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El odio patrocinado por el Estado hace surgir una nueva era de activismo social

Xov, 22/02/2018 - 06:01
Migrantes cruzando la frontera mexicana desde Guatemala. Copy: Sergio Ortiz Borbolla/Amnesty International Madrid / Washington D.C..- El mundo está sufriendo las terribles consecuencias de la retórica del odio, que amenaza con normalizar la discriminación en gran escala de los grupos marginados, ha advertido Amnistía Internacional hoy, al presentar su valoración anual de la situación de los derechos humanos. No obstante, la organización ha visto que existe un creciente movimiento de activistas, tanto noveles como avezados, cuya labor de campaña por la justicia social permite en verdad abrigar la esperanza de invertir la tendencia a la opresión. El su informe La situación de los derechos humanos en el mundo, que abarca 159 países, Amnistía Internacional presenta un análisis especialmente exhaustivo del estado actual de los derechos humanos en el mundo. “La clara medida de odio que adoptó el gobierno de Estados Unidos en enero, cuando prohibió la entrada de las personas procedentes de varios países de mayoría musulmana, preparó el terreno para un año en el que quienes ejercían el liderazgo llevaron la política del odio hasta sus últimas y más peligrosas consecuencias”, añade Salil Shetty. “Vimos claramente a qué extremos puede llegar una sociedad a la que se insta a odiar a las minorías, a utilizarlas como chivo expiatorio y a temerlas en la terrible campaña militar de limpieza étnica llevada a cabo contra el pueblo rohingya en Myanmar”, explica Salil Shetty. Con su abandono de los derechos humanos, quienes ejercen el liderazgo en el mundo provocan movimientos de protesta a escala mundial “Ahora se ciernen sobre los asuntos del mundo los fantasmas del odio y el miedo, y son pocos los gobiernos que salen en defensa de los derechos humanos en estos tiempos de inquietud. En cambio, vemos a líderes como Al Sisi, Duterte, Maduro, Putin, Trump y Xi que menoscaban sin piedad los derechos de millones de personas”, afirma Salil Shetty. “La débil respuesta dada a los crímenes de guerra y de lesa humanidad desde Myanmar hasta Irak, Sudán del Sur, Siria y Yemen ha puesto de relieve la falta de liderazgo en materia de derechos humanos. Los gobiernos están haciendo retroceder a situaciones propias de hace decenios garantías de protección que ha costado mucho conseguir.” Entre los signos de regresión mencionados en el informe figuran las medidas de represión del derecho de protesta en Francia y los intentos de reducir los derechos de las mujeres, observados desde Estados Unidos hasta Rusia y Polonia. Con la presentación del informe en Washington D. C., Amnistía Internacional quiere advertir de que los retrocesos del presidente Trump en materia de derechos humanos están sentando un peligroso precedente para otros gobiernos. “Pero los defensores y defensoras de los derechos humanos de todo el mundo pueden esperar el apoyo de la gente de Estados Unidos, incluso allí donde el gobierno estadounidense ha fallado. Mientras el presidente Trump toma medidas que violan los derechos humanos dentro y fuera de Estados Unidos, activistas de todo el país nos recuerdan que es en sus comunidades donde la gente ha librado y ha ganado siempre la lucha por los derechos humanos universales”, señala Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos. Las políticas regresivas han impulsado a numerosas personas a sumarse a luchas que vienen librándose desde hace tiempo, y en el informe se detallan muchas victorias importantes que el activismo por los derechos humanos ha contribuido a lograr. Entre ellas figura el levantamiento de la prohibición total del aborto en Chile, el avance hacia el matrimonio igualitario en Taiwán y el logro de una victoria histórica contra los desalojos forzosos en Abuya (Nigeria). Una enorme Marcha de las Mujeres centrada en Estados Unidos y con ramificaciones en todo el mundo puso de manifiesto la creciente influencia de los nuevos movimientos sociales, al igual que lo hicieron el fenómeno #YoTambién y la iniciativa “Ni Una Menos” de Latinoamérica al denunciar la violencia contra las mujeres. “El espíritu indomable de las mujeres al frente de poderosos movimientos de derechos humanos nos recuerda que el deseo de igualdad, dignidad y justicia no se extinguirá jamás. El auge de los movimientos de protesta es palpable en todo el mundo. Si los gobiernos se oponen a ellos, verán menoscabada su legitimidad”, advierte Salil Shetty. La libertad de expresión cobra una importancia colosal en la renovada batalla por los derechos humanos La predisposición de líderes prominentes a propagar “noticias falsas” con el fin de manipular la opinión pública, unida a los ataques contra las instituciones que sirven para poner control al poder, muestra que la libertad de expresión va a ser un campo de batalla decisivo para los derechos humanos este año, señala Amnistía Internacional. “En 2018 no podemos dar por sentado que tendremos libertad para reunirnos en una protesta o para criticar a nuestro gobierno. De hecho, alzar la voz se está volviendo cada vez más peligroso”, afirma Salil Shetty. El año pasado mataron a centenares de activistas al intentar las autoridades silenciar a quienes participaban en actividades de campaña y amordazar los medios de comunicación, explica el informe. Donde más periodistas acabaron en prisión fue en Turquía, Egipto y China, país, este último, donde el Nobel de la Paz Liu Xiaobo murió tras haber sido encarcelado por criticar al gobierno. Con los gobiernos persiguiendo sin ningún pudor el activismo en favor de los derechos humanos, Amnistía Internacional fue objeto de amenazas por su trabajo en Hungría y de detenciones sin precedentes de su personal en Turquía. “Los gobiernos creen que pueden abrir la veda del activismo de derechos humanos. Pero ya pueden cerrarnos periódicos, desautorizar a jueces y encarcelar a activistas, que no nos callaremos. Si algo hemos aprendido del legendario activista chino Liu Xiaobo es que debemos hablarle claro al poder precisamente cuando parece imposible hacerlo”, afirma Salil Shetty. El odio avanza mientras se ataca a las personas por su identidad En el informe se hace hincapié en la necesidad de continuar alzando la voz contra la retórica del odio del tipo de la que se observó en los lemas xenófobos de una marcha nacionalista en Varsovia (Polonia), una concentración supremacista blanca en Charlottesville (Estados Unidos) y la represión generalizada de las comunidades LGBTI desde Chechenia hasta Egipto. Esa retórica se puso aún más de manifiesto con la denigración de las personas refugiadas y migrantes incluso en los niveles más altos de los gobiernos. Aunque fue la administración Trump la que acaparó los titulares con su discurso contra las personas refugiadas, en el informe se explica que no estuvo sola en la aplicación de políticas xenófobas. “Es posible que las políticas de Donald Trump marcaran el principio de una nueva era de regresión en materia de derechos humanos, pero no fueron las únicas. Desde Australia hasta Hungría se puede observar que quienes ejercen el liderazgo llevan mucho tiempo tratando a las personas refugiadas como problemas que hay que apartar, no como seres humanos con derechos, que merecen nuestra compasión”, indica Salil Shetty. Los gobiernos deben abordar las apremiantes injusticias que fomentan los movimientos de protesta En el informe se señala también que, para millones de personas de todo el mundo, el acceso a bienes y servicios básicos, como vivienda, alimentos y atención de la salud, es cada vez más precario. Amnistía Internacional advirtió de que, mientras los gobiernos no aborden las causas subyacentes de la pobreza y la desigualdad, existirá un riesgo enorme de que se intensifique la conflictividad. “En todo el mundo se está obligando a la gente a llevar una vida intolerable porque se le niega el acceso a alimentos, agua limpia, atención de la salud y alojamiento básico. Si te despojan de estos derechos humanos, caes en la desesperación más absoluta. Desde Venezuela hasta Irán, estamos presenciando la formidable propagación del descontento social”, advierte Salil Shetty. En vez de intentar silenciar a las personas cuando alzan la voz, los gobiernos deben atender sus preocupaciones, manifiesta Amnistía Internacional, y comenzar a eliminar las restricciones impuestas a los medios de comunicación, la sociedad civil y otros agentes clave que ponen control al poder. “Estamos presenciando cómo se hace historia a medida que cada vez más gente se rebela y exige justicia. Si quienes ejercen el liderazgo no se percatan de lo que está llevando a la gente a protestar, será su ruina. La gente ha dejado sobradamente claro que quiere que se respeten sus derechos humanos; ahora corresponde a los gobiernos mostrar que están escuchando”, explica Salil Shetty. España: cuentas pendientes en derechos humanos La realidad de los derechos humanos en España tampoco queda al margen de esta situación. Por un lado, la organización ha constatado ataques al derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión pacífica, tanto en el ámbito legislativo como, en algunos casos, en la práctica policial, entre ellos, el uso excesivo de la fuerza el 1 de octubre o la excesiva y desproporcionada prisión provisional de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Alzar la voz, incluso a través de las redes sociales, se ha vuelto cada vez más peligroso, “gracias” a las reformas en la Ley Orgánica de protección de la Seguridad Ciudadana y del Código Penal, por las cuales se amordaza el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión y se daña el derecho a la información. Por otra parte, el impacto de las medidas de austeridad implementadas como consecuencia de la crisis económica está dejando desamparadas a decenas de miles de personas en España. Medidas como el Real Decreto Ley 16/2012 están poniendo en riesgo el acceso a la salud y la calidad del Sistema Nacional de Salud, especialmente para personas discriminadas como migrantes en situación irregular y otros colectivos. El derecho a una vivienda también está en peligro en España, cuando se han producido un total de 43.459 desalojos en los primeros nueve meses de 2017. Especialmente las madres solteras y las mujeres víctimas de violencia de género han sido uno de los colectivos más afectados por esta crisis de vivienda que no ha terminado. Tampoco las personas refugiadas han recibido la protección adecuada a la que tienen derecho: un año más, el fracaso en las políticas migratorias por parte de las autoridades españolas ha quedado patente. No solo ha incumplido su compromiso de traer a 17.337 personas refugiadas (llegando apenas al 15%, menos de 3.000 personas, hasta diciembre de 2017), sino que se han seguido cometiendo violaciones y abusos de derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas, especialmente en Frontera Sur.
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Bahréin: Nabeel Rajab, cinco años de prisión por sus tuits

Mér, 21/02/2018 - 15:28
“La condena a cinco años de prisión impuesta hoy al destacado defensor de los derechos humanos Nabeel Rajab por expresar pacíficamente sus opiniones en Internet ilustra el total desprecio de las autoridades bahreiníes por la libertad de expresión”, ha declarado Amnistía Internacional. La condena está relacionada con unas publicaciones hechas desde su cuenta de Twitter en 2015, así como con retuiteos sobre presuntas torturas en la prisión bahreiní de Jaw y las muertes de civiles en el conflicto de Yemen a manos de la coalición dirigida por Arabia Saudí. “La sentencia condenatoria de Nabeel Rajab dictada hoy es una bofetada a la justicia. Esta condena demuestra la implacable determinación de las autoridades de aplastar todas las formas de disidencia y no deja lugar a dudas sobre a dónde están dispuestas a llegar para silenciar a quienes las critican pacíficamente”, ha afirmado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. Es indignante que tenga que pasar en la cárcel cinco años más sólo por expresar sus opiniones en internet Heba Morayef, Amnistía Internacional “Este vergonzoso fallo debe ser anulado y las autoridades deben retirar todos los cargos pendientes contra Nabeel Rajab y ponerlo en libertad inmediata. Resulta absolutamente indignante que se vea obligado a pasar cinco años más en la cárcel sólo por atreverse a expresar sus opiniones en Internet”. Nabeel Rajab, presidente del Centro de Derechos Humanos de Bahréin, sufre un acoso implacable por su labor pacífica en favor de los derechos humanos y lleva entrando y saliendo de prisión desde 2012 por diversos cargos relacionados con su activismo pacífico. Desde noviembre de 2014 tiene prohibido salir de Bahréin. Nabeel Rajab está encarcelado desde junio de 2016 y cumple actualmente una pena de dos años de prisión por unas entrevistas que concedió en televisión en 2015 y 2016. El Tribunal de Casación de Manama, capital de Bahréin, confirmó su condena el 15 de enero de 2018, declarándolo culpable de “difundir noticias, declaraciones y rumores falsos sobre la situación sobre la situación interna del reino que menoscaban su prestigio y posición”. Cargos pendientes El 4 de septiembre de 2016, el New York Times publicó en sus páginas de opinión una carta abierta con el nombre de Nabeel Rajab en la que éste describía la situación en Bahréin y su propio juicio, e instaba al gobierno del presidente Obama a emplear su influencia para solucionar el conflicto de Yemen. Al día siguiente, la fiscalía interrogó a Nabeel Rajab y lo acusó de “difundir noticias y afirmaciones falsas y rumores perniciosos que socavan el prestigio del Estado” en relación con dicho artículo. Aún no se ha fijado fecha del juicio por esta causa. El 19 de diciembre de 2016 se publicó un artículo con su nombre en Le Monde. Dos días después, fue interrogado en la Dirección de Investigaciones Criminales, acusado de “difundir noticias y afirmaciones falsas y rumores malintencionados que socavan el prestigio de Bahréin y los países hermanos del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo y [constituyen] un intento de poner en peligro sus relaciones”. El asunto se remitió a la fiscalía, pero no se sabe si se formularán oficialmente cargos contra Nabeel Rajab. El 12 de septiembre de 2017, el fiscal antiterrorista lo interrogó acerca de unos comentarios y una imagen publicados en enero de 2017 en cuentas de redes sociales abiertas a su nombre. En una cuenta de Instagram a su nombre se publicó una imagen del rey de Bahréin con un versículo del Corán en el que se preguntaba si creía que “nadie tenía poder sobre él”, a la vez que en su cuenta de Twitter se publicaban unos comentarios donde se hablaba de no cooperar con las instituciones nacionales y se hacía un llamamiento a protestar por la ejecución de tres hombres el 15 de enero de 2017. Nabeel Rajab negó los cargos de “incitación al odio al régimen”, “incitación a no cumplir la ley” y “propagación de noticias falsas”. El caso no se ha llevado aún a juicio, pero podría activarse en cualquier momento.
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Siria: El bombardeo continuo de civiles en la Guta oriental constituye crímenes de guerra

Mér, 21/02/2018 - 11:07
Ante las noticias de la intensificación de la campaña de bombardeos del gobierno sirio y su aliada Rusia en la Guta oriental (gobernación de Damasco Rural) que en el último mes ha causado la muerte de decenas de personas y heridas a centenares, Diana Semaan, investigadora de Amnistía Internacional sobre Siria, ha declarado:“El gobierno sirio, con el respaldo de Rusia, está atacando deliberadamente a su propia población en la Guta oriental. Las personas no sólo llevan seis años sufriendo un cruel asedio, sino que ahora están atrapadas en una oleada diaria de ataques que las están matando y mutilando deliberadamente y que constituyen crímenes de guerra flagrantes. Las personas en Guta no sólo llevan seis años sufriendo un cruel asedio, sino que están atrapadas en ataques que las están matando y mutilando Diana Semaan, Amnistía Internacional “La comunidad internacional lleva seis años sin hacer nada mientras el gobierno sirio comete crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra con total impunidad.“El Consejo de Seguridad de la ONU debe hacer cumplir sus propias resoluciones que piden que se ponga fin a los asedios de zonas civiles y a los ataques contra la población civil, y el acceso humanitario sin trabas. Los miembros permanentes, incluida Rusia, no deben bloquear las medidas destinadas a poner fin las atrocidades masivas y repararlas.“Es imprescindible que el Consejo de Seguridad transmita el enérgico mensaje de que no habrá impunidad para quienes cometan crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La catástrofe de Siria es un ejemplo elocuente del elevado precio que paga la población civil por la impunidad de atrocidades masivas.“Todas las partes del conflicto deben cumplir sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional humanitario y conceder el paso sin riesgos a las personas civiles que quieran huir de la zona y permitir el acceso sin trabas de las organizaciones humanitarias para que puedan llevar ayuda indispensable a las miles de personas que la necesitan en la Guta oriental”.Información complementariaAmnistía Internacional ya ha documentado con anterioridad el asedio y el homicidio ilegítimos de civiles, incluso con el uso de municiones de racimo prohibidas internacionalmente, en la Guta oriental por el gobierno sirio en violación del derecho internacional humanitario.La organización también ha documentado violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por el grupo armado de oposición Ejército del Islam, establecido en la Guta oriental, que incluye el bombardeo ilegítimo de zonas civiles en zonas controladas por el gobierno y restricciones a la salida de civiles de Guta oriental.Esta mañana la Agencia Árabe Siria de Noticias informó de que un bombardeo de Damasco Rural desde la Guta Oriental había causado la muerte de 5 civiles y heridas a 20 personas más.
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Perú: Fujimori podrá ser juzgado tras decisión de no aplicar gracia en caso Pativilca

Mar, 20/02/2018 - 10:57
Manifestación en Lima © Juan Vita/SOPA Images/Getty Images La decisión de no aplicar la gracia otorgada por el presidente Kuczynski a Alberto Fujimori representa un avance importante en la lucha contra la impunidad por los crímenes ocurridos en Pativilca, y reafirma la obligación del estado peruano de garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, dijo Amnistía Internacional.El día de hoy el Colegiado B de la Sala Penal Nacional del Perú decidió no aplicar la gracia otorgada por el presidente Kuczynski el pasado 24 de diciembre, permitiendo que Alberto Fujimori sea finalmente juzgado por su presunta responsabilidad en los asesinatos de seis personas en la localidad de Pativilca, considerados crímenes de lesa humanidad.“Hoy las familias de las víctimas y la sociedad peruana han logrado un paso importante contra la impunidad y el olvido. Continuaremos acompañando los reclamos de justicia hasta que se se esclarezca la verdad por los crímenes ocurridos en Pativilca y se garanticen los derechos de las víctimas y sus familias”, dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.Ante esta decisión histórica, Amnistía Internacional demanda una vez más al estado peruano cumplir con su obligación de investigar y, de existir pruebas suficientes y admisibles en su contra, juzgar a Alberto Fujimori por los crímenes que se le imputan, además de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno.
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Turquía: Periodistas condenados a cadena perpetua en un día aciago para la libertad de prensa

Ven, 16/02/2018 - 17:40
© AI Tras la cadena perpetua dictada contra seis periodistas, incluidos los hermanos Ahmet Altan y Mehmet Altan y la periodista Nazlı Ilıcak, acusados de “intentar subvertir el orden constitucional”, Gauri van Gulik, directora para Europa de Amnistía Internacional, ha declarado:“Es un día aciago para la libertad de prensa y la justicia en Turquía que sienta un aterrador precedente para decenas de periodistas que se enfrentan a juicios por cargos falsos de terrorismo similares. La crueldad de estas condenas (30 años de cárcel, 23 horas al día incomunicación) son claramente intimidatorias Gauri van Gulik, Amnistía Internacional "La crueldad de estas condenas de motivación política —30 años de cárcel con hasta 23 horas al día en régimen de aislamiento y sin posibilidad de libertad condicional— tiene una clara intención intimidatoria. La imposición de semejante pena no sólo atentaría contra la libertad de expresión, sino que violaría la prohibición de la tortura y otros malos tratos.”“La noticia de las condenas empañó la alegría de las celebraciones por la libertad de otro periodista, Deniz Yücel, quien ha pasado más de un año encarcelado sin cargos, la mayoría del tiempo en régimen de aislamiento.” Información complementariaEn el caso de Mehmet Altan, no pasa desapercibida la amarga ironía de que haya sido declarado culpable de intentar subvertir el orden constitucional después de que el mes pasado el Tribunal Constitucional de Turquía ordenara su puesta en libertad, al fallar que su detención violaba el derecho a la libertad de expresión. El tribunal que lo juzga rechazó el fallo, pasando por alto la Constitución y haciéndose eco de las críticas del gobierno a la sentencia del Tribunal Constitucional.El régimen de aislamiento prolongado (22 horas al día o más sin contacto humano significativo durante más de 15 días) vulnera directamente las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) y constituye trato o pena cruel, inhumano o degradante que puede llegar claramente a ser tortura si se aplica durante meses y años.
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El Salvador: La liberación de una mujer encarcelada por haber dado a luz a un bebé muerto debe señalar el final de la prohibición total del aborto

Xov, 15/02/2018 - 16:55
Teodora Vázquez durante su audiencia en El Salvador © Articulación por la despenalización del aborto La liberación de una mujer a la que han obligado a pasar un decenio entre rejas en El Salvador tras haber sufrido complicaciones del embarazo que provocaron que diera a luz a un bebé muerto debe abrir la puerta al final de la extrema legislación del país contra el aborto. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional. Teodora del Carmen Vásquez fue puesta en libertad el jueves después de que un tribunal redujera su condena, pero al menos 27 mujeres permanecen encarceladas a causa de la prohibición total del aborto, según las organizaciones que defienden los derechos humanos de las mujeres en el país. "Resulta alentador ver a Teodora salir de la cárcel —donde nunca debió haber estado, para empezar—, pero El Salvador aún está lejos de garantizar plenamente los derechos de las mujeres y las niñas en el país"”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.“Las autoridades de El Salvador deben derogar urgentemente esta indignante prohibición del aborto, que ha creado un contexto generalizado de discriminación, dolor e injusticia.”En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias. Los fiscales suelen acusarlas de “homicidio” o incluso “homicidio agravado”, que entraña una pena de hasta 50 años de prisión. Teodora dio a luz a un bebé muerto en 2007, después de sentir unos dolores repentinos y muy fuertes mientras estaba trabajando. La policía la detuvo mientras yacía en un charco de sangre. Posteriormente fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado en un juicio enturbiado por las irregularidades. El Ministerio de Justicia de El Salvador finalmente conmutó la condena de Teodora, pero no anuló la declaración de culpabilidad ni reconoció su inocencia. Los abogados de Teodora tienen intención de limpiar su nombre y pedir indemnización y reparación por los 10 años que ha pasado entre rejas. Al menos otras 27 mujeres continúan encarceladas en virtud de las draconianas leyes salvadoreñas sobre el aborto. Las castigadas proceden, de manera desproporcionada, de entornos empobrecidos, en los que apenas tienen acceso a educación, atención médica o justicia. En su informe de 2014 “Al borde de la muerte”, Amnistía Internacional concluyó también que, en los casos documentados, se había violado el derecho a un juicio justo y a la igualdad ante la ley. Amnistía Internacional pide una suspensión inmediata de la aplicación de la ley sobre el aborto, tal como recomendó el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer el 3 de marzo de 2017, con el objetivo de lograr la despenalización total del aborto, la libertad inmediata e incondicional de todas las mujeres encarceladas por cargos relativos a complicaciones del embarazo, y que se garantice a las mujeres acceso a un aborto seguro y legal, como mínimo, cuando su vida o su salud física o mental corran peligro, o en casos de violación, incesto o malformación mortal del feto.
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Respuesta al tiroteo en el instituto de Parkland, Florida

Xov, 15/02/2018 - 10:48
Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Aunque nuestros pensamientos están con las víctimas, los supervivientes y las familias de este ataque sin sentido, sabemos que eso no basta. Nuestros líderes deben actuar para proteger a la población frente a la violencia con arma de fuego. Cuando la gente no puede ir a la escuela, o a trabajar, o asistir a un concierto sin temor a recibir un disparo, eso es una crisis de derechos humanos. La actual amalgama de contradictorias leyes sobre las armas de fuego no es suficiente para detener la violencia armada. Necesitamos reformas a nivel federal, estatal y local para proteger la seguridad de todas las personas.”
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Hungría: Nueva ley es una amenaza para la existencia de las ONG

Mér, 14/02/2018 - 17:58
“El nuevo proyecto de ley que penalizaría a las ONG que apoyen la migración es un ataque muy preocupante e injustificado a la sociedad civil”, ha declarado Amnistía Internacional. El incumplimiento de los requisitos estará penado con multas, la suspensión e incluso la disolución de las ONG que trabajen sobre la migración. El paquete legislativo presentado anoche ante el Parlamento exige una autorización de seguridad nacional y un permiso del gobierno para las ONG que “apoyan la migración”. “Esta ley daría al gobierno carta blanca para atacar a ONG con el pretexto más débil. En realidad, estas propuestas no tienen nada que ver con la protección de la seguridad nacional o de las fronteras, sino que su objetivo es amordazar a quienes trabajan para ayudar a personas en situación de necesidad y se atreven a alzar la voz”. En virtud de esta legislación, el gobierno húngaro “identificaría” a las ONG que considere que “apoyan la migración”. La ley exigiría a las ONG que obtengan la autorización del ministro del Interior para llevar a cabo sus funciones básicas. Esta labor incluye hacer actividades de campaña, “influir en los tribunales”, preparar material informativo, organizar redes y reclutar a personas voluntarias con el objetivo de patrocinar, organizar o apoyar por otros medios la entrada y estancia de personas que buscan protección internacional. El ministro del Interior acudiría a los servicios de seguridad nacional para obtener una autorización de seguridad, trámite que podría durar hasta nueve meses. La proposición de ley exigiría a las organizaciones el pago de un impuesto del 25% sobre todas las cantidades que reciban de otro país destinadas a “apoyar la migración”. De no hacerlo, serían objeto de medidas tan graves que podrían desembocar en la imposición de exorbitantes multas, en la quiebra y en la disolución de la ONG. Las propuestas son contrarias a la obligación contraída por Hungría en virtud del derecho internacional de proteger el derecho a la libertad de asociación, de expresión y de circulación. “Pedimos a Hungría que retire este proyecto de ley; ya es hora de que los líderes y las lideresas de la UE, que han mirado desde bastidores cómo cruzaba Hungría la línea roja, tomen de una vez medidas concretas para detener este ataque contra la sociedad civil”, dijo Gauri van Gulik. Información complementariaNo está claro aún si la ley seguirá un trámite normal o acelerado.En el sitio web de Amnistía Internacional se podrá consultar un análisis más detallado.La definición de las organizaciones afectadas por esta ley dice (traducción no oficial): “Según esta ley, esas asociaciones y fundaciones se consideran organizaciones que apoyan la migración que están inscritas en Hungría y que patrocinan, organizan o apoyan por otros medios la entrada o estancia de dichas personas nacionales de un tercer país que buscan protección internacional y proceden de un tercer país seguro.”Las disposiciones de la ley relativas a la seguridad nacional hacen necesario el voto a favor de dos tercios del Parlamento.Si una organización no recibe la aprobación y continúa con su labor, se podrán tomar contra ella estos tres trámites de procedimiento: Se le notifica que debe cumplir la ley y cesar las actividades no autorizadas; mientras tanto, se suspende su número de identificación fiscal.Se le impone una multa de hasta 5.800 euros por cada infracción de la ley.Si no paga la multa, puede ser disuelta por un tribunal. El nuevo proyecto legislativo llega después de la entrada en vigor, en junio de 2017, de la Ley de la Transparencia de las Organizaciones Financiadas desde el Extranjero, que obligaba a las organizaciones que reciben fondos de fuera de Hungría a inscribirse de nuevo en el registro y prescribía multas y sanciones penales para las que no lo hicieran. Tras su adopción, varias ONG —Amnistía Internacional Hungría entre ellas— anunciaron que no la cumplirían.
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Egipto: Un vídeo sobre bombas de racimo subraya la preocupación en Sinaí del Norte

Mér, 14/02/2018 - 16:09
@EgyArmySpox via Twitter El ejército egipcio debe abandonar de inmediato el uso de bombas de racimo. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, tras la publicación por parte del ejército de un vídeo oficial que muestra bombas de racimo como parte de sus operaciones recientes en Sinaí del Norte.Los expertos de Amnistía Internacional han analizado un vídeo publicado el 9 de febrero en la cuenta oficial de Twitter del portavoz las Fuerzas Armadas de Egipto. En él se ve a personal de las fuerzas aéreas cargando aviones de combate egipcios con bombas de racimo.“Las bombas de racimo son armas inherentemente indiscriminadas que causan un sufrimiento inimaginable durante años después de ser utilizadas, y por ese motivo están prohibidas internacionalmente. Su aparición en este vídeo sugiere que las fuerzas aéreas egipcias ya las han utilizado o tienen intención de hacerlo, y demuestran así su flagrante desprecio por la vida humana”, ha manifestado Najia Bounaim, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. Las bombas racimo son armas indiscriminadas que causan sufrimiento durante años por lo que están prohibidas internacionalmente Najia Bounaim, Amnistía Internacional Las fuerzas aéreas egipcias tienen todo un historial de lanzar ataques ilegítimos, incluso cuando utilizan armas de mayor precisión. Según los relatos de testigos presenciales, en 2015 unos aviones de combate F16 lanzaron ataques aéreos contra zonas residenciales densamente pobladas de Sinaí. Decenas de residentes, incluidos niños y niñas, murieron o resultaron heridos en esos ataques. En 2015, las fuerzas aéreas egipcias lanzaron ataques aéreos en Libia que alcanzaron casas y mataron a civiles, incluidos niños y niñas.En septiembre de 2015, el ejército egipcio lanzó ataques que mataron a 12 personas, entre ellas ocho turistas mexicanos que estaban de safari en el desierto occidental. Pese a las peticiones iniciales del gobierno mexicano, el ejército no hizo rendir cuentas a los responsables.“El velo de la censura y el secretismo en Sinaí ha hecho sentir a los miembros de las fuerzas armadas que pueden cometer graves violaciones de derechos humanos con total impunidad. Esto se ha visto agravado por la represión ejercida por el gobierno contra los periodistas que se atreven a criticar las operaciones militares”, ha manifestado Najia Bounaim.Según los expertos en armas consultados por Amnistía Internacional, las bombas de racimo que se ven en los vídeos publicados el 9 de febrero eran el modelo de fabricación estadounidense CBU-87 Combined Effects Munitions (CEM), cada una de las cuales contiene 202 bombas BLU-92/B. Esto coincide con vídeos anteriores analizados en 2017, que mostraban al ejército egipcio utilizando bombarderos F16 de fabricación estadounidense con los que lanzaban bombas de racimo Mk-20 Rockeye, también de fabricación estadounidense, en Sinaí del Norte, identificadas por la forma y los números de serie coincidentes con el modelo.Estados Unidos es el principal suministrador de armas a Egipto desde la década de 1970. Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos en los que las fuerzas de seguridad egipcias han utilizado armas de fabricación estadounidense, incluidos aviones de combate F16, vehículos blindados y tanques, para cometer o facilitar violaciones graves de derechos humanos.“Los Estados suministradores deben suspender de inmediato la exportación de armas que entrañan un elevado riesgo de ser utilizadas para cometer violaciones graves de derechos humanos; no deben llevarse a cabo más exportaciones de este tipo hasta que estos riesgos disminuyan y las autoridades egipcias hagan rendir cuentas a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Egipto no debe utilizar municiones de racimo en ninguna circunstancia; debe destruir sus arsenales de este tipo de armas y adherirse a la Convención sobre Municiones en Racimo”, ha manifestado Najia Bounaim.Información complementariaEl 9 de febrero, las Fuerzas Armadas de Egipto anunciaron el comienzo de la operación militar “Sinaí 2018”. Esa operación, afirmaron, tenía como finalidad atacar las bases de los grupos insurgentes y sus almacenes de armas en Sinaí del Norte y Central. La operación fue ordenada por el presidente Abdel Fattah al Sisi tan sólo unas semanas antes de las elecciones presidenciales de marzo.La población de Sinaí del Norte ha sufrido desde 2013 múltiples operaciones de seguridad dirigidas a suprimir los grupos armados. Estos grupos han atacado a miembros de las fuerzas de seguridad y a residentes, incluidos miembros de grupos religiosos minoritarios, y han matado a centenares de personas.El gobierno egipcio ha estado explotando la agitación de Sinaí como pretexto para reprimir los derechos humanos. Desde 2013, el ejército egipcio ha impedido la entrada a Sinaí del Norte a periodistas, medios de comunicación y grupos de observación. Por tanto, resulta sumamente difícil obtener información y datos exactos sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Sinaí.Amnistía Internacional ha documentado la demolición, por parte del ejército, de casas y el desalojo forzoso de miles de familias, a las que no se ha proporcionado alojamiento alternativo ni indemnización. Muchas otras personas han permanecido recluidas en condiciones que constituyen desaparición forzada o detención arbitraria y, en algunos casos, han sido ejecutadas extrajudicialmente.
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Nigeria: Tribunal británico asesta golpe a víctimas de vertido de petróleo

Mér, 14/02/2018 - 15:53
© AI Ante la sentencia de un Tribunal de Apelación que resuelve que dos comunidades del delta del Níger no pueden demandar judicialmente al gigante del petróleo Shell en Reino Unido porque no cabe imputar a la sociedad matriz la responsabilidad de los actos de su filial en Nigeria, Joe Westby, encargado de campañas de Amnistía Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos, ha declarado: “Con esta resolución, el tribunal ha infligido un golpe no sólo a las comunidades Ogale y Bille, que viven todos los días con las devastadoras consecuencias de los vertidos de petróleo de Shell, sino a las víctimas de los abusos contra los derechos humanos que cometen las empresas en todo el mundo. Esta sentencia sienta un peligroso precedente y hará más difícil exigir responsabilidades a las empresas de Reino Unido. Esta sentencia sienta un peligroso precedente que hará más dificil exigir a las empresas responsabilidades sobre los abusos que cometen Joe Westby, Amnistía Internacional “La idea de que las poderosas multinacionales no son responsables de la conducta de sus filiales en otros países ha permitido que Shell eluda la responsabilidad de toda una serie de escandalosos abusos contra los derechos humanos cometidos durante decenios. Este es un ejemplo clarísimo de los obstáculos casi insuperables que para obtener justicia afrontan las personas que se luchan contra poderosas multinacionales. “Los documentos internos de Shell muestran que la sede central de la empresa conoce muy bien desde hace decenios la masiva contaminación por petróleo causada por sus operaciones en Nigeria y que ha elegido no ponerlas fin. Si no se puede exigir responsabilidades a Shell por estos abusos bien documentados, ¿qué esperanza hay de que otras empresas respondan ante la justicia de sus actos? Las comunidades llevarán ahora su lucha por la justicia al Tribunal Supremo; esta podría ser su última oportunidad para que recuperar su medio ambiente”. Información complementaria Las comunidades Ogale y Bille presentaron en 2016 sendas demandas contra Royal Dutch Shell plc (RDS) y su filial nigeriana, de la que posee el 100%, Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC). La decisión de hoy desestima el recurso presentado por las comunidades contra una sentencia de enero de 2017 que establecía que no cabía responsabilizar a RDS de los actos de SPDC. En una decisión dividida, una sala de tres magistrados resolvió desestimar la demanda.
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Israel y Territorios Palestinos Ocupados: Hay que liberar a la adolescente Ahed Tamimi

Lun, 12/02/2018 - 18:16
Activistas de Amnistía Internacional España frente a la Embajada de Israel en Madrid piden la liberación de Ahed Tamimi. ©AI Las autoridades israelíes deben liberar de inmediato a la activista palestina adolescente Ahed Tamimi, a quien las autoridades mantienen en detención en un intento desesperado de intimidar a los menores de edad palestinos que se atreven a desafiar la represión de las fuerzas ocupantes; así lo ha afirmado Amnistía Internacional. Mañana está previsto que comience el juicio de Ahed Tamimi ante el tribunal militar de menores de Ofer, en la Cisjordania ocupada. Se enfrenta a 12 cargos, entre ellos agresión con agravantes, tras la publicación de un vídeo en redes sociales donde se la ve empujando, abofeteando y dando patadas a dos soldados israelíes en su pueblo el 15 de diciembre. No liberar a Ahed Tamimi, es una muestra del desprecio de las autoridades israelíes por los derechos de las niñas y los niños Magdalena Mughrabi, Amnistía Internacional “Negándose a liberar a Ahed Tamimi, detenida desde el 19 de diciembre, las autoridades israelíes no hacen sino demostrar su desprecio por la obligación de proteger a niños y niñas, contraída en virtud del derecho internacional”, ha afirmado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “Al ser una niña y no ir armada, Ahed no pudo representar ninguna amenaza durante el altercado con los dos soldados israelíes, que iban fuertemente armados y llevaban vestimenta de protección. Nada de lo que hizo justifica que siga bajo custodia, ni las largas y agresivas sesiones de interrogatorio que tuvo que soportar durante las dos primeras semanas de detención.” “Sin embargo, una vez más, las autoridades israelíes responden a los actos desafiantes de menores de edad palestinos con medidas completamente desproporcionadas respecto a los hechos en cuestión”, ha señalado Magdalena Mughrabi. La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, en la que Israel es Estado Parte, dispone que la detención de un menor se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda. Ahed Tamimi, que ha cumplido 17 años bajo custodia, podría tener que cumplir hasta 10 años de cárcel si es declarada culpable. Está previsto que su juicio dure varios meses. Información complementaria Todos los años, el ejército israelí procesa a centenares de niños y niñas palestinos ante tribunales militares de menores, a menudo tras detenerlos en redadas nocturnas y someterlos a malos tratos, como vendarles los ojos, amenazarlos, mantenerlos aislados e interrogarlos sin estar presentes sus abogados o familiares. Según organizaciones locales de derechos humanos, actualmente hay unos 350 menores de edad palestinos en las cárceles y los centros de detención israelíes.
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Irán: En un “encubrimiento desalmado”, las autoridades se niegan a entregar el cadáver del profesor universitario iranocanadiense para una autopsia independiente

Lun, 12/02/2018 - 11:52
© Sami Lotfi Ante los informes que indican que las autoridades iraníes han afirmado que no entregarán el cadáver del profesor universitario iranocanadiense Kavous Seyed-Emami a su familia a menos que ésta proceda a su inhumación inmediata, sin intentar realizar una autopsia independiente, Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado lo siguiente: “La negativa de las autoridades a permitir una investigación independiente sobre la muerte de Seyed-Emami, ocurrida en circunstancias sumamente sospechosas, suena a intento deliberadamente organizado de encubrir toda evidencia de tortura y posible asesinato. Estaba recluido en la prisión de Evín, donde los internos son despojados de todas sus pertenencias y están sometidos a vigilancia constante. Es prácticamente imposible que pudiera suicidarse. “Nos inquieta profundamente que el cadáver de Seyed-Emami pueda presentar señales incriminatorias de tortura y otras pistas sobre la causa de su muerte. Pedimos al gobierno de Canadá y a la comunidad internacional que continúen presionando a las autoridades iraníes a fin de que autoricen una investigación independiente sobre las circunstancias de la muerte de Seyed-Emami con arreglo a las normas internacionales. Los responsables, incluidas las personas con responsabilidad de mando, deben comparecer ante la justicia.” La muerte de Kavous Seyed-Emami es la tercera que las autoridades iraníes califican de suicidio bajo custodia a toda prisa desde que estallaron las protestas en diciembre de 2017. Una cuarta muerte en detención, que también ha sido confirmada, sigue sin ser explicada por las autoridades. “La acumulación de casos de muerte bajo custodia y la negativa de las autoridades a permitir investigaciones independientes y transparentes son ejemplos profundamente inquietantes del absoluto desprecio por la vida humana y la rendición de cuentas que existe en el sistema de justicia penal iraní en la actualidad”, ha afirmado Magdalena Mughrabi. En una declaración realizada el 11 de febrero, el fiscal jefe de Teherán declaró que las “confesiones” del propio Kavous Seyed-Emami y las declaraciones incriminatorias de otros sobre él lo habían llevado a suicidarse. En vista de los comentarios sobre sus “confesiones”, la preocupación de que fuera sometido a tortura es aún mayor. Había sido detenido el 24 de enero de 2018 y estaba siendo interrogado por cargos relacionados con la seguridad nacional a raíz de su activismo pacífico en defensa del medio ambiente, por lo que era considerado preso de conciencia.
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Egipto: El opositor Mohamed al Kassas, en peligro de desaparición forzada y tortura

Ven, 09/02/2018 - 12:04
© Particular En respuesta al asalto de las fuerzas de seguridad al domicilio de Mohamed al Kassas, vicepresidente del partido de oposición egipcio Misr al Qawia, y a la falta de información sobre su paradero, la directora de campañas de Amnistía Internacional para el norte de África, Najia Bounaim, ha declarado:“Dado el historial de las autoridades egipcias y su constante uso de la desaparición forzada para reprimir la disidencia, nos preocupa mucho que Mohamed al Kassas pueda haber sido sometido a desaparición forzada y sea víctima de tortura. Las autoridades deben revelar cualquier información de que dispongan sobre el paradero de Mohamed al Kassas y ponerlo en libertad de inmediato si está bajo la custodia del Estado.”“Esta desaparición forzada de un alto cargo de un destacado partido de oposición es un descarado ataque contra los derechos de libertad de expresión y asociación en Egipto. La desaparición forzada se ha convertido en una práctica habitual de la administración del presidente Al Sisi para silenciar a los activistas y los grupos de la oposición.”Se trata de la tercera desaparición forzada que Amnistía Internacional confirma en Egipto esta semana. El lunes 4 de febrero fue el último día del que se tuvieron noticias del periodista Mustafa al Assar y su compañero de vivienda, el activista Hassan al Banna Mubarak, que se dirigían a su trabajo en Guiza. Hasta hoy se desconoce la suerte y el paradero de ambos. Hace un mes, la Agencia de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior citó al hermano de Al Assar para interrogarlo sobre el paradero y las actividades de éste.A pesar de las numerosas denuncias presentadas por familiares y abogados, las autoridades egipcias se han negado a revelar el paradero de los desaparecidos.En enero de 2018, el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Sami Anan, fue detenido tras haber declarado su intención de presentarse a las próximas elecciones presidenciales.
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Filipinas: La investigación de la CPI sobre homicidios por drogas, momento crucial para la justicia

Xov, 08/02/2018 - 15:37
Detenidos en una comisaría de Manila. Junio 2016. NOEL CELIS/AFP/Getty Images En respuesta a la noticia anunciada hoy de que la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) iniciará un examen preliminar sobre la “guerra contra las drogas” en Filipinas, James Gomez, director de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático y Oceanía, ha declarado:"El anuncio de hoy marca un momento crucial para la justicia y la rendición de cuentas en Filipinas, y brinda un atisbo de esperanza a las víctimas de las terribles atrocidades cometidas en la denominada 'guerra contra las drogas’ emprendida por el gobierno”. Los delitos que se han cometido desde que el presidente Duterte ocupó su cargo alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad James Gómez, Amnistía Internacional "Los delitos que se han cometido desde que el presidente Duterte ocupó su cargo alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad. Por desgracia, las autoridades de Filipinas no se han mostrado ni dispuestas ni capaces para llevar a los responsables ante la justicia, por lo que la auténtica esperanza de las víctimas recae ahora en la CPI.”“Este anuncio es una advertencia a los líderes de todo el mundo: les avisa de que quienes ordenen o fomenten crímenes de lesa humanidad tales como el asesinato no podrán quedar impunes, y serán sometidos a investigación en virtud del derecho internacional.” Información complementariaEl 8 de febrero de 2018, Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, anunció que la CPI va a abrir una investigación preliminar sobre la situación en Filipinas.En enero de 2017, y de nuevo en diciembre de 2017, Amnistía Internacional recomendó que, si las autoridades filipinas no tomaban medidas de alcance para poner fin a los homicidios relacionados con las drogas, la CPI iniciara un examen preliminar.La organización pidió que se pusiera fin de inmediato a las ejecuciones extrajudiciales, y también que las autoridades, incluido el presidente, dejaran de fomentar y estimular la comisión de tales crímenes. Amnistía instó también a que las autoridades abrieran una investigación imparcial y eficaz sobre todos los presuntos homicidios ilegítimos. Sin embargo, hasta el momento las autoridades filipinas prácticamente han hecho oídos sordos a estos llamamientos.
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ONG lamentan respuesta de España ante condena y recomendaciones de ONU por no garantizar una vivienda alternativa a familia desahuciada

Xov, 08/02/2018 - 10:23
©GTRESONLINE El Comité DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) de Naciones Unidas condenó a España en julio de 2017 por vulnerar el derecho a la vivienda al no garantizar el acceso a una vivienda alternativa a una familia que, con dos hijos menores de edad, había sido desahuciada; y le obligó a presentar una serie de medidas para implementar las recomendaciones del dictamen. Sin embargo, la respuesta dada por parte de las autoridades españolas a esta condena y a las recomendaciones de Naciones Unidas, entre las que se encuentran la obligación de ofrecer una reparación efectiva a las víctimas, asegurar que su legislación y su aplicación son conformes con las obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda y la obligación de prevenir violaciones similares en el futuro, ha sido absolutamente insuficiente. Así lo denuncian hoy las organizaciones firmantes, que insisten en que actualmente España se encuentra en una crisis del derecho a la vivienda que está afectando a cientos de miles de personas. España estrena así, paradójicamente, membresía en el Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2018-20, ignorando su obligación de responder de manera adecuada al Comité sobre cómo iba a otorgar a las víctimas una compensación económica por las violaciones sufridas, además de cómo iba a reembolsarles los costes legales razonablemente incurridos en la tramitación de esta comunicación. Con respecto al caso del dictamen del Comité, la única respuesta que ha dado el Estado español ha sido la de informar acerca de que la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para que los afectados puedan presentarse a los procedimientos abiertos para la adjudicación de vivienda pública protegida. Sin embargo, la familia afectada, que tras el desalojo se vio obligada a vivir en un coche durante unos diez días, por falta de recursos y que actualmente habita ya en una vivienda adjudicada por el Ayuntamiento de Madrid, asegura que ninguna autoridad del Estado se ha puesto en contacto con ellos, ni siquiera para mostrar una disculpa. Para las organizaciones firmantes la respuesta del Estado español al dictamen de Naciones Unidas es insuficiente, como también es alarmante el hecho de que no incluya, en el escrito enviado al Comité, cómo va a establecer garantías de no repetición y cómo va a prevenir violaciones de este tipo en el futuro. Además, España desoye completamente las recomendaciones del Comité en materia de vivienda y tampoco ofrece una sola medida concreta para cumplir el dictamen, sino que simplemente remite a documentos pasados ya presentados ante el Comité y previos en cualquier caso al dictamen. Las entidades, que muestran una vez más su preocupación por la falta de cumplimiento del Estado español de sus obligaciones con respecto al derecho a la vivienda, exigen: Un incremento presupuestario orientado a aumentar el parque de viviendas sociales de alquiler con el fin de garantizar el acceso y el realojo de personas sin recursos. Este incremento debe revertir el hecho de que durante la crisis económica y cuando cientos de miles de personas han perdido sus viviendas, el Gobierno ha reducido desde 2009 el presupuesto de vivienda en más de un 70%. Reformas de las leyes procesales, incluida la Ley de Enjuiciamiento Civil, para incrementar las garantías de protección del derecho a la vivienda incluyendo el juicio de proporcionalidad que obligue a los jueces a evaluar caso por caso la proporcionalidad y razonabilidad de los desahucios de viviendas que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya exige. La adopción de protocolos que mejoren la coordinación entre juzgados y servicios sociales orientados a garantizar a las personas sin recursos un alojamiento adecuado alternativo. La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para reforzar los derechos de las personas arrendatarias y proteger su seguridad a la tenencia de la vivienda. Más información España tenía que presentar, en el plazo de seis meses desde que el Comité DESC emitió su dictamen en julio de 2017, una respuesta por escrito que incluyera información sobre las medidas tomadas tras el dictamen y las recomendaciones del Comité. Las organizaciones firmantes de este comunicado, Amnistía Internacional, Arquitectura Sin Fronteras (ASF), Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), Federación Europea de Asociaciones Nacionales que trabajan con Personas sin hogar – FEANTSA (representada por Cáritas Española), Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, Observatori DESC, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Sindicato de Inquilinos, han conformado un grupo de monitoreo de la sociedad civil, orientado al cumplimiento por parte del Estado del dictamen.
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Myanmar: Nuevas pruebas de que prosigue la limpieza étnica

Mér, 07/02/2018 - 16:45
Policía fronteriza en el Estado de Rajine, Myanmar. Copy: STR/AFP/Getty Images “La devastadora campaña de las fuerzas de seguridad de Myanmar contra la población rohingya en el norte del estado de Rajine dista de haber terminado”, ha declarado hoy Amnistía Internacional, que publica nuevos datos de las violaciones de derechos humanos que siguen cometiéndose y que en las últimas semanas han obligado a huir a cientos de personas más.A finales de enero de 2018, la organización entrevistó a 19 hombres y mujeres rohingyas recién llegados a Bangladesh, que dijeron que habían huido debido a la privación forzada de alimentos, los secuestros y los saqueos. Las agencias humanitarias han documentado miles de nuevas llegadas durante diciembre y enero, y muchos días aún cruzan la frontera decenas de personas.“Escudadas tras los desmentidos oficiales y las mentiras, y un esfuerzo concertado para negar el acceso a investigadores independientes, las fuerzas armadas de Myanmar siguen eludiendo las consecuencias de los crímenes de lesa humanidad”, ha afirmado Matthew Wells, asesor general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis, que acaba de regresar del último viaje de investigación de la organización a Cox’s Bazar, Bangladesh.“Las fuerzas de seguridad de Myanmar están recurriendo a patrones arraigados de abusos para expulsar silenciosamente del país al mayor número posible de rohingyas. Si no hay una acción internacional más efectiva, esta campaña de limpieza étnica continuará su desastrosa marcha”.La opresión continua parece concebida para hacer que el norte del estado de Rajine sea inhabitable para las decenas de miles de rohingyas que siguen viviendo allí, y se ha desatado tras la implacable campaña de violencia de las fuerzas armadas de Myanmar que ha llevado a que, desde agosto del año pasado, más de 688.000 personas rohingyas hayan pasado al otro lado de la frontera, a Bangladesh.El 25 de agosto de 2017, el ejército de Myanmar lanzó una operación militar contra la población civil rohingya en el norte del estado de Rajine después de que el grupo armado Ejército de Salvación Rohingya de Arakán atacase alrededor de 30 puestos de las fuerzas de seguridad. Entre los crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas armadas figuran homicidios generalizados de mujeres, hombres y niños y niñas; violaciones y otras formas de violencia sexual de mujeres y niñas; expulsiones masivas y el incendio sistemático de pueblos.Las personas que han llegado recientemente a Bangladesh estuvieron en Myanmar durante todos estos sucesos, intentando proteger sus propiedades y salvaguardar su derecho a vivir en sus pueblos.Privación forzada de alimentosLas personas recién llegadas contaron a Amnistía Internacional que la persecución persistente de las fuerzas armadas les hizo desistir y unirse forzosamente al éxodo a Bangladesh.Casi todas achacaban su huida a la aguda inseguridad alimentaria creada por la privación forzada de alimentos a las comunidades rohingyas restantes llevada a cabo por las autoridades de Myanmar.Muchas de las personas rohingyas que acababan de llegar a Bangladesh dijeron que el punto de inflexión llegó cuando las fuerzas armadas les negaron el acceso a sus campos de arroz en la temporada de la cosecha, en noviembre y diciembre. Las fuerzas de seguridad de Myanmar también han participado en el robo de ganado de la población rohingya o lo han facilitado, y han incendiado varios mercados locales e impedido el acceso a otros. Todo esto ha destrozado los medios de vida de la población rohingya y provocado escasez de comida.Las autoridades de Myanmar han empeorado aún más la inseguridad alimentaria al restringir severamente el envío de asistencia humanitaria al norte del estado de Rajine.Dildar Begum, de 30 años, llegó a Bangladesh a principios de enero de 2018 desde el pueblo de Ka Kyet Bet Kan Pyin, cerca de la localidad de Buthidaung. Contó a Amnistía Internacional que su familia quedó en una difícil situación económica cuando las autoridades llegaron a su casa y se llevaron una gran suma de dinero, amenazando con detener a su esposo si no pagaban. Luego los militares les impidieron a ellos y a otras personas rohingyas del pueblo cosechar sus campos de arroz. “No podíamos conseguir comida, por eso huimos”, dijo.Secuestros de niñas y mujeresAmnistía Internacional también ha documentado tres incidentes recientes en los que las fuerzas armadas de Myanmar secuestraron a niñas o mujeres jóvenes.A principios de enero, unos soldados irrumpieron en una casa del pueblo de Hpoe Khaung Chaung, en el municipio de Buthidaung. Hasina, de 25 años, dijo que mientras registraban la casa, exigieron a punta de pistola a su tío que entregara a su prima de 15 años, Samuda. La familia no ha vuelto a ver a la niña. Lo mismo sucedió a las demás niñas y mujeres jóvenes secuestradas, lo que las convierte en víctimas de desaparición forzada.Familias rohingyas de pueblos donde las fuerzas armadas han secuestrado recientemente a mujeres y niñas dijeron que habían huido por miedo a que continuaran los secuestros.Dada la violencia sexual generalizada que caracteriza esta y otras campañas militares anteriores contra la población rohingya en el norte del estado de Rajine, el secuestro de mujeres y niñas hace temer seriamente la existencia de violaciones y esclavitud sexual. Robo sistemático a la población rohingya que huyeLas personas rohingyas que huyen tienen que caminar por lo general varios días para llegar a la costa y pasar a Bangladesh en barco. Las fuerzas de seguridad de Myanmar han levantado puestos de control en estas rutas donde a menudo asestan un golpe final: el robo sistemático de dinero y otros objetos de valor a cada persona que pasa por ellos.Más de una decena de personas rohingyas recién llegadas dijeron que el peor de estos controles es el que está cerca de la mancomunidad de Sein Hnyin Pyar, por donde muchos rohingyas cruzan las montañas que separan los municipios de Buthidaung y Maungdaw. Todas dijeron que se había levantado una valla de alambre de espinos en un sendero que sigue el curso de un arroyo. Cuando llega un grupo de familias, los soldados y la policía de la Guardia de Fronteras bajan de un puesto de las fuerzas de seguridad situado en una ladera y lo rodean, separando a los hombres de las mujeres.Luego las fuerzas de seguridad roban sistemáticamente a los rohingyas todos los objetos de valor. Mohammed Salam, de 37 años, contó que cuando su familia pasó por el control próximo a Sein Hnyin Pyar, a principios de enero, los soldados les robaron a él y a su esposa más de 600.000 kyats (451 dólares estadounidenses), además de oro, un panel solar portátil y algo de ropa: prácticamente todas sus posesiones.Muchos rohingyas dijeron que, después de robarles, las fuerzas de seguridad anotaban su nombre y los pueblos de los que venían. Algunos recién llegados contaron también que, en controles posteriores, en el municipio de Maungdaw, los habían fotografiado y, en algunos casos, grabado en un vídeo en el que decían que los militares no los habían maltratado.Violencia sexualMujeres rohingyas que intentaban huir, sobre todo jóvenes, también contaron a Amnistía Internacional que soldados de Myanmar las sometían a violencia sexual durante los registros que efectuaban en los puestos de control.Khateza, de 22 años, llegó al mismo control próximo a Sein Hnyin Pyar en torno al 25 de enero. Tras registrar a los hombres de la cabeza a los pies y robarles, las fuerzas de seguridad registraron a las mujeres. “Nos registraron el cuerpo. Nos quitaron la ropa [exterior]. A todas las mujeres jóvenes, incluida a mí, nos registraron así: nos metieron la mano [sobre los pechos] [...] fue realmente incómodo. Fue muy embarazoso. Yo lloraba”.La respuesta internacional es “débil y poco eficaz”“El alcance y la amplitud de estos ataques que siguen cometiéndose en el norte del estado de Rajine demuestran que las fuerzas armadas de Myanmar continúan atacando y haciendo daño no sólo a las personas, sino a la dignidad de la población rohingya en su conjunto. Esto explica por qué los planes para la repatriación organizada son lamentablemente prematuros”, dijo Matthew Wells.Los gobiernos de Bangladesh y Myanmar firmaron un acuerdo de repatriación a finales de noviembre de 2017 y luego anunciaron que los retornos comenzarían el 23 de enero de 2018. El gobierno de Bangladesh retrasó la ejecución de la primera fase del plan horas antes de que finalizara el plazo, pero Myanmar sigue diciendo que está preparado para empezar.“Desde que comenzó la crisis, la respuesta de la comunidad internacional a las atrocidades que se están cometiendo contra la población rohingya es débil y poco eficaz, pues o bien no comprende la gravedad de la situación en el norte del estado de Rajine o bien no presiona lo suficiente a las fuerzas armadas de Myanmar para que pongan fin a la limpieza étnica”, concluyó Matthew Wells.“Hacen falta con urgencia un embargo de armas y sanciones específicas para transmitir el mensaje de que no se van a tolerar estas violaciones. También urge el acceso sin trabas y sostenido de la ayuda humanitaria a todo el norte del estado de Rajine”.
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Camboya: Tribunal Supremo confirma condena de la defensora del derecho a la tierra Tep Vanny

Mér, 07/02/2018 - 15:56
© LICADHO Ante la noticia de que el Tribunal Supremo de Camboya ha confirmado hoy la sentencia condenatoria y la pena de 30 años de prisión impuestas a la defensora del derecho a la tierra Tep Vanny, James Gomez, director de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático y Oceanía, ha declarado: "Con la sentencia de hoy, el poder judicial de Camboya ha demostrado una vez más que no puede actuar de forma independiente sino que decide hacer lo que manda el gobierno. Tep Vanny es una valiente activista social que no ha hecho más que defender pacíficamente a su comunidad. Debe ser puesta en libertad de inmediato e incondicionalmente, no ser obligada a pasar dos años y medio en la cárcel. Tep Vanny es un símbolo de la lucha por la justicia en Camboya. Su condena, un ejemplo de la represión a la disidencia James Gómez, Amnistía Internacional “Las actuaciones penales seguidas contra Tep Vanny han sido profundamente deficientes desde el principio. Tep Vanny se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia en Camboya y las autoridades están decididas a sacarla de las calles del país por todos los medios. "La sentencia de hoy no es más que la punta del iceberg. En el último año, el gobierno camboyano y el primer ministro Hun Sen han intensificado una preocupante represión de cualquier forma de disidencia. El mundo debe abrir los ojos ante lo que está pasando en Camboya y presionar al gobierno para que cambie de rumbo, abandonando la represión y yendo hacia el respeto a los derechos humanos, especialmente cuando se acercan las elecciones generales de julio". Información complementaria El 23 de febrero de 2017, el Juzgado de Primera Instancia de Phnom Penh declaró a Tep Vanny culpable de "actos deliberados de violencia con circunstancias agravantes" en aplicación del artículo 218 del Código Penal de Camboya y la condenó a dos años y seis meses de prisión debido a su participación pacífica en una protesta celebrada en mazo de 2013 frente al domicilio del primer ministro Hun Sen para pedir la libertad de uno de los miembros de la comunidad del lago Boeung Kak detenidos arbitrariamente. Además, Tep Vanny fue condenada al pago de una multa de cinco millones de rieles camboyanos (alrededor de 1.250 dólares estadounidenses), así como al de una indemnización a los demandantes, miembros ambos de las fuerzas parapoliciales del distrito de Daun Penh de Phnom Penh: cuatro millones de rieles (unos 1.000 dólares) al primero y cinco millones al segundo. El día del juicio, las fuerzas parapoliciales hicieron uso de fuerza innecesaria contra las personas que habían acudido frente al tribunal a mostrar pacíficamente su solidaridad con Tep Vanny. El 27 de julio de 2017, el Tribunal de Apelación de Phnom Penh vio su recurso y confirmó tanto la declaración de culpabilidad como la condena de prisión. Tep Vanny es una presa de conciencia que lleva a día de hoy 541 días en detención arbitraria.
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Siria: Testigos revelan detalles de ataque químico ilegal contra Saraqeb

Mér, 07/02/2018 - 15:35
© OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images El uso por el gobierno sirio de armas químicas prohibidas internacionalmente quedó de manifiesto una vez más el 4 de febrero, cuando un ataque con gas de cloro contra la localidad de Saraqeb se saldó con 11 heridos que necesitaron tratamiento urgente, según testimonios reunidos por Amnistía Internacional. La Defensa Civil Siria afirmó que se habían lanzado desde helicópteros bombas de barril que contenían gas de cloro y que los heridos sufrieron graves dificultades respiratorias, una fuerte irritación en la piel y los ojos, así como vómitos, y se desmayaron. Entre ellos había tres voluntarios de la Defensa Civil Siria que habían acudido al lugar para prestar ayuda. “Los ataques directos contra civiles están totalmente prohibidos y son crímenes de guerra. El hecho de que el gobierno se sienta en libertad de efectuar de forma flagrante estos ataques usando armas químicas prohibidas internacionalmente refleja la total impunidad de que gozan quienes ordenan crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Siria”. Que el gobierno sirio utilice armas químicas prohibidas internacionalmente contra la población civil, no muestra sino la total impunidad de la que goza Amnistía Internacional Amnistía Internacional habló con un voluntario de la Defensa Civil Siria que dijo que había llegado varios minutos después de que una bomba de barril —aparentemente la fuente del gas— cayera en un campo, a 50 metros de un almacén agrícola. No había nada que indicara la existencia de objetivos militares en las proximidades del bombardeo de Saraqeb, que está en la provincia noroccidental de Idleb y a 41 kilómetros de la línea de frente más cercana. “Oímos a gente gritar pidiendo ayuda en algún lugar de la carretera y a otros en el tejado de una casa. Había unas ocho personas que apenas podían respirar y que tosían sin parar. Les dimos oxígeno y las llevamos al hospital”, dijo el voluntario. “Mientras conducía, empecé a tener problemas para respirar, como si no pudiera hacerlo solo, y picor en los ojos. Sentí náuseas, como si quisiera vomitar. A mis amigos les pasó lo mismo, pero no estaban seguros de lo que estaba pasando. Vomité al llegar al hospital”. Otro miembro del equipo de la Defensa Civil Siria de Saraqeb dijo a Amnistía Internacional que había visto que se llevaban a los heridos a un puesto médico. “Cuando llegaron, vi que el equipo de rescate también tenía problemas para respirar y se desmayaron. El personal médico me dijo que los síntomas de los 11 afectados —incluidos los tres voluntarios de la Defensa Civil— eran compatibles con un ataque químico, probablemente de cloro”, dijo. Un enfermero que trabajaba en el puesto médico también confirmó que los heridos tenían síntomas de un ataque químico. “No podían respirar, tosían sin parar, tenían los ojos rojos y algunos vomitaban mucho... Por suerte, estábamos alrededor de 20 personas del equipo médico, por lo que les quitamos rápidamente la ropa, los lavamos y les dimos oxígeno y una sesión de broncodilatación para abrir las vías respiratorias de los pulmones”, dijo el enfermero. Los heridos, todos hombres, han sido ya dados de alta. Las fuerzas del gobierno sirio son sospechosas de haber llevado a cabo decenas de ataques con gas de cloro y otras armas químicas contra zonas controladas por la oposición desde 2012, matando a centenares de personas y causando terribles heridas a otras. El derecho internacional humanitario prohíbe tales ataques. En septiembre de 2013, tras la muerte de centenares de personas en presuntos ataques con gas sarín en Guta, a las afueras de Damasco, Siria se adhirió a la Convención sobre las Armas Químicas y el presidente Al Asad prometió destruir los agentes químicos prohibidos almacenados en el país. Sin embargo, un año después, en septiembre de 2014, la misión de investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) encontró convincentes indicios del empleo sistemático y reiterado de una substancia química tóxica como arma en pueblos del norte de Siria. La OPAQ dijo también que estaba segura de que las fuerzas gubernamentales habían usado el agente neurotóxico sarín en un ataque cometido contra la localidad de Kahn Sheikhoun, en la provincia de Idleb, en abril de 2017 que causó la muerte de más de 80 personas.
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Irán: Tres activistas en huelga de hambre después del traslado a una violenta prisión

Mér, 07/02/2018 - 11:03
Arash Sadeghi, Golrokh Ebrahimi Iraee y Atena Daemi, detenidos por defender los derechos humanos. © Particular Las autoridades iraníes deben poner en libertad inmediata e incondicional a los activistas de derechos humanos Atena Daemi, Golrokh Ebrahimi Iraee y el esposo de ésta, Arash Sadeghi. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional ante los informes de que los tres han iniciado una huelga de hambre para protestar por el traslado ilegal de Atena Daemi y Golrokh Ebrahimi Iraee a la peligrosa prisión de Shahr e Rey, en Varamin, a las afueras de Teherán.La prisión de Shahr e Rey (conocida también como Gharchak) es una granja avícola en desuso que alberga a varios centenares de mujeres condenadas por delitos violentos y que permanecen recluidas en condiciones insalubres y de hacinamiento, sin acceso a agua potable segura, comida decente, medicinas y aire fresco. La información procedente del centro penitenciario señala altos niveles de agresión contra las reclusas por parte tanto de otras reclusas como de personal penitenciario, así como un consumo de drogas descontrolado y una proliferación de enfermedades infecciosas.“Las terribles condiciones de la prisión de Shahr e Rey ponen a Golrokh Ebrahimi Iraee y Atena Daemi —ambas encarceladas indebidamente por su activismo pacífico de derechos humanos— en grave peligro de sufrir agresiones o violencia o verse expuestas a enfermedades infecciosas, además de vivir en unas condiciones insalubres y de hacinamiento. Tememos seriamente por su seguridad y su bienestar. Nadie debería ser encarcelado en unas condiciones tan atroces”, ha manifestado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el norte de África.Las autoridades iraníes han eludido sistemáticamente abordar los motivos de preocupación respecto al trato inhumano que sufren las mujeres recluidas en la prisión de Shahr e Rey. En lugar de eso, han amenazado con frecuencia a las presas de conciencia que hablan abiertamente con trasladarlas a la prisión de Shahr e Rey, y en algunos casos han cumplido su amenaza.Golrokh Ebrahimi Iraee y Atena Daemi fueron trasladadas desde la prisión de Evin, en Teherán, a Shahr e Rey el 24 de enero. Ambas han afirmado que algunos guardias penitenciarios varones las agredieron física y verbalmente, con insultos sexuales, patadas y puñetazos, entre otras cosas, cuando protestaron porque su traslado era ilegal y violaba la propia normativa iraní sobre la separación de las diferentes categorías de reclusos y reclusas. Desde entonces, las dos están en huelga de hambre.El esposo de Golrokh Ebrahimi Iraee, Arash Sadeghi, también activista de derechos humanos y preso de conciencia, lleva en huelga de hambre desde el 27 de enero. Exige el regreso de su esposa y Atena Daemi a la prisión de Evin, hasta que sean liberadas.“Nos preocupa enormemente el crítico estado de salud de Arash Sadeghi a causa de su protesta por el trato cruel e ilegal que las autoridades iraníes están dando a su esposa. Su organismo ya se encontraba debilitado por huelgas de hambre anteriores, y esta protesta podría poner en peligro su vida”, ha señalado Magdalena Mughrabi.“Este incidente demuestra además el espantoso entorno de quienes se atreven a defender los derechos humanos en Irán, donde las autoridades criminalizan cualquier forma de disidencia o activismo pacífico. Arash Sadeghi, Golrokh Ebrahimi Iraee y Atena Daemi son preso y presas de conciencia que han dedicado valientemente su vida a construir una sociedad más humana y más justa. Es terrible que se los castigue tan cruelmente por su firme compromiso para con los derechos humanos. Deben ser puestos en libertad inmediata e incondicional.”Información complementariaGolrokh Ebrahimi Iraee cumple una pena de tres años de prisión por escribir una historia de ficción, no publicada, sobre la práctica de ejecutar a mujeres por lapidación por adulterio.Atena Daemi cumple una pena de siete años de prisión por activismo pacífico; entre otros, se le impusieron cargos relacionados con la distribución de folletos contra la pena de muerte y publicaciones en Facebook y Twitter en las que criticaba el historial de ejecuciones de Irán.Es la segunda vez que Arash Sadeghi se pone en huelga de hambre para defender a su esposa. Ya mantuvo una larga huelga de hambre en octubre de 2016, cuando su esposa fue encarcelada por primera vez. Los médicos han avisado repetidamente que necesita una hospitalización prolongada para recibir tratamiento por el deterioro de sus problemas de salud, que le impiden comer alimentos sólidos y le han provocado graves complicaciones digestivas, renales y respiratorias, hemorragia abdominal y arritmia cardiaca. Sin embargo, las autoridades han bloqueado intencionadamente su traslado a un hospital, para atormentarlo y castigarlo. Amnistía Internacional ya ha manifestado anteriormente que esta práctica abusiva constituye tortura en estas circunstancias.Amnistía Internacional lanzó una campaña en septiembre de 2017 para instar a las autoridades iraníes a poner fin a su represión contra las personas que defienden los derechos humanos, y a permitir que estas personas trabajen en un entorno seguro sin miedo a sufrir persecución.
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España: La prolongación de la prisión provisional de Jordi Sànchez es “excesiva y desproporcionada”

Mar, 06/02/2018 - 19:11
Jordi Sànchez Tras la decisión de un juez del Tribunal Supremo de no poner en libertad a Jordi Sánchez, expresidente de la organización independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC), Gauri Van Gulik, directora de Amnistía Internacional para Europa, ha manifestado: “La prolongación de la prisión provisional de Jordi Sànchez constituye una restricción excesiva y desproporcionada de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. “En lugar de aprovechar la oportunidad para poner fin a su detención, el Tribunal Supremo ha agravado esta injusticia. Jordi Sànchez debe ser puesto en libertad de inmediato. En opinión de Amnistía Internacional, la resolución de hoy no aporta elementos nuevos que justifiquen la prolongación de la prisión provisional de Sànchez. Además, los cargos de sedición y rebelión que pesan contra Sànchez y Cuixart, según la información de que dispone Amnistía Internacional, son injustificados y, por tanto, deben retirarse". Aunque convocar protestas para obstruir operaciones policiales legítimas puede ser, si se demuestra su comisión, un delito sancionable contra el orden público, no constituye un delito grave como la sedición o la rebelión, castigados con penas de hasta 10 y 30 años.” Información complementariaAmnistía Internacional no cuestiona la sentencia del 7 de septiembre del Tribunal Constitucional que suspende, como medida cautelar, la ley del referéndum catalán. No obstante, como ciudadanos particulares y presidentes de organizaciones de la sociedad civil en el momento de los hechos que se están investigando, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez tenían derecho a expresar opiniones contrarias a las decisiones del Tribunal, así como a organizar reuniones pacíficas en apoyo al referéndum y a la independencia de Cataluña.  Aunque el derecho internacional de los derechos humanos permite a los Estados imponer algunas restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión con determinados fines legítimos, como proteger el orden público o la seguridad nacional, requiere que las autoridades demuestren que esas restricciones son necesarias y proporcionadas al objetivo perseguido. La presentación de cargos penales graves contra quienes organizan este tipo de reuniones es una medida excesiva y desproporcionada.Amnistía Internacional reitera que el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica garantiza el derecho de las personas y las organizaciones de la sociedad civil a expresar sus opiniones sobre el referéndum y sobre la independencia en general en cualquier momento, individual o colectivamente, incluso en el contexto de reuniones públicas.
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