Jaque al neoliberalismo

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Una mirada no convencional al modelo económico, la globalización y las fallas del mercadoMarco Antonio Morenonoreply@blogger.comBlogger6819125
Actualizado: fai 4 horas 4 min

Paraíso neoliberal: The Guardian critica el mercado del agua en Chile y plantea que en el mundo es un Derecho

Mar, 13/06/2017 - 13:01

Chile vuelve a coronarse como uno de los países más neoliberales del mundo. A la determinación tomada en dictadura de que el agua fuese un “bien transable”, se agregó años después la política impulsada por Eduardo Frei Ruiz-Tagle y aprobada por el Congreso de la época: privatizar las empresas sanitarias. ¿El resultado? 95,8% de la población bajo sus servicios y 99% de la población cubierta. ¿El mérito? no es de los privados, asegura The Guardian.

En el artículo, se señala que Chile va a contrapelo del mundo en materia del derecho al agua. “A nivel mundial, más del 90% de los servicios sanitarios son administrados por el Estado gracias a la férrea oposición al ingreso de actores privados, que suele traducirse en mayores tarifas y menor responsabilidad sobre la infraestructura”.

Lo que llama la atención, es la crítica al Estado Subsidiario implicado en el texto. En él se señala que “si bien en Chile es común creer que la privatización mejoró las condiciones sanitarias del país, fue en realidad el financiamiento público previo al traspaso a manos privadas el que permitió extender la cobertura”.

En los últimos cuatro años ha habido un acelerado problema en torno al agua potable tanto en zonas rurales como urbanas, y en particular en la Región Metropolitana y se ha vuelto nada extraño tener cortes de suministro por cualquier tipo de colapso. Ello indica que hay un desgaste en la inversión original del Estado.

Por tal motivo, The Guardian afirma que “mientras el desgaste de aquella inversión estatal y los nuevos desafíos del cambio climático exigen una nueva inversión por parte de los actuales dueños de las sanitarias, estas han incumplido los requerimientos mínimos estipulados por la autoridad”.

Las cifras del Gobierno dan cuenta de la gravedad del asunto: la empresa Aguas del Valle sólo invirtió un 49% del mínimo recomendado para 2014, mientras que Essbio y Esval invirtieron un 75% y 64% del mínimo recomendado, respectivamente. Mientras, las tarifas chilenas son las más caras de Latinoamérica. Y se imponen criterios de mercado en la iniciativa privada que excluye zonas de baja población o menos lucrativas.

Hay impedimentos políticos y jurídicos para cambiar la orientación de esta política, irracional a ojos del mundo. Chile ha firmado 26 acuerdos comerciales con 62 países desde que se iniciaran los procesos de privatización en 1990, en los cuales se establecen onerosas sanciones y abren opción de judicialización por parte de las corporaciones.

El debate legislativo a través del cual se pretendía modificar el Código de Aguas, en el cual se establecen los derechos de explotación de recurso por parte de la gran empresa, hoy estancado en el Congreso, da cuenta de estas dificultades. El proyecto se proponía cambiar los derechos de explotación “permanente” del recurso, por una regulación de 30 años.

El empresariado ha reaccionado enérgicamente para defender sus cuotas, imposibilitando toda modificación sustantiva. Al apuntar una que una eventual modificación sería “expropiatoria” y que “atenta contra el derecho a la propiedad” como han expresado desde el agro, la industria y la minería, el proyecto que desde 2011 se plantea modificar el código de 1981 fue desprovisto de todos estos aspectos.

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La política económica y exterior alemana está perjudicando la cohesión de la UE

Mar, 13/06/2017 - 09:01
Dimitrios Papadimoulis, Público

La economía europea está en una encrucijada, ya que los equilibrios económicos y geopolíticos globales está cambiando y la inestabilidad regional está aumentando continuamente.

Durante los últimos años, el liderazgo alemán ha estado imponiendo una política económica que divide las sociedades europeas y crea brechas profundas en la cohesión social. La política alemana también está debilitando el apoyo estatal a grupos sociales vulnerables y no contribuye a la aceleración de la unificación política de la UE ni a la implementación de medidas de armonización fiscal y crecimiento sostenible en los estados miembros.

Asimismo, la política financieramente restrictiva de Alemania en la Eurozona favorece el incremento excesivo de la balanza comercial del país a expensas de otros estados miembros que tienen problemas para reducir la tasa de desempleo y afrontar la recesión y la austeridad. En este escenario, la Eurozona está haciendo frente a una crisis duradera mientras Alemania está imponiendo su hegemonía económica y política, no dejando margen a las políticas alternativas y a los líderes políticos progresistas para cuestionar y revisar el modelo social actual en la Eurozona.

En el caso griego, el Gobierno alemán sigue evitando implementar sus propios compromisos, provocando demoras adicionales en las negociaciones sobre la muy necesaria hoja de ruta para el alivio de la deuda. Las maniobras políticas del Ministro de Finanzas, el Sr. Schauble, y la llamada tensión con el FMI por su participación en el programa del rescate griego son un insulto directo al pueblo griego, que perjudica perspectivas positivas de la economía y amenaza a los esfuerzos para transformar el clima empresarial en Grecia y en la Eurozona.

La postura polarizadora de Alemania también se manifestó en la última Cumbre del G7 en Italia. El liderazgo alemán no puede fingir representar a los 27 estados miembros de la UE, especialmente en un momento en que no está teniendo en cuenta las crecientes reivindicaciones del pueblo europeo. La auto-proclamada “postura hegemónica” de Alemania no sólo es engañosa, también es peligrosa para los equilibrios internos de la UE y la Eurozona.

Igualmente preocupante es la posición de la Canciller Merkel respecto a las sanciones a Rusia y de manera general hacia el papel del Kremlin en el panorama internacional. Reestablecer canales abiertos de comunicación entre Bruselas y Moscú es de vital importancia para ambas partes, puesto que el estado actual de aislamiento ha llevado a un crecimiento masivo de la propaganda y al retorno a tiempos en que la polarización y el odio alimentaban antagonismos hostiles.

Contra esta preocupante situación, es muy importante señalar que la decisión del Presidente francés Macron de reunirse con su homólogo Vladimir Putin es un paso en la dirección correcta. El recientemente electo liderazgo francés es partidario de relanzar la comunicación estratégica con Rusia y esto es algo que la Comisión europea debería reconocer como positivo y actuar en consecuencia. La UE debería demostrar de todas las formas posibles que defiende la paz mundial, el desarrollo social y económico, impulsando el diálogo continuo con todos los actores regionales.

El liderazgo político alemán parece ignorar las preocupaciones de una parte creciente del pueblo europeo, los movimientos sociales, y a gran cantidad de líderes europeos. Sobra decir que si la UE continúa sin abordar asuntos sociales y económicos fundamentales, las instituciones europeas perderán la legitimidad y la visión europea será derrotada.

Las fuerzas progresistas en Europa deberían bloquear un desarrollo tan negativo, unir fuerzas, aumentar la presión a Berlín y demostrar que ningún estado miembro tiene la autoridad legal, moral y política para afrontar unilateralmente los problemas estructurales de la Eurozona. La UE debería tener una estrategia abierta al exterior y construir sinergias en el extranjero. Deberíamos continuar trabajando en esta dirección, por encima de líneas ideológicas, para cambiar el fatídico rumbo de Europa.

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Pese a avances recientes, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo

Lun, 12/06/2017 - 13:30


“América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo, a pesar de los importantes avances realizados por los países durante la primera década y media del siglo XXI”, señaló Laís Abramo, Directora de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el noveno capítulo del programa “Horizontes CEPAL”. En esta entrevista, Abramo examinó los principales hallazgos del informe anual Panorama Social de América Latina 2016, presentado por el organismo regional de las Naciones Unidas el pasado 30 de mayo en conferencia de prensa en Santiago de Chile.

La noción de igualdad promovida por la CEPAL se refiere no solo a la igualdad de medios, ingresos o propiedad. También alude a la igualdad en el ejercicio de derechos, a la igualdad en el desarrollo de capacidades y autonomías y a la igualdad de género, étnica, racial y territorial, entre otras. Justamente, “a través del Panorama Social, la CEPAL llama la atención sobre la complejidad y las múltiples dimensiones de la desigualdad social en América Latina y el Caribe, y cómo estas dimensiones se entrecruzan, se potencian y se encadenan a lo largo del ciclo de vida de las personas, creando un desafío enorme para nuestra región”, dice Abramo. “Si todos los países de la región están comprometidos con el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es fundamental avanzar no solo en la superación de la pobreza sino también de la extrema concentración de la riqueza”, enfatizó, ya que los datos indican que “la concentración de los activos, es decir, de la propiedad, tanto financiera como no financiera, es mucho más severa y mucho más permanente que la concentración de los ingresos corrientes de las personas”. Además de analizar la evolución reciente de la desigualdad socioeconómica en la región, Abramo aborda en la entrevista la distribución del uso del tiempo entre hombres y mujeres, las brechas presentes en las distintas etapas del ciclo de vida y la situación de las personas afrodescendientes.

En América Latina viven aproximadamente 46 millones de personas de pueblos indígenas y 130 millones de afrodescendientes. Según estas estimaciones, uno de cada cuatro latinoamericanos es indígena o afrodescendiente, aunque su distribución es muy diversa y heterogénea en la región, resalta la Directora de la División de Desarrollo Social de la CEPAL.

“Esto significa que no se puede hablar de igualdad, de superación de la pobreza, de la agenda de derechos, sin considerar de manera muy clara la situación de estas poblaciones”, plantea Abramo. Sin embargo, los datos incluidos en el Panorama Social 2016 revelan que los indígenas y afrodescendientes sufren profundas desigualdades en todas las áreas del desarrollo social en comparación con los no indígenas y no afrodescendientes. El estudio completo, concluye la funcionaria, será un aporte para los trabajos de la segunda Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, que tendrá lugar a fines de octubre en Montevideo, Uruguay, con la participación de autoridades y representantes de la sociedad civil. El tema principal del encuentro, adelantó, será “el doble desafío de la inclusión social y económica”, con un enfoque importante en el ciclo de vida.

Los capítulos previos del programa “Horizontes CEPAL” ofrecieron entrevistas exclusivas con la Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena, y otros directores del organismo regional. Las próximas ediciones seguirán abordando los distintos temas que forman parte del programa de trabajo de la Comisión, especialmente aquellos relacionados con la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

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Jeremy Corbyn resucita al laborismo en Reino Unido

Sáb, 10/06/2017 - 22:31

Las cosas a veces son más sencillas de lo que nos dicen. Tras 30 años contándonos la película de que la socialdemocracia tenía que abandonar las políticas clásicas de izquierda para conectar con la modernidad, la globalización y los deseos de eficacia de las nuevas mayorías sociales, un señor honesto llamado Jeremy Corbyn, curtido en mil batallas justas y perdidas, tomó las riendas del Partido Laborista en septiembre de 2015 ante el espanto de los medios y las élites conservadoras. En poco más de un año, Corbyn ha conseguido resucitar a un partido moribundo y sin norte, confundido por décadas de complicidad con el poder financiero y las grandes corporaciones, y ha logrado movilizar a millones de votantes y de jóvenes desentendidos de la política para conseguir el mejor resultado de los Labour en mucho tiempo.

Esta resurrección de la izquierda clásica, basada en un programa económico solvente y redistributivo, que revierte las nefastas privatizaciones y los recortes sociales que abrazaron con fe de conversos sus antecesores, ha sido posible sobre todo porque Corbyn se ha propuesto, por encima de cualquier otra cosa, mejorar el presente y el futuro de los más jóvenes y los más vulnerables. Esta es la mejor noticia de las elecciones británicas celebradas el 8 de junio. La renovada fuerza del viejo socialismo y sindicalismo británicos debería servir de modelo frente a las políticas de austeridad impulsadas por Alemania en la Unión Europea. Ojalá los resultados de Corbyn entierren para muchos años el modelo que se llamó de la Tercera Vía (Blair, Schroeder, González, Hollande y el último Zapatero) incapaz de hacer frente, llegado el momento, a una crisis formidable de los principios socio-liberales que habían aceptado casi sin discusión. Lo que hundió a los partidos socialdemócratas prácticamente en la irrelevancia en muchos países europeos no fue la torpeza de los votantes que se sentían traicionados con razón, sino la incapacidad de sus dirigentes (se llamaran Sigmar Gabriel, Susana Díaz, Manuel Valls o Alfredo Pérez Rubalcaba) para hacer frente a la desregulación y defender lo que constituía lo esencial de su compromiso político: la defensa de los más débiles, a través de políticas públicas financiadas por un sistema tributario solidario y eficaz.

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El auge del nacionalismo económico y el proteccionismo

Ven, 09/06/2017 - 06:01
Este discurso fue pronunciado por Nick Beams, miembro fundador del Partido Socialista por la Igualdad de Australia y secretario nacional entre 1985 y 2015, en el acto en línea del Día Internacional de los Trabajadores del 2017, celebrado el 30 de abril Ha pasado casi una década desde el inicio de la crisis financiera global del 2008. Desde entonces, todas las contradicciones del modo de producción capitalista que la detonaron se han agudizado.

El análisis realizado por el Comité Internacional de la Cuarta Internacional en ese momento estableció que no fue una simple fluctuación temporal o fin de un ciclo comercial, sino un colapso de todo el sistema capitalista.

Mediante una intervención desesperada —transfiriendo billones de dólares de los bancos centrales al sistema financiero mundial—, las clases gobernantes lograron evitar que el colapso fuese tan grande como la Gran Depresión de los años treinta.

Sin embargo, han sido incapaces de resolver las contradicciones dentro del sistema de ganancias que desencadenaron la debacle financiera. Las medidas que impusieron realmente han exacerbado estas contradicciones.

La causa inmediata de la crisis fue la subida del capital financiero y su acumulación de ganancias de una cúspide a otra, basándose en lo que constituyó un acaparamiento criminal y parasitario de recursos económicos. No obstante, estas mismas prácticas continúan porque la Reserva Federal de Estados Unidos y los principales bancos centrales puso billones de dólares en manos de los especuladores financieros.

Las consecuencias sociales se ven ahora con claridad. En todos los países —tanto economías avanzadas como los llamados "mercados emergentes”— las condiciones sociales de la clase obrera están empeorando. Los salarios reales se están estancando, mientras que los informes oficiales dejan claro que la participación laboral del ingreso global está disminuyendo.

Bajo los dictados del capital financiero global, el gasto público en servicios básicos como salud, educación y pensiones está siendo eviscerado. Millones de trabajadores de mayor edad, tras haber sido forzados a dejar sus empleos anteriores, ahora si acaso viven una existencia miserable, mientras que los jóvenes, endeudados por intentar tener una educación, son incapaces de encontrar un empleo con un salario permanente y digno. La concentración de la riqueza en lo más alto de la sociedad burguesa ha llegado a tal punto que sólo ocho multimillonarios poseen tanto como la mitad de la población mundial.

En su reunión de primavera este fin de semana, el Fondo Monetario Internacional afirmó que la economía mundial ya está en una "recuperación cíclica". Pero, a pesar de intentar retratar un cuadro optimista, reconoció que el crecimiento de la productividad está en su punto más bajo en décadas, que ha habido una marcada desaceleración en el comercio mundial y, a raíz de esto, las condiciones anteriores no han regresado. De hecho, la crisis histórica del sistema capitalista global está generando las mismas condiciones que desencadenaron los conflictos económicos en los años treinta y la guerra en 1939.

Inmediatamente después de la crisis financiera, los líderes de las principales potencias capitalistas se comprometieron a abstenerse de toda forma de proteccionismo comercial, reconociendo sus consecuencias desastrosas durante la Gran Depresión. De esta manera, se felicitaron a sí mismos: aprendimos las lecciones del pasado y la historia es historia.

Posteriormente, continuaron reiterando su compromiso a resistir al proteccionismo en sus declaraciones. Pero, cada vez más, conforme el crecimiento económico y el comercio se estancaban y la lucha por mercados y ganancias se intensificaba, las potencias capitalistas comenzaron a introducir restricciones y dicho compromiso comenzó a brillar más por su inobservancia.

Este año, estos procesos han llegado a un punto de inflexión cualitativo. La promesa de "resistir al proteccionismo", previamente considerado rutinaria, se ha convertido en algo tan controversial que las instituciones económicas globales la han eliminado de sus declaraciones. Esto es a pesar de que, en palabras de la titular del FMI, Christine Lagarde, la "espada del proteccionismo" se cierne sobre la economía mundial, un peligro claro y presente. Al igual que en la década de 1930, la burguesía se desliza nuevamente hacia el desastre.

La causa inmediata de la crisis en las relaciones económicas internacionales es el reaccionario programa nacionalista "EEUU ante todo" del gobierno de Trump. Pero sería el mayor error y una conclusión miope establecer que las acciones de este régimen, su campaña de guerra económica y militar, son alguna clase de aberración, un mal que puede ser omitido si tan sólo llegaran mentes más sabias al poder. En el sentido más directo e inmediato, la violencia del gobierno de Trump es sólo la expresión más gráfica de las contradicciones irresolubles del sistema capitalista en su conjunto.

Hace cien años, el mundo se encontraba envuelto en la Primera Guerra Mundial. Esta no fue una "guerra para terminar todas las guerras", sino que marcó el comienzo de más de tres décadas de lucha para determinar cuál potencia imperialista asumiría el dominio mundial. Estados Unidos emergió como la potencia mundial preeminente dando por concluida la Segunda Guerra Mundial tras arrojar dos bombas atómicas sobre Japón.

Ahora, una nueva lucha por la supremacía mundial comienza, con amenazas nucleares y el peligro de la destrucción de toda la civilización desde el principio. Este nuevo período de guerra está siendo impulsado por las mismas contradicciones irresolubles del capitalismo mundial que detonaron las dos primeras conflagraciones imperialistas.

Ante su declive económico, el imperialismo estadounidense, la potencia dominante, busca mantener y mejorar su posición a través de medios militares. Pero al hacerlo, ha desencadenado una nueva disputa por el dominio mundial a la que todas las otras potencias imperialistas se deben unir para proteger sus posiciones —en el análisis final, por medios militares.

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, León Trotsky explicó sus orígenes objetivos y planteó la estrategia que la clase obrera debía seguir. "La guerra", escribió, "es el método por el cual el capitalismo, en la cumbre de su desarrollo, busca la solución de sus insalvables contradicciones".

“A este método”, continuó, “el proletariado debe oponer su propio método: el de la revolución social.” Debe avanzar “como programa práctico del día la organización socialista de la economía".

Esto es aun más cierto hoy. Ningún problema importante económico, social ni ambiental puede ser resuelto dentro del sistema de lucro. Pero, como insistió Marx, todo gran problema siempre viene acompañado por las emergentes condiciones materiales para su resolución. La globalización de la producción, la unificación del trabajo social de la clase obrera internacional, la producción de muchísima información económica a nivel mundial y el desarrollo de sistemas de comunicación por parte de las empresas transnacionales y el capital financiero han creado las bases para la construcción a nivel global de una economía socialista planificada, libre de guerras, toda explotación y opresión. Este programa debe ser la base para la lucha contra el creciente peligro de guerra.
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Via wsws.orgUna mirada no convencional al neoliberalismo y la globalización
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India: la gran potencia de en medio

Xov, 08/06/2017 - 15:15
Immanuel Wallerstein, La Jornada

Tengo la impresión de que, de todas las grandes potencias del sistema-mundo contemporáneo, sea cual sea la forma en que definamos gran potencia, India es la que recibe menor atención. Admito que esto ha sido cierto de mi parte, pero es cierto también de la mayoría de los analistas geopolíticos.

¿Por qué ha de ocurrir esto? Después de todo India se está acercando rápidamente al punto donde tendrá la población más grande del mundo. Es respetablemente alta en casi todas las medidas de fortaleza económica y mejora todo el tiempo. Es una potencia nuclear y tiene una de las fuerzas armadas más grandes del mundo.

Es un miembro del G-20, lo que le confiere un certificado de ser una gran potencia. No obstante, no es miembro del G-7, que es un grupo mucho más restringido y mucho más importante. Es uno de los cinco países conocidos como BRICS –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Pero el BRICS, la fuerza creciente de las economías emergentes a principios del nuevo siglo, ha resbalado en su significación geopolítica, puesto que sus economías, con excepción de China, se debilitaron repentina y radicalmente desde la decadencia de la economía-mundo posterior a 2008. Es miembro oficial, con China y Rusia, pero también con Pakistán, de la Organización de Cooperación de Shanghai, pero su estructura no parece convertirse en una fuerza importante en la política mundial.

Los gobiernos de India, sin importar qué partidos hayan estado en el poder, han invertido mucha energía en buscar un papel más importante en el sistema-mundo. En particular, han buscado obtener el respaldo de otras potencias en relación con la añeja disputa con Pakistán sobre Cachemira. No parece que hayan logrado nunca este objetivo.

En los días de la guerra fría, India fue oficialmente neutral y de facto más cercana a Rusia. Desde el colapso de la Unión Soviética, India ha intentado mejorar sus relaciones con Estados Unidos. Pero lo que logró en términos de respaldo estadounidense, lo perdió en términos de política con China.

China ha tenido serios conflictos armados con India por territorio, y está enojada por la hospitalidad del país asiático hacia el Dalai Lama.

India ha sido el país raro en Asia, pues cuenta con un sistema parlamentario en funciones, con virajes en la fuerza electoral entre el Partido del Congreso (heredero del movimiento de independencia) y el Partido Bharatiya Janata (un movimiento nacionalista hindú de derecha). Este hecho recibe aplausos de los analistas y los líderes políticos de los países paneuropeos, pero no parece haber significado que respalden las demandas de India en pos de mayor reconocimiento en ningún grado importante.

Una pregunta que podríamos hacernos es: ¿quién necesita realmente a India?

Estados Unidos (EU), especialmente desde que Donald Trump asumió el poder, quiere que India compre más de su país sin invertir, sin embargo, demasiado a cambio. De hecho, en este momento, el regreso del personal de tecnología de Internet a India desde Estados Unidos (y de otros países occidentales) está amenazando a EU con una pérdida significativa de empleos en uno de los pocos sectores donde el país estadounidense lo ha estado haciendo bien hasta ahora.

¿Acaso China necesita de India? Por supuesto, China quiere el respaldo de India en cualquiera de sus querellas con Estados Unidos, pero la nación asiática es un rival por el respaldo de los países del sureste de ese continente, no un socio en su desarrollo.

Rusia e Irán podrían utilizar el apoyo de India en asuntos relacionados con Medio Oriente, pero el país asiático duda en otorgar demasiado respaldo, aún cuando están de acuerdo básicamente en cuestiones como, digamos, Afganistán, por temor a ofender a Estados Unidos. Las naciones del sureste asiático creen que llegar a arreglos con China resulta mucho mejor que llegar a arreglos con India.

Claramente, el problema, es que India es un país de en medio. Es lo suficientemente fuerte como para ser tomado en cuenta por otros, pero no es lo suficiente fuerte como para jugar un papel decisivo. Así, conforme las demás potencias barajan constantemente sus prioridades, India parece destinada a ser una que reaccione a sus iniciativas, más que una que haga que los otros reaccionen a las iniciativas de India.

¿Cambiará esto en la próxima década? En la caótica geopolítica del estado actual del sistema-mundo, todo es posible. Pero no parece demasiado probable.

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No se está entendiendo por qué ganó Trump

Mér, 07/06/2017 - 20:58
Vicenç Navarro, Público

En la cobertura mediática del tsunami político que ocurre en EEUU se hace excesivo hincapié sobre la figura de Trump y su idiosincrasia y comportamiento atípico como presidente del país, sin analizar el contexto político que determinó tal elección, lo que hace que no se esté entendiendo por qué ocurrió tal tsunami. Atribuir este hecho –su elección como presidente- predominante a su figura es un error de primera magnitud, pues hay algo mucho más importante que Trump para comprender lo que está pasando en EEUU, y es entender por qué más de sesenta millones de personas votaron por él (casi el 50% de las personas que fueron a votar lo hicieron por él). Y lo que es incluso más importante es entender por qué la gran mayoría de la clase trabajadora blanca, que constituye la mayoría de la clase trabajadora estadounidense, lo votó. En realidad, la clase trabajadora blanca fue el centro de su base electoral. Este es el punto más importante que hay que entender. Sin comprender este hecho, habrá muchos Trumps como presidentes en las próximas décadas en EEUU.

¿Por qué la clase trabajadora votó a Trump? En primer lugar, tenemos que hacer una aclaración, que es obvia, pero que parece desconocida, ignorada u ocultada en los grandes medios de información. En EEUU (como en todos los países de Europa) hay una clase trabajadora distinta a la clase media. En realidad, hay más estadounidenses que se definen como pertenecientes a la clase trabajadora que a la clase media. Los datos están ahí para aquellos que quieran verlos. Y lo mismo, por cierto, ocurre en la mayoría de países de la Unión Europea, incluyendo España.

Esta clase trabajadora en EEUU ha ido perdiendo capacidad adquisitiva en los últimos treinta años, desde los años ochenta, con la elección del presidente Reagan, que inició las políticas neoliberales que constituían un ataque frontal a la clase trabajadora. Las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas totales del país han ido descendiendo, pasando de un 70% de todas las rentas a finales de los años setenta, a un 63% en el año 2012. El enorme endeudamiento de las familias estadounidenses (y el gran crecimiento del sistema crediticio financiero) se basa en este hecho. Este descenso de las rentas del trabajo creó un problema, al disminuir la demanda y el crecimiento económico (puesto que la mayor parte de la demanda procede del consumo originado por las rentas del trabajo). Por otra parte, el crecimiento del sector financiero (que, como acabo de decir, fue también consecuencia del descenso de las rentas del trabajo) y la escasa rentabilidad de las inversiones en el sector productivo de la economía (donde se producen los bienes y servicios) explican que crecieran las inversiones especulativas, creando las burbujas cuya explosión (sobre todo la inmobiliaria) creó la Gran Recesión, consecuencia del comportamiento especulativo del capital, facilitado por las políticas desreguladoras del capital financiero.

La desregulación del comercio y de la movilidad de capitales inversores que perjudicó a la clase trabajadora Las políticas neoliberales, en su objetivo de incrementar la rentabilidad del capital, facilitaron la movilidad de las industrias manufactureras a países con salarios más bajos y con peores condiciones laborales. Ello causó una gran destrucción de puestos de trabajo bien pagados en el sector manufacturero de EEUU, ocupados en su mayoría por la clase trabajadora blanca. En realidad, bastaba que los dueños y gestores de las industrias manufactureras amenazaran a sus trabajadores con el traslado a otro país, para conseguir rebajas salariales y la aceptación de peores condiciones de trabajo. Es lógico, pues, que la clase trabajadora, afectada por tal movilidad de industrias a otros países con salarios mucho más bajos, odiara los tratados de libre comercio y a los gobiernos que los promovían. En realidad, los efectos de tal movilidad aparecen claramente en los barrios donde viven los trabajadores metalúrgicos en la ciudad de Baltimore (tales como Dundalk), uno de los centros industriales más importantes de EEUU. El traslado de los altos hornos del acero (Bethlehem Steel Corporation) a otro país creó un enorme deterioro en tales barrios. Estas políticas neoliberales han sido llevadas a cabo por todos los gobiernos federales, desde Reagan hasta Obama, siendo, por cierto, más acentuadas y promovidas por los presidentes demócratas Clinton y Obama, que por los republicanos.

Otra causa del enfado de la clase trabajadora: Las limitaciones de los programas sociales federales El Estado del Bienestar en EEUU está muy poco desarrollado. Como resultado del enorme poder que los propietarios y gestores de las grandes corporaciones financieras, industriales y servicios tienen sobre el Estado federal (lo que en aquel país se llama la Corporate Class), los derechos sociales y laborales están muy poco desarrollados. No hay, por ejemplo, el derecho de acceso a los servicios sanitarios. En realidad, en EEUU hay más muertes debidas a falta de atención médica que a la enfermedad del SIDA. Un indicador de la crudeza e insuficiencia del sistema sanitario estadounidense es que el 44% de las personas que se están muriendo (es decir, que tienen enfermedades terminales) indican que están preocupadas por cómo ellas o sus familiares podrán pagar sus facturas médicas. No hay plena consciencia en Europa de que EEUU es el capitalismo sin guantes.

No existe en EEUU la universalidad de derechos, es decir, que una persona, por ser ciudadana o residente, tenga un derecho en concreto. La provisión de servicios sanitarios, por ejemplo, depende de la renta de una persona, siendo los programas sanitarios del gobierno federal (como Medicaid) de tipo asistencial, es decir, de ayuda a los pobres, que, erróneamente, se cree que son los negros (en realidad, la gran mayoría de pobres en EEUU son blancos, aunque los negros son los más pobres entre los pobres). Pero en el imaginario popular, entre la clase trabajadora blanca, se considera que son los negros los que se benefician más de estos programas federales, cuyos gastos se cubren primordialmente con los impuestos que pagan las clases populares. De esta percepción (errónea) se crea el antagonismo de la clase trabajadora blanca (que no se beneficia de estas políticas federales asistenciales) hacia el gobierno federal, por pagar, con sus impuestos, la asistencia sanitaria a los pobres (que consideran que son los negros). De ahí la elevada impopularidad entre la clase trabajadora blanca de los programas antipobreza federales (que Trump quiere disminuir radicalmente).

¿Qué ha estado haciendo el partido supuestamente de izquierdas, el Partido Demócrata?: Las limitaciones de las políticas de identidad antidiscriminatorias Uno de los atractivos del modelo americano ha sido la posibilidad de ascender en la escala social. La movilidad vertical era la base del sueño americano (The American Dream). Esta percepción daba pie a relativizar la clase social en la que un ciudadano nacía, puesto que se asumía que podría ascender a las otras clases sociales, incluyendo la que se llamaba la clase alta.

Se reconocía, sin embargo, que tal movilidad social estaba perjudicada por la discriminación que las minorías (como las afroamericanas) y las mujeres sufrían. De ahí que, a partir de la legislación de derechos civiles, iniciada por el presidente Johnson (en respuesta al movimiento liderado por Martin Luther King en defensa de los derechos civiles), el gobierno federal estableciera las políticas antidiscriminatorias, como el punto central de sus políticas sociales, que tenían como objetivo facilitar la integración de los sectores discriminados dentro de la movilidad vertical, favoreciendo a minorías y mujeres, aumentando con ello su número en las estructuras de poder político y mediático. La elección de un afroamericano, Barak Obama, como presidente, culminó este proceso entre los negros, y el intento de la candidata Clinton hubiera tenido el mismo significado para las mujeres.

Ahora bien, la mayor discriminación que existe en EEUU es la discriminación por clase social. La mortalidad diferencial por clase social es mucho mayor, por ejemplo, que la mortalidad diferencial por raza o género. Es más, la mortalidad diferencial por raza tiene poco que ver con la raza, sino con racismo. La discriminación racial pone a la mayoría de negros en la clase trabajadora no cualificada y peor pagada. Tal discriminación de clase relativiza el sueño americano, pues la movilidad social, que permite el paso de la clase trabajadora a las clases más pudientes, ha sido siempre –en contra del mito del sueño americano- muy limitada y menor, por cierto, que en países como los escandinavos, donde los instrumentos de la clase trabajadora (como los partidos de izquierdas y los sindicatos) han sido más poderosos.

La falta de sensibilidad hacia la discriminación de clase explica que la clase trabajadora blanca tenga poca simpatía por los programas antidiscriminatorios, los cuales no la benefician directamente. En realidad, el aumento de negros y mujeres en las estructuras de poder ha tenido muy escaso impacto en la mayoría de negros y mujeres que pertenecen a la clase trabajadora. El estándar de vida de la clase trabajadora negra no aumentó durante el gobierno Obama. Y lo mismo hubiera ocurrido con las mujeres si hubiera ganado las elecciones la Sra. Clinton. Su insensibilidad hacia la discriminación de clase y la necesidad de incorporar la variable de clase en sus políticas (llegando incluso a insultar a la gente trabajadora seguidora de Trump) explica que la mayoría de mujeres de clase trabajadora no votaran por ella, sino a Trump.

Las únicas voces dirigidas a la clase trabajadora: Sanders y Trump Las únicas voces que hablaron a y de la clase trabajadora fueron el candidato demócrata Bernie Sanders y el candidato republicano Donald Trump. El primero, un senador socialista conocido por su integridad y continua defensa del mundo del trabajo, criticó las políticas neoliberales que habían afectado muy negativamente el nivel de vida de la clase trabajadora, denunciando los tratados de libre comercio que habían promovido los gobiernos demócratas de Clinton y de Obama, siendo una de sus máximos defensores la Sra. Hillary Clinton, primero como esposa del presidente Clinton, y más tarde como Secretaria de Estado (cargo semejante al de Ministro de Asuntos Exteriores). Criticó también las reformas laborales realizadas por los sucesivos gobiernos, las cuales descentralizaron los ya muy descentralizados convenios colectivos, debilitando a los sindicatos. Su grito de batalla electoral era que EEUU necesitaba una revolución política, rompiendo con el maridaje del poder económico y financiero con el poder político, maridaje que es favorecido por la financiación privada del proceso electoral, mediante la cual los lobbies financieros y económicos financian a los candidatos sin ningún freno en la cantidad de dinero que estos candidatos puedan recibir, para, entre otras cosas, comprar espacio televisivo, que está completamente desregulado, disponible para el mayor comprador. Sanders propuso la financiación pública del proceso electoral, reduciendo o incluso eliminando la financiación privada derivada de los lobbies financieros, económicos y profesionales. Ganó en 22 de los 50 Estados durante las primarias del Partido Demócrata, siendo el más popular entre la gente joven y la trabajadora. Las encuestas mostraban que hubiera ganado las elecciones a Trump.

Pero el aparato del Partido Demócrata, claramente controlado por los Clinton y los Obama, se movilizó para destruirlo, siendo el adversario principal del partido. La victoria de Hillary Clinton sobre Sanders aumentó la abstención de un porcentaje muy elevado de los jóvenes, y causó un flujo de votantes antiestablishment hacia Trump. Las clases populares querían primordialmente mostrar su gran rechazo al establishment político-mediático centrado en Washington, la sede del gobierno federal.

La derrota de Sanders promovida por el Partido Demócrata facilitó la victoria de Trump La derrota de Bernie Sanders facilitó la victoria de Trump. Pero la mayor causa de su éxito fue la movilización del movimiento libertario, dirigido por el Tea Party, que había ido infiltrando y controlando las bases del Partido Republicano, en su lucha contra el establishment político de Washington, incluyendo el establishment republicano. Este movimiento, claramente financiado por intereses financieros de carácter especulativo (como los hermanos Koch), tenía como su objetivo central eliminar la presencia del Estado federal en la escasamente regulada actividad financiera, como por ejemplo en los sectores inmobiliarios, los sectores de casinos y juego, y la actividad especulativa de la banca. Estos sectores se aliaron con la clase trabajadora blanca que, por las razones indicadas anteriormente, se oponía al Estado federal. Fue esta alianza la que constituyó la base del movimiento libertario, un movimiento de ultraderecha que sembró el campo para el éxito de la candidatura de Trump. Este diseñó su campaña con un programa para anular los tratados de libre comercio y favorecer las rentas del capital, bajando espectacularmente los impuestos de sociedades de un 35% a un 15% y eliminando los programas antipobreza y los programas antidiscriminatorios con una narrativa racista y machista. El suyo es un programa libertario como máxima expresión del neoliberalismo, intentando eliminar la influencia del sector público y de las intervenciones públicas mediante la privatización de los programas públicos.

¿Es Trump un fascista? Trump tiene características de la ideología fascista, tales como un nacionalismo extremo basado en un sentido de superioridad de raza y de género (un machismo muy acentuado), con un canto a la fuerza y a la intervención militar, con una concepción no solo autoritaria, sino también totalitaria del poder, deseoso de controlar los mayores medios de información y reproducción de valores (desde la prensa y la televisión, hasta al mundo universitario), profundamente antidemocrático, presentándose como el salvador de las víctimas del sistema político corrupto.

Ahora bien, también hay que subrayar las características que le diferencian del fascismo. Una es que Trump no creó un movimiento y partido, sino que fue al revés: el movimiento popular antiestablishment creó a Trump. La segunda característica que le aleja del fascismo es que está en contra del Estado (a la vez que lo instrumentaliza para optimizar sus intereses particulares y los intereses del mundo del capital), siendo su postura un libertarismo neoliberal extremo. En realidad, es la expresión máxima del neoliberalismo. Definir a tal movimiento como populista es no entender los EEUU. En realidad, han existido partidos semejantes al Tea Party que tuvieron características parecidas al actual. Nada menos que Henry Wallace, el vicepresidente progresista del presidente Roosevelt, alertó de la posibilidad que surgiera un fascismo americano, con características propias, que en defensa del ciudadano común se convertiría en el máximo exponente de los intereses del mundo del capital, el cual es siempre proclive a movimientos autoritarios y totalitarios, intentando establecer un orden altamente represivo que impida el surgimiento de movimientos que amenacen las estructuras de poder. Trump es un ejemplo de ello.

El término populismo, utilizado por el establishment político mediático para definir cualquier movimiento contestatario, tiene escasísima capacidad analítica para entender lo que está pasando en EEUU (y en Europa). En EEUU es un movimiento libertario extremo con características totalitarias semejantes (pero no idénticas) al fascismo que votó unánimemente contra el establishment político-mediático -el Partido Demócrata-, representado por Hillary Clinton apoyando en su lugar a Trump que, astutamente utilizó una narrativa antiestablishment, presentándose como la alternativa a tal rechazado establishment. Definir este fenómeno como populismo tiene poco valor explicativo. Es lógico que el establishment político-mediático lo defina como tal, pues es la manera de caricaturizarle, dificultando su comprensión, pero no tiene ningún valor ni científico ni explicativo, pues dificulta la comprensión del fenómeno que se analiza.

¿Qué pasará en EEUU? En realidad, la evidencia apunta a que el establishment político-mediático estadounidense tampoco entiende lo que está pasando en aquel país. Su obsesión con la figura de Donald Trump, sin analizar y actuar sobre las causas de que casi la mitad del electorado le votase, es un indicador de ello. Y la respuesta del Partido Demócrata a este hecho es dramáticamente insuficiente: sus propuestas son continuadoras de las que propusieron las últimas administraciones de tal partido (Clinton y Obama), sin que haya incurrido en la más mínima autocrítica. Asumen que la falta de popularidad del presidente Trump forzará un cambio, incluyendo su posible impeachment, ignorando que lo que determina la victoria de un candidato no es su popularidad en el país, sino el nivel de apoyo que consigue entre el electorado que lo vota en relación con otras alternativas. Y lo que está predeciblemente ocurriendo es que mientras la popularidad general del presidente Trump está descendiendo (nunca fue muy popular), la que tiene entre sus votantes es extraordinariamente alta. Vemos que, en contraste con lo que ocurre en el Partido Demócrata, la lealtad del votante a Trump es elevadísima. Es visto, por parte de las bases electorales, como el antipolítico, sujeto a una gran hostilidad por parte de los mayores medios de información, a los cuales sus votantes detestan.

Referente a las posibilidades de ser expulsado de su cargo (impeachment), estas son pequeñas, pues ello dependería de una acción del Congreso, hoy controlado por el Partido Republicano, donde el movimiento libertario de ultraderecha tiene un enorme poder. En ausencia de un cambio improbable en el Partido Demócrata, las próximas elecciones al Congreso verán un enorme aumento de la abstención (ya siempre muy elevada) que permitiría mantener el Congreso y el Senado en manos del Partido Republicano. Solo en caso de que este perdiera el control del Congreso podría ocurrir el impeachment. De ahí que lo que ocurra va a depender no solo de lo que suceda en la administración Trump, sino también de lo que pase en el Partido Demócrata que pueda movilizar el voto abstencionista. El sistema electoral estadounidense imposibilita la aparición de un nuevo partido. De ahí que la crisis del bipartidismo que hemos visto en Europa no se dará en EEUU.

El panorama futuro de EEUU es más que preocupante. Pero no hay que olvidar que la enorme crisis política que tiene el país ha sido causada por la políticas neoliberales realizadas desde los años ochenta, iniciadas por el presidente Reagan y continuadas por todos los demás, Bush senior, Clinton, Bush junior y Obama. No hay que olvidar que el enorme desencanto creado por el presidente Obama favoreció la victoria de Trump. El “Yes, we can!” (¡Sí, nosotros podemos!) quedó en un eslogan que no se materializó en la medida en que las expectativas que había generado no se cumplieron, destacando su complicidad con los grandes poderes financieros (centrados en Wall Street), los cuales frenaron significativamente su vocación transformadora.

En realidad, ha ocurrido en EEUU lo que también se ha dado en Europa. La aplicación de las políticas neoliberales ha creado esta enorme crisis y un rechazo (al cual también se le define erróneamente como populismo) que está predominantemente centrado en las clases populares y que, debido a la adaptación de las izquierdas tradicionales al neoliberalismo, ha sido canalizado por partidos de ultraderecha, con características semejantes al fascismo. Las políticas neoliberales de Trump continuarán imponiéndose, paradójicamente envueltas en una narrativa “obrerista” y “proteccionista” que entra en claro conflicto con las políticas de la administración Trump, que son profundamente hostiles hacia el mundo del trabajo a costa de un tratamiento claramente preferencial hacia el mundo del capital. Y con unas políticas comerciales que continuarán la dinámica de la globalización neoliberal, realizada no a base de tratados de libre comercio que incluyen varios países, sino a través de tratados bilaterales que permitan a EEUU tener mayor control de los términos de tales tratados. Trump representa así la máxima expresión del neoliberalismo. De ahí su enorme capacidad de dañar el bienestar de las clases populares del mundo, incluyendo las clases populares de EEUU, las primeras víctimas del capitalismo sin guantes, con una concepción darwiniana caracterizada por su enorme insensibilidad social y carente de solidaridad, con un canto a la acumulación de capital sin freno, sin límites en su comportamiento para así alcanzarlo. Lo que está ocurriendo muestra que, como bien indicó Rosa Luxemburg, las alternativas entre las que la humanidad debería escoger serían el barbarismo (al cual la evolución del capitalismo podría llevar) o el socialismo. El neoliberalismo y su máxima expresión nos están llevando claramente a la primera de esas alternativas. Así de claro.

Una mirada no convencional al neoliberalismo y la globalización
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El Potus contra el mundo

Mér, 07/06/2017 - 10:31
Alejandro Nadal, La Jornada

El presidente de Estados Unidos (Potus, por sus siglas en inglés) ha decidido retirar a su país del Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Al anunciar esta medida presentó datos y razonamientos que son falsos y engañosos. Y aunque el Acuerdo de París es defectuoso, es el único instrumento disponible hoy para tratar de evitar un aumento en la temperatura global que se anuncia catastrófico.

Al comunicar el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, el Potus mencionó tres razones que son inexactas. La primera es que dicho acuerdo impuso a Estados Unidos serias restricciones que afectan negativamente su competitividad internacional, al tiempo que dejó en libertad a otras economías para proseguir sus políticas sin limitación alguna. La segunda es que también obliga a Estados Unidos a entregar decenas de miles de millones de dólares para el llamado Fondo verde para el clima. Y la tercera es que el Acuerdo de París sólo permitiría reducir la temperatura en dos décimas de un grado centígrado, lo que a decir del Potus es una cantidad insignificante.

El Potus sostiene que al amparo del Acuerdo de París, China e India tienen permitido construir cientos de plantas termoeléctricas de carbón para los próximos años, mientras que a Estados Unidos le está prohibido erigir nuevas plantas de ese tipo. Eso es falso. El Acuerdo está basado en compromisos voluntarios de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Esos compromisos están determinados independientemente por cada país y no son vinculantes. Los países signatarios pueden utilizar la combinación de fuentes energéticas que quieran, siempre y cuando dicho perfil energético les permita cumplir sus compromisos de reducción de emisiones totales de gases invernadero, y en particular, de dióxido de carbono (CO2). Así que Estados Unidos también puede incluir nuevas termoeléctricas de carbón en su plataforma energética.

Según el Potus las reglas del Acuerdo de París conllevan la pérdida de 2.7 millones de empleos de aquí a 2025. Pero esa estimación proviene de un estudio del ultraconservador American Council for Capital Formation que examina lo que sucedería si el sector industrial se viera obligado a reducir sus emisiones en 40 por ciento en los próximos 20 años; es decir, sin tomar en cuenta la contribución de otros sectores a la reducción de emisiones. Es un escenario absurdo que sólo sirve para fines de propaganda.

La generación de empleos por parte de la industria estadunidense no se ve afectada por el Acuerdo de París, como erróneamente afirma el Potus. Hoy en día la creación de nuevos empleos descansa más en las industrias que desarrollan las fuentes de energías renovables, en especial la eólica y la solar. Para dar un ejemplo, el año pasado en Estados Unidos el sector de energía solar generó más de 373 mil empleos, mientras que el sector carbón apenas creó 160 mil.

La segunda razón esgrimida por el Potus también es inexacta. No es cierto que el Acuerdo de París obliga a su país a entregar cantidades astronómicas al Fondo verde del clima porque esas aportaciones son voluntarias. Y si bien Estados Unidos ofreció realizar la contribución más alta (3 mil millones de dólares), lo cierto es que per cápita ese monto es uno de los más bajos (9.30 dólares). Hasta el momento ese país ha efectivamente desembolsado mil millones de dólares para el Fondo y con el anuncio del Potus el restante queda cancelado. Hay que recordar que Estados Unidos es responsable de aproximadamente 30 por ciento del total de CO2 emitido a la atmósfera, así que la contribución de dicho país no guarda ninguna proporción con su responsabilidad histórica en el problema del calentamiento global.

También es incorrecta la aseveración de que con el Acuerdo de París apenas se lograría una reducción ínfima (de 0.2 grados) en la temperatura global. Esta afirmación revela que el Potus y sus asesores no tienen idea de la naturaleza del problema que afronta el mundo entero. El Acuerdo de París no busca reducir la temperatura global. Su objetivo principal es mantener el incremento de la temperatura por debajo del umbral de 2 grados centígrados. Ese nivel de incremento en la temperatura global es considerado peligroso por la mayor parte de la comunidad científica debido a las consecuencias negativas e irreversibles que acarrea. Cabe notar que para muchos científicos el umbral de 1.5 grados ya es intolerable. De cumplirse las metas del Acuerdo de París, existen buenas probabilidades de mantener el calentamiento global por debajo del umbral de 2 grados centígrados, lo cual no es para nada insignificante.

La decisión del Potus es una mancha terrible en la ya de por sí deteriorada imagen de Estados Unidos. Pero lo más importante es que da la espalda a una revolución energética que ya está en marcha hacia las energías renovables. Y si el tema económico le preocupa al Potus, hay que señalar que el retroceso estadunidense dejará el liderazgo tecnológico y comercial en manos de las empresas de China, Japón y la Unión Europea.

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Venezuela necesita mediación honesta, no injerencia de la OEA

Mér, 07/06/2017 - 01:01
Mark Weisbrot, Ultimas Noticias

La OEA no tiene papel positivo alguno que desempeñar en la resolución de la crisis política en Venezuela, del mismo modo que tampoco lo tendrían el senador Marco Rubio u otros políticos del estado de Florida que buscan un cambio de régimen en ese país. A estas alturas debiera quedarle claro a cualquier observador informado que la organización es hoy día un instrumento de quienes simplemente procuran apoyarse en la crisis actual para derrocar al Gobierno venezolano.

Lo afirmo sin exageración ni hipérbole. Aquellas personas que quieran evitar la escalada de violencia o una guerra civil en Venezuela no deben imaginarse lo contrario, independientemente de cuánto odien al actual gobierno o deseen ver a la oposición en el poder. Debieran abstenerse de apoyar la iniciativa de la OEA, tan descaradamente ilegítima, malintencionada y peligrosa.

En los círculos aburbujados de Washington, los grandes medios de comunicación y el Gobierno de Estados Unidos pretenden ser los árbitros finales de la legitimidad política. Dado que dichos actores y sus aliados están dispuestos a aparentar que la OEA es actualmente neutral, ciertas personas bien intencionadas tal vez también quieran asumir que de hecho sea así. Podrán imaginarse que una intervención como la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA celebrada el 31 de mayo, a pesar de estar controlada por actores partidistas, aumentaría la presión sobre el Gobierno venezolano para motivarlo a negociar.

Pero resulta mucho más probable que esta tenga el efecto contrario, haciendo que el Gobierno y sus partidarios se atrincheren en contra de la intervención, la cual puede describirse con exactitud como dirigida por Washington (Rubio incluso amenazó públicamente a la República Dominicana, El Salvador y Haití con castigos si estos países no cooperaban con los esfuerzos por parte de EEUU contra Venezuela en el seno de la OEA). Podría alentar al Gobierno a rechazar las concesiones que debería hacer con respecto a las demandas legítimas planteadas por la oposición. Para quienes no lo saben -porque casi nunca se menciona en este tipo de discusiones-, cualquier estrategia dirigida por Washington se considera sospechosa, porque el Gobierno estadounidense ha estado intentando socavar, desestabilizar y deshacerse del Gobierno venezolano durante más de 15 años.

Nadie se deja engañar por el hecho de que algunos de los gobiernos más importantes de Suramérica, incluyendo Brasil y Argentina, se encuentran respaldando dicho esfuerzo. Sus nuevos gobiernos derechistas (con un Temer cuya presidencia ilegítima cuelga de un hilo) están estrechamente alineados con el gobierno de Trump.

Desde el punto de vista de la oposición, esta estrategia de manipulación de la OEA con fines partidistas probablemente alentará a los elementos más extremos y violentos de la oposición venezolana a perseguir una estrategia de derrocamiento del Gobierno por medios extralegales.

Para algunos miembros de la gestión de Trump, es esta precisamente la intención, y así se ha hecho antes. El renombrado humanitario Paul Farmer, quien fue enviado especial adjunto de Bill Clinton de la ONU en Haití, testificó ante el Congreso de EEUU sobre los esfuerzos de cambio de régimen en ese país durante la década del 2000: “Asfixiar la cooperación al desarrollo y el suministro de servicios básicos también le restó oxígeno al Gobierno, lo cual fue siempre la intención. con el propósito de desalojar el gobierno de Aristide”.

La OEA desempeñó un papel vital en la justificación del trato brutal de Haití y, por lo tanto, en el derrocamiento de su gobierno elegido democráticamente. La organización coincidió originalmente con otros observadores electorales al anunciar que las elecciones de 2000 fueron “un gran éxito para la población haitiana”, pero luego cambió su posición en la medida en que EEUU hiciera avanzar su esfuerzo de cambio de régimen. Este viraje fue clave para deslegitimar al Gobierno, el cual fue posteriormente desnutrido y derrocado en un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en 2004. Ha sido casi siempre parte del manual de cambio de régimen: antes de que un gobierno pueda ser derrocado, necesario es deslegitimarlo.

Existen otros ejemplos recientes en los que la OEA ha sido manipulada por Washington a tal efecto. En el 2011, en Haití, la misión de la OEA hizo algo inédito en la historia del monitoreo electoral: simplemente anuló los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en ese país sin un recuento, ni siquiera una prueba estadística. El Gobierno estadounidense amenazó a Haití con cortar la ayuda que desesperadamente necesitaba luego del terremoto si no aceptaba los resultados de la comisión, eligiendo de este modo quién podría competir por la presidencia de Haití. En sus memorias, Hillary Clinton describe cómo manipuló exitosamente a la OEA para evitar que el presidente democráticamente electo de Honduras, Mel Zelaya, retornara al país luego del golpe militar de 2009.

Ahora la OEA cuenta con un secretario general, Luis Almagro, cuya postura es más abiertamente partidista y hostil hacia un gobierno miembro (Venezuela) que cualquier líder de la organización, probablemente durante décadas. Entre otras intervenciones, encabezó una campaña vigorosa en 2015 en un intento fallido de deslegitimar las elecciones a la Asamblea Nacional de diciembre en Venezuela.

Venezuela sigue siendo un país políticamente polarizado. Cualquier tercero que intente mediar en el conflicto debe contar con la confianza de ambas partes. Existen actores políticos que podrían desempeñar este papel, tal y como lo intentó el Vaticano el año pasado. Quienes sinceramente deseen promover el diálogo y la negociación en función de una resolución pacífica de la crisis en Venezuela están llamados a apoyar una mediación honesta. Se requiere con urgencia, y sabemos que no vendrá de la OEA.

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Macri convierte a la Argentina en el país que más deuda contrajo en los últimos 18 meses

Mar, 06/06/2017 - 02:01

El Estado argentino emitió deuda en 2016 por 22.351 millones de dólares y en lo que va de este año ya lleva sumados otros 23.600 millones, lo que arroja un total de 45.951 millones sólo entre títulos públicos y letras en dólares. En total, emitió una deuda 263% superior a la del país emergente que sigue en la lista: Arabia Saudita.

A esa cifra, deben sumarse otros 17.274 millones de dólares también emitidos por el Estado Nacional, pero en moneda local, 10.381 millones de dólares de las provincias, que tiene como garante al Estado Nacional, y 8366 millones de dólares de empresas privadas, lo que arroja un total de 81.972 millones.

Estos alarmantes números se desprenden del último informe del Observatorio de la Deuda Externa de la UMET, quien señala que el sobreendeudamiento público no es sostenible en el tiempo, sobre todo si la economía sigue estancada y se continúa otorgando reducciones impositivas a sectores con capacidad de pago a través de la eliminación de retenciones agropecuarias y mineras y la reducción del impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales.

Además, el informe destaca que en octubre de 2015 la deuda pública en Argentina era de 235.000 millones y en mayo de 2017 se habría elevado, según la proyección del Observatorio, a 290.000 millones. De este modo, la deuda bruta total habría aumentado unos 55.000 millones de dólares. Es decir, más del 11 por ciento del PIB del país trasandino, según informa el diario Página 12.

“El rumbo del modelo de Cambiemos en materia de Deuda Externa es, de persistir el esquema actual, escasamente sustentable en el tiempo. Como hemos venido expresando mes a mes, la deuda se ha vuelto la columna vertebral del modelo económico y no queda muy claro que los decisores de política tomen verdadera dimensión de esta problemática y sus efectos”, afirmó Nicolás Trotta, Rector de la UMET, luego de la presentación del documento.

Trotta además agregó que “el financiamiento con deuda externa es el sostén del indomable déficit fiscal y la única fuente de dólares significativa que han podido elaborar para nuestra economía. Los anuncios de inversiones en la economía real quedan como otro elemento más de la posverdad que el gobierno sostiene con títulos espectaculares en los medios o en los documentos de powerpoint de sus funcionarios”.

Así entonces, el crecimiento de la deuda es vertiginoso en Argentina y el Gobierno de Macri no da señales de que tenga previsto sacar el pie del acelerador. Por ahora, tal como destaca el periódico argentino anteriormente citado, quien asuma en 2019 deberá enfrentar un horizonte financiero mucho más complejo que el que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en diciembre 2015.

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Siete países rompen relaciones diplomáticas con Qatar por “apoyar al terrorismo”

Lun, 05/06/2017 - 17:50

Bahréin, Arabia Saudí, Egipto, Yemen, Libia, Maldivas y Emiratos Arabes Unidos anunciaron que rompen relaciones diplomáticas con Catar por su presunto «apoyo al terrorismo», que habría hecho peligrar la seguridad y estabilidad interna de estos países árabes. ¿Qué está detrás de esta crítica medida de grandes gigantes árabes como Arabia Saudí y Egipto contra esta pequeña monarquía del Golfo?

El tradicional apoyo de Catar a la cofradía de los Hermanos Musulmanes, grupo islamista político que ha sido declarado ilegal en Arabia Saudí y Emiratos Árabes por oponerse a las respectivas monarquías hereditarias, ha sido en los últimos años permanente fuente de tensión entre estos aliados regionales. Tras la asonada militar en 2013 contra el presidente islamista Mohamed Morsi en Egipto y la posterior persecución contra los partidarios del grupo, el Gobierno de Abdelfatah Al Sisi declaró «grupo terrorista» a la Hermandad Musulmana, ahondando aún más su enfrentamiento político con Catar.

Ya en 2014, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin retiraron sus embajadores en Catar por su apoyo a este grupo islamista. Aunque esta crisis diplomática pareció solventarse meses después con el regreso de los embajadores y la expulsión de Catar de algunos miembros de los Hermanos Musulmanes acogidos en el reino árabe, la tensión entre estos países ha continuado: en su comunicado de la mañana del lunes anunciando el cese de relaciones con Catar, Egipto ha insistido en la «línea de acción anti-egipcia» del pequeño reino del Golfo, una campaña «en apoyo del terrorismo». Arabia Saudí también se ha referido al apoyo de Catar a «grupos terroristas entre ellos los Hermanos Musulmanes».

Pese al primer fuerte apoyo público al depuesto Mohamed Morsi, en los últimos años Catar ha intentado moderar su discurso pro-Hermanos Musulmanes y ha negado en repetidas ocasiones su financiación de otros grupos extremistas. Sin embargo, Catar sigue contándose entre los principales financiadores del grupo palestino Hamás, y algunos de sus líderes permanecen exiliados en el país, pese a las «presiones externas» (saudíes y de otros países del Golfo) que habría estado recibiendo el reino catarí para expulsarlos.

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¿Qué son los llamados bonos del hambre que ha comprado Goldman Sachs en Venezuela?

Lun, 05/06/2017 - 07:40
Belen Carreño, ElDiario.es

Bonos basura, deuda exótica y en algunos casos chatarra. La deuda de países emergentes o empobrecidos ha recibido muchas calificaciones desde que en los años ochenta su inversión fuera un gran negocio para la banca de inversión. Es deuda que emiten estados que no tienen grado de inversión, esto es, que no se consideran seguros para invertir o en los que los gobiernos ni siquiera pueden pagar a agencias de rating para que les pongan una calificación y que los demás se fíen de prestarles dinero.

A esta terminología se ha añadido ahora un nuevo concepto: el de "bono del hambre". El término lo acuñó hace meses Jorge Botti, un empresario venezolano relacionado con la oposición antichavista que tomó como inspiración la saga de Los Juegos del Hambre, en la que una adolescente se enfrenta a un Gobierno totalitario. Con el término, que ya tiene más recorrido en inglés ('hunger bonds') que en castellano, Botti intentaba denunciar ante la opinión pública y especialmente al mundo financiero lo que entiende que sucede en Venezuela con el pago de la deuda externa: que el Gobierno de Nicolás Maduro antepone pagar a inversores internacionales a inyectar dinero en una economía que tiene problemas de abastecimiento.

El inicio de su campaña radica en los comunicados puntuales que hace la empresa pública de petróleos de Venezuela (PDVSA) de que devuelve puntualmente con intereses a sus acreedores internacionales. Eso desató la campaña de Botti.

La empresa venezolana estatal es uno de los principales activos que conserva el Gobierno de Maduro. Botti ha querido diseminar la duda entre los grandes fondos de inversión internacionales para que no compren este tipo de bonos. La deuda de un país como Venezuela es extremadamente arriesgada y por ello, extremadamente rentable. Para acceder a dar financiación, los fondos esperan altísimas rentabilidades, muy superiores a la media del mercado. Sin esta financiación, el Gobierno de Nicolás Maduro tendría muy difícil cubrir las necesidades básicas en el momento actual.

Hace apenas dos días, The Wall Street Journal publicaba en exclusiva que Goldman Sachs se acaba de hacer con un paquete de estos bonos por valor de algo más de 2.800 millones de dólares, aunque solo pagó 865 millones gracias al importante descuento con el que adquirió el paquete. La deuda vence en 2022 y si todo sale bien, esto es, si Venezuela paga, la rentabilidad de la inversión estará por encima del 40%. La renta de un bono español a cinco años es de poco más de un 2,2% y ya se ha dado el caso en algunos países europeos de que hay hasta rentabilidades negativas por prestar dinero. En un momento en el que en las finanzas no hay de dónde ordeñar dinero, los países inestables son la gallina de los huevos de oro.

La operación de Goldman ha dado alas a las críticas de la oposición ante el papel de los fondos de inversión y ha sacudido el mundo de las finanzas. El eco amplía las protestas de Botti que habían conseguido su reflejo en el artículo de uno de los venezolanos más influyentes fuera de su país: Ricardo Hausmann. El 26 de mayo, este profesor de Harvard (exministro venezolano, exjefe del Banco Interamericano de Desarrollo y feroz detractor del chavismo), publicaba en Project Syndicate su columna "Los bonos del hambre", haciendo suyas las tesis de Botti.

Hausmann hace un alegato inicial en el que ve comprensible que los inversores busquen una alta rentabilidad a sus inversiones. Pero inmediatamente después plantea la cuestión de que debe haber un límite moral para el enriquecimiento. El venezolano toma como ejemplo un fondo de inversión en países emergentes que gestiona JPMorgan en el que la deuda del país caribeño apenas pesa un 5%, pero supone hasta un 20% de la rentabilidad que da este producto.

Desear el mal ajeno Hausmann advierte de que la disparada prima de riesgo es una buena noticia para los inversores, pero mala para la población venezolana. Según su opinión, invertir en este fondo, "significa que uno se alegra cuando los analistas de Wall Street le informan que el país está haciendo pasar hambre a su población con el fin de evitar la reestructuración de los bonos que uno posee". Y continúa: "La alegría se explica fácilmente: las importaciones venezolanas, luego de caer 75% entre 2012 y 2016, se han reducido más del 20% en el primer trimestre de 2017. Estas son buenas noticias para los inversores en el EMBI+ [JPMorgan] porque significa que queda más dinero para el pago de intereses y capital de sus bonos".

Hausmann concluye que "cualquier persona decente que invierta en bonos venezolanos debe sentirse 'levemente nauseabunda'" y en su artículo –previo a que saltara la noticia de Goldman– pedía a JPMorgan que sacara a Venezuela de este rentable fondo de inversión.

El debate sobre la moralidad o no de estas estrategias de rentabilidad llegan sin duda por el segmento más inesperado: empresarios, expertos y economistas liberales. Personas del mundo financiero defensoras en buena medida de la desregulación de los mercados que han visto el problema de la falta de límites éticos a la inversión en un país como Venezuela.

Lo que no se expresa en el artículo, ni en los alegatos de Botti, es que cortar la financiación internacional de Venezuela estrangularía rápidamente al Gobierno de Nicolás Maduro que se quedaría sin recursos para mantener las infraestructuras mínimas.

Los gobiernos ilegítimos También vuelve a traer a primera plana el papel de Goldman Sachs en el mundo de la deuda. En 2001 Goldman ayudó a Grecia a ocultar su déficit, con el beneplácito de las autoridades europeas, para permitirle ingresar en el euro, con tejemanejes financieros. Sobredimensionó la deuda del país de forma opaca creando una burbuja que desencadenó luego la tormenta del euro en 2011. Aunque las críticas a Goldman han sido muy importantes, el default, esto es, el famoso impago nunca ha sido una opción contemplada por las autoridades europeas para Grecia y solo en los últimos tiempos algunas voces del FMI han comenzado a considerar como apropiado algún tipo de impago vía reestructuración de la deuda.

Pero la deslegitimización que algunos quisieron hacer del Gobierno de Grecia, especialmente por haber engañado con las cifras pero también con que parte de la deuda procede de la dictadura helena, nunca fue considerada una razón para el impago por la mayoría del mercado. Sí se han dado programas de condonación de deuda para algunos países del África subsahariana, pero en general la reestructuración de la deuda se considera un "riesgo moral" ya que, según la creencia del mercado, estos alivios en la carga financiera alimentan a los gobernantes el impulso de pedir prestado sin orden ni concierto.

En este interesante artículo de Joseph Stiglitz ya se describía hace años cómo el caso de los fondos buitre (que comen deuda basura o ahora bonos del hambre), contra Argentina sentaba un precedente que considera "peligroso" al tener doblegar a un Estado ante estos tiburones financieros. También como Naciones Unidas intentó limitar la actuación de este tipo de inversores e incluso declararlos ilegales.

La propuesta no salió adelante porque, entre otros países, Estados Unidos (también Alemania y Reino Unido) votó en contra. El país de Goldman Sachs aún fija la dieta.

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La izquierda global contra la derecha global: de 1945 a la fecha

Dom, 04/06/2017 - 08:08
Immanuel Wallerstein, La Jornada

El periodo entre 1945 y 1970 fue uno de extrema alta concentración de capitales a escala mundial y también de hegemonía geopolítica de Estados Unidos. En la geocultura el liberalismo centrista llegó a su cumbre como ideología gobernante. Nunca antes el capitalismo pareció funcionar tan bien. Esto no habría de durar.

El alto nivel de acumulación de capital, que en particular favoreció a las instituciones y al pueblo de Estados Unidos, alcanzó los límites en su capacidad para garantizar el necesario cuasi-monopolio de las empresas productivas. La ausencia de un cuasi-monopolio significó que por todas partes la acumulación de capital comenzara a estancarse y los capitalistas comenzaron a buscar modos alternativos de sostener sus ingresos. Los principales modos fueron la relocalización de sus empresas productivas en zonas de costo menor y el involucramiento en la transferencia especulativa de capital existente, eso que le llamamos la financiarización.

En 1945, solamente el desafío del poder militar de la Unión Soviética pudo enfrentar el cuasi-monopolio geopolítico de Estados Unidos. Para garantizar su cuasi-monopolio, Estados Unidos tuvo que acceder a un arreglo tácito pero efectivo con la Unión Soviética, apodado Yalta. Este arreglo implicó una división del poder mundial, dos tercios para Estados Unidos y un tercio para la Unión Soviética. Acordaron mutuamente no transgredir estos límites y no interferir con las operaciones económicas del otro en su propia esfera. También entraron en una guerra fría, cuya función no era derrocar al otro (por lo menos en el futuro previsible), sino mantener la incuestionada lealtad de sus respectivos satélites. Este cuasi-monopolio también llegó a su fin debido al creciente desafío a su legitimidad por parte de quienes se perdieron debido al statu quo.

Además, este periodo fue también uno en que los movimientos anti-sistémicos tradicionales conocidos como la Vieja Izquierda –comunistas, social-demócratas y movimientos de liberación nacional– llegaron al poder estatal en varias regiones del sistema-mundo, algo que había parecido altamente improbable apenas en 1945. Un tercio del mundo estaba gobernado por los partidos comunistas. Un tercio estaba gobernado por partidos social-demócratas (o su equivalente) en la zona pan-europea (Norteamérica, Europa occidental y Australasia). En esta zona, el poder alternaba entre los partidos social-demócratas que profesaban el Estado de bienestar y los partidos conservadores que también aceptaban el Estado de bienestar, aunque con un alcance reducido.

Y en la última zona, el llamado Tercer Mundo, los movimientos de liberación nacional llegaron al poder al obtener su independencia en la mayor parte de Asia, África y el Caribe, promoviendo así regímenes populares en la ya independiente América Latina.

Dada la fortaleza de los poderes dominantes y en especial Estados Unidos, puede parecer anómalo que los movimientos anti-sistémicos llegaran al poder en este periodo. De hecho, fue lo opuesto. Al buscar resistir el impacto revolucionario de los movimientos anti-coloniales y anti-imperialistas, Estados Unidos favoreció concesiones con la esperanza y la expectativa de traer al poder fuerzas moderadas en estos países que estuvieran dispuestas a operar dentro de las normas aceptadas de comportamiento interestatal. Esta expectativa resultó ser correcta.

El punto de quiebre fue la revolución-mundo de 1968, cuyo dramático aunque breve punto álgido entre 1966-1970 tuvo dos resultados importantes. Uno fue el final de la muy larga dominación del liberalismo centrista (1848-1968) como la única ideología legítima en la geocultura. Por el contrario, tanto la izquierda radical izquierdista como la ideología derechista conservadora recuperaron su autonomía y el liberalismo centrista fue reducido a ser solamente una de las tres ideologías en competencia.

La segunda consecuencia fue el desafío a escala mundial para los movimientos de la Vieja Izquierda por todas partes, asegurando que la Vieja Izquierda no era anti-sistémica en lo absoluto. Su llegada al poder no había cambiado nada de ninguna importancia, decían los impugnadores. Estos movimientos fueron vistos ahora como parte del sistema que había que rechazar para que por fin tomaran su lugar los verdaderos movimientos anti-sistémicos.

¿Qué pasó entonces? Al principio, la derecha de nuevo afirmativa pareció ganar la partida. Tanto el presidente estadunidense, Ronald Reagan, como la primera ministra de Reino Unido, Margareth Thatcher, proclamaron el fin del desarrollismo dominante y el advenimiento de la producción orientada a la venta en el mercado mundial. Proclamaron TINA, there is no alternative. Que no hay alternativa. Dada la decadencia del ingreso estatal en casi todo el mundo, la mayor parte de los gobiernos buscaron préstamos, que no podían recibir a menos que aceptaran los nuevos términos de TINA. Se les requirió reducir drásticamente el tamaño de los gobiernos y eliminar el proteccionismo, al tiempo de finiquitar los gastos del Estado de bienestar y aceptar la supremacía del mercado. Esto fue llamado el Consenso de Washington, y casi todos los gobiernos acataron este importante viraje de foco. Los gobiernos que no cumplieron fueron derrocados del cargo, lo que culminó en el colapso espectacular de la Unión Soviética. Después de algún tiempo en el cargo, los Estados que sí acataron descubrieron que la prometida alza en el ingreso real de gobiernos y trabajadores no ocurrió. Por el contrario, estos Estados sufrieron las políticas de austeridad impuestas sobre ellos. Hubo una reacción a TINA, marcada por el levantamiento zapatista en 1994, las exitosas manifestaciones de 1999 contra el intento en Seattle de promulgar garantías obligatorias para los llamados derechos de propiedad intelectual, y la fundación en 2001 del Foro Social Mundial en Porto Alegre, en oposición del Foro Económico Mundial, pilar de larga duración de TINA.

Conforme la Izquierda Global recuperó fuerza, las fuerzas conservadoras necesitaron reagruparse. Dieron un viraje del énfasis exclusivo en la economía de mercado, y lanzaron su rostro socio-cultural alternativo. De inicio invirtieron mucha energía en asuntos como luchar contra el aborto o promover la conducta exclusivamente heterosexual. Utilizaron tales temas para jalar a sus simpatizantes hacia la política activa. Y entonces ellos recurrieron a la anti-inmigración xenofóbica, abrazando el proteccionismo al que los conservadores económicos se habían opuesto específicamente.

Sin embargo, los simpatizantes de los derechos sociales expandidos para todos y el multiculturalismo copió la nueva táctica política de la derecha y exitosamente legitimaron a lo largo de la última década avances significativos en aspectos socio-culturales. Los derechos de las mujeres, los primeros derechos gay y luego el matrimonio gay, los derechos de los pueblos indígenas, todos fueron ampliamente aceptados.

Así que ¿dónde estamos? Los conservadores económicos ganaron primero y luego perdieron fortaleza. Los conservadores socio-culturales que les siguieron ganaron primero y luego perdieron fuerza. Y no obstante la Izquierda Global parece desconcertada. Esto ocurre porque todavía no está dispuesta a aceptar que la lucha entre Izquierda Global y Derecha Global es una lucha de clase y que eso debería hacerse explícito.

En la crisis estructural en curso en todo el sistema-mundo moderno, que comenzó en los 70 y que probablemente durará otros 20-40 años, el punto no es reformar el capitalismo, sino el sistema que sea su sucesor. Si la Izquierda Global va a ganar esa batalla, de manera sólida debe aliar las fuerzas contra la austeridad con las fuerzas multiculturales. Sólo reconociendo que ambos grupos representan el mismo fondo de 80 por ciento de la población mundial será probable que puedan ganar. Necesitan luchar contra el uno por ciento de hasta arriba y buscar atraer al otro 19 por ciento de su lado. Esto es exactamente lo que uno quiere decir cuando habla de lucha de clases.

Una mirada no convencional al neoliberalismo y la globalización
Categorías: Alterglobalización

La crisis del capitalismo global y la marcha de Trump hacia la guerra

Sáb, 03/06/2017 - 22:49
William I. Robinson, Alainet

La discreta escalada de la intervención norteamericana en el Medio Oriente en las últimas semanas llega en un momento en que el régimen de Trump enfrenta un creciente escándalo sobre la presunta injerencia rusa en su campaña electoral de 2016, además de los índices históricamente más bajos de aprobación para un presidente entrante y una resistencia cada vez mayor entre la población. Los gobernantes estadounidenses a menudo han lanzado aventuras militares en el exterior para desviar la atención de las crisis políticas y los problemas de legitimidad en su ajuar.

Más allá de la intervención en Siria, Iraq y Afganistán, Trump ha propuesto un incremento de $55 mil millones de dólares en el presupuesto del Pentágono. Ha amenazado con utilizar la fuerza militar en varios polvorines alrededor del mundo, incluyendo a Siria, Irán, el Sudeste Asia, el flanco oriental de la OTAN con Rusia, y en la Península de Corea. En la medida que surjan centros competidores de poder en el sistema internacional, cualquier aventura militar podría desembocar en una conflagración global con consecuencias devastadoras para la humanidad.

Los periodistas y comentaristas políticos han centrado su atención en el análisis geopolítico en su esfuerzo por explicar las crecientes tensiones internacionales. Por muy importante que sea este enfoque, hay profundas dinámicas estructurales en el sistema del capitalismo mundial que empujan los grupos gobernantes hacia la guerra. La crisis del capitalismo global se viene intensificando, no obstante el optimismo de los economistas tradicionales y las elites mareadas por índices recientes de crecimiento y la repentina inflación de los precios de las acciones a raíz de la elección de Trump. En particular, el sistema enfrenta una insoluble crisis de sobre-acumulación y legitimidad.

La crisis actual, más que cíclica, es estructural, lo que quiere decir que la única solución es una reestructuración del sistema. La crisis estructural de los años 1930 fue resuelta mediante un nuevo tipo de capitalismo redistributivo, o sea, la socialdemocracia, el Keynesianismo, y el corporativismo. El capital respondió a la crisis estructural de los años 1970 globalizándose. La emergente clase capitalista transnacional (CCT) emprendió una vasta reestructuración neoliberal, liberalización comercial e integración de la economía mundial.

La globalización facilitó un boom en la economía global en la última década del siglo XX en la medida que los ex-países socialistas se integraron al mercado global y el capital transnacional, liberado del estado-nación, emprendió una enorme ronda de despojos y de acumulación a nivel mundial. La CCT descargó los excedentes anteriormente acumulados y reanudó la generación de ganancias en el emergente sistema globalizado de producción y finanzas mediante la adquisición de los bienes privatizados, la extensión de las inversiones en la minería y la agro-industria a raíz del despojo de centenares de miles de personas del campo en el antiguo Tercer Mundo, y una nueva ola de expansión industrial asistida por la revolución en la Tecnología de la Informática y la Computación.

No obstante, globalización capitalista ha dado lugar a una polarización social mundial sin precedentes. La agencia de desarrollo británico Oxfam informa que apenas el uno por ciento de la humanidad posee la mitad de la riqueza del mundo y el 20 por ciento controla el 95 por ciento de esa riqueza, mientras el restante 80 por ciento tiene que conformarse con apenas el 5 por ciento.

Dada esta extrema polarización de los ingresos y la riqueza, el mercado global no puede absorber la producción de la economía global. El colapso financiero de 2008 marcó el arranque de una nueva crisis estructural de la sobre-acumulación, lo que se refiere a que el capital acumulado no puede encontrar salidas rentables para la reinversión de ganancias. Los datos para 2010 indican, por ejemplo, que las compañías estadounidenses contaban en ese año con $1.8 billones de dólares en efectivo no invertido. Las ganancias corporativas han registrado niveles casi record al mismo tiempo que la inversión corporativa ha declinado.

En la medida que se va acumulando este capital no invertido, crecen enormes presiones para encontrar salidas rentables para el excedente. Los grupos capitalistas, y especialmente el capital financiero transnacional, presionan a los estados a crear nuevas oportunidades para la inversión rentable. Los estados neoliberales han recurrido a cuatro mecanismos en años recientes para ayudar a la CCT a descargar el excedente y sostener la acumulación frente al estancamiento.

Uno es el asalto y el saqueo a los presupuestos públicos. Las finanzas públicas han sido reconfiguradas mediante la austeridad, los rescates a las corporaciones, los subsidios estatales al capital, el endeudamiento estatal, y el mercado global de bonos, todo lo que resulta en la transferencia directa e indirecta por parte de los gobiernos de la riqueza, desde las clases laborales a la CCT.

Un segundo mecanismo es la expansión del crédito a los consumidores y los gobiernos, sobre todo en los países ricos, para sostener el consumo. En Estados Unidos, por ejemplo, país que ha sido “el mercado de última instancia” para la economía global, el endeudamiento de las familias de la clase obrera ha llegado a nivel record para todo el periodo post-Segunda Guerra Mundial. Los hogares norteamericanos tenían una deuda total en 2016 de $13 billones de dólares en préstamos estudiantiles y automovilísticos, en deudas de las tarjetas de crédito, y los hipotecarios. Mientras tanto, el mercado global de bonos –un indicador de la deuda gubernamental global– ya había para 2011 rebasado los $100 billones de dólares.

Un tercer mecanismo es la frenética especulación financiera. La economía global ha sido un gigantesco casino para el capital financiero transnacional, mientras crece cada vez más la brecha entre la economía productiva y el “capital ficticio”. El Producto Bruto Mundial, o el valor total de los bienes y servicios producidos a nivel mundial, alcanzó los $75 billones de dólares en 2015, mientras la especulación solamente en monedas extranjeras llegó a $5.3 billones al día en ese año y el mercado global de derivados se estimó en un alucinante $1.2 trillones.

Estos tres mecanismos pueden resolver el problema momentáneamente pero a la larga terminan agravando la crisis de la sobre-acumulación. La transferencia de la riqueza desde los trabajadores al capital constriñe aún más al mercado, mientras el consumo financiado por el cada vez mayor endeudamiento y la especulación aumenta la brecha entre la economía productiva y el “capital ficticio”. El resultado es una cada vez mayor inestabilidad subyacente de la economía global. Muchos ahora consideran que otro colapso es casi inevitable.

Sin embargo, hay otro mecanismo que sostiene la economía global: la acumulación militarizada. He aquí una convergencia de la necesidad que tiene el sistema para el control social y la necesidad que tiene para la acumulación perpetua. Las desigualdades sin precedentes solo pueden ser sostenidas por los sistemas cada vez más expansivos y ubicuos de control social y represión. Pero muy por aparte de las consideraciones políticas, la CCT ha adquirido un interés creado en la guerra, el conflicto, y la represión como medio en sí de la acumulación, incluyendo la aplicación de amplias nuevas tecnologías y una mayor fusión de la acumulación privada con la militarización estatal.

Mientras la guerra y la represión organizada por el Estado cada vez más se privatiza, los intereses de un amplio despliegue de grupos capitalistas cambian el clima político, social, e ideológico hacia la generación y el sostenimiento de los conflictos – tal como en el Medio Oriente – y en la expansión de los sistemas de guerra, de represión, de vigilancia y de control social. Las así llamadas guerras contra las drogas, contra el terrorismo, contra los inmigrantes; la construcción de muros fronterizos, de centros de detención de los inmigrantes y cárceles; la instalación de los sistemas de monitoreo y vigilancia en masa, y la extensión de las compañías privadas mercenarias y de seguridad – todo eso se convierte en principales fuentes para la acumulación y generación de ganancias.

El estado norteamericano se aprovechó de los ataques del 11 de setiembre de 2001 para militarizar la economía global. El gasto militar estadounidense se disparó, alcanzando billones de dólares para librar la “guerra contra el terrorismo” y las invasiones y ocupaciones de Iraq y Afganistán. La “destrucción creativa” de las guerras funge para echar leña a las brasas humeantes de una economía global estancada. El presupuesto del Pentágono subió en un 91 por ciento en términos reales entre 1998 y 2011, y aun sin incluir las asignaciones especiales para Iraq, se incrementó en un 50 por ciento en términos reales en este periodo. En la década de 2001 a 2011, las ganancias de la industria militar casi se cuadruplicaron. A nivel mundial, el gasto militar creció en un 50 por ciento desde 2006 a 2015, de $1.4 billones a $2.03 billones de dólares.

La vanguardia de la acumulación en la economía real alrededor del mundo cambió de la Tecnología de la Informática y la Computación antes de que reviente en 1999-2000 la burbuja de la bolsa de valores para este sector (conocido como “dot-com”), al nuevo “complejo militar-seguridad-industrial-financiero” – este mismo complejo a la vez integrado al conglomerado de alta tecnología. Este complejo ha acumulado enorme poder en los pasillos del poder en Washington y en otros centros políticos alrededor del mundo. Un emergente bloque de poder que reúne el complejo financiero global con el complejo militar-seguridad-industrial tendió a cristalizarse a raíz del colapso de 2008. Hay una peligrosa conjugación alrededor de la acumulación militarizada de los intereses de clase de la CCT con las cuestiones geopolíticas y económicas. Entre más llega a depender la economía global de la militarización y el conflicto, cada vez mayor es el impulso hacia la guerra y cada vez son más altos los riesgos para la humanidad.

El día después del triunfo electoral de Trump, el precio de las acciones de la empresa “Corrections Corporation of America”, la principal contratista privada para los centros de detención de los inmigrantes en Estados Unidos, se disparó en un 40 por ciento, dada la promesa electoral de Trump de deportar a los inmigrantes en masa. Los grandes contratistas militares como Raytheon y Lockheed Martin, registran súbitas alzas en sus acciones cada vez que hay un nuevo brote del conflicto en el Medio Oriente. Horas después de que la marina norteamericana bombardeó a Siria con misiles Tomahawk el pasado 6 de abril, el valor de las acciones de Raytheon subió en un mil millones de dólares. Centenares de firmas privadas alrededor del mundo hicieron ofertas para la construcción del tristemente célebre muro de Trump en la frontera estadounidense-mexicana.

Más allá de la retórica populista, el programa económico de Trump constituye el neoliberalismo en esteroides. Las reducciones de impuestos corporativos y la acelerada desregulación vendrá a exacerbar la sobre-acumulación y aumentará la propensión del bloque de poder para los conflictos militares. Los militares activos y retirados que controlan la maquinaria norteamericana de guerra ocupan numerosos puestos en el régimen de Trump y gozan de cada vez mayor autonomía de acción. Sin embargo, detrás los régimen de Trump y del Pentágono, la CCT busca sostener la acumulación mediante la expansión de la militarización, el conflicto y la represión. Solamente un contra-movimiento desde abajo, y a la larga, un programa para redistribuir la riqueza y el poder hacia abajo, pueden contrarrestar el espiral hacia arriba de la conflagración internacional.

Una mirada no convencional al neoliberalismo y la globalización
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El cuarto rescate de Grecia

Ven, 02/06/2017 - 16:14
Juan Francisco Martín Seco, El viejo Topo

La reunión del Eurogrupo del lunes pasado terminó sin acuerdo acerca del cuarto rescate a Grecia. Cuarto rescate, así lo llaman los sindicatos y la oposición. La razón de esta dominación radica en que, si bien en puridad el dinero que va a recibir el país heleno pertenece al tercero, al que se firmó en 2015, ahora se condiciona su desembolso a nuevas medidas y recortes. Otra vuelta de tuerca. Es la enésima. La verdad es que no se debería llamar ni cuarto ni tercero ni primer rescate, porque nunca se ha rescatado a Grecia. Solo hay que contemplar su situación actual. A los que en realidad se ha rescatado ha sido a los bancos alemanes y franceses, mientras que se hundía al país heleno más y más en la crisis. Grecia no levanta cabeza. Y se confirma una y otra vez la nefasta política impuesta por Berlín y Bruselas.

La Comisión, no obstante, presenta estos días una visión triunfalista e idílica, quizás para justificarse y para que la esperanza haga los recortes menos duros y amargos. Afirma que está resurgiendo la confianza, despuntando el consumo, aumentando el empleo, que la temporada turística va a ser buena y que el saldo presupuestario primario (antes de pagar intereses) es mejor de lo esperado. En 2016, 3,95% del PIB.

De todo ello lo único cierto es lo que hace referencia al déficit público, que por otra parte parece que es tan solo lo que le interesa a Bruselas. Grecia acaba de entrar de nuevo en recesión (tal como se suele considerar técnicamente, dos trimestres seguidos con tasas negativas del PIB). Durante el cuarto trimestre de 2016 el PIB se redujo en el 1,2%, y en el primero de 2017 el 0,1%. Pero es que, además, hay que presumir que los nuevos recortes (2% del PIB, 3.600 millones entre 2019 y 2020), tendrán un efecto contractivo sobre la economía, con lo que se pierde toda esperanza de que la situación mejore.

Los sucesivos ajustes han tenido sobre Grecia un efecto devastador, la economía ha sufrido tres recesiones, la renta nacional se ha reducido en un 25%, la tasa de desempleo alcanza el 24% y el stock de deuda pública el 180%. El castigo sufrido parece propio de una situación de posguerra. Además las medidas adoptadas no han dañado a todos por igual. Han sido las capas bajas y medias de la población las que más las han sufrido, y la pobreza y desigualdad ha alcanzado niveles alarmantes e inconcebibles hace años.

Las condiciones impuestas ahora en lo que se ha llamado cuarto rescate continúan en la misma línea, son humillantes e injustas y gravitan sobre las clases más humildes. Las pensiones sufren el decimocuarto recorte, y disminuirán entre el 9 y el 18%, y el límite exento en el impuesto sobre la renta pasará de 8. 600 a 5.700 euros. Hay que preguntarse si la intención de los representantes de las instituciones comunitarias es tan solo eliminar el déficit público o si, por el contrario, se mueven por motivos ideológicos y a la hora de escoger las medidas se inclinan por las predilectas del neoliberalismo económico, tales como hundir lo más posible las pensiones públicas y potenciar así los fondos privados de pensiones o atacar los tributos directos y progresivos.

Esta clara intencionalidad ideológica se percibe también en el resto de medidas impuestas, diferentes de los recortes presupuestarios. Se abarata el despido y -cosa insólita en la democrática Europa- se suspende la negociación colectiva por lo menos hasta 2019. Es decir, se profundiza en la liberalización del mercado laboral con la finalidad evidente de reducir los salarios.

Pero no solo es el mercado de trabajo el que se pretende liberalizar. Las medidas afectan también al comercio y a la energía. Se establece la posibilidad de abrir treinta domingos al año en lugar de los ocho actuales. Uno no puede por menos que preguntarse qué tiene que ver esta condición con el control del déficit público. De tener algún efecto, será negativo tanto sobre la economía como sobre las finanzas públicas. Constituye, eso sí, una vieja aspiración de las grandes superficies y del poder económico, pero va en contra del pequeño comercio que es el que de verdad crea el empleo. La argumentación de que de esta manera se potencia el consumo es una falacia y una cierta ironía cuando desde 2009, año en el que comienzan los ajustes, no se ha hecho otra cosa que hundir el consumo. La llamada liberalización del sector energético pretende el mismo objetivo, abrir espacios rentables al poder económico. De ahí las privatizaciones impuestas hasta ahora y la exigencia en este acuerdo de que el Estado se desprenda de su 40% de participación en el sector.

A cambio de todas estas cesiones del Gobierno griego, lo único que se ofrece es desembolsar 7.000 millones de euros y promesas. Los 7.000 millones de euros no se destinan realmente a Grecia sino a los acreedores, ya que servirán para que este país pague los intereses de los créditos que vencen en julio. Se demuestra una vez más que lo que se pretende rescatar no es tanto los países como los prestamistas. El FMI tiene mucha experiencia en ello. Los préstamos de esta entidad a los países con problemas iban siempre orientados a que los acreedores pudiesen cobrar sus deudas. Ello explica la insistencia de Merkel en que el FMI estuviese presente en los rescates de la Eurozona.

Las promesas no dejan de ser eso, promesas, y casi nunca se han cumplido. En esta ocasión la golosina radica en que los bonos helenos entren en los programas de expansión cuantitativa del BCE, pero sobre todo en la reestructuración de la deuda pública griega. El FMI hace tiempo que viene manifestando que Grecia en ningún caso podrá hacer frente al stock de deuda pública, que en los momentos presentes alcanza el 180% del PIB. Su postura es tan radical que condiciona su participación en el rescate a que esta reestructuración se lleve a cabo. Los planteamientos del FMI dan más credibilidad actualmente a la promesa. Sin embargo, la reunión del pasado lunes del Eurogrupo indica de forma clara que Merkel es absolutamente reacia, especialmente antes de que se celebren las elecciones de septiembre, a que sus ciudadanos tengan que asumir el coste; aunque en honor de la verdad no lo van hacer en un porcentaje mayor que el resto de los contribuyentes de la Eurozona.

Desde hace mucho tiempo todo el mundo está convencido de que antes o después, de buen grado o por la fuerza de los hechos, tendrá que realizarse una quita de la deuda pública griega. El problema es que sería la segunda y nadie garantiza que, de continuar con esta política suicida, sea la última. El endeudamiento público del país heleno en 2009 era del 120% del PIB, en la actualidad y después de la primera reestructuración y de las atrocidades y sufrimientos que se han infligido al pueblo griego, del 180%.

La expropiación de derechos y los atropellos a los que se ha sometido a la población griega pasan de los límites posibles en una sociedad democrática. Nunca se sabe hasta cuándo los ciudadanos están dispuestos a soportar. Las manifestaciones y huelgas generales se han multiplicado, y hoy en día las clases bajas y medias se han sumido más bien en la tristeza y en la desesperanza, pero la violencia puede estallar en cualquier momento, especialmente después del fiasco de Syriza.

Tsipras cometió dos errores. El primero, enfrentarse en solitario a Berlín, Bruselas y Frankfurt, si no se estaba dispuesto a llegar hasta el final, es decir, a la salida de Grecia de la Eurozona. El segundo, gobernar en esas pésimas condiciones, con lo que está quemando a su partido y cegando toda posibilidad de cambio en el país heleno. Algo parecido le sucedió a Zapatero en España.

En nuestro país las formaciones políticas de izquierdas deberían tomar nota y no tener tanta prisa en llegar al gobierno. La pertenencia a la Unión Monetaria dificulta, cuando no imposibilita, cualquier política de izquierdas. Si resulta forzoso aplicar la política de Bruselas, mejor que se queme la derecha, y que las formaciones políticas de izquierdas desde la oposición vendan caro su apoyo, doblen la mano al Gobierno y le obliguen a adoptar determinadas medidas que palien la situación, al tiempo que se trabaja para aunar fuerzas en Europa en el objetivo de romper la Eurozona y retornar a las monedas y políticas nacionales.

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El retorno de Karl Marx para entender lo que está pasando en el capitalismo avanzado

Xov, 01/06/2017 - 16:06
Vicenç Navarro, Público

En una de las columnas más conocidas del semanario The Economist, la columna Bagehot (a cargo de Adrian Wooldridge), se acaba de publicar un artículo en su número del 13 de mayo que sería impensable que apareciera en las páginas de cualquier revista económica de España de semejante orientación liberal a la que tiene tal semanario. En realidad, no solo en cualquier revista económica, sino en cualquiera de los mayores medios de información de este país (incluyendo Catalunya) tal tipo de artículo nunca podría haberse publicado.

Bajo el título El momento marxista, y el subtítulo Los laboristas llevan razón: Karl Marx tiene mucho que enseñar a los políticos de hoy en día, la columna Bagehot analiza el debate existente entre el dirigente del Partido Laborista del Reino Unido, el Sr. Jeremy Corbyn, y su ministro de Economía y Hacienda en la sombra, el Sr. John McDonnell, por un lado, y los dirigentes del Partido Conservador así como los rotativos conservadores Daily Telegraph y Daily Mail , por el otro. Definir tal intercambio como debate es, sin embargo, excesivamente generoso por parte de la columna Bagehot, pues la respuesta de los rotativos conservadores y de los dirigentes conservadores a los dirigentes laboristas es una burda, grosera e ignorante demonización de Marx y del marxismo, confundiendo marxismo con estalinismo, cosa que también se hace constantemente en los mayores medios de comunicación españoles, en su mayoría también de orientación conservadora o neoliberal.

Los aciertos de Marx según Bagehot, de The Economist Una vez descartados los argumentos de la derecha británica, la columna Bagehot pasa a discutir lo que considera las grandes profecías de Karl Marx (y así las define) para entender lo que está ocurriendo hoy en el mundo capitalista desarrollado, señalando que muchas de sus predicciones han resultado ser ciertas. Entre ellas señala que:

1. La clase capitalista (que en la columna Bagehot se insiste que continúa existiendo, aunque no se utilice tal término para definirla), que es la clase de los propietarios y gestores del gran capital productivo, está siendo sustituida –como anunció Marx- cada vez más por los propietarios y gestores del capital especulativo y financiero, que Marx (y la columna Bagehot) consideran parasitarios de la riqueza creada por el capital productivo. Esta clase parasitaria es la que, según dicha columna, domina al mundo del Capital, siendo tal situación la mayor responsable del “abusivo” y “escandaloso” (término que Bagehot utiliza) crecimiento de las desigualdades. Los primeros han conseguido cada vez más beneficios a costa de todos los demás. Y para mostrarlo, el columnista de The Economist señala que mientras en 1980 los chief executives de las 100 empresas británicas más importantes ingresaban 25 veces más que el típico empleado de sus empresas, hoy ganan 130 veces más. Los equipos dirigentes de tales entidades inflaron sus ingresos a costa de sus empleados, recibiendo a la vez pagos (además del salario), de las empresas a través de acciones, pensiones y otros privilegios y beneficios. De nuevo, la columna Bagehot, señala que Marx ya lo predijo y así ocurrió. Es más, la columna Bagehot descarta el argumento que tales remuneraciones se deban a lo que el mercado de talentos exige, pues la mayoría de estos salarios escandalosos de los ejecutivos se los han atribuido ellos mismos, a través del contacto que tienen en los Comités Ejecutivos (Executive Boards) de las empresas.

Marx llevaba bastante razón 2. Marx y Bagehot cuestionan la legitimidad de los estados, instrumentalizados por los poderes financieros y económicos. La evidencia acumulada muestra que el maridaje del poder económico y político ha caracterizado la naturaleza de los Estados. La columna Bagehot hace referencia, por ejemplo, al caso Blair (dirigente de la 3ª Vía), que de dirigente del Partido Laborista, una vez dejado el cargo político, pasó a ser asesor de entidades financieras y de regímenes impresentables. En España podríamos añadir una larga lista de expolíticos que hoy trabajan para las grandes empresas, poniendo a su servicio todo el conocimiento y contactos adquiridos durante su cargo político.

3. Otra característica del capitalismo predecida por Marx –según la columna Bagehot- es la creciente monopolización del capital, tanto productivo como especulativo, que está ocurriendo en los países capitalistas más desarrollados. Bagehot señala como tal monopolización ha ido ocurriendo.

4. Y, por si no fuera poco, Bagehot señala que Marx también llevaba razón cuando señaló que el capitalismo por sí mismo crea la pobreza a través del descenso salarial. En realidad, Bagehot aclara que Marx hablaba de “inmiseración”, que es –según el columnista- un término algo exagerado pero cierto en su esencia, pues según tal columnista los salarios han ido bajando y bajando desde que empezó la crisis en 2008, de manera tal que, al ritmo actual, la tan cacareada recuperación no permitirá que se alcancen los niveles de empleo y nivel salarial de antes de la Gran Recesión en muchos años.

Es más, además de estas grandes predicciones, la columna Bagehot afirma que la presente crisis no se puede entender sin entender los cambios dentro del capital, por un lado, y el crecimiento de la explotación de la clase trabajadora, por el otro, tal como señaló Marx.

¿Se imagina el lector a algún gran diario español, sea o no económico, que hubiera permitido un artículo como este? The Economist es el semanario liberal más importante del mundo. Y promueve tal ideología. Pero algunos de sus principales columnistas son capaces de aceptar que, después de todo, Marx, el mayor crítico que ha tenido el capitalismo, llevaba bastante razón. Sería, repito, impensable que en este país, tan escorado a la derecha como resultado de una transición inmodélica de una dictadura fascista a una democracia tan limitada, no solo un rotativo liberal, sino cualquier mayor rotativo, publicara tal artículo con el tono y análisis que lo hace una de las mayores columnas de tal rotativo, firmada por uno de los liberales más activos y conocidos. Esta columna y la persona que está a cargo de ella, sin embargo, no se han convertido al marxismo. Pero reconocen que el marxismo –que en este país ha sido definido por algunas voces como anticuado, irrelevante o cosas peores- es una herramienta esencial para entender la crisis actual. En realidad, no son los primeros que lo han hecho. Otros economistas han reconocido esta realidad aunque, por regla general, tales economistas no se enmarcan en la sensibilidad liberal. Paul Krugman, uno de los economistas keynesianos más conocidos hoy en el mundo, dijo recientemente que el economista que mejor había predicho y analizado las periódicas crisis del capitalismo, como la actual, había sido Michał Kalecki, que perteneció a tal tradición.

Donde la columna Bagehot se equivoca, sin embargo, es al final del artículo, cuando atribuye a Marx políticas llevadas a cabo por algunos de sus seguidores. Confundiendo marxismo con leninismo, la columna concluye que la respuesta histórica y la solución que Marx propone serían un desastre. Ahora bien, que el leninismo tuviera una base en el marxismo no quiere decir que todo marxismo fuera leninista, error frecuentemente cometido por autores poco familiarizados con la literatura científica de dicha tradición. En realidad, Marx dejó para el final su tercer volumen, que tenía que centrarse precisamente en el análisis del Estado. Por desgracia, nunca pudo iniciarlo. Pero lo que sí que escribió sobre la naturaleza del capitalismo ha resultado bastante acertado, de manera tal que no se puede entender la crisis sin recurrir a sus categorías analíticas. La evidencia de ello es claramente contundente y el gran interés que ha aparecido en el mundo académico e intelectual anglosajón, y sobre todo en EEUU y el Reino Unido (donde se publica The Economist), es un indicador de ello. Pero me temo que lo que está ocurriendo en aquellas partes del mundo no lo verá en este país, donde los mayores medios de información son predominantemente de desinformación y persuasión.

Una mirada no convencional al neoliberalismo y la globalización
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Presidente de Brasil es forzado a retirar orden que llamaba al ejército contra los manifestantes

Mér, 31/05/2017 - 21:26
Bill Van Auken, wsws

El presidente de Brasil Michel Temer fue obligado a retirar una orden ejecutiva que había emitido en la que llamaba al ejército a las calles y les otorgaba el poder de arresto por el período de una semana.

La medida fue supuestamente tomada para parar una protesta en la capital de Brasilia el miércoles que había sido convocada por los sindicatos y los movimientos sociales para oponerse a las “reformas” de pensiones y laborales que atacan derechos sociales básicos y exigen exigir la destitución de Temer y el reemplazo por medio del llamado a elecciones directas.

Llamar al ejército, sin embargo, tenía el aire de ser un acto de desesperación por la parte de un presidente que confronta múltiples acusaciones de corrupción y es visto como ilegítimo por la mayoría de la población brasileña.

Las más recientes encuestas de opinión indican que Temer —el ex vicepresidente que fue instalado en el palacio presidencial por medio de la destitución de su predecesor, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) Dilma Rousseff en agosto de 2016 por acusaciones fabricadas de irregularidades presupuestarias— es opuesto por el 95 por ciento de la población, con un 85 por ciento aprobando la inmediata convocación a nuevas elecciones.

La manifestación del miércoles en Brasilia trajo a decenas de miles de manifestantes hacia las calles de la aislada e interna capital. La protesta fue en gran parte pacífica hasta que un grupo de miembros enmascarados del llamado bloque negro (black bloc), un grupo frecuentemente infiltrado por agentes provocadores, atacaron a la policía y vandalizaron edificios de ministerios llegando a incendiar el de agricultura.

La policía respondió con una fuerza desproporcionada y abrumadora contra toda la manifestación, desatando masivas cantidades de gas lacrimógeno, disparando granadas aturdidoras y balas de caucho, enviando policías montadas con porras hacia los grupos y, en un punto, disparando munición real a los manifestantes.

Unas 50 personas fueron heridas en la represión. Entre los casos más serios se encontraba un vendedor ambulante que ni siquiera era parte de la protesta pero le cayó una bala en la cara.

La orden que convocaba al ejército para proteger la capital vino cuando la manifestación ya se había en gran parte dispersado. La confusión y el aparente pánico con que fue tomada la decisión plantearon preocupaciones sobre que Temer estaba recurriendo al uso del ejército en un intento de sostener a su gobierno plagado por crisis y reprimir a la oposición de masas.

El llevar las tropas a las calles bajo las presentes condiciones de crisis extrema tiene implicaciones políticas históricas en Brasil, un país que fue gobernado por más de dos décadas por una dictadura militar después del golpe de 1964, que fue apoyado por EEUU.

La promulgación del decreto bajo el estatuto brasileño de “garantizar ley y orden” hizo que se desplegaran tropas alrededor de los ministerios del gobierno y en otras partes de la capital. Soldados del ejército ya habían estado estacionados por un tiempo afuera de Planalto, el palacio presidencial nacional.

Bajo los términos de la ley, el ejército debe ser convocado solamente por períodos limitados cuando las fuerzas policíacas sean incapaces de lidiar con una supuesta amenaza al orden social y las instituciones gubernamentales.

Ni el gobernador del distrito federal de Brasilia ni, aparentemente, el propio comando del ejército creían que esta era la situación el miércoles.

El gobernador de Brasilia Rodrigo Rollemberg afirmó que no se le fue consultado, como requiere la ley, antes de que las tropas sean convocadas, denunciando así la decisión como una “medida extrema” no justificada por la situación en la capital.

El general Eduardo da Costa Villas Bôas, comandante del ejército brasileño, realizó una declaración el miércoles después de la promulgación de la orden, asegurando a la población que el ejército actuaría de acuerdo con la Constitución. “Nuestra democracia no está en peligro”, declaró. Que tal garantía parezca algo necesario remarca la profundidad de la crisis política actual.

Villas Bôas expresó de forma clara su desacuerdo con la premisa del decreto, afirmando a los medios que “yo creo que la policía debe tener aún la habilidad para mantener el orden”. Declaró que el ejército debe mantenerse en alerta “a menos de que algo se salga de control”.

El comandante del ejército reconoció que la atmósfera tanto en el palacio presidencial como en el mismo comando del ejército era de “shock” y “gran inseguridad” luego de que salieran a la luz revelaciones que implicaban a Temer en la corrupción y obstrucción de justicia.

La suprema corte de Brasil la semana pasada autorizó la apertura de una investigación criminal contra Temer luego de que fuera grabado por el CEO del conglomerado gigante de empaques de productos cárnicos JBS, Joesley Batista, vociferando su aprobación a pagos para comprar el silencio de Eduardo Cunha, el ex jefe de la cámara baja del congreso. Temer también fue grabado cuando Batista le dijo que él y su compañía le pagaban a fiscales y jueces para detener las investigaciones hacia su compañía. La cinta fue entregada a fiscales como parte de un acuerdo conciliatorio.

Si bien Temer de manera repetida ha declarado que no renunciará y que tendrá que ser botado de la presidencia, se informa que sus aliados políticos más cercanos en el congreso lo están abandonando y pidiendo su renuncia.

“Los partidos políticos aliados al gobierno de Michel Temer han llegado a la conclusión de que el presidente ha perdido su habilidad para permanecer en el cargo”, informó el jueves el influyente diario Folha de S.P. El periódico reportó que el derechista PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileño) está liderando la campaña contra Temer y ha comunicado su actitud al presidente brasileño. El propio líder y candidato presidencial del PSDB, que quedó en un segundo lugar cercano a Rousseff en las elecciones presidenciales del 2014, ha sido despojado de su lugar en el senado y ordenado a que entregue su pasaporte a medida que los fiscales preparan su encarcelamiento por cargos de corrupción.

De acuerdo a Folha, los partidos burgueses que habían apoyado a Temer durante la salida de Rousseff ahora están inclinándose a que el Tribunal Superior Electoral (TSE) Federal de Brasil emita un acuerdo a comienzos del próximo mes para que invalide la elección en el 2014 de Rousseff y Temer, quién fue su compañero de carrera como vicepresidente, sobre la base de que la campaña fue financiada ilegalmente.

Semejante decisión conduciría a elecciones indirectas por el congreso, cuyos miembros tienen la mayor preocupación de salvar sus pellejos ya que docenas de congresistas y un tercio completo del senado están bajo investigación en conexión con el escándalo de corrupción multimillonario centrado en los sobornos y pagos de favores emergentes de las licitaciones con el gigantesco conglomerado energético estatal Petrobras.

La convocatoria de elecciones directas requeriría que el congreso apruebe una enmienda constitucional, lo cual se ve actualmente como improbable. Folha reportó que el Partido de los Trabajadores, que está demandando públicamente elecciones directas, promoviendo al ex presidente Lula da Silva —también en juicio por cargos de corrupción— como su posible candidato, está tras bastidores negociando con otros partidos burgueses un candidato para reemplazar a Temer por medio de un voto en el congreso.

El principal diario financiero del país Valor publicó el jueves una entrevista con el reconocido economista Yoshiaki Nakano, rector de la Escuela de Economía de Sao Paulo en la Fundación Getulio Vargas, en la que argumentaba que la renuncia de Temer era “el escenario más favorable para la economía”.

La preocupación del gran capital brasileño es que el escándalo de corrupción ha dañado la habilidad de Temer de hacer aprobar los masivos ataques a los derechos básicos y estándares de vida de los trabajadores brasileños inscritos, por vez primera, en las llamadas reformas de pensión y trabajo que están ahora estancadas en el congreso.

Fue para implementar semejantes medidas, que expanden los ataques ya comenzados bajo los gobiernos del PT de Lula y Rousseff, que Temer fue llevado hacia el poder. El objetivo es colocar el peso entero de la peor crisis económica en un siglo en las espaldas de la clase trabajadora brasileña.

Sin embargo, el gobierno del país y todos los partidos burgueses, incluyendo el PT, se han vuelto tan desacreditados que imponer tal agenda se vuelve cada vez más difícil, con la excepción de que se retorne a métodos dictatoriales de gobierno.

Una mirada no convencional al neoliberalismo y la globalización
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Trump y la venta de la reserva estratégica de petróleo

Mér, 31/05/2017 - 15:45
Alejandro Nadal, La Jornada

El proyecto de presupuesto dado a conocer por la Casa Blanca busca reducir la deuda federal. Y uno de los componentes importantes para alcanzar ese objetivo es mediante la venta de la mitad de la reserva estratégica de petróleo. Esta medida se vincula estrechamente con la política energética de la administración Trump y merece un análisis cuidadoso.

La Reserva estratégica de petróleo (REP) de Estados Unidos es una provisión de petróleo para periodos de emergencia con una capacidad de hasta 727 millones de barriles de crudo. Fue creada en 1973 a raíz del embargo petrolero decretado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en respuesta a la ayuda estadunidense a Israel en el contexto de la llamada guerra del Yom Kippur.

El inventario contiene al día de hoy unos 695 millones de barriles guardados en cuatro depósitos ubicados en las costas de Texas y Louisiana, cerca de los principales centros de refinación de crudo en Estados Unidos. Las instalaciones incluyen cuevas artificiales en domos salinos que alcanzan hasta mil metros de profundidad y se calcula que el costo de construcción de estas instalaciones rebasó los 4 mil millones de dólares (mmdd).

La reserva actual representa el equivalente a unos 46 días de consumo de petróleo (a las tasas de consumo aparente de 2015). A los precios corrientes en el mercado internacional, la Casa Blanca calcula que el valor de mercado de toda la reserva es de unos 48 mmdd. La venta de la mitad de la reserva se llevaría a cabo en un plazo de diez años y generaría 16.6 mmdd.

En realidad esa cantidad de recursos casi se antoja insignificante cuando se le compara con la deuda del gobierno federal que hoy rebasa los 19 billones (castellanos) de dólares. Pero el proyecto de Trump tiene implicaciones para el mercado mundial de petróleo, la política energética de Estados Unidos y el proceso de cambio climático.

Si bien es cierto que los precios internacionales de crudo han repuntado ligeramente en los últimos meses, por el lado de la oferta el mercado sigue estando saturado a pesar de los últimos acuerdos de la OPEP. Sin duda un panorama de precios deprimidos se va a mantener. El anuncio de que habrá una inyección de más crudo al mercado mundial proveniente de la venta de la REP, aunque dicha venta se lleve a cabo a lo largo de los próximos años, contribuirá a mantener bajos los precios.

La intención de vender la mitad de la REP es consistente con la política energética de Trump. Su objetivo es convertir a Estados Unidos en un país autosuficiente en petróleo y desde esa perspectiva mantener la Reserva estratégica es redundante. Trump ya ha firmado una orden ejecutiva para concluir la construcción del oleoducto Keystone que va desde los campos de Alberta (en Canadá) hasta Port Arthur, al noreste de Houston. Este oleoducto ya transporta diariamente medio millón de barriles de crudo hacia Estados Unidos, pero el desarrollo de los yacimientos de Alberta requiere una salida más importante hacia el mercado internacional vía la costa del Golfo de México. El oleoducto ha estado en disputa desde hace años y Obama nunca quiso firmar el permiso correspondiente. Una de las primeras medidas anunciadas por la administración de Trump fue dar luz verde al proyecto.

Los yacimientos de arenas bituminosas en el río Athabasca, en Alberta, figuran entre los más importantes del mundo con 1.7 billones de barriles de crudo (magnitud sólo superada por las reservas de Arabia Saudita y de la cuenca del Orinoco en Venezuela). Pero estos yacimientos son de crudo muy pesado que es difícil de extraer, transportar y refinar. Por esas dificultades estos campos ya son responsables de 10 por ciento de la huella de Canadá en materia de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero para Estados Unidos la aportación de estos campos es una de las claves para reducir la dependencia energética frente a las fuentes del Medio Oriente.

El otro elemento importante para reducir esa dependencia es la producción doméstica a través de la tecnología de fractura hidráulica (fracking). El repunte de los precios de crudo ha dado nuevos bríos a esta industria en Estados Unidos, con lo que el lobby petrolero considera no es necesario mantener la Reserva estratégica de petróleo. La venta de la Reserva es el primer paso hacia la consolidación de una autosuficiencia energética basada en combustibles fósiles.

Éstas son muy malas noticias en el ámbito de las reducciones de emisiones de gases invernadero. La administración Trump no ha anunciado el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de Paris sobre cambio climático. Como se sabe, los compromisos voluntarios nacionales de reducción de emisiones no son vinculantes, pero por lo menos implican un cierto valor moral y debieran, en principio, facilitar la transición hacia un perfil energético basado en energías renovables. La venta de la Reserva Estratégica de Petróleo es una señala clara de que la plataforma energética de Estados Unidos seguirá basándose en combustibles fósiles.

Una mirada no convencional al neoliberalismo y la globalización
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Las alternativas para la destitución de Temer

Mar, 30/05/2017 - 19:01
Fernando de la Cuadra, Alainet

La situación política en Brasil se ve como una larga agonía de Temer. En efecto, es posible observar que Temer está perdiendo cada vez más el apoyo de sus aliados, tanto a nivel de los partidos que formaban la base de la coalición montada a partir de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff como a nivel de personalidades emblemáticas de la política brasileña tales como el expresidente Fernando Henrique Cardoso o el presidente del Partido Popular Socialista, Roberto Freire, que al renunciar a su cargo como Ministro de Cultura, señaló que el actual presidente ya no tiene condiciones ni políticas ni morales para continuar al mando de los destinos del país. Es difícil anticipar una fecha exacta, pero todo parece indicar que el actual mandatario no podrá concluir su gobierno. El problema es que quien lo puede substituir en la línea de sucesión, el presidente de la Cámara, diputado Rodrigo Maia, también se encuentra involucrado en varios casos de corrupción y está siendo acusado por los procuradores que tienen en sus manos el proceso Lava-Jato, aún en plena investigación por parte de la justicia brasileña. En caso de la destitución de Temer, una probable salida podría ser que asuma interinamente la jueza Carmen Lúcia, que ocupa en este momento la Presidencia del Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema).

La mejor alternativa que se plantea y para lo cual se han movilizado vastos sectores de la ciudadanía consiste en la convocatoria de elecciones directas. No existe en la actual coyuntura otra fórmula que le otorgue más legitimidad y sustento ciudadano al futuro mandatario que ser elegido a través del concurso de la soberanía popular. El escollo de dicha salida consiste en que para llamar a elecciones directas se requiere un cambio en la constitución, lo cual de llevarse a efecto, podría demorar varios meses -dependiendo de la correlación de fuerzas que se manifieste en el congreso- con lo cual prácticamente se sobrepondría al cronograma vigente, que estipula la próxima contienda electoral para octubre del 2018. Las elecciones indirectas figuran en un itinerario más probable, aunque carecería del apoyo y la aprobación necesaria para que Brasil retorne a la senda de la estabilidad y paz social. Todos los escenarios son muy complejos y demasiado riesgosos para conseguir darle alguna estabilidad al país. De cualquier manera, la crisis es muy profunda y no se vislumbra ninguna solución a corto plazo.

Actualmente no existe ninguna alternativa viable que consiga darle gobernabilidad a Brasil. Esto favorece a Temer, aunque sea momentáneamente, pues la incerteza sobre los rumbos que podrá tomar la crisis le permiten seguir negociando con los partidos que forman la base de apoyo a su gobierno. En otras palabras, el miedo de que la crisis se agrave y se pierda el control total sobre el destino del país, hace que aquellos actores políticos y económicos poderosos que perdieron la confianza en el gobierno se den un tiempo para barajar alternativas con la finalidad de tener una sucesión que no sea tan improvisada y caótica que pueda implicar la posibilidad de estimular una ruptura de la vía institucional para la deposición del gobierno.

En todo caso, la salida de Temer no significa el derrumbe del tradicional sistema político brasileño. Al contrario, su destitución representa precisamente la confirmación de la tesis de que el actual mandatario ya no consigue comandar el país para realizar las reformas favorables que vienen impulsando los sectores más tradicionales de la política brasileña. El debate sobre la reforma del sistema previsional, de las leyes laborales (tercerización y flexibilización), la reforma o eliminación del Sistema Único de Salud (SUS), la privatización de la educación superior, la eliminación o reducción de programas sociales, etc., está siendo contaminado por la crisis del gobierno. Por lo tanto, para limpiar el camino de tales reformas, los sectores y partidos que representan la cara más tradicional y conservadora de la política de este país buscarán ciertamente la mejor manera de deshacerse del escollo que en la actual coyuntura representa la administración de Michel Temer.

Diferentemente de lo que pudiera ser una alternativa más deseable y democrática, todo parece indicar que la salida política a la crisis se va a dar dentro del esquema que proponen los partidos tradicionales. Es decir, la tendencia es que los cambios que se van a producir en Brasil en el próximo periodo y hasta las elecciones de 2018, serán efectuados dentro del campo de lo que expresan dichos partidos, a pesar de que existe cada día una mayor movilización popular contra la corrupción y la reforma del sistema político. Dichas movilizaciones serán reprimidas y la agenda política permanecerá circunscrita al término del mandato de un gobierno de emergencia que permita concluir las reformas en curso y que continúe el cronograma institucional que supone la realización de elecciones el próximo año. Este periodo por cierto va a generar un importante campo de disputas que los grupos progresistas y la izquierda deberán ocupar, si pretenden reconstruir un proyecto diferente para Brasil, que supere las penurias y tragedias que ha experimentado este país a lo largo de su historia reciente y que se han agudizado de forma dramática en los últimos dos años.

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