negativo en los estudiantes más pobres, quienes ya están mal representados en ellas.

El gobierno sostiene que la reforma es necesaria para hacer frente a la gran deserción y a la superpoblación.

Los trabajadores ferroviarios, por su parte, se oponen a la reestructura de la sociedad nacional de ferrocarriles, SNCF, por sus siglas en francés. Las manifestaciones de este año por el 1 de mayo se tornaron violentas en París con agitadores “anarquistas” de extrema izquierda y enmascarados que incluso quemaron vehículos y rompieron vidrieras de comercios.

Las protestas generalizadas coincidieron con varias conferencias y programas culturales sobre la revolución en recuerdo del Mayo del 68.

Davis, por ejemplo, regresará a Francia en junio como oradora de la conferencia “Revolución(es)”, en la Universidad Paris Nanterre. Los organizadores, la Sociedad de Anglicistas de la Enseñanza Superior (SAES) esperan que las instalaciones estén abiertas a los 400 participantes previstos.

“Nanterre como ciudad no tiene un componente histórico como puede ser París o Burdeos. Pero tenemos la universidad y las manifestaciones del 68”, observó Bernard Cros, principal organizador del encuentro y especialista de estudios británicos y de la Mancomunidad de Naciones.

La manifestaciones de estudiantes de 1968 comenzaron, de hecho, en esta ciudad, con la ocupación de un edificio administrativo en protesta por la discriminación de clase y otras cuestiones sociales.

Los enfrentamientos que siguieron con la administración de la universidad y con las fuerzas del orden hicieron que se sumaran otras universidades y el resto de la población y, en el auge del movimiento de Mayo del 68, más de 10 millones de trabajadores estaban en huelga en Francia.

Y 50 años después, las protestas en Nanterre comenzaron con la ocupación de un salón por estudiantes en abril para expresar su desaprobación con las reformas del gobierno.

La situación escaló cuando el presidente de la universidad llamó a la policía para retirarlos, y los agentes antidisturbios equipados ingresaron al centro, lo que hizo que otros se unieran a la protesta, tras lo cual, los estudiantes cerraron las instalaciones.

Se pueden ver barricadas frente a los accesos, además de grafitis como “Hagamos a Nanterre grande otra vez”, parafraseando el eslogan usado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la campaña y luego por el presidente francés Emmanuel Macron para expresar su apoyo a la acción climática, “Hagamos a nuestro planeta grande otra vez”

Cros señaló que el nombre de Davis fue “el primero que se nos vino a la mente” cuando Nanterre fue elegida como sede del congreso anual de SAES de este año. La universidad le entregó a Davis un doctorado honorario en 2014, por lo que ya tiene un vínculo con el centro, apuntó.

“¿Qué no tiene de revolucionario Angela Davis es lo que tienes que preguntar?”, acotó Cros.

“¿Dónde estaría el mundo sin personas como ella? Puso su propia seguridad en juego. Plantea preguntas como qué significa estar políticamente comprometido. Estés de acuerdo o no, es algo que reúne apoyo”, añadió.

Una de las entradas con barricada de la Universidad de Paris Nanterre. Crédito: A.D. McKenzie

“No soy una persona a la que le inspire la nostalgia, pero a veces me encuentro queriendo esa cercanía (con 1968) otra vez”, señaló Davis, cuando un moderador le preguntó si el recuerdo histórico del 68 podría ayudar al mundo a imaginar un futuro mejor.

“No sé si conoce mi historia, pero necesité de solidaridad. Me tomo muy en serio la solidaridad”, subrayó. “Si no fuera por eso, no estaría aquí esta noche”, añadió.

Davis perteneció al partido Panteras Negras en los años 60, y fue una activista del movimiento por los derechos civiles, antes y después del asesinato de Martin Luther King, en abril de 1968.

En 1970, un estudiante de secundaria utilizó armas que ella había comprado para tomar un tribunal y reclamar la liberación de presos negros, incluso su hermano, con toma de rehenes, entre los que estaba el juez.

En el enfrentamiento con la policía, el estudiante, dos imputados que él había liberado y el juez resultaron muertos, y Davis fue detenida y acusada de “homicidio agravado en primer grado” del juez, aunque no estaba en el tribunal.

Se declaró inocente, y sus seguidores en Estados Unidos y otros países, como Francia, se movilizaron para reclamar su libertad. Tras 16 meses presa, fue liberada y finalmente absuelta de los cargos en su contra en 1972.

Por su parte, para Tariq Ali, el movimiento del 68 se dio en una época de solidaridad internacional. En cambio, “hay muy poca solidaridad con los países árabes” en este momento, observó.

Al comentar sobre Medio Oriente, Ali comentó: “Todas esas guerras crean refugiados; luego le dan una patada en el trasero y les dicen ‘no los queremos’”.

Los ciudadanos deberían exigir a los países que si comienzan una guerra deben “aceptar 100.000” refugiados, lo que fue recibido con aplausos de los oyentes.

Se prevé que las huelgas continúen durante mayo y junio.

Con más de dos millones de estudiantes en la educación terciaria, Francia está en el lugar 19 entre 26 países por la calidad de su enseñanza, según estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con sede en París. Otros observadores señalan que la financiación para las universidades públicas disminuye, aunque el gobierno prometió aumentar el presupuesto.

Traducción: Verónica Firme

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Protestas incrementan acoso al periodismo en Nicaragua

Mér, 09/05/2018 - 21:59

“No se mata la verdad matando periodistas”, reza la pancarta colocada durante el homenaje al periodista de televisión Ángel Gahona en la capital de Nicaragua, el 26 de abril, cinco días después de su asesinato en la ciudad oriental de Bluefields, mientras cubría las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, que persisten en el país desde el 17 de abril. Crédito: Jader Flores/IPS

Por José Adán Silva
MANAGUA, May 9 2018 (IPS)

Agresiones a periodistas, persecución a los gremios de los comunicadores, censura directa y campañas de desprestigio son un alto costo que la libertad de expresión de Nicaragua ha pagado desde que comenzaron las protestas ciudadanas contra el gobierno de Daniel Ortega en abril.

Se trata de la culminación de “un proceso de degradación en el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión” durante los 11 años de presidencia del exguerrillero sandinista, aseguró a IPS el decano de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias Comerciales, Adrián Uriarte.

Para el académico en este tema el gobernante del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) casi está llegando al nivel de los peores años de la dictadura de la familia Somoza (1934-1979)."La baja más sensible ha sido el asesinato del periodista Ángel Gahona y el asedio contra la periodista Ileana Lacayo en Bluefields, así como la detención ilegal del reportero Salomón Manzanares en León. Estos hechos demuestran que en Nicaragua, hemos pasado de la censura indirecta a la censura directa, un método que se creía superado en Nicaragua”: Adrián Uriarte.

Este martes 9,  más de 200 periodistas, directores y dueños de medios independientes firmaron en Managua una declaración donde demandan al gobierno de Ortega y las instituciones del Estado, “el respeto al ejercicio del periodismo” y “seguridad para ejercer el derecho irrestricto a la libertad de expresión”.

También requirieron una investigación independiente sobre los sucesos violentos desde que comenzaron el 17 de abril las protestas sociales, que aún se mantienen pero con menor virulencia. Recordaron que su saldo hasta ahora es de  más 47 personas  muertas, más de 400 heridas o detenidas y daños graves a periodistas, así como la  destrucción de equipos y recursos de los medios de comunicación.

Este mismo martes 9, Managua fue escenario de una nueva gran marcha de estudiantes, campesinos y sociedad civil, en demanda de justicia y democracia para el país, que se desarrolló sin incidentes, y que el gobierno contrapuso por primera vez con una manifestación a su favor por parte de sus adeptos.

El decano Uriarte consideró que desde que Ortega volvió al poder en 2007, se estableció “una política de comunicación excluyente” que brindaba todas las facilidades y el apoyo del Estado a “los medios del poder ciudadano” y vetaba de entrada el acceso a la información y el ejercicio del periodismo independiente a los demás medios.

Esa política, según Uriarte, generó una acumulación de medios a favor del gobierno, mediante la compra de canales de televisión, radios, medios impresos y la proliferación de portales digitales, mientras espacios de prensa independiente iban siendo cerrados y ahogados económicamente mediante la aplicación de medidas fiscales y el retiro de la publicidad estatal.

“Eso fue mermando la calidad de la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo”, aseguró Uriarte, quien puntualizó que el período más crítico ocurre desde el comienzo de la actual ola de protestas.

El detonante de que hizo estallar el descontento en las calles fue un decreto de reforma de la previsión social, que incrementaba los aportes y reducía los beneficios y que Ortega retiró el 22 de abril, en un intento de acallar la crisis.

Uriarte ha registrado una serie de ataques directos a periodistas de tres medios opositores: la emisora radial Onda Local, el diario La Prensa y el canal de televisión de noticias por suscripción 100 % Noticias.

 

“Pero la baja más sensible ha sido el asesinato del periodista Ángel Gahona y el asedio contra la periodista Ileana Lacayo en Bluefields, así como la detención ilegal del reportero Salomón Manzanares en León. Estos hechos demuestran que en Nicaragua, hemos pasado de la censura indirecta a la censura directa, un método que se creía superado en Nicaragua”, aseguró.

A Gahona lo asesinaron de un balazo en la cabeza el 21 de abril, en los primeros días de rebelión callejera, en Bluefields, capital de la oriental Región Autónoma del Caribe Sur, cuando cubría las protestas en esa ciudad y su muerte fue grabada en directo.

La Policía Nacional ha detenido y acusado del hecho a dos adolescentes afrodescendientes, pero la familia de la víctima rechaza la versión oficial y señala directamente a miembros de ese mismo cuerpo como sospechosos del crimen.

“Otros síntomas agudos contra la libertad de expresión han sido la serie de hechos que van desde la destrucción de Radio Darío (en la ciudad occidental de León), el intento de incendio de la progobernante Radio Ya y la quema de un vehículo del  Canal 8, propiedad de Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo”, enumeró Uriarte.

Algunos casos específicos

Anibal Toruño, director y propietario de la emisora Radio Darío, relató a IPS que el incendio de la radio durante las protestas de abril en León, fue organizado y encabezado por dirigentes sandinistas con la intención de asesinar a todo el equipo de 12 periodistas y personal técnico que cubrían las protestas violetas.

Según su versión, “vehículos sin placas y hombres enmascarados llegaron de noche a la radio, encañonaron al vigilante, encerraron al personal en las cabinas de transmisión y regaron combustibles por todo local y luego lo detonaron con un mortero artesanal”.

La explosión, detalló Toruño, “envolvió el local en fuego y los periodistas, con ayuda de vecinos, pudieron escapar por una puerta aledaña a una casa contigua”. En el atentado murieron dos de los atacantes al alcanzarlos las llamas. La Policía Nacional no ha iniciado las investigaciones ni ha tomado la denuncia del hecho a los perjudicados, aseguró.

Esta es la segunda vez bajo este gobierno que esa emisora es atacada. En 2008 un comando de excombatientes sandinistas irrumpieron en la emisora, durante otra ola de  protestas por las denuncias de fraude electoral de la campaña de ese año, y destruyeron la radio con bates y piedras. Tampoco hubo investigación oficial, afirmó Toruño.

Luis Galeano es el director del programa de radio y televisión Café con Voz y ha sufrido la censura del gobierno por su criterio independiente.

Su programa se transmite en el canal informativo 100% Noticias, propiedad del periodista Miguel Mora.

Mora ha denunciado que Orlando Castillo, director de la gubernamental Telecomunicaciones y Correos, le citó a su despacho el 19 de abril para transmitirle la orden presidencial de “dejar de transmitir las noticias sobre las protestas” y eliminar el programa de Galeano y despedirle a él y otro comentarista.

Al rechazar estas exigencias, el canal salió del aire por varios días, hasta que dirigentes empresariales y de la iglesia católica lograron su reactivación.

“Nunca había vivido una experiencia tan nociva como esta”, dijo a IPS Galeano, quien ejerce el periodismo desde 1996 y es la primera vez que enfrenta la agresión directa de un presidente mediante instituciones gubernamentales.

Otra periodista que sufrido la censura y la represión es la periodista Martha Vásquez, reportera de noticias judiciales para el diario La Prensa, el más antiguo del país y especialmente crítico con el gobierno de Ortega.

A Vásquez le han impedido el acceso a las instalaciones judiciales, la han expulsado actos públicos y la han amenazado funcionarios del Poder Judicial, mientras desde el anonimato han desatado campañas difamatorias en su contra.

Gustavo Bermúdez, presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, dijo a IPS que el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo “ha alcanzado su punto más crítico desde abril a la fecha”, tras 11 años de una creciente represión y censura contra los medios independientes.

Su recuento es que más de 100 espacios radiales y televisivos han desaparecido por la censura y el ahogo económico del gobierno a los medios, más de 20 periodistas han emigrado del país en busca de mejores opciones económicas y al menos 30 más han dejado de ejercer la profesión.

“Durante 11 años de ejercicio en el cargo, el presidente Ortega nunca ha brindado una conferencia de prensa. La policía y los órganos de seguridad del régimen impiden el acceso a los periodistas de los medios de comunicación independiente y a los corresponsales extranjeros, a quienes además les confiscan sus equipos, a  las coberturas de cualquier tipo de actividad gubernamental”, denunció.

Ortega, de 73 años, ejerce el poder por tercer mandato consecutivo, iniciado en 2017 y que debe concluir en 2021, gracias a una polémica reforma constitucional. Antes gobernó el país como parte de la sandinista Junta de Reconstrucción Nacional (1979-1985), tras el derrocamiento de Somoza, y como presidente elegido por las urnas (1985-1990).

Leonel Laguna, presidente del Colegio de Periodistas de Nicaragua, también emitió un comunicado a raíz de la muerte del periodista Gahona, en el que condenó las acciones violentas contra los periodistas en su ejercicio y contra la ciudadanía en su derecho a la libertad de expresión.

Edición: Estrella Gutiérrez

 

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La “paz sostenible” no encuentra cabida en medio de conflictos

Mér, 09/05/2018 - 17:10

La apertura en Estocolmo del foro "La urgencia y la lógica de invertir en conflictos violentos". Crédito: Sipri.

Por Thalif Deen
ESTOCOLMO, May 9 2018 (IPS)

“Una política para la paz”, fue el mensaje revelador derivado del quinto Foro de Estocolmo sobre Paz y Desarrollo, precisamente el desafío que tiene el mundo por delante en medio de conflictos y disturbios.

Ese reto se centra en cómo se puede promover la paz y el desarrollo con la agitación política que hay en partes de Asia y África y los continuos conflictos en Medio Oriente, y todo eso en el marco de un aumento del gasto militar que se traduce en ventas multimillonarias de armas.

El presidente de la Junta de Gobernadores del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Jan Eliasson, instaló el tema del debate para el encuentro de tres días cuando declaró: “No hay paz sin desarrollo ni desarrollo sin paz”.

“Y nada de lo anterior sin derechos humanos”, declaró el embajador Eliasson, ex vicesecretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El foro, realizado del 7 al 9 de este mes, contó con la participación de más de 350 dirigentes políticos, autoridades, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

En su presentación, el presidente de la Asamblea General de la ONU, Miroslav Lajcak, subrayó el nuevo concepto que maneja el foro mundial de “paz sostenible”, y que ha sido el centro de dos resoluciones, una del Consejo de Seguridad y otra de la propia Asamblea General.

La idea “estimuló nuevas iniciativas; nos tiene a todos hablando y actuando”, apuntó.

Y a fines de abril, la ONU organizó una reunión de alto nivel sobre “Construcción y sostenibilidad de la paz”.

El encuentro mostró las mejores prácticas. “Aprendimos sobre cómo pasamos de actores independientes o actividades por la paz a reunir nuestros recursos”, destacó Lajcak, también canciller de Eslovaquia.

A modo de ejemplo, el presidente dijo que pudo ver eso en acción cuando viajó a la ciudad colombiana de Totoró. “Vi un verdadero compromiso por la paz, de varias agencias de la ONU, de funcionarios del gobierno y de comunidades indígenas”.

En segundo lugar, “vi como todos esos actores se unieron, bajo un programa entre varias agencias de la ONU, para un objetivo común: que el acuerdo de paz prendiera”, contó.

“Hablamos mucho de alianzas”, añadió.

“Hace años, la ONU era como una isla. Era común que actuara sola. Pero todos nos dimos cuenta de algo importante: la paz sostenible no pertenece a ninguna entidad. Solo se puede lograr si todos trabajamos juntos”, explicó.

“Escuchamos en la reunión que las alianzas con organizaciones regionales son particularmente cruciales. Y dado el punto en el que estamos, este foro es una buena oportunidad para mirar cómo podemos construir vínculos más fuertes entre la Unión Europea y la ONU para una paz sostenible”, explicó.

“En tercer lugar, quiero decir, fuerte y claro: a ningún debate le faltó la dimensión de género. Y lo digo en serio; ni uno”, añadió.

Otras destacadas figuras que participaron en el foro fueron Margot Wallstrom, canciller de Suecia, Isabella Lovin, ministra sueca de Desarrollo Internacional, Cooperación y Cambio Climático, Gbehzohngar Milton Findley, canciller de Liberia, Adela Raz, vicecanciller de Afganistán y Hassan Hussein Hajji, ministro de Justicia de Somalia.

Pero el último informe de Sipri, divulgado en la primera semana de este mes, subraya el aumento del gasto militar precisamente cuando se especula en forma generalizada de una nueva guerra fría entre Estados Unidos y Rusia.

Y es probable que las amenazas bélicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra países como Irán, y hasta hace poco, Corea del Norte, promuevan un mayor gasto militar.

Y los continuos conflictos en Siria y Yemen, así como la inestabilidad en Iraq, Libia y Afganistán, impulsaron una carrera armamentista e estimularon la venta de armas de Estados Unidos y Occidente, en general, hacia zonas en guerra de Asia y Medio Oriente.

En ese contexto, “hay pocas esperanzas de que el gasto militar vaya a disminuir en un futuro cercano”, respondió Pieter Wezeman, investigador del Programa de Armas y Gasto Militar de Sipri, al ser consultado por IPS sobre la posibilidad de que ello ocurra.

En 2017, el gasto militar permaneció estable.

Pero eso sucedió cuando Rusia tuvo que disminuir su presupuesto militar por problemas económicos y al año siguiente de que Arabia Saudita disminuyera el suyo de forma notoria.

“Si esos dos países quisieran mantener sus ambiciones de mejorar sus fuerzas armadas, sería de esperar de que aumenten el gasto militar en cuanto sus economías mejoren”, pronosticó Wezeman.

Arabia Saudita comenzó a aumentar el gasto en 2017, a pesar de que el bajo precio del petróleo se prolongó. Al mismo tiempo, no hay indicios de que China termine sus constantes aumentos anuales.

La disminución del gasto militar estadounidense terminó en 2016, observó Wezeman.

Trump ha impulsado aumentos, y es probable que haya otro sustancial en 2018.

Finalmente, muchos estados de Europa comenzaron a aumentar su gasto en respuesta a lo que perciben como crecientes amenazas de Rusia, y en relación con los conflictos en Medio Oriente.

Las crecientes tensiones entre Estados Unidos y la mayor parte de Europa, por un lado, y Rusia, por otro, son un claro motivo para aumentar el gasto militar.

Pero la rivalidad entre grandes países de Asia Pacífico, como China, por un lado, y Estados Unidos, India y Japón, por otro, es también un gran elemento en juego, añadió.

En el documento publicado el 2 de este mes, Sipri señala que el gasto militar a escala mundial aumentó a 1.700 millones de dólares en 2017, tan solo 1,1 por ciento más en términos reales respecto de 2016.

“El elevado gasto militar contínuo en el mundo es un motivo de gran preocupación”, alertó el embajador Eliasson, pues socava la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos que hay en el mundo.

Tras 13 años de aumentos consecutivos, de 1999 a 2011, y de un período relativamente estable de 2012 a 2016, el gasto militar total volvió a subir en 2017.

Ese año, el gasto militar representó 2,2 por ciento del producto interno bruto mundial, o 230 dólares por persona.

“Los aumentos en el gasto militar mundial de los últimos años se deben en gran parte al crecimiento sustancial de los presupuestos de países de Asia, Oceanía y Medio Oriente, como China, India y Arabia Saudita”, indicó Nan Tian, investigador del programa de Armas y Gasto Militar de Sipri.

“A escala global, el peso del gasto militar claramente se desplaza de la región euro-atlántica”, apuntó.

Traducción: Verónica Firme

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América Latina repiensa su desarrollo para superar la desigualdad

Mar, 08/05/2018 - 20:33

Integrantes de la compañía de teatro infantil La Colmenita, durante su actuación en la clausura de sesión inaugural del 37 periodo de sesiones de la Cepal, el martes 8 de mayo, en el Palacio de Convenciones de La Habana, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, May 8 2018 (IPS)

Con el propósito central de repensar como avanzar a un desarrollo más sostenible y con mayor igualdad, ahora que la región parece dejar atrás la desaceleración de los últimos años, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) comenzó su 37 período de sesiones en la capital cubana.

“Estamos creciendo de nuevo después de un par de años de recesión”, dijo este martes 8 Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, en la inauguración del encuentro más importante del organismo, porque rinde cuentas de su actividad, analiza los temas de mayor relevancia para el desarrollo socioeconómico y reorienta su trabajo.

Los pronósticos del organismo son de un crecimiento regional de 2,2 por ciento en 2018.“Si llegamos al ingreso medio y tenemos pobreza, eso quiere decir que tenemos problemas de instituciones, procesos y dinámicas que hay que comprender más profundamente…Hay que trabajar con el concepto de desarrollo en transición con diálogo y cooperación”: Mario Cimoli.

La máxima funcionaria de la Cepal, que este año cumple 70 años, indicó que “se requiere una redefinición de la cooperación internacional más aún en una región en transición como la nuestra, que hoy es calificada como región de renta media”, durante la apertura formal de la cita, que acoge el Palacio de Convenciones de La Habana entre los días 7 y 11 de mayo.

El escenario cambiante de las economías de América Latina y el Caribe, las viejas deudas en material de equidad de la región más desigual del planeta y la cooperación Sur-Sur centran la reunión bienal, en que el objetivo central de la Cepal es posicionar “la igualdad como un valor fundamental del desarrollo”.

Bárcena subrayó que la desigualdad “no solo es injusta, sino ineficiente e insostenible”, y que las desventajas afectan en mayor medida a las mujeres.

Y llamó, entre otras soluciones, a expandir los espacios fiscales, incrementar la inversión pública y el gasto social, atraer las inversiones, apostar a la innovación tecnológica en especial en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la integración comercial y productiva de la región.

La cita congrega a representantes de los 46 países miembros y 13 asociados de la Cepal, además de investigadores y académicos, funcionarios de casi 30 organismos intergubernamentales, especializados y del Sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y varios representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Este martes 8, Cuba recibió de manos de México la presidencia pro témpore del organismo regional para un período de dos años, responsabilidad para la que fue electa por unanimidad en mayo de 2016, en la capital azteca, durante el anterior periodo de sesiones.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel muestra la medalla conmemorativa del 70 aniversario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), flanqueado por el secretario general de la ONU, António Guterres, y la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, durante la inauguración del 37 periodo de sesiones de la agencia regional en La Habana. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Debemos redefinir el concepto de desarrollo sobre todo en las regiones de transición con países de ingreso mediano como los de América Latina y el Caribe”, expresó António Guterres, el secretario general de la ONU, en el segundo periodo de sesiones de la Cepal que Cuba acoge en su historia, después del de 1949.

Guterres alabó la nueva herramienta suscrita el lunes 7 por la Unión Europea (UE), con el apoyo del Centro de Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y la Cepal para promover el desarrollo sostenible a medida que los países de la región transitan hacia niveles de ingresos más elevados.

Bárcena suscribió en La Habana el instrumento denominado “Facilidad para el Desarrollo en Transición”, junto con Stefano Manservisi, director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, y Mario Pezzini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE.

El mecanismo apoyará el diseño e implementación de políticas públicas para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dentro de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que la comunidad internacional estableció en 2015.

La UE asignó al instrumento un monto inicial de 9,5 millones de euros, que con los recursos aportados por la Cepal y el Centro de Desarrollo de la OCDE se ampliará hasta llegar a los 16 millones de euros.

De los 33 países que componen la región, 32 son considerados como de renta media, lo que significa que van camino hacia el desarrollo y consolidan a la región como la de clase media del Sur en desarrollo.

“El hecho de que los países (del área) lleguen a tener un nivel de ingreso no quiere decir que ciertos problemas de desarrollo, de instituciones y productividad, se hayan resuelto”, abundó a IPS el secretario ejecutivo adjunto de la Cepal,  Mario Cimoli.

A su juicio, “utilizar el ingreso medio como medida para decidir si hay o no  desarrollo o usar el ingreso medio como barrera es un gran error”, en un contexto globalizado donde hasta los países desarrollados están afrontando obstáculos para crecer y generar más empleos .

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, durante su intervención en la sesión inaugural del 37 periodo de sesiones de la Cepal, el 8 de mayo, en el Palacio de Convenciones de La Habana, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Si llegamos al ingreso medio y tenemos pobreza, eso quiere decir que tenemos problemas de instituciones, procesos y dinámicas que hay que comprender más profundamente”, esclareció el economista, para quien “hay que trabajar con el concepto de desarrollo en transición con diálogo y cooperación”.

Un estudio elaborado por la Cepal para esta sesión bienal, indica que la región continúa siendo la más desigual del mundo, con un coeficiente de Gini promedio de 0,5 comparado con 0,45 de África Subsahariana; 0,4 de Asia Oriental y el Pacífico y 0,3 para los países de la OCDE, dónde cero es la mayor desigualdad y uno la mayor igualdad.

“El mensaje central es que la desigualdad conlleva grandes costos de eficiencia, lo que redunda en que su superación sea una condición necesaria para el desarrollo”, alerta el documento “La ineficiencia de la desigualdad”, que Cepal va a lanzar el jueves 10.

En ese sentido, el organismo reafirma que la principal tarea pasa por avanzar hacia el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: social, económico y ambiental, lo cual contribuirá a generar un sistema económico más favorable para el aprendizaje, la innovación y el aumento de la productividad.

“La búsqueda de la igualdad y la eficiencia en un marco de sostenibilidad ambiental se ha hecho especialmente urgente a la luz de las tendencias recientes en el escenario internacional, que ha pasado por profundos cambios económicos, tecnológicos y geopolíticos”, advierte el organismo.

El informe Panorama Social de América Latina 2017 refleja que en 2016 la pobreza en América Latina afectó a unas 186 millones de personas, que representaron 30,7 por ciento de la población regional, después de una década de reducción en la mayoría de países.

Ese total incluyó 61 millones en situación de pobreza extrema, un alza de diez por ciento en relación con 2014, cuando esa situación impactaba a 48 millones de personas,  para 8,2 por ciento de la población regional. Este sector más pobre de la región alcanza al 46,7 por ciento de niños y adolescentes, entre 0 y 14 años.

Pese al retroceso, el documento resaltó que entre 2002 y 2016, la región fue capaz de disminuir la pobreza en 15,2 puntos porcentuales, como también decreció en el mismo periodo la desigualdad de ingresos.

Con el aporte de Patricia Grogg desde La Habana

Edición: Estrella Gutiérrez

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La energía solar necesita más difusión en Zimbabwe

Mar, 08/05/2018 - 17:15

Una mujer joven admira una cocina solar parabólica en una feria solar realizara en Rusape, Zimbabwe. Crédito: Tonderayi Mukeredzi/IPS.

Por Tonderayi Mukeredzi
RUSAPE, Zimbabwe, May 8 2018 (IPS)

Todos los años, el agricultor Amos Chandiringa, de 43 años, del pueblo de Nemaire, en el noreste de Zimbabwe, riega trabajosamente su semillero de tabaco con una lata. Pero gracias a la energía solar, su labor podría alivianarse.

“Vivo cerca de la represa y tengo acceso a mucha agua, pero no puedo hacer mucho con ella porque no tengo la tecnología necesaria para mecanizar mi granja. Una posibilidad es instalar una bomba de agua eléctrica o a gasóleo, pero es caro”, explicó a IPS.

En febrero, Chandiringa tuvo el privilegio de ser el anfitrión de una feria solar en su granja de Nemaire, en el distrito Makoni, que era la primera que vez que se hacía un evento de ese tipo en esta área y el primero de su vida.La energía solar, que sirve para hacer funcionar bombas de agua, procesar las cosechas y preservar los cultivos, puede transformar la vida rural al mejorar los ingresos y aliviar el trabajo físico característico de la agricultura.

El empresario Isaac Nyakusendwa dijo que los agricultores como Chandiriga podrían usar la energía solar para multiplicar sus cultivos gracias a bombas solares para extraer agua de la represa e irrigar sus cultivos o para usar en el ámbito doméstico.

La agricultura es la principal actividad de la mayoría de la población de Rusape y de otras áreas rurales de Zimbabwe, pero el uso de sistemas fotovoltaicos es muy limitado, principalmente para iluminar y para actividades de entretenimiento.

El gobierno, los distribuidores de tecnología solar y las agencias de desarrollo consideran que esta fuente de energía, que sirve para hacer funcionar bombas de agua, procesar las cosechas y preservar los cultivos puede transformar la vida rural al mejorar los ingresos y aliviar el trabajo físico característico de la agricultura.

El concejal de Nemaire, Sam Maungwe, indicó que en esta zona los agricultores ganan bastante dinero, la mayoría gracias al cultivo de tabaco, pero la falta de conocimientos sobre la tecnología solar hace que muchos gasten sus ahorros en radios y muebles para el hogar.

“La mayoría de los agricultores cultivan tabaco, por ello el área soporta una doble presión, la de la tala para el curado del tabaco y para hacer leña. El uso de la energía solar sería bueno porque extendería la temporada agrícola y aumentaría sus ingresos”, explicó IPS.

“Pero lo más importante es que queremos que nuestros agricultores extiendan la energía solar a sus secaderos de tabaco para evitar la tala indiscriminada de árboles para su curación”, observó

La funcionaria de extensión Petronella Karima considera que tienen que haber más plataformas para educar a los agricultores y hacerles conocer nuevas tecnologías asequibles porque muchos de ellos no saben de las capacidades de los productos solares.

“Muchos usan la energía solar para entretenimiento. Algunos tienen grandes sistemas solares domésticos, pero no saben que pueden usarlos para regar sus cultivos y tener agua corriente en sus casas. Del conocimiento que obtuvieron en la feria solar, creo que muchos ahora usarán esta alternativa para regar sus cultivos y cosechar agua”, indicó Karima.

Chiedza Mazaiwana, gerente de la Campaña de Energía para Todos, de Acción Práctica de Zimbabwe, dijo que el conocimiento de soluciones de energías renovables es relativamente bajo. Se estima que la penetración de la iluminación solar y de los sistemas domésticos es de tres por ciento.

La información de los consumidores sobre productos de fuentes energéticas es fundamental para destrabar el enorme potencial de esas alternativas en las comunidades rurales que no están conectadas al tendido eléctrico, acotó.

“La falta de conocimiento es un gran impedimento para el desarrollo del mercado solar”, observó.

“La mayoría de los posibles clientes rurales no son conscientes de los últimos avances en la tecnología solar, de la reducción de costos en el sector, de la disponibilidad de soluciones económicas como el modelo de pagar con el tiempo (PAYG, en inglés), que les permite acceder a la tecnología y a productos que normalmente estarían fuera de su alcance”, añadió.

La distribución de productos e instalaciones de mala calidad también socavaron la confianza y redujeron la demanda, lo que dificultó la inserción de las empresas en áreas rurales.

Pero en el marco de un esfuerzo de desarrollo del mercado solar, el gobierno y las empresa de energías renovables y agencias de desarrollo usan de forma concertada días de campo y ferias solares para fomentar el uso de energía solar como forma de mejorar sus medios de vida en áreas rurales.

Las ferias solares aparecen como una plataforma clave para generar conciencia y educar a los consumidores de las comunidades no conectadas al tendido eléctrico, y para que los distribuidores de productos solares creen vínculos empresariales con los agricultores.

Otro métodos incluyen campañas de medios y el uso de líderes de opinión como jefes, directores de escuelas y líderes religiosos para difundir la información sobre las novedades en materia de soluciones de energías renovables. Ese método resultó particularmente efectivo en África oriental.

“La falta de conocimiento sobre la energía solar y sus posibilidades es una de las principales barreras que frustran el desarrollo del mercado solar”, observó Nyakusenda, presidente de la Asociación de Energía Renovable de Zimbabwe, que reúne a varias distribuidoras del sector.

“A través de días de campo y ferias solares, facilitamos y ofrecemos a los agricultores una oportunidad perfecta y rara de comprar e interactuar con los proveedores de productos solares en un solo lugar, y así presentándoles productos de calidad y compañías genuinas”, añadió.

El modelo de pago PAYG permite a los agricultores pagar un depósito nominal para productos renovables de su elección, y terminar de pagar en pequeñas cuotas mensuales, explicó.

En las ferias, a los jóvenes les atrajo particularmente la iluminación, el entretenimiento y la comunicación solar. Mientras, a las mujeres les gustan las cocinas solares, y a los hombres mayores, los sistemas de irrigación eléctrica.

El oficial de Acción Práctica, Tony Zibani, señaló que el uso de tecnología solar puede aliviar el peso del trabajo que cargan las mujeres y reducir la violencia de género en los hogares ya que las tareas realizadas por ellas se alivianarán gracias a la tecnología.

Más de 60 por ciento de la población de Zimbabwe no tiene energía y depende de la quema de biomasa, leña, carbón y queroseno, como principal combustible para cocinar, pero son soluciones caras, poco confiables y ambientalmente sostenibles.

La demanda de energía aumenta en las áreas rurales, pero el servicio de electricidad está sesgado hacia los hogares de mayores ingresos y ciudades, dejando afuera a grandes sectores de la población rural.

Mazaiwana señaló que las soluciones de electrificación descentralizadas son el enfoque más rápido, rentable y sostenible para alcanzar el acceso universal, además de ofrecer oportunidades económicas a las comunidades rurales.

Traducción: Verónica Firme

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