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Austeridad: la idea que no quiere morir

Mar, 17/01/2017 - 09:00

Alejandro Nadal – Consejo Científico de ATTAC España

 

El gobierno mexicano impuso el fuerte aumento en los precios de la gasolina por una razón: ha optado por regresar a la austeridad y lo que se denomina el superávit primario. Es muy importante analizar las causas que llevan al gobierno a esta elección, que corresponde a un poderoso mito neoliberal y conlleva la descomposición del Estado mexicano.

El año pasado las calificadoras Standard & Poor’s y Moody’s rebajaron la perspectiva crediticia de México de estable a negativa. La primera de estas agencias señaló que existía una probabilidad de 30 por ciento para que degradara la calificación sobre México en los próximos dos años debido al creciente endeudamiento. Por su parte, Moody’s justificó su decisión argumentando que el desempeño de México era muy débil y que el entorno externo no facilitaba las cosas. En síntesis, la vulnerabilidad de las finanzas públicas en los próximos dos años comenzaba a alarmar a los mercados financieros.

La deuda neta del gobierno federal era 42 por ciento del PIB en 2015 y ya se proyectaba que en 2016 ese indicador subiría a 45 por ciento. Si en 2005 el índice de la deuda se había colocado en 28 por ciento, el incremento de dicho indicador había sido el resultado de los déficit primarios que el gobierno mantuvo desde 2008. Las calificadoras señalaron que el aumento del endeudamiento era moderado, pero les preocupaba que el margen de maniobra fiscal se hubiera reducido. Para completar su análisis S&P y Moody’s señalaron que a pesar de que el gobierno mexicano había instrumentado importantes reformas estructurales el crecimiento siguiera siendo mediocre y continuará el deterioro de la posición fiscal.

El superávit primario es una noción que proviene de un simple ejercicio contable: comparar los ingresos totales del gobierno con el gasto pero sin incluir el pago de intereses. Es decir, se cotejan los gastos en todos los rubros que afectan el desarrollo económico y social (salud, educación, agricultura, medio ambiente, ciencia y tecnología, etcétera) pero se excluye del gasto el servicio de la deuda. Al final del ejercicio se busca tener un excedente para pagar intereses sin tener que recurrir a un nuevo endeudamiento. Detrás de esto está la austeridad fiscal, una peligrosa idea que se resiste a morir y que conduce a cero crecimiento y mayor endeudamiento (como lo demuestran las economías de la cuenca del Mediterráneo).

Hay dos formas de generar ese excedente primario. La primera consiste en incrementar los ingresos fiscales, ya sea aumentando los impuestos o los precios de los productos y servicios que ofrece el sector público. Pero cuando se trata de aumentar impuestos, el gobierno siempre ha preferido proteger a los estratos de altos ingresos y ha optado por elevar impuestos regresivos como el IVA. Al mismo tiempo ha dejado con gravámenes nulos las transacciones financieras. Y ahora, una vez más, escoge incrementar los precios de gasolinas y energía eléctrica sin importarle el impacto negativo sobre el resto de la economía.

La segunda forma de generar un superávit primario consiste en recortar el gasto. Y aquí el gobierno mexicano ha mostrado una extraordinaria tenacidad al mantener estancado el gasto per capita en rubros como salud y educación. No importa sacrificar a la población con tal de generar un superávit primario. Y eso es lo que estuvo haciendo el gobierno a lo largo de los pasados 25 años. Pero cuando llegó la crisis financiera global, las cosas cambiaron y el superávit primario se esfumó. Claro, el gobierno señala que adoptó una postura fiscal contra cíclica y que por eso desapareció excedente que ahora le reclaman las calificadoras. De todos modos, el muy tímido estímulo fiscal del que se vanaglorió en su momento el gobierno no sirvió para gran cosa porque el modelo económico neoliberal no permite crecer ni en tiempos normales.

El paquete de política económica que envió el Ejecutivo al Congreso en septiembre del año pasado señala el objetivo de volver a generar un superávit primario. Para ello propuso un recorte en el gasto programable equivalente a 1.2 por ciento del PIB. Pero no mencionó de manera explícita que en los primeros días de enero aplicaría un aumento de 20 por ciento a los precios de las gasolinas. No se necesita ser un genio en economía para saber que esos incrementos tienen un impacto generalizado en toda la economía pues se trata de insumos que entran en la producción de todos los demás bienes. En consecuencia, los referentes (de por sí poco realistas) que utilizó el gobierno federal para definir su postura de política económica se han visto trastocados. Las perspectivas sobre tasas de inflación, crecimiento económico y expectativas sobre recaudación que se presentaron en los Criterios generales de política económica se han modificado de manera significativa. Todo eso hace que el paquete económico que dócilmente aprobó la Cámara de Diputados no corresponda a la realidad que afrontará el país en 2017.

A corto plazo seguiremos siendo testigos de la desintegración del Estado mexicano.

Alejandro Nadal es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso

Publicado en sinpermiso
Fuente: La Jornada

Categorías: Alterglobalización

Comprender la cuenta de resultados de un banco: el beneficio convierte a la actividad bancaria en peligrosa

Mar, 17/01/2017 - 07:00

Aurora Martínez Hernández - ATTAC Madrid

La actividad bancaria no está hecha para ser privada. Los bancos, ahora y antes , tienen una rentabilidad de sus activos (sus inversiones) baja. Solamente asumiendo mucho riesgo y con la confianza de que el Estado no los dejará caer, pueden llegar a obtener una rentabilidad que satisfaga a los accionistas. Actualmente son los directivos de los bancos, con sus sueldos escandalosos, los que más interés tienen en que no haya una banca pública.

Todos los años, a finales de enero empiezan a aparecer en los periódicos los resultados anuales de los bancos con el mensaje, escondido, de que el banco que gane más es el mejor. Pero ¿lo más importante para un banco es ganar mucho dinero? La respuesta es que para un banco privado es  imprescindible.  Si no tendrían que cerrar y el sistema bancario se volvería inestable y propiciaría una crisis financiera. Esta realidad  es una razón irrebatible a favor de la banca pública. La banca pública puede ser muy solvente y dar un magnifico servicio a los ahorradores  sin necesidad de tener una alta rentabilidad.

Los bancos privados necesitan para sobrevivir una rentabilidad de sus fondos propios (ROE) superior a lo que se llama coste del capital, que se sitúa entre un 8% y el 9%. Si no se alcanza esa cifra, los inversores no tienen interés por el banco. Al ser usual repartir entre los accionistas  el 50% de los beneficios, la rentabilidad del 4% por su dinero no es suficiente para ellos.

La cuenta de resultados de un banco.

La Cuenta de Resultados de un banco sirve para conocer los resultados de un banco: en ella se refleja tanto el resultado final (resultado después de impuestos) como los resultados parciales del banco. O sea, las  ganancias si las hay o las perdidas en caso contrario. Y ese resultado final  es un dato muy importante para una compañía  que cotiza en bolsa. Por eso las empresas y los bancos tratarán de “maquillar” los resultados negativos.

Una forma intuitiva de calcular el resultado de un banco es conocer todos sus ingresos y sumarlos y a esta suma, restarle la suma de todos los gastos. Pero para saber qué actividades del banco generan ingresos suficientes y qué gastos son razonables, la cuenta de resultados se ordena juntando ingresos y gastos de la misma naturaleza, por fases . De esa manera, se va calculando una cascada de beneficios parciales.

La banca realmente pública que queremos es una banca minorista, destinada a ofrecer servicios bancarios de calidad: a los ahorradores, a los que quieran pedir una hipoteca para comprarse una vivienda y a las pequeñas y medianas empresas que necesitan financiación para desarrollar su negocio. En este tipo de bancos, la cuenta de resultados es mucho más sencilla y fácil de entender por un ciudadano de a pie. En ella nos fijaremos, sobre todo, en dos cuentas: el margen de intereses y las comisiones que son los ingresos básicos de la actividad bancaria. La primera es el beneficio obtenido por la actividad crediticia de cobrar y pagar intereses y la segunda, el obtenido por los cobros y pagos por los servicios que ofrece o demanda el banco. Bueno, pues la suma de estas dos cuentas  (y otros ingresos menos importantes) tiene que ser suficiente para pagar a los trabajadores (¡y a los directivos!), para los gastos generales, para guardar fondos que amorticen el inmovilizado del año (y reponerlo cuando ya no valga) y para dotar las provisiones de los préstamos fallidos. Este beneficio sería el llamado beneficio de actividades de explotación. A esta cantidad se le resta lo que se paga por impuestos (y antes algún resultado  extraordinario) y llegamos al “resultado después de impuestos”, que es la cifra que aparece en los periódicos1.

Ni que decir tiene que los bancos universales y globalizados tienen una cuenta de resultados muchísimo más complicada.

Además, una banca pública minorista es mucho más fácil de supervisar.

Una banca pública de este estilo es mucho más fácil de supervisar. Porque los grandes riesgos de los grandes bancos están sobre todo en los balances de las grandes empresas a las que han financiado; en los mercados institucionales, de donde obtienen gran parte de la financiación (y que huye si la rentabilidad del banco es baja) y en la banca en la sombra, que son todas las sociedades creadas por los grandes bancos para especular con productos financieros opacos y que no están sujetas al control de los bancos centrales.

El debate de la rentabilidad.

La rentabilidad da más información que  los beneficios: la rentabilidad se calcula dividiendo el beneficios obtenido entre el dinero invertido. A través de la cuenta de resultados, se pueden calcular dos tipos de rentabilidades de un banco (que aparecen en la página de “Datos relevantes” dentro del Informe de Gestión).

Una es la rentabilidad del negocio bancario llamada ROA. Se obtiene dividiendo el resultado entre todo el activo. Esa debería ser la más importante. Es la que nos indica si la actividad del banco es viable; si el negocio da algún beneficio. Pero esta rentabilidad en los bancos es pequeña. Una rentabilidad pequeña es suficiente para un banco público, que no tiene que repartir dividendos. A éste debe preocuparle sobre todo dar un buen servicio y ser solvente, para garantizar que los ahorradores tengan seguros sus ahorros. Esta es otra razón de por qué la actividad bancaria debe ser un servicio público.

La otra rentabilidad es el ROE: la rentabilidad de los fondos puestos por los accionistas. Y para que salga alta conviene tener pocos fondos propios- él llamado  capital común- en comparación con el pasivo(deudas) de los bancos, y explicación del riesgo que han estado asumiendo los bancos. Y  ésta es la variable más importante para los bancos privados: el ROE máximo.  Es la que miran los mercados para ver donde ponen su dinero. Y la banca privada centra su actividad en ella: si no es suficiente, nadie querrá unas acciones por las que apenas cobran dividendos. La banca privada es rehén de su rentabilidad. Y para que ésta suba, hacen aumentar sus beneficios con operaciones arriesgadas de activo y aumentando su pasivo.

La rentabilidad media europea, calculada tras las pruebas de transparencia de la EBA (Autoridad Bancaria Europea) de 2016, ha sido  del 5% y la española de 5,6%2, ambas por debajo del llamado coste de capital (8% -9%). Estas cifras envalentonan a los bancos privados, que ya están presionando  para aflojar los requerimientos de Basilea III3 y las exigencia de provisiones que iba a exigir la EBA4 para las refinanciaciones.

Las propuestas del FMI5, de la EBA y del BCE son siempre las mismas: recortar plantilla y otros gastos o fusionarse, con lo que el tamaño de los bancos aumenta y convierte en peligroso dejarlos caer. Todo ello para salvarlos de su “baja” rentabilidad, “que puede ser obstáculo para sostener el crecimiento6″.

Hay otras variables que no se tienen en cuenta en los bancos privados.

La banca ética que opera en España  destaca por su alta ratio de solvencia (Cet 1,19%, para Triodos Bank) y su baja morosidad (2,76%  para FIARE – Banco Popolare Ético) en las cuentas de 2015 e informan de su balance social.  En concreto, para FIARE los datos más relevantes de este balance  son: relación sueldo máx/mín( 4.687); aumento de personal laboral; evaluaciones sociales; evaluaciones a proveedores; horas de formación ofrecidas por trabajador; millones de euros en microcréditos; consumo eléctrico en energías renovables…Una banca pública también tendría que presentar su balance social y además  ¡sin necesidad de accionistas!.

¿Son los bancos privados, y en muchos casos sistémicos, la solución a los problemas del crédito? Evidentemente la solución no está ahí. La solución está es una verdadera banca pública ética, sostenible y con control parlamentario y social. Por eso queremos que Bankia y Banco Mare Nostrum sean definitivamente públicas y no se vendan.

 

1. Hay otros ingresos y gastos que, por simplificar, no se han nombrado.

2. Valores obtenidos en el Test de Transparencia de la EBA a 131 bancos  de la UE  en 2016 .(Expansión, 2/12/016. “La rentabilidad de la banca española supera la  media de la UE”)

3. El comité de Basilea retrasa la aplicación de las últimas medidas de Basilea lll. Los supervisores y el sector mantiene desde hace meses visiones contrapuestas sobre los trabajos en marcha.

Deutsche Bank, y otros bancos sistémicos usan sus propios modelos computarizados para determinar sus colchones de capital requeridos, en lugar del estándar.

4. Nuevos criterios de la EBA sobre refinanciaciones. Cinco Días. 19/11/2016 Nicolas M. Sarríes.

5. Informe del tercer trimestre del FMI sobre el deterioro de la Banca Europa.

6. Diario Cinco Días. 6, 10, 2016. Nuria Salobral. “Un tercio de la banca europea no volverá a ser rentable”.

7.  Balance Social de FIARE-Banco Popolare Ético. En Triodos parece que ahora es menos exigente este parámetro, que compara sueldo máx/sueldo mediano= 5,7).

 

Aurora Martínez Hernández es miembro de la Plataforma por una Banca Pública 

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Ecuador. Una reflexión a propósito de las próximas elecciones presidenciales

Lun, 16/01/2017 - 09:00

Ecuador debe mirar al Sur

Atilio Boron - ALAI, América Latina en Movimiento

El próximo domingo 19 de febrero se celebrarán en Ecuador elecciones presidenciales. Será una nueva y decisiva prueba de fuego para los procesos progresistas y de izquierda que se abrieron en América Latina desde finales del siglo pasado.

En el último año aquellos sufrieron varias derrotas a partir del aciago momento en que poco más de la mitad del electorado argentino decidió que era necesario cambiar -sin preguntarse en qué dirección y bajo cual liderazgo- y darle una oportunidad a una alianza de derecha que, en la campaña electoral, había jurado que mantendría “todo lo bueno” hecho por el kirchnerismo y corregir lo que estaba mal. Lo ocurrido después desnudó el carácter absolutamente demagógico de esas promesas porque una vez en la Casa Rosada el gobierno de Mauricio Macri puso en marcha un programa encaminado a desandar el camino transitado los doce años anteriores. La bien conocida “restauración conservadora”, que hoy abruma y oprime al pueblo argentino.

La derrota del kirchnerismo, en noviembre del 2015, fue el preludio de un perverso “efecto dominó” cuyos principales hitos fueron el revés sufrido por el gobierno bolivariano de Venezuela en las elecciones de la Asamblea Nacional de diciembre del 2015; el que experimentara el presidente Evo Morales en el referendo de febrero del 2016 y el inesperado –y lamentable- resultado del convocado por el presidente Juan M. Santos por la paz en Colombia, en Octubre del año pasado. Esta sucesión de tropiezos adquiere una dimensión desoladora cuando a ellos se le suma el “golpe institucional”, o “golpe blando”, propinado al gobierno de Dilma Rousseff en Brasil, apelando a diversos dispositivos de carácter pseudo-legal y francamente inconstitucionales los cuales, sin embargo, no impidieron la destitución de la presidenta brasileña sumiendo a ese país en una crisis política y moral que potencia la ya de por sí gravísima crisis económica.

En este marco, la inminente elección ecuatoriana adquiere una importancia trascendental. Muchos latinoamericanos confiamos en que una victoria de la candidatura de Alianza País, presidida por Lenin Moreno, podría marcar el principio de la contraofensiva reaccionaria orquestada desde Washington y cuyo objetivo es volver a la situación en que América Latina y el Caribe se encontraban al anochecer del 31 de diciembre de 1958, en vísperas del triunfo de la Revolución Cubana. Ese es el objetivo estratégico -expresado con uso y abuso de eufemismos para ocultar tan inconfesables designios- en diversos documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos cuando, con melifluo lenguaje, hablan de “restablecer la paz y la seguridad” en el Hemisferio Americano. Es por eso que la continuidad del gobierno de Alianza País tiene una proyección continental que excede el ámbito estrictamente ecuatoriano.

Una nueva derrota de las fuerzas progresistas y de izquierda en Ecuador ratificaría el agotamiento del impulso ascendente de las luchas populares, aislaría a los gobiernos de Evo Morales y Nicolás Maduro, y robustecería las esperanzas de quienes, desde la derecha y con el concurso de alguna izquierda que hace tiempo perdió la brújula,  profetizan con el apoyo de los medios de comunicación del imperio el “fin del ciclo progresista” y nos impulsan a dar un salto al vacío, optando por un “cambio” aparentemente inocente pero que nos colocaría, una vez más, bajo la férula de las feroces oligarquías de la región.

Esta apuesta por la continuidad del gobierno de Alianza País no significa ignorar las asignaturas aún pendientes, o los errores y problemas suscitados en la gestión gubernamental a lo largo de estos años –tema sobre el cual el heterogéneo arco opositor machaca sin cesar. Pero aún reconociendo esto es preciso preguntarse, con total honestidad, ¿cuál gobierno en este mundo está exento de críticas? Maquiavelo decía socarronamente en El Príncipe que ni siquiera los principados eclesiásticos, que contaban con la protección directa de Dios, estaban a salvo de los males de la política. ¿Cómo podría un principado común y corriente, terrenal, estar exento de ellos? Por eso es preciso valorizar los trascendentales cambios que tuvieron lugar en los últimos años en Ecuador.

Los que hace muchas décadas visitamos ese país comprobamos que cambió mucho, y para bien, y que sería imperdonable que esas transformaciones no fuesen reaseguradas y fortalecidas, arrojándolas por la borda en búsqueda de un “cambio” que todos sabemos hacia donde se dirige: reconstruir la vieja trama social de desigualdad, inequidad y opresión que caracterizó a ese país durante siglos. Y quienes tengan dudas, miren al Sur. Miren lo que está ocurriendo en la Argentina o en Brasil y verán, en esos tenebrosos espejos, lo que podría esperarle al Ecuador en caso de que la derecha vuelva al gobierno.

El Ecuador de hoy poco o nada tiene que ver con el que conociéramos en el pasado. Su gobierno es un ejemplo de que aún un país con una economía pequeña, altamente vulnerable, carente de moneda propia (y por lo tanto sin poder echar mano de un instrumento fundamental de manejo macroeconómico: la política monetaria) y rodeado de vecinos que se sometieron sin chistar a la hegemonía norteamericana y firmaron gravosos tratados de liberalización comercial  que perjudicaron la competencia de las exportaciones ecuatorianas y con un gobierno acosado sistemáticamente por el imperio a través de un enjambre de organizaciones sociales, falsas ONGs, fuerzas políticas y medios de comunicación que atacaron sin respiro al presidente Rafael Correa; aún bajo esas condiciones, decíamos, el gobierno de Alianza País demostró que fue posible construir una sociedad mejor -reduciendo significativamente la pobreza, garantizando el acceso a salud, educación y movilidad a sectores secularmente privados de ello, desarrollando una impresionante infraestructura de transporte y comunicaciones y ejerciendo una política exterior latinoamericanista e independiente- y que, por lo mismo, no se debe escatimar esfuerzo alguno para garantizar la continuación y profundización de este vital proceso.

La creencia de que, sobre la base del señalamiento de los yerros e insuficiencias que tiene todo proceso político real, un cambio político va a ser para mejor en el Ecuador; que la oposición actuará patrióticamente, sin ánimo revanchista y sin intenciones de revertir algunos de los más grandes logros del gobierno del presidente Rafael Correa, y que, como lo prometió Mauricio Macri en la Argentina, se consolidaría “lo que estaba bien” y se “corregiría lo que se había hecho mal”; una tal creencia, en síntesis, es una muestra de una virginal inocencia, en el mejor de los casos. Por eso exhorto a mis amigos y amigas ecuatorianas, varios de los cuáles me hicieron conocer su disgusto con el gobierno actual, que miren lo que nos está pasando en el Sur.

Detrás de un lenguaje edulcorado esa derecha ecuatoriana y sus mandantes del imperio tienen el perverso propósito de regresar el reloj de la historia al pasado, encubriendo tan siniestros designios con una hueca palabrería progresista y republicana que engañó a muchos en Argentina y Brasil y que ahora, viendo al monstruo en acción destruyendo metódicamente los logros de la última década, están arrepentidos por haber caído en la trampa de que “todo es igual. Que Dilma era lo mismo que Aécio. Que Scioli era lo mismo que Macri”. Y no era así, no fue así, y ahora se están pagando las consecuencias de tan funesto error.

Espero que en ese entrañable país que se llama Ecuador no se reitere lo ocurrido en el Sur. Los candidatos pueden, admitámoslo como una hipótesis, parecer lo mismo, pero no lo son porque personifican procesos históricos y fuerzas sociales muy diferentes, y sería un yerro fatal ignorar tal cosa. Por eso, por el Ecuador y su futuro; por América Latina y su futuro es imprescindible asegurar la victoria de Alianza País el próximo 19 de febrero. Sería, tengo esa esperanza, el inicio de una contraofensiva popular destinada a erigir un dique a la “restauración conservadora” del imperio.

- Dr. Atilio A. Boron, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (PLED), Buenos Aires, Argentina. Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2013. www.atilioboron.com.ar  Twitter: http://twitter.com/atilioboron Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=596730002

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Insuficiencias y errores en las predicciones económicas ante un nuevo año

Lun, 16/01/2017 - 07:00

Carlos Berzosa – Consejo Científico de ATTAC España

A finales de cada año los organismos económicos internacionales y servicios nacionales de estudios económicos suelen hacer predicciones para el año nuevo. Estas predicciones se suelen corregir a la baja o al alza según van transcurriendo los acontecimientos a lo largo del año. En ocasiones, las previsiones del futuro, tras los ajustes que periódicamente se realizan, se acercan a los resultados finales. Sin embargo, en donde han fallado estrepitosamente fue en no haber tenido en cuenta ni siquiera la posibilidad del desencadenamiento de la crisis. Este hecho ha cuestionado la fiabilidad de las predicciones. A pesar de ello se siguen haciendo sin cambiar la metodología que ha conducido a tales errores.

Los errores cometidos por la ciencia económica y los organismos internacionales por no haber previsto la crisis han conducido a una polémica sobre las causas de por qué este fallo se ha producido. No obstante, a pesar de las sugerencias que se pueden extraer de esta controversia   no se han tomado las medidas ni se han puesto los medios para rectificar los errores que se han dado al no haber advertido de una catástrofe de tal calibre. Los supuestos de los modelos económicos predictivos son muy débiles y simples. El problema principal es que se analizan la evolución de variables económicas, pero no se tiene en cuenta lo que se esconde detrás de esas variables.

El año que comienza está lleno de grandes incertidumbres. El futuro siempre es incierto, pero este año la inestabilidad parece excesivamente elevada. La crisis económica no está resuelta, a pesar de las opiniones de políticos y economistas. Con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos puede pasar cualquier cosa. Las consecuencias de la aplicación del Brexit son imprevisibles, así como los resultados de las elecciones que en varios países de Europa se van a celebrar.

En todo caso, lo que hay que subrayar, que no recogen los modelos de predicción, son las tendencias que se están dando y que están generando un empeoramiento de las condiciones sociales. La desigualdad internacional entre países, más allá de la polémica de si ha disminuido en los últimos años, es muy elevada y se agrava a nivel global con el aumento de las desigualdades dentro de los países. La precarización de los trabajadores de los países ricos tiende al aumento. Los trabajadores de los países emergentes no están consiguiendo unas mejoras mínimas de las condiciones sociales. Los países subdesarrollados que se han convertido en plataformas (dominadas por las multinacionales) de producción textil y de calzado para el resto del mundo mantienen a los trabajadores en condiciones de supervivencia con largas jornadas de trabajo.

La explotación y sobrexplotación se ha intensificado en las últimas décadas, lo que está generando una gran polarización a escala mundial y dentro de los países. La economía oculta, tráfico de drogas y de armas, adquiere un porcentaje relevante dentro de los intercambios internacionales. La opulencia y la miseria conviven en un mundo excesivamente injusto. La existencia de tantas privaciones contrasta con los avances científicos, tecnológicos y sanitarios que han tenido lugar. Se produce una gran brecha entre lo que está logrando la ciencia y las condiciones sociales y económicas a las que se encuentra sometida gran parte de la población mundial.

No resulta satisfactorio, como hacen algunos estudios y defienden analistas, comparar la situación actual con el pasado y llegar a conclusiones optimistas del tipo de que la humanidad ha conseguido el mayor bienestar jamás conocido. Lo que contrasta con la realidad de tanta población que sigue sufriendo hambre y pobreza. No se trata de negar los progresos habidos, pero lo que hay que tener en cuenta es la relación entre los avances de la ciencia y de la tecnología con tantas privaciones como existen, lo cual es precisamente por ello más escandaloso.

Las predicciones económicas, como la mayor parte de los estudios de economía, no tienen en cuenta nada de esto, por eso su incapacidad a la hora de predecir y lo que es más grave, la ocultación de lo que significa un sistema económico inestable, desigual, que genera subdesarrollo, trabajo infantil, bajos salarios y daños a la naturaleza y al medio ambiente. El historiador Tony Judt titulaba un libro suyo Algo va mal (Taurus, 2010). Efectivamente algo va mal y lo grave es que no se tiende a mejorar. Lo más probable es que empeore. El año 2017 no puede traer buenas cosas, pues no se vislumbran aires nuevos en el horizonte que vayan poniendo las semillas de otro orden económico y social. Todo puede ir a peor.

Catedrático de Economía Aplicada. Universidad Complutense de Madrid

Publicado en nuevatribuna

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“El euro no es un proyecto europeo, es un proyecto neoliberal”

Dom, 15/01/2017 - 07:00


Andrés Villena Oliver
- CTXT

Entrevista a Stuart Medina Miltimore

El desarrollo de los acontecimientos en la zona euro está llevando a numerosos expertos a cuestionar cada vez más la conveniencia de continuar perteneciendo a la moneda única europea. CTXT ha aprovechado la publicación del libro El Leviatán desencadenado (Lola Books) para conversar con su autor sobre las posibilidades, los riesgos y las dificultades que para el Estado español acarrearía dotarse de “soberanía monetaria” a través de la puesta en circulación de una nueva moneda. Como pequeña ilustración previa a la conversación, Stuart Medina Miltimore nos emplaza a la lectura de una fábula extractada de un libro del economista Michal Kalecki para observar la naturaleza del dinero y de la moneda desde una perspectiva diferente a la convencional.

En una empobrecida aldea judía, cuyos residentes estaban sumidos en el endeudamiento viviendo del crédito, un rico y pío judío llegó un día y se alojó en la posada local, tomando la precaución de pagar la factura por adelantado. El viernes, para no incumplir la prohibición del Sabbath de llevar dinero, entregó al posadero para que lo custodiase un billete de 100 dólares. El domingo al alba, el judío dejó la posada antes de que el posadero hubiese tenido ocasión de devolverle el billete.

Unos días después, el posadero decidió que el rico judío no regresaría, así que cogió el billete de 100 dólares y lo usó para saldar su deuda con el carnicero local. Encantado, el carnicero entregó el billete a su esposa para que lo custodiase. Esta lo utilizó para saldar sus deudas con una costurera local que le hacía vestidos. La costurera utilizó el dinero para pagar los atrasos de alquiler a su casero. El casero, contento de cobrar por fin, le entregó el dinero a su amante, que ya hacía tiempo le había estado prestando sus favores sin compensación. La amante utilizó el billete para saldar su deuda en la posada local donde de vez en cuando alquilaba una habitación.

Así ocurrió que el billete volvió al posadero. Aunque no se había celebrado ninguna transacción nueva ni se había creado ninguna renta, las deudas de la aldea habían sido saldadas y todos contemplaban el futuro con optimismo renovado.

Dos semanas después, el rico judío regresó a la posada y el posadero pudo devolverle el billete de 100 dólares. Para su asombro, el judío cogió el billete, le prendió fuego y lo usó para encenderse un cigarrillo. Al observar al posadero, el judío se rió y le explicó que el billete, de todos modos, era falso.

La fábula que comparte en su libro revela que el dinero es esencialmente deuda. Afirma que las teorías sobre el dinero están sesgadas, cuando no equivocadas. Propone como alternativa la Teoría Monetaria Moderna. ¿En qué consiste?

La Teoría Monetaria Moderna (TMM) describe cómo funciona un sistema monetario y bancario con moneda fiduciaria, que es una moneda cuyo valor no está vinculado al oro. El punto de partida es que el dinero es una creación del Estado, es decir, que el Estado tiene un monopolio de emisión de moneda, por lo que nunca puede ser insolvente. El Estado tiene una restricción real, por supuesto: los recursos que tiene la economía; pero no tiene una restricción presupuestaria ni financiera. El Estado obviamente no puede crear toda la moneda que quiera si no quiere generar inflación, pero sí tiene todos los elementos suficientes para evitar un proceso inflacionista.

Entonces, desde el punto de vista de la TMM, las reglas del déficit público (3% del PIB) y de deuda pública (60% del PIB) exigidas en la eurozona…

… Son arbitrarias. Para nosotros y para muchos economistas keynesianos, el superávit o el déficit del Estado son completamente irrelevantes; lo que importa en realidad son los efectos de la política fiscal: en primer lugar, si hay pleno empleo o no; en segundo lugar, si hay inflación o no.

Imaginemos que hemos decidido salir del euro. Teniendo en cuenta el miedo de la gente a salir de la moneda comunitaria, ¿cómo podríamos hacerlo con éxito?  

Creo que es un problema al que se le da más complejidad de la que tiene. Introducir una moneda es extraordinariamente sencillo: es como decir que el Estado a partir del 1 de febrero va a efectuar los pagos en una nueva moneda, en pesetas, o en pesos, por citar dos ejemplos.

Muy bien, creamos una moneda, pero sabemos que esta se va a depreciar inmediatamente con respecto al euro. Y, además, la fuga de capitales que se produciría…

La fuga de capitales es un concepto que se define generalmente mal. ¿Qué implica una fuga de capitales? Que, por ejemplo, un depósito denominado en euros en el balance del Banco Santander se transfiera a través del Banco Central a otro banco en Alemania. Esto es relativamente irrelevante: lo que importa es dónde gasta uno: que el dueño de ese depósito en el banco alemán –y no olvidemos que de España se han marchado ya 300.000 millones de euros en depósitos– vive en España y tiene que pagar su alquiler, realizar compras, etc., en España. A nosotros lo que nos importa es dónde se gasta, no dónde está domiciliada la cuenta.

Entonces, a efectos reales, la fuga de capitales puede llegar a ser irrelevante…

La fuga de depósitos normalmente se magnifica, pero tiene su importancia más acuciante por el tema de los sumideros fiscales, que hay que controlar.

Pero a Mitterrand le hundió la famosa fuga de capitales de principios de los años ochenta y cambió totalmente su política económica…

Con Mitterrand es el momento en que los partidos socialistas empiezan a cambiar y a traicionar su propio ideario. Además, el problema que tuvo Francia fue el empeño en mantener un tipo de cambio fijo. Cuando tú tienes que defender un tipo de cambio fijo respecto a una cesta de monedas, los movimientos de depósitos sí impactan sobre la cotización de la divisa. Empeñarse en mantener un tipo de cotización fija es lo que te pone la soga al cuello.

Entonces, otro de los rasgos fundamentales de la TMM es el mecanismo de tipos de cambios flexibles…

Efectivamente, para nosotros es un postulado fundamental: el tipo de cambio tiene que ser flotante. En estas condiciones, imagina que hay una fuga de euros. Si tienes soberanía monetaria, tienes capacidad de recapitalizar los bancos: ¿que el Banco Santander puede tener un problema porque se haya endeudado mucho en euros? Hay que tener en cuenta que el Santander está muy internacionalizado y tiene menos de la tercera parte de su negocio en España, con lo cual su dependencia de los depósitos de residentes es pequeña. Y si es un banco con un negocio muy doméstico, el Banco de España puede darle la liquidez suficiente o incluso nacionalizarlo.

Entonces introducimos la nueva moneda superado el miedo a las fugas de capitales. ¿Pero eso cómo se hace?

La moneda la introduces gastando, creando, en definitiva, apuntes contables.

“Introducir una moneda gastando” suena un poco raro…

El Estado dice que a partir de mañana, por ejemplo, la autopista que estábamos construyendo en Madrid en vez de pagarla en euros se va a pagar en nuevas pesetas.

O sea, la construcción de la autopista es gasto estatal, y el Estado paga al constructor en nueva moneda. Pero para extender la nueva moneda, ¿qué se hace? Porque la gente no tiene esas nuevas pesetas…  

Se crea demanda por la moneda nacional. Básicamente a través de los impuestos. Y ojo, aquí viene un principio fundamental que es erróneo en la economía convencional: en un Estado monetariamente soberano, los impuestos no son el mecanismo de financiación del Estado.

Pero el Estado necesita financiarse para gastar, para redistribuir… En primero de Económicas nos enseñaban que los impuestos sirven para financiar ese gasto…

Yo aprendí eso en primero también (risas). Eso es cierto para una diputación, pero no para un Estado con soberanía monetaria. Ten en cuenta que en este caso que exponemos el único creador de moneda es el Estado y la única manera de que los ciudadanos tengan moneda en su bolsillo es que el Estado haya gastado.

La función de los impuestos al final es apartar recursos reales para que los use el Estado; el Estado es nuestro agente, le encomendamos misiones (carreteras, sanidad, enseñanza, hospitales, seguridad). Todas estas misiones que nosotros desde el sector privado no podemos asumir como individuos o como grandes empresas (para las que muchas cosas no son rentables o simplemente no son posibles). No olvidemos que, de alguna forma, el Estado somos nosotros, y le encomendamos lo que nosotros no podemos hacer. Apartamos recursos reales que además están ociosos hoy en día, esto último está claro. Entonces imponemos tributación: por vivir aquí tengo que pagar un IBI, IRPF, etc. Yo para conseguir ese dinero para pagar mis impuestos le tengo que ofrecer algo al Estado, y por ello yo vendo mi trabajo, o bienes si soy un fabricante… Entonces consigo su dinero, que es un pagaré del Estado, lo equivalente a un crédito fiscal que se puede utilizar para pagar los impuestos.

¿Entonces el dinero es un crédito fiscal del Estado?

Efectivamente, y puedo hacer varias cosas con el dinero: devolvérselo al Estado vía impuestos o bien guardarlo como instrumento de ahorro… Hay un ejemplo muy claro de la historia colonial de África a la hora de explicar la introducción de una moneda: en Ghana, cuando llegan los británicos, estos querían cultivar café, pero se encuentran con el problema de que la población nativa no quería acudir a trabajar a los cafetales porque les pagaban con dinero británico y eso no les servía para nada, ya que ellos tenían su propio circuito económico. Por mucho que los colonos subieran el salario, los nativos no querían trabajar. Entonces el gobernador de la colonia pone un impuesto confiscatorio a las chozas, unos veinte chelines. Se produce una revuelta y encarcelan al jefe tribal. Los nativos al final se dan cuenta de que tenían que conseguir libras o chelines para saldar la deuda. Y eso al final genera la oferta de trabajo que los británicos buscaban.

Entonces, el Estado introduce una moneda, gastando para ello e incorporando los impuestos. Pero el peligro de la devaluación con respecto al euro está todavía ahí. En su libro afirma que una manera de impedir que esto ocurra es “generar demanda por la propia moneda”.

Sí, hay varias maneras de hacerlo. Una es obviamente lanzar la nueva moneda poco tiempo antes de una campaña de liquidación del IVA, o bien justo antes de la campaña del IRPF: la gente tiene que pagar el impuesto pero no tiene esa moneda en su bolsillo. La condición es que el Estado no acepta el pago con euros. Entonces el sector privado necesita una moneda que no tiene: se genera una demanda por dicha moneda y en el mercado su cotización sube porque está todo el mundo buscándola. Al final puedes encontrarte con que la nueva moneda acaba incluso apreciándose. De hecho, un famoso estudio de P. Pilkington y W. Mosler sobre una posible salida del euro propone no forzar la conversión de los depósitos de los ciudadanos a la nueva moneda, un error que suelen cometer los Estados para mantener el tipo de cambio y para que el banco central tenga unas reservas de divisas. Esto puede hacer que el sector privado se encuentre con unos depósitos que no quiere y que entonces los venda para comprar euros, provocando la depreciación de la moneda.

Lo que propone, pues, son unas condiciones algo más flexibles que las tradicionales a la hora de introducir una moneda o de salir de una unión monetaria. Algo que es bastante corriente a lo largo de la historia…

Según un artículo científico de Andrew Ross, ha habido 69 rupturas de uniones monetarias desde la Segunda Guerra Mundial. Sería un error pensar que una unión monetaria es para siempre. Además, aquí hay otro error: pensar que el proyecto europeo es igual al euro, que no lo es, y hay muchos países europeos que no están en el euro. No hay una identificación entre euro y Europa. Para mí el euro no es un proyecto europeo, es un proyecto fundamentalmente neoliberal. Ha habido una muy exitosa ruptura monetaria en Europa que ha sido la checoslovaca, que generó un pequeño punto de inflación en el 93 pero que fue bastante pacífica. Toda institución humana es temporal… En conclusión, no hay que convertir el euro en un tótem, siendo una institución mal diseñada.

Bueno, pero si salimos del euro, ¿nos seguirán prestando los mercados? Nos tendremos que poner a imprimir dinero… Y de ahí a la República de Weimar…

La hiperinflación de la República de Weimar es un episodio extraordinario de los que ha habido muy pocos en la Historia. Lo de Weimar se explica por la derrota de la guerra y las reparaciones del Tratado de Versalles, lo que elimina gran parte de la capacidad productiva alemana: barcos, capacidad ferroviaria, minas… Además, los alemanes tenían que hacerse con recursos para pagar las compensaciones a los aliados. Entonces la única solución que encontraron fue la de imprimir una cantidad de dinero tremenda. El caso español, por el contrario, es el de la existencia de recursos ociosos, como fábricas que no están al cien por cien de su capacidad productiva, gente que no encuentra trabajo, viviendas sin inquilino… El Instituto Nacional de Estadística afirma que no estamos por encima del 80% de nuestra capacidad productiva.

¿Por qué hay entonces tanto miedo a la inflación?

Porque es un fenómeno muy complejo que no se ha explicado bien. La denominada teoría cuantitativa del dinero, muy simplista, relaciona la oferta monetaria con la inflación de modo unidireccional. Y no es cierto. Tú puedes aumentar la oferta monetaria y lo más probable es que en vez de aumentar los precios aumente la producción. Por ejemplo (y esto viene del pensamiento keynesiano), cuando un empresario percibe un aumento de demanda y tiene capacidad sobrante, lo primero que hace es subir la producción. Porque si yo soy Mercadona y me aumenta la demanda yo no quiero perder cuota de mercado: aumento la producción, contrato trabajadores, pero no subo los precios. Esto es fundamental entenderlo: las empresas quieren aumentar o mantener la cuota de mercado; en una economía como la nuestra, debajo de su capacidad productiva, lo más normal es que primero aumente la producción. Si hay algo de inflación no es malo, ya que llevamos ya tres años de deflación, lo que empeora los balances de los que están más endeudados.

Es fundamental entender que una nueva moneda a corto plazo no tiene por qué llevarnos a una situación inflacionista. Puede darse a más largo plazo, pero depende de cómo se comporten a tres o cuatro años tanto el sector privado como el sector público.

¿La devaluación, de producirse, no tendría un efecto inflacionista en un país que importa tantas mercancías?

Sí, la devaluación puede tener un efecto inflacionista. Pero hay que tener cuidado con cómo la definimos: la inflación es una subida continuada en el tiempo de los precios y hay que distinguirla de episodios singulares o aislados, donde hay una depreciación repentina de la moneda, que sería difícil que fuera mayor del 30%. Si tú gestionas ese repunte de inflación con inteligencia, no tiene por qué asentarse en las expectativas de los agentes ni prolongarse en el tiempo.

¿Y cuál sería esa gestión inteligente de la situación para que no se convirtiera en un peligro?

Hay varias maneras. Es importante entender que el Estado, como monopolista, tiene la capacidad de fijar el precio de la moneda. Una forma de evitar un proceso inflacionario es anclando el valor de la moneda a una especie de salario mínimo que llamaremos el salario genérico. ¿Y cómo se consigue este anclaje? A través de un Plan de Empleo de Transición. Este plan estatal no solo tendría el objetivo de acabar con el desempleo, sino que también tendría un objetivo macroeconómico, consistente en actuar como stock de reserva que absorbiera las variaciones en la demanda de trabajo: si cae la demanda de trabajo remunerado, el Estado absorbe el stock, impidiendo que el salario caiga; en el momento en que la economía se recupera, hay un stock de mano de obra preparada, formada, con currículum, para que los empresarios puedan volver a contratarla. De esta manera, además, estabilizas el salario como el principal factor de coste para la mayor parte de las actividades económicas; una vez estabilizado y sin que los márgenes empresariales crezcan demasiado, se consigue la estabilización de los precios.

Entonces es lo contrario a la creación de aquel “ejército de reserva” al que se refiere Marx…

Exactamente. Sustituyes como variable de ajuste el empleo para que la variable de ajuste sea el salario. Y hay muchas otras formas de luchar contra la inflación dada la capacidad de compra del Estado, por lo que la teoría de la hiperinflación es bastante inverosímil dadas estas condiciones.

¿Cómo se paga este plan de empleo?

Se pagaría desde el Estado, y recuerda que un Estado soberano monetariamente es siempre solvente. Y se crearía pleno empleo de manera más efectiva que a través de las maneras tradicionales de caminar hacia el pleno empleo. Otras vías indirectas de llevarlo a cabo pueden ser más inflacionistas. Y siempre va a haber muchas personas que las empresas no quieran contratar: antecedentes penales, discapacidades, problemas de alcoholismo… Estas personas no empleables por el sector privado pueden demostrar sus capacidades en estos planes de empleo garantizado.

Estos planes de impacto son compatibles con la transformación de nuestro modelo productivo, incidiendo en una investigación y desarrollo bastante abandonados…

Por supuesto, yo provengo del sector de las biotecnologías, por lo que alguna idea tengo de esto. Hace falta lo que Mazzucato llama “el Estado emprendedor”. El dirigismo estatal se ha asociado al franquismo y el pensamiento económico dominante posterior desmanteló la industria y la banca pública, con el modelo de la CEE de fondo. Pero dejar el protagonismo al sector privado es una ficción; lo que hace el Estado emprendedor es establecer una relación simbiótica entre sector público y privado sin excluir ninguno de los dos. El Estado lidera y muestra el camino, piensa EEUU en Internet y los móviles, el Ministerio de Defensa, la tecnología GPS… todo esto procede del sector público. Muchos empresarios lo que han hecho ha sido meter algo de diseño… sin reconocer al Estado su liderazgo y sin garantizarle ningún retorno. En España esto ha sucedido también: el Estado siembra y luego el sector privado hace las apuestas. Y la innovación tiene muchísimo riesgo, tecnológico y comercial, por lo que el inversor privado huye como de la peste, imagínate en el sector biotecnológico… En realidad necesitas que alguien le señale el camino al sector privado, como ha ocurrido con la red de alta velocidad española: aquí ha habido un Estado que ha pagado miles de millones durante un montón de años. Y lo mismo con la industria automovilística, con las carreteras, las autopistas, las autovías. ¡A nadie se le ocurría aparcar en la calle en el siglo XIX!

Autor

  • Andrés Villena Oliver
  • Stuart Medina Miltimore / Autor de ‘El Leviatán desencadenado’
Categorías: Alterglobalización

¿Hacia escenarios de estanflación?

Sáb, 14/01/2017 - 09:00

Germán Gorraiz López – ATTAC Navarra-Nafarroa

Por estanflación se entiende la suma de una inflación desbocada y un escenario de recesión económica (una economía entra en recesión técnica después de dos trimestres de caídas consecutivas del PIB nacional según el FMI) y es un término acuñado en 1965 por el entonces ministro de Finanzas británico, Ian McLeod que utilizó la palabra “stagflation” en un discurso ante el parlamento Británico.

Se trata de una de las más peligrosas combinaciones para la economía ya que ambos elementos distorsionan el mercado y la terapia de choque para combatir el estancamiento económico tiene como efecto secundario el incremento de la inflación. Así, para incentivar el consumo y salir de la recesión se requieren terapias basadas en la expansión fiscal y monetaria, medidas que, a su vez, generan más inflación, lo que al final deviene en un círculo explosivo para la economía de final incierto. Históricamente, la estanflación ha estado ligada al precio de las materias primas, de lo que sería paradigma la Crisis del Petróleo de 1.973 (Primera Crisis del Petróleo), provocada por la estrategia de castigo de la OPEP a las economías occidentales por apoyar a Israel en la Guerra de Yom Kippur, crisis que cuadruplicó los precios del crudo y que, aunado con la elevada dependencia del petróleo por parte del mundo industrializado, provocó un fuerte efecto inflacionista de bienes y servicios. Paralelamente, se produjo un súbito aumento de los costes de producción de las empresas que, ante la imposibilidad de revertir dichos costes en el precio final de sus productos, optaron por redimensionar sus plantillas, provocando un aumento desbocado de las tasas de desempleo y la consecuente constricción del consumo interno, entrando así en una espiral negativa que derivó finalmente en una drástica reducción de la actividad económica de los países afectados.

¿Riesgo de estanflación en la economía española?

Según el INE, la tasa interanual del IPC de Noviembre habría sido del 0,7% debido a la subida de precios de los carburantes y lubricantes (Petróleo Brent superando los 54 $) lo que unido al impacto de la reciente subida de impuestos al alcohol y al tabaco y a la implementación en el 2017 de los todavía indefinidos impuestos medioambientales, hará que la inflación se dispare hasta niveles del 3% para finales de Noviembre del 2.017. Si a ello le aunamos la pérdida de la paridad Euro/Dólar debido al “efecto Trump” prevista para el 2017, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores debido a los exiguos incrementos salariales, congelación o dramática reducción de los mismos tendremos como resultado una severa contracción del consumo interno, al conjugarse la reducción del gasto familiar (un 3% debido a la previsible subida de los tipos del IVA superreducido para el 2017) con el drástico recorte de inversión en Obras Públicas (reducción de 22.100 millones € en el Bienio 2011-2012),con lo que se deduce que la tasa de inflación será una tasa artificial motivada por el afán recaudatorio de un Estado saturniano de apetito insaciable que no dudará en devorar a sus hijos para reducir sus necesidades adicionales de financiación en mercados extranjeros.

Este escenario inflacionista tendrá como efectos colaterales la desincentivación del ahorro y la búsqueda de rentas fuera de las actividades productivas, (lo que podría provocar en un futuro mediato una desertización productiva que fuera incapaz de satisfacer la demanda de productos básicos). Por otra parte, según el Consejo Económico y Social, 422.600 hogares vivían gracias a la pensión de los abuelos con ingresos medios de 840 € ( lo que constituía hasta hoy el último salvavidas de los restos del naufragio económico español), con lo que la exigua subida de las pensiones del 0,25% para el 2017 al estar los convenios colectivos y las pensiones en la práctica desligados de la subida del IPC tendrá como efectos colaterales la reducción del grosor del colchón familiar y la consecuente elevación del riesgo de pobreza.

Por otra parte, la bajada de tipos de interés hasta el 0,0 % y la continuación de la política de compra de Bonos por el BCE, aliviará el endémico problema de liquidez de las entidades financieras e incrementará el beneficio de las mismas debido al diferencial entre lo que deben pagar para lograr liquidez del BCE (el 0,5%) y los intereses que marcan en la adquisición de deuda de Estado cercanos al 5%, pero estos beneficios no tendrán traslación a la economía real en forma de financiación del tejido productivo (pymes, autónomos y particulares), sino que se destinarán a la refinanciación de las grandes empresas y a los pagos de intereses de deudas contraídas. Como conclusión, en el supuesto de que la inflación siga desbocada, que el crédito siga sin fluir con normalidad a unos tipos de interés reales y no se proceda a la implementación de medidas keynesianas para neutralizar la destrucción de empleo, podríamos asistir a una Década de estancamiento en la economía española, rememorando la Década perdida de la economía japonesa.

Analista internacional

Categorías: Alterglobalización

Sobre empoderamiento popular: Diez propuestas para no repetir la capitulación que hemos conocido en Grecia

Sáb, 14/01/2017 - 07:00

Eric Toussaint – CADTM

Para no repetir la capitulación que hemos conocido en Grecia en 2015, hago diez propuestas sobre el empoderamiento popular |1|.

La primera propuesta es la necesidad de un Gobierno de izquierda de desobedecer, de manera muy clara y anunciada, a la Comisión Europea. Negándose a obedecer las exigencias austeritarias desde el inicio – el partido que pretende o la coalición de partidos que pretende ser Gobierno y, por supuesto, yo estoy pensando por ejemplo en el Estado español – y comprometiéndose a negarse al equilibrio fiscal. Decir: “no vamos a respetar la obligación decretada por los tratados europeos para garantizar el equilibrio fiscal”, porque queremos aumentar el gasto público para luchar contra las medidas antisociales, austeritarias y para emprender la transición ecológica. Por lo tanto, el primer punto es declarar de manera clara y determinada el compromiso de desobedecer. Para mí, es fundamental la idea de que después de la capitulación griega NO se puede seguir con la falsa ilusión de obtener de la Comisión Europea y de los demás gobiernos europeos el respeto de la voluntad popular. Mantener esa falsa ilusión, sería un desastre. Hay que desobedecer.


Segundo punto. Comprometerse a llamar a la movilización popular
. Tanto a nivel de país, como a nivel europeo. También eso faltó el año pasado en Grecia. Por supuesto, los movimientos europeos sociales no estuvieron a la altura en las movilizaciones que hubo, que tuvieron lugar, pero que fueron insuficientes en solidaridad con el pueblo griego. Pero es cierto también que dentro del marco de la orientación estratégica de Syriza, no cabía llamar a la movilización popular a nivel europeo, ni siquiera llamar a la movilización popular en Grecia. Y cuando llamaron a la movilización a través del Referéndum el 5 de julio del 2015, fue para LUEGO no respetar la voluntad popular del 61,5% de los griegos, que se negaron a obedecer las exigencias de los acreedores.


Tercer punto. Comprometerse a organizar una auditoría de la deuda con participación ciudadana
. Yo diría, una auditoría que tiene que ser simultánea a la suspensión del pago de la deuda. Hay situaciones diferentes en los 28 países que conforman la Unión Europea. Hay países europeos donde la suspensión de pagos es una medida de absoluta necesidad prioritaria, como es el caso de Grecia, como sería el caso de Portugal y Chipre. En el Estado español habría que ver. En otros países se puede empezar solamente por la auditoría y luego llegar a la suspensión de pagos. Estas medidas hay que implementarlas tomando en cuenta la situación concreta de cada país.


Cuarta medida. Imponer control de movimientos de capitales
. Y tomando en cuenta lo que quiere decir esto. Es decir, ir en contra de la idea de que se va a impedir a los ciudadanos transferir unos cientos de euros a sus socios fuera del país. Por supuesto, transacciones financieras internacionales hasta un cierto nivel, estarían permitidas. Pero sería implementar un control sobre los movimientos de capital, hacia arriba de un cierto monto de transferencias.


Quinta medida. Socializar el sector financiero y el sector energético
. Para mí, socializar el sector financiero no es solamente desarrollar un polo público bancario. Es decretar el monopolio público sobre el sector financiero incluyendo bancos y seguros. Una socialización del sector financiero bajo el control ciudadano. Es decir, transformar el sector financiero en servicio público. Dentro del marco de la transición ecológica, por supuesto, la socialización del sector energético es una medida también de primera prioridad. No puede haber una transición ecológica sin monopolio público sobre el sector energético, tanto a nivel de la producción, como de la distribución.


Propuesta número seis. Creación de una moneda complementaria, no convertible
. Ya sea en el caso de salida del euro o de mantenerse en la zona euro, de todos modos es necesaria la creación de una moneda complementaria no convertible. Es decir, una moneda que sirva en circuito corto a los intercambios dentro del país. Por ejemplo, para pagar aumentos de jubilaciones, aumentos de salarios a funcionarios públicos, para pagos de impuestos, para pagos de servicios públicos… Se puede utilizar una moneda complementaria que permita aliviar y salir de manera parcial de la dictadura del euro y del Banco Central Europeo. Claro, tampoco se puede evitar el debate de la salida de la zona euro. Creo que en varios países, la salida de la zona euro es también una opción que hay que defender como partidos y, sindicatos de clase. Varios países de la zona euro no pueden emprender realmente una ruptura con la austeridad y emprender una transición ecosocialista sin salir de la zona euro. En caso de salir de la zona euro, para mí, hay que emprender una reforma monetaria redistributiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir decretar, por ejemplo, que hasta 200.000 euros líquidos, el cambio en caso de volver a la peseta sería un 1 euro por 100 pesetas. Pero por encima de 200.000 (puede ser por encima de 100.000) el cambio para tener 100 pesetas sería de un 1,5 euros. En otro nivel superior, habría que entregar 2 euros. Llegando a los niveles más altos de 500.000, entregar 10 euros para tener 100 pesetas. Eso se llama reforma monetaria redistributiva. Que disminuye el circulante y redistribuye el patrimonio líquido de los hogares. Evidentemente, eliminando una parte del patrimonio líquido del 1% más rico. Sabiendo que, no sé exactamente los datos del País Vasco o del Estado Español, pero casi el 50% de la población ni siquiera tiene ahorro. Un 30% de la población, los de abajo, tiene deudas, no tiene patrimonio líquido. Puede tener patrimonio en términos de vivienda (hipotecada o no), pero no tiene patrimonio positivo esa gran parte de la población.


La medida siete. Por supuesto, reformar radicalmente la fiscalidad
. Eliminar el IVA sobre productos de consumo básicos, alimenticios por ejemplo, servicios de luz y agua, otros servicios de primera necesidad. Sin embargo, un aumento del IVA sobre productos de lujo y productos que contaminan etc. Pero fuera de los productos y servicios de base, hace falta un aumento de la fiscalidad sobre la ganancia de las empresas privadas y sobre las ganancias e ingresos por encima de un cierto nivel. Es decir, fiscalidad progresiva sobre los ingresos y sobre el patrimonio.


Octava medida. Desprivatización
. Recomprar empresas privatizadas con el euro simbólico. Así, a ese nivel, usar el euro podría ser muy simpático, pagar un euro simbólico a los que se aprovecharon de las privatizaciones. Y fortalecer y extender los servicios públicos bajo control ciudadano.


Medida nueve. Reducir el tiempo de trabajo manteniendo, protegiendo el salario
. Abrogar las leyes antisociales y adoptar leyes para solucionar la situación de la deuda hipotecaria. Se podría realizar perfectamente vía leyes, evitando juicios (porque hay múltiples juicios sobre deuda hipotecaria en los cuales los hogares se enfrentan a los bancos). Un Parlamento puede decretar vía ley, por ejemplo, la anulación mediante ley, de las deudas hipotecarias por debajo de 150.000 euros, por ejemplo. Eso permitiría no ir a juicio.


Medida diez. Abrir un verdadero proceso constituyente
. No se trata de cambios constitucionales dentro del marco del Congreso o de las Cortes actuales. Se trataría de disolver el Parlamento y convocar a la elección directa de una Asamblea Constituyente. Claro, convocarlo teniendo en cuenta la cuestión de las nacionalidades etc. pero abrir un verdadero proceso constituyente, ya sea en las nacionalidades o a nivel del estado como tal. Y, buscar cómo encajar esto en otros procesos constituyentes a nivel europeo.

Éstas son para mí diez medidas básicas a someter a debate. Pero pongo esas medidas a un nivel alto. Porque creo que sin medidas radicales anunciadas desde el inicio, no habrá ruptura ni siquiera con las políticas de austeridad. No hay margen de maniobra para romper con las políticas de austeridad sin tomar medidas radicales contra el gran capital. Los que piensan que se puede evitar esto, son «vendedores de humo», de fórmulas que no pueden encontrar realmente forma concreta de realización. El nivel europeo, la arquitectura europea es tal, y el nivel de crisis del capitalismo es de tal dimensión, que no hay más espacio real para políticas neokeynesianas productivistas. Para mí, el ecosocialismo no es el discurso del domingo. Es el discurso diario, del cual tienen que bajar las propuestas inmediatas que hay que concretar. Y complementar la lucha contra la austeridad y emprender el camino y la transición ecosocialista es una necesidad absoluta e inmediata.

Notas

|1| Este texto coresponde a la charla de Eric Toussaint en Bilbao el día 25 de septiembre 2016 durante el tercer encuentro ecosocialista internacional http://alterecosoc.org/

Eric Toussaint es maître de conférence en la Universidad de Lieja, es el portavoz de CADTM Internacional y es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia. Es autor de diversos libros, entre ellos: Bancocracia Icaria Editorial, Barcelona 2015,, Procès d’un homme exemplaire, Ediciones Al Dante, Marsella, 2013; Una mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad, Icaria, 2010; La Deuda o la Vida (escrito junto con Damien Millet) Icaria, Barcelona, 2011; La crisis global, El Viejo Topo, Barcelona, 2010; La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos, Gakoa, 2002. Es coautor junto con Damien Millet del libro AAA, Audit, Annulation, Autre politique, Le Seuil, París, 2012. Coordinó los trabajos de la Comisión de la Verdad Sobre la Deuda, creada por la presidente del Parlamento griego. Esta comisión funcionó, con el auspicio del Parlamento, entre abril y octubre de 2015. El nuevo presidente del Parlamento griego anunció su disolución el 12 de noviembre de 2015. A pesar de ello, la comisión prosiguió sus trabajos y se constituyó legalmente como una asociación sin afán de lucro.

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Los mitos económicos que impiden a los gobiernos gobernar

Ven, 13/01/2017 - 09:00

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España

Decir que desde hace años los gobiernos apenas tienen capacidad de maniobra para poder tomar decisiones en asuntos económicos es hoy día una obviedad. Tenemos a nuestro alrededor multitud de casos que lo demuestran y ya casi ni se disimula: la razón de mayor peso que se utiliza para justificar lo que se hace en materia de política económica es precisamente que los gobiernos deben someterse a “las leyes” de los mercados, a lo que establecen los organismos internacionales o a ciertos imperativos que no siempre se es capaz de explicitar pero que todo el mundo ha terminado por saber que son los determinantes a la hora de tomar decisiones.

Los procesos históricos que han dado lugar a este hecho son muchos y tienen que ver con la extensión del neoliberalismo como una respuesta tan compleja como eficiente a la gran crisis estructural del capitalismo que se desencadenó a lo largo de los años sesenta y setenta del pasado siglo.

El neoliberalismo ha sido una respuesta compleja, yo diría que muy compleja, porque hizo frente al mismo tiempo a problemas muy diversos y de forma entrelazada que tenían que ver con una crisis triple:

– de producción, derivada de la saturación de los mercados que había hundido la tasa de beneficios del capital.

– del modo de regulación, que ya no podía seguir basándose en el reparto de las cargas, en los altos salarios y en la abundancia de bienes públicos financiados con políticas fiscales que se utilizaban como instrumento de estabilización. Sencillamente, porque los grupos sociales de rentas más elevadas se negaban a seguir financiando con sus impuestos el bienestar ajeno y reclamaban para sí más renta y más poder de decisión.

– de legitimación, producida cuando el paro y la pobreza rompían el consenso fordista.

Al abordar esos tres frentes de modo conjunto (entrelazado, como diría Morin, es decir, complejo) el neoliberalismo se convirtió no solo en la respuesta de política económica que se necesitaba, proporcionando un nuevo marco productivo de la mano de una extraordinaria revolución tecnológica que globalizó los mercados y una nueva regulación macroeconómica. Fue en realidad mucho más: una solución civilizatoria porque lo anterior solo fue posible al ir unido a un cambió en los valores e incentivos sociales y en la percepción que de sí mismos tenían los seres humanos. La ruptura de los lazos de socialización, la segmentación, el individualismo y la atomización d ella vida social crearon otro mundo y otro tipo de seres sociales (casi me atrevería a decir que asociales), y una diferente civilización concebida exclusivamente con el fin de facilitar la recuperación de la tasa de beneficio.

Con esa triple respuesta, el neoliberalismo ha propiciado un entorno de libertad para el capital que ha permitido que las democracias representativas que habíamos conocido dejaran de ser una restricción, en tanto, que instituciones de contrapeso y freno mutuo, a la hora del reparto. Algo que ha sido posible, a su vez, como consecuencia de varios fenómenos que igualmente constituyen el entramado esencial de las políticas neoliberales:

– La consolidación de un poder monetario privado, al margen efectivo del debate político, que condiciona y encuadra al resto de las políticas económicas. La libertad de movimientos del capital, la independencia de los bancos centrales y el fortalecimiento de la capacidad de maniobra de los fondos y entidades financieras han sido los factores que principalmente han contribuido a este fenómeno contemporáneo que hace que, en la práctica, los gobiernos tengan completamente atadas las manos frente a los mercados, que no son otros que los grandes propietarios de capital, que se consideran a sí mismos los amos del mundo.

– El incremento voluntariamente planificado de la desigualdad, del desempleo y el empleo precario y de la deuda a través de políticas deflacionistas, es decir, las que (con la excusa de combatir la inflación) suponen un freno permanente para la generación de actividad económica provocando artificialmente escasez de ingreso y empleo. Con menos empleo y menos demanda (por ser tan bajos los salarios) los grandes empresarios obtienen menos beneficios (puesto que les sería económicamente más rentable el pleno empleo) pero gracias a la sumisión y a la debilidad que esas condiciones laborales generan en las masas trabajadoras, pueden disponer de más poder político que a la postre es lo que les asegura su dominio sobre el conjunto de la sociedad.

– El inevitable crecimiento de la desigualdad como resultado de la pérdida de impulso redistributivo de las políticas gubernamentales o incluso de su reorientación para favorecer a los grupos sociales ya de por sí más favorecidos.

– El aumento de la deuda (el negocio diario de la banca) como una auténtica nueva forma de esclavitud.

– La complicidad cada vez mayor entre el poder económico-financiero y el mediático que el impulso de las concentraciones de capital está llevando hasta extremos realmente insospechados: uno o dos grupos empresariales, o uno, o incluso simplemente alguna persona aislada, controlan la totalidad de la oferta de medios (sobre todo audiovisuales) en muchos países, uniformando la opinión pública e imponiendo el pensamiento único que domina las decisiones económicas.

Todo ello, unido a un entramado y medio ambiente institucional en donde prácticamente ha desaparecido la posibilidad de que la gente corriente pueda pedir cuenta a quienes en su nombre operan en las instituciones públicas, está produciendo un auténtico “desmantelamiento” de la democracia, en palabras de Habermas. Unica forma de que se puedan seguir aplicando las políticas que convienen a los grandes grupos económicos y muy en especial a la banca pero que no desean las mayorías sociales (como demuestran claramente todo tipo de encuestas), autoalimentándose así constantemente los procesos que permiten aumentar el beneficio y la concentración del poder.

Pero todo eso no hubiera sido posible si no se hubiera desarrollado e impuesto al mismo tiempo un discurso teórico que diera carácter científico y por tanto indiscutible a las políticas económicas con las que se han ido poniendo en marcha tales procesos y consiguiendo el objetivo principal de aumentar el beneficio del capital. Un discurso que ha calado tan hondo que hasta es defendido en amplios sectores del centro-izquierda.

El credo macroeconómico neoliberal

El principio teórico central de la economía neoliberal es doble. Por un lado, que los gobiernos democráticos y los bancos centrales con preferencias representativas (es decir, reflejo democrático de las mayorías sociales) tienden a generar ineficiencia y altas tasas de inflación y, por otro, que la política fiscal genera distorsiones a largo plazo sobre la acumulación y la distribución, por lo que debe reemplazarse por la política monetaria a la hora de manejar la demanda agregada. Y de ambos principios se deduce, por tanto, que los mecanismos o instrumentos que se venían utilizando para corregir los desequilibrios macroeconómicos, las intervenciones fiscales o monetarias, son rechazables y que su uso está prácticamente erradicado o limitado a condiciones y circunstancias extraordinarias o excepcionales y, en alguna de sus manifestaciones, incluso ni a estas últimas.

Para poder llegar a esa conclusión era necesario, a su vez, invertir el modo de analizar los problemas macroeconómicos al menos en tres cuestiones esenciales:

– Contemplar los fenómenos económicos como de naturaleza individual y no como comportamientos agregados.

– Considerar los problemas que expresan elecciones discrecionales de los gobiernos o de otros grupos sociales como problemas que se reducen al comportamiento del llamado “agente representativo”, aquel cuyas elecciones tienen la propiedad de representar los intereses de toda la sociedad.

– Trasladar los automatismos de mercado al ámbito del comportamiento de los gobiernos.
De ahí se deducían importantes consecuencias prácticas: ya no resultaba necesario que los gobiernos tuviesen que incidir sobre los desequilibrios macroeconómicos y solo los bancos centrales (en el estrecho marco de los objetivos que le sean asignados como autoridad independiente del gobierno) tendrían capacidad para manejar los resortes que pudieran mover de su sitio a las economías.

Como por arte de magia, desaparecían tanto los agregados sociales en conflicto como la política macroeconómica como tal, es decir, la intervención discrecional de los gobiernos o, lo que es lo mismo, su actuación a partir de las diferentes preferencias reveladas en la sociedad. Así es como la economía deja de necesitar a la política o a cualquier exigencia de criterio democrático y representativo que se supone que debe darse cuando se trata de resolver problemas sociales, de agregados con intereses diferentes.

La consideración tradicional de los problemas económicos más relevantes para las naciones había partido de entender que había que alcanzar un cierto equilibrio macroeconómico para poder resolverlos y que éste se definía en relación con varios objetivos vinculados al nivel de actividad, a los precios y a la distribución que podían alcanzarse a través de una adecuada combinación de política fiscal y monetaria. El soporte teórico de esta consideración había partido del modelo keynesiano que fue remozándose a lo largo del tiempo (incluso desde los planteamientos más heterodoxos o críticos) para poder integrar en él el largo plazo, las imperfecciones más complejas de los mercados, la incertidumbre y otras circunstancias que inicialmente no habían sido tenidas en cuenta a la hora de fundamentar teóricamente la política macroeconómica de los gobiernos.

Pero justo a medida que iba larvándose la crisis que haría necesaria la respuesta política neoliberal se desarrollaba con semejante ímpetu la crítica a los postulados que daban soporte teórico a la política macroeconómica y redistributiva y estabilizadora y no solo por pacíficos cauces académicos sino de la mano de una efectiva represión de las voces más críticas en la inmensa mayoría de los centros y revistas económicas de mayor prestigio..

Los monetaristas, con todo el apoyo político y mediático del stablismnet y encabezados por Milton Friedman, comenzaron a poner las primeras objeciones. Por un lado, trataban de demostrar que la política presupuestaria generaba lo que llamaban un efecto expulsión de la inversión privada y que, por tanto, lo que conseguía no era sino neutralizar su posible efecto expansivo. Y, por otro, ponía en cuestión la efectividad de la política presupuestaria como motor la actividad y de la estabilidad a partir de tres ideas principales:

– Siempre iba a existir, decían, lo que llamarían una tasa natural de paro, es decir, un nivel de paro mínimo por debajo del cual todo intento de reducción iba a provocar subida de precios. Se trataba del sofisticado argumento teórico que algunos políticos y dirigentes traducirían en un lenguaje más coloquial en los años en que se aplicaban más contundentemente estas ideas monetaristas diciendo que “no era bueno” que el paro bajase por debajo de ese determinado nivel, cuya determinación animaban a calcular por doquier.

– Los asalariados estaban sometidos a lo que se llamaba ilusión monetaria, es decir, que no serían capaces de discernir entre salarios reales y nominales y que cuando se produjera subida de precios creerían que en realidad había mejorado su poder adquisitivo.

– El valor de cualquier variable dependía de su valor pasado y los agentes económicos siempre serían capaces de disfrutar de expectativas anticipativas, de modo que podrían corregir sus propios errores.

Dándose estas tres circunstancias, si en la economía se daba una tasa natural de paro con cierta inflación el efecto de una expansión presupuestaria adoptada con el fin de mitigar el desempleo tendría efectos contrarios a los deseados. Al principio se produciría una efectiva reducción del paro porque bajarían los salarios reales al haber alza de precios, sin que la ilusión monetaria dominante lo percibiera. Pero, más tarde, los asalariados corregirían esa ilusión y se irían provocando demandas salariales reales que provocarían la disminución de la demanda de trabajo, dándose lugar a una situación en la que habría más paro y precios más elevados que antes de darse el impulso fiscal expansivo.

Más tarde, los llamados nuevos economistas clásicos pusieron en cuestión incluso el inicial efecto expansivo de la política fiscal a corto plazo porque, en su opinión, los agentes no sólo actúan con expectativas adaptativas sino que anticipan racionalmente los fenómenos económicos gracias a que disponen de perfecta información sobre lo que ocurre en el sistema económico y ello les permite saber perfectamente los efectos de las intervenciones del gobierno. Puesto que entonces no habría ilusión monetaria, el incremento de los salarios reales que paraliza el efecto positivo de una expansión fiscal sobre el empleo se produciría desde el principio, también a corto plazo.

Incluso Robert Barro planteó que cualquier déficit presupuestario ni siquiera tendría efecto alguno sobre el sistema económico porque los agentes sabrán que en el futuro se establecerían impuestos para financiarlo y, llevados por su conducta racional, ahorrarían desde el principio el incremento de renta que pudiera haber producido el impulso fiscal para pagarlo en su momento.

Entonces, si ni siquiera los déficit presupuestarios que son las actuaciones fiscales con supuesta mayor capacidad para impulsar la actividad tienen efectos reales sobre el consumo, y no generan el efecto multiplicador de la renta con el que se justificaba la necesidad de utilizar la política coyuntural para resolver los desequilibrios, lo que se deduce es que no hay razón alguna para utilizar esta forma de regulación. Hay que prescindir, pues, de un tipo de intervención pública que, sin embargo, sí es costosa debido al aparato administrativo que comporta, por los desincentivos a la asignación que puede provocar a través de los impuestos y a causa de los disturbios que cualquier intervención exógena provoca en los mercados.

El complemento indispensable a este planteamiento sería el de Robert Lucas cuando afirmó que, a diferencia de lo que ocurría con la política fiscal, sólo la política monetaria podría tener efectos sustantivos sobre la actividad si se basaba en reglas simples y de neutralidad, puesto que sólo entonces sería consistente con ellas el comportamiento de los agentes.

“Casualmente”, esa política monetaria (de tanto o más efecto efecto distributivo como la fiscal) es manejada por los bancos centrales, instituciones a las que al mismo tiempo se les declaraba independientes (de la voluntad ciudadana que no de los grupos de presión) para que no tuviera que someterse a ningún tipo de nociva restricción democrática.

De todo ello se deducían una serie de auténticos mitos que a fuerza de repetirse se han convertido en los mantras que permiten aplicar las políticas económicas neoliberales en medio de un gran consenso: hay que bajar salarios y flexibilizar los mercados laborales para crear empleo o para ser más competitivos, las empresas privatizadas funcionan mejor que las públicas, las políticas fiscales no aumentan la renta nacional cuando se aplican, el gasto público expulsa a la inversión privada y disminuye el ahorro, el Estado de bienestar es insostenible, la deuda pública y la privada en general es la consecuencia de que los hogares se endeuda más de lo necesario, los mercados financieros resuelven por sí solos sus problemas y lo mejor es que no se sometan a ningún tipo de reglas o controles gubernamentales… La mayoría de ellos, como lo fue en su día todo el discurso teórico de la competencia perfecta, no pasan de ser formulaciones retóricas de gran apariencia formal pero irreales o, al menos, sin validación suficiente en la práctica de las economías. Mitos que nunca han podido ser confirmados empíricamente con suficiente rigor o que, incluso a pesar de haber sido empíricamente refutadas en algunos casos, se siguen manteniendo como verdades absolutas en la academia y en la práctica política de los gobiernos, los organismos internacionales o los bancos centrales porque, como ha reconocido un economista tan ortodoxo como Lawrence H. Summers, los economistas son muy reacios a la hora de adaptar sus opiniones a la realidad de los hechos: “invito al lector … a que identifique una hipótesis significativa acerca del comportamiento económico que haya caído en descrédito debido a una prueba estadística formal”.

Durante mucho mucho tiempo estas ideas han servido de guía indiscutida para aplicar sin apenas limitaciones la política neoliberal pero los hechos han terminado por ser demasiado tozudos. La globalización no ha resultado tan beneficiosa para todos como se decía; los mercados financieros sin control son la fuente de toda clase de desmanes y crisis; el euro no protege por igual a sus socios sino que aumenta las asimetrías y desigualdades; menos salarios no equivalen a más empleos; salvar solo a la banca no garantiza que toda la economía vaya mejor, la austeridad neoliberal no disminuye la deuda… y las democracias de cada vez menos intensidad no solo dan más libertad a los grupos poderosos sino que facilitan la corrupción de quienes defienden sus intereses en las instituciones… todo lo cual siembra una desconfianza generalizada en los discursos y en las instituciones que amenaza de nuevo con poner en cuestión el orden establecido.

Los mitos neoliberales fueron útiles para llevar a la sociedad al “nuevo medievalismo” del que habló Hedley Bull y que implica la renuncia efectiva al Estado no sólo como espacio político sino como ámbito en el que se suscribe colectivamente una moral social, las lógicas elementales que merecen ser compartidas, la ética de mínimos sin la que cualquier sociedad termina por convertirse en una selva donde es imposible vivir en armonía, con bienestar y en paz. Han servido para justificar que los gobiernos no gobiernen dejando así que lo hagan tras las bambalinas los grandes grupos de poder.

Pero se trata de un discurso y de un proyecto civilizatorio que está saltando por los aires. Los cambios aparentemente sorpresivos que estamos viviendo últimamente no son sino la prueba de que el capitalismo de nuestros días no se justifica ya con la retórica neoliberal de los años pasados. Necesita un discurso diferente y lo lamentable es que, en ausencia de alternativas reales y sin un imaginario colectivo que sitúe la esperanza social en otro espacio diferente, lo que se está abriendo paso es un relato oscuro y terrible cuyas consecuencias son bien conocidas, sobre todo, en Europa, la misma Europa que parece no inmutarse cuando despiertan los mismos demonios de antaño.

ganas de escribir

Categorías: Alterglobalización

La garantía del tiempo libre: desempleo, robotización y reducción de la jornada laboral (Parte 2)

Ven, 13/01/2017 - 07:00

Lluís Torrens / Eduardo González de Molina - sinpermiso

1 de mayo de 1886. Protestas obreras en Chicago, que derivaron en la jornada de ocho horas. Grabado publicado en ‘Harper’s Weekly’.

Hace unas semanas, en la primera parte de este artículo, escribíamos que nos enfrentamos a un problema estructural y a una amenaza futura en el Reino de España: el desempleo crónico y la destrucción de empleo a causa de la robotización. El desempleo estructural y crónico en nuestro mercado laboral es totalmente indiscutible: la tasa de paro oficial de los últimos 38 años se situó en un promedio del 15,17% de la población activa, al tiempo que las cotas de infrautilización del trabajo remunerado —siguiendo la metodología del Bureau of Labor Statistics de EEUU— se sitúan actualmente en un 29% de paro total. Tenemos también una amenaza futura —¡aunque no lejana!— de que se automatice una parte importante de los empleos de la sociedad española. Los análisis prospectivos más prudentes auguran una desaparición de hasta el 12% de las ocupaciones debida a la automatización, que repercutirá con mayor intensidad en los trabajos que requieren menor cualificación. Este fenómeno agravaría la dualidad, la polarización, la sobrecualificación y los altos niveles de desempleo que caracterizan nuestro mercado laboral.Visto el cuadro general, ¿cuánto crecimiento económico sería necesario para satisfacer el 29% de demanda real de trabajo remunerado? Según el consenso económico establecido por la Ley de Okunse necesitan tasas cercanas al 2% de crecimiento  económico para empezar a crear empleo neto de manera significativa. Pero, ¿cuántos años consecutivos de crecimiento necesitamos para llegar al pleno empleo? Dada nuestra experiencia histórica, ni siquiera durante el mayor periodo de prosperidad económica en el que tuvimos 13 años consecutivos de crecimiento (1994-2007), con el PIB  creciendo a un promedio anual de 4,1%, se consiguió bajar la tasa de paro oficial por debajo del 8% —¡que sería un 14% si tenemos en cuenta la infrautilización del empleo!—. Y todo esto sin olvidar que este crecimiento fundamentalmente se sostuvo en dos factores a día de hoy irrepetibles: la burbuja inmobiliaria que nos endeudó en 750.000 millones de euros con el exterior y con la necesaria entrada de 5 millones de inmigrantes para cubrir las vacantes laborales en construcción y turismo.. y retroalimentar la burbuja.

Es aquí entonces donde entra la propuesta de: «trabajar menos para trabajar todos». Es decir, la necesidad de promover una política pública orientada a la Reducción de Jornada Laboral (RJL a partir de ahora) como estrategia para aumentar los niveles de empleo. En otras palabras, si en el Reino de España trabajamos de promedio 19,96 horas semanales pero éstas se hallan repartidas de manera totalmente dispar, parece más que razonable proponer una gran redistribución del tiempo de trabajo para reducir la desigual distribución actual y aumentar los niveles de empleo.

Nos adentramos pues en el terreno de la propuesta de la RJL como política pública clave. Para ser evaluada, como toda intervención pública transformadora, se utilizan tres criterios fundamentales: deseabilidad, viabilidad y factibilidad (Wright, 2006). Es decir, ¿es la RJL una política pública deseable normativamente y nos permite avanzar hacia un mejor modelo de sociedad acorde a nuestro conjunto de valores? Si es así, ¿es una alternativa viable desde el punto de vista económico, técnico, legal en el contexto actual? ¿Disponemos de evidencias de cómo se ha llevado a cabo esta propuesta en otros lugares y qué resultados ha generado? En caso afirmativo ¿qué agente social y/o político lo hará factible? ¿Es una medida que tiene la potencialidad de ser hegemónica, de instaurarse en sentido común, de ser apoyada por una mayoría social para que no sea sólo una mera «idea sin fuerza»? Estas preguntas las iremos abordando a lo largo del artículo.

Un problema previo a abordar: la situación actual de la (doble) jornada de trabajo en el Reino de España

Una de las razones de más peso para justificar la necesidad de la RJL es la desigualdad de género. Cuando hablamos de la RJL debemos saber que es una medida que se sitúa siempre debajo del paraguas del «reparto del trabajo» y que nunca hay que olvidar que el empleo y el trabajo no son lo mismo. El trabajo es definido como el «conjunto de actividades, remuneradas o no, cuyos resultados proporcionan bienes y servicios a los miembros de nuestra especie y sirven para su reproducción» como sostienen Raventós y Wark (2016), mientras que el empleo se reduce a las actividades que reciben contraprestación económica.

Por tanto, la diferencia fundamental entre el trabajo y empleo se larva históricamente en la gran separación entre la esfera pública-formal, donde se sitúa el trabajo productivo, y la esfera privada-informal, donde se sitúa eltrabajo reproductivo. Esta separación no ha sido neutral desde un punto de vista de género: el sexo masculino ha participado y dominado ampliamente la primera esfera y el sexo femenino la segunda. La incorporación de la mujer al mundo laboral supuso toda una revolución social en el proceso de emancipación femenino. Sin embargo, además de que esa emancipación está todavía lejos de ser completa, se ha caído en una nueva trampa: «la doble presencia» o la doble jornada de trabajo que realizan las mujeres trabajadoras en la empresa y en el hogar. La última Encuesta de Empleo del Tiempo (2009-2010) del INE disponible, nos permite caracterizar esta dimensión:

Primero, las mujeres dedican al trabajo remunerado 15,1 horas semanales y los hombres 23,1, mientras que en el trabajo no remunerado las mujeres trabajan 34,6 horas semanales y los hombres 12,5. En total, si sumamos el trabajo productivo y el reproductivo, ¡las mujeres trabajan 2 horas más al día que los hombres! Esta desigual distribución del tiempo de trabajo lógicamente también tiene repercusiones en el tiempo libre; a los hombres les queda un total de 38,9% del tiempo de ocio frente a un 32,8% de las mujeres (Prieto et al., 2015). Segundo, la inserción de la mujer al mundo laboral sigue mostrando fuertes patrones de desigualdad. Sobre el total de ocupados, en el tercer trimestre de 2016 sólo un 7,4% de hombres tenían un contrato a tiempo parcial frente al triple, un 23,1%, de mujeres. Por último, desde el punto de vista de los ingresos, según el INE, el salario hora medio femenino el 2014 era un 13 % inferior al masculino, lo que unido a la mayor parcialidad hace que los ingresos femeninos acaben siendo un 76,7 % de los masculinos, 6.000 euros menos anuales. Este fenómeno, unido a una menor duración de la actividad laboral femenina, genera a su vez un impacto en el salario diferido de las mujeres jubiladas, siendo la brecha de género en las pensiones un 34%. Una cascada de desigualdades monetarias cuyo origen es cultural: la mayor propensión de las mujeres (que, por cierto,  tienen un significativo  mayor nivel educativo que los hombres) a aceptar trabajar a tiempo parcial por razones de cuidado de niños, mayores u otras razones familiares (18,6 % frente al 1,8 % de los hombres).

Si con la Encuesta de Empleo del Tiempo extrapolamos la diferencia media de horas trabajadas —reproductivas y productivas— entre hombres y mujeres a lo largo de su vida, nos encontramos que los hombres trabajan un total de 136.156 horas —80.458h remuneradas + 55.698h reproductivas— frente a las mujeres con 189.076 horas trabajadas —43.897h remuneradas + 145.179h reproductivas— ¿Qué diferencia es está a lo largo de la vida? Pues esa diferencia (52.920h) es el equivalente a ¡casi 30 años de trabajo a tiempo completo —a 1.800h anuales— en favor de las mujeres!. Por el contrario, los valores se invierten en cuanto a retribución, los hombres ganan a lo largo de su vida en promedio casi el doble de euros —y en consecuencia de poder económico— que las mujeres:

Fuente: Elaboración propia a partir de INE

En definitiva, si bien la propuesta de una RJL es una estrategia que fomenta el reparto del trabajo productivo y reproductivo, esta solo es una condición necesaria pero no suficiente para reducir la desigualdad de género, dado que las políticas públicas de cambio material —como la RJL— por sí solas no cambian los hábitos y los patrones conductuales, será necesario complementarlas con políticas de cambio cultural —la conquista de la corresponsabilidad—.

La reducción de la jornada laboral en perspectiva histórica: un objetivo central del movimiento obrero

La lucha por una jornada laboral que permitiese «trabajar para vivir y no vivir para trabajar» formó parte del ADN del movimiento obrero: buena muestra de ello es que anualmente celebramos el 1º de Mayo como el día internacional de las y los trabajadores a causa de la Matanza de Chicago de 1886, cuando obreros anarquistas reivindicaron la jornada laboral de 8 horas —«ocho horas para el trabajo, ocho para para el reposo y ocho para la educación»— y fueron asesinados a manos de la policía por manifestarse.

El historiador británico E. P. Thompson (1967) en su artículo Time, Work-Discipline and Industrial Capitalism, se preguntó, tras la invención del reloj y su introducción masiva (mediados del S.XVIII) en el gobierno de la empresa

¿hasta qué punto, y en qué formas, afectó este cambio en el sentido del tiempo a la disciplina de trabajo, y hasta qué punto influyó en la percepción interior del tiempo de la gente trabajadora? Si la transición a la sociedad industrial madura supuso una severa reestructuración de los hábitos de trabajo —nuevas disciplinas, nuevos incentivos y una nueva naturaleza humana sobre la que pudieran actuar estos incentivos de manera efectiva—, ¿hasta qué punto está todo esto en relación con los cambios en la representación interna del tiempo?

Y demostró cómo, en efecto, la contabilización temporal del trabajo permitió toda una revolución en la organización científica de la unidad productiva, en la medición de la productividad, la incorporación de técnicas disciplinarias del trabajo, el control de la producción, etc. Pero a la vez, promovió un aumento de las luchas entre capital/trabajo que determinó gran parte de las reivindicaciones del incipiente movimiento obrero decimonónico: en 1802 se consiguió la limitación  de 12 horas diarias para el trabajo infantil, en 1830, una huelga de hasta 100.000 obreros reclamó la reducción de jornada de 16 horas a 10 horas. En 1857 se consiguió limitar la jornada a las 10 horas pero solo para varones menores de edad y mujeres. Y en 1886 en Chicago, la mencionada reclamación de la jornada de 8 horas. Por su parte, en el Reino de España no fue hasta 1919 que se conquistó las 8 horas, gracias a la famosa Huelga de La Canadiense, iniciada por el despido de 8 obreros sindicalizados de una compañía eléctrica de Barcelona y secundado posteriormente por la anarcosindicalista CNT, al hacerlo terminó convirtiéndose en una impresionante huelga general que paralizó el 70% de la industria catalana durante 44 días.

Para el socialismo ilustrado decimonónico, la lucha por la RJL estaba en el centro de sus principales consignas y reclamaciones. Esa reivindicación conectaba estratégicamente la lucha económico-sindical inmediata del trabajo frente al capital con una medida que permitía, desde el interior del capitalismo, avanzar hacia el socialismo en tanto liberaba tiempo de vida diario de las y los asalariados, disminuyendo el poder arbitrario ejercido por la clase de los patronos, mejorando su salud y aumentando el tiempo libre disponible necesario para organizar la lucha de la clase obrera. En este sentido, el primero en reivindicar la jornada laboral de 8 horas fue el socialista utópico Robert Owen en 1817 y, siguiendo esa herencia, todo el movimiento obrero decimonónico manifestó, a través del Manifiesto Inaugural de la I Internacional (1864)redactado por Karl Marx, la importancia de la RJL:

[En la] lucha por la limitación legal de la jornada de trabajo (…) de lo que se trataba era de decidir la gran disputa entre la dominación ciega ejercida por las leyes de la oferta y la demanda, contenido de la Economía política burguesa, y la producción social controlada por la previsión social, contenido de la Economía política de la clase obrera. Por eso, la ley de la jornada de diez horas no fue tan sólo un gran triunfo práctico, fue también el triunfo de un principio; por primera vez la Economía política de la burguesía había sido derrotada en pleno día por la Economía política de la clase obrera.

Dos años después, el mismo Marx (1866) en su labor política para la AIT, convertía a la limitación de la jornada laboral nada más y nada menos que en una condición necesaria para la emancipación de la clase obrera:

La condición preliminar, sin la que todas las tentativas de mejorar la situación de los obreros y de su emancipación están condenadas al fracaso, es la limitación de la jornada de trabajo.

En definitiva, en un sentido histórico, una revitalización y adaptación de la propuesta de RJL nos conecta directamente con uno de los núcleos fundadores del proyecto emancipador ilustrado del socialismo.

La reducción de la jornada laboral en perspectiva comparada: un extenso abanico de propuestas y de experiencias internacionales

A menos que queramos mantener y aumentar el nivel de empleo a través de los inútiles e indeseables «bullshit jobs» y que en realidad ni siquiera los que trabajan lo hacen a 40h semanales —de facto no es así, se trabajan muchas horas extraordinarias: 6,5 millones a la semana, el 56% sin pagar—, podríamos apostar por la RJL, pero ¿cómo? Hay muchas formas de reducir la jornada, però podemos realizar una doble clasificación entre acciones legales obligatorias, voluntarias e innovadoras, y entre las que mantienen o encarecen los costes laborales y salarios por hora reduciendo o manteniendo respectivamente los sueldos anuales.

A nivel de obligación legal, la más mediática sería reducir la jornada laboral a 35 horas o menos. Los convenios colectivos también pueden reducir las horas por debajo de las 40 horas, como muchos de los existentes en el sector público —hasta las 35 horas, como en Andalucía— o privados —como en Volkswagen Alemania, de 25 a 34 horas semanales— ligadas a jornadas flexibles.  Las reducciones semanales permiten organizar la semana laboral de 4 días  —el llamado «Friday off»—. Para organizaciones que trabajan con turnos definidos o con plantillas pequeñas puede ser más fácil aplicar medidas de reducción de la jornada a lo largo del conjunto de la vida laboral: períodos más largos de vacaciones, años o semestres sabáticos para actualización de conocimientos cada x años de trabajo continuado, permisos por maternidad y paternidad más extensos, obligatorios e intransferibles, o el adelanto de la edad legal de jubilación, empezando en aquellos sectores que disparan su tasa de absentismo por enfermedades profesionales (estén o no reconocidas actualmente) con la edad.

Otro paquete de medidas pasa por penalizar y así desincentivar las horas extraordinarias o jornadas extendidas —recargo sobre la hora ordinaria— o penalizar con impuestos o cotizaciones al desempleo a las empresas que abusan de los contratos temporales y de los despidos y recontrataciones a lo largo de su ciclo de negocios —como los sistemas de experience rating usados en EEUU—.

El sector público también puede fomentar la creación de trabajos a media jornada o jornada reducida (extendido en otros países, casi inexistente en nuestro país) o que la formación profesional dual o la transición formación-ocupación en profesiones especializadas de servicios finalistas combinen formación con trabajo a tiempo parcial.  Se podría establecer una carrera horizontal con tramos por experiencia que permitiera empezar con un salario más bajo, con menor jornada, e incrementar el número de contrataciones a igual coste y de paso permitir que más titulados incrementen su empleabilidad.

Entre las medidas voluntarias, la medida más importante es permitir el cambio voluntario y reversible de duración de jornada por parte del trabajador (y de obligada aceptación por la empresa, salvo fuerza mayor) —como el caso holandés, que combina una legislación que permite que los trabajadores opten libremente por cambiar de tipo de jornada,  y de manera reversible, con garantizar que se mantienen estrictamente las condiciones laborales entre los trabajos a tiempo completo y reducido—. Holanda tiene la mayor tasa de trabajo a tiempo parcial del mundo y también con una gran mayoría de trabajadores a tiempo parcial haciéndolo voluntariamente (aunque también, como en todos los países,  con un tiempo parcial mayoritariamente femenino). Finalmente, también se puede fomentar el «job sharing» de un puesto de trabajo entre dos o más individuos.

Y de manera innovadora, poniendo un par de ejemplos con experiencias ya existentes, el trabajo retribuido actual se podría combinar con trabajo voluntario o retribuido a un coste inferior  (por ejemplo trabajando media jornada a sueldo profesional de mercado y media jornada con un sueldo más bajo, incluso cobrado con moneda social) para realizar proyectos para la comunidad. O repartir los trabajos más duros de manera colectiva durante períodos de tiempo determinados (como los servicios cívicos para jóvenes). O combinarlo con una Renta Básica Universal, como explicamos más adelante.

La reducción de sueldo puede compensarse parcialmente en algunos trabajos con la compactación de jornadas para reducir costes de desplazamientos y dietas —como los sistemas de turnos en emergencias sanitarias o de bomberos— o el impulso del teletrabajo, además de que en presencia de un IRPF con progresividad la reducción neta de sueldo es inferior a la bruta y que pueden existir ahorros en otros costes (cuidados de niños o dependientes, etc..).  Además, habrá que decidir si se compensa total o parcialmente a las empresas por el incremento de costes (con una rebaja de impuestos y cotizaciones sobre los salarios o mediante otras subvenciones) para mantener total o parcialmente el salario mensual,  y caso contrario si se compensa a los trabajadores con un complemento salarial específico o con políticas redistributivas como la RBU, ambas estructuradas y financiadas mediante con una reforma fiscal.

Como se ve, hay muchas maneras de abordar la RJL, pero ¿qué experiencias reales se han producido? ¿Qué podemos aprender de ellas? Veamos algunas de las realizadas desde la implementación de las 8 horas.

En primer lugar, tenemos el caso de la política de reparto de F. D. Roosevelt en la década de la Gran Depresión.  En un contexto de alta tasa de paro aprobó en 1933 en el marco del New Deal, la President’s Reemployment Agreement (PRA) que consistió en incentivar a las empresas privadas a reducir la jornada a 35 horas, a aumentar el ratio salario/hora y reconocer el derecho legal a la negociación colectiva. El trabajo de Taylor (2009) Work-sharing During the Great Depression explora los resultados de esta política de reparto del trabajo: según el autor fue una medida «fuertemente exitosa» con respecto al objetivo a corto plazo de aumento del empleo, esta política añadió 2,47 millones de trabajadores al sector privado en cuatro meses aunque la mitad de estas ganancias de empleo se perdieron por la petición de aumentar el salario hora, dificultando la subida potencial de empleo por el aumento del coste laboral.

En segundo lugar, el paradigmático caso francés, el Gobierno socialista de L. Jospin redujo la jornada de 39 a 35 horas entre 1998 y 2002 con el lema «trabajar menos para trabajar más personas, y vivir mejor». La reducción de jornada no incluía bajadas salariales —aunque se compensó a las empresas con reducciones en cotizaciones si creaban empleo en proporción— y la patronal francesa lo criticó las potenciales pérdidas de competitividad frente al exterior. No obstante, un primer informe de INSEE (2005) evaluó efectos positivos en creación de empleo y aumento de productividad y un reciente Informe de la Comisión de Investigación de la Asamblea Nacional Francesa (2014)corroboró los resultados: entre 1999 y 2000 —cuando se aplicó la medida a grandes empresas y al sector público— se crearon 350.000 empleos directos gracias a esta medida, disminuyó el trabajo a tiempo parcial, creció el PIB más que en otros períodos de bonanza sin RJL —del 2,2% al 2,5%— y los trabajadores franceses se convirtieron en ese periodo en los más productivos de Europa. Por el lado negativo, como reconoció la diputada Romagnan (2015), encargada del Informe, los salarios se estancaron para muchos trabajadores, algunos perdieron ingresos por la pérdida de horas extra y en algunos puestos de trabajo se intensificó mucho la jornada y se incrementó la flexibilidad en detrimento de la conciliación vida laboral-familiar.

En tercer lugar, en el Estado de Utah (EE.UU.) entre 2008-2009 se promulgó la  iniciativa «Working4Utah», una semana laboral de 4 días para el sector público sin reducción de horas —de 5 días a 8h a 4 días con 10h— con el objetivo de reducir los costes y emisiones de carbono a la vez que ahorraban energía. El experimento tomó un total de 18.000 empleados públicos de un total de 25.000 empleados. Una investigación de Facer y Wadsworth (2010)determinó que el 78,5% de las y los trabajadores estaba de acuerdo y muy de acuerdo con que la experiencia había sido positiva, el 63% aseguraba que había aumentado su productividad y al final del experimento el 82% de los empleados afirmó querer seguir con la jornada de 4 días. La reducción de absentismo laboral y horas extras permitió un ahorro de 4,1 millones de dólares. Desde el punto de vista medioambiental, la reducción de uso de energía fue de 10,5% —6% de energía eléctrica, 16,5% de gas natural, etc.—, se redujo las emisiones de dióxido de carbono en 4.546 toneladas métricas y se redujo el consumo de petróleo en 744.000 galones. No obstante, un Informe de Auditoría General de la Cámara legislativa de Utah (2010) aseguró que no había suficiente evidencia para afirmar con robustez la mejora en la productividad, viéndose efectos mixtos —positivos y negativos dependiendo del tipo de trabajo— y que el ahorro del Estado fue efectivo pero se quedó lejos del esperado.

En definitiva, vemos que las experiencias han arrojado en general buenos resultados, aunque seguimos sin tener suficiente evidencia y se han generado también efectos no deseados que habría que controlar mejor. El último experimento que se está realizando ahora mismo es la reducción de jornada laboral a 30h —6h por día— en el Ayuntamiento de Gotemburgo (Suecia)para observar los incrementos de productividad y la mejora en el balance trabajo/vida. Todavía no hay resultados definitivos, pero las actuales investigaciones arrojan efectos positivos.

Una propuesta socialmente aceptable: Reducción de la Jornada Laboral + Renta Básica Universal

Nuestra propuesta es la Reducción de Jornada Laboral (RJL) unida a una Renta Básica Universal (RBU). ¿Cómo exactamente? Proponemos reducir la jornada un 15% promedio— con la proporcional reducción del salario (coste laboral) pero compensada ex-ante por una RBU de 622€ al mes por adulto ajustado por unidad familiar (equivalente al umbral de riesgo de pobreza en España sin las comunidades forales el año 2010) , de forma incondicional y para toda la población.(1)

Sabemos que esta reducción de la jornada no puede aplicarse a todos los empleos, como algunos de los más cualificados, los que se dan en pequeños centros de trabajo, los autónomos, etc. Pero esta medida es el faro sobre el que se pueden proponer medidas alternativas a aplicar en el conjunto de la vida laboral a cualquier tipo de organización o profesión y con resultados similares: años o semestres sabáticos, jubilaciones anticipadas o combinaciones de diferentes opciones.

Habría que añadir también una reforma fiscal profunda que permita que la RBU sea financiable, tal y como proponen Raventós, Arcarons y Torrens (2016), el combate contra la evasión y elusión fiscal, como propone Gestha (2013), la reducción progresiva de la jornada vía Estatuto de los Trabajadores, permisos de maternidad y paternidad como propone la PPIINA (2012), desincentivar el contrato a tiempo parcial, bonificar a las empresas que contraten nuevos trabajadores, el aumento del SMI y penalizar el abuso de horas extraordinarias.

Esta propuesta de RJL + RBU es una propuesta que otros autores han defendido, los trabajos clásicos de André Gorz (1991) y Guy Aznar (1994) que defienden una RJL con reducción salarial y la necesidad de compensar esa bajada salarial con un mecanismo de redistribución de la renta, ellos lo llamaron el «segundo cheque», son prueba de ello. Ahora más autores se apuntan a esta propuesta, los profesores Williams y Srnicek (2015), Mason (2015), Bregman (2016), entre otros.

Habida cuenta que la sociedad española convive con un altísimo desempleo (29% real), con un nivel de desigualdad creciente (Gini=0,346) y con un alto nivel de pobreza (22%), la aplicación de ambas medidas puede significar una reducción significativa de estos tres fenómenos. Por un lado, se eliminaría de golpe la pobreza —en el sentido de que nadie estaría por debajo del actual umbral de riesgo de pobreza  (efecto directo de la RBU)—, se avanzaría en la reducción de la desigualdad hacia unos índices de Gini a nivel de los países nórdicos —de 0,346 a  0,25— y combinado con políticas de creación de empleo en los sectores de la transición energética y de servicios a las personas (donde los ratios de trabajadores por habitante son muy inferiores a los la UE y en especial de los países socialmente más avanzados) se podría reducir sustantivamente el desempleo actual, veamos algunos números:

Si nos comparamos con el año 2000 hemos creado ya de manera espontánea 675.000 puestos de trabajo (la mayoría precarios) a base de reducir la jornada laboral media con mayor contratación parcial. Aún más, si se redistribuyeran todas las horas trabajadas en nuestro país a los promedios holandeses y alemanes, nuestro paro estaría por debajo del suyo:

En segundo lugar, sabemos que es imposible repartir todos los trabajos, por lo tanto una previsión prudente sería repartir un 60% de los empleos (no los de  empresas de menos de 15 trabajadores, autónomos ni de profesiones directivas o muy especializadas), lo que daría lugar a crear unos 2,5 millones de nuevos puestos con el mismo mix de tiempo parcial y completo que en la actualidad.

Tercero, una comparativa con datos de Eurostat de 2014 con países de nuestro entorno nos dice que si convergemos con la UE15 en horas de trabajo remunerado por habitante en los sectores de la administración pública, educación, salud y servicios sociales (y descontando el exceso de trabajadores domésticos que tenemos), se deberían crear un millón de puestos de trabajo (o más si convergiéramos con los países nórdicos). Estos puestos podrían generar unos costes salariales adicionales de unos 30.000 millones de euros adicionales, de los que entre un 37 y un 49% se recuperarían vía impuesto de la renta (en caso de la existencia de una RBU) por lo que el coste neto inicial para las arcas públicas sería entre 15.000 y 19.000 millones de euros.  A este coste aun debería descontársele el ahorro en prestaciones de desempleo y otras ayudas sociales, el incremento de la recaudación fiscal por el aumento del consumo y el derivado del impacto de los multiplicadores fiscales (podría implicar un 35% más de recaudación) por lo que el coste neto podría ser inferior al 1% sobre el PIB.

Añadamos que tanto el sector de la construcción como el de la manufactura presentan unos ratios de horas trabajadas por habitante también inferiores al promedio europeo —bastante sorprendente en el caso de la construcción e inmobiliaria (le faltan 430.000 empleos respecto a la UE15) , ya que aún acusa el impacto brutal de la crisis— y que los estudios más completos sobre transición energética estiman que se podrían crear en este sector más de  600.000 empleos netos financiados mayoritariamente por los propios ahorros en energías fósiles (27.500 millones de importaciones netas el 2015 a precios mínimos). En resumen, se podría en total superar la cifra de 4 millones de nuevos empleos a un mínimo coste (los nuevos empleos aportarían nuevos ingresos fiscales que más que compensarán el coste de los nuevos puestos en los sectores financiados públicamente) combinando creación neta y RJL en buena parte de la estructura productiva actual.

Este sería de uno de los principales efectos deseables de la implementación de la RJL, veamos su efecto combinado con una RBU ¿Para quién será negativo y positivo?

En primer lugar, al sector empresarial le debería ser una opción inicialmente atractiva, dado que la propuesta cuenta con una reducción del coste laboral proporcional a las menores horas laborables. Por tanto no perderían competitividad más allá de tener que gestionar unas plantillas mayores, coste compensado con dos beneficios adicionales esperados: las empresas enfocadas al mercado de gran consumo nacional notarían un aumento de la demanda interna puesto que la redistribución de la renta mejoraría sus ventas,  y sería esperable una reducción del absentismo y un aumento de la productividad de los trabajadores con menor jornada, como han mostrado experiencias anteriores, lo que favorecería a las empresas tanto enfocadas al mercado exterior como interior. La preocupación empresarial frente al RJL + RBU sería más de clase: la RBU y la reducción del ejército de reserva empoderan a los trabajadores a negociar mejores condiciones de trabajo, por lo que los empresarios ya no pueden aprovecharse de las masas de parados dispuestas a trabajar a cualquier sueldo. Obviamente en el supuesto de eliminación o reducción sustancial del paro habría que gestionar de nuevo -y mejor que en el anterior período- una nueva oleada inmigratoria que presionara el mercado laboral a la baja.

En segundo lugar, a los trabajadores de ingresos medios e ingresos bajos les resultaría también una medida atractiva, porqué aunque los sueldos bajos y medios se redujeran (en términos absolutos pero manteniendo el salario-hora), se incrementaría su ingreso neto gracias a la RBU como se puede mostrar en una simulación realizada con la base de casi 2 millones de datos fiscales de IRPF de 2010 usadas en los trabajos previos de Arcarons, Raventós y Torrens (2):

Fuente: elaboración propia a partir de INE y AEAT.

En esta simulación, por ejemplo, se muestra que el efecto combinado RJL + RBU es netamente positivo para el 72,6% de los declarantes, para el 82,5% de la población incluida en las declaraciones y para el 86,3% del total de la población. Y con un esfuerzo adicional relativamente pequeño (unos 1.200 millones de euros como se observa en la parte inferior de la tabla) se podría garantizar que la totalidad del 80% de los declarantes de menor renta salieran ganando.  Cierto que para las clases más altas el cambio saldría negativo: toda gran redistribución de la renta conlleva ganadores y perdedores.

En tercer lugar, la combinación de RJL + RBU es positiva desde el punto de vista de género, permite a las mujeres un sostén económico independiente de la fuente de ingresos del «varón sustentador», que le aporta mayor libertad republicana en su vida a la vez que un mayor oferta de empleo derivado de la RJL le facilita la incorporación al mercado de trabajo, sin duda una conquista histórica del feminismo y que los otros tipos de rentas mínimas garantizadas no consiguen. Y globalmente, si se consiguen también cambios en los valores y en los hábitos horarios, la RJL + PIINA + RBU sería la mejor forma de avanzar, en clave igualitaria, hacia un justo reparto del trabajo reproductivo y productivo.

En cuarto lugar, un aspecto muchas veces olvidado, es la mejora de la salud poblacional gracias a una medida como ésta. Es sabido en el disciplina de la salud pública, como existe un efecto negativo sobre la salud —tanto para el empeoramiento de la salud mental, como los riesgos psicosociales (WhiteHall study, 2004)— el exceso de carga de trabajo para las y los trabajadores extenuados y a la contra, los efectos negativos del desempleo y la pobreza para los desempleados, de tal manera que reduciríamos la tremenda desigualdad en salud existente. (Véase también: Benach y Muntaner 2010; Pérez Zapata 2015)

En quinto lugar, esta propuesta podría permitir un mejor balance entre ocio/trabajo, para que “la vida misma [no aparezca] sólo como medio de vida” (Marx, 1844). Esa ganancia neta de tiempo libre nos permitirá —aunque deberemos también cambiar nuestros patrones habituales de comportamiento— tener más relaciones sociales, involucrarnos más en la vida de la comunidad y sobre todo, tener de facto el tiempo material necesario para el ejercicio de la ciudadanía republicana, a la vez que la RBU nos garantizará las condiciones materiales para la libertad.

Además, la propuesta que presentamos, puede ser beneficiosa para el medio ambiente siempre y cuando nos permita cambiar nuestro estilo de vida y nuestro nivel de consumo insostenible. Como apuntan los informes de la NEF (2012) y Pullinger (2013) avanzar hacia una semana laboral más corta es una medida positiva al fomentar la ruptura del lazo entre «vivir para trabajar, trabajar para ganar dinero y ganar dinero para consumir (mal y mucho)», sumado a que ayuda a conseguir el objetivo de bajar nuestra huella ecológica, reduciendo el uso de energía no renovable, las emisiones de GEI y el expolio insostenible de otros recursos.

Finalmente, no podemos olvidar los efectos sinérgicos que tienen la unión de la RJL + RBU,  que no se aplican ni impactan de la misma forma si consideramos ambas medidas de forma aislada. Una RJL sin RBU tendría el problema de aumentar los trabajadores pobres o perjudicar la competitividad de las empresas mientras que una RBU sin RJL podría producir una situación vista como injusta y con poca sostenibilidad socio-política al reforzar la tensión entre los empleados  y los desempleados o inactivos —unos viven a costa del empleo de otros—.

Conclusión 

Volviendo a ver el contexto actual, en donde tenemos unos niveles de desempleo, pobreza, desigualdad e injusticia de género insostenibles, que todo apunta a que el modelo de crecimiento actual y la globalización no los van a solucionar y que existe una amenaza futura con los procesos de robotización, deberíamos ya seguir la sugerencia de un informe del grupo Socialista europeo al Parlamento Europeo (2016) que, en su punto 23, asegura que hay que tomarse en serio la propuesta de la RBU ante esta revolución tecnológica y, añadiríamos, este panorama general, y en especial en el Reino de España.

Considerando además que las políticas focalizadas de rentas mínimas garantizadas tienen muchos problemas, como las trampas de la pobreza y la precariedad, la estigmatización y los fallos de cobertura —incluso en el mejor de los casos como el de Euskadi—. Sabiendo que estamos ante una involución social en marcha con los auges de la derecha populista que pueden incluso llegar a defender una RBU neoliberal y regresiva cuyo objetivo es sustituir el estado del bienestar por un cheque universal que ya sabemos que es profundamente inequitativo y antisocial y una desregulación general de todos los mercados en beneficio de los oligopolios y del crecimiento salvaje expoliador del planeta.

Es el momento entonces de tomar la iniciativa política y poner la defensa progresista de la RJL + RBU en el centro de una estrategia para construir un proyecto político a la altura de las circunstancias. En tanto estas propuestas son deseables normativamente —conectando además a la tradición socialista-republicana con el feminismo, el ecologismo y el decrecimiento—, son viables técnica y económicamente —aunque todavía falten datos concluyentes sobre el impacto socioeconómico futuro de la robotización— y son potencialmente factibles políticamente porque objetivamente benefician a las grandes mayorías —aunque todavía hace falta disputar el sentido común para convertir esta propuesta en hegemónica—.

¿A qué esperan los sindicatos, los movimientos sociales y los nuevos partidos políticos surgidos al calor del 15M en ponerse manos a la obra, es decir, en impulsar estudios más amplios de la viabilidad de las propuestas, en cómo aplicarlas de la manera más justa y en defender social y discursivamente las mismas?

La RBU + RJL seguro que, sin ser la estación final, sí que será una estación más en el tortuoso camino de búsqueda de una sociedad mejor, con más democracia económica y un mejor reparto de la riqueza. Y a la vez sin rechazar los avances tecnológicos que sean positivos para el bien común y el planeta.

Ha llegado la hora de romper con el poder del viejo reloj industrial, garantizando las condiciones materiales para la existencia y liberando tiempo para vivir vidas sostenibles. Es decir: garantizar el tiempo libre para acercarnos al Reino de la libertad.

Notas:

(1) Alternativamente,  la RJL se podría realizar sin reducción de salario pero compensando los mayores costes empresariales con un mayor nivel impositivo -en el IRPF o combinado con otros impuestos-, con efectos parecidos. Obviamente esta propuesta implicaría problemas adicionales de una imposición más elevada.

(2) En este caso con datos del año 2010 del Reino de España (sin las comunidades con haciendas forales) suponemos una variante de los cálculos originales con una RB familiar de 7471 euros anuales para el primer adulto del hogar, el 50 % para los otros adultos y el 30 % para los menores de edad y aplicamos un IRPF con tres tipos tributarios sobre todas las rentas: 25 % sobre los primeros 3.000 euros brutos de ingresos anuales, 39,2 % sobre el tramo 3.000-70.000 euros y 56 % para los ingresos superiores a 70.000. Simulamos además una reducción de los ingresos salariales del 15 % en todos los salarios situados hasta la decila 50 (a efectos de simular la complejidad de reducir las jornadas laborales de los puestos de trabajo más complejos). Si la RB fuera individual (100 % para cada adulto y 20 % para los menores) el tipo tipo intermedio sería del 51 %, la población total ganadora sería del 84,6 % y el índice de Gini caería al 0,233.

Lluís Torrens es economista. Director de Planificación e Innovación del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona y profesor asociado de la Escuela Superior de Comercio Internacional-Universidad Pompeu Fabra. Colabora con Iniciatives pel Decreixement, que impulsa un nuevo modelo económico sostenible y estacionario. Es miembro de la Red Renta Básica.

Eduardo González de Molina Soler es sociólogo y politólogo por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente está cursando un Máster en Políticas Públicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra y la Johns Hopkins University y trabaja como asesor técnico para la Dirección de Planificación e Innovación del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona.

Categorías: Alterglobalización

La garantía del tiempo libre: desempleo, robotización y reducción de la jornada laboral (parte 1)

Xov, 12/01/2017 - 14:57

Lluís Torrens / Eduardo González de Molina Solersinpermiso

Afirmaba Napoleón Bonaparte que «el trabajo es la guadaña del tiempo», que sega nuestra vida y reduce el tiempo de disfrute de nuestra propia existencia en la Tierra. Todos los literatos, poetas y filósofos que han entendido que morimos en cada instante, que nuestro tiempo de vida es una fuente limitada que nunca volverá, nos recuerdan que «el tiempo no es oro, el tiempo es vida». ¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar?  Esa sigue siendo la cuestión central.

No obstante, en tanto el trabajo siga siendo una necesidad vital para la reproducción de la sociedad, seguirá siendo central en nuestra vida: seguirá determinando el modo por el cual nos insertamos en la sociedad, nos ubicamos en el espacio social, nos posicionamos al interior de una trayectoria de vida donde el trabajo recorre transversalmente todas sus fases: nos educamos para trabajar, trabajamos para vivir y nos jubilamos en condiciones proporcionales al conjunto del trabajo cotizado realizado. También nos dota de un recorrido laboral que nos provee de un marco de relaciones sociales entorno a un estatus social dado. El trabajo además es fuente de parte de nuestra identidad, construye parte de nuestra subjetividad, es el escenario donde desarrollamos nuestra individualidad y nos sirve como horizonte de realización personal. Nos proyecta hacia el futuro, nos construye un proyecto de vida. El trabajo ordena y disciplina a la vez que nos satisface y nos reconoce.

Podemos observar la naturaleza contradictoria del trabajo: a la vez carga y a la vez alivia, a la vez es un derecho y a la vez es un deber, a la vez nos desarrolla y a la vez nos sujeta. Estas reflexiones han atravesado toda la filosofía occidental y desde la gran democracia ática conocemos la relación fundamental entre libertad y trabajo: recuérdese la distinción clásica entre el ocio —tiempo libre— y el negocio —la negación del ocio: trabajar—; por eso, el hombre ocioso, era considerado libre y virtuoso frente al trabajador asalariado, considerado no-libre y vicioso. Por ello, Karl Marx y Friedrich Engels situaron el punto fundamental del proyecto emancipador ilustrado del socialismo en el salto «desde el reino de la necesidad al reino de la libertad», entendiendo el reino de la necesidad como aquel estado donde el trabajo es impuesto por la necesidad y la coacción de los fines externos, mientras que el reino de la libertad

sólo puede consistir en que el hombre socializado, los productores asociados, regulen racionalmente su intercambio de materias con la naturaleza, lo pongan bajo su control común en vez de dejarse dominar por él como por un poder ciego, y lo lleven a cabo con el menor gasto posible de fuerzas y en las condiciones más adecuadas y más dignas de su naturaleza humana. Pero, con todo ello, siempre seguirá siendo este un reino de la necesidad (…) [entonces] el verdadero reino de la libertad (…) sólo puede florecer tomando como base aquel reino de la necesidad. La condición fundamental para ello es la reducción de la jornada de trabajo(Marx, El Capital Tomo III; NdA: subrayado nuestro).

La garantía del tiempo libre pasa, en las condiciones actuales, por aumentar el tiempo de ocio; y la condición básica de posibilidad para ello es la reducción de la jornada laboral. A esa medida vamos a dedicar el resto del artículo, aterrizando la propuesta de la reducción de la jornada laboral en el contexto español y tomando en consideración dos fenómenos fundamentales: el desempleo crónico español y la 4ª Revolución Industrial que pueden convertir a la reducción de la jornada laboral, no solo en una cuestión normativa —es decir, idealmente deseable—, sino también en una cuestión imperativa —como necesidad ante las nuevas y futuras condiciones de empleo—.

El desempleo crónico español

Los análisis sobre el desempleo estructural y crónico español son abundantes. La atención mediática y política puesta en ello es abrumadora —y lógica por la magnitud real del problema y la preocupación ciudadana—. Recientemente hemos visto cómo la tasa de paro ha disminuido por debajo del 20% después de 6 años. Según el último dato disponible de paro (T3/2016) hay 4.320.800 de parados: el 18,91%, además, técnicamente desde 2014 estamos ya en un ciclo de bonanza económica (3,2% de crecimiento PIB en 2016). Estos datos parecen avalar el relato mainstream de los medios de persuasión conservadores y de la propaganda del Gobierno: «España va bien» ¿Asunto zanjado entonces?

No obstante, la situación del empleo en España presenta muchas más aristas: en primer lugar, la profundización de la dualidad del mercado laboral, donde la brecha entre indefinidos y temporales se ensancha cada vez más (9 de cada 10contratos nuevos son temporales) convirtiéndonos en el país de la Eurozona con mayor tasa de temporalidad, un 27%.

En segundo lugar, la contrarreforma laboral y la política de devaluación salarial ha provocado el auge del fenómeno de los trabajadores pobres, llegando hasta el 14,8% en 2015 ¿Qué significa este fenómeno? En Román paladino: tener empleo ya no es una garantía del bienestar y no salva de la pobreza. Además esta política ha devaluado los salarios reales en un 5,8% y ha reducido los costes laborales unitarios (CLU) en términos  reales un 15,4% entre 2009 y 2013. A nivel de salarios, el 10% de los trabajadores cobran el SMI (655,20€) y 1 de cada 3 trabajadores vive con un sueldo por debajo de los 972 euros, el 60% del salario medio.

En tercer lugar, el empleo creado está principalmente en el sector servicios —turismo fundamentalmente— y por tanto, se profundiza el modelo productivo español de bajo valor añadido y fuertemente procíclico. Vista la escasa y decreciente inversión en I+D+i (1,24% del PIB el 2015 frente al 2,01 % de la UE) y la reducción de esa inversión en 2.845 M€ en seis años parece que no hay voluntad política de cambiarlo.

En cuarto lugar, los efectos sociales de esta situación de empleo se hacen notar en los hogares y sus condiciones de vida: todavía 1.438.300 de hogares tienen a todos los miembros en paro, la tasa de paro juvenil sigue siendo alarmante: alcanza el 46,48% y sigue habiendo 2.154.100 de parados de larga duración.

Por último, es preocupante la polarización en la cualificación de los trabajadores, tenemos a un sector manifiestamente subcualificado y otro claramente sobrecualificado, en conjunto hay un 33% de trabajadores que cuya formación no casa con las necesidades del mercado.

La precariedad, la pobreza laboral y la desigualdad salarial son los tres conceptos centrales que permiten caracterizar la actual situación del empleo en el Reino de España. Además de este resumen a vuela pluma, nos queremos centrar en dos datos que nos permiten ver, no solo la situación coyuntural del empleo en España, sino también la crónica y estructural problemática del desempleo.

Si estudiamos la evolución del paro en el Reino de España desde 1978, podremos observar que en 26 de 38 años —más de dos tercios de un período equivalente al de la dictadura franquista—, el paro ha superado el 15%, tanto en momentos de bonanza económica como de crisis, con un rango que va desde el máximo histórico (27,2% en 2012) y el mínimo (7% en 1978) y con un promedio de 15,17%. Este simple dato nos permite capturar la magnitud y la profundidad del desempleo crónico y estructural del modelo productivo español, que inclusive en el punto álgido de la burbuja inmobiliaria, el paro no descendió del 7,9% (2007) pese al potente crecimiento económico experimentado la década anterior (1997-2007) del orden de 4,28% de crecimiento promedio interanual.

El segundo dato importante a destacar, es que la medición estándar y oficial de paro —establecida bajo los criterios de la OIT— es manifiestamente insuficiente: por un lado no considera a las personas desanimadas como parados, tampoco cuentan los que no buscan empleo, pero desean trabajar y por otro lado no cuenta «el paro a tiempo parcial o subempleo». Estas críticas sí son consideradas en la estadística oficial de EEUU, el Bureau of Labor Statistics mide 6 tipos distintos de paro, siendo para nuestros intereses los 4 últimos los que reflejan esta crítica. De ese modo podemos tener una tasa de paro (U3) que cuenta a los desanimados (U4), a los que no buscan pero desean trabajar (U5) y a los trabajadores involuntarios de jornada parcial (U6). Quedaría por contar el empleo de la economía sumergida, que reduciría la tasa de paro y a la inversa, los trabajadores autónomos que en realidad quisieran trabajar por cuenta ajena: 7 de cada 10 según un estudio, y los activos salidos del país —inmigrantes retornados o nuevos emigrantes—, que aumentarían nuevamente el paro.

Si tomamos esta forma de  medir el paro con los últimos datos disponibles (T3/2016) podemos observar como la tasa de paro total (U6) está en un 29%, 10 puntos porcentuales más que la actual tasa de paro (18,9%).

Fuente: Florentino Felgueroso a partir de microdatos EPA (2016)

Si tomamos estos datos en la perspectiva de las 4 últimas décadas de democracia, podemos afirmar que, en caso de mantener el deseo socialdemócrata-keynesiano del pleno empleo como objetivo de política económica, en las condiciones actuales de España, además de realizar un necesario cambio en la matriz productiva, es imprescindible el reparto del trabajo remunerado.  O lo que es lo mismo, la reducción de la jornada laboral. Pero es que además se nos aparece un fenómeno en auge: la revolución digital, la robotización y la automatización creciente de los empleos ¿Qué efectos tendrá esto sobre el empleo en España?

La 4ª Revolución Industrial: los efectos esperados de la robotización

En febrero de 2016 la multinacional taiwanesa Foxconn —el mayor fabricante de móviles del mundo, ensamblando para AppleSamsungAcer, etc.— anunció que sustituirá al 55% de su plantilla (60.000 empleados) por robots. Según el Bank of America Merrill Lynch (2015) el valor global del mercado de la robótica ascenderá de los 32.000M€ actuales a unos 142.000M€ en 2020. Coches sin conductor, máquinas que ganan campeonatos mundiales de ajedrez y Go, big data, Internet de las cosas, Inteligencia artificial, Impresión 3D, nanotecnología, biotecnología, digitalización… Al parecer la innovación característica de esta nueva revolución técnica es la Inteligencia artificial, la digitalización, la machine learning y los sensores avanzados (Velázquez y Nof, 2009). Según el Foro Económico Mundial (2016), en su informe The Future of Jobs: «La 4ª Revolución Industrial ya está aquí y, como no espabilemos, su impacto social va a ser mayor que el de todas las anteriores». Y le ponen cifras: a nivel global se destruirán 5,1 millones de puestos de trabajo netos entre 2015 y 2020.

Las visiones futuristas de una sociedad sin trabajo a causa de la robotización del empleo se han vuelto a instalar en el imaginario de muchos —el 52,1% de españoles cree que serán sustituidos por robots— y su repercusión mediática es cada vez mayor. Sin embargo, como todo análisis de prospectiva —es decir, de futurología—, corre muchos riesgos: el futuro es por definición incognoscible y cualquier instrumento de predicción es también por definición simplificador de una realidad compleja e inconmensurable. No por ello es inútil realizar estas predicciones, y de la rigurosidad y honestidad con la que se lleven a cabo estos análisis dependerá la robustez de los resultados en su objetivo fundamental: captar las tendencias futuras. Existen tres grandes corrientes para explicar los efectos de la automatización en el empleo, los tecno-optimistas, los del fin del trabajo y los indecisos. Veamos cómo está el estado del arte:

Los tecno-optimistas comienzan afirmando que el resultado neto entre destrucción de empleo y creación de nuevos empleos de las tres revoluciones industriales pasadas es que al tiempo que creció la productividad creció el empleo (Autor, 2015) ¿Por qué? Si el progreso técnico se traduce en ganancias de productividad, esta es fuente de crecimiento económico dado que libera poder de compra que permite que suba la demanda, y como se sabe, el aumento de la demanda produce oportunidades de empleo. Aunque siempre en los procesos de innovación tecnológica hay «destrucción creativa», se ha demostrado que si unos sectores destruyen empleo y aumentan productividad, otros sectores reciben demanda y aumentan el empleo (Katz y Margo, 2013), aunque, no hay que olvidar que siempre hay un «desplazamiento», donde los empleos creados son muy diferentes a los que desaparecen, y son por lo general más cualificados.

Además, sin estar dentro de los tecno-optimistas, algunos economistas heterodoxos critican también a las otras corrientes que creen que esta vez tendremos una pérdida de empleos neto, desde el marxismo Husson (2016), nos habla del «gran bluff de la robotización», criticando los discursos proféticos de algunos autores, que no hacen más que revivir el viejo canto ludita. Desde los postkeynesianos, Mitchell (2016) crítica también la perspectiva pesimista y consideran que, incluso si esta vez es distinto, el desempleo tecnológico no es una fatalidad en la medida que depende de las políticas públicas, dado que un Estado con un manejo científico de la política monetaria y unas políticas de empleo garantizado podrá conseguir el pleno empleo allí donde se lo proponga —aunque sus ejemplos siempre se refieren a países con niveles de paro mucho menores que el nuestro— . Por último, desde una parte de la economía ecológica, Van den Bergh et al. (2013) remarcan el inseparable vínculo entre el consumo energético y el crecimiento económico, habitualmente olvidado por la economía ortodoxa. Así, el proceso de robotización conllevará un incremento en la demanda energética —es decir, la demanda de combustibles fósiles— y habida cuenta del previsible aumento del coste de la energía, por el agotamiento de la energía barata, podría ocurrir que el trabajo robotizado no fuese rentable.

Desde las filas del fin del trabajo nos aseguran que esta vez es distinto, según la consultora Boston Consulting Group (2015) en The robotics revolution aseguran que «la revolución robótica está lista para llegar». Por primera vez, el retorno de la inversión en robotización será atractivo a gran escala. Se pasará de un 3% de crecimiento anual de la robotización a un 10% durante la próxima década. En algunas industrias llegarán hasta un 40% de robotización.  Se ganará en productividad de manera impresionante y el concepto de competitividad cambiará. ¿Por qué existiendo ya la tecnología no se ha difundido ampliamente? Por pura razón económica: todavía los costes son más altos que los beneficios. Algo que va a cambiar ya: se estima que en EEUU, si ya en la industria automotriz, la automatización es una realidad, donde el salario/hora humano es 24$/h —salario y coste de operación ajustado por precio y rendimiento—, mientras que el de los robots es de 8$/h. En los equipamientos eléctricos para 2018 el ratio $/h será favorable para los robots y en mercado mobiliario se espera para 2023.

También nos encontramos dos de las obras más mediáticas que encabezan esta perspectiva: El fin del trabajo de Jeremy Rifkin (1995) y El auge de los robotsde Martin Ford (2016), ambos trabajos dan cifras escalofriantes: están en riesgo 90 de 124 millones de empleos a escala global, el desempleo tecnológico en los países industrializados podría llegar hasta el 75%.  Formarse ya no proporcionará una ventaja competitiva en el mercado laboral dado que la inteligencia artificial reemplazará empleos cualificados, como el robot médico Watson de IBM o el robot financiero Indexa capital. Por el lado más académico, un paper con una repercusión académica y también mediática muy elevada fue The future of employment de Frey y Osborne (2013) que predijeron para EEUU que existe un 47% de empleos en alto riesgo de automatización en las próximas dos décadas. Los empleos más afectados son en transporte y logística, los trabajos administrativos y el sector servicios. Siguiendo la misma metodología que Frey y Osborne, Bowles (2014) en Bruegel estima que a nivel de la UE el riesgo de automatización es aún mayor: el 54% de los empleos, siendo el Reino de España uno de los que más riesgo tiene: el 55,3%. Por su parte, la consultora McKinsey & Company (2013) estima que a nivel global se podría automatizarse hasta el 45% de las tareas.

Los indecisos no asumen ni que esta vez será exactamente como las anteriores revoluciones industriales, dado que esa evidencia histórica es solo una «simple constatación, no una ley de la economía que vaya a aplicarse en cualquier circunstancia», ni que estemos ante el fin del trabajo, criticando a estos autores por cuestiones metodológicas, por ejemplo, se le cuestiona a Frey y Osborne que en lugar de usar las tareas automatizables usaron las ocupaciones, sin tener en cuenta que una ocupación tiene varias tareas, unas más automatizables que otras, dando lugar a que las ocupaciones de los trabajadores más cualificados, pese que algunas tareas sean automatizables, sean muy difíciles de automatizar en su conjunto. Opinan  que, habiendo incertidumbre, hay tendencias observadas que muestran que esta vez se podría producir un gap neto —por lo menos a corto y medio plazo— entre el empleo nuevo creado y el empleo destruido, destruyendo más empleo rutinario y creando menos empleo no-rutinario ¿El resultado? el incremento de la desigualdad. Algo observado empíricamente por Eden y Gaggl (2016) en On the welfare implications of automation:

Fuente: CPS MARCH/ORG (1968/79-2013) & author’s computation

En su estudio se puede observar una tendencia de las 4 últimas décadas en EEUU de disminución de la participación relativa de los ingresos procedentes del trabajo rutinario en el total del PIB a la vez que hay un incremento de la participación de los ingresos del trabajo no-rutinario en el PIB. No obstante, este proceso no ha sido equilibrado, produciéndose un efecto neto de -7% de la aportación del trabajo al PIB, lo que a su vez resulta en un incremento de la desigualdad. Las tendencias futuras parecen que van a reforzar este proceso.

Otros estudios, como el de Brynjolfsson y McAfee (201220142015), nos hablan de una «segunda edad de la máquina», y creen que habrá un impacto sustantivo en las economías. Basándose en la teoría del «skill-biased technical change» (STBC) afirman que habrá ganadores y perdedores porque la innovación técnica ha producido que la demanda de trabajo sobre los trabajadores poco cualificados haya disminuido mientras que aumentó la demanda de trabajadores con alta cualificación. Por su parte, el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2016) concluye que si bien la digitalización producirá ganancias de productividad, no se conoce con precisión la repercusión sobre los niveles de empleo, aunque está claro que la tendencia futura será negativa para el mercado laboral y la organización del trabajo. En el contexto español, la consultora Adecco (2016) a través de una encuesta a expertos en RRHH afirma que en el futuro el impacto con mayor influencia en el Reino de España serán los «avances tecnológicos» con 4,8 sobre 5 de promedio, y de esos avances tecnológicos, la «robotización del trabajo» tendrá un impacto sustantivo (3,85 sobre 5 de promedio).

Para terminar, otro informe reciente y que intenta suplir algunas deficiencias de los anteriores: The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries de Arntz, Gregory y Zierahn (2016), utiliza una metodología donde tiene en cuenta la heterogeneidad de las tareas dentro de los trabajos y llega a las siguiente conclusión: de forma moderada si habrá destrucción de empleo neto —no en la escala esperada por los más alarmistas—, aunque de forma desigual según cualificación. Estos dos últimos resultados se cifran: del conjunto de la OCDE, el promedio es que el 9% de los empleos están en alto riesgo de automatización. Para el caso español es más alarmante: estamos junto con Austria y Alemania a la cabeza con un 12%. Y respecto al riesgo de robotización según nivel de educación del trabajador, el siguiente gráfico habla por sí solo:

En definitiva, incluso tomando el dato más prudente, si el 12% de ocupaciones son automatizables en el Reino de España, afectando con más intensidad a los menos formados —agravando la ya grave problemática del atraso crónico educativo y de las elevadas tasas de abandono escolar—, se produciría una profundización del patrón de dualidad, polarización y desempleo crónico  y estructural del mercado de trabajo español.

Entonces, una reducción generalizada de la jornada laboral para su reparto se presenta como una condición necesaria a la par que deseable, si se quiere disminuir el paro en el Reino de España. Hasta hace poco no parecía que se fuera a cumplir aquella famosa predicción de Lord Keynes (1930) de que en 2030, a causa del desarrollo tecnológico, trabajaríamos 15 horas a la semana ¿O sí?  Con los datos de la contabilidad nacional si dividimos el total de horas trabajadas en el Reino de España el 2015 por la población entre 16 y 64 años, el promedio es de 19,96 horas semanales cuando fueron 22,51 el 2008. A este ritmo llegamos a las 15 el 2030… ¿El problema? Estas horas están desigualmente repartidas, mientras unos trabajan remuneradamente 0 horas, otros pueden llegar hasta las 12 horas diarias.

Dejamos para una segunda parte las potencialidades y posibilidades de la reducción de jornada laboral[1].

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[1] En un próximo artículo (parte 2) terminaremos analizando la propuesta de la reducción de jornada laboral en el caso español y relatando cuáles son las tendencias de futuro que nos esperan.

 

Lluís Torrens es economista. Director de Planificación e Innovación del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona y profesor asociado de la Escuela Superior de Comercio Internacional-Universidad Pompeu Fabra. Colabora con Iniciatives pel Decreixement, que impulsa un nuevo modelo económico sostenible y estacionario. Es miembro de la Red Renta Básica. Eduardo González de Molina Soler es sociólogo y politólogo por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente está cursando un Máster en Políticas Públicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra y la Johns Hopkins University y es becario en prácticas en la Dirección de Planificación e Innovación del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona.
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¿Nueva Guerra del Gas ruso-ucraniano?

Xov, 12/01/2017 - 07:03

Germán Gorraiz López – ATTAC Navarra-Nafarroa

La ex-república soviética de Ucrania tendría una población cercana a los 50 millones de habitantes y estaría marcada por el estigma del enfrentamiento crónico entre las tendencias filo y fobio-rusas. Así, el segmento de población filorusa estaría formada por los rusohablantes del este y sur del país (incluida Crimea) que apoyaban al régimen oficialista de Yanukóvich, mientras que en el oeste y en el centro del país, dominarían los sentimientos nacionalistas prooccidentales, representados por la ex-Primer Ministra Timoshenko y el ex-Presidente Viktor Yushchenko, quienes consideraban la ampliación de la permanencia de la base rusa de Sevastopol hasta el 2042 como “una traición a los intereses nacionales”. Las agudización de las tensiones latentes entre el oficialismo filo-ruso de Yanukovich y la oposición filooccidental se desataron tras la decisión del gobierno ucraniano de “interrumpir los preparativos” de la firma de un acuerdo de asociación y libre comercio con la UE, convenio que tenía previsto firmarse en la Cumbre de Vilna y que preveía la integración de Ucrania, Moldavia, Georgia y Ucrania según los acuerdos de la cumbre de Praga del 2009.

Ucrania como víctima colateral de la Guerra Fría

En la última cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (países postsoviéticos) celebrada en Minsk, Putin avisó a Ucrania que “tras la firma del tratado de Asociación Ucrania perderá sus barreras aduaneras y será invadida por productos occidentales. Ese desarme arancelario afectaría a Rusia, si Ucrania fuera también miembro de la Unión Aduanera y, resultaría muy peligroso e inaceptable”, instando asimismo a Kiev a sumarse a la Unión Aduanera que incluye a Rusia, Bielorrusia y Kazajistán pero tras el “golpe de mano virtual” contra el depuesto Yanukóvich, el Gobierno interino de Alexadr Turchínov proclamó su deseo de incrementar sus relaciones con la UE al tiempo que mantener sus relaciones con Rusia en un difícil ejercicio de equilibrismo político.
Sin embargo, dicha empresa se antojaba harto complicada debido al brutal colapso económico que habría sufrido la ex-República soviética y que rozaría ya el umbral del default o suspensión de pagos), a lo que se uniría la falta de garantías plenas para una posible integración de Ucrania como miembro de pleno derecho de la UE, (garantías que sin embargo tuvieron en su momento países como Polonia, Hungría, Bulgaria o Rumania) y el presunto rechazo de la opinión pública europea dicha plena integración. Así, según el analista político William Engdahl en declaraciones a Rusia Today (RT), “ los ciudadanos europeos se sienten muy incómodos con la idea de que Ucrania se incorpore a la UE pues la zona está en una crisis profunda debido a la bancarrota de Grecia, Portugal, Italia y otros países del sur y no tienen el dinero para hacer algo positivo para Ucrania”, por lo que Putin se encargó de desbaratar la hoja de ruta diseñada por la UE y EEUU y procedió a restringir las importaciones metalúrgicas y de productos alimenticios así como a aumentar los aranceles aduaneros sobre Ucrania.

Tras el fallido intento de la adhesión de Ucrania a la tratado de Libre Comercio con la UE, subyacería la grave situación económica ucraniana, plasmada en la necesidad urgente de la actualización del tejido productivo ucraniano a los estándares y requisitos técnicos europeos ( estimada en unos 250.000 millones de dólares en un proceso que se prolongaría hasta 2020 con una inversión de 20 millones $ anuales dedicados en exclusiva a la actualización de los estándares), empresa harto complicada debido al brutal colapso económico que habría sufrido la ex-República soviética y que rozaría ya el umbral del default o suspensión de pagos por lo que la UE habría prometido al Gobierno interino ucraniano un préstamo de 15.000 millones € con el objetivo inequívoco de lograr que su peón, el magnate petrolero Petro Poroshenko, fuera investido nuevo Presidente de Ucrania.

¿Nueva Guerra del Gas?

Según el acuerdo conocido como paquete de invierno que Ucrania, Rusia y la Comisión Europea rubricaron en septiembre de 2015, Naftogaz se comprometió a adquirir al consorcio ruso Gazprom 2.000 millones de metros cúbicos de gas por 500 millones de dólares. Sin embargo, el 5 de diciembre el Tribunal Administrativo de Kiev resolvió imponer a Gazprom una multa de 6.600 millones de dólares por supuesto abuso de su condición de monopolio en el mercado de tránsito de gas lo que según el ministro de Energía ruso, Alexandr Nóvak “ pone en peligro los suministros de gas ruso a la Unión Europea”. Ello aunado con las temperaturas gélidas que deben soportar los ciudadanos ucranianos podría provocar que Ucrania sustraiga ilegalmente el gas destinado a Europa, poniendo en peligro el tránsito de combustible. En consecuencia, Putin aprovechará la ocasión para mediante un audaz movimiento de sus torres en la partida de ajedrez geopolítica que se estaría desarrollando en territorio ucraniano, reeditar la guerra del Gas ruso-ucraniano del 2006 con el objetivo inequívoco de doblegar al sector europeísta ucraniano mediante la asfixia económica y la inanición energética, al tiempo que resquebrajar la unidad comunitaria en la certeza de que tanto Alemania como Francia no dudarán en sacrificar a Ucrania en aras de asegurar su abastecimiento energético. Dicha jugada tendrá como efectos económico importantes recortes de suministro en varios países de la UE, (el gas ruso abastece en más de un 70% a países como los Países bálticos, Finlandia, Eslovaquia, Bulgaria, Grecia, Austria, Hungría y República Checa y más del 80% del total del gas que la UE importa de Rusia pasa por Ucrania y como efecto geopolítico la división de Ucrania en dos mitades casi simétricas y separadas por el meridiano 32 Este, quedando el Sur y Este del país (incluida Crimea) bajo la órbita rusa mientras el Centro y Oeste de la actual Ucrania navegarán tras la estela de la UE, episodio que significará “de facto” el retorno al endemismo recurrente de la Guerra Fría Rusia-EEUU regida por el axioma “acción-reacción”.

Analista internacional

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Contra el creciente neomachismo

Mér, 11/01/2017 - 09:00

Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid

Una repugnante vergüenza colectiva permanece enquistada en nuestra civilizada sociedad: malos tratos, tortura y asesinato de mujeres por maridos, compañeros sentimentales, novios o que lo fueron. Año tras año se acumulan docenas de asesinatos de mujeres. Por ser mujeres. Por hombres machistas.

El año 2016 acabó con el asesinato por hombres de tres mujeres en el plazo de dos días en Santiago de Compostela, Vigo y Tarragona, en España. Y 2017 empezó con el asesinato de una mujer de 40 años en Rivas, población de la región de Madrid. En 2016, 54 mujeres fueron asesinadas por hombres. Desde 1978, cuando se empiezan a contabilizar asesinatos de mujeres por maridos, parejas, ex-maridos o ex-parejas, nunca ha habido menos de una cincuentena las mujeres asesinadas; a menudo, más de sesenta anuales. Insoportable. En 2015, 63; en 2014, 56; en 2013, 63; en 2012, 56; en 2011, 68; en 2010, 77; en 2009, 62; en 2008, 73; en 2007, 76; en 2006, 69…

Desde siglos, los varones han castigado a las mujeres con violencia e impunidad. Que el hombre sea violento con la mujer se ha considerado aceptable para mantener el orden en la familia. Confucio, filósofo chino, propuso un programa de espanto para la mujer, siempre obediente al hombre, a sus órdenes, sometidas al padre y hermano mayor, cuando solteras; al marido, cuando casadas, y al hijo mayor, cuando enviudan. En Judea, siglos antes de Cristo, las mujeres adúlteras eran lapidadas públicamente, pero nunca se lapidó a varones adúlteros. En Europa, en la Edad Media, el maltrato físico a la propia mujer estaba legalmente regulado; incluso se permitía matar a la esposa en algunas circunstancias.

Desde 1768, en Inglaterra y Estados Unidos como colonia británica, estaba vigente la Regla del Dedo Pulgar que permitía al marido azotar a la esposa con látigo o vara cuyo diámetro no fuera superior al del dedo pulgar. Y hay una repugnante lista de prácticas y leyesen la Historia que han convertido a la mujer en víctima propiciatoria de los hombres y diana de todo tipo de violencias.

En la civilizada Europa no se empieza a hablar contra los malos tratos a mujeres por hombres hasta 1970. En España no se reconoce oficialmente el muy grave problema de violencia contra las mujeres hasta 1984, al publicar el ministerio del Interior el número de mujeres asesinadas cada año. No es de extrañar, porque hasta 1975, año en el que se reformó el Código Civil, su artículo 57 reconocía la sujeción de la mujer casada a su marido y que la mujer que debía obedecer al marido, quien tenía el derecho de corregirla. Cuanto mayor sea la discriminación de las mujeres y se vulneren impunemente sus derechos, hay más caldo de cultivo para propiciar la violencia machista y el asesinato de mujeres.

Pero el machismo no cede y ahora surgen los ‘civilizados’ neomachistas, sobre todo en redes sociales, que pretenden deslegitimar la lucha contra la violencia machista. Para ellos, “feminismo” es antónimo de “machismo”, dos excesos negativos. Lo que es una falacia estúpida porque machismo, según la Academia de la Lengua Española, es “la actitud de prepotencia de los varones sobre las mujeres”, en tanto que feminismo es “el movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que los de los hombres”. Movimiento liberador. El colmo neomachista es negar la sangrienta violencia machista y atribuir esos hechos violentos a que “hay hombres y mujeres que sólo actúan por rencor y odio hacia el otro”. Así pretende la equívoca Asociación Europea de Abogados de Familia cuando asegura que la violencia machista no existe, porque la violencia no tiene sexo. Increíble.

A la falsedad de que también muchos hombres asesinados por mujeres responde el Poder Judicial. El año pasado, ocho hombres fueron muertos por mujeres. Mujeres por hombres: 54. Con la diferencia esencial de que la muerte de esos hombres no es el colofón de una vida de torturas y sevicias como ocurre con la mayoría de mujeres asesinadas.

Otra falsedad del neomachismo rampante es que casi todas las denuncias por violencia machista son falsas. Pero según la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2016, solo fueron falsas ¡un 0,014% del total de denuncias!

Hay que empezar a considerar el neomachismo como un grave peligro a abatir.

¡Por razones!

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2017 apunta hacia un mundo multipolar

Mér, 11/01/2017 - 07:00

Emir Sader - La Jornada

La era de la hegemonía estadounidense y de neoliberalismo es, por definición, un tiempo de turbulencias e incertidumbre. Nadie ni nada permite preveer con un mínimo de certidumbre ni el futuro inmediato, menos todavía los de mediano y largo plazos. Pero el cúmulo de acontecimientos permite proyectar a 2017 como un año en que se dibujará, con más claridad, el surgimiento de un mundo multipolar.

El final de la guerra fría hizo al mundo retroceder al periodo histórico de hegemonía británica, cuando una sola potencia detentaba el predominio mundial. La decadencia británica introdujo un tiempo de disputas hegemónicas; primero entre Estados Unidos y Alemania, con dos guerras mundiales de por medio, después, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en el escenario llamado de guerra fría.

La desaparición de la URSS hizo que la humanidad volviera a un mundo unipolar, esta vez con la hegemonía imperial estadunidense. No tardó en anunciarse que la historia terminaría, desembocando en esa hegemonía, que traería con ella la economía capitalista de mercado y la democracia liberal como horizontes insuperables de la historia. Seguirían habiendo acontecimientos, pero todos encerrados en ese marco, que nos aprisionaría definitivamente. En lugar de girar hacia delante, la historia habría retrocedido y quedado congelada. La superioridad militar, económica, política e ideológica de Estados Unidos no permitiría alimentar ilusiones en otra dirección. El fin del socialismo, que sería el futuro de la humanidad, en la concepción derrotada, relegaba ese tipo de sociedad al museo de la historia, como un largo paréntesis finalmente concluido. La economía capitalista pasaba a ser la economía, la única posible, así como la democracia liberal, la única posible.

Sin embargo, la Paz Americana no trajo el final de los conflictos bélicos, sino su multiplicación, al tiempo en que el reino del mercado no trajo de vuelta el crecimiento económico, sino la recesión prolongada. Como resultado de esas contratendencias han surgido gobiernos antineoliberales, como en América Latina, así como fuerzas que se coordinan por la construcción de un mundo multipolar, como las congregadas en los Brics.

Un episodio que parecía ser simplemente uno más del ejercicio de la superioridad militar de Estados Unidos y de sus aliados del bloque imperialista occidental –como ya había ocurrido en Afganistán, Irak y Libia–, el de la destrucción del gobierno de Siria, como paso previo al bombardeo de Irán, terminó promoviendo una gran contrarrevuelta que, sumada a otros fenómenos, apunta hacia el surgimiento de un mundo multipolar.

Estados Unidos no había logrado crear las condiciones del bombardeo de Irán, ni adentro, ni con sus aliados externos. Rusia aprovechó para proponer un proceso de negociación entre Estados Unidos e Irán, que tuvo éxito, desarticulando los planes bélicos de Israel, apoyado por Arabia Saudita y poniendo en práctica el primer proceso de resolución pacífica de un conflicto bélico importante en el mundo en mucho tiempo.

Este éxito fue el preámbulo que permitiría también una resolución de la también aparentemente interminable guerra en Siria. Arabia Saudita, contradicha en las negociaciones con Irán, intensificó el apoyo al llamado Estado Islámico (EI), que se ha vuelto la fuerza fundamentalista y terrorista que pasó a amenazar no sólo a gobiernos de Medio Oriente, sino de todo el mundo con sus acciones. Como uno de sus efectos, la guerra en Siria quedó polarizada entre el EI y el gobierno sirio, sacando definitivamente del escenario supuestas fuerzas moderadas de oposición, usadas como pretexto por Estados Unidos para apoyar intentos de derrubar al gobierno sirio. El acuerdo entre Rusia, Turquía e Irán, apoyado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sustentado en la derrota militar del EI, por intervención decisiva de las tropas rusas, promovió un nuevo acuerdo de paz, esta vez sin Estados Unidos.

A este nuevo horizonte se suma la alianza alrededor de los Brics, con Rusia y China como protagonistas esenciales, como fuerzas que promueven el fortalecimiento de modelos de desarrollo económico con distribución de renta, en contrapartida del agotamiento del neoliberalismo y la prolongada recesión a que ha desembocado ese modelo.

El Brexit y la victoria electoral de Donald Trump en las elecciones estadunidenses apuntan hacia retrocesos en el proceso de globalización, con políticas proteccionistas y debilitamiento de los procesos de libre comercio, imponiéndose en las dos potencias que desde hace más de un siglo han estado a la cabeza del bloque imperialista en el mundo.

La combinación de esos factores tendrá en 2017, con la retirada de Gran Bretaña de la Unión Europea, así como la toma de posesión de Donald Trump, haciendo con lo que ya se venía dibujando como el agotamiento del modelo neoliberal, la incapacidad de Estados Unidos de concluir las guerras de Afganistán y de Irak, así como su impotencia frente a la extensión de los conflictos bélicos en toda la región, así como el fortalecimiento de Rusia como actor político y militar global, un nuevo escenario mundial.

Un nuevo escenario que tiene que ser, para América Latina, un espacio de nuevas oportunidades, para salir definitivamente del modelo neoliberal y de la hegemonía estadunidense, buscando profundizar alianzas que promuevan la solución pacífica de los conflictos y apoyen políticas de desarrollo con distribución de la renta. Brasil, Argentina, México y todos los países del continente tienen que decidir dónde quieren ubicarse en ese nuevo escenario mundial.

 

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Pagando en mercados manipulados

Mar, 10/01/2017 - 09:00

Albino Prada – Comisión JUFFIGLO de ATTAC España

Mientras tenemos que soportar a una avalancha de asesores, analistas y tertulianos que pregonan la invencible ley de la mano invisible de los mercados, esa mano que nos obliga a competir en un mundo global con los costes laborales, fiscales o ambientales chinos, pudimos comprobar que este último mes del año se cerró con un renuncio monumental a ese argumento.

Porque nos tuvo que decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que buena parte de nuestros mercados financieros (afectando a casi cuatro millones de contratos hipotecarios) habían ocultado información crucial a los ciudadanos, relativa a que si los intereses subían nada limitaba sus pagos pero si bajaban, a causa del libre mercado, el prestamista se reservaba en una cláusula una ganancia por encima de la que le daría la mano invisible. Pintan bastos: mano visible.

Lo más grave del asunto es que esa mano visible y manipuladora no fue impugnada por los Gobiernos habidos en los últimos veinte años, ni por sus Fiscalías Generales del Estado, ni por el Banco de España, ni por variadas comisiones supervisoras o tribunales. Una tropa de gente muy bien pagada para defender los intereses generales, la competencia y la mano invisible que nos debieran gobernar, pero que se plegaron a que el poder financiero manipulara así el mercado hipotecario.

Claro que, ya antes, estos mismos padres de la patria nos obligaron a sanear, a cuenta de la deuda pública (que ahora supera nuestro PIB), sus pérdidas financieras, pues ni con tales manipulaciones del mercado, ni con condiciones de ejecución, intereses de demora y desahucio leoninos fueron capaces de mantener su burbuja. Es por eso que estos días eché de menos concentraciones populares festivas para celebrar la sentencia contra nuestro capitalismo financiero extractivo, tan acostumbrado a tener cautivo el mercado nacional (pues igual que lo hacen con hipotecados lo hacen con las empresas en las que mandan) mientras pregonan las excelencias imparables de la globalizada competencia mundial.

No tengo espacio para abrumar al lector, pero este último mes del año anoté algún otro ejemplo. Así mientras el Banco de España recomendaba al banco malo (la Sareb, que en un 55 % es de los bancos) valorar sus activos a precios de mercado, el Gobierno ha interpuesto su mano en el asunto para diferir que afloren esas pérdidas, seguiremos pagando por activos inflados. Pintan bastos: mano visible.

Otro buen ejemplo lo tenemos en la inminente nacionalización de autopistas que dan pérdidas. Dicha nacionalización sería consecuencia de una cláusula -¿les suena?- de responsabilidad patrimonial de la Administración, por la que el Estado tiene que asumir una infraestructura en caso de quiebra, y abonar a las empresas concesionarias (endeudadas con los bancos) el importe de la inversión que aún no han recuperado. Pintan bastos: mano visible.

Una cláusula que no existe, sobra decirlo, para reducir el período de concesión si los beneficios son jugosos. Pongamos por caso en la Autopista del Atlántico.

Publicado en La Voz de Galicia

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El mundo en la era de Trump: ¿qué podemos esperar?

Mar, 10/01/2017 - 07:00

Immanuel Wallerstein - La Jornada

Hacer predicciones en el corto plazo es la más traicionera de las actividades. Normalmente trato de no hacerlas. En cambio, trato de analizar lo que está ocurriendo en términos de la larga duración de su historia y las probables consecuencias en el mediano plazo. No obstante, esta vez he decidido hacer predicciones de corto plazo por una simple razón. Me parece que todo mundo, en todas partes, está enfocado al momento en lo que ocurrirá en este corto plazo. No parece haber otro objeto de interés. La ansiedad está al máximo y necesitamos lidiar con ella. Déjenme comenzar diciendo que pienso que 95 por ciento de políticas que emprenderá Donald Trump en su primer año en el cargo serán absolutamente terribles, peor de lo que anticipamos. Esto puede constatarse en las designaciones de cargos importantes que ya anunció. Al mismo tiempo, es muy probable que se meta en problemas importantes.

Este resultado contradictorio es consecuencia de su estilo político. Si revisamos cómo fue que ganó la presidencia de Estados Unidos, lo hizo contra todas las probabilidades con cierta técnica retórica deliberada. Por una parte, ha sido constante hacer declaraciones que responden a temores importantes por parte de los ciudadanos estadounidenses utilizando lenguaje en código, que quienes lo escuchan lo reciben interpretándolo como un respaldo a políticas que piensan podrán aliviar sus múltiples penurias. Fue muy frecuente que hiciera esto con breves tuits o en mítines públicos estrictamente controlados.

Al mismo tiempo, fue siempre vago acerca de las precisas políticas que emprendería. Sus declaraciones fueron casi siempre seguidas de interpretaciones por parte de seguidores importantes, y con bastante frecuencia éstas diferían o eran interpretaciones opuestas. En efecto, se adjudicó el crédito por las declaraciones fuertes y dejó que otros asumieran el descrédito por las políticas precisas. Esto fue una técnica magníficamente efectiva. Lo llevó a donde está y parece claro que pretende continuar con esa técnica una vez en el cargo.

Hay un segundo elemento de su estilo político. Toleró la interpretación de todos siempre y cuando constituyeran un respaldo a su liderazgo. Si percibía alguna duda en torno a que lo respaldaran personalmente, fue veloz en ejercer la venganza atacando públicamente a quien lo hubiera ofendido. Exigió fidelidad absoluta e insistió en que ésta se desplegara. Aceptó el remordimiento penitente, pero no la ambigüedad acerca de su persona.

Parece creer que la misma técnica le servirá bien en el resto del mundo: fuerte retórica, interpretaciones ambiguas a cargo de su variada panoplia de seguidores principales, y, al final, más bien políticas impredecibles en los hechos.

Parece pensar que sólo hay dos países además de Estados Unidos que importan hoy en el mundo –Rusia y China. Como apuntaron tanto Robert Gates como Henry Kissinger, está utilizando la técnica Nixon al revés. Nixon hizo un trato con China, con el fin de debilitar a Rusia. Trump está haciendo un trato con Rusia para debilitar a China. Esta política pareció resultarle a Nixon. ¿Le funcionará a Trump? No creo, porque el mundo de 2017 es bastante diferente del mundo de 1973.

Así que miremos cuáles son las dificultades que le esperan a Trump. En casa, su mayor dificultad, sin duda, es con los republicanos en el Congreso, en particular aquellos que están en la Cámara de Representantes. Su agenda no es la de Donald Trump. Por ejemplo, ellos quieren destruir el Medicare. De hecho, desean repeler toda la legislación social del último siglo. Trump sabe que esto acarrearía una revuelta de su base electoral real, que quiere bienestar social al mismo tiempo que un gobierno profundamente proteccionista y una retórica xenofóbica.

Trump cuenta con intimidar al Congreso y que se alinee con él. Tal vez lo consiga. Pero después serán evidentes las contradicciones entre su agenda en favor de los acaudalados y su parcial mantenimiento del estado de bienestar. O el Congreso prevalecerá sobre Trump. Y esto le resultará intolerable. Y lo que hará al respecto es una adivinanza para cualquiera. Él no se conoce a sí mismo, dado que no encara esta clase de dificultad mientras no tiene que hacerlo.

Lo mismo es cierto de la geopolítica en el sistema-mundo. Ni Rusia ni China están preparadas para retractarse en lo más mínimo de sus políticas actuales. ¿Por qué deberían hacerlo? Estas políticas les han estado funcionando. Rusia es de nuevo una potencia importante en Medio Oriente y en todo el mundo ex-soviético. China, lenta pero seguramente, se afirma en una posición dominante en el nordeste y el sureste de Asia, e incrementa su papel en el resto del mundo.

No hay duda de que Rusia y China se meten en dificultades de tiempo en tiempo y ambas están listas para hacer concepciones puntuales a otros, pero no más que esto. Así que Trump va a descubrir que no es, internacionalmente, el perro alfa a quien todo mundo le debe rendir reverencia. Y luego, ¿qué?

Lo que podría hacer una vez que sus amenazas sean ignoradas es de nuevo la adivinanza de cualquiera. Lo que todo mundo teme es que actuará precipitadamente con los instrumentos militares a su disposición. ¿Lo hará? ¿O será constreñido por su grupo interno más próximo? Nadie puede estar seguro. Todos podemos solamente confiar en que así sea.

Así que así está. Desde mi punto de vista, no es un panorama bonito pero no es desesperanzado. Si de algún modo llegamos el año entrante a un tránsito de estabilidad dentro de Estados Unidos y dentro del sistema-mundo como un todo, entonces cobra peso el mediano plazo a nivel analítico. Y ahí la historia, aunque sea aún sombría, tiene al menos mejores perspectivas para aquellos de nosotros que queremos un mundo mejor del que actualmente tenemos.

Traducción: Ramón Vera Herrera

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Los Pasa Montañas

Lun, 09/01/2017 - 09:00

Gustavo Duch – Consejo Científico de ATTAC España

La historia, cual virus, siempre encuentra huéspedes donde reproducirse.

En los años ochenta, en buena parte de América Latina las imposiciones de los llamados “ajustes estructurales” condicionados a una crisis de la deuda, reorientaron el funcionamiento económico y social de estos países. Términos como privatización, desregulación, reforma fiscal, liberalización comercial, se hicieron coloquiales. Las últimas normas que marcó el Estado fueron para desarticular su propio poder y dejarlo reducido a las mínimas pulsaciones. Las fuerzas del mercado y sus grandes firmas tomaban los mandos. Más aún, para asegurar la agenda comercial de dichas corporaciones, con los Tratados de Libre Comercio se encontró la fórmula de éxito. El más emblemático se pactó en 1994 entre México, EE.UU. y Canadá al crear entre estas tres naciones el TLCAN. Desde entonces México importa la mitad del maíz que consume y quienes cultivaban maíz ahora cosechan nada.

En el Sur de Europa, treinta años después la infección ha seguido idéntico curso: estado se escribe en minúsculas y la pobreza es mayúscula. Y con exacta precisión, el gen replicante ya ha parido otro engendro de libre comercio, el TTIP, que quiere acabar con cualquier regulación comercial entre Europa y los EE.UU., dicen, en favor de la reactivación económica.

El mismo día que se firmó el TLCAN, en las montañas mexicanas mujeres y hombres estadistas y visionarios, campesinos e indígenas, en un silencio atronador le dijeron al mundo que ese no sería su mundo. Que si venían con tratados a robarles las tierras, a imponerles semillas, a dictarles normas, a invadir su cultura, allí no llegarían. Y así pasó. Un Estado perdió autonomía, pero unos territorios con lemas zapatistas –Aquí manda el Pueblo y el Gobierno obedece– ganaron dignidad y recuperaron todas las soberanías.

Ya hay quienes lo predicen.
Ya hay quienes lo preparan.
Ya hay quienes tejen tu pasamontañas
Y el mío.
Los nuestros.

Para que el día que se apruebe el TTIP, –sabiendo, porque bien lo sabemos, que será jaque mate para el campo, enfermedad para las mesas y contaminación en el aire– hombres y mujeres, visionarias y valientes, campesinas y labradoras, se alcen con los mismos lemas y con los mismos estímulos: que otro mundo está por hacer y otro mundo es posible.

Gustavo Duch, en La Fertilidad de la Tierra.

Palabre-ando

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Deutsche Bank: la caída de un megabanco

Lun, 09/01/2017 - 07:00

Juan Hernández Vigueras – Consejo Científico de ATTAC España

Todo lo dicho sobre los banksters podría ser una descripción del caso del Deutsche Bank, según el informe de la ONG SOMO de Ámsterdam. Las multas, los acuerdos de compromiso y las compensaciones obligatorias que el Banco ha tenido que pagar desde 2009 ascienden a casi 20.000 millones de euros. Entre los delitos cometidos encontramos la manipulación del líbor y el euríbor (junto con la mayoría de los grandes bancos europeos y estadounidenses), el lavado de dinero sucio, el fraude fiscal, la manipulación de swaps de tipos de interés, los CDS y otros derivados, adquisiciones fraudulentas mediante falsos pretensiones de garantías públicas y las prácticas ilegales con hipotecas. El banco es también uno de los culpables de los fraudes fiscales revelados por los Offshore Leaks de 2013 y los Luxemburg Leaks. Sin embargo, el caso más espectacular todavía está por cerrarse. El 16 de septiembre de 2016, el Departamento de Justicia de los EEUU presentó una reclamación de más de 14.000 millones de dólares por los métodos ilegales utilizados en el negocio hipotecario estadounidense del Banco antes de la crisis. Aunque el Banco ya se ha dotado de unas provisiones de 5.000 millones de euros para afrontar futuros juicios, el pago de la cuantía total demandada por los EEUU podría llevarle a su colapso. Aunque al  final de las negociaciones a puerta cerrada, se puede esperar una reducción de la multa. A esta amenaza jurídica se une la crisis económica del Deutsche Bank que muestran todos los indicadores. Entre el 1 de enero de 2006 y el 29 de septiembre de 2016, su valor en el DAX (índice de la Bolsa alemana) ha caído de 45.300 millones a 14.500 millones de euros; una disminución del 67,9%; una bajada solo superada por el Royal Bank of Scotland con un descenso del 70%.

Fundado en 1870, el Deutsche Bank (DB) ha sido el orgullo de la industria financiera alemana durante muchos años. Ya antes de la Primera Guerra Mundial, el banco era un actor global con importantes filiales desde Buenos Aires hasta Hong Kong, Singapur y Calcuta. Muchos comentarios en Alemania que lamentan la crisis actual de este banco apuntan a esa tradición de 150 años. Tras sus años de vergonzante colaboración con el régimen nazi, después de la Segunda Guerra Mundial el gobierno militar de Estados Unidos consideró dividir el Banco; pero el comienzo de la Guerra Fría, paralizó estos planes. En las décadas siguientes, el DB se convirtió en el núcleo de lo que se llamaba Alemania Inc. Alemania S.A., una simbiosis con los grandes actores de la industria alemana, como Mercedes, BASF, Siemens, etc. En ese período el DB tenía un asiento en el consejo de 35 de las 100 mayores corporaciones alemanas; y era uno de los principales financiadores de la reconstrucción de postguerra. Sin embargo, a partir de los años noventa, el DB comenzó a integrarse en el nuevo tipo de capitalismo financiero globalizado abierto a la supresión de los controles sobre el movimiento de capitales y a la liberalización vía acuerdos comerciales, así como al estímulo del supervisor alemán. E DB se convirtió en un megabanco sistemáticamente importante a nivel internacional y el mayor banco de la zona euro.

La división de inversiones del Banco, cuya base principal era la sucursal de Londres, se convirtió en el centro de gravitación para el nuevo modelo de negocio; y  también el centro de beneficios hasta 2008. En una conferencia del SPD, el partido socialdemócrata alemán, Ackermann consejero delegado del DB, declaró que después de las crisis asiáticas de 1998, “los mercados financieros se han vuelto mucho más estables“. Las razones de esta estabilidad eran las “sabias políticas” junto con “el uso de instrumentos financieros innovadores y la aparición de nuevos actores que permiten una mejor distribución de los riesgos. Estamos hablando de instrumentos como los derivados y la titulización“. Aunque sucedió todo lo contrario, Ackermann permaneció en el cargo hasta 2012 como personaje arrogante e influyente, sobre todo como presidente del Instituto Internacional de Finanzas, una agencia del lobby bancario global. Sólo después de que los rumores sobre las prácticas delictivas del DB se fueron confirmando, se desvaneció este ejemplo de colusión entre el capital financiero y la política.

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La Europa Opaca de las Finanzas

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El Ártico como nuevo escenario de la Guerra Fría EE.UU.-Rusia

Dom, 08/01/2017 - 09:00

Germán Gorraiz López – ATTAC Navarra-Nafarroa

Según un análisis del columnista del portal Odnako, Alexánder Gorbenko.“ la ruta marítima del norte (que une el Atlántico y el Pacífico a lo largo de las costas de Rusia), está considerada una alternativa al canal de Suez y al de Panamá, lo que podría convertirla en un futuro próximo en uno de los corredores comerciales más importantes del mundo”: La Ruta Marítima del Norte y el Paso del Noroeste son las rutas marítimas a lo largo de los bordes del océano Ártico (más exactamente a lo largo de las costas del norte de Canadá y Rusia) y aúnan la capacidad de proporcionar un medio para el transporte de los recursos naturales (petróleo y gas) extraídos en el Ártico amén de una reducción notable de la duración del trayecto de los envíos de mercancías desde el Pacífico hasta las costas atlánticas de Europa y América del Norte ( con esta nueva ruta se ahorrarían 7.400 millas náuticas de las 11.500 que actualmente hay que emplear para unir Hamburgo y Yokohama).

Según buricapress (BPP), durante la primera década del siglo XXI el interés hacia el transporte marítimo entre Europa y Asia a través del Océano Ártico se habría incrementado, debido a los masivos deshielos que han abierto la ruta del “Oceáno de Hielo”. Así, en el verano de 2009, dos buques alemanes de transporte usaron la Ruta del Mar del Norte sin la ayuda de barcos rompe-hielos. Por parte rusa, el 14 de agosto de 2010, el primer tanquero de alto tonelaje partió de puertos rusos tomando la Ruta del Mar del Norte hacia Asia y alcanzando Pevek en la Península de Chukotka e igualmente, en el otoño de 2010 el primer embarque de hierro fue enviado desde Kirkenes, Noruega hacia China a través de la Ruta del Mar del Norte y China envió por primera vez un buque mercante a Europa a través del Paso del Noreste y se habría asegurado el acceso al Ártico tras la firma con Islandia de un TLC mientras que Canadá también se prepara para un incremento significativo de la utilización de la ruta noroeste del Ártico.

El presidente de la Academia de Problemas Geopolíticos Leoníd Ivashov en declaraciones a KM.RU. “La Ruta marítima del Norte se libera de hielo, haciéndose más navegable y reduciendo en miles de kilómetros el tránsito de la carga en el hemisferio oriental, lo que convierte al Ártico en una región geopolítica importante”. EEUU y Rusia habrían ya escenificado el comienzo de la carrera por el control del tráfico marítimo y las vastos recursos del Ártico, pues según la Fundación Vida Sostenible, las reservas energéticas del Ártico, condicionadas por encontrarse hasta ahora bajo un mar helado, albergarían aproximadamente el 25 por ciento de las reservas de gas y petróleo a nivel mundial y según varias fuentes, en los mares del océano Ártico se habrían encontrado más de 62 billones de metros cúbicos de gas y más de 9.000 millones de toneladas de petróleo y en la orilla unos 3.500 millones de toneladas de petróleo.
Según vidasostenible.org, aunque en teoría la soberanía nacional se detiene a las 200 millas acuáticas de las propias costas, la Convención de Derecho marítimo de la ONU otorga derechos en la plataforma continental ártica a quien pueda demostrar su propiedad (rememorando la anarquía inicial del lejano Far West de EEUU), por lo que en el 2013 se celebró el I Foro Internacional sobre Ártico en la ciudad siberiana de Salejard, bajo el rimbombante epígrafe de “El Ártico – Territorio de diálogo”.

Dicha cumbre ártica tenía como objetivo sentar las bases de una cooperación constructiva entre los países con acceso directo al Ártico pero tan sólo sirvió para escenificar la falta de consenso entre dichos países englobados en dos bloques antagónicos: de una parte, EEUU y sus aliados occidentales Canadá, Noruega y Dinamarca y de otra, Rusia, liderando una coalición internacional que englobaría a Islandia como portaaviones de China, la India y posiblemente Alemania. Por su parte, Rusia plantó su bandera nacional en el lecho del océano Ártico bajo la capa de hielo ártica argumentando que su plataforma continental se extiende hasta allí e igualmente Dinamarca reclama la soberanía de Groenlandia al argüir que ambas regiones estarían unidas geológicamente a través de una cordillera submarina. Por su parte, Estados Unidos reivindica sus derechos de explotación de las región árticas próximas a Alaska que ascienden a 30.000 millones de barriles de crudo mientras Canadá y Noruega reivindican su soberanía sobre parte de la región argumentando su necesaria protección ecológica, quedando Islandia como portaaviones boreal de China tras la firma de un TLC que permitirá al gigante asiático el acceso al Ártico.

Desde el punto de vista económico, la región ártica cobra una especial relevancia ya que debido al progresivo deshielo, se recupera una antigua ruta navegable que abre la posibilidad de atravesar todo el año el Paso del Noroeste. Además, ofrece a las empresas navieras una reducción considerable de los tiempos de navegación que tendrá como efectos colaterales la progresiva disminución del tráfico marítimo por las rutas tradicionales marítimas del siglo XX, devenidas en una complicada carrera de obstáculos debido a la saturación de tráfico y a la inestabilidad política de los países circundantes y que tendrían como hitos principales el canal de Suéz, el Golfo de Adén , el Estrecho de Ormuz, el estrecho de Malaca y el Canal de Panamá,

¿Hacia la militarización del Ártico?

“El hecho de que el Ártico albergue más del 25% de las reservas mundiales de gas y petróleo podría reavivar la militarización de la región”, según Michel Chossudovsky, director del Centro de Investigación sobre la Globalización de Canadá en declaraciones a RT. Según Chossudovsky, “la raíz del problema está en que geográficamente Estados Unidos no tiene realmente territorios limítrofes (o, más bien, sus territorios fronterizos con el océano Ártico son muy limitados), por lo que Washington solamente puede conseguir su trozo de pastel a través de la militarización de la región por medio de sus aliados Canadá, Noruega y Dinamarca, siguiendo la doctrina Rumsfeld quien en el 2002 reclamó toda la región bajo el paraguas militar del Comando Norte de EEUU (USNORTHCOM)”. En consecuencia, E.UU. estaría ampliando y modernizando sus bases militares del Ártico y habría creado el Grupo de Investigación de la Región del Ártico (que opera en la Escuela Militar Naval de Newport), con la misión de ayudar a la Armada estadounidense en la preparación de acciones operativas y estratégicas en la zona. Por su parte, Putin, en una conferencia de prensa del Ministerio de Defensa, anunció la reapertura de la base militar situada en Novosibirskie Ostrová,( archipiélago del océano Glacial Ártico), aduciendo razones de seguridad estratégica, ya que “el norte de Rusia está escasamente protegido de posibles ataques tanto por aire como por mar “, pero tras este razonamiento subyace el interés de Rusia por controlar militarmente una ruta que le permitirá explotar la plataforma continental y los depósitos minerales del Ártico , tareas que actualmente chocan con las complejidades técnicas para la exploración y extracción y la dificultad de transportar los recursos naturales extraídos. Así, sólo hasta 2030, el gigante energético ruso Gazprom quiere extraer de la región ártica 200.000 millones de metros cúbicos de gas, (seis veces la cantidad que compra anualmente Alemania), siendo previsible la militarización del Ártico que será tan solo un episodio más en el retorno al endemismo recurrente de la Guerra Fría EEUU-Rusia.

Analista internacional

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Compartir la luz de la solidaridad con los refugiados

Dom, 08/01/2017 - 07:00

Cive Pérez – ATTAC Madrid

Compartiendo la luz de la solidaridad con los refugiados de Palestina, con los millones de refugiados que huyen de las guerras del mundo, dándoles apoyo en las noches más oscuras. Pidiendo a los Gobiernos que los acojan y a la ciudadanía de los países a los que llegan pidiendo asilo que desplieguen el humanitario calor de la solidaridad.

Nadie es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un pedazo de continente, una parte de la tierra.; si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad; por consiguiente, nunca preguntes por quién doblan las campanas: doblan por ti.

John Donne: “Meditación XVII” de Devotions Upon Emergent Occasions (1624)

carnetdeparo

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La renta básica o el reparto del tiempo de trabajo

Sáb, 07/01/2017 - 09:00

Juan Francisco Martín Seco - Consejo Científico de ATTAC España

Por primera vez en un país, Finlandia, se va a implantar la renta básica incondicional. Bien es verdad que se realiza a título de prueba durante dos años, afectando exclusivamente a 2.000 ciudadanos escogidos aleatoriamente entre los parados y en una nación, de las más ricas de Europa y con una población relativamente reducida. Sus promotores fundamentan la propuesta en los cambios tecnológicos que van a afectar a la producción, robotizando muchas de las actividades en las que la mano de obra no va a ser necesaria. Las maquinas sustituirán a los trabajadores, con lo que las cifras de desempleo serán insostenibles, y el Estado no tendrá más remedio que adoptar medidas para reducir los niveles de pobreza.

La mecanización progresiva de la actividad económica presenta dos fachadas, la eliminación de puestos de trabajo y el incremento de la productividad. Son cara y cruz de la misma moneda. Es decir, que aun cuando el número de asalariados sea menor la producción se incrementará, y la renta per cápita también. (Ver mi artículo del pasado 8 de diciembre en este mismo medio). El desempleo no es la consecuencia de una menor actividad o de una disminución de recursos. Si hay algún problema, no es de producción sino de distribución. Parece lógico por tanto que se quieran evitar las consecuencias negativas de los adelantos tecnológicos mediante una política redistributiva, de forma que lejos de haber ciudadanos perjudicados todos sean beneficiados por el incremento de productividad y el aumento de la riqueza.

Las razones, sí, son de justicia y de equidad, pero también de estabilidad política. No se puede condenar a una porción importante (y además creciente) de la población a la pobreza. Incluso hay una razón más y esta de orden económico: si la renta se concentra en pocas manos, se dañarán gravemente el consumo y la demanda, con lo que a medio plazo serán la producción y la propia renta las que sufran, produciéndose un colapso de la actividad económica. En este sentido resultan consecuentes los argumentos con los que se quiere defender la renta básica universal.

Otra cuestión es si esta medida es la más idónea para conseguir el objetivo perseguido o si, por el contrario, el camino mejor para compensar la reducción de empleos que puede derivarse de la robotización no es en primera instancia el reparto del trabajo existente, bien reduciendo la jornada laboral bien la vida activa. El problema desde luego no es nuevo. Desde la Revolución Industrial hasta los años ochenta del pasado siglo el incremento de la productividad ha permitido la disminución del tiempo de trabajo, compensando así, al menos en parte, la destrucción de puestos de trabajo que la mecanización de la actividad productiva origina. Es a partir de esta segunda fecha cuando el tiempo dedicado al trabajo no solo no se ha reducido, sino que para una buena parte de la población se ha incrementado. Incluso el único país que se había atrevido a adentrarse por este camino, Francia, con la semana de 35 horas, está a punto de dar marcha atrás en el proceso iniciado. Pero la excepcionalidad de los últimos treinta años no se encuentra en la falta de eficacia de esta medida en sí misma para evitar el desempleo, sino que encuentra su explicación en la globalización y en la Unión Europea, que estarán presentes y obstaculizarán con igual o más fuerza cualquier otra fórmula (incluyendo la renta básica) encaminada a disminuir la desigualdad.

Los apologetas de la renta básica, con una nomenclatura un tanto confusa acerca del republicanismo y conceptos parecidos, recurren a una realidad conocida desde hace bastante tiempo y sobre la que autores como Fichte, Herman Heller o Karl Popper habían insistido ya. Que la propiedad y la riqueza influyen sobre la libertad y la democracia, y que para que estas subsistan se precisa de cierto grado de igualdad. Sin Estado social, el Estado de derecho y democrático devienen conceptos vacíos y una farsa. Pero ello no quiere decir que haya que asumir la renta básica, y mucho menos de índole incondicional y sustituta de todos los otros mecanismos de solidaridad e igualdad.

El desarrollo doctrinal acerca del Estado social se ha perfeccionado lo suficiente como para presentar un conjunto de elementos coherentes que se complementan y forman un mapa completo de ayudas sociales (entre las cuales la renta básica incondicional es un concepto ajeno): el derecho al trabajo, que lleva implícito practicar una política de pleno empleo; derecho a una vivienda digna; sanidad y educación pública; y el derecho a recibir prestaciones económicas en todo tipo de contingencias (seguro de desempleo, ilimitado en el tiempo, seguro de enfermedad, de incapacidad laboral, en la vejez, ayuda familiar, etc.).

El objetivo principal es que todos los ciudadanos que lo deseen cuenten con un puesto de trabajo digno y adecuadamente remunerado, y solo cuando de forma excepcional la sociedad no pueda garantizar a un ciudadano un empleo o cuando alguna contingencia (enfermedad, accidente laboral, vejez) le impidan desarrollarlo, el Estado deberá dotarle de una prestación económica que le permita mantenerse durante el tiempo que dure la situación excepcional y le impida caer en la indigencia y en la exclusión social. Toda ayuda debe ser condicionada y obedecer a un motivo concreto; de lo contrario, no se sabrá si los recursos se gastan adecuadamente.

Lo que resulta difícil de entender es que el Estado tenga que asegurar una renta de forma indiscriminada, y mucho menos si tal prestación se hace compatible con un salario. En este último caso nos estaríamos acercando al complemento salarial propuesto por Ciudadanos y que en realidad constituye una ayuda no a los trabajadores sino a los empresarios. Lo lógico es que el Estado reconozca la prestación solo cuando la sociedad no puede facilitar un empleo, y solo durante el tiempo -pero todo el tiempo- que esta situación permanezca. Por otra parte, la consecución de la idoneidad de los salarios debe fundamentarse en una legislación laboral tuitiva y justa que, entre otras cosas, otorgue a los sindicatos un papel significativo en la negociación colectiva.

Se podrá objetar -y de hecho así lo hacen los defensores de la renta básica- que la teoría del Estado social nunca se ha practicado totalmente y de forma fiel en la práctica. Lo cual es cierto y mucho más desde que el neoliberalismo se ha hecho hegemónico y ha impuesto la globalización y los patrones de comportamiento económico que rigen en la Unión Europea. Pero estos mismos condicionantes e impedimentos juegan para cualquier fórmula de protección social que se quiera implementar. Desde luego, las dificultades y los obstáculos existirán en mayor medida para el establecimiento de la renta básica, a no ser que se trate de países de las características de Finlandia y siempre que sustituya a otra serie de prestaciones, de manera que no es fácil saber si se trata de un avance social o, por el contrario, de un retroceso. Es significativo que sea un gobierno de derechas el que haya decidido poner a prueba en Finlandia la renta básica y, por lo que hasta ahora se conoce, con características que presentan muchas dudas sobre la progresividad de la medida.

El Gobierno finlandés, y en realidad todos los partidarios de la renta básica incondicional, insisten en el ahorro de gastos burocráticos que representaría. Subyace en estos planteamientos una cierta desconfianza hacia el Estado y la ambición de establecer en la protección social un cierto automatismo, similar al que ha aplicado el neoliberalismo a la política monetaria. Prescindir de la vigilancia y supervisión del Estado es perder el control de la adecuación y justicia de las prestaciones y dejar el campo libre a la casualidad o, lo que es peor a la arbitrariedad, y a los buscadores de rentas fáciles.

Los apologistas de la renta básica han insistido en el hecho de que su implantación es viable económicamente. Estoy de acuerdo. Otra cosa es que lo sea social y políticamente. Es viable económicamente siempre que se obtengan nuevos recursos a través de una reforma fiscal, especialmente en el impuesto sobre la renta, y siempre también que sustituya a otras prestaciones sociales. Surgen entonces una pregunta: ¿Cuál es el coste de oportunidad? ¿Si realmente contásemos con todos esos recursos no sería posible establecer una red de asistencia social más eficaz y justa que la renta básica?

La respuesta a la robotización de la actividad productiva no puede ser la de un mundo en el que unos pocos trabajen y el resto de la población se encuentre subsidiada por el Estado. No sería ni justo ni posible. Tendría que ser la de un mundo en el que mediante la reducción generalizada del tiempo de trabajo, derivada del incremento de la productividad, se consiguiese el pleno empleo, al que de ningún modo se debería renunciar.

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