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El defensor del pueblo abre una investigación sobre vulneración del derecho a la vivienda

Ven, 18/05/2018 - 11:47
Acto de Amnistía Internacional en Callao, Madrid, para denunciar la situación del derecho a la vivienda en España / AI Organizaciones de la sociedad civil aplauden la decisión del Defensor del Pueblo, quien ha abierto una investigación por el incumplimiento por parte del Gobierno de las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de vivienda, a raíz del caso de una familia con dos menores que había solicitado una vivienda social hasta en 13 ocasiones y que finalmente fue desahuciada sin ofrecerle una vivienda alternativa. Tras la condena a España por incumplimiento grave de sus obligaciones en materia de vivienda por parte del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, diversas organizaciones crearon en septiembre de 2017 el Grupo de Monitoreo para el cumplimiento del Dictamen y plantearon  una queja ante el Defensor del Pueblo. Las organizaciones denunciaban así la falta de medidas estatales sobre vulneraciones del derecho a la vivienda, en un contexto social de repunte de los desahucios derivados de alquiler y expulsión del acceso a la vivienda de miles de personas. Tras la queja, el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación considerando que el Gobierno no está prestando la debida consideración al dictamen del Comité ya que en su respuesta al Alto Comisionado de Naciones Unidas no valoró como merecía las recomendaciones. En este sentido, el Defensor del Pueblo dice que “la remisión de una respuesta de un folio parece indicar que no se ha dado a esta cuestión por parte de las autoridades españolas la importancia que este tema merece”. Además también considera que se habría incumplido su obligación de dar a conocer y divulgar la decisión del Comité, puesto que tan solo se publicó en un número del Boletín del Ministerio de Justicia, sin ninguna otra forma de difusión. Como señala el propio Defensor del Pueblo, es necesario también publicar la decisión en el Boletín Oficial del Estado. Para el Grupo de Monitoreo esta obligación va más allá y es necesario que los profesionales de la judicatura reciban formación específica acerca del derecho a la vivienda y sus garantías en relación con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Más informaciónEl 20 de junio de 2017 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, órgano encargado de supervisar el cumplimiento de los estados de las obligaciones incluidas en PIDESC, condenó a España por el grave incumplimiento de sus obligaciones en materia de vivienda. Lo hizo a raíz del  caso de una familia que vivía de alquiler en una habitación en Madrid que había solicitado hasta en 13 ocasiones, desde 1999 a 2011, una vivienda social ante el Instituto de la Vivienda de Madrid atendiendo a sus dificultades económicas. Ninguna fue admitida. El 3 de octubre de 2013, la familia, con dos hijos menores fueron desahuciados después de que la propietaria del piso decidiera no renovarles el contrato de alquiler y el juzgado ordenase el desalojo. Sin otro lugar a donde ir, primero durmieron durante 10 días en un centro de personas sin hogar. Tras ser invitados a marcharse, la familia acabó durmiendo en el coche. Después de estudiar el caso la respuesta del Comité fue clara: el desahucio de esta familia, sin alternativa habitacional, vulnera el derecho a la vivienda reconocido en el PIDESC. La decisión del Comité incluye recomendaciones generales para paliar un problema que se demuestra estructural en España, donde solo en 2017 se han producido 57.996 desahucios. Entre las recomendaciones se encuentran:     La reforma de los procedimientos judiciales para que los jueces sean capaces de valorar las consecuencias personales del lanzamiento,la necesidad de cooperar más y mejor entre los tribunales y los servicios sociales para evitar que nadie se quede en la calle, la obligación de asegurar alternativas habitacionales en caso de desahucio y la creación de un plan nacional comprensivo para garantizar el derecho a la vivienda a personas con escasos recursos. Todas son demandas que las organizaciones que firman este comunicado vienen reclamando a las autoridades españolas desde el inicio de la crisis económica. Las organizaciones firmantes de este comunicado: Amnistía Internacional, Arquitectura Sin Fronteras (ASF), Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), Federación Europea de Asociaciones Nacionales que trabajan con Personas sin hogar – FEANTSA- (representada por Cáritas Española), Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, Observatori DESC, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Sindicato de Inquilinos, han conformado un grupo de monitoreo de la sociedad civil, orientado al cumplimiento por parte del Estado del dictamen.
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Siria: Nueva ley sobre la propiedad castiga a las personas desplazadas y podría obstaculizar la investigación de crímenes de guerra

Ven, 18/05/2018 - 10:08
Una severa ley sobre la propiedad aplicada por el gobierno sirio priva en la práctica de sus hogares y tierras a miles de personas desplazadas por el conflicto que asuela el país y entraña el riesgo de que se destruyan pruebas de los crímenes de guerra que el gobierno ha cometido, así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. Aprobado en 2012, del Decreto Legislativo 66 permite al gobierno sirio demoler zonas de asentamiento informal de Damasco y Damasco Rural para convertirlas en zonas urbanizables, con bloques de viviendas, mercados y espacios públicos. En virtud de la nueva normativa aprobada en la Ley 10 de 2018, una vez que declarada urbanizable una zona, las autoridades deben notificárselo públicamente a los propietarios de viviendas y tierras en ella, que tienen sólo 30 días para presentar la documentación necesaria para reclamar sus propiedades. Con más de 11 millones de personas desplazadas dentro de Siria o refugiadas en otros países, es probable que cumplir este requisito constituya una hazaña casi imposible para muchas de las afectadas por la nueva ley.  Según investigaciones del Consejo Noruego para los Refugiados, apenas una de cada cuatro personas refugiadas sirias tiene consigo los títulos de propiedad de sus bienes. El 21 por ciento afirman que su documentación está destruida. “Si se promulga, esta ley podría utilizarse para poner en práctica un proyecto sobrecogedoramente eficiente de ingeniería social. Miles de personas –principalmente las que están en zonas partidarias de la oposición o han buscado refugio fuera del país– corren el riesgo de perder sus hogares porque sus documentos están destruidos o perdidos. La ley no hace nada para garantizar los derechos de las personas refugiadas o desplazadas que huyeron por temor a perder la vida o a sufrir persecución si regresan a sus hogares”, ha señalado Diana Semaan, investigadora de Amnistía Internacional sobre Siria. Las personas refugiadas y desplazadas por el conflicto en Siria que regresen a sus hogares para reclamar la propiedad serán sometidas a una "limpieza de seguridad" por agentes del gobierno Amnistía Internacional  “Esta ley se presta claramente a ser utilizada indebidamente por un gobierno que ha dado muestra de despiadada determinación a la hora de aplastar a quienes considera que han estado asociados con sus oponentes. El gobierno debe suspender los proyectos urbanísticos hasta que todas las personas, incluidas las  que han sufrido desplazamiento forzado, tengan una auténtica oportunidad de participar significativamente en el proceso. El objetivo ha de consistir en facilitar el retorno voluntario, en condiciones de seguridad y sostenible de las personas desplazadas por el conflicto.”Amnistía Internacional ha determinado que las personas refugiadas y demás personas desplazadas por el conflicto en Siria que regresen a sus hogares para reclamar la propiedad serán sometidas a una “limpieza de seguridad” por agentes del gobierno. Aunque no está claro en qué consistirá este proceso, en el clima actual de inseguridad y comisión incontrolada de violaciones de derechos humanos por las fuerzas de seguridad, es probable que disuada a muchas personas de intentar reclamar sus hogares y sus tierras. Aunque la legislación contiene algunas disposiciones que garantizan el derecho de los propietarios de viviendas de las zonas declaradas urbanizables a solicitar otra vivienda e indemnización económica, no protege los derechos de las personas que vivían en asentamientos informales y cuya residencia muy probablemente no figure en el catastro.Las mujeres cuyos esposos o padres han resultado muertos o están en paradero desconocido encontrarán grandes obstáculos para reclamar sus bienes, pues los títulos de propiedad están normalmente a nombre de familiares varones.  Podrían carecer de la documentación civil oficial necesaria, como el libro de familia o los documentos de prueba del paradero y la suerte de sus familiares varones, que permiten a las mujeres actuar en nombre de los titulares. Ocultación de crímenes de guerraLas personas civiles cuyos hogares ha sido destruidos o dañados y cuyos familiares han resultado muertos o heridos en ataques ilegítimos no reciben ninguna reparación ni indemnización. Además, en algunos casos, la aplicación de la nueva ley sobre la propiedad podría dar lugar a ocultación de pruebas de crímenes de guerra.En el caso de Daraya, localidad de las afueras de Damasco donde Amnistía Internacional ha documentado violaciones del derecho internacional cometidas por el gobierno, incluidos un prolongado asedio y ataques indiscriminados con miles de bombas de barril, con el consiguiente desplazamiento forzado de la población civil que sobrevivió al asedio, la demolición y reconstrucción de la zona son motivo de honda preocupación por el riesgo de destrucción de pruebas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.No hay tampoco disposiciones para ofrecer reparación a los propietarios cuyas viviendas hayan sido saqueadas por las fuerzas de seguridad en las zonas declaradas urbanizables, incluida la localidad de Daraya.“Las futuras investigaciones sobre crímenes de derecho internacional podría verse gravemente menoscabadas como consecuencia de estas nuevas normativas”, ha afirmado Diana Semaan.“Las autoridades deben garantizar que toda persona que haya sido privada arbitraria e ilegítimamente de vivienda, tierras o bienes tiene acceso a medios de reparación, incluida la posibilidad de impugnar las decisiones del gobierno ante un organismo independiente e imparcial.”“Las autoridades deben proporcionar plena reparación a las personas cuyos hogares hayan sido saqueados, expropiados o destruidos ilegítimamente por las fuerzas de seguridad.” Información complementariaEn 2012, el gobierno sirio adoptó el Decreto 66, que permitía a las autoridades “reurbanizar zonas de viviendas no autorizadas y asentamientos informales” en la capital, DamascoLa Ley 10 es una ampliación de ámbito nacional del Decreto 66 por la que se establecieron en la  gobernación de Damasco dos zonas urbanizables que abarcan Daraya, zona que estuvo sitiada por el gobierno sirio y que está deshabitada desde que las fuerzas gubernamentales obligaron a desplazarse a las 4.000 personas que seguían viviendo en ella en 2016.El conflicto, que está ya en su séptimo año, ha causado el desplazamiento de más de seis millones de personas dentro de Siria y de cinco millones que han buscado refugio fuera del país. 
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Maratón mundial de edición de la Wikipedia da a conocer a las mujeres anónimas que defienden los derechos humanos en el mundo

Ven, 18/05/2018 - 00:01
Entusiastas de la Wikipedia de todo el planeta aunarán fuerzas el 19 y el 20 de mayo de 2018 participando en una maratón mundial para dar a conocer a extraordinarias y anónimas defensoras de los derechos humanos que han dedicado su vida a combatir la injusticia. En Valiente:Editar una colaboración entre Amnistía Internacional y Wikimedia (la organización sin ánimo de lucro de Wikipedia), cientos de ciberactivistas de más de 20 países, entre ellos España, entrarán el popular sitio web para subir biografías de defensoras de los derechos humanos. Las defensoras de los derechos humanos son mujeres, en toda su diversidad, que trabajan sobre cualquier cuestión de derechos humanos, y defensores y defensoras de todos los géneros que trabajan sobre los derechos relacionados con el género y la sexualidad. El evento tiene como fin dar visibilidad a la extraordinaria labor de estas mujeres, infrarrepresentadas en las páginas de la Wikipedia. “Hay más de cinco millones y medio de lemas solamente en la versión inglesa de la Wikipedia, sobre los temas más diversos. Sin embargo, menos del 20 por ciento de las biografías son de mujeres y pocas están dedicadas a la importante labor de las personas que defienden los derechos humanos y menos aún a las mujeres defensoras”, afirma Guadalupe Marengo, directora del Programa Global sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Valiente: Editar espera llenar este escandaloso vacío. Estas son las historias de algunas mujeres verdaderamente inspiradoras que han superado enormes obstáculos y lucharon contra una discriminación arraigada en defensa de los derechos humanos. Activistas de todo el mundo ayudarán a llevarlas ante el público mundial al que pertenecen”. La labor de las defensoras de los derechos humanos es muchas veces innovadora en su desafío continuo al poder y a perniciosas normas sociales. Sin embargo, estas mismas normas hacen que a menudo las mujeres se enfrenten a una discriminación mayor que sus homólogos varones. Como personas, se las considera menos valiosas porque son mujeres o personas LGBTI o porque trabajan sobre temas relacionados con el género y la sexualidad. También corren riesgo de sufrir violencia, agresiones sexuales y hostigamiento. La labor de las defensoras de los derechos humanos sigue estando infrarrepresentada y no es reconocida lo suficiente por la sociedad convencional, los responsables políticos y los medios de comunicación. Hay muy poca información pública sobre el increíble trabajo que hacen y la que existe suele estar limitada a plataformas especializadas. Activistas que participan desde Amnistía Internacional España, por ejemplo, se incorporarán, entre otros, los perfiles de Alba Teresa Higuera, defensora colombiana de los derechos humanos y de la mujer; Alba Villanueva, activista española por el derecho a la libertad de expresión; Alejandra Jacinto, abogada española por el derecho a la vivienda; Arantxa Mejías, activista española por el derecho a la vivienda; Ashia Isamil Hussein, activista keniana contra la mutilación genital femenina; La Colectiva, asociación de mujeres colombianas y españolas refugiadas, exiliadas y migradas; y Leonora Castaño, campesina colombiana y defensora de los derechos de la mujer. Según John Lubbock, coordinador de Comunicaciones de Wikimedia Reino Unido: “Trabajar con la comunidad global de Amnistía Internacional es para Wikimedia una oportunidad para llegar a nuevas audiencias y alentarlas a participar en la creación de conocimiento sobre su identidad y su historia, y para asegurarse de que las defensoras de los derechos humanos y quienes defienden los derechos humanos de las mujeres tienen la importancia y el relieve que merecen en Internet”. La Wikipedia recibe 1.400 millones de visitas de dispositivos únicos al mes, pero sólo una fracción de sus usuarios y usuarias edita el contenido. Globalmente, sólo alrededor del 50% de la población tiene acceso a Internet y las personas que editan con más frecuencia la Wikipedia suelen ser varones blancos europeos o norteamericanos. El contenido tiende a reflejar sus intereses, por lo que esta es una oportunidad para fomentar que haya más editores y editoras y más contenidos sobre identidades diferentes para reflejar mejor el mundo en que vivimos. Se espera que tras esta maratón de edición, personas inspiradoras como Alessandra Ramos Makkeda, de Brasil; Maryam Akbari Monfared, de Irán; y Elena Gorolová, de Chequia tengan un lugar en la Wikipedia. Alessandra es una mujer trans y activista LGBTI que ha sufrido toda una serie de discriminaciones. Una y otra vez, ha escuchado las palabras: “aquí no aceptamos a gente como tú”. Incluso se le ha negado un empleo por haber revelado que era trans. Pese a los obstáculos, Alessandra sigue luchando contra la discriminación y promueve debates sobre temas relacionados con las personas transgénero, lesbianas y gays. Maryam es una presa de conciencia. Fue detenida en 2009, sometida a desaparición forzada durante cinco meses, y actualmente cumple una pena de 15 años de prisión tras haber sido declarada culpable de “enemistad con Dios”. Durante su reclusión ha seguido luchando mediante la publicación de cartas abiertas sobre las condiciones penitenciarias para las mujeres. También ha presentado una denuncia formal en la que exige verdad y justicia para varios miles de presos y presas políticos víctimas de ejecución extrajudicial en 1988, entre ellos sus hermanos. Como consecuencia, la han amenazado con prolongar la condena de prisión y se le ha negado atención médica. Elena es otra mujer valiente que merece un lugar en la Wikipedia. La sometieron a esterilización forzada en el hospital justo después de dar a luz a su segundo hijo, intervención a la que no había dado su consentimiento informado. Su experiencia la impulsó a unirse a otras mujeres y a luchar para acabar con esta terrible práctica y con la discriminación de las mujeres romaníes. Bridget Tolley, activista canadiense del movimiento indígena por la justicia para las mujeres, niñas y personas de dos espíritus desaparecidas y asesinadas, dice: “Como el quinto sitio web más visitado del mundo, la Wikipedia ofrece una oportunidad fantástica para llenar el vacío y garantizar que mujeres como yo obtenemos la visibilidad que merecemos. Como mujer algonquina, abuela y bisabuela he sufrido toda mi vida los efectos del colonialismo, el racismo, la explotación económica, el abuso sistémico y el odio a las mujeres, pero que se destaque mi labor de una forma positiva quiere decir que no se puede seguir ignorando nuestras luchas y nuestra resiliencia como mujeres indígenas. No van a silenciarnos”. Las oficinas de Amnistía Internacional de todo el mundo han estado buscando editores y editoras para subir biografías con el fin de añadir los nombres o mejorar los perfiles de cientos de defensoras de los derechos humanos de todo el planeta. Desde Reino Unido a Filipinas, pasando por Nigeria, España, India y Brasil, se harán maratones de edición en países de todas las regiones del mundo. Valiente:Editar es parte de la campaña Valiente de Amnistía Internacional, cuyo objetivo es fortalecer el reconocimiento y la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el mundo.
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Líbano: La represión del Orgullo de Beirut, un “indignante intento de negar los derechos humanos de las personas LGBTI”

Xov, 17/05/2018 - 09:22
La alteración, por parte de las autoridades libanesas, de las actividades planeadas para la Semana del Orgullo de Beirut constituye un indignante intento de negar los derechos humanos de las personas LGBTI. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. Las autoridades cancelaron eventos del programa planeado para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, y detuvieron brevemente al organizador de la Semana del Orgullo de Beirut, Hadi Damien. “La cancelación de los actos del Orgullo de Beirut y la detención de Hadi Damien son un caso flagrante de acoso por parte del Estado. Las autoridades libanesas deben dejar de cancelar eventos de celebración de los derechos de las personas LGBTI, y deben garantizar la libertad de expresión y de reunión de la comunidad LGBTI”, ha manifestado Lynn Maalouf, directora de Investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio. Las autoridades libanesas deben dejar de detener a las personas consideradas LGBTI, retirar los cargos contra las que han sido detenidas y ponerlas en libertad Lynn Maalouf, Amnistía Internacional “Asimismo, las autoridades deben dejar de detener a las personas consideradas LGBTI, y deben retirar los cargos contra las que han sido detenidas en virtud de la draconiana legislación del artículo 534, y ponerlas en libertad. Los y las activistas llevan más de un decenio luchando valerosamente por derogar esta legislación. Confiamos en que los miembros recién elegidos del Parlamento reconozcan esta lucha, y tomen medidas para finalmente derogar la legislación.” “Los derechos de las personas LGBTI son derechos humanos. Criminalizar a las personas por ser quienes son y amar a quien aman es una aberración. Manifestamos nuestra solidaridad con todas las personas afectadas por la Semana del Orgullo de Beirut y con todas las personas detenidas por delitos basados en esta farsa legal.” Pese a la cancelación de la Semana del Orgullo de Beirut, otros activistas y ONG, incluida HELEM, que lleva 12 años organizando campañas para el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, han decidido seguir adelante con sus actividades previstas este año para ese día. Información complementaria Según el programa para el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia de 2018, se suponía que la Semana del Orgullo de Beirut de este año duraría del 12 al 20 de mayo. Sin embargo, el director de la Semana del Orgullo de Beirut, Hadi Damien, fue detenido al atardecer del lunes 14 de mayo tras una serie de quejas formuladas por personas que se oponían a estos actos. Posteriormente, Hadi Damien fue interrogado por, presuntamente, “animar al libertinaje y ofender la moral pública”. Damien fue puesto en libertad la tarde del martes 15 de mayo, después de que las autoridades le pidieran que firmara un compromiso de cancelar el resto de los actos del festival a cambio de su liberación. Las Fuerzas de Seguridad Interna libanesas siguen deteniendo a gente y presentando cargos en virtud del artículo 534 del Código Penal, que normalmente se utiliza para penalizar la homosexualidad. Dicho artículo dispone que “todas las relaciones sexuales que contradigan las leyes de la naturaleza” serán castigadas con penas de hasta un año de prisión y multa de hasta un millón de libras libanesas (aproximadamente 660 dólares estadounidenses).
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Yemen: Nueva e intensa ofensiva desplaza a decenas de miles de civiles de Hudaida

Xov, 17/05/2018 - 00:02
© AI La población civil yemení intenta a duras penas sobrevivir a los intensos ataques terrestres y aéreos de la encarnizada batalla que se libra para arrebatar las gobernaciones costeras occidentales al grupo armado huzí, y lo peor está todavía por llegar, ha advertido Amnistía Internacional tras realizar una investigación de campo en el sur del país. La organización entrevistó a 34 civiles que habían llegado a Adén, desplazados por los enfrentamientos de varias localidades de la gobernación de Hudaida entre enero y principios de mayo. Hablaron de terribles bombardeos con morteros, ataques aéreos, minas terrestres y otros peligros surgidos con la nueva ofensiva con que, apoyadas por tropas terrestres y ayuda aérea de la coalición dirigida por Arabia Saudí, la fuerzas leales al gobierno yemení reconocido internacionalmente intentan derrotar a las fuerza huzíes. “El impacto humano de esta nueva ofensiva militar sobre las zonas costeras del oeste de Yemen se advierte claramente en los angustiosos relatos de las personas civiles desplazadas por el conflicto. Es un vislumbre de lo que podría estar gestándose a una escala mayor si los combates invaden la populosa ciudad portuaria de Hudaida”, ha señalado Rawya Rageh, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis. “Nos preocupa mucho que parezcan estar llevándose a cabo ataques indiscriminados y otras violaciones del derecho internacional humanitario. Todas las partes tienen la obligación de hacer cuanto puedan para proteger a la población civil. Están poniendo en peligro la vida y el sustento de centenares de miles de personas más.” La vida en el campo de batalla Desde que comenzó la ofensiva, en diciembre de 2017, muchas de las personas desplazadas del sur de la gobernación de Hudaida han explicado que pasaban noches enteras sin dormir y angustiosos días sin moverse de sus casas a causa de los bombardeos. Civiles de Zabid, A Yarrahi, Hays y Al Jawjah –localidades situadas a entre 100 y 150 kilómetros de la ciudad y el puerto de Hudaida– contaron a Amnistía Internacional cómo, al igual que muchas personas más, habían huido a Adén, en el sur del país, al intensificarse los combates. Algunas de las personas entrevistadas lloraban al hablar de familiares y seres queridos muertos en el conflicto. Mientras ambos bandos libraban encarnizados combates, toda suerte de municiones, balas y metralla arrasaban las viviendas civiles, y los ataques aéreos de la coalición dirigida por Arabia Saudí mataban y herían también a civiles. “No fuimos por los bombardeos y la guerra a nuestro alrededor. Disparaban morteros por encima de nuestras cabezas. Todos los días moría gente, todos los días veíamos a nuestro alrededor cuerpos que habían saltado por los aíres hechos pedazos. ¿Acaso podemos quedarnos allí? Teníamos que irnos para escapar vivos. No podíamos vivir con ese peligro“, contó a Amnistía Internacional Hassan, pescador de 26 años desplazado del pueblo de Qataba, en Al Jawjah. Incluso tras haber escapado de los combates, algunas personas civiles continuaban recibiendo terribles noticias de seres queridos a los que habían matado o herido en sus localidades. Una mujer de Qataba había conseguido escapar y refugiarse en Fuqum, a las afueras de Adén, pero algunos miembros de su familia no habían tenido tanta suerte. Dijo a Amnistía Internacional que un familiar que se había quedado en Qataba le había dado la noticia de que un sobrino suyo de siete años había muerto el 6 de mayo al caer una granada de mortero u otro proyectil en una tienda donde había ido a comprar comida. El niño y su padre no se habían marchado para huir de los combates porque no tenían medios para pagarse el viaje. El éxodo desde la costa occidental La población civil desplazada describía un éxodo, que se había producido al intensificarse los combates. Según las Naciones Unidas, los enfrentamientos a lo largo de la costa occidental de Yemen han desplazado en los últimos meses a alrededor de 100.000 personas, en su mayoría de la gobernación de Hudaida. La huida había sido costosa. La gran mayoría de las personas con las que Amnistía Internacional habló dijeron que para pagarse el viaje habían tenido que vender bienes de valor, como anillos de boda, títulos de propiedad y ganado. Pagaban para marcharse en autobuses o camiones privados, que les costaban una media de 10.000 riyales (alrededor de 30 dólares estadounidenses al tipo de conversión utilizado en los territorios controlados por los huzíes) por persona, una pequeña fortuna en la economía local, dado que los enfrentamientos han obligado a muchas personas a dejar de trabajar. Había casos de familias grandes que habían pagado hasta 150.000 riyales (480 dólares) para huir. Las carreteras minadas, los puestos de control huzíes y otros peligros del camino habían hecho que, para algunas personas, lo que tenía que haber sido un trayecto por carretera de seis horas por término medio hasta Adén se hubiera convertido en una experiencia horrible de hasta tres días de duración. Algunos autobuses que llevaban a civiles que huían habían saltado por los aíres a causa de minas terrestres y otros explosivos colocados por los huzíes para impedir el avance de las fuerzas del gobierno, y dos personas dijeron que habían visto partes de cuerpos humanos a lo largo del camino. Un campesino entrevistado en un hospital donde estaban atendiendo a su hija en cuidados intensivos contó que, cuando huía con sus ocho hijos y otros familiares en la primera semana de mayo, el vehículo en el que viajaban habían pasado por encima de una mina terrestre que había herido de gravedad a su hija de 13 años y matado a la abuela de su esposa. Las minas terrestres con armas de efecto intrínsecamente indiscriminado y están prohibidas por el derecho internacional. Una mujer dijo que, nada más llegar a Adén, había sufrido un aborto debido, creía, al miedo y el agotamiento del viaje. Una mujer de Qataba de 25 años dijo que estaba tan aterrorizada que fue casi todo el viaje con los ojos tapados y que en el último tramo estuvo más de 13 horas sin dar de mamar a su bebé: “Fue un viaje de verdad difícil. Por Dios que sufrimos. Había cohetes volando por encima de nosotros. Nos paraba alguien y decía que había proyectiles, y luego nos paraba alguien más y decía que había minas terrestres, así que no hacíamos más gritar Estuvimos todo el camino, desde que salimos hasta que llegamos, gritando y llorando. Vimos cuerpos muertos y vimos otros que estaban hechos pedazos. No fuimos sin pensar si sobreviviríamos. Pensábamos que seguramente moriríamos [pero] al final lo que esperábamos era morir de pasar por lo que pasamos.” Había conseguido llevar consigo a sus dos hijas, de nueve meses y cuatro años, pero con el caos de los enfrentamientos había dejado a su madre y a su hijo, de siete años, en Qataba. Varias personas dijeron a Amnistía Internacional que habían intentado salir de la gobernación de Hudaida hasta tres veces antes de conseguirlo por fin. Al parecer, las fuerzas huzíes tachaban a algunas personas de “terroristas” si abandonaban su localidad, y en otros casos las personas entrevistadas dijeron que sabían que los huzíes obligaban a los autobuses llenos de civiles que huían a regresar. Algunas habían estado meses esperando a que los enfrentamientos perdieran intensidad, hasta que a finales de abril o principios de mayo, habían decidido al final marcharse. Una mujer de Hays contó a Amnistía Internacional: “Esperábamos que la guerra terminara, pero no hizo más que ir a peor. Los bombardeos se intensificaron. Se volvieron aleatorios. Las balas caían de todas las maneras ,entre las casas, al azar. Procurábamos esconder a los niños junto a la pared. [...] Escondíamos a mi madre y a los niños debajo de las camas. Los niños lloraban. Ni siquiera de noche podíamos dormir.” Algunas de las personas desplazadas se han esparcido por partes relativamente más seguras de la gobernación de Hudaida. Otras han viajado a distintas gobernaciones del sur, incluidas Adén, Lahj y Abyan, así como hacia el este, a Hadramawt y Mahra, que están al otro lado del país. A falta de campos oficiales para población internamente desplazada, gran parte de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional en Adén han buscado alojamiento provisional en lugares precarios, como edificios en construcción o estructuras semiderruidas que sufrieron graves daños en anteriores combates entre los huzíes y las fuerzas del gobierno librados en Adén en 2015. Hay abundantes recordatorios de ese conflicto anterior, desde edificios demolidos hasta letreros que advierten de la presencia de minas terrestres en la zona Violaciones del derecho internacional en campos de batalla cambiantes Las personas desplazadas en las últimas semanas decían que los campos de batalla cambian constantemente, a medida que las fuerzas del gobierno y huzíes toman el control de las distintas zonas. La población civil atrapada en medio está expuesta a sufrir diversas violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por ambos bandos. Los combatientes huzíes han disparado reiteradamente morteros, que es bien sabido que son armas poco precisas, contra zonas civiles pobladas. Según un hombre de Hays, el 25 de marzo cayó en el patio de un hospital un proyectil de mortero que hirió a su hijo de 13 años y mató a un farmacéutico y a un enfermero. El uso de morteros en las inmediaciones de concentraciones civiles viola la prohibición de los ataques indiscriminados. Las fuerzas huzíes han puesto además en peligro a civiles al destacar tropas y vehículos en barrios civiles. Al parecer, también han minado carreteras e impedido por otros medios la marcha de la población civil, y en otros casos han expulsado a personas de sus hogares en zonas recién arrebatadas al gobierno. Una mujer de Al Yarrahi contó a Amnistía Internacional cómo las fuerzas huzíes habían reclutado a la fuerza a niños y hombres civiles, incluido un hermano suyo de 13 años. Personas supervivientes contaron también que los ataques aéreos de la coalición dirigida por Arabia Saudí habían matado a civiles, lo que les habían hecho temer constantemente por su vida. Civiles desplazados describieron cómo habían resultado muertos tres civiles en dos ataques aéreos ocurridos en Zabid y Al Yarrahi en enero. “Los sectores más vulnerables de la sociedad civil son los que más sufren las consecuencias de esta nueva ofensiva de la guerra de Yemen. Todos los bandos deben cumplir el derecho internacional humanitario, lo que incluye tomar todas las precauciones posibles para reducir al mínimo las víctimas civiles y la destrucción de viviendas e infraestructuras civiles”, ha afirmado Rawya Rageh. “La población civil que huye del terror ha informado de diversas violaciones del derecho internacional humanitario. Instamos a todos los bandos a que hagan cumplir estrictamente el derecho internacional humanitario e impidan que sus fuerzas pongan temerariamente en peligro a la población civil.”
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La nueva estrategia de Twitter para los abusos online

Mér, 16/05/2018 - 15:52
Azmina Dhrodia, investigadora de Amnistía Internacional sobre Tecnología y Derechos Humanos, ha declarado: “Las investigaciones llevadas a cabo recientemente por Amnistía Internacional han demostrado lo dañinos que pueden ser los abusos online contra las mujeres, por lo que resulta alentador ver que Twitter escucha y toma medidas preventivas para ayudar a sus usuarios y usuarias a experimentar una plataforma menos tóxica y más segura”. “Sin embargo, las propuestas no van lo suficientemente lejos. El informe de Amnistía sobre #ToxicTwitter concluyó que cuando los tuits violan las políticas de la propia empresa, los mecanismos de denuncia de Twitter son inadecuados e incoherentes, algo que estas nuevas medidas no abordan. Twitter debe garantizar que también se utiliza debidamente un mecanismo sólido de denuncia para ayudar a erradicar todas las formas de violencia y abusos contra las mujeres en la plataforma. “Vigilaremos de cerca para ver cómo funcionan estas nuevas medidas en la práctica, y si se aplican con transparencia.”
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Personalidades de la literatura y el arte piden a China que libere a la poeta y artista Liu Xia

Mér, 16/05/2018 - 14:00
Liu Xiaobo y su mujer, Liu Xia © Particular Decenas de aclamadas figuras de la literatura, la poesía y el arte han pedido que se levanten todas las restricciones impuestas a la poeta y artista china Liu Xia, sometida a arresto domiciliario ilegal sin cargos desde octubre de 2010.Esta muestra de solidaridad literaria se produce tras conocerse el empeoramiento de la salud de Liu Xia, que ésta reveló en abril en una desgarradora conversación telefónica con su amigo, el escritor exiliado Liao Yiwu.Rita Dove, Paul Auster, JM Coetzee, Khaled Hosseini, Hu Ping y Michael Chabon son algunos de los escritores y escritoras que han leído pasajes de la poesía de Liu Xia como parte de una videocampaña para pedir su libertad.Khaled Hosseini, autor de Cometas en el cielo, dijo: [Apoyo esta campaña en favor de Liu Xia] porque los y las artistas que tienen libertad para hablar deben hacerlo en nombre de aquellos y aquellas cuyas voces se están silenciando”.La campaña celebra algunas de las obras más potentes de Liu Xia al mismo tiempo que pide al gobierno chino que ponga fin a su cruel campaña de represalias contra ella por los llamamientos a favor de la reforma democrática de su difunto esposo, Liu Xiaobo.Durante la conversación telefónica con su amigo el escritor Liao Yiwu, liberado el 2 de mayo, Liu Xia, que sufre depresión, dijo que estaba “dispuesta a morir” bajo arresto domiciliario.Suzanne Nossel, presidenta de PEN America, dijo: “El grito por la libertad de Liu Xia resuena en todo el mundo y refuta la vana afirmación del gobierno chino de que Liu es libre.“Mientras los intentos de permitir que Liu Xia viaje al extranjero para recibir tratamiento médico están estancados, las comunidades literaria y de derechos humanos renuevan y amplifican su llamamiento para que se ponga en libertad a una poeta que no ha sido acusada de ningún delito.“Nos enorgullece estar codo con codo con los compañeros y compañeras literarios de Liu Xia para celebrar su obra y desafiar la implacable campaña del gobierno chino para borrar su voz”.Lisa Tassi, directora de Campañas de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental, dijo: “Los esfuerzos del gobierno chino para silenciar a Liu Xia son vilmente crueles. La poesía de Liu Xia inspira a muchas personas que ahora piden unánimemente su libertad”.Liu Xia está bajo arresto domiciliario ilegal desde que Liu Xiaobo fue galardonado con el premio Nobel de la Paz en 2010. Los agentes de los servicios de seguridad del Estado siguen vigilándola de cerca, y sólo sus amistades más próximas pueden ponerse en contacto con ella por teléfono en contadas ocasiones.También la han sacado de su casa en Pekín y la han sometido a periodos de incomunicación tras la muerte de Liu Xiaobo en julio de 2017. En YouTube aparecen regularmente imágenes no verificadas que la muestran en diversos lugares de Pekín y en la provincia de Yunnan.A pesar de que se sabe que la salud de Liu Xia es precaria y que sufre una depresión grave, se le ha impedido viajar al extranjero para recibir tratamiento.Notas para periodistasLos medios de comunicación pueden descargar los vídeos embargados aquí. Los vídeos se promocionarán en los canales de las redes sociales de los y las artistas, de Amnistía y de Pen America.
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Malasia: La excarcelación del preso de conciencia Anwar Ibrahim, un día memorable para los derechos humanos

Mér, 16/05/2018 - 13:59
Anwar Ibrahim © AI “La excarcelación del veterano líder de la oposición de Malasia y preso de conciencia de Amnistía Internacional Anwar Ibrahim es un momento histórico para los derechos humanos del país”, ha declarado hoy la organización.Anwar, encarcelado dos veces por “sodomía” y cargos de corrupción de motivación política, recibió un indulto real tras la victoria electoral, la semana pasada, de la coalición Pakatan Harapan, dirigida por Mahathir Mohamad. Amnistía Internacional lleva 20 años haciendo campaña sobre el caso de Anwar.“Anwar nunca debió haber sido encarcelado y su liberación, que se produce con mucho retraso, es un paso importante hacia el restablecimiento de la justicia y los derechos humanos en Malasia después de tantos años de persecución política de gobiernos anteriores”, ha dicho Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.“Este momento debería ser un hito para los derechos humanos en el país, pero el nuevo gobierno no debe detenerse aquí, pues debería ser el primero de los muchos cambios positivos que han de llegar”.“El nuevo gobierno debe ahora derogar las leyes represivas que amordazan la libertad de expresión y de reunión y que el gobierno anterior usó implacablemente contra quienes lo criticaban y contra las personas que defendían los derechos humanos”.Dos décadas de persecución políticaLa excarcelación de hoy pone fin al segundo periodo prolongado de prisión de Anwar Ibrahim por sus opiniones políticas.Fue detenido por primera vez en 1998, cuando era viceprimer ministro, tras pedir la reforma política. Destituido de su cargo, fue acusado de corrupción y de cometer actos homosexuales “ilegales”, cargos que siempre negó.Recibió palizas bajo custodia policial y fue declarado culpable de corrupción en 1999 y de “sodomía” en 2000. Permaneció en prisión hasta que, en 2004, se revocó su sentencia condenatoria.La segunda causa por “sodomía” abierta contra Anwar Ibrahim comenzó en 2008. El Tribunal Superior de Malasia lo absolvió de todos los cargos en 2012, pero el Tribunal de Apelación anuló la absolución en marzo de 2014 y lo condenó a cinco años de prisión.El 10 de febrero de 2015, el Tribunal Federal de Malasia, máxima instancia judicial del país, confirmó el fallo del Tribunal de Apelación. La sentencia condenatoria inhabilitó a Anwar Ibrahim para ejercer cargos políticos y presentarse a las elecciones generales de 2018.Ha cumplido más de tres años de su última condena a prisión y debía ser excarcelado en junio, pero el indulto real que Mahathir Mohamad prometió solicitar para él le permitirá ocupar cargos políticos de nuevo. Mahathir se ha comprometido a apartarse y dejar que Anwar ocupe el cargo de primer ministro cuando sea indultado y elegido parlamentario.Los reiterados encarcelamientos de Anwar Ibrahim se produjeron en un contexto de represión de la libertad de expresión y la disensión política pacífica en Malasia.Amnistía Internacional comenzó a hacer campaña sobre el caso de Anwar Ibrahim cuando éste fue detenido por primera vez, en 1998, y desde entonces, la membresía de la organización ha participado en numerosas campañas de envío de cartas para pedir su libertad.Hasta principios de este año, Anwar fue el líder de facto de la oposición en su calidad de jefe de la Pakatan Rakyat (Alianza Popular), coalición de tres partidos de la oposición.Sin embargo, para las elecciones generales de 2018 se alió con Mahathir a fin de derrotar al partido de la coalición Barisan Nasional, de Najib Razak, que llevaba casi seis décadas en el poder.
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Libia: Vergonzosas políticas de la UE propician aumento de detenciones de personas migrantes y refugiadas

Mér, 16/05/2018 - 11:45
Refugiado en Suk Al Jomaa, Trípoli, Libia. 17 abril 2016. © TAHA JAWASHI “El aumento de personas migrantes y refugiadas interceptadas en el mar por las autoridades libias se ha traducido en el traslado de al menos 2.600 personas, solamente en los últimos dos meses, a precarios centros de detención donde están expuestas a sufrir tortura y extorsión”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.La organización mundial de derechos humanos acusa a los gobiernos europeos de complicidad en estos abusos al apoyar activamente a las autoridades libias a la hora de impedir las travesías marítimas y devolver a personas a centros de detención en Libia.“La UE hace la vista gorda ante el sufrimiento causado por sus crueles políticas de inmigración que delegan en Libia el control fronterizo”, afirmó Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.“Cuando los líderes europeos no escatiman esfuerzos para asegurarse de que la Guardia Costera Libia intercepta el mayor número posible de personas, están devolviendo a estas personas migrantes y refugiadas directamente a los centros de detención de Libia, conocidos por los abusos y la tortura. Nadie debería devolver a nadie a Libia”.Hay al menos 7.000 personas migrantes y refugiadas en los centros de detención libios, donde los abusos abundan y la comida y el agua escasean. Esto representa un gran aumento respecto de marzo, cuando había 4.400 personas migrantes y refugiadas detenidas, según las autoridades libias.“La UE debe dejar de recurrir a la Guardia Costera Libia para contener a la gente en Libia y, por el contrario, trabajar para cerrar centros de detención, reasentar a personas refugiadas en Europa y permitir que el ACNUR asista a todas las personas refugiadas que están en Libia”, prosiguió Heba Morayef.Desde finales de 2016, los Estados miembros de la UE —sobre todo Italia— han implementado una serie de medidas para cerrar la ruta migratoria que pasa por Libia y atraviesa el Mediterráneo, incluida la de impulsar la capacidad de la Guardia Costera Libia para interceptar a personas migrantes y refugiadas y devolverlas a Libia.Italia y otros países europeos han proporcionado a la Guardia Costera Libia equipos, incluidas al menos cuatro lanchas motoras, así como formación y otros tipos de apoyo. A principios de 2018, la Guardia Costera Italiana comenzó el traspaso de la coordinación de las operaciones de salvamento en las aguas internacionales próximas a Libia a la Guardia Costera Libia, iniciativa sólo posible gracias al apoyo proporcionado por buques de la Armada italiana y personal estacionado en Libia.Solamente en abril de 2018, la Guardia Costera Libia interceptó a 1.485 mujeres, hombres, niños y niñas en el mar y los trasladó de vuelta a Libia. Las interceptaciones realizadas en mayo elevan el número total de personas afectadas y devueltas a Libia este año a 6.340, según el ACNUR.Una vez interceptadas, las personas refugiadas y migrantes son trasladadas a centros de detención del Departamento de Lucha contra la Migración Ilegal libio, tristemente famosos por mantener a las personas recluidas de forma arbitraria e indefinida y someterlas a violaciones graves de derechos humanos, como reveló Amnistía Internacional en un informe en diciembre de 2017.Las personas migrantes y refugiadas entrevistadas por Amnistía Internacional describieron abusos terribles como torturas, trabajo forzoso, extorsión y homicidios ilegítimos a manos de las autoridades libias, traficantes y grupos armados.A principios de mayo de 2018, Médicos Sin Fronteras emitió un comunicado de prensa que hacía sonar la alarma sobre la situación humanitaria de 800 personas recluidas en condiciones peligrosas de hacinamiento en un centro de detención de la ciudad de Zuwara, en el oeste de Libia. Según la ONG médica, las personas detenidas carecían de acceso a comida o agua y estaban confinadas en espacios tan pequeños que apenas podían tumbarse. “La UE y sus Estados miembros deben replantearse su cooperación con Libia y condicionar todo apoyo a este país, sea económico o de otro tipo, a la plena cooperación de las autoridades libias para respetar los derechos de las personas refugiadas y migrantes en el país. Esto debe comenzar con la liberación de las que están recluidas actualmente en centros de detención y poniendo fin a la detención automática de personas refugiadas y migrantes”, dijo Heba MorayefAdemás, todas las personas migrantes y refugiadas liberadas deben recibir protección y asistencia mientras permanezcan en suelo libio, dijo Amnistía Internacional.Las autoridades libias deben asimismo negociar un memorándum de entendimiento con el ACNUR para reconocer el estatuto de éste en Libia y permitir que lleve a cabo todo su mandato.Los Estados miembros de la UE deben comprometerse también a aumentar la cuota de reasentamiento para garantizar la protección de personas refugiadas que de otro modo quedarían abandonadas en Libia. Información complementariaLos nuevos datos sobre el número de personas migrantes y refugiadas detenidas en Libia indican un cambio preocupante en la tendencia al descenso iniciada tras las evacuaciones humanitarias y retornos dirigidos por la OIM desde octubre de 2017.Solamente este año, la OIM ha evacuado desde Libia a 5.620 personas dentro de su programa de retornos “voluntarios”, que ofrece a las personas recluidas en los centros de detención para migrantes la posibilidad de regresar a su país de origen. Aunque este programa ofrece una salida a muchas personas, podría empujar a personas que necesitan protección internacional a regresar a su país de origen, donde podrían correr el riesgo de sufrir violaciones graves de derechos humanos.
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Israel / TPO: El uso de fuerza excesiva en Gaza, una violación terrible del derecho internacional

Lun, 14/05/2018 - 19:48
AP Photo/Adel Hana En respuesta a los informes según los cuales decenas de personas palestinas han perdido la vida y cientos han resultado heridas como consecuencia de los disparos del ejército israelí durante las protestas que se han llevado a cabo hoy ante la valla que separa Gaza de Israel, Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional, ha afirmado: “Éste es otro ejemplo terrible de cómo el ejército israelí está usando fuerza desproporcionada y munición real de un modo absolutamente deplorable. Es una violación de las normas internacionales, y en algunos casos pudiera tratarse de homicidios deliberados que constituyen crímenes de guerra. Las imágenes de Gaza hoy son terriblemente preocupantes y es fundamental que, mientras la violencia sigue aumentando sin control, las autoridades israelíes controlen a su ejército y eviten que sigan perdiéndose vidas humanas y siga creciendo el número de heridos graves. Ya el mes pasado, Amnistía Internacional pidió a la comunidad internacional que detuviera el envío de armas y material militar a Israel. El aumento del número de personas muertas y heridas hoy sólo sirve para poner de manifiesto la apremiante necesidad de imponer un embargo de armas. Si bien determinados manifestantes pueden haber cometido algún tipo de violencia, ello no justifica el uso de munición real. Según el derecho internacional, las armas de fuego sólo pueden emplearse en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves. Los primeros informes médicos recibidos de Gaza hoy indican que decenas de personas han recibido disparos en la cabeza o en el pecho. El mes pasado, Amnistía Internacional presentó una investigación sobre la Franja de Gaza que demostraba que las fuerzas armadas israelíes estaban matando y mutilando a manifestantes que no representaban ninguna amenaza para ellas.
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Ucrania: El ataque a un evento LGBTI pone de manifiesto la pasividad de la policía ante la violencia de extrema derecha

Ven, 11/05/2018 - 13:59
En respuesta a la interrupción por parte de grupos de extrema derecha de una reunión en defensa de los derechos de las personas LGBTI que organizaba Amnistía Internacional en Kiev la noche del jueves, Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central, ha declarado:"Dada la reiterada inacción de la policía ante tales ataques, no es sorprendente que los miembros de grupos de extrema derecha ucranianos se aprovechen al máximo de su impunidad atacando una y otra vez a personas y grupos cuyas opiniones o identidad les desagradan. Dada la reiterada inacción de la policía ante tales ataques, no es sorprendente que los miembros de grupos de extrema derecha ucranianos se aprovechen al máximo de su impunidad Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central “El que las autoridades de Ucrania toleren tales incidentes —muchos de los cuales han sido violentos y se han saldado con lesiones— y no emprendan acciones judiciales contra sus autores demuestra un vergonzoso menosprecio por los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica.”Información complementariaEl 10 de mayo iba a celebrarse en Underhub, un espacio de trabajo colaborativo de Kiev alquilado para la ocasión, un evento público, “La ofensiva contra los derechos LGBTI como forma de censura: La experiencia rusa”, en el que intervenían representantes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y KyivPride.En el lugar se presentaron más de 20 miembros de grupos de extrema derecha que amenazaron violentamente a los participantes para que se fueran. Uno de los propietarios del centro se unió a su petición y dijo a los organizadores que cancelaran el evento y salieran de las instalaciones.En el incidente había presentes cinco agentes de la policía del distrito de Pechersk, que se negaron a intervenir. Los participantes tuvieron que esperar a la llegada de una patrulla de la policía municipal, más de una hora después, para poder salir del centro en condiciones de seguridad. La reunión no llegó a celebrarse y no se efectuó ninguna detención.En los últimos meses ha habido en Ucrania al menos 30 agresiones de miembros de grupos de extrema derecha contra defensoras de los derechos de las mujeres, activistas LGBTI y de izquierdas y familias romaníes. En la mayoría de los casos los perpetradores actuaron abiertamente y con casi total impunidad, a menudo alardeando de los incidentes en las redes sociales.Sólo en un caso, el de la agresión en el Festival de la Igualdad celebrado en la ciudad de Zaporizhzhya en septiembre de 2017, los agresores fueron detenidos y puestos a disposición judicial.
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El traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén viola el derecho internacional y permite crímenes de guerra

Ven, 11/05/2018 - 13:53
AP Photo/Sebastian Scheiner Ante la inauguración de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, Raed Jarrar, director de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado: “Hoy, cuando el pueblo palestino conmemora la Nakba —el desplazamiento y desposesión de cientos de miles de palestinos hace 70 años de sus viviendas y negocios— e Israel celebra el 70 aniversario de su creación, Estados Unidos ha decidido violar sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional reconociendo de hecho la anexión ilegal de territorio ocupado. “Puede que la Administración de Trump presente este acto como un simple traslado de escritorios de un edificio a otro. Pero en realidad, este acto apoya un crimen de guerra en curso: los asentamientos ilegales y la confiscación de tierras palestinas continuados por parte de Israel. “Este acto de Estados Unidos se produce en medio de la brutal represión por el gobierno israelí de personas palestinas desarmadas en Gaza que protestan contra las insostenibles condiciones de vida y reclaman el derecho a retornar. Amnistía Internacional ha documentado numerosos incidentes que aparentemente constituyen asesinatos deliberados. Los soldados israelíes han utilizado armas —algunas de ellas fabricadas en Estados Unidos y concebidas para causar el máximo daño— contra personas que no representaban una amenaza inminente para ellos. “Estados Unidos, como importante proveedor de equipo y tecnología militares de Israel, incumple sus propias leyes y permite la anexión ilegal por Israel de partes de Jerusalén y la construcción de asentamientos, lo que constituye un crimen de guerra. En lugar de imponer un embargo de armas al gobierno o, como mínimo, de suspender la ayuda militar a las unidades israelíes implicadas en los tiroteos, Estados Unidos sigue suministrando armas y ha permitido que las autoridades israelíes continúen sin rendir cuentas de sus actos. “Más que trasladar su embajada a Jerusalén, Estados Unidos debe imponer un embargo de armas inmediato a Israel, investigar si se utilizaron armas estadounidenses en violación de las leyes nacionales y trabajar con el Consejo de Seguridad de la ONU para remitir la situación de Israel y los Territorios Palestinos Ocupados a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”.
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Níger: Más de un centenar de personas de nacionalidad sudanesa expulsadas a Libia en situación crítica y en peligro de sufrir graves abusos, incluida tortura

Ven, 11/05/2018 - 11:42
ISSOUF SANOGO/AFP/Getty Images Más de un centenar de personas de nacionalidad sudanesa detenidas en Níger están en peligro de sufrir graves abusos, como detención ilegítima en duras condiciones, tortura y otros malos tratos, a menudo con fines de extorsión, tras haber sido devueltas a Libia la semana pasada, ha dicho Amnistía Internacional. El grupo, de unas 145 personas —entre ellas mujeres, niños y niñas— había llegado en avión desde Libia debido a las terribles condiciones que padecían allí, y vivía en un campo de personas desplazadas en la ciudad nigerina de Agadez, donde esperaban pedir asilo. El 2 de mayo, las autoridades de Níger las reunieron, las metieron en camiones y se las llevaron a la frontera con Libia. Las autoridades confirmaron la expulsión, afirmando que se había efectuado porque no se trataba de “personas refugiadas, sino de posibles miembros de grupos armados” en Libia, y por consiguiente eran una amenaza para la seguridad del país.“Al devolver a estas personas a Libia, las autoridades de Níger violan el principio mismo del asilo y la protección de las personas refugiadas", ha declarado Gaetan Mootoo, investigador de Amnistía Internacional sobre África Occidental. "Libia no es un país seguro. Nuestras investigaciones han demostrado que allí las personas migrantes y solicitantes de asilo son víctimas de tortura, detención y extorsión. Las autoridades deben permitir que estas personas vuelvan a Níger, conforme a sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y colaborar con la agencia de la ONU para los refugiados a fin de encontrarles una alternativa segura.”Amnistía Internacional habló en Agadez con un ciudadano sudanés que había conseguido escapar a la expulsión tras ser detenido con el grupo y seguía en contacto telefónico con alguno de sus integrantes. Este hombre, que confirmó que los habían llevado a Libia, contó:“Cuando salimos de la mezquita, al atardecer del 2 de mayo, la policía nos estaba esperando. Nos llevaron a todos a la comisaría de Agadez, donde pasamos la noche. Éramos 145 hombres y cuatro familias con un niño de unos 10 años. Pasamos cuatro noches en la cárcel [...] Nos llevaron a Libia. Yo conseguir escapar. Ayer a las 3 de la madrugada, uno de los expulsados me llamó. Me dijo que ahora están en un lugar de la frontera entre Libia y Níger. Es una zona totalmente desierta y llevan ya cinco días en medio de la nada.”Las autoridades de Níger confirmaron que las personas de nacionalidad sudanesa habían sido enviadas a la frontera con Libia y añadieron que “estas personas no respetaban las leyes y las normas del país” y que “eran una amenaza para la seguridad del país”.Durante los últimos cinco años, miles de personas refugiadas y migrantes han atravesado Níger con destino a Libia y Argelia. A finales de 2017 habían llegado a Agadez unos 2.000 sudaneses. Algunas de estas personas procedían de campos de personas desplazadas de Sudán y de campos de personas refugiadas de Chad, y otras regresaban desde Libia.Otro sudanés que consiguió escaparse y no ser expulsado a Libia dijo a Amnistía Internacional que había ido al país en busca de trabajo, pero que al llegar había sido detenido junto con otras 50 personas, y los habían mantenido en condiciones terribles durante seis meses. El hombre contó:“Me pegaban todos los días, a veces con un palo. Tuve que trabajar la tierra y cavar. Querían dinero y me dijeron que llamara a mi familia. No tenía nadie a quien llamar. A quienes estaban conmigo también les pegaban y algunos murieron a causa de heridas y enfermedades. Al cabo de seis meses me dejaron ir [...]. Desde allí, fui en busca de seguridad, pero no la había en ningún sitio. Encontré un automóvil grande que transportaba mercancías a Níger. Me subí y llegué a Níger, donde estoy desde 2014.”.“Devolver a personas a Libia, donde pueden correr un grave peligro de tortura, sienta un peligroso precedente”, ha declarado Gaetan Mootoo.“Las autoridades de Níger deben asegurarse de que cumplen con su obligación internacional de proteger los derechos de todas las personas refugiadas y migrantes y garantizar que no son explotadas ni víctimas de abusos.”
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Perú: Autoridades están criminalizando personas defensoras de derechos humanos tras anular sentencia absolutoria

Ven, 11/05/2018 - 11:09
Oscar Mollohuanca © Amnesty International/Nataniel Furgang Amnistía Internacional Las autoridades peruanas deben dejar de utilizar el sistema penal de forma indebida para hostigar a personas defensoras de derechos humanos, reiteró Amnistía Internacional hoy después de la decisión de la Corte Superior de Justicia de Ica de anular una sentencia absolutoria e iniciar un nuevo juicio en contra de tres defensores ambientales de la provincia sureña de Espinar, Perú.“La decisión de la Corte Superior de Justicia representa un duro golpe contra quienes defienden derechos humanos en Perú y es una muestra más de cómo las autoridades continúan aplicando la ley penal para hostigar y acallar a defensores ambientales. En lugar de criminalizarlos, las autoridades peruanas deben tomar medidas oportunas y eficaces para protegerlos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.El 8 de mayo, la Primera Sala Penal de Apelaciones y Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Ica anuló la sentencia absolutoria de primera instancia y ordenó iniciar nuevamente el juicio contra los defensores ambientales Oscar Mollohuanca Cruz, Herbert Huamán y Sergio Huamaní por los delitos de atentado contra la seguridad común, entorpecimiento de servicios públicos y disturbios.Las acusaciones de la Fiscalía en contra de los tres defensores de derechos humanos se basaron únicamente en su rol como líderes comunitarios, considerándolos automáticamente organizadores de las manifestaciones y responsables por cualquier daño o delito causado. Esta acusación se contrapone a las normas internacionales de derechos humanos. Los tres fueron absueltos el 17 de julio de 2017 pero la Fiscalía apeló la decisión.Los cargos en su contra se relacionan con su participación en distintas protestas sociales organizadas en mayo de 2012, cuando múltiples personas de Espinar salieron a las calles y se declararon en paro frente a la mina Tintaya, ampliación Antapaccay. Los manifestantes tenían el objetivo de modificar los acuerdos entre la empresa minera y las autoridades  en el tema medioambiental y servicios para la comunidad, entre otros.Durante dicha manifestación, varias personas murieron y muchas más resultaron heridas, según testigos a causa de la intervención policial para dispersar la manifestación. Después de días de manifestaciones, el Presidente de la República declaró un estado de emergencia durante 30 días prohibiendo la realización de nuevas protestas, y varios manifestantes fueron detenidos, acusados de ser responsables de los hechos de violencia.Oscar Mollohuanca Cruz fue arrestado el 30 de mayo de 2012 en el Palacio Municipal, sin orden de detención y sin que fuera informado de los motivos de su detención. Fue traslado a la región norteña de Ica, que se encuentra a dos días de camino por tierra desde Espinar, donde se llevó a cabo el juicio oral. Cinco años después, él, Herbert Huamán y Sergio Huamaní fueron absueltos por falta de pruebas.“El caso de los defensores de Espinar es un claro ejemplo de cómo se aplica la receta para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos relacionados a la tierra y el medio ambiente en Perú. Estos procesos judiciales reflejan la utilización del sistema penal para presentar acusaciones infundadas como una forma de hostigamiento que busca silenciar su trabajo”, dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.En el informe Una receta para Criminalizar: personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú y Paraguay, Amnistía Internacional expresó su preocupación por el uso indebido del sistema de justicia para hostigar y silenciar el trabajo de las personas defensoras del medio ambiente en Perú.La organización reitera su llamado a las autoridades peruanas a abstenerse de utilizar el derecho penal contra los y las defensoras de derechos humanos como una forma de obstaculizar su trabajo; identificar los procesos penales abiertos en su contra donde no haya base para continuarlos, y retirar los cargos cuando no exista fundamento para continuar el proceso penal.Asimismo, la organización insta al Estado a adoptar una política pública integral de protección de las personas defensoras de derechos humanos, según los compromisos internacionales adoptados por el Estado y lo dispuesto en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021.
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Turquía: Se debe permitir celebrar en paz la marcha del Orgullo prohibida

Ven, 11/05/2018 - 10:35
En la víspera de la marcha estudiantil del Orgullo prevista para mañana en la Universidad Politécnica de Oriente Medio, que ha sido anulada por el rector en aplicación de la prohibición general de los actos LGBTI dictada por las autoridades municipales de Ankara, Fotis Filippou, director de Campañas de Amnistía Internacional para Europa ha manifestado: “Durante los últimos siete años, el alumnado de esta universidad ha marchado por su campus en favor de los derechos LGBTI. En lugar de prohibir los actos LGBTI, las autoridades universitarias y municipales deben apoyar y proteger estas marchas. Se debe permitir a los estudiantes celebrar la marcha sin temor a sufrir intimidaciones o violencia” “No es sólo la marcha de esta universidad lo que está en peligro. Este tipo de prohibiciones se utilizan para revertir la tendencia progresista que se venía desarrollando contra la homofobia y la transfobia en Turquía.” Información complementaria Con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia el 17 de marzo, Amnistía Internacional ha pedido al gobernador de Ankara que anule la prohibición general de los actos LGBTI en la ciudad. Las autoridades turcas deben garantizar que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y sus aliados pueden disfrutar de su derecho a la libertad de expresión y de reunión sin miedo a sufrir intimidación o violencia.
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1-O en Cataluña: Fiscalía; entre el desinterés, la obstrucción y la falta de colaboración con investigaciones sobre uso excesivo de la fuerza

Xov, 10/05/2018 - 11:30
©Joan Pau Ferre-Aiguaviva, 1 octubre 2017 Amnistía Internacional constató a través de casos documentados por la organización sobre uso excesivo de la fuerza durante el 1 de Octubre (1-O) por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, tanto de la Policía Nacional (Unidad de Intervención Policial) como de la Guardia Civil, que la Fiscalía está incumpliendo su papel de impulsar las investigaciones para aclarar estos hechos. En un informe presentado hoy: 1-O en Cataluña: Obstáculos para la investigación del uso excesivo de la fuerza, Amnistía Internacional señala que frente a los esfuerzos de varios juzgados por establecer la verdad de lo ocurrido, la Fiscalía está desarrollando acciones tendentes a la descalificación de las denuncias, la obstrucción de  diligencias, e incluso mostrando una falta de interés en el proceso, dificultando el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades judiciales pertinentes. En este sentido, la Fiscalía intentó mostrar la violencia de manifestantes como un elemento clave que debería descartar las investigaciones judiciales sobre uso excesivo de la fuerza, presentando vídeos donde se muestra participación de manifestantes en incidentes con las fuerzas de seguridad.Igualmente, la Fiscalía se opuso a que el Juzgado de Instrucción número J17 ofreciese a personas lesionadas poder personarse en el procedimiento, asegurando que debido al carácter leve de las lesiones no cabría investigar de oficio dichos hechos, a menos que la persona afectada formulase denuncia. En este sentido, la Fiscalía instó a que sólo se hiciese este ofrecimiento a aquellas personas lesionadas, que,  sin haber denunciado, hubiesen tenido que recibir tratamiento médico o quirúrgico, pero en ningún caso a aquéllas que únicamente hubiesen precisado una única asistencia facultativa.“Si a esta actitud preocupante de la Fiscalía se añade la falta de investigaciones internas por parte  del Ministerio de Interior en relación a los abusos cometidos el primero de octubre, y sus declaraciones exculpatorias de responsabilidad de los agentes en relación con el uso excesivo de la fuerza, la rendición de cuentas por lo ocurrido y el esclarecimiento de los hechos se ponen en riesgo”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.   Hay abiertas investigaciones en ocho juzgados catalanes que están investigando algunas de estas denuncias. Amnistía Internacional está dando un especial seguimiento a las diligencias que investigan los tres casos documentados por la organización en concreto, las llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción nº7 de Barcelona, sobre 257 denuncias (entre ellas los casos de Roger Español y Alejandra Rayas), y la realizada por el Juzgado de Instrucción nº2 de Girona, que acumula 200 denuncias, (entre ellas las relativas a los incidentes de Aiguaviva).Uso excesivo de la fuerza durante el 1-OSi bien las fuerzas de seguridad actuaron con el objetivo de cumplir la orden legitima del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ordenaba impedir la celebración de dicho referéndum, sin embargo, Amnistía Internacional pudo comprobar que los agentes hicieron uso peligroso e inadecuado de material antidisturbios, entre ellos, proyectiles de impacto cinético como pelotas de goma, cartuchos de fogueo o sustancias químicas irritantes. Las pelotas de goma que se están utilizando en España deberían prohibirse por ser altamente imprecisas Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional Desde hace años, Amnistía Internacional viene mostrando su preocupación por el uso de este material antidisturbios en partes de España que aunque no está diseñado para ser letal es muy impreciso, por lo que en la práctica puede causar lesiones graves e incluso la muerte si se utiliza en distancias cortas. “Las pelotas de goma que se están utilizando en España deberían ser prohibidas por ser altamente imprecisas y no contar con protocolos para su uso acordes con los estándares internacionales, que prohíben, entre otras cosas, que puedan utilizarse para dispersar a una multitud”, señaló Esteban Beltrán.Amnistía Internacional documentó el caso de Roger Español, que perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma disparada por la Policía Nacional en el cruce de la Calle Sardanya con calle Diputació, en Barcelona. Otro caso investigado por la organización sobre uso excesivo de la fuerza con uso inadecuado de sustancias químicas irritantes en la localidad de Aiguaviva, Girona, donde un agente de la Guardia Civil usó un espray de mano directamente contra personas que se resistían de forma pasiva y pacífica a la operación policial destinada a decomisar las urnas electorales. También constató el uso de fuerza excesiva contra personas que querían votar en el referéndum y que no representaban ninguna amenaza para los agentes. Es el caso de Alejandra Rayas que esperaba pacíficamente para votar delante de la Escuela Mediterrània, en Barcelona, cuando un agente de la Policía Nacional la golpeó en la cara y el cuello sin razón aparente.Por otra parte, la actuación de las fuerzas de seguridad en ocasiones fue claramente obstaculizada. Según datos del Ministerio de Interior, a 9 de marzo de 2018, 58 agentes de la Policía Nacional y 37 agentes de la Guardia Civil habrían resultado heridos como consecuencia de esos impedimentos. Amnistía Internacional ha podido visionar imágenes que muestran algunas actitudes violentas por parte de manifestantes contra agentes, como por ejemplo, lo ocurrido en el centro de votación de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), donde un miembro de la Guardia Civil resultó herido después de que le lanzasen una silla. Peticiones de Amnistía InternacionalLas autoridades deben adoptar medidas para garantizar que se realizan investigaciones efectivas sobre los casos de uso excesivo de la fuerza así como asegurar que las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía el 1-O reciben reparación inmediata y adecuada, incluyendo indemnización, y que este hecho no dependa de la condena penal de los agentes individuales implicados o de que las víctimas presenten una demanda civil en los tribunales. El Ministerio Fiscal debe cambiar radicalmente su actitud y adoptar un rol proactivo en los procedimientos judiciales en curso, especialmente en los casos graves ocurridos en los incidentes del 1 de octubre, impulsando las investigaciones que actualmente están en marcha. Como marca el artículo el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, debe impulsar una investigación inmediata, imparcial y efectiva, incluso cuando no haya denuncia expresa, siempre que existan motivos razonables para creer que ha tenido lugar un acto de malos tratos, así como velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas.El Ministerio del Interior debe realizar investigaciones internas al objeto de determinar las diferentes  responsabilidades  e  identificar factores organizativos subyacentes, tales como las líneas de mando dentro de la institución de la policía, las normas de procedimiento o la formación, y para determinar cuáles son las medidas disciplinarias, administrativas o de otro tipo que se deben tomar para garantizar que esas violaciones de derechos humanos no se repiten.El Ministerio del Interior debe proceder a la retirada y suspensión del uso de las pelotas de goma que se emplean actualmente en España, ya que habida cuenta de sus características técnicas resultan altamente imprecisas y conllevan un alto riesgo de golpear determinadas partes especialmente vulnerables del cuerpo, en particular los ojos, o incluso golpear a otras personas que no sean el objetivo. ///FIN
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Actualización de la situación en Cataluña

Xov, 10/05/2018 - 11:23
El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía el 1 de octubre Amnistía Internacional pudo documentar que tanto miembros de la Policía Nacional (Unidad de Intervención Policial) como agentes de la Guardia Civil hicieron uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, y hicieron uso inadecuado de material antidisturbios como pelotas de goma o sustancias químicas irritantes contra personas que hacían resistencia pacífica, todo ello en el contexto de una operación legítima para cumplir la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuyo objetivo era impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre en Cataluña (1-O). Por otra parte, la actuación de las fuerzas de seguridad fue en ocasiones claramente obstaculizada. Según datos del Ministerio de Interior, a 9 de marzo de 2018, 58 agentes de la Policía Nacional y 37 agentes de la Guardia Civil habrían resultado heridos como consecuencia de esos impedimentos, y la organización ha podido visionar imágenes que muestran actitudes violentas por parte de manifestantes contra agentes. No obstante, la Fiscalía sigue sin impulsar acciones para esclarecer la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ni coopera de manera activa en los casos que están ahora mismo abiertos en distintos tribunales en Cataluña, y el Ministerio de Interior sigue declarando que actuaron de forma proporcionada en todos los casos. Amnistía Internacional ha pedido una investigación imparcial, exhaustiva, independiente y efectiva sobre todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, en la que los responsables sean llevados ante la justicia, y que se tomen medidas para que este tipo de actuaciones no se repita. Además, el Ministerio del Interior debe proceder a la retirada y suspensión del uso de las pelotas de goma que se emplean actualmente en España. En estos momentos hay abiertas instrucciones en ocho juzgados catalanes que están investigando algunas de estas denuncias. Sin embargo, persiste la falta de interés e impulso por parte de la Fiscalía a las investigaciones sobre el uso excesivo de la fuerza, la falta de investigaciones internas por parte del Ministerio del Interior, y sus declaraciones exculpatorias de responsabilidad de los agentes. El procesamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart El 16 de octubre, la jueza Lamela de la Audiencia Nacional dictó auto de prisión provisional contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes, respectivamente, de las organizaciones independentistas catalanas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. El pasado 6 de febrero, por decisión judicial se decidió prolongar la prisión provisional de Jordi Sánchez. Su causa también pasó al Tribunal Supremo, y tras la instrucción llevaba a cabo por el juez Llarena, se enfrentan a un delito de rebelión, ya que además de su responsabilidad en los hechos del 20 y 21 de septiembre, se les atribuye también su participación en la celebración del referendum del 1-O como elemento clave para la consecución de la independencia. El juez Llarena también confirmó la decisión de seguir manteniéndolos en prisión provisional. Por los mensajes que publicaron en las redes sociales según los jueces, así como por algunas de las declaraciones que hicieron durante los sucesos, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart convocaron a la ciudadanía a concentrarse delante de unos edificios oficiales con el fin de impedir una operación policial legal ordenada por un juzgado de Barcelona que conllevaba el registro de varios edificios oficiales. Al parecer no animaron a los manifestantes a utilizar la violencia, y los actos esporádicos de violencia cometidos por manifestantes, como los daños causados a unos vehículos de la policía, no se les puede atribuir directa ni indirectamente en tanto que organizadores de las protestas. Como ciudadanos particulares y presidentes de sendas organizaciones de la sociedad civil, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez tenían derecho a expresar sus opiniones contrarias a las actuaciones policiales acordadas por un Juzgado de Instrucción de Barcelona, consistentes, entre otras, en el registro de la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat. También tenían derecho a organizar reuniones pacíficas de apoyo al referéndum y a la independencia de Cataluña. Mientras que el hecho de convocar a manifestantes con el fin de impedir una operación policial lícita podría, de demostrarse, ser castigado, la presentación de cargos contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por delitos graves como la rebelión, y su prisión provisional, constituyen restricciones excesivas de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Por esta razón Amnistía Internacional pide que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart sean puestos en libertad y que se retiren los cargos de rebelión. Ante la posible comisión de un delito de orden público, Amnistía Internacional no les ha identificado como presos de conciencia*. La organización seguirá observando las actuaciones penales y estudiará las pruebas presentadas contra ellos. El procesamiento de Carles Puigdemont y otros altos cargos catalanes El 7 de septiembre de 2017, el Tribunal Constitucional acordó la suspensión del referéndum y el 17 de octubre resolvió que el referéndum sobre la independencia de Cataluña, previsto para el 1 de octubre (1-O), era inconstitucional. El derecho internacional de los derechos humanos no proporciona ninguna base para impugnar la legitimidad o el razonamiento jurídico de la providencia del Tribunal Constitucional. De esta providencia se deduce que los actos de los altos cargos catalanes que participaron en la organización del referéndum del 1-O y en la posterior declaración de independencia el 27 de octubre fueron ultra vires y posiblemente constituyeron delito en virtud de la legislación española. Los actos cometidos por los altos cargos catalanes en el ejercicio de sus funciones oficiales para celebrar un referéndum ilegal no estaban protegidos ni por el derecho a la libertad de expresión ni por ningún otro derecho humano establecido en el derecho internacional. El pasado 30 de octubre, el fiscal general del Estado español presentó una querella en la Audiencia Nacional contra el ex presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont i Casamajó y 13 exconsejeros del gobierno catalán, y otra en el Tribunal Supremo contra varios ex miembros de la Mesa del Parlamento catalán, incluida su presidenta, Carme Forcadell. Según el Fiscal General, todos ellos eran responsables penales de rebelión, sedición y malversación. Tras pasar toda la causa al Tribunal Supremo, el pasado 21 de marzo de 2018, el juez Llarena dictó un auto de procesamiento contra ellos por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, estando en estos momentos a la espera de que se celebre el juicio oral. El 2 de noviembre, la Audiencia Nacional ordenó la prisión provisional de ocho de los 13 exconsejeros. El 5 de noviembre, después de que una jueza de la Audiencia Nacional emitiera una orden europea de detención, Carles Puigdemont y cuatro ex consejeros fueron requeridos por la justicia belga y se personaron ante la policía, tras lo cual fueron puestos en libertad con medidas cautelares. El pasado 9 de noviembre, el Tribunal Supremo ordenó la libertad con fianza de los cinco miembros del Parlamento catalán. El 5 de diciembre, el juez del Tribunal Supremo español anuló las ordenes de detención. El 23 de marzo, algunos de los exconsejeros y la presidenta de la Mesa del Parlamento, que estaban en libertad bajo fianza, tuvieron que ingresar nuevamente en prisión por mandato del juez Llarena. El 25 de marzo de 2018, Carles Puigdemont fue detenido en Alemania tras reactivarse la orden europea de detención cuando regresaba en coche de un evento en el que participaba en Finlandia. El Tribunal de Schleswig-Holstein decretó su libertad con fianza a la espera de decidir sobre la extradición, si bien por la información aportada por la justicia española dicho tribunal no veía indicios de rebelión, según la figura análoga que existe en el Derecho alemán. El procedimiento de extradición continúa en marcha. Si bien Amnistía Internacional reconoce que los consejeros y parlamentarios catalanes podrían haber cometido un delito legítimamente enjuiciable, los tribunales deben garantizar que las facultades discrecionales de enjuiciamiento no se ejercen de forma arbitraria o injustificada. Por otra parte, Amnistía Internacional no ha identificado ningún motivo que haga pensar que, caso de ser el expresidente y los exconsejeros extraditados a España, sean sometidos a un juicio que incumpla el derecho y las normas internacionales. Amnistía Internacional no ha calificado a los altos cargos catalanes en prisión de presos o presas de conciencia*, pues la organización utiliza tal expresión únicamente para las personas que no deberían ser castigadas en modo alguno pero están privadas de libertad sólo por el ejercicio de sus derechos humanos (o por ciertos elementos de su identidad) y, por tanto, no han hecho nada que pueda interpretarse legítimamente como delito. Sin embargo, según el artículo 472 del Código Penal español, el delito de rebelión exige el uso de la violencia para declarar la independencia de una parte del territorio nacional. En cuanto a que el gobierno catalán hizo un llamamiento a las personas a la movilización y a la oposición pacífica a varias operaciones policiales legítimas antes o durante el referéndum, de los datos de que dispone Amnistía Internacional no parece que se cumpla el requisito de la violencia para que exista el delito de rebelión, pero es la justicia la que tendrá que determinar el tipo penal y AI seguirá haciendo seguimiento para evaluar si hay juicio justo. Amnistía Internacional no se pronuncia sobre la actual situación de prisión provisional de los seis exconsejeros del gobierno catalán y de la expresidenta de la Mesa del Parlamento. Tanto la jueza de la Audiencia Nacional como el auto de prisión del Juez Llarena justifican esta medida para todos ellos haciendo referencia a los requisitos previstos en la legislación española, a saber: la existencia de indicios de su participación en los delitos, el riesgo de fuga, el riesgo de reiteración delictiva y el riesgo de ocultación o destrucción de pruebas. Según el derecho y las normas internacionales, el uso de la prisión preventiva sólo se justifica cuando no existe una medida alternativa que garantice los intereses de la justicia. Por otra parte, la medida de prisión preventiva debe estar sometida a revisión judicial periódica. Amnistía Internacional observará atentamente todas las actuaciones penales sobre este caso para evaluar si se respetan plenamente el derecho a un juicio con las debidas garantías y el derecho a la libertad. El acercamiento de Jordi Cuixart y dos exconsejeros presos Los principios de Naciones Unidas para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, así como la reiterada jurisprudencia al respecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, indican que los presos y presas deberían poder cumplir condena cerca de su lugar de arraigo, siempre que sea posible y lo soliciten individualmente. En el caso de Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Raül Romeva, que han pedido poder estar más cerca de sus familiares y su arraigo personal, Amnistía Internacional considera que no hay ningún obstáculo para que se les facilite que puedan estar más cerca de su familia mientras están a la espera de juicio. * Ante la inexistencia de una definición aceptada del término “preso/a político/a” en el derecho internacional y a la luz de los numerosos posibles significados que puede tener en su empleo cotidiano, Amnistía Internacional, por norma general, trata de evitar su uso. La organización utiliza ocasionalmente el término como término descriptivo abreviado en casos con un fuerte contexto político, pero prefiere evitarlo por el riesgo de que sea malinterpretado en el sentido de que implica un estatuto jurídico determinado. Más específicamente, Amnistía Internacional no emplea los términos “preso/a político/a” y “preso/a de conciencia” de forma indistinta y, en concreto, evita el uso del término “preso/a político/a” en situaciones en las que podría invitar erróneamente a inferir que la persona así calificada es un “preso/a de conciencia”.
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Sudán: La condena de muerte impuesta a una adolescente violada es una crueldad intolerable

Xov, 10/05/2018 - 11:13
La condena de muerte que un tribunal sudanés ha impuesto hoy una mujer de 19 años por matar en legítima defensa a su esposo y violador pone de manifiesto la falta de medidas de las autoridades para abordar el matrimonio precoz, el matrimonio forzado y la violación conyugal, ha manifestado Amnistía Internacional. Noura Hussein Hamad, que se halla recluida en la prisión de mujeres de Omdurman desde mayo de 2017, ha recibido hoy la notificación de la condena de muerte que le ha sido impuesta por matar al hombre con quien su padre la obligó a casarse cuando tenía 16 años. “Siempre quiso ser maestra, pero acabó siendo obligada a casarse con un maltratador, que la trató con brutalidad y la violó. Ahora ha recibido otra bofetada: la condena de muerte, impuesta por un tribunal que se ha negado a reconocer la existencia de violación en el seno del matrimonio. Noura Hussein es una víctima, y su condena es un acto intolerable de crueldad”, ha señalado Seif Magango, director adjunto de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos. “La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante, e imponérsela a una víctima de violación no hace más que poner de manifiesto la incapacidad de las autoridades para reconocer la violencia que esta mujer soportó. Las autoridades sudanesas deben anular esta condena absolutamente injusta y garantizar que Noura Hussein es sometida a un nuevo juicio, en el que se tengan en cuenta sus circunstancias atenuantes.” Noura Hussein se casó contra su voluntad con Abdulrahman Mohamed Hammad a los 16 años. La primera parte de la ceremonia de boda incluyó la firma de un contrato matrimonial entre su padre y Abdulrahman. La segunda parte se celebró en abril de 2017, cuando, nada más terminar la educación secundaria, la obligaron a mudarse a la casa de su esposo. Como se negó a consumar el matrimonio, Abdulrahman pidió a dos de sus hermanos y a un primo que le ayudaran a violarla. La legislación sudanesa permite el matrimonio si se tienen más de 10 años de edad. El 2 de mayo de 2017, los tres hombres tumbaron a Noura Hussein y la mantuvieron sujeta mientras Abdulrahman la violaba. A la mañana siguiente, intentó violarla otra vez, pero ella huyó a cocina, donde agarró un cuchillo. Se produjo entonces un forcejeo, en el que Abdulrahman sufrió heridas mortales de cuchillo. Noura huyó a casa de su familia, pero su padre la entregó a la policía, y se abrió una causa contra ella. En el informe de un examen médico practicado tras la pelea con Abdulrahman se indicó que ella había sufrió heridas, incluidos un mordisco y arañazos. En el juicio, celebrado en julio de 2017, el juez aplicó una ley desfasada, que no reconocía la violación conyugal. Tras presentarse cargos contra ella con arreglo a la Ley Penal, de 1991, el 29 de abril de 2018 el Tribunal Penal Central de Omdurman declaró a Noura Hussein culpable de homicidio intencional. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. A día de hoy, 106 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y más de dos tercios de los países del mundo son abolicionistas en la ley o la práctica.
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El gobierno egipcio responde al informe de Amnistía Internacional sobre el uso cruel e ilegal del régimen de aislamiento en las cárceles de Egipto

Lun, 07/05/2018 - 15:45
Prisión Gamasa © 2018 DigitalGlobe, Inc. Source: GoogleEarth Las autoridades egipcias han respondido al informe de Amnistía Internacional titulado Crushing Humanity: the abuse of solitary confinement in Egypt’s prisons negando el uso generalizado del régimen de aislamiento prolongado. Su respuesta confirma que la supervisión judicial y la observación de los derechos humanos en las cáceles egipcias son inadecuadas e ineficaces.Amnistía Internacional escribió a las autoridades egipcias los días 16 y 17 de abril de 2018, adjuntándoles un memorando donde se resumen las conclusiones del informe sobre el uso del régimen de aislamiento con los presos y presas detenidos por cargos de motivación política y solicitando sus comentarios y aclaraciones. La respuesta de las autoridades, de 14 páginas, se recibió el 3 de mayo de 2018.“Aunque sin duda nos satisface tener la oportunidad interactuar con el gobierno egipcio, nos decepciona que se estén centrando en la diferencia entre tipos de celdas en lugar de afrontar sus responsabilidades con arreglo al derecho de los derechos humanos. Encerrar a personas presas en celdas de aislamiento durante 23 o 24 horas al día durante meses y años enteros es trato cruel, inhumano y degradante con arreglo al derecho internacional”, ha declarado Najia Bounaim, directora de campañas de Amnistía Internacional para el norte de África.“La situación de los derechos humanos en Egipto está en crisis y las cárceles del país son lugares donde los ejemplos de crueldad y trato inhumano se hacen especialmente patentes.”Las autoridades egipcias niegan que el uso del régimen de aislamiento prolongado sea una práctica extendida, afirmando que hay una diferencia entre una celda de aislamiento y recluir a presos en “celdas individuales”. Sin embargo, lo que constituye régimen de aislamiento es la reclusión en una celda de aislamiento durante más de 22 horas al día más de 15 días, y no el tipo de celda.En referencia a la famosa cárcel de Al Aqrab, las autoridades argumentan que se construyó con muchas “celdas individuales.” Pero en esta cárcel Amnistía Internacional documentó la existencia de presos sometidos a confinamiento prolongado e indefinido en régimen de aislamiento, encerrados solos en sus celdas durante semanas y sin poder recibir visitas familiares durante meses.En su respuesta, las autoridades egipcias también confirman que los presos y presas en espera de ejecución pasan años recluidos en régimen de aislamiento, y afirman que se trata de una práctica “normal”, a pesar de que está prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos.En el memorando enviado a las autoridades de Egipto, Amnistía Internacional describió un caso especialmente atroz de reclusión prolongada e indefinida en régimen de aislamiento que la organización ha concluido que constituye tortura. Se trata del caso de Essam Haddad, ex asesor presidencial de Mohamed Morsi, que lleva recluido en régimen de aislamiento prolongado e indefinido un promedio de 23 horas al día desde septiembre de 2013, y no puede recibir visitas familiares desde octubre de 2016. En su respuesta, las autoridades egipcias no negaron ninguno de los datos sobre su trato, y sólo hicieron referencia a la cantidad de dinero que tiene en su cuenta del comedor de la cárcel.Las autoridades también niegan haber prohibido las visitas familiares al periodista y defensor de los derechos humanos Hisham Gaafar, y afirman que recibe visitas periódicas de su familia, algo que ha desmentido su esposa, Manar El Tantawie.“La última vez que pude visitar a Hisham fue en diciembre de 2017. Y lo de no poder recibir visitas de familiares no le ocurre sólo a él, sino también a muchos de los presos de la cárcel de Al Aqrab.” Declaraciones de Manar El Tantawie a Amnistía Internacional el 6 de mayo de 2018. Las autoridades egipcias afirmaron que en 2017 la fiscalía había realizado sólo 15 visitas a 15 cárceles. Esto confirma que la supervisión de las prisiones por parte de la fiscalía es sumamente inadecuada, y por tanto ineficaz. En Egipto hay al menos 47 cárceles adscritas al Departamento de Prisiones, y 137 adscritas pertenecen a la Dirección de Seguridad de diferentes gobernaciones.  Según las leyes del país, los fiscales deben visitar periódicamente las cárceles en visitas sorpresa o anunciadas.“La falta de inspección periódica de las cárceles por parte de los fiscales contribuye al nivel sorprendentemente bajo de protección de los reclusos frente a los funcionarios de prisiones que violan sus derechos con total impunidad”, ha declarado Najia Bounaim.Aparte de éste, el otro mecanismo de control de las condiciones de reclusión es el Consejo Nacional de Derechos Humanos, organismo semioficial al que, según han revelado las autoridades egipcias, sólo se le ha permitido realizar 18 visitas entre 2013 y 2016.
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Estados Unidos: La separación sistemática de familias solicitantes de asilo es una violación del derecho internacional

Lun, 07/05/2018 - 14:12
Cartel colocado por AI en la frontera entre Estados Unidos y México © AI El gobierno de Estados Unidos debe poner fin a la práctica de separar a padres y madres solicitantes de asilo de sus hijos e hijas y privarlos de acceso a los procedimientos de asilo mediante la detención prolongada; así lo ha afirmado Amnistía Internacional ante los informes sobre la adopción de una draconiana política de separación familiar por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense que se aplicará a todo el que se presente en la frontera de Estados Unidos con México. Hoy, el fiscal general Jeff Sessions ha aludido también a esa política en sus comentarios. “La idea de que se pueda proteger a los niños arrancándolos de sus familias desafía todo sentido de la lógica y la humanidad”, ha manifestado Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Son menores de edad que ya han sufrido el trauma de la violencia y la persecución en sus países de origen y el arduo viaje en busca de la seguridad. ¿Qué razón puede haber para que el gobierno de Estados Unidos establezca una política que agravaría su angustia al separarlos de sus familias, con el argumento de que es por su propio bien? Es una política monstruosa que va en contra de los derechos humanos y debe anularse de inmediato”. “Criminalizar y estigmatizar a padres y madres que sólo intentan poner a salvo a sus hijos y criarlos en condiciones de seguridad causará daños incalculables a los miles de familias traumatizadas que ya han renunciado a todo para huir de circunstancias terribles en sus países de origen”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.“Arrancar a bebés de los brazos de su padre o su madre cuando la familia está solicitando asilo constituye una violación flagrante de sus derechos humanos. Aplicar esa medida para devolver a los solicitantes a situaciones de peligro en las que están expuestos a sufrir persecución también constituye una violación de las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud del derecho sobre refugiados.”Amnistía Internacional ha documentado casos de familias de solicitantes de asilo separadas a la fuerza por agentes de inmigración estadounidenses, incluso cuando éstos tenían pruebas de su relación familiar y de la persecución de la que huían. Los efectos perjudiciales de la detención prolongada de los solicitantes de asilo, tanto para su bienestar como para su capacidad de presentar solicitudes de asilo en virtud de la legislación estadounidense, están ampliamente documentados.Además, el fiscal general ha implementado una política general que, en esencia, trata a los solicitantes de asilo como delincuentes al procesarlos ante tribunales federales y encarcelarlos en prisiones federales.Encontrarán más información en el informe Enfrentando muros, publicado por Amnistía Internacional en junio de 2017, en el que se documenta cómo las autoridades de fronteras estadounidenses niegan sistemáticamente a los solicitantes la posibilidad de solicitar asilo en los puertos de entrada a Estados Unidos, dando lugar a un aumento de la afluencia irregular de solicitantes de asilo a través de la frontera de Estados Unidos con México.Anteriormente en el año, Amnistía Internacional hizo campaña en favor de la reagrupación de cuatro familias que fueron separadas en la frontera en incumplimiento de la política actual del Departamento de Seguridad Nacional de mantener juntas a las familias. Además de instar a los órganos del Departamento de Seguridad Nacional a reparar estas violaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional ha pedido a sus siete millones de miembros, simpatizantes y activistas en todo el mundo que actúen en favor de las familias.
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