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Costa Rica baja la mirada a la tierra, para evitar perderla

Ven, 23/02/2018 - 20:35

Donald Vásquez muestra como se ha degradado la tierra en una zona de cafetales en las laderas de Berlín, uno de los pueblos de la cuenca de Barranca y Jesús María, en el occidente de Costa Rica. Los productores de la zona, con apoyo de los expertos, han construido terrazas y canales, para frenar la erosión. Crédito: Miriett Ábrego/ IPS

Por Daniel Salazar
SAN JOSÉ, Feb 23 2018 (IPS)

Donald Vásquez señala hacia el suelo de una finca en una de las cuencas más degradadas de la vertiente del océano Pacífico de Costa Rica. Abajo, donde apunta su dedo índice, le rodea una enorme capa de tierra blanca, con decenas de plantas desnudas de café que luchan por regenerarse para producir algún grano en la próxima cosecha.

“Esto era bosque nuboso, era bosque húmedo hace 60 años. Ahora el suelo se ve así. Desde el punto de vista productivo, esto ya prácticamente murió”, dijo a IPS este colaborador de varias iniciativas que buscan recuperar el recurso del suelo en la cuenca de los ríos Barranca y Jesús María, donde la degradación de la tierra ya impacta a los agricultores.

Vásquez reside en uno de los pueblos de la cuenca, a unos 60 kilómetros de San José, al oeste del Valle de Costa Rica, dentro de un área a unos 1.500 metros sobre el nivel del mar, dedicada mayormente a la caficultura.“Aquí nos lamentamos cuando se corta un bosque tropical, y sabemos que eso es terrible. Pero un bosque tropical se puede regenerar en 60, 80 años. Cuando usted pierde un suelo, recuperarlo le puede tomar a veces hasta 200 años”: Óscar Lucke.

Su preocupación no es un mal menor en la región centroamericana. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD, en inglés)  estimó en su reporte Perspectiva Global de la Tierra, publicado en 2017, que la superficie degradada ya supera una quinta parte de los bosques y suelos agrícolas de América Latina y el Caribe.

Para la costarricense Comisión Asesora sobre Degradación de Tierras (Cadeti), instituida por el gobierno y en la que Vásquez participa, eso ya sucede en más de una décima parte del territorio de Costa Rica y es una de las alarmas que les apremia para lograr el objetivo de alcanzar la neutralidad en la degradación de las tierras (NDT) en el 2030.

El concepto de la NDT establece la compensación de las áreas degradadas por la actividad humana, para mantener la estabilidad de la cantidad de los recursos productivos de la tierra, necesarios para los servicios de los ecosistemas.

Costa Rica es uno de los países de la región que más esfuerzos dedica para alcanzar su meta. Hacen falta indicadores y presupuesto, pero sus responsables, como Vásquez, ya trabajan en varias iniciativas para evitar que se pierdan más suelos.

“Aquí nos lamentamos cuando se corta un bosque tropical, y sabemos que eso es terrible. Pero un bosque tropical se puede regenerar en 60, 80 años. Cuando usted pierde un suelo, recuperarlo le puede tomar a veces hasta 200 años”, dijo a IPS el consultor sobre degradación neutral de la tierra y profesor jubilado, Óscar Lucke, representante de la sociedad civil dentro de Cadeti.

“Estamos trabajando para proteger esa riqueza de biodiversidad y de todos los servicios que necesitamos que están en el suelo”, explicó.

La UNCCD, también conocida por la sigla en español CNULD, solo acordó el 2015 el establecimiento de metas nacionales para estabilizar la superficie del planeta,  pero en Costa Rica ya Cadeti trabajaba el tema desde 1998,  integrando varios organismos gubernamentales y académicos, como estableció.

Por eso, este país centroamericano 4,9 millones de habitantes de  convertirse en uno de los 10 puntos pilotos del mundo en la implementación de las NDT y el único de América Latina.

En abril de 2017 el gobierno reforzó la estrategia con un decreto que articula a las diferentes instituciones involucradas en ese objetivo y, además, designa a Cadeti como el órgano del Ministerio del Ambiente y Energía responsable de asesorar a todas las instituciones públicas en avanzar hacia esa meta.

Tierra en la balanza

Medir la neutralidad en el uso de la tierra requiere de varios indicadores.

Según el Marco Científico de la UNCCD del 2017, los países deben observar la evolución de tres datos relevantes: su cubierta forestal, la productividad y las reservas de carbono orgánico en sus suelos. Hasta ahora,  Costa Rica solo cuenta con información sobre el primer indicador y trabaja por conseguir los otros este año, con avances importantes.

De hecho, entre 2000 y 2015 Costa Rica pasó de 47 por ciento a 54 por ciento de cobertura forestal, en una región centroamericana donde todos los demás países recortaron proporcionalmente sus escudos forestales, según un estudio lanzado en diciembre por el Estado de la Nación de Costa Rica: un órgano interdisciplinario de expertos.

El primer Estado del Ambiente del Gobierno de Costa Rica, publicado este 20 de febrero, indica que el país aumentó su área de bosque en 112.000 hectáreas entre  2010 y 2013 (hoy tiene más de tres millones de hectáreas de bosque), un aumento casi coincidente con las 114.000 hectáreas de reducción en áreas de cultivos y potreros.

“Es muy positivo. En general, entre más cubierto esté el suelo es mucho mejor, pero hay que implementar pautas de protección en las áreas en que -definitivamente- no se pueden cubrir de árboles porque hay que sembrarlas para obtener alimento”, valoró Carlos Henríquez, director del Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica y experto en fertilidad de suelos.

Allí, dijo a IPS, hay que implementar prácticas de protección que traten de mantener el recurso de forma sostenible, porque el aumento de la cobertura boscosa no implica que los agricultores siempre usen bien sus suelos.

Por ejemplo, el cultivo de piña (usualmente cuestionado por su relación con la erosión de tierras y alto uso de paquetes de agroquímicos) se quintuplicó desde 2000, según asegura el informe anual del Estado de la Nación.

Por eso, el gobierno trabaja por generar mapas de carbono y productividad para identificar las zonas más degradadas del país.

Según la ingeniera forestal Adriana Aguilar, actual punto focal del país con la UNCCD en Costa Rica y funcionaria del Sistema Nacional de Áreas de Conservación,  también se trabaja en un convenio entre el gobierno y la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ), destinado a identificar actores claves, proyectos modelos y captar recursos para ellos.

“Esa es una meta de este año, para que a partir del 2019 podamos ir reportando a partir de eso. Definiendo estos indicadores,  aplicando el panel,  terminando nuestro plan de acción y desarrollando este decreto vamos a ir caminando para lograr la meta”, dijo a IPS.

A pesar de eso, ya hay varias iniciativas con agricultores en las zonas que, según estiman, podrían tener los suelos más degradados del país.

“Degradar las tierras es muy fácil. Recuperarlas es lo difícil. Los agricultores no tienen recursos para eso y hay cultivos, como el café, que están teniendo ya productividades muy bajas” dijo Renato Jiménez, otro miembro de Cadeti, en la  que desde hace seis años se ejecutan más de un centenar de proyectos en fincas de las zonas más degradadas del país.

Por ejemplo, en la cuenca de Barranca y Jesús María, los productores, los dueños de las fincas privadas y los expertos del gobierno y sociedad civil han implementado canales y terrazas para evitar que el agua lave sus cultivos y nutrientes, y han extraído bacterias saludables del bosque para utilizarlas en sus plantas.

Para Vásquez, quien opera en la zona, eso es clave porque con el cambio climático las lluvias en Costa Rica parecen aumentar en intensidad y disminuir en frecuencia.

“La idea es que los caudales no tomen tanta velocidad ni destruyan tanto el suelo. Yo creo que si las personas ven el resultado positivo, y notan que la producción de café está aumentando, otros vecinos lo van a copiar, porque aquí la producción ha venido muy baja”, cerró.

Editado por Estrella Gutiérrez

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La tecnología por sí sola no puede contra las aflatoxinas

Ven, 23/02/2018 - 17:14

El técnico de laboratorio Herbert Mtopa recoge muestras biológicas en una clínica del distrito de Shamva, en Zimbabwe, en el marco de un proyecto de CultiAF para evaluar la exposición de mujeres y niños a las aflatoxinas. Crédito: Busani Bafana/IPS.

Por Miriam Gathigah
NAIROBI, Feb 23 2018 (IPS)

Ante la falta de esfuerzos concertados para generar conciencia sobre los peligros de las aflatoxinas para los humanos y los animales domésticos, los avances tecnológicos para su detección precoz en cereales y semillas, como las de maíz, no lograrán nada por sí solos, alertan especialistas.

El primer botiquín de análisis rápido de aflatoxinas ya está en el mercado y cuesta menos de dos dólares. Sin embargo, muchos agricultores sin saberlo emplean trucos peligrosos para sacarle más provecho a su producción.

El cultivador de maíz, John Cheruiyot, quien vive en el condado de Uasin Gishu, en la región del Valle del Rift, contó a IPS que muchos agricultores mojan los granos de maíz cosechados para engañar a los compradores y que paguen por un peso que no es el real.

“El maíz se vende por peso, al mojarlo después de la cosecha y luego secarlo, el peso que mostrará la balanza será mayor”, explicó.

No es la pérdida de unos pocos miles de chelines lo que preocupa tanto al Ministerio de Salud y al de Agricultura como a expertos de la Organización de las Naciones Unidas para al Alimentación y la Agricultura (FAO), sino la verdadera amenaza que supone el envenenamiento por aflatoxina con tan elevado grado de humedad.

Según la agencia, la contaminación con aflatoxinas ocurre en un ambiente de mucha humedad durante el almacenamiento y el transporte de los granos, en especial si no se secan hasta que solo quede 13 por ciento de humedad.

El investigador del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Egerton, Collins Omondi, explicó que las aflatoxinas son sustancias cancerígenas que aparecen por el moho y pueden causar inmunodeficiencia, retraso en el crecimiento, enfermedades hepáticas y hasta la muerte.

“En el caso del maíz, por ejemplo, un producto básico, las aflatoxinas aparecen en las granjas a través de un hongo con un alto grado de toxinas en el suelo, cuando los insectos causan daños, cuando hay malas prácticas de cosechas, así como problemas de almacenamiento”, explicó a IPS.

En los primeros tres meses de almacenamiento, los hogares rurales pierden de 10 a 20 por ciento de la cosecha, pero pueden ascender a 50 por ciento o más después de seis meses, añadió.

En ese contexto, expertos como Omondi, alientan a los productores a utilizar el primer kit de detección de aflatoxinas antes de que los granos ingresen al mercado.

El botiquín puede detectar la contaminación en menos de 15 minutos y es fácil de usar, pues funciona con una tira reactiva como la que se usa para detectar el virus de inmunodeficiencia humana o la glucosa en la sangre.

Cheruiyot, quien recibió capacitación para usar el botiquín, explicó: “si hay aflatoxinas en la muestra analizada, aparece una línea rosada en la tira. Pero si no tiene, aparecen dos líneas”, explicó.

Los animales domésticos que se alimentan de granos contaminados con aflatoxinas, pueden contagiarlas a la leche o la carne. Crédito: Miriam Gathigah/IPS.

El botiquín se considera un avance positivo en el combate de esta sustancia altamente canerígena en este país de África oriental, donde hubo una grave contaminación en 2004, cuando se denunciaron 317 personas afectadas en julio de ese año, de las cuales murieron 39 por ciento.

En ese año se perdieron 155 toneladas de maíz.

Sin embargo, hay muy poca conciencia sobre los peligros que implica y de cómo prevenir la contaminación.

La FAO realizó talleres de capacitación, en colaboración con el gobierno nacional y los locales de Nandi, Uasin Gishu y Trans Nzoia sobre la prevención de las aflatoxinas, a través del Ministerio de Salud y el de Agricultura. Se eligieron esos lugares porque son el granero del país.

La agencia alerta de que la falta de funcionarios de extensión sigue perjudicando los esfuerzos para apoyar a los productores con información sobre cómo lograr mejores prácticas para cosechar y de almacenamiento para atender de forma efectiva la amenaza de la contaminación con aflatoxinas.

La FAO recomienda un funcionario de extensión cada 400 agricultores, pero según datos del Ministerio de Agricultura, hay uno cada 1.500 en Kenia.

Agricultores de subsistencia comercializan alrededor de 70 por ciento del maíz local de forma informal en las aldeas y los pueblos.

Eso supone una gran amenaza pues por lo menos 90 por ciento de los hogares rurales cultivan maíz.

La FAO estima que 25 por ciento de los cultivos del mundo se ven afectados por aflatoxinas, lo que pone a millones de personas y animales domésticos en riesgo de sufrir graves problemas de salud y hasta de morir.

Expertos como la epidemióloga veterinaria Johanna Lindahl piensan que los animales domésticos que se alimentan de granos contaminados producen leche y carne contaminada.

“Kenia es un área sensible para la contaminación con aflatoxina, en especial el maíz, y los agricultores, comerciantes y el público en general necesita recibir información sobre los peligros de las aflatoxinas”, indicó.

“Eso aumentará el uso de los botiquines, que no requieren de capacidades técnicas para realizar el análisis e interpretar los resultados”, acotó.

El botiquín de análisis rápido, sumado a concienciación sobre los peligros de las aflatoxinas contribuirá de forma significativa a gestionar y reducir la posibilidad de que entre a la cadena de valor alimentario, al mejora notoriamente el diagnóstico para el comercio local y de exportación.

De esa forma, la industria de la alimentación mantendrá un bajo grado de exposición para los productos del mercado local, y seguirá abriendo mercados regionales e internacionales, que en general han permanecido hostiles a países como Kenia, con gran incidencia de aflatoxinas.

Traducido por Verónica Firme

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Despedidos por los robots

Ven, 23/02/2018 - 09:50

Roberto Savio

Por Roberto Savio
ROMA, Feb 23 2018 (IPS)

Amazon ha lanzado Amazon Go hace algunos días. La idea es simple: una tienda donde obtienes lo que quieras de los estantes y el costo se carga automáticamente en el teléfono celular que llevas contigo. El costo de las compras va a tu cuenta bancaria o a una de tus tarjetas de crédito, y eso es todo. No hay problema, no hay cajero, todo fácil y rápido.

La primera tienda en la ciudad estadounidense de Seattle y está teniendo un tremendo éxito. Nadie es responsable del suministro de los artículos. Un sistema automático lo hace. Pronto dos robots repondrán los artículos en los estantes, una tarea que todavía realizan dos empleados. La limpieza del piso también es realizada por un robot.

El objetivo es tener una tienda totalmente automática, donde ningún ser humano pueda cometer errores, enfermarse, hacer huelga, tomarse unas vacaciones o descargar problemas personales en el trabajo.

La industria petrolera estadounidense estima que dentro de tres años reducirá el personal requerido en cada pozo de 20 trabajadores a cinco. Los pequeños hoteles dentro de tres años tendrán una recepción totalmente automatizada. Llegarás, deslizarás tu tarjeta de crédito, recibirás una llave de tu habitación y basta. Si necesitas algo, llamas a una oficina central, donde las personas responderán sus preguntas y harán lo que estaban haciendo todas las personas de recepción en cada hotel que serán borradas.

Ya estamos acostumbrados al teléfono automático para reservaciones: y para hacer nosotros las operaciones en el aeropuerto que anteriormente realizaban los agentes de policía. Los oficiales de inmigración serán reducidos a un pequeño equipo, que solo intervendrá si lo llaman las máquinas de a cargo de las operaciones en cada ventanilla.

Contrariamente a lo que pensamos, los vehículos autónomos están llegando rápidamente: los fabricantes de automóviles creen que estarán en el mercado para el año 2021.

En Estados Unidos, según el instituto de investigación ABI, la cantidad de robots industriales aumentará en casi 300 por ciento en menos de una década. El Buró Nacional de Investigaciones Económicas descubrió que por cada robot industrial introducido en la estructura laboral, se eliminan seis empleos. Después de la industria del automóvil, el sector más fuerte en este proceso es el farmacéutico. Los robots pueden realizar operaciones tóxicas sin ninguna protección.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) publicó una declaración que indica lo que esta revolución de los robots traería a Asia, África y América Latina. “Si se considera a los robots como una forma de capital que sustituye estrictamente a los empleos poco calificados, su uso creciente reduce la proporción del trabajo humano en los costos de producción. Los efectos negativos para los países en desarrollo podrían ser significativos” según este informe.

En mayo de 2016, el informe de dividendos digitales del Banco Mundial calculó que la sustitución por robots de trabajadores poco calificados en los países en desarrollo cubriría dos tercios del trabajo.

China será el mayor usuario de robots. La gran reserva de mano de obra barata actual, proveniente del área rural, está disminuyendo. China planea convertirse en un líder mundial en alta tecnología. El tiempo de las imitaciones económicas ha terminado. Ahora China registra más patentes que Estados Unidos. Por ejemplo Foxconn, el proveedor de Apple, redujo su fuerza laboral el año pasado, de 110.000 a 50.000 en Kunshan, gracias a la introducción de robots.

Los economistas llaman a esta ola de automatización la Cuarta Revolución Industrial. La primera comenzó a fines del siglo XVIII con la introducción de máquinas para hacer el trabajo artesanal, como en la industria textil. Su impacto se hizo visible en 1811, cuando los seguidores de un imaginario Ned Ludd comenzaron a destruir un telar mecánico, porque dejaba sin trabajo a miles de tejedores individuales (que se convirtieron en trabajadores de la fábrica).

La segunda revolución industrial se produjo a mediados del mismo siglo, cuando la ciencia se aplicó a la producción, creando motores y otros inventos, introduciendo la verdadera revolución industrial. Esto llevó a las poblaciones rurales a emigrar a las ciudades, a trabajar en las fábricas.

La tercera revolución, a mediados del siglo pasado, se considera la introducción de la Red , que ha cambiado nuevamente las formas de producción. Las obras de los secretarios de la compañía, el compositor tipográfico en los periódicos, el contador, el archivero, el bibliotecario y otros cientos de profesiones que la Red dejó obsoletas y han desaparecido.

El trabajo era considerado un factor de costo importante en la producción. Y fue por ello que los trabajadores tenían derechos y se consiguieron importantes beneficios, lo que provocó la creación de sindicatos, la izquierda moderna y la adopción de valores universales, como la justicia social, la transparencia, la participación, la base de las modernas relaciones internacionales.

Las relaciones de la máquina con la distribución de los beneficios de la producción han inspirado a varios pensadores, filósofos y economistas en los últimos siglos.

En general, se pensaba que llegaría el momento en que las máquinas hicieran toda la producción y la humanidad no tuviera ningún trabajo y sería mantenida por los beneficios generados por las máquinas. Esto, por supuesto, era más un sueño que una teoría política. Sin embargo, hoy todos los gerentes de la producción de Inteligencia Artificial y Robot argumentan que el aumento de la productividad de los robots reducirá los costos, lo que permitirá un mayor consumo de bienes y servicios, lo que generará nuevos puestos de trabajo, que serán ocupados fácilmente por los desplazados por las máquinas.

La información que tenemos no muestra esto en absoluto. El informe económico del Presidente de Estados Unidos  afirma que hay 83 por ciento de posibilidades de que aquellos que ganen  20 dólares por hora puedan reemplazar su trabajo con robots. Esta proporción pasa a 31 por ciento para aquellos que ganan 40 dólares por hora.

La nueva economía de inteligencia se basa en el conocimiento técnico. Tienes un futuro, si eres capaz de adaptarte a ese tipo de sociedad, para lo cual las nuevas generaciones están mucho más sintonizadas. ¿Pero qué hará un taxista, que no tiene una educación técnica, para reciclarse?

Las estadísticas muestran que hoy en día, cuando alguien pierde su trabajo a cierta edad, si encuentra uno nuevo, casi siempre tendrá una remuneración más baja. El uso de la robótica afectará, sobre todo a la clase media baja, con una nueva división generacional.

Esto nos lleva, finalmente, a hacer dos consideraciones políticas y una propuesta concreta, por el bien de pensar positivo.

La primera consideración es que el presidente estadounidense DonaldTrump y todos los otros políticos que quieren restaurar un pasado glorioso para el futuro ignoran por completo este debate (desafortunadamente no se trata de debate político).

Por ejemplo, al pedir la restauración de empleos en el sector minero y de combustibles fósiles,  se ignora que el desarrollo tecnológico ya hizo perder muchos  puestos de trabajo y continuará haciéndolo. Los datos de las compañías petroleras son definitivos.

Por lo tanto,  reunir a los descontentos, como ocurrió en Europa con el Brexit, es una consecuencia de la pobreza del debate político, donde los partidos políticos tradicionales (sobre todo de izquierda), en lugar de explicar claramente el mundo dónde estamos y hacia el que vamos, están tratando de arrastrar los sentimientos de las víctimas de la globalización neoliberal, a menudo tomando las banderas de los nacionalistas.

Las próximas elecciones en Italia son un buen ejemplo. El partido de centro-izquierda Matteo Renzi parece que obtendrán un menor número de votos, debido a su identidad confusa, lo cual es difícil de individuar de la otra parte. La migración se ha convertido en un tema importante en la elección.

Trump fue elegido con una fuerte plataforma antiinmigrante, que continúa en su gobierno. Los gobiernos de Hungría, Austria, Polonia, República Checa y Eslovaquia se basan en el rechazo de los inmigrantes. En toda Europa, desde los países nórdicos hasta Francia, los Países Bajos y Alemania, los sentimientos antiinmigrantes condicionan a los gobiernos.

En las elecciones italianas, el viejo zorro de Silvio Berlusconi, para tomar los votos del xenofobo Matteo Salvini (que es el equivalente italiano del nacionalista Internacional, con Vladimir Putin en Europa y Trump en el mundo como un líder), ha prometido expulsar a 600.000 inmigrantes, si gana las elecciones.

Renzi presenta la reducción de los migrantes por mar como un ejemplo de buen gobierno (sin mencionar que esto se ha hecho mediante la distribución de dinero en efectivo para todas las facciones de Libia y los traficantes de inmigrantes) .

El temor es que los inmigrantes están robando empleos y recursos de los ciudadanos europeos legítimos. Las estadísticas de la Unión Europea nos dicen que el número total de ciudadanos no comunitarios que viven en Europa (algunos desde hace mucho tiempo), ahora es de 35 millones de personas. Alrededor de ocho millones de estos son africanos y siete millones de árabes. Estas cifras también incluyen inmigrantes ilegales. Esto, en una población de 400 millones de personas.

Todas las estadísticas señalan que más de 97 por ciento de los inmigrantes están totalmente integrados, que pagan más impuestos que el promedio de la gente del lugar (por supuesto, se preocupan por su futuro), y ahora los que están en paro son aproximadamente 2,3 millones de personas que todavía están esperando su situación legal.

No existe un solo estudio que afirme que los inmigrantes hayan asumido el papel de los europeos de una manera significativa.

Tienen los mismos argumentos contra la entrada de las mujeres en el mercado laboral. Un porcentaje creciente de mujeres se ha unido a la fuerza laboral en los últimos 30 años, pero estos aumentos no han coincidido con la caída en las tasas de empleo para los hombres.

Un estudio sobre el Brexit muestra que los inmigrantes han contribuido a aumentar el producto bruto nacional y el aumento en la productividad ha implicadocrecimiento global del empleo. Pero hemos llegado a un punto en el que nadie escucha los hechos, a menos que sean convenientes.

Y ahora la propuesta concreta. Está claro que la amenaza real al empleo para la gran mayoría de los ciudadanos deriva de la robotización, no de la inmigración.

Ningún trabajador ha sido despedido para ser reemplazado por un inmigrante, a menos que hablemos de empleos no calificados que los europeos no quieren ocupar de todos modos. Los conductores de camiones, los taxistas, los conductores de autobuses y los conductores de buses de las escuelas, para dar el ejemplo más inminente, no le temen a la inmigración por su trabajo.

Bueno, en unos pocos años, su trabajo se volverá obsoleto y no habrá planes ni preparación para ello. Cuando el problema explote, la política comenzará a observarlo. Sería una cosa más responsable, en lugar de alimentar el miedo con el populismo y la xenofobia, comencemos a enfrentar los problemas reales que enfrenta nuestra sociedad: la automatización.

Y aquí hay una propuesta simple: alguien que utiliza un robot, está ganando dinero gracias a su productividad superior, y está despidiendo a alguien. Entonces, después de pagar el costo del robot por un par de años, tiene un beneficio de 100 por ciento por el despido de un ser humano.

Bueno, no tendría 100 por ciento, sino 60 por ciento, porque seguirá pagando los costos sociales de los humanos despedidos: su jubilación, sus impuestos y su seguro de salud. Esto no es tan caro como el Ingreso Básico Universal, es fácil de organizar y administrar, y será una forma de realizar en parte el viejo sueño utópico: las máquinas trabajan para la humanidad.

¿Podemos comenzar un debate político sobre esto?

El artículo Despedidos por los robots fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Cuba envejece: ¿Progreso o problema?, esa es la cuestión

Xov, 22/02/2018 - 17:20

Una pareja de adultos mayores transita por una céntrica calle de La Habana Vieja, en Cuba, un país donde ya casi 20 por ciento de la población tiene más de 60 años y que subiría a un tercio de la población total en 2030, un fenómeno demográfico que constituye un desafío para el país. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Patricia Grogg
LA HABANA, Feb 22 2018 (IPS)

Trabajó sin parar durante 40 años. Cuando se jubiló,  no supo qué hacer con su tiempo libre. “Estar en casa todo el día y solo pendiente de lo que había llegado a la bodega (mercado), no es para mí”, dijo una residente en la capital cubana.

“Es que me recontraté como editora de una revista gubernamental”, dijo esta mujer de La Habana para explicar su pedido de mantener su nombre en reserva.  Sin embargo, su caso no tiene nada de extraño en este país, donde muchas personas de su edad, 70 años, continúan trabajando.

“No lo hago solo para aumentar mis ingresos. Me gusta sentirme útil”, afirmó.“Si la sociedad ha invertido en elevar la esperanza de vida de su población, su resultado natural es el incremento de la población mayor de edad ( …. ) El problema es la calidad con que se envejece”: Reina Fleitas.

Enrique López Oliva, 81 años, periodista y profesor de historia de las religiones en la Universidad de La Habana, se jubiló en 1998 con una pensión de 270 pesos (equivalentes a poco más de 11 dólares), aunque desde 2008 es contratado periódicamente para impartir cursos opcionales.

“Claro que el dinero hace falta, pero permanecer activo es para mí una necesidad igualmente importante. Dar clases me permite estar cerca de las nuevas generaciones, me obliga a estudiar y renovarme para cada encuentro con los jóvenes interesados en los temas religiosos desde el punto de vista académico”, comentó a IPS.

En las condiciones demográficas de Cuba, resulta muy probable que dentro de una década haya más profesores de entre 70 y 80 años dictando clases, aunque quizás tengan menos jóvenes entre sus alumnos.

Según las previsiones oficiales, la población mayor de 60 años  representará hacia 2030 un tercio de los habitantes de este país, que actualmente suman 11,2 millones.

Especialistas alertan que este es ya el país más envejecido de América Latina, con 19, 8 por ciento de su población con 60 años y más. “Estamos ante un desafío extraordinario que obligará a grandes cambios. No hay economía que pueda sostener, en las condiciones actuales, a esta población envejecida”, remató López Oliva.

Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información distribuyen la población actual en 2.539.092 personas de cero a 19 años, 6.480.290 de 20 a 59 años y 2.219.784 de 60 años y más.

Roberto Sordo, de 84 años y reconvertido en trabajador por cuenta propia tras su jubilación, repara equipos de radio en un local arrendado del municipio Centro Habana, en la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Esta distribución conlleva que el país cuente con un millón 676.988 beneficiarios de la seguridad social por jubilación, invalidez y sobrevivencia, con una pensión media de 276.94 pesos (algo más de 11 dólares).

También hace que las proyecciones oficiales sitúen la población económicamente activa en la cifra decreciente de 5.097 439 personas en el 2021 y 4.964.537 personas en 2030.

El fenómeno demográfico está marcado por la baja fecundidad, combinada con otros indicadores como la baja mortalidad y la alta esperanza de vida, además del saldo migratorio negativo que entre 2000 y 2012 implicó entre –2,6 y –4,0 personas perdidas por cada 1.000 habitantes (entre 20.000 y 46.000), de acuerdo a datos oficiales.

Para Reina Fleitas, académica y experta en temas de género, envejecer no es un problema, sino más bien un progreso.

“Si la sociedad ha invertido en elevar la esperanza de vida de su población, su resultado natural es el incremento de la población mayor de edad ( …. ) El problema es la calidad con que se envejece”, dijo a IPS.

“Se trabaja en función de un mejor sistema de protección hacia el anciano, pero ello requiere de una inversión social muy costosa y si no logramos un crecimiento económico sostenido y más alto del que alcanzamos difícilmente podamos cubrir todas las demandas”, remarcó.

Rolando, otro jubilado residente en la Habana que pidió no brindar su apellido, advirtió que se debe considerar varios aspectos, el económico, social, espiritual y asistencial.

“Un problema actual es el bajo valor de las pensiones y otro la ocupación del tiempo. Sería conveniente mantener ocupaciones a tiempo parcial, que mejoren ingresos y hagan sentirse útil al adulto mayor”, dijo.

Sin embargo, María Antonia López se considera afortunada, porque gracias a la Ley de Seguridad Social (105/08) vigente desde enero de 2009 se jubiló a los 60 años con una pensión de 968 pesos (equivalente a unos 40 dólares). Ella trabajó desde los 17 años en el sector azucarero y además estudió y logró su licenciatura en economía y finanzas.

Enrique López Oliva, un periodista jubilado y profesor en activo, muestra la portada de un libro dentro de su estudio en el municipio Playa, uno de los que conforman la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Al respecto, Fleitas recordó que las desigualdades también impactan a las personas de la llamada tercera edad. “Es muy importante que toda la sociedad se ponga en función de debatir y accionar un mecanismo de apoyo más integral y diferenciado hacia los ancianos”, analizó para IPS.

En su opinión, “no todos llegan en las mismas circunstancias sociales y salud al envejecimiento, la política universal debe combinarse con acciones que tengan en cuenta las diferencias de situación en relación a ingresos, grupos de edades, territorios y género”.

La ley de 2009 expresa que entre las medidas indispensables a adoptar ante el envejecimiento de la población cubana se encuentra el alargamiento de la vida laboral, pero no hace distinciones como las señaladas por Fleitas, quien alerta que las desigualdades de género se hacen más profundas en la ancianidad.

Ese cuerpo legal elevó en cinco años la edad de jubilación, de modo que las mujeres se jubilen a los 60 años y los hombres a los 65, con 30 años de servicio en ambos casos.  También eleva la cuantía de la jubilación, en correspondencia con el aporte, el salario y la permanencia laboral.

Otra novedad importante de esa ley es que brinda la posibilidad de recontratarse y devengar simultáneamente la pensión y el salario. Para ello se requiere que la nueva labor sea por un cargo diferente al que se desempeñaba al momento de jubilarse, aunque si puede ser de su mismo perfil ocupacional.

Una encuesta nacional de envejecimiento realizada en 2010 arrojó como resultado que las pensiones son las fuentes principales de ingreso para la población  que sobrepasa los 60 años. Más de 80 por ciento de los participantes de la muestra consideró insuficiente de las prestaciones monetarias que recibe, incluida las ayudas familiares.

Sin embargo pocos participaban en las opciones de empleo posteriores a la jubilación. Según datos oficiales, solo 11 por ciento de los más de 535.000 trabajadores por cuenta propia que había al finalizar 2016 eran jubilados, algo menos que en 2014, cuando representaban 11,71 del total.

Se espera que una encuesta similar realizada entre el primero de noviembre y el 15 de diciembre brinde nuevos datos  sobre las condiciones sociodemográficas y socioeconómicas, el estado de salud, dependencia y cuidado, y las redes de apoyo familiar y social con que cuentan las personas de la tercera edad.

En tanto, el gobierno de Raúl Castro ha situado como uno de los mayores retos a enfrentar por el país en los próximos años una dinámica demográfica que conlleva la tendencia al decrecimiento con un envejecimiento continúo de su población, disminución de los nacimientos e incremento de las defunciones.

En ese sentido, ha reconocido que el envejecimiento poblacional supone presiones importantes sobre el sistema de seguridad social y el costo de la prestación de algunos servicios e incidirá en el patrón de crecimiento económico al convertirse la fuerza de trabajo en un recurso relativamente escaso.

Editado por Estrella Gutiérrez

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Maldivas, un paraíso que avanza hacia su perdición

Mér, 21/02/2018 - 17:14

Una activista de Maldivas sostiene una fotografía del bloguero asesinado Yamin Rashid durante una conferencia de prensa de la Unesco realizada en la capital de Sri Lanka en dicimebre de 2017. Crédito: Amantha Perera/IPS.

Por Abdul Samad Rohani
COLOMBO, Sri Lanka , Feb 21 2018 (IPS)

El cierre de una cadena de televisión es sintomático de la inestabilidad y precariedad institucionalidad que sacude a Maldivas desde hace unos meses.

El 8 de este mes, Raajje TV, un canal de la oposición ubicado en los atolones, suspendió su transmisión por la falta de seguridad, que se agrava en este país insular del océano Índico.

“Raajje TV informa a los telespectadores que suspendimos la transmisión regular por los ataques a los medios libres e independientes, las continuas amenazas a Raajje TV y a su personal, tras la decisión de la policía de reducir la seguridad en el canal y la alerta emitida a los medios de posible clausura sin advertencia previa”, comunicó el canal antes de dejar de salir al aire.

Antes de eso, las Fuerzas Armadas de Maldivas informaron que los medios difundían contenido que podría resultar perjudicial para la seguridad nacional.

La situación en Maldivas se deteriora desde fines de 2012, cuando Mohamed Nashid, el primer gobernante elegido de forma democrática en el país, renunció y fue reemplazado por Abdulla Yamin al año siguiente.

Este país tiene menos de medio millón de habitantes y por lo menos 150.000 de ellos o más concentrados en Male, una isla de seis kilómetros cuadrados.

Tras años de disputas políticas, en 2015, Nashid fue hallado culpable según las leyes antiterroristas y condenado a 13 años de cárcel. Pero al año siguiente, salió bajo fianza y se trasladó a Gran Bretaña, donde vive desde entonces.

Numerosos seguidores y miembros del Partido Democrático de Maldivas están en la cárcel o en el exilio, muchos en Sri Lanka, como base de operaciones.

La situación que desde hace años acumula presión, estalló a principios de febrero.

El 1 de este mes, la Corte Suprema sorprendió al dictaminar que los juicios contra ocho personas, entre ellas el propio Nashid y otras siete figuras destacadas, como el ex vicepresidente Ahmed Adib, habían sido injustos, por lo que su liberación debía ser inmediata.

“Tras considerar los casos remitidos a la Corte Suprema por violaciones a la Constitución de la República de Maldivas y a tratados sobre derechos humanos de los que forma parte ese país para realizar investigaciones con fines políticos, seguidas de juicios en los que fiscales y jueces estaban indebidamente influenciados, la Corte Suprema concluyó que debía repetirse el procesamiento siguiendo estándares legales”, dictaminó el alto tribunal.

El anuncio fue seguido de manifestaciones masivas en Male, en celebración de la decisión judicial.

La policía dijo que respetaría el dictamen, pero los detenidos siguieron presos y los comisionados de la policía fueron mandados para su casa por el presidente Yamin.

Cuatro días después del dictamen, el ejército asaltó la Corte Suprema y dos jueces, incluido el presidente, fueron detenidos.

Y poco después, con diferentes jueces, el alto tribunal revocó la orden de liberar a los presos. En ese contexto, la declaración del Estado de emergencia durante 15 días parecía una nota al pie de página.

El gobierno acusó al expresidente Abdul Gayum, quien gobernó desde 1978 hasta ser derrotado por Nashid en 2008, de estar en medio de un intento de soborno para incidir en la Corte Suprema, y fue detenido junto con su yerno.

Para quienes han soportado estos años de caos e inseguridad, el futuro de las islas, tan codiciadas por los turistas, es lúgubre.

“Un Poder Ejecutivo con muchos poderes, frente a la falta de un sistema de controles y contrapesos que funcione, sumado al apoyo de los servicios de seguridad, significa que el Ejecutivo dominará todos los aspectos de la gobernanza”, analizó Mariyam Shiuna, de Transparencia Internacional en Maldivas, al ser consultada por IPS.

“El presidente controla las instituciones del Estado por medios directos e indirectos, y promueve un uso excesivo de la fuerza por parte de los servicios de seguridad”, explicó.

“Todos los líderes de la oposición están en la cárcel o en el exilio. En ese contexto, es poco probable que Maldivas logre una verdadera estabilidad en el corto plazo”, añadió Shiun.

Una afirmación compartida por muchos analistas y observadores.

“Es claro que el imperio del derecho en Maldivas está asediado”, observó un grupo de organizaciones de derechos humanos.

“Instamos al gobierno a evitar las amenazas o las interferencias que puedan perjudicar la independencia en su calidad de guardián supremo de la Constitución y la legislación del país”, reza un comunicado de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Pero el gobierno sostiene que la Corte Suprema no le dejó otra alternativa al actuar de forma inconstitucional y tratar de impugnar al presidente Yamin.

Es poco probable que la situación se calme ahora que falta poco para las elecciones, incluso las presidenciales, previstas para este año y 2019.

Además de la concentración del poder en manos del Ejecutivo, los activistas denuncian una creciente ola de actos extremistas.

El año pasado, el bloguero liberal Yamin Rashid murió apuñalado fuera de su apartamento en Male. La investigación policial avanza con lentitud y todavía no obtuvo resultados tangibles.

De hecho, cuando la crisis estalló, Nashid solicitó la intervención militar de India, como ya lo había hecho la potencia regional en 1988, pero Nueva Delhi no respondió. Y China, con grandes inversiones en las islas, dijo que no estaba de acuerdo con una intervención extranjera.

“En este momento, el presidente tiene todos los ases. Cómo los obtuvo, es el problema, y cómo los usará es el mayor de todos”, analizó un activista cercano al bloguero asesinado y quien pidió reserva de su identidad.

Shiuna, de Transparencia Internacional Maldivas, teme que se deterioren más los controles sobre el Poder Ejecutivo, en especial tras la decisión de la Corte Suprema, que agarró de sorpresa al gobierno.

“El régimen de Yamin avanza hacia el despotismo, si no es que ya se instaló”, señaló. “Todas las instituciones democráticas fueron intervenidas por el gobierno y queda en duda, incluso, que haya elecciones en 2018”, observó.

Dos días y medio después de dejar de salir al aire, Raajje TV volvió a transmitir, pero no será fácil contener el rápido deterioro de los derechos civiles y democráticos en este país asiático.

Traducido por Verónica Firme

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El mercado laboral del siglo XXI

Mér, 21/02/2018 - 13:27

María Lorca Susino. Crédito: Cortesía de la autora

Por María Lorca Susino
MIAMI, Feb 21 2018 (IPS)

“La economía, estúpido” ha pasado a la historia por ser una de las frases que el estratega político James Carville diseñó para la exitosa campaña electoral de Bill Clinton contra el presidente George H. W. Bush en 1992, en Estados Unidos. Esta frase es el reconocimiento de que la economía es el factor que más efecto tiene en la visión de la sociedad con respecto a la evolución del país.  

En junio del 2009 la estadounidense Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, en inglés) declaró el comienzo de la fase expansiva del ciclo económico y todos los países, menos aquellos fallidos como Venezuela, experimentaron crecimiento económico y la consiguiente reducción de la tasa de desempleo.Nos enfrentamos a una reestructuración del mercado laboral semejante a la ocurrida en la primera revolución industrial con la introducción de nueva maquinaria, como la “Spinning Jenny”, que se consideraba causante del aumento del desempleo dando lugar al “ludismo” de Ned Ludd. Si en la primera fase, la tecnología destruye empleo y aumenta el paro estructural, posteriormente se produce un aumento exponencial de oportunidades laborales, aunque en algunos casos tome una generación.

Hoy, políticos tan dispares como el estadounidense Donald Trump, el francés Emmanuel Macron, la británica Theresa May, el español Mariano Rajoy o la alemana Angela Merkel -al igual que en la fase expansiva del ciclo que comenzó en noviembre del 2001 el francés Lionel Jospin con su “l’emploi c’est moi (el empleo soy yo)” o José María Aznar con su “España va bien”-, presumen de que sus decisiones políticas han reducido las altas tasas de paro que se crearon durante la Gran Recesión que comenzó en Estados Unidos en diciembre 2007.

Sin embargo, en la fase recesiva del ciclo, el desempleo es la gran pesadilla de los políticos por lo que la aleatoria posición temporal de algunos de ellos en el ciclo económico los convierte en ganadores o perdedores. En Estados Unidos, la tasa de desempleo se ha mantenido en 4,1 por ciento desde el último trimestre del 2017.

Es una exitosa cifra laboral que ha roto a la baja el rango histórico para la tasa de desempleo natural de Milton Friedman, que los estudios de Regis Barnichon y Christian Matthes, del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, explican que ha fluctuado en los últimos 100 años entre 5,5 por ciento y 4,5 por ciento.

Esta tendencia positiva está reforzada por el indicador adelantado del reclamo inicial del seguro de desempleo, que mide el número de trabajadores que solicitan beneficio de desempleo, y que está alcanzando en la actualidad bajos históricos no registrados desde 1971.

La tasa de desempleo de la Unión Europea (UE) hasta donde disponemos de datos fiables se mueve en sincronía con el desempleo de Estados Unidos.  En los últimos meses todos los gobiernos de la UE han experimentado una sensible reducción de la tasa de paro y la proyección estadística anuncia que continuará en los próximos meses y hasta que comience la nueva fase recesiva.

La gran inquietud está en la tasa de desempleo que alcanzarán los países rezagados del sur de Europa en la próxima recesión cuando en los mejores momentos del ciclo mantienen tasas de paro de dos dígitos.

No hay lugar para la complacencia por los niveles de desempleo que se están alcanzando cuando nos encontramos en curso de una radical revolución tecnológica que está afectando el mercado laboral del siglo XXI.

La automatización robótica de procesos y la inteligencia artificial están transformando el mercado y las oportunidades laborales que demandan un nuevo tipo de capital humano.  La estructura laboral de los “commanding hights”, sectores críticos de la actividad económica controlados por el Estado en el siglo XX para impulsar la producción, el consumo y crear puestos de trabajos seguros y estables, ha hecho crisis.

Hoy el empleo se crea con los avances tecnológicos que están forzando a las empresas a reestructurar las relaciones de producción donde los trabajadores y la robótica y la inteligencia artificial se cruzan.

La tecnología ayuda a las empresas a ahorrar costos, reducir errores, reunir y recopilar datos y también liberar a los trabajadores de tareas repetitivas para que inviertan en el capital humano demandado en el siglo XXI.

Sin embargo, la actual revolución tecnología puede terminar en el “poder del monopsonio” de Joan Robinson (La economía de la competencia imperfeta, 1933), donde la oferta laboral desplazada por la tecnología es muy amplia mientras que la demanda laboral es limitada.

Esto produce una competencia laboral que acrecienta la incertidumbre profesional y reprime el aumento salarial dando lugar a puestos de trabajo vulnerables y precarios.

En este sentido, la Organización International del Trabajo en su último informe sobre “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2018” ha advertido que el desempleo y el empleo vulnerable que afectaba en el 2017 a 1,4 mil millones de personas va a aumentar en 35 millones de personas en los dos próximos años.

Nos enfrentamos a una reestructuración del mercado laboral semejante a la ocurrida en la primera revolución industrial con la introducción de nueva maquinaria, como la “Spinning Jenny”, que se consideraba causante del aumento del desempleo dando lugar al “ludismo” de Ned Ludd.

Si en la primera fase, la tecnología destruye empleo y aumenta el paro estructural, posteriormente se produce un aumento exponencial de oportunidades laborales, aunque en algunos casos tome una generación.

Por consiguiente, como explica el Reporte de Capital Humano 2016, del Foro Económico Mundial, el mercado laboral del siglo XXI necesita de la cooperación entre gobiernos, líderes empresariales e instituciones educativas para fortalecer el talento y capital humano global necesario para mantener el crecimiento laboral en la cuarta revolución industrial.

 

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Migración de África a Europa, más que una crisis, una oportunidad

Mar, 20/02/2018 - 12:45

Migrantes somalíes reciben asistencia de marinos estadounidense. Crédito: Armada de Estados Unidos.

Por Masood Ahmed y Kate Gough
WASHINGTON, Feb 20 2018 (IPS)

Cada vez es más común justificar la asistencia al desarrollo de Europa a África diciendo que reducirá las migraciones procedentes del Sur. Pero es un argumento tan intuitivo y atractivo como improbable.

A medida que las comunidades dejan de ser tan pobres, más personas tendrán la capacidad y los recursos para embarcarse en un viaje costoso en busca de una vida mejor en otro lugar, según investigaciones del Centro para el Desarrollo Global.

El desarrollo suele aumentar las migraciones, por lo menos al principio.

La combinación de desequilibrios demográficos y económicos significa que el flujo migratorio entre África y Europa casi con seguridad aumentará en las próximas décadas.

Para 2050, 800 millones de personas formarán parte de la población económicamente activa en África subsahariana.

La mayoría serán jóvenes demandantes de empleo, con energía, que encontrarán mercados laborales que no podrán absorber ni proveer oportunidades laborales significativas para todos.

Mientras, la población europea seguirá envejeciendo y la demanda laboral superará la oferta en sectores críticos como enfermería y atención a la salud. Para 2050, más de 34 por ciento de los habitantes tendrán 60 años o más.

Además del desequilibrio demográfico, hay un desequilibrio en los estándares de vida.

Aun si los ingresos por habitante se duplican en África en las próximas tres décadas, la brecha de ingresos respecto de Europa para 2050 seguirá siendo lo suficientemente amplia como para que la migración sea una alternativa prometedora para muchos.

Además de razones económicas, la gente se verá empujada a emigrar por conflictos o por el impacto ya visible del cambio climático en sus países.

En definitiva, en la próxima década, es muy probable que decenas de millones de nuevos trabajadores lleguen a Europa a hacer funcionar las fábricas, a ofrecer atención médica y educación, así como a hacerse cargo de los servicios que hacen que las economías modernas sean funcionales y confortables para la gente.

La alternativa política para Europa no es si habrá una migración a gran escala, sino cómo gestionar el movimiento poblacional de forma tal que le resulte económicamente beneficioso y socialmente sostenible. Esa situación impone tres realidades políticas.

Maximizar los beneficios mutuos de las migraciones con buenas políticas

Las migraciones bien gestionadas pueden tener inmensos beneficios mutuos.

Las políticas migratorias de los países anfitriones pensadas para que los inmigrantes ingresen al mercado laboral y se integren a las comunidades locales determinarán la rapidez con que se vean las consecuencias positivas de los desplazamientos de personas.

Hay muchas y buenas ideas y ejemplos para replicar.

Alemania y Australia implementaron programas de prueba para capacitar futuros migrantes en las capacidades que esos países necesitan antes de que lleguen a su territorio, que forma parte del modelo de Asociación Global de Capacidades, propuesto por el Centro para el Desarrollo Global.

El involucramiento del sector privado desde el inicio es fundamental para garantizar que esos modelos sean sostenibles, cubran las necesidades locales y así poder maximizar el aporte de las migraciones a las economías.

Asimismo, Alemania y Canadá pueden dar clase de apoyo a la integración de inmigrantes. Para que la migración funcione se requiere atender de forma explícita y proactiva las necesidades de las comunidades anfitrionas.

Cuando los gobiernos no logran redoblar su ayuda a la enseñanza y a la salud, exigidas por la mayor demanda, se agravan las tensiones y los resentimientos, lo que se expresa de manera nefasta.

Los migrantes casi siempre generan beneficios económicos a los países anfitriones, pero estos necesitan llegar de forma rápida y visible a las comunidades locales, que reciben el impacto migratorio.

En definitiva, las consecuencias de las migraciones son una decisión política, y las autoridades deben implementar normas que permitan un aporte migratorio sólido.

Apoyar el desarrollo de África por las razones correctas

Un continente africano activo, seguro y próspero no solo es importante para Europa, sino para todo el mundo. Y muchos países de África no logran avances económicos ni un desarrollo social admirables.

Pero África plantea un desafío central en materia de desarrollo para la próxima generación en términos de erradicar la extrema pobreza que queda, mejorar los resultados educativos y la salud, crear oportunidades económicas para la creciente población joven y atender conflictos, extremismo y estados fallidos.

Hacer frente a los desafíos requerirá de liderazgo en el continente y del apoyo sostenido de sus socios.

Para Europa, aumentar el apoyo al desarrollo económico, y otros, en África es fundamental, no solo como vecino, sino también para equipar la futura fuerza laboral con las capacidades y la educación capaz de maximizar su aporte en su propio territorio y en Europa, si deciden mudarse.

Por eso, participar en el desarrollo de África, a través de la ayuda, pero también del comercio, de las inversiones y de otros canales, sigue siendo una prioridad fundamental para las autoridades europeas.

Pero para que la asistencia al desarrollo sea efectiva, debe concentrarse en respaldar el desarrollo en sentido amplio y que no se vea distorsionado por programas inútiles destinados a desalentar las migraciones.

Hay cierta evidencia de que financiar proyectos para atender las presuntas causas de raíz de las migraciones y diseñar intervenciones demasiado vinculadas a ellas podría, en cambio, socavar el desarrollo al “desatender las necesidades en materia de desarrollo de las comunidades”.

En el actual contexto demográfico, las migraciones a gran escala no disminuirán significativamente en las próximas décadas.

En algunas circunstancias, la asistencia humanitaria o al desarrollo puede aliviar las presiones inmediatas y dejar un contexto difícil, pero los esfuerzos de disuasión por sí solos no contrarrestarán los múltiples factores responsables de la emigración.

Las organizaciones internacionales y los estados deben concentrarse en forjar asociaciones y en la cooperación para diseñar la forma en que los migrantes se desplazarán y podrán contribuir al país anfitrión.

Cambiar la retórica sobre migraciones y desarrollo

Las políticas en materia de migraciones son tan duras en Europa como en cualquier otro lado.

Hacer frente al último y rápido flujo de refugiados y migrantes despertó divisiones y tensiones subyacentes en las sociedades europeas.

En ese contexto, es adecuado concentrarse en objetivos a corto plazo en vez de desatar un debate polémico sobre opciones estratégicas a más largo plazo.

Pero la conveniencia también puede volverse una excusa para posponer el diálogo necesario para preparar a las sociedades europeas para las opciones que tienen y para saber cómo manejarlas de la mejor manera.

El futuro desafío en materia de migraciones al que tendrá que hacer frente Europa es un ejemplo del llamado rinoceronte gris (Gray Rhino), es decir un desafío altamente probable de gran impacto y, sin embargo, desatendido.

No prestarle atención podría significar abrir la puerta a un ciclo de crisis migratorias en las fronteras europeas durante décadas.

La responsabilidad de cambiar el discurso no solo recae en los dirigentes políticos y las figuras públicas.

En el ambiente de la asistencia al desarrollo, también caemos en la trampa de referirnos a la migración como problema, en vez de reconocerla como la oportunidad que puede ser.

Con las políticas adecuadas, las migraciones significan una enorme mejora en materia de bienestar humano, con contribuciones significativas a las comunidades anfitrionas, las de origen de los migrantes, para ellos mismos y para sus familias.

Trabajemos juntos para implementar esas políticas, así Europa y África estarán mejor para nuestros hijos.

Traducido por Verónica Firme

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Internet pierde libertades con rapidez en Asia sudoriental

Lun, 19/02/2018 - 17:14

Facebook, Twitter, Instagram, Line, WhatsApp y WeChat son las redes sociales más populares en Asia sudoriental, pero su poder de promover la libertad de expresión decae. Crédito: R.Farrell/ITU.

Por Pascal Laureyn
PHNOM PENH, Feb 19 2018 (IPS)

Investigadores de la no gubernamental Freedom House analizaron la situación de Internet en 65 países, que concentran a 87 por ciento de los internautas del mundo, y concluyeron que la evolución más notable se dio en Asia sudoriental.

Los que están en peor situación son China, Siria y Etiopía. Y en el otro extremo, se encuentran Estonia, Islandia y Canadá.

Hace unos años, Asia sudoriental era una región prometedora. La economía crecía y la democracia se consolidaba. Malasia realizó elecciones libres, Indonesia comenzó una campaña contra la corrupción, y Camboya logró mejorar los derechos sociales de los trabajadores textiles.Algunos ya controlan Internet y silencian a los activistas, un triste desenlace en una región que hace poco parecía lograr avances hacia el logro de mayores libertades.

“Internet ayudó a que esos movimientos crecieran”, explicó Madeline Earp, investigadora en esta región de Freedom House. “Todo tipo de organizaciones y de medios comenzaron a usar Internet cada vez más y más. Eso fue alentador”, añadió.

Pero en la actualidad, la democratización falló. Un golpe militar en Tailandia y la disolución de la oposición en Camboya son solo dos ejemplos de gobiernos autocráticos resistiéndose al cambio.

Censura, detenciones y violencia

Según el informe de Freedom House, siete de los ocho países asiáticos estudiados tienen menos libertad que el año anterior.

“La censura aumenta y la libertad en Internet se acota”, indicó Earp. “Myanmar (Birmania) y Camboya fueron las mayores decepciones”, apuntó.

Hace poco, unos periodistas fueron detenidos en Birmania. La propagación de noticias falsas incitan mensajes de odio y violencia contra la minoritaria comunidad musulmana. Y en la actualidad, ese país tiene más periodistas presos que en los últimos años de la dictadura (1962-2011).

En Camboya, las autoridades cerraron un diario independiente, y los activistas que denuncian actividades ilegales de empresas terminan en la cárcel.

En Tailandia, la estricta ley de lesa majestad se emplea para silenciar a la oposición. Y en Filipinas, hay un creciente número de formadores de opinión que promueven propaganda favorable al gobierno.

El único país que mejoró su situación es Malasia. Pero según Freedom House, es porque aumentó el uso de la red de redes.

La represión no le sigue el ritmo a el creciente uso, lo que muestra que Malasia no escapa a la tendencia de Asia sudoriental, pues las restricciones a la libertad de expresión comienzan cuando el uso de Internet crece.

“El gobierno de Malasia censuró sitios web de noticias. Y por lo menos, un ciudadano malasio fue condenado por un post publicado en Facebook”, indicó Earp.

El ejemplo chino

Parte de la responsabilidad de la situación actual en Asia sudoriental la tiene China. Ese influyente país tuvo durante tres años la menor libertad en Internet, según el informe.

Las autoridades chinas utilizan un sistema de vigilancia, conocido como “Gran Cortafuegos”. Un ejército de supervisores controlan el uso de la red, desde las aplicaciones de mensajería hasta las cámaras de tránsito.

La censura borra los mensajes no deseados, lo que a veces genera situaciones absurdas.

Por ejemplo, se nombró a un escarabajo descubierto hace poco Xi Jinping, en honor al presidente chino. Pero la censura borraba los mensajes al respecto porque la naturaleza depredadora del coleóptero podía resultar insultante para el gobernante.

Ese tipo de prácticas juegan un papel importante en el declive de la democracia en Asia sudoriental.

“Vietnam copia las técnicas de China”, observó Earp. “Más blogueros y activistas terminan tras las rejas por su uso de las redes sociales”, apuntó.

Noticias falsas

La censura no es el único tema problemático. En esta región, se difunden noticias falsas para eliminar a opositores o para manipular a la opinión pública, como explica Ed Legaspi, director de la Alianza de la Prensa de Asia Sudoriental.

“Es preocupante que muchos gobiernos aprovechen los mecanismos existentes en las redes sociales para propagar rumores y combatir a las voces críticas”, explicó Legaspi.

“La ley de lesa majestad de Tailandia, el acto de sedición en Malasia y la ley de blasfemia de Indonesia se han utilizado para restringir la expresión en Internet”, añadió.

En Birmania, las expresiones virulentas y racistas contra los musulmanes provocan estallidos de violencia regulares.

Sitios de noticias falsas propagan rumores sobre mujeres budistas, supuestamente violadas por hombres musulmanes. Eso avivó la violencia contra la comunidad rohinyá, una minoría musulmana en Birmania, y sirvió para que el ejército reuniera el apoyo de vastos sectores de la población.

El papel de las redes sociales no puede subestimarse. Facebook, Twitter, Instagram, Line, WhatsApp y WeChat son las más populares en la región, pero su potencial inicial de promover la libertad de expresión empezó a deteriorarse.

“Hace unos años, las redes sociales eran paraísos para los activistas. Pero en la actualidad, las compañías cooperan demasiado con regímenes autocráticos”, se lamentó Legaspi. “No hacen nada para proteger a sus usuarios”, subrayó.

Manipulación electoral

Varios países organizan elecciones este año. La forma en que los gobiernos de la región hagan frente a los momentos de tensión determinará la evolución de la libertad en Internet.

Camboya tiene elecciones sin oposición; y la votación en Malasia está muy manipulada, así que no hay que esperar noticias positivas por ahí.

En Indonesia, las elecciones regionales de junio serán la primera prueba desde la campaña de noticias falsas contra el otrora gobernador popular de Yakarta, Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama, condenado por blasfemia y encarcelado.

El creciente conocimiento de quienes están en el poder se usa para aumentar su riqueza cuando llegan las elecciones. Algunos ya controlan Internet y silencian a los activistas, un triste desenlace en una región que hace poco parecía lograr avances hacia el logro de mayores libertades.

Traducido por Verónica Firme

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América Latina pone el foco en atacar bolsones de pobreza rural

Ven, 16/02/2018 - 19:57

El representante regional de la FAO, Julio Berdegué, y la representante adjunta, Ewe Crowley, durante la presentación de los objetivos de la 35 Conferencia Regional del organismo, que se realizará en Jamaica, en marzo. Crédito: FAORLC

Por Orlando Milesi
SANTIAGO, Feb 16 2018 (IPS)

Identificar los territorios donde la pobreza rural está más enquistada en América Latina y el Caribe para aplicar allí nuevas herramientas y políticas innovadoras de combate al hambre, forma parte de la nueva estrategia que se debatirá en una reunión ministerial que se celebrará a comienzos de marzo.

Lo anunció en la capital chilena Julio Berdegué,  representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),  al explicar los objetivos de la 35 Conferencia Regional del organismo, que se celebrará entre el 5 y el 8 de marzo en Montego Bay, en Jamaica, con la presencia de los ministros y representantes de los 33 países del área.

“Tenemos sobre 43 millones de latinoamericanos y caribeños que todos los días van a dormir con sus estómagos vacíos. Además tenemos una situación epidémica de malnutrición y particularmente de sobrepeso y obesidad”, advirtió el también subdirector general de la FAO.“Para erradicar el hambre y la extrema pobreza, tenemos que lidiar con estos problemas de desigualdad étnica, de género, económica y territorial y esas son palabras mayores”: Julio Berdergué.

La población de la región alcanza a 651 millones, según las proyecciones más actualizadas.

Berdegué dijo que la erradicación del hambre es una tarea inconclusa y calificó de “aterrador” que “cientos de miles de niños sufran hambre”.

La propuesta de ubicar esos territorios prioritarios, que se situarían en un centenar, responde a que el combate al hambre “se hace cada vez más difícil porque estamos llegando al corazón duro del problema, al hambre que se concentra en poblaciones indígenas, rurales remotas, mujeres y personas de la tercera edad”, sostuvo.

“Para erradicar el hambre y la extrema pobreza, tenemos que lidiar con estos problemas de desigualdad étnica, de género, económica y territorial y esas son palabras mayores”, explicó.

Las últimas cifras de FAO indican que la condición de hambre aumentó gravemente en Venezuela, afectando a 1,3 millones de personas. Además el combate al hambre se frenó por la muy alta incidencia de la pobreza extrema en Haití, con 47 por ciento de la población en esa condición, por ejemplo.

A eso se suma los pequeños repuntes de población bajo condición de hambre en Argentina o Perú.

El representante regional alertó también sobre los efectos del cambio climático que amenaza a la agricultura y lamentó que millones de habitantes rurales de la región vivan en extrema pobreza.

La extrema pobreza rural afecta a 46 por ciento de esa población, de la que 25 por ciento viven en la indigencia en “un hecho sorprendente en una región muy rica, con una agricultura muy poderosa”, dijo.

Preguntado por IPS sobre el rol de las  comunidades rurales e indígenas ante estos agudos problemas, Berdegué respondió que “tienen un papel crucial en la seguridad alimentaria”.

“En primer  lugar de sus propios pueblos porque  la persistencia del hambre es muy alta  en las poblaciones indígenas. En muchos países hasta cuadriplica los promedios  nacionales”, detalló.

Por eso, sostuvo, “sin que las comunidades indígenas sean  actores centrales, no hay  forma de resolver el hambre en esos lugares. Esto no se va resolver  trayendo comida en helicópteros”.

“En estas comunidades tenemos  un tema de inequidad de género importante, acceso a la tierra, acceso al poder político al interior de la comunidades,  a la participación y eso es un tema sensible porque hay normas, usos, costumbres propias de estos pueblos”, planteó.

A juicio de Berdegué, “el empoderamiento de la mujer indígena es parte de la agenda en la lucha contra la pobreza rural y el hambre en las comunidades indígenas¨.

La Conferencia en Jamaica debatirá también el sobrepeso que afecta a la mitad de la población regional y la obesidad que padecen unos 90 millones, en todos los países y en todos los sectores.

Según estimaciones de la FAO, en 26 países de la región las enfermedades asociadas a la obesidad son responsables por 300.000 muertes cada año, comparado con 166.000 personas muertas por homicidios.

En el combate a la obesidad y al sobrepreso juegan un rol protagónico los 15 millones de agricultores familiares y campesinos de la región que producen verduras frescas y alimentos  tradicionales que contribuyen a una dieta más sana, saludable  y diversificada.

Otro tema crucial en la 35 Conferencia será  la conservación de los recursos naturales calificados por el representante regional como “fundamentales para una vida sana y para la supervivencia nuestra y de todas las demás especies del planeta”.

Berdegué pidió debatir “cómo  seguimos haciendo agricultura, cómo las poblaciones rurales siguen  viviendo  en el campo en esta era del cambio climático y cómo establecemos sistemas de  prevención y de gestión de los riesgos más eficaces en un momento en que estos riesgos y amenazas se hacen mucho más intensos”.

“Hay una preocupación en la población, especialistas y gobiernos, porque no podemos  seguir teniendo una agricultura que consuma  70 por ciento del agua fresca. Ya no es tolerable decir que producimos más alimentos pero sobre la base de meterse con los bosques tropicales. Ya no se tolera una agricultura muy intensiva en el uso de fertilizantes que terminan en los ríos causando contaminación”, subrayó.

Por su parte Eve Crowley, secretaria de la Conferencia Regional y representante regional adjunta de la FAO,  indicó que en Jamaica se analizará el problema de la migración que afecta a miles que escapan debido a la violencia, la falta de oportunidades,  la pobreza y los riesgos ambientales.

“Queremos que la migración sea siempre una opción  y no una necesidad”, dijo.

Crowley resaltó, asimismo, el tema del conflicto indicando que “las sociedades con conflicto e inestabilidad política tienen más mayor niveles de hambre que las sociedades sin conflicto”.

“Cuando bajan el conflicto, baja la inseguridad alimentaria. Cuando los precios de alimentación suben, como en la crisis del 2008, había un aumento en las manifestaciones y en la inestabilidad políticas”, sostuvo.

En los primeros años del siglo, América Latina y el Caribe avanzó significativamente en el combate al hambre y fue la primera región del mundo en alcanzar para 2015 el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, al de reducir a la mitad la proporción de personas que sufrían hambre, con base en los niveles de 1990-1992.

Según Berdegué, “en lo que es hambre y reducción de la pobreza, América Latina y el Caribe han hecho bien la tarea… el problema es que hemos ido perdiendo velocidad”.

“Veníamos  avanzando muy aceleradamente y el mundo miraba que esta región lo está haciendo bien…miraban nuestras políticas públicas.  Pero en los últimos años esta gran velocidad la hemos perdido.  Lo que queremos debatir con los países es cómo volvemos  a poner el pie en el acelerador”, explicó.

Hemos ido mejorando nuestra capacidad de erradicar el hambre.  Hoy día tenemos instrumentos  y herramientas que  hace 15 o 20 años no nos las imaginábamos.  El problema se mantiene,  pero las respuestas específicas a los problemas han ido variando y yo diría que  han ido mejorando”, concluyó.

De seguir así, pareciera que la meta que se autoimpuso la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) de conquistar el hambre cero en 2025 se aleja más que acercarse.

La nueva apuesta que pondrá ahora sobre la mesa la FAO en Jamaica a los 33 gobiernos de la región, será que la lucha contra el hambre concentre la mirada en los bolsones rurales donde la pobreza extrema es más dura y persistente.

Editado por Estrella Gutiérrez

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La equidad de género se logra pasando de la promesa a la acción

Ven, 16/02/2018 - 17:13

Manifestantes protestan afuera del Cliba de la Prensa de Lahore, capital de la provincia de Punyab, en Pakistán el 12 de julio de 2016 en relcamo de justicia para las víctimas de violencia sexual. Crédit: Irfan Ahmed/IPS.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Feb 16 2018 (IPS)

La permanente discriminación de género generalizada socava el desarrollo sostenible e impide que las comunidades y los países desplieguen todo su potencial, poniendo en riesgo la concreción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En un nuevo e innovador informe, ONU Mujeres analiza, a través del lente de género, el avance hacia el cumplimiento de los ODS, adoptados en septiembre de 2015.

El ODS cinco subraya especialmente la necesidad de lograr la equidad de género, pero el informe señala una tendencia preocupante en la implementación de los objetivos e invita a la comunidad internacional a acelerar sus esfuerzos hacia el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible.

“A menos que se acelere (el avance hacia) la equidad de género, la comunidad mundial no logrará los ODS”, alertó la autora del documento Ginette Azona, especialista de Investigación y Datos de ONU Mujeres.

Una de cada cinco dijeron #MeToo (Yo también)

Entre los asuntos en que se concentra el informe, se destaca la violencia y el acoso sexual.

ONU Mujeres concluyó que aproximadamente una de cada cinco mujeres y niñas entre 15 y 49 años sufrieron violencia física y/o sexual de parte de una pareja en los últimos 12 meses, previos a realizada la consulta, en todo el mundo.

Sin embargo, 49 países todavía no tienen leyes que protejan a la población femenina de ese tipo de violencia.

El asunto saltó a la luz pública en los últimos meses porque millones de mujeres se unieron a la campaña #MeToo (Yo también) en las redes sociales que busca denunciar la magnitud del acoso y otras formas de violencia que sufren a diario en todo el mundo.

Originalmente, el movimiento #MeToo surgió hace 10 años de la mano de la activista Tarana Burke; este último impulso inspiró a muchas mujeres a contar sus historias, incluso a actrices y otras personas conocidas públicamente.

“El movimiento de mujeres trabaja desde hace años para generar conciencia sobre las diferentes formas de violencia y abuso que sufren mujeres y niñas”, dijo Azona a IPS. “Este último impulso es una inyección de energía bienvenida para un área importante, pero a menudo desatendida”, explicó Azona.

La renovada atención ayudará a promover numerosos ODS como el acceso seguro a espacios públicos, añadió.

Factores múltiples

ONU Mujeres se concentró particularmente en los datos sobre pobreza, que revelan una brecha permanente entre hombres y mujeres.

En 89 países, 4,4 millones mujeres más que hombres viven con menos de 1,90 dólares al día.

Eso se debe a la desproporcionada carga de cuidados y trabajo doméstico no remunerado que recae en la población femenina, en especial durante sus años fértiles.

La pobreza no está aislada en la vida de las mujeres y las niñas, pues diferentes dimensiones de bienestar, privación y hasta de identidad racial suelen entrecruzarse.

Por ejemplo, una niña nacida en un hogar pobre tiene más probabilidades de tener un matrimonio precoz y, por ende, de abandonar la escuela, tener hijos muy joven, sufrir complicaciones durante el parto y soportar violencia, que una niña de un hogar de mayores ingresos.

“Es el cruzamiento de las cuestiones de género con otras formas de discriminación lo que deja a mujeres y niñas de sectores pobres y marginados más rezagadas”, explicó Azona.

En Estados Unidos, por ejemplo, el origen étnico y los ingresos están profundamente interrelacionados.

ONU Mujeres concluyó que mujeres negras, hispanas e indígenas, incluso de Alaska tienen más probabilidades de vivir en la pobreza. Hay más mujeres negras pobres, casi 24 por ciento, que cualquiera de los otros sectores.

Las mujeres que se encuentran en el quintil de ingresos más bajo tienen menos probabilidades de encontrar un empleo y, por ello, carecen de acceso a seguros de salud.

Las privaciones que sufren las mujeres atraviesan los 17 ODS, por lo que el informe de ONU Mujeres subraya la necesidad de lograr avances en todos los objetivos, no solo en el de lograr la equidad de género.

“Los avances en algunos frentes podrían verse socavados por retrocesos y por estancamiento en otros, y pueden perderse posibles sinergias si los enfoques aislados de implementación prevalecen sobre estrategias integradas y multisectoriales”, señalan.

Entre las recomendaciones para la acción, el informe señala que los gobiernos creen e implementen políticas integradas.

Por ejemplo, ofrecer atención gratuita y universal para niñas y niños les permitiría acceder a un empleo y a mejores ingresos, además de mejorar la salud y el bienestar familiar.

La atención médica infantil universal también puede contribuir a generar nuevos puestos de trabajo e ingresos.

Azona también subrayó la necesidad de contar con espacios para un debate democrático a fin de que los gobiernos se hagan responsables de sus promesas, incluso con la participación sostenida de las organizaciones femeninas.

“Hacer frente a la violencia y a la desigualdad, después de todo, es clave para lograr una estabilidad social y política mayor”, añadió.

Traducido por Verónica Firme

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El artículo La equidad de género se logra pasando de la promesa a la acción fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Los problemas ambientales fuera del debate electoral en El Salvador

Xov, 15/02/2018 - 21:35

El juez Samuel Lizama, titular del Juzgado Ambiental de San Salvador, confirma durante una inspección la tala y quema de árboles para expandir el cultivo de caña en la cooperativa Santo Tomás, en El Chagüitón, parte del municipio de San Luis Talpa, en el central departamento salvadoreño de La Paz. Crédito: Edgardo Salazar/IPS

Por Edgardo Ayala
SAN SALVADOR, Feb 15 2018 (IPS)

Los agudos problemas ambientales que enfrenta El Salvador están ausentes en la presente campaña electoral, a pesar de que la gente sí está preocupada por la contaminación y los impactos del cambio climático en los ecosistemas.

Algunos partidos sí incluyen en su oferta electoral propuestas en torno a la protección de los recursos naturales, pero el tema pasa desapercibido en el debate en los medios de comunicación y en los mítines públicos de la campaña para los comicios legislativos y municipales que se celebrarán en el país el 4 de marzo.

“Es irónico que en un país cuyo futuro depende tanto de los recursos naturales, especialmente el agua, los candidatos a diputados tengan tan poco interés en discutir soluciones”, señaló a IPS el investigador Andrés McKinley, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).“Es irónico que en un país cuyo futuro depende tanto de los recursos naturales, especialmente el agua, los candidatos a diputados tengan tan poco interés en discutir soluciones”: Andrés McKinley.

El experto agregó que, aunque hay otros asuntos urgentes que atender como país, como la inseguridad o el desempleo, el del ambiente es el tema más estratégico para El Salvador, porque tiene que ver con su viabilidad económica y social.

En los comicios,  5,1 millones de salvadoreños están convocados por el Tribunal Supremo Electoral para acudir a las urnas y elegir a los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, así como a los alcaldes de los 262 pueblos y ciudades de este país centroamericano, de 6,5 millones de habitantes.

Desde el 3 de enero, cuando comenzó la campaña, los ocho partidos en contienda, entre ellos las dos principales fuerzas políticas – el gobernante e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena)-,  mantienen sus maquinarias electorales a todo vapor.

Eso aunque el electorado aparece cada vez menos entusiasmado por las promesas de campaña, en parte según los expertos porque no atienden intereses especiales para la población.

Solo poco más de 30 por ciento de la población tiene mucho interés en acudir a las urnas en los próximos comicios, según revela el sondeo más reciente, realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), publicado el 14 de febrero.

“El tema ambiental no ha sido posicionado en su verdadera dimensión en las plataformas de los candidatos, hay que reconocerlo”, dijo a IPS el candidato Juan José Martel, de Cambio Democrático,  un pequeño partido de centroizquierda, que hasta ahora no tiene presencia en la Asamblea.

El político subrayó que su partido ha incluido algunos temas en su oferta legislativa 2018-2021, entre ellos el principal, una regulación del uso y aprovechamiento del agua, así como impulsar un esfuerzo por enfrentar la vulnerabilidad ambiental, la contaminación y recuperación de los bosques.

La vulnerabilidad del país frente eventos climáticos extremos, favorecidos por la degradación de los suelos,  quedó en evidencia cada vez que esos sucesos han acaecido.

El Salvador tiene la densidad poblacional más alta en el hemisferio (342 habitantes por kilómetro) y un territorio altamente deforestado, lo que aumenta el impacto de los eventos climáticos extremos, al poner en riesgo a casi  90 por ciento de la población,  95 por ciento  del territorio nacional y 90 por ciento del producto interno bruto (PIB), subraya un informe del Ministerio de Medio Ambiente de 2017, titulado “Hacia la restauración y la reforestación de ecosistemas y paisajes”.

El agua es uno eje prioritario en el país, pero pocos partidos han insistido en la necesidad de aprobar la Ley General de Aguas, una aspiración ciudadana que se ha venido debatiendo en el parlamento unicameral desde 2006, a partir de varios anteproyectos de ley presentados.

Pero el debate se ha estancado en el punto de la conformación del ente que administrará el recurso hídrico.

Los partidos de derecha, principalmente Arena, pujan por incluir a representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (Anep), lo cual ha sido rechazado de tajo por las organizaciones sociales.

“La gran empresa no quieren reconocer el agua como bien común…. nosotros rechazamos la inclusión de la Anep en la gestión, porque eso es el inicio hacia la privatización de la institución del agua, y si se privatiza el que controla, es solo un paso a la privatización del recurso”, sostuvo McKinley.

Esos intereses empresariales que utilizan agua como materia prima en la actividad productiva es lo que estaría detrás de esa apatía de los candidatos para impulsar regulaciones en el tema del agua, coincidieron el académico y el candidato a diputado.

De acuerdo al estudio Situación de los recursos hídricos en Centroamérica, publicado en marzo por la Asociación Mundial para el Agua (GWP, en inglés), del total de agua disponible en el país, solo 30,6 por ciento va destinado al consumo humano.

Mientras, 70 por ciento se distribuye en riego (50,6 por ciento), industria (3,7 por ciento), generación de energía termoeléctrica (13 por ciento), acuicultura (1,8 por ciento) y hotelería  (0,02 por ciento).

El gobernante FMLN es de los pocos partidos que sí hace referencia directa al tema del agua, al incluir como parte de su campaña un anuncio televisivo que muestra a un niño intentando agarrar un vaso con agua, pero una barrera invisible se lo impide.

La leyenda del spot dice: “en El Salvador siempre decimos que un vaso no se le niega a nadie, mucho menos a un niño, es un derecho humano, pero hay quienes quieren privatizar el agua con ese recurso que nos pertenece a todos”.

Pero el sondeo de Iudop indica que Arena aventaja al El FMLN en 12 puntos  en la intención del voto legislativo y siete puntos en el municipal, lo que dificulta que el tema del agua y otras prioridades ambientales se fortalezcan en la agenda política.

Más allá de los vaticinios, la oferta electoral del FMLN incluye la aprobación de la ley de aguas y, aunque poco difundida, una mayor regulación del uso de pesticidas. Esos productos son ampliamente usados sobre todo en cultivos de caña de azúcar.

El sector azucarero ha sido cuestionado por organizaciones ecologistas tanto por el uso de agroquímicos como por la extracción intensiva de agua del subsuelo para regar los sembradíos.

“No hemos escuchado nada sobre agroquímicos, pero el interés nuestro es ese, que haya modo de regularlos para que no afecten nuestras vidas”, sostuvo a IPS la activista Ana Dolores Rosales, oriunda del caserío Las Monjas, parte del municipio de San Luis Talpa, en el central departamento de La Paz.

Esta comunidad de 800 familias campesinas ha sido afectada por el riego aéreo con pesticidas de un cañaveral de 209 hectáreas que circunda el caserío, pues sus huertos caseros se han secado al ser alcanzados por los químicos, como lo atestiguó IPS durante un viaje a la zona en julio del 2016.

También, algunos pozos se han secado debido al uso intensivo del agua del subsuelo para regar el cultivo.

Mientras, el candidato por el FMLN a la alcaldía del municipio de la Laguna, en el norteño departamento de Chalatenango, Rodolfo Calles, explicó a IPS que desde las municipalidades se puede trabajar con eficacia en la defensa del medioambiente.

“Se puede hacer bastante desde las municipalidades, haya o no ley de agua, por ejemplo”, acotó a IPS.

Parte de su oferta política incluye desarrollar un trabajo de coordinación con otros seis municipios de la zona, aglutinados en la Mancomunidad La Montañona, cuyo eje principal es el de conservar el ecosistema de ese macizo, para salvaguarda el caudal de varios ríos de esa región.

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Artesanas paraguayas innovan productos para ampliar mercados

Xov, 15/02/2018 - 20:20

Participantes en el taller para mejorar sus productos de algodón y desarrollar su marca de la Cooperativa Multiactiva de Producción Artesanal de Ao Po´i, en Yataity, en el centro de Paraguay. Crédito: Ingrid Zabaleta/FAO

Por Corresponsal Fao
YATAITY, Paraguay, Feb 15 2018 (IPS)

Con una mirada hacia el mercado y para valorizar los productos artesanales hechos en algodón, las socias  de la Cooperativa Multiactiva de Yataity, en el centro de Paraguay, recibieron  asistencia técnica con el fin de fortalecer sus capacidades para revitalizar su trabajo y conquistar nuevos mercados para el algodón sostenible.

Durante una semana, las artesanas del algodón participaron en el taller “Mejoramiento del producto y el desarrollo de una identidad de marca” en la Cooperativa Multiactiva de Producción Artesanal de Ao Po´i, una actividad organizada por el Proyecto +Algodón.“rescato el afán que tienen por sostener una tradición manual a través del bordado y el interés de todas las organizaciones a través de la Cooperación Sur-Sur; que las apoyan para fortalecer todas sus capacidades y consoliden su cooperativa”: Juan Pablo Martínez.

La capacitación abordó temas como las nuevas tendencias, patronaje y acabado, programación de colecciones, la definición y diseño de la identidad de marca con el objetivo de desarrollar un producto diferenciado de fácil aceptación en el mercado e instalar capacidades locales sobre el proceso y la modernización de la confección.

Juan Pablo Martínez, diseñador colombiano y consultor del proyecto, expresó que lo principal es que las artesanas puedan incrementar sus ventas desarrollando un producto que esté adaptado a las necesidades del mercado actual.

“Hay una disposición al cambio para lograr un producto más adaptado al mercado por parte de las artesanas. Ellas cuentan con capacidades instaladas para poder crecer de forma organizada y mejorar su calidad de vida”, explicó.

Además, dijo,  “rescato el afán que tienen por sostener una tradición manual a través del bordado y el interés de todas las organizaciones a través de la Cooperación Sur-Sur; que las apoyan para fortalecer todas sus capacidades y consoliden su cooperativa”.

La Cooperativa trabaja con el algodón como materia prima. Actualmente, las personas asociadas, la mayoría mujeres, realizan su labor en los distintos eslabones de la cadena productiva y, además, traspasan sus conocimientos a las siguientes generaciones.

En los últimos años, la Cooperativa ha buscado comercializar en mercados más sostenibles mediante acuerdos justos y positivos.

Según Liliana Escurra, artesana y presidenta de la Cooperativa, el primer paso fue dado para el fortalecimiento de las socias en la cadena de valor del algodón.

Artesanas de distintas edades de la Cooperativa Multiactiva de Producción Artesanal de Ao Po´i, mientras bordan las delicadas telas de algodón en sus bastidores. Crédito: Ingrid Zabaleta/FAO

“El taller les dio la posibilidad de capacitarse en sus propias casas, ellas se encuentran motivadas y poco a poco irán notando el cambio que queremos implementar”, afimó.

Escurra manifestó que la participación de los jóvenes fue fundamental en el proceso: “Necesitamos de ellos, los desafíos son muchos, necesitamos su fuerza y dinamismo”.

De Berlín a Yataity

Para reforzar el apoyo a las artesanas, estudiantes egresados de la maestría en gerencia de la Escuela Europea de Administración y Tecnología (ESMT, en inglés), con sede en Berlín, se  llegaron a Yataity.

Ellos trabajaron en la proyección de una estrategia de innovación de la Cooperativa que incluye planes de marketing, mercadeo y comercialización de la producción de prendas artesanales de Ao Po´i, que en guaraní significa tela fina y cuyos delicados y típicos bordados tienen su epicentro en esta localidad.

“Lo primero que vimos es que las mujeres son muy talentosas, pero carecen del conocimiento de negocios, y es por eso que vinimos aquí con la intención de ayudarlas a mostrar mejor su talento”, afirmó la estudiante Eleni Petropoulou, uno de los llegados desde la capital alemana.

El taller es parte de las acciones desarrolladas en Paraguay por el proyecto +Algodón, una iniciativa de cooperación Sur-Sur, que llevan a cabo por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay, para el   fortalecimiento del sector algodonero.

El proyecto desarrolla diversos temas relacionados con la cadena de valor del algodón, desde la producción hasta la comercialización de productos, apoyando el reposicionamiento del algodón como un producto diferenciado y con valor agregado en mercados locales, regionales e internacionales, contribuyendo al aumento de empleos de calidad e ingresos de agricultoras y agricultores productores de algodón.

Contexto del sector algodonero

Trabajar por la sostenibilidad del sector algodonero de la región latinoamericana requiere trabajar para transformar los contextos de desigualdad y dotar de capacidades de las mujeres rurales para su empoderamiento y participación en justas condiciones en todos los eslabones de la cadena de valor del algodón.

Según el estudio “Mujeres de Algodón: roles de género y participación en las cadenas de valor en Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú”, publicado en el marco del proyecto + Algodón, las mujeres rurales del sector participan a lo largo de toda la cadena de valor del algodón.

Lo hacen principalmente en el eslabón productivo contando actividades como la preparación del terreno, la siembra, el monitoreo de la cosecha así como en la destrucción del rastrojo y en la elaboración y comercialización de artesanías.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO

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Cooperativas de ahorro vitales para pequeños agricultores

Xov, 15/02/2018 - 17:14

El agricultor zambiano Lameck Sibukale muestra su nuevo buey, que compró gracias a las ganancias de su cooperativa de ahorro. Crédito: Friday Phiri/IPS

Por Friday Phiri
LUSAKA, Feb 15 2018 (IPS)

Lameck Sibukale solo sabía ahorrar en pollos, cabras y, más importante aún, vacas, preciado patrimonio cultural del pueblo de habla tonga que vive en el sur de Zambia. Pero no le permitía hacer frente a los vaivenes climáticos

Hasta que una nueva iniciativa le permitió al hombre de 78 años, residente del pueblo de Nachibanga, en el distrito de Pemba, formar parte de un programa de ahorro que renueva la economía local.

“Es una idea fantástica para los que estamos lejos de los bancos, en especial en estos tiempos, cuando necesitamos ahorrar en caso de mala cosecha, lo que se ha vuelto común por la falta de lluvias”, recordó.

Con 200 dólares, Sibukale pudo ahorrar 500 de una cartera de 2.100, que el grupo al que pertenece logró ahorrar en ocho meses.

Siguiendo la idea de club de agricultores, 25 personas formaron un grupo solidario, que se reúne una vez por semana, por quincena o por mes, y busca ahorrar, comprando acciones a un precio estipulado, según las capacidades de sus integrantes.

El dinero se guarda en una caja, cuyas llaves se las quedan dos o tres personas para preservar la transparencia. Para que sea sostenible, los miembros tienen que devolver los préstamos a una tasa de interés mínima acordada.

Hay muchas organizaciones que promueven el ahorro entre las poblaciones campesinas no bancarizadas. El grupo de Sibukale forma parte de una iniciativa de resiliencia rural R4 del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Soluciones integradas para complicaciones climáticas emergentes

“Si cambia el ritmo, deben cambiar los pasos”, reza un proverbio africano, refiriéndose a la necesidad de crear nuevas estrategias para nuevos problemas como el cambio climático.

El recalentamiento planetario supone un riesgo para la alimentación, la nutrición y la seguridad de los ingresos, tres de los elementos clave previstos en los dos primeros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que buscan terminar con la pobreza y el hambre.

El cambio climático llevó a los promotores del desarrollo a buscar enfoques integrados para apuntalar la productividad y la producción, en especial de más de 500 millones de pequeños agricultores, responsables de la mayor parte de la producción de alimentos del mundo.

“R4 es uno de los enfoques orientado a los pequeños agricultores en el que la asistencia alimentaria no es al viejo estilo de entregar comida, sino mediante una variedad de instrumentos, actividades y plataformas que juntos permiten empoderar a los más vulnerables y con inseguridad alimentaria para que accedan a alimentos nutritivos”, explicó Jennifer Bitonde, directora del PMA Zambia.

R4 contempla cuatro estrategias de gestión de riesgo, que combina reducción del riesgo, mediante una gestión mejorada de los recursos, transferencia del riesgo, mediante seguros, asunción de un riesgo prudente, mediante microcréditos, y reservas de riesgo, mediante el ahorro.

Allan Mulando, director de Evaluación de Vulnerabilidad y Gestión del Riesgo de Desastres del PMA Zambia, explicó que la idea es apoyar a los agricultores con varios niveles de protección a lo largo de la cadena de valor, desde la producción hasta el acceso al mercado.

“Además de la agricultura de conservación, de seguros y del microcrédito, se crean grupos de ahorro para reunir recursos económicos y generar un colchón para las necesidades a corto plazo, en especial para hacer frente a impactos como sequías e inundaciones, que causan la pérdida de cosechas”, explicó.

Eso fue exactamente lo que le pasó a Sibukale. En la temporada pasada, perdió uno de sus bueyes, que perjudicó sus tareas de labranza.

“Estoy feliz de haberme unido a este grupo, porque pude ahorrar suficiente para reemplazarlo”, explicó, y señaló con orgullo su nuevo animal.

Apoyando una mejor productividad

Sibukale contó a IPS como pagó la escuela de sus hijos, compró suministros e insumos como fertilizantes, semillas, por ejemplo, que le permitieron incrementar el área donde practica la agricultura de conservación, “lo que no hubiera sido posible sin el dinero ahorrado con el grupo de ahorro”.

Asimismo, Milimo Haluma, integrante del grupo de ahorro Silekwa, del pueblo de mismo nombre, también pudo mejorar la productividad. Antes, le costaba mucho comprar insumo por su cuenta.

“Pero ahora, con los ahorros, puedo comprar insumos a tiempo”, destacó. “Gracias a la compra oportuna, la productividad mejoró. En la temporada pasada produje 3,75 toneladas de maíz en la misma superficie de tierra en la que antes producía 1,5 toneladas”, explicó.

Haluma, cuyo grupo busca apoyo económico exterior para aumentar su cartera, agregó que con el incentivo del seguro climático, es fácil para los agricultores ahorrar lo poco que ganan.

“El seguro nos trae tranquilidad mental para comprar acciones en nuestros grupos de ahorro porque sabemos que estamos cubiertos en caso de malas cosechas por la falta de lluvias”, añadió.

Apoyo global para ampliar los servicios financieros

Gracias a esos avances, el seguro climático y otros servicios financieros que favorecen la adaptación de agricultores al cambio climático se volvieron temas de actualidad entre tomadores de decisión.

Por ejemplo, en la 23 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), la asociación global para ofrecer mayor protección financiera contra los riesgos climáticos, “InsuResilience”, avanzó a una etapa más ambiciosa.

La iniciativa, lanzada en 2015 por el Grupo de los Siete países más poderosos, bajo la presidencia de Alemania, busca ofrecer seguros a más de 400 millones de personas pobres y vulnerables para 2020, así como aumentar la resiliencia de las naciones en desarrollo contra el impacto del cambio climático y los desastres naturales.

La asociación reúne al Grupo de los 20 países en desarrollo y emergentes y a los Veinte países más vulnerables (V20), entre los que están los estados insulares.

Thomas Silberhorn, el secretario parlamentario ante el Ministerio Federal de Desarrollo y Cooperación Económica de Alemania, anunció un apoyo para la nueva asociación global de 125 millones de dólares en el marco de su lanzamiento.

El anuncio siguió al compromiso del gobierno de Gran Bretaña en 2017 de contribuir con unos 42 millones de dólares a través del Centro para la Protección Global de Desastres.

La iniciativa apoya el análisis de datos y riesgos, la asistencia técnica y la construcción de capacidades según las necesidades y las prioridades de los países en términos de soluciones de seguros y servicios financieros para riesgos concretos.

Según Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la CMNUCC, “la nueva y mayor iniciativa ambiciosa representa un ejemplo brillante de lo que puede lograrse cuando gobiernos progresistas, sociedad civil y sector privado se unen con creatividad y determinación para aportar soluciones”.

El último ejemplo de apoyo fue en septiembre de 2017, cuando se entregaron más de 55 millones de dólares a 10 países del Caribe en tan solo 14 días tras el paso de los huracanes Irma y María, que causaron desastres en los países insulares de la región.

En Zambia, InsuResilience respalda a la compañía algodonera NWK Agri-Services, que ofrece seguros climáticos y de vida para pequeños agricultores. En 2015, unos 52.000 productores optaron por ese seguro.

Y tras la gran sequía de 2016, más de 23.000 agricultores se vieron beneficiados gracias al seguro.

Según las lecciones aprendidas del modelo R4, que el PMA lleva adelante en Zambia desde 2014 en formato piloto, el gobierno incorporó para esta temporada el seguro climático a su Programa de Apoyo de Insumos para Agricultores con bonos electrónicos.

El programa también destinó 20 por ciento para insumos destinados a legumbres como forma de fomentar la diversificación de cultivos, una medida de resiliencia que favorece la fertilidad del suelo y mejora los ingresos de los productores.

“También decimos: apoyemos a los agricultores con bonos electrónicos a cultivar más maíz”, señaló la ministra de Agricultura de Zambia, Dora Soliya.

“El gobierno aporta 170 dólares, mientras que el productor aporta 40 dólares. Y por primera vez, este año, 10 dólares de ese monto serán del Seguro Meteorológico”, explicó.

Traducido por Verónica Firme

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Estados Unidos: innovación e inmovilismo

Xov, 15/02/2018 - 14:23

Joaquín Roy

Por Joaquín Roy
MIAMI, Feb 15 2018 (IPS)

Es el país de la paradoja, cimentado sobre la doble columna de la creatividad y la tradición. Los angloamericanos son incapaces de escapar a la gemela sumisión al adanismo de ser los primeros y los últimos en aceptar que el resto del planeta puede ser más original y superarlos en cualquier campo.

Expulsados, transterrados, huidos de Europa, más que de otras regiones del mundo, se niegan admitir que la reconstruida civilización europea, que han desdeñado desde 1776, les pueda superar. A veces, como se le ocurrió al presidente Donald Trump, admitirían de buen grado a noruegos, sobre todo si con ello evitan la arribada de ciudadanos de los “basureros” de la galaxia.

Es inútil. Estados Unidos está en peligro si se empeña tozudamente en mantener mitos que frenan su progreso. Su interpretación idílica de los momentos fundacionales impide darse cuenta de lo mucho que el mundo ha cambiado por la tecnología, los hábitos sociales y las cambiantes leyes, aspectos entre muchos otros a los que la genuina civilización del Mayflower y Ellis Island ha contribuido de forma impresionante.La masacre el 14 de febrero en otra escuela (podía haber sido en un centro comercial, da igual) aburridamente nos recuerda que los dirigentes de Estados Unidos y millones de ciudadanos se autolesionan con daños permanentes. Erróneamente interpretan para su perjuicio ciertas pioneras premisas de sus leyes fundamentales. Confunden épocas y conceptos cobijados bajo una manta de seguridad que se revela brutalmente agujereada.

Pero se empeña en creer que el cambio, sobre todo si implica la admisión de una sutil inferioridad con respecto a Europa, es perjudicial a la supervivencia de sus señas de identidad.

La masacre el 14 de febrero en otra escuela (podía haber sido en un centro comercial, da igual) aburridamente nos recuerda que los dirigentes de Estados Unidos y millones de ciudadanos se autolesionan con daños permanentes. Erróneamente interpretan para su perjuicio ciertas pioneras premisas de sus leyes fundamentales. Confunden épocas y conceptos cobijados bajo una manta de seguridad que se revela brutalmente agujereada.

El llamado “derecho a tener y portar armas” (que no a usarlas a discreción), entronizado en la Segunda Enmienda, tiene su origen en la época en que no había ni fuerzas armadas federales ni los estados primigenios tenían los recursos para mantener la seguridad.

No había unas estructuras que garantizaran el monopolio del ejercicio de la fuerza (y la violencia protectora, si convenía) que es la seña de identidad de ese Estado-Nación que heredó la autoridad de los viejos reinos e imperios.

La perversa creencia que los individuos son policías y conductores de carros de combate en defensa de sus familias y patrimonio, más allá de la sala de estar de sus casas, puede contribuir a una comodidad en que el individuo es sagrado y la sociedad es una alternativa secundaria.

El “excepcionalismo” norteamericano impide aceptar que en otros países no se permita la forja de ejércitos privados y el coleccionismo de armas letales, más allá de las piezas museísticas. Lo contrario sería admitir la superioridad de una Europa a la que se tuvo de rescatar de sus propios pecados en dos ocasiones: los europeos son maestros en tropezar con la misma piedra.

Hay otra matanza, más jóvenes y niños víctimas de un sistema con unas carencias atroces de salud mental, educación, y (¿por qué no?) bien entendida disciplina. Obsérvese que la clave de estos gravísimos repetitivos incidentes está en las carencias de unos planes de salud atenazados por el mismo mito de la superioridad y la animadversión hacia lo que se interpreta (¡horror!) como “socialismo”.

El “sistema” (por llamarlo de alguna manera) de salud de Estados Unidos es un desastre de proporciones colosales. Pero nadie parece capaz de corregirlo, innovarlo o cambiarlo. Es otro resultado de la supervivencia de los mitos fundacionales.

Los beneficiados de este caos de salud son diversos. Destacan las compañías de seguros privadas que ofrecen la cobertura a los usuarios, que pueden pagar las cuotas.

Les siguen los fabricantes de medicinas que aducen necesidad de recuperar los costes de investigación (frecuentemente con fondos públicos). Luego están los médicos que deben pagar las deudas incurridas en la obtención de sus licencias en universidades privadas.

Y finalmente destacan los políticos que juegan en el bando de oposición a la medicina y salud pública, universal y gratuita, bajo la reclamación de que esta modalidad es una variante del “socialismo”, palabra que se pronuncia con acento “comunista”.

Los perdedores son los millones de desheredados que no pueden acceder a puestos de trabajo con cobertura obligatoria y compartida en financiación. Los peor perjudicados son los desempleados que se deben acoger, temporalmente, a la beneficencia pública o a la caridad.

Pero están los que arriesgadamente van por la libre hasta que una cirugía les deja sin casa y herencia. Y cuando alguien, como el expresidente Barack Obama, intenta una modificación del caos, se le crucifica y se convierte en objetivo fundamental de aniquilación.

Cuando se pregunta por qué miles de europeos están dispuestos a aceptar estas soluciones “socialistas”, en muchos de los países de mayores índices de desarrollo, igualdad, educación, baja criminalidad, razonable natalidad y expectativa de vida, la respuesta es simple: porque asumen pagar altos impuestos.

Son los mismos norteamericanos los que pagan los mismos altas contribuciones, y que tragan sin rechistar que la educación primaria y secundaria siga siendo pública, universal y gratuita –una modalidad “socialista”.

Pero no están dispuestos a hacer lo propio con la salud, tan derecho fundamental como la vida, la libertad y… la búsqueda de la felicidad, como reza el “motto jeffersoniano”. Y así hasta el siguiente asesinato grupal, cometido por un demente, carente de una básica cobertura de salud, armado hasta los dientes, protegido por la enmienda constitucional que le permite “tener y portar armas”.

Joaquín Roy es catedrático Jean Monnet y director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami. jroy@miami.edu 

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Dudas y temores de los cubanos ante la unificación monetaria

Mér, 14/02/2018 - 22:33

Un empleado limpia un cartel informativo con las equivalencias de las dos monedas oficiales en Cuba, en el exterior de un establecimiento recaudatorio de divisas en La Habana. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Feb 14 2018 (IPS)

Los días de la convivencia de dos tipos de moneda en los bolsillos de cualquier residente de Cuba están contados. Una de las prioridades de las autoridades para este año es la unificación monetaria, tal vez la medida más compleja a afrontar dentro de las reformas económicas iniciadas en 2008.

Mientras especialistas califican de urgente dejar una sola moneda para contribuir al ansiado y esquivo despegue de la economía cubana, personas consultadas por IPS se preguntan cómo se realizará ese proceso y cuál será su impacto en la sociedad, en especial para los grupos más vulnerables de la población, como los jubilados.

“El impacto de esta medida, dependiendo de cómo se establezca, será bien o mal aceptada”, dijo la ingeniera industrial Maricelys Martínez, que vive y trabaja en una empresa estatal en la ciudad de Cienfuegos, a 232 kilómetros al este de La Habana.

Como un paliativo a la profunda crisis que comenzó en 1991 y cuyos efectos persisten hasta hoy, se introdujo en 1993 el peso convertible (CUC, una moneda fuerte equivalente al dólar) que desde entonces circula junto al devaluado peso cubano (CUP).

Las varias tasas cambiarias entre las dos monedas oscilan de uno por uno hasta un CUC por 25 CUP.

La compra de un CUC para las personas naturales a través de bancos y las casas de cambio se sitúa en una tasa fija de 24 pesos cubanos y la venta en 25, mientras que dentro del sector empresarial estatal existen otras tasas.

De ahí el alcance del fin de la dualidad monetaria en cada resquicio de la vida cubana.

“Todo el pueblo está alarmado con esta situación, máxime si cada día se presenta mayor escasez de muchos productos de la canasta básica”, comentó Martínez. “Muchos hogares se sienten desprotegidos ante el alza de los precios, que se ha hecho insostenible e incide directamente en ancianos, madres solteras, etc”, añadió.

La profesional consideró que la unificación monetaria “no es urgente ni tan necesaria mientras no exista estabilidad económica”. No obstante, concluyó que confía en que las autoridades “tomen todas las medidas pertinentes para afectar lo menos posible al pueblo, en beneficio de todos por igual”.

Los focos sobre el fin de la dualidad monetaria se encendieron el 21 de diciembre, cuando el presidente cubano, Raúl Castro, dijo en la última sesión parlamentaria de 2017: “debo reconocer que este asunto nos ha tomado demasiado tiempo y no puede dilatarse más su solución”.

El conductor de un taxi privado de La Habana sostiene un fajo de billetes de los dos tipos de moneda que conviven en Cuba, en busca de dar el vuelto a un cliente por su pago. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Aunque la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria por sí misma no solucionará mágicamente todos los problemas acumulados en la economía cubana, constituye el proceso más determinante para avanzar en la actualización del modelo económico”, indicó el mandatario, sin dar detalles sobre la implementación.

De hecho, más allá de la urgencia que economistas asignan a la medida, se desconoce si Castro pretende dejar este crucial tema resuelto antes de dejar la presidencia en abril, tal como él mismo ha reiterado que hará en diferentes actos públicos, al cumplirse 10 años de mandato.

Si trascendió tras su discurso en el parlamento que un equipo de más de 100 especialistas trabaja para acabar con una dualidad monetaria con varias tasas cambiarias, que ha provocado graves distorsiones a la economía y, peor aún, impide la transparencia en los cálculos de los balances empresariales, las cuentas nacionales y el presupuesto del Estado.

Incluso la Unión Europea, que está relanzando sus relaciones con Cuba con la implementación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación suscrito en 2016, le brindó a La Habana su ayuda en ese sentido, dado que el bloque realizó la transición monetaria más grande del mundo con la circulación del euro en sus 28 países miembros.

“En cuanto al impacto en la sociedad cubana, ahí tengo grandes dudas”, compartió una ingeniera química retirada de la capital. “Creo que va a afectar al sector más pobre de la población, en especial a los jubilados como yo”, estimó la mujer que pidió no dar su nombre.

“El pueblo piensa que la unificación favorecerá especialmente a los que trabajan para el Estado, sean profesionales, técnicos o trabajadores”, dijo el dramaturgo Ulises Rodríguez, que vive en Matanzas, a 87 kilómetros al este de La Habana. “Debe darle valor al trabajo y mejorar el nivel de vida del ciudadano”, consideró.

Para el jubilado Rolando López, se deben tomar otras medidas para lograr el objetivo final, que es “una adecuación razonable entre salarios, precios y ganancias”. Y la bióloga Marta Elena Herrera lamentó: “productos sacados de la tierra que nos vio nacer, debo pagarlos en una moneda que no es con la que a mí me paga el Estado”.

Clientes hacen fila en el exterior de una panadería estatal para adquirir pan, en una calle de la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Cada uno a su manera, los ciudadanos que brindaron su opinión, hablaron de la desigualdad social que expresa la doble moneda.

El CUC está en manos de quienes reciben remesas del exterior, tienen empleos en compañías extranjeras y el sector privado. Mientras el CUP es la moneda de pago del Estado, el principal empleador, que entrega un salario mensual promedio equivalente a 30 dólares.

Investigadores observan un “aumento de la pobreza y desigualdad”, que se acentúa en grupos con desventajas históricas como las mujeres, personas no blancas, de la tercera edad y la zona oriental del país, con los más bajos niveles de desarrollo.

También resaltan que el coeficiente Gini, un indicador de la desigualdad en los ingresos donde cero es la perfecta igualdad y uno la perfecta desigualdad, aumentó de 0,24 en 1984,  a 0,40 en 2013, a partir de las pocas cifras de dominio público.

“El impacto social pudiera venir no tanto del regreso a una sola moneda (el CUP) sino de una unificación de las tasas de cambio que estaría acompañada de una devaluación del CUP”, explicó a IPS el economista cubano Pedro Monreal, que actualmente reside en Jamaica y es autor del blog “El Estado como tal”, sobre economía de este país.

Monreal especificó que, “cuando se ponga fin a la ficción actual de una tasa oficial en la que el CUP equivale a un dólar estadounidense, automáticamente se incrementará el valor en pesos cubanos de cada producto importado”, en un país que importa  hasta 70 por ciento de los alimentos que consumen sus 11,2 millones de habitantes.

“Ese es un daño potencial que no se produce automáticamente”, subrayó, por eso “no puede anticiparse lo que ocurrirá exactamente”.

“Existen mecanismos de compensación que dependerían de una combinación de voluntad política y de la disponibilidad de medios para intervenir en el mercado y poder contener el alza de precios”, esclareció el también académico.

“Es evidente la prioridad política que le concede el gobierno cubano a preservar el bienestar social”, sostuvo. “Sin embargo, en el plano de los medios disponibles, la cuestión es menos clara y existen discrepancias entre los especialistas”, alertó y mencionó alternativas como subsidios y redistribución de ingresos en divisas.

Cuba atraviesa una dura situación económica desde 2016, provocada por el hundimiento económico de Venezuela, que fue su principal socio comercial y abastecedor de crudo a precios preferenciales, además de problemas internos como baja productividad y el embate en septiembre de 2017 del huracán Irma.

El 22 de octubre de 2013, el gobierno informó sobre el inicio de un cronograma para realizar en un plazo sin precisar la unificación monetaria y cambiaria.

Editado por Estrella Gutiérrez

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Redes sociales juegan su papel en la violencia étnica de Etiopía

Mér, 14/02/2018 - 17:14

Desplazados somalíes en un campamento a las afueras de la ciudad de Dire Dawa, en el este de Etiopía. Crédito: James Jeffrey/IPS.

Por James Jeffrey
ADÍS ABEBA, Feb 14 2018 (IPS)

En Etiopía, las redes sociales son un arma de doble filo, capaces de llenar una necesidad acuciante de mayor información, pero también de incidir en un contexto delicado que podría derivar en un desastre mayor.

Sucede que miles de personas siguen desplazadas por la violencia étnica que estalló en septiembre y que dejó entre 200.000 y 400.000 personas sin hogar en las provincias vecinas de Oromía y Somalí.

Tanto las personas desplazadas como las que las ayudan sostienen que se aviva el malestar entre comunidades con fines políticos.“El problema es que muchas de las cosas consideradas chusmerío cuando se escuchan por ahí, cuando se leen en las redes sociales, se dan por hecho”: Lidetu Ayele.

Entre los responsables se encuentran desde personas influyentes del gobierno regional y federal hasta taxistas etíopes en Washington, que tuitean insultos y agravios de carácter étnico desde sus teléfonos celulares.

“El federalismo no es el problema, la gente hace lo que le dicen en las redes sociales”, opinó Abdishakar Adam, viceadministrador somalí de un campamento donde residen somalíes que escaparon de la provincia de Oromía.

Desde 1995, Etiopía aplica un modelo político particular de federalismo según distribución de los grupos étnicos para atender a una población heterogénea, unas 100 millones de personas que hablan más de 80 dialectos.

El modelo sirvió para mantener la estabilidad y generar un enorme crecimiento económico, pero con grandes costos.

Un gobierno autoritario y la falta de libertades civiles mantienen la estabilidad, mientras el crecimiento económico apenas tocó a millones de etíopes pobres, y en cambio benefició a una muy pequeña élite arreglada con el gobierno.

Ese contexto en la llamada República Democrática Federal de Etiopía, considerada una de las economías de mayor crecimiento del mundo, alimenta el resentimiento y las frustraciones.

La situación llegó al punto en que desde que estallaron las protestas por mala gestión del gobernante Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), a fines de 2015, entre el pueblo oromo, el mayor de este país y que concentra a 35 por ciento de la población, los disturbios no se detienen.

La comunidad amhara comenzó también a protestar en 2016, que junto con los oromos representan 65 por ciento de la población.

La duración sin precedentes de las protestas y su alcance hizo que las divisiones étnicas características de este país se volvieran más frágiles y susceptibles.

“El problema es que muchas de las cosas consideradas chusmerío cuando se escuchan por ahí, cuando se leen en las redes sociales, se dan por hecho”, indicó Lidetu Ayele, fundador del opositor Partido Democrático de Etiopía.

Las sucesivas olas de emigrantes generadas por las décadas de conflictos en este país crearon una vasta diáspora en el exterior de unas dos millones de personas. La mayor comunidad etíope en el extranjero se encuentra en Estados Unidos, donde viven entre 250.000 y un millón de etíopes.

Esas personas, como era de esperar, siguen los acontecimientos en su país con suma atención, y reniegan del actual gobierno autoritario, adoptan la televisión satelital y recurren a Internet para incidir en el acontecer político local.

Muchos etíopes huyeron de su país tras sufrir a manos del gobierno autoritario y tienen suficientes razones para que se vaya.

Las protestas se consideran una vía para derribar al gobierno, por lo que crece el movimiento de la diáspora como escritores, blogueros, periodistas y activistas que inciden en los acontecimientos que ocurren en su país.

Con las restricciones a la libertad de prensa y el bloqueo frecuente de Internet, la diáspora activa se convirtió en una fuente de información gracias a sus contactos en el país, que inunda Twitter y Facebook con vídeos y fotografías de las protestas en contra de la versión oficial de los hechos o de la de periodistas extranjeros confundidos por la falta de libre circulación.

“La diáspora no crea las noticias, informa lo que le llega de manifestantes y de organizaciones que operan bajo condiciones duras en Etiopía”, indicó Hassan Hussein, escritor y académico del estado estadounidense de Minnesota.

Oromos desplazados se alojan en un parque industrial a las afueras de la ciudad de Harar, en el este de Etiopía. Crédito: James Jeffrey/IPS

“Si quieren algo es que retorne la calma para sus seres queridos que quedaron allí”, acotó.

Pero hay otro uso de las redes sociales.

Tras los enfrentamientos entre la policía y manifestantes en el festival oromo Irricha, en octubre de 2016, que dejó más de 100 personas ahogadas y aplastadas por la estámpida, las redes sociales se encendieron denunciando que un helicóptero había disparado contra la multitud en pánico y que volaba en círculos lanzando panfletos deseándole a la gente un feliz festival.

Activistas en el extranjero llamaron a mantener “cinco días de rabia”. No queda claro qué efecto pudo tener, pero a la semana siguiente, empresas extranjeras, edificios gubernamentales y centros turísticos fueron blanco de ataques en la región de Oromía. Tras lo cual, el gobierno decretó el estado de emergencia por seis meses.

La medida se extendió y recién en agosto de 2017 se levantó el estado de emergencia. Pero el 12 de septiembre, un enfrentamiento en la oriental ciudad de Aweday, que dejó 40 personas muertas, desató más violencia étnica y desplazamientos masivos.

Jawar Mohammed es un conocido activista oromo y opositor que vive en Estados Unidos y lleva adelante una gran campaña en las redes sociales. Para muchos etíopes es una inspiración, pero para otros, tanto en Etiopía como en el extranjero, es una persona muy peligrosa.

“Viven en una democracia segura y se sienten libres de decir lo que quieran para crear el caos en Etiopía”, opinó Sandy Wade, exrepresentante de la Unión Europea en Adís Abeba durante las manifestaciones.

Los canales satelitales de la diáspora en Estados Unidos, como Oromia Media Network y Ethiopian Satellite Television, tienen información original decente. Pero son férreos opositores del EPRDF, así como sus programas y los artículos que difunden sus seguidores en las redes sociales.

Muchos de ellos son contrarios a los tigriñas por su convicción de que una élite tigriña dirige el EPRDF y es responsable de la corrupción, de las desigualdades y de todos los males del país.

Los tigriñas solo representan seis por ciento de la población del país, pero la mayoría son muy vulnerables en el actual contexto de agitación sectaria.

En medio de la tragedia, la rabia, la intriga, las comunicaciones interrumpidas y las dificultades para viajar, es difícil para los periodistas, diplomáticos extranjeros y el ciudadano etíope promedio comprender qué sucede realmente.

Por lo tanto, las redes sociales ofrecen una ventana para navegar entre el ruido y la confusión. Pero también pueden servir para fines más nefastos, en especial en el marco de la volátil situación de Etiopía, donde hay tanto en juego.

Como ha sucedido en la turbulenta historia de Etiopía, los ciudadanos de a pie, por lo general pobres que apenas subsisten, son quienes soportan las peores consecuencias de las actuales maquinaciones políticas mientras los distintos grupos de interés compiten por el poder, muchos sin mirar el costo humano.

Y Etiopía no es el único caso. Las elites políticas de muchos países africanos parecen especializarse en ese modus operandi. Pero la enorme influencia de la diáspora etíope sí es única y no fue valorada hasta que se hizo demasiado tarde.

Los etíopes se ríen con facilidad, pero también se enojan con la misma facilidad. El resentimiento y el rencor descomunal bulle bajo la superficie del país esperando salir.

Y hay grupos de jóvenes desempleados que no tienen esperanzas ni perspectivas de futuro. Eso ya derivó en conflictos en otros países africanos.

Traducido por Verónica Firme

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Estado legaliza corrupción y carnaval protesta en Brasil

Mér, 14/02/2018 - 00:30

La cabeza del gran ratón que presidió una de las carrozas de la escuela Besa-flor, que el martes 13 de febrero desfiló en el cierre del carnaval de Río de Janeiro y con el que se representó la corrupción que consume los poderes del Estado en Brasil. Crédito: Gabriel Nascimento/Riotur-Fotos Públicas

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Feb 13 2018 (IPS)

“La codicia viste traje y corbata”, “patria amada, donde andarás, sus hijos ya no soportan más”, dice la canción de la escuela de samba Besa-flor que clausuró el desfile de carnaval en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, este martes 13.

“La esperanza sucumbió”, dice también la protesta cantada por la multitud presente. Un ratón gigantesco en una carroza alegórica señala la corrupción. Muchos espectadores bajaron de las tribunas a la pista para incorporarse al desfile a gritar el estribillo.

Fue un carnaval de protestas en Río de Janeiro, con otras escuelas de samba criticando el gobierno del presidente Michel Temer y las injusticias derivadas de la esclavitud negra. Pero también hubo escuelas que, para huir de la deprimente realidad local, escogieron como tema a las lejanas China e India.

Refleja la desilusión que hace algunos años crece en el alma de los brasileños y degeneró en metástasis en las últimas semanas.

A la convicción de que los poderes Ejecutivo y Legislativo actuales son controlados por corruptos, se desnudó ahora que una corrupción legal enferma las instituciones judiciales, incluyendo algunos héroes, que muchos creían ser salvadores de la patria.

El juez Sergio Moro, líder de la operación Lava Jato (autolavado de autos), una investigación que ya ordenó la detención de más de 200 acusados de corrupción y condenó 118 procesados a 1.809 años de cárcel, también cayó en la máquina de triturar reputaciones en que se transformó la vida pública en Brasil.

Se difundió que gana una remuneración adicional de 4.377 reales (1.330 dólares) mensuales, como “auxilio-vivienda”, aunque vive en un inmueble de su propiedad en Curitiba, capital del meridional estado de Paraná.

Compensa la falta de corrección salarial, que debería ser anual, desde 2015, justificó. Pero él recibe el “auxilio” desde octubre de 2014, según el diario Folha de São Paulo. Y le agrega un bono de alimentación por el equivalente a 270 dólares.

El bono de vivienda fue creado en 1972 para beneficiar a jueces y otros funcionarios que trabajan fuera de su ciudad de residencia. La casi totalidad de los jueces lo reciben, desde que, en 2014 el magistrado Luiz Fux, del Supremo Tribunal Federal (STF), extendió el auxilio a todos.

Era una decisión provisional que sigue vigente hasta su ratificación o revocación en sesión plenaria del máximo tribunal.

El escándalo empezó con la revelación, en el diario Folha de São Paulo del 29 de enero, de que el juez Marcelo Bretas, coordinador de la Operación Lava Jato en Río de Janeiro, sumó su “auxilio” al de la esposa, que también es jueza y lo recibe. Y eso pese a que ambos viven en una residencia de su propiedad.

El caso ganó notoriedad porque la Oidoría (defensoría) de la Justicia Federal cuestionó el doble beneficio a la pareja, por ser un privilegio prohibido según una resolución del Consejo Nacional de Justicia, órgano regulador de la actividad judicial.

Bretas, otro héroe popular por encarcelar varios exgobernadores del estado de Río de Janeiro tras investigaciones que revelaron cómo la corrupción local ascendía a los peldaños más altos e involucraba cientos de millones de dólares, dijo haber conquistado “un derecho” recurriendo a la justicia, como debe hacer un juez.

Ante la repercusión negativa, la Asociación de Jueces Federales defendió a Bretas y acusó los medios informativos de promover una campaña para desmoralizar al Poder Judicial. La reacción corporativista fue contundente, otras asociaciones de beneficiarios, como fiscales del Ministerio Público, se alzaron contra las críticas.

La verdad es que la casi totalidad de los jueces y fiscales se beneficia de ese “derecho” y lo considera “legal”, ya que son ellos o sus colegas que deciden sobre la legalidad de todo.

Pero ese autobenificio resulta muy controvertido, por ser una decisión corporativa ajena a la opinión pública o a decisiones que cuenten con el filtro de otro poder del Estado.

El bono de vivienda equivale a cinco salarios mínimos nacionales, en un país donde la mayoría vive con un salario mínimo o poco más, incluso menos en buena parte de la población ocupada, en un país de 208 millones de personas.

El juez del STF Gilmar Mendes vive en “inmueble funcional” en Brasilia, es decir vivienda estadal y destinada a funcionarios provenientes de otras partes del país,  aunque posee una residencia en la capital.

De los 2.203 jueces federales, es decir que actúan en el ámbito nacional, solo 15 por ciento no reciben el “auxilio-vivienda”, según relevamiento del diario O Globo en base a datos del Consejo Nacional de Justicia. Hay quienes lo reciben siendo propietarios no solo la casa donde viven, sino otros inmuebles en la misma ciudad.

Aquellos que rechazaron el privilegio son excepciones y sufren presiones y maltratos de los colegas, según algunos testimonios.

Pero la misma legalidad del beneficio es cuestionada por miembros de la “corporación”. Como formalmente no es sueldo, sino un adicional destinado a costos específicos, sobre él no incide el impuesto sobre la renta ni otros tributos.

Es una forma de burlar las leyes tributarias y el techo salarial que fija la Constitución para los funcionarios públicos, que es lo que ganan los “ministros (magistrados)” del STF, actualmente equivalente a 10.200 dólares mensuales.

Visto desde diversos ángulos se trata de una ganancia indebida y desviada de sus funciones, ya que no se exige comprobación del pago de alquileres y la mayoría no tendría como hacerlo.

La repercusión probablemente forzara el STF a dirimir la cuestión y adoptar reglas para el auxilio habitacional, evitando la mancha de corrupción legal que debilita el Poder Judicial en un momento reconocimiento popular por el combate a la corrupción, pero de tensión por confrontar el mundo político.

Es solo la punta visible de un Estado “patrimonialista”, según definición académica, capturado por intereses privados y corporativos. Los altos sueldos, que favorecen los poderes Judicial y Legislativo, acrecidos de numerosos adicionales y “mayordomías” (ventajas como pasajes aéreos gratis, vehículos y auxiliares a su servicio personal).

La independencia de los poderes de la República sirve de justificación para una autonomía que va del presupuesto a la cantidad de funcionarios para cada parlamentario y juez. En consecuencia los gastos con esos poderes en Brasil están entre los más abultados del mundo.

El Estado representa ascenso social, al pagar mejores sueldos y asegurar estabilidad, ya que despedir un funcionario público solo es posible en caso de grave delito. Además se cuenta con una jubilación privilegiada, con el sueldo integral de los funcionarios activos.

En la desigualdad institucionalizada, se van formando castas con “derechos adquiridos” variados y específicos, ciudadanos de distintas categorías. La consecuencia puede ser el fin de la esperanza y una patria insoportable, como apunta la canción del carnaval.

Editado por Estrella Gutiérrez

El artículo Estado legaliza corrupción y carnaval protesta en Brasil fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.