ATTAC España

Antonio Aramayona – ATTAC CHEG Aragón

He pasado por muchos hospitales, muchos quirófanos, muchas UVI, muchas camas. Me han tratado, operado y cuidado muchas personas del servicio sanitario. Y cada día de esos días, y a veces varias veces de cada día de esos días, siempre había unas personas que simplemente se daban por supuesto: el personal de limpieza del hospital y de sus distintos recintos. Les dábamos por supuesto, pero ellas y ellos estaban ahí, siempre, velando por la asepsia hospitalaria, por nuestra salud y nuestra seguridad. A veces me contaban un poco por encima su vida, otras veces preguntaban qué me pasaba e intentaban animarme. A menudo les damos por supuesto, pero hoy están en un lugar principal de mi mente y mi corazón.

Hay 1.500 trabajadores y trabajadoras encargados de la limpieza de los centros públicos de Sanidad en Aragón que están en huelga. Hasta ahora su convenio colectivo los equiparaba en salario y jornada laboral a los trabajadores de la categoría E del SALUD, si bien ni siquiera cuentan con algunas ventajas (permisos, etc.) correspondientes a esa categoría. Pero el 7 de julio expira su convenio y si no llegan a un acuerdo con la patronal caerán al pozo del estatuto de los trabajadores, regido por la Ley de la Reforma Laboral del PP, con la consiguiente merma de plantillas y de derechos conseguidos a base de lucha y sacrificio. Me niego con rabia e indignación a que una sola de esas personas pierda su puesto de trabajo o uno solo de sus derechos. Son mis compañeros. Son mis camaradas. Son mis hermanos.

El Servicio Aragonés de Salud (SALUD) no tiene interés alguno en mantener un vínculo directo laboral con los trabajadores y trabajadoras de la limpieza de sus centros públicos de salud. Al contrario, es el propio SALUD el que parece empujar a las empresas subcontratadas a reventar el convenio y dejar a su personal de limpieza a merced de la Ley de Reforma Laboral. Por su parte, en el río revuelto e inconsistente de la nula convicción hacia lo público por parte de los organismos gubernamentales, las empresas de limpieza concursan con presupuestos entre temerarios e irrisorios a fin de hacerse con la concesión. La Administración autonómica sanitaria, ahora en manos del PP-PAR, mira hacia otro lado y se lava irresponsablemente las manos, aun a sabiendas de que las empresas no pueden hacerse cargo de todos los servicios con tan exiguos presupuestos. Y el resultado está cantado: para sacar un generoso margen de beneficio, esas empresas sistemáticamente incumplen el convenio y escatiman en personal y materiales.

Ciertamente, entre las cláusulas del contrato entre empresa y Administración, hay una cláusula (rescisión de contrato) que especifica que el SALUD se reserva el derecho de suspender la concesión a la empresa que incumpla el convenio. De hecho, los sindicatos han denunciado más de una vez ante los responsables del SALUD los reiterados incumplimientos y las mermas de personal (y por tanto de calidad del servicio) que se están dando por parte de las empresas. Sin embargo, hasta ahora su respuesta ha sido y sigue siendo que el personal de limpieza del SALUD no es su problema porque pertenece a la empresa privada. Omiten hipócritamente que ese personal de limpieza de los centros públicos del SALUD es pagado con dinero público, desentendiéndose de paso de sus obligaciones, entre ellas velar por la buena gestión de un servicio sanitario que afecta directamente a la salud del pueblo aragonés.

Hay además contradicciones flagrantes y preguntas punzantes que el SALUD omite irresponsablemente. Si al beneficio empresarial se añade el 21% de IVA, el servicio de limpieza de los centros públicos sanitarios le sale mucho más caro al SALUD que si lo gestionase directamente. En otras palabras, el SALUD podría reducir costes eliminando las empresas y gestionando directamente el servicio. A este ahorro (en estos tiempos en que tanto parece preocupar a los gobernantes el “ahorro”, aunque solo en el ámbito de lo público) se podría añadir el de centralizar y comprar racional y masivamente los materiales de limpieza desde el propio SALUD, sin dar lugar a trapicheos mil en la compraventa de dicho material. Sin embargo, el SALUD prefiere, de hecho, optar por cargarse el convenio, y de paso dejar el sueldo del personal de limpieza de sus centros de salud a la mitad y reducir personal, en lugar de pensar en el interés general y en la salud de la ciudadanía aragonesa.

El trabajo del personal de limpieza de nuestros centros de salud es imprescindible para la asepsia hospitalaria y la seguridad de los pacientes. Ese personal que damos por supuesto lucha estos días por una vida digna y un trabajo digno. Se ha puesto en huelga indefinida, avalada por los cinco sindicatos del sector (CCOO, CSIF, OSTA, UGT y CGT) y refrendada asambleariamente en todo Aragón.

Son 1500 trabajadoras y trabajadores de Aragón que han tomado libre y responsablemente la decisión de defender a ultranza su convenio a pesar de las presiones y amenazas que ya sufren algunos de ellos en sus respectivos centros. Conozco a algunos de ellos, particularmente a Ana Cuevas, mujer excelente y trabajadora infatigable por una sociedad libre y justa. Por eso tengo la certeza de que no van a reblar.

Son 1.500, pero son también muchos más, que apoyamos su lucha y queremos estar con ellas y ellos incondicionalmente y hasta que se haga justicia.

La Utopia es posible

Juan Luis Sánchez - www.eldiario.es

Flujo de interacciones en redes sociales en 2011 (Fuente: ONTSI)

Una tarde de invierno sin frío. Sábado. La convocatoria no coincide con ningún partido de fútbol importante. Las redes sociales llevan 12 días en tensión, 12 días cuajando un caldo de cultivo a punto de romper a hervir. La hora fijada, perfecta: seis de la tarde. El aviso es desordenado, amateur y con solo 34 horas de antelación, pero ya están al tanto en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza… También hay concentración en otros países. Twitter, mientras, revienta por el escándalo político. Los medios de comunicación, preparados para la prueba del algodón. Va a pasar, parece que va a pasar: se van a llenar las calles.

No pasó.

Ese día fue el 11 de diciembre de 2010 y Wikileaks llevaba dos semanas publicando entre fanfarrias escándalos extraídos de cables diplomáticos. La plataforma sufría el acoso mediático y era boicoteada por Visa, MasterCard y PayPal. Y con todo, tras 12 días de portadas digitales, manos en la cabeza y trending topics, en la manifestación de Madrid no había más de 300 personas. Sumando todos los asistentes en las diferentes convocatorias españolas, no había más de 1.000.

Ah, claro, es que “el mundo virtual es una cosa, pero el mundo real es otra”, se escribió. Ah, claro, es que “qué fácil es hacer click, darle a me gusta”, pero luego “hay que estar en la calle para cambiar las cosas”.

Lo mismo ocurrió con la oposición a la ley Sinde. El 16 de enero de 2011 se convocaba una manifestación en Madrid contra la aprobación del texto; fueron 40 personas. El 4 de marzo, otra; fueron 200.

Sin embargo, el análisis de los datos publicado en varios estudios académicos señala que sin el músculo digital acumulado durante aquellos meses contra Sinde y con Assange no se entiende la eclosión social en 2011, no se explica la manera en que se ha expresado la desesperación, no se acaban de identificar los nodos de influencia que potenciaron la protesta.

La red como músculo político, la calle como fetiche mediático. En otras palabras: fracaso tras fracaso en la calle, el éxito se abría paso en red. Invisible a la miopía mediática, una malla cultural y social se tejía en la periferia y comenzaba a repolitizarse. Gente que huyendo de la política acabó encontrándose con la política.

Pancarta, manifestante y móvil (Juan Luis Sánchez)

El proceso había comenzado mucho antes. Con el Nunca Máis, luego con el No a la guerra, con el “queremos votar sabiendo la verdad” del 13M de 2004, luego con el movimiento V de Vivienda o de cultura libre… Una corriente generacional ajena a las estructuras políticas clásicas fue madurando usando la tecnología y sus códigos. El arroyo subterráneo crece hasta desbordarse en superficie entre el 15 y el 22 de mayo de 2011.

Ese nuevo músculo digital pertenece fundamentalmente a “gente de entre 20 y 30 años que no había tenido experiencias de politización más allá del desencanto de sus padres o de sus hermanos mayores en los años 90”, explica Víctor Sampedro, catedrático de Opinión Pública que dirige el máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales de la Universidad Rey Juan Carlos. Como no encuentran espacios políticos propios, esos jóvenes durante años “se refugian en la red, donde socializan sus ideas sin prejuicios o militancias concretas”. Por eso, la ley Sinde tiene tanto que ver con todo lo que ha pasado. “La gente se quejaba: vaya con estos jóvenes, son capaces de movilizarse por Internet y no por otras cosas”, recuerda Sampedro. No entendían que se estaba tocando el espacio político de la “ciudadanía digital”, que en ese momento empieza a salir del refugio, espoleada. “La marea por los derechos digitales se convierte en una marea por los derechos sociales”.

La política tradicional no supo preverlo, verlo ni entenderlo porque miraba al sitio equivocado. En el esquema que ahora se desmorona, tanto para la derecha como sobre todo para la izquierda, el único espacio no institucional donde se puede expresar la reivindicación social es la manifestación convocada. En un país donde aún la inmensa mayoría de los lobbies son solo empresariales, se mantiene el fetiche de “la calle” como único espacio homologado de presión social. Lo ha dicho hace poco hasta la activista y economista Susan George: “La revolución no está en la web, está en la calle”. Si “la lucha” no es “en la calle” entonces “no es real”, se suele afirmar. Internet se concibe como un espacio previo a la realidad, como una fase por la que pasar para después ir a lo serio.

“Internet es un nuevo escenario, es un nuevo país, es una nueva realidad social”, dice sin embargo Joan Subirats, director del Instituto Universitario de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. “Lo primero es evitar pensar en Internet como si fuera una herramienta, como un martillo. No; es mucho más”, explica. “Su uso no solo nos permite hacer cosas sino que su uso nos cambia, nos transforma” también en la parte más analógica de la vida.

La izquierda tradicional tardó mucho en preguntarse en serio por qué razón lógica una manifestación de 300 personas en Madrid es más representativa de la opinión pública española que un debate en Twitter en el que participan 30.000 o 300.000 personas con voz propia. O cómo una concentración en Barcelona donde acudan 5.000 personas durante una hora va a tener más impacto y capacidad de cambio que una campaña online que nace en un wiki y deriva en vídeos, posts y cientos de miles de páginas vistas.

La manifestación tiene un poder simbólico que aún se conserva excepcionalmente, y consigue su efecto, pero la mayoría de las ocasiones simplemente satisface una necesidad mediática ritual: los periódicos quieren una foto de una mancha anónima de cabezas juntas para darle espacio y valor a una acción social. Cuando uno va a una concentración, muchas veces es un bulto, una cabeza para ser contada a ojo, para ser fotografiada con otras desde lejos, detrás de una pancarta que no se ha debatido. Alguien hace el discurso y tú pones el cuerpo.

Ya no vale solo con eso. Esa ciudadanía en red no regula su tono social a través de manifestaciones recurrentes, aunque puedan tirar de ellas alguna vez. Sus síntomas de fractura social no podrán medirse solo en función de si la gente se concentra, acampa o se siente apelado por una asamblea.

Pancarta anonymous en código binario (Juan Luis Sánchez)

Se habla mucho de la brecha digital, la que separa a los conectados a Internet de los que no lo están, la que deja fuera de la vida política online a todo el que no tenga capacidades o medios de acceso. Pero no se habla lo suficiente de la brecha analógica: la que deja sin participar a todo el que no viva en un determinado sitio o que no pueda acudir a la convocatoria a una determinada hora; al que necesita conciliar o tiene una expresión oral tímida. Si un grupo de personas queda cada martes a las 19.30 en Madrid, todo el que no viva en Madrid o no pueda desatender otras obligaciones a esa hora y ese día queda fuera de la corriente política que pueda nacer de ese grupo. Utilizando herramientas en red, esa barrera física desaparecería. La brecha analógica ha fomentado una política centralizada, masculinizada y profesionalizada.

El voto como consecuencia, no como causa. Las reglas políticas que se están generando con el uso masivo de Internet son diferentes a las tradicionales. La clave de todo el cambio está en que “pierden peso las intermediaciones”, explica Subirats. Es decir, la gente puede ya hacer muchas cosas por su cuenta sin depender de partidos, sindicatos o medios de comunicación. “Los intermediarios antes eran imprescindibles porque eran los únicos capaces de manejar los mecanismos de acción colectiva”. “Antes”, dice el catedrático, “cuando la gente tenía un problema, acudía a ellos”. La crisis institucional está acelerando el desgaste de ese modelo: “Ahora sucede que, tal y como existen esos intermediarios, se han convertido en parte del problema y no son capaces de aportar valor”.

Los partidos se quedan cortos y la gente hace política sin ellos. En un esquema infinito de iniciativas cruzadas, lobbies ciudadanos y colectivos efímeros, las estructuras van siempre demasiado tarde. Ni siquiera las menos comprometidas por el poder o las más nuevas son capaces de seguir el ritmo de una ciudadanía que ahora participa políticamente cada día, no cada cuatro años. Que debate en público, ante cientos o miles de personas, en su cuenta de Facebook o Twitter, sobre temas sociales, laborales, económicos, culturales. Que genera pequeñas comunidades de intereses. Que comparte conocimiento con millones de personas sin tener que desplazarse o vivir en una ciudad especialmente activa políticamente.

Ahora que día a día el individuo conectado puede hacer política sin intermediarios, su posicionamiento ideológico no viene derivado del voto, sino al revés. Uno ya no defiende determinadas cosas porque es lo que defiende el partido al que vota, sino que tras cuatro años de participación personal, toca mirarse al espejo y pensar qué opción es más coherente. El voto es una consecuencia y no una causa de la identidad ideológica de las personas. La lealtad y la militancia a una organización ya no son valores políticos supremos sino la capacidad personal de aportar a diferentes espacios comunes.

El mensaje no es que los partidos ya no sirvan de nada. “Los partidos van a seguir siendo importantes, pero cumplirán otro papel”, dice Subirats. “El futuro de los partidos está en saber agregar y articular todos esos intereses”, aunque tendrán mucho menos poder que ahora “para gestionar la selección de élites y la ocupación de espacios institucionales”, dice Subirats. Una estructura pequeña, ágil y porosa atravesada por el debate público.

¿Y los partidos grandes? ¿Están preparados para este cambio? Le preguntamos a alguien que los ha asesorado. “Los partidos políticos en España no han avanzado lo más mínimo, siguen organizados de la misma manera que hace treinta años”, se lamenta César Calderón, consultor político, militante del PSOE muy activo en redes y autor del libro Open Government–Gobierno Abierto (2010). “Las soluciones pasan por cambios orgánicos y de valores tremendamente radicales”.

“Algo no encaja” (Juan Luis Sánchez)

Ahora que el monopolio de la palabra no lo tienen los periodistas o los políticos, ahora que la generación de ideas sucede en la red y, mucho después, cala en las organizaciones, cobra mucho más valor el acceso a una información rigurosa.

Transparencia y desconfianza. La privatización en Madrid de seis hospitales y 27 centros de salud se ha justificado técnicamente sobre apenas un puñado de datos confusos. La Comunidad dice que, según sus cálculos, los hospitales privatizados son más baratos que los públicos. ¿De dónde sale ese cálculo? No se sabe. Lo único que el Gobierno autonómico ha hecho público son once folios. Once folios como informe de una transformación radical de la atención sanitaria de millones de personas.

“Si el consejero de Sanidad de Madrid tuviera la obligación de hacer públicos los datos, los informes, los cálculos, podríamos entre todos legitimar esa decisión o no”, explica Victoria Anderica, de la Coalición ProAcceso, que une a organizaciones que reclaman un acceso ciudadano a la información de las administraciones. Plantea un “escenario transparente” en el que “la gente es más consciente” de los problemas y más empática con las soluciones, hasta en los casos en que estas sean desagradables.

Internet ha roto las costuras de la vida política. Ahora el mapa es otro y el representado tiene más peso que antes sobre el representante. Es, en realidad, un juego basado en la desconfianza: puedo votarte, pero eso no significa que delegue mi vida política en ti. Ahora hay herramientas para articular la desconfianza, lo que ha de verse “como algo positivo”, explica Joan Subirats. “Hay que desconfiar de la democracia: crear más instrumentos de control desde la sociedad, dar la capacidad a la gente de controlar, evaluar y denunciar la actuación de los poderes”, concluye.

O visto desde otra perspectiva, “los ciudadanos ya no son únicamente fuente de problemas para las instituciones sino que también son productores de soluciones”, dice Subirats. La inteligencia colectiva, a veces amateur, empuja procesos políticos necesarios que serían imposibles dentro de los mecanismos tradicionales.

Esa producción ciudadana tiene un potencial difícil de imaginar: lobbies en red, datos públicos procesados por expertos, participación directa en votaciones oficiales, fiscalización de cuentas al milímetro e información contrastada en común. Esto acaba de empezar.

Y, con todo, esa misma actitud escéptica, desconfiada, hay que aplicarla a la propia teoría de que la tecnología cambiará la política por completo y lo hará para bien. El experto en cultura digital José Luis de Vicente lo explica en sus ideas sobre tecnología: no hay soluciones simples para problemas complejos; la tecnología también produce dinámicas desiguales de poder.

Artículo publicado en el número 1 de la revista Cuadernos, disponible en este enlace: El Fin de la España de la Transición (Cuadernos)

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Nuestro país tuvo una potente banca pública de la que hoy no queda vestigio. Murió tras el tozudo empeño privatizador desarrollado durante los gobiernos socialistas presididos por Felipe González y los posteriores gobiernos del PP.

Ahora se sufren las consecuencias de haber saldado tan alegremente un instrumento cuya utilidad evidencian las tribulaciones del actual Gobierno en sus fallidos intentos de promover el crédito.

La banca pública existía desde antiguo en nuestro país y tenía un peso importante. En la década de los ochenta otorgaba más del 20% de los créditos, mientras que el resto correspondía a la banca privada y a las cajas de ahorros. A principios de los noventa la banca pública concedía todavía el 15% de los créditos cuando el Gobierno del PSOE decidió unificarla en el grupo llamado Argentaria para facilitar su privatización en bloque. Tras la pérdida de las elecciones por el PSOE, este proceso se remató durante el Gobierno del PP con la integración de Argentaria en el grupo privado BBV –dando lugar al actual BBVA–,con lo que el Estado se desprendió finalmente de su participación minoritaria. La estrategia privatizadora alcanzó extremos surrealistas en su afán de liquidar cualquier traza de banca pública, como fue la segregación de las sucursales que tenía la antigua Caja Postal en las estafetas de Correos, para ofrecérselas al Deutsche Bank, cuya presencia aparece hoy insólitamente vinculada a las 2.000 oficinas de Correos que pueblan la geografía nacional.

Los bancos públicos habían surgido para asegurar que los antiguos servicios de crédito del Estado pudieran ejercer directamente sus funciones de intermediación financiera sin depender de las entidades privadas, como sigue ocurriendo en la mayoría de los países. Pero en España, tras haber desmantelado la banca pública, el Estado perdió esas funciones, por lo que el propio Instituto de Crédito Oficial (ICO) tuvo que recurrir a la banca privada para colocar sus préstamos. Resulta penoso observar cómo la banca privada no sólo ha hecho caso omiso de las reiteradas demandas del presidente Rodríguez Zapatero de “arrimar el hombro” en la concesión de créditos, sino que ha exigido al Estado mayores comisiones y garantías para conceder los préstamos del ICO, a la vez que hacía gala de sus millonarios beneficios. Es decir, que la banca privada, además de negarse a modificar los criterios en la concesión de créditos, saca la máxima tajada posible por el mero hecho de tramitar los del ICO, dejando por completo fuera de lugar las ingenuas sugerencias del presidente Zapatero.

El desmantelamiento de la banca pública entra en franca contradicción con las funciones que ahora se plantea el Estado con motivo de la crisis. Tras tanto adelgazar al Estado y engordar los negocios privados, el volumen y los riesgos de estos crecen a un ritmo muy superior al de los recursos públicos. Por ejemplo, si en 1995 el importe de los créditos doblaba al de los ingresos fiscales del Estado, en 2007 lo quintuplica, con lo que son cada vez más limitados los recursos públicos en comparación con los privados. Durante la crisis bancaria vivida entre 1977 y 1985, el saneamiento de las entidades financieras españolas exigió al Estado ayudas billonarias en pesetas y la crisis actual va camino de exigirlas en euros. En este caso, sería razonable aprovechar, al menos, tan enorme esfuerzo para reestablecer la propiedad y el control del Estado en el sistema bancario y paliar así los excesos privatizadores del pasado.

Artículo publicado en Kaos en la Red
Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5949

Alejandro Nadal – Consejo Científico de ATTAC España

Uno de los factores determinantes de la actual crisis es la desigualdad económica que creció en el mundo en las últimas cuatro décadas. El estancamiento en los salarios condujo al endeudamiento insostenible de los hogares para mantener el nivel de consumo. Así y con burbujas especulativas se sostuvo la demanda agregada y el proceso de acumulación de capital. Pero esa modalidad de crecimiento económico se acompañó de una inestabilidad creciente en las principales economías capitalistas.

En vista de lo anterior, una pregunta clave concierne las causas de ese aumento de la desigualdad. En el medio académico convencional se ha pretendido encontrar en el cambio tecnológico la causa de esta desigualdad creciente. Esta explicación dice que las innovaciones introducidas en las últimas décadas reemplazaron el trabajo poco calificado con máquinas. Esto tuvo un doble efecto. Desvalorizó el trabajo poco calificado y redujo las oportunidades de empleo de esos trabajadores en la escala inferior de remuneraciones. Por otra parte, se incrementó la recompensa de aquéllos trabajadores de mayor calificación. Así, como los trabajadores menos calificados no pueden adquirir la capacidad técnica de manera rápida y, además, hay menos oportunidades de empleo en los niveles superiores de la escala, el cambio tecnológico transformó la escala de salarios y promovió la desigualdad en los últimos decenios.

Esta narrativa le sienta bien a la ideología neoliberal. La desigualdad sería un efecto colateral o accidental de las transformaciones en la base productiva de las sociedades. No sería la política económica perversa la que está en el origen del problema, sino un proceso natural de cambio técnico. En otras palabras, estamos frente a una explicación políticamente neutra, muy lejos de temas escabrosos como la ofensiva en contra de los sindicatos que ha dominado la política social y económica desde hace décadas.

Esta explicación sobre los orígenes de la desigualdad se encuentra en muchas investigaciones, tanto del mundo académico, como de organizaciones promotoras del neoliberalismo. Por ejemplo, la OCDE realizó una investigación en la que se concluye que el ‘progreso’ tecnológico trajo mayores recompensas para los trabajadores más calificados que para los menos preparados. Según la OCDE el proceso de innovaciones afectó la estructura de los salarios entre los trabajadores. O para decirlo de otro modo, la principal conclusión de la OCDE es que el cambio técnico afectó la desigualdad entre trabajadores.

El tema de la distribución funcional del ingreso, es decir, entre trabajadores y capitalistas, es tocado sólo tangencialmente en este tipo de estudios. Eso es realmente sorprendente si se considera que la participación de los salarios en el ingreso nacional ha sufrido una reducción significativa en las últimas décadas. Pero ese tema está cargado de implicaciones políticas y para los economistas neoclásicos es mejor dejarlo de lado.

Recurrir a la tecnología para explicar la desigualdad al interior de la clase trabajadora permite eludir el tema del impacto de la política macroeconómica sobre la distribución del ingreso. Así se evita hablar sobre cómo la prioridad de la ‘estabilidad de precios’ (lucha contra la inflación) se ha traducido en una postura de contracción fiscal y estancamiento.

Quizás el elemento de política macroeconómica que más impacto ha tenido sobre la mala distribución del ingreso es el de la política de ingresos. La represión salarial ha sido una pieza clave para contener la demanda agregada y frenar así lo que el capital financiero considera la amenaza de la inflación. Sin embargo, los estudios como el de la OCDE no contienen una discusión seria sobre este tema. No debiera sorprendernos: para la OCDE o el Banco Mundial la política macroeconómica y sus instrumentos no debe estar nunca a debate. Esto permite relegar a un segundo plano el análisis de la distribución del ingreso entre la clase capitalista y los trabajadores.

Los estudios que encuentran en el cambio técnico la principal explicación de la desigualdad adolecen de muchos defectos. En su versión más extrema (como en los trabajos de Daron Acemoglu, se pretende encontrar un proceso de cambio técnico dirigido. Hace décadas fue abandonada la pretensión de explicar el cambio técnico a través de variaciones en los precios relativos por falta de bases teóricas. Hoy vuelve a renacer ese proyecto, olvidando las viejas críticas, para explicar la desigualdad como resultado de un proyecto políticamente neutral.

Si la tecnología está relacionada con la historia de la desigualdad, debemos entonces volver la mirada hacia Marx. El capitalismo está marcado por una tendencia constante a aumentar la productividad. Es el hambre de plusvalía lo que impulsa al capitalismo a estar innovando constantemente. Y eso no sólo tiene un impacto sobre la desigualdad y la distribución funcional del ingreso. También tiene profundas consecuencias macroeconómicas que están en la raíz de la actual crisis global.

Artículo publicado en La Jornada.

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

El contraste entre el comportamiento del Banco Central estadounidense (el Federal Reserve Board, FRB) en EEUU y el Banco Central Europeo (BCE) en la Eurozona es enorme. El Sr. Draghi y el BCE que preside, consideran que la labor más importante a realizar es la de garantizar una baja inflación y lo están consiguiendo. La inflación ha ido bajando y bajando en la Eurozona, alcanzando en el último trimestre el promedio del 1,7%, por debajo incluso de lo permitido en tal comunidad monetaria.

Pero las políticas públicas (tales como la política de recortes de gasto público y las reformas laborales orientadas a facilitar el despido y la reducción de los salarios) que el BCE está activa y agresivamente promoviendo en la Eurozona, con las cuales consigue esta baja inflación, están causando una enorme recesión (la Eurozona está prácticamente en recesión desde 2011) y una tasa de desempleo nunca antes vista desde la II Guerra Mundial (un 12% como promedio). En España esta cifra ha batido un récord. Es, después de Grecia, la tasa de desempleo más elevada. Esta situación está afectando muy negativamente al bienestar y calidad de vida de la población, no solo de la desempleada, sino también de la empleada, pues aumenta la inseguridad y el temor (algunos pueden llamarlo el terror) entre la población. La gran mayoría de la población tiene miedo a perder su puesto de trabajo, habiéndose creado una cultura de inseguridad y falta de protección social.

Las recientes y crecientes manifestaciones populares en contra de estas políticas, así como su clara ineficacia para salir de la crisis, están forzando a que se reconozca cada vez más lo que ahora se llama “la insuficiencia de las políticas de austeridad”. E incluso el Sr. Draghi ha indicado recientemente que es necesario desarrollar “políticas de estímulo económico”, reanimando a la demanda doméstica para que pueda estimular la economía. Que este señor reconozca esta obviedad es semejante a que el Papa reconociera que el uso de preservativos es bueno para prevenir el SIDA (cosa que, por cierto, el Vaticano nunca ha admitido).

Pero no hay lugar para ninguna posibilidad de optimismo, pues lo que el Sr. Draghi define como estímulo es la versión neoliberal de lo que quiere decir estímulo. Para él, el estímulo es, por ejemplo, continuar y profundizar más en la desregulación de los mercados de trabajo que, en lenguaje llano, quiere decir –tal como acentuaba antes- facilitar el despido del trabajador y bajar salarios, con lo cual la demanda (que el Sr. Draghi considera que hay que reavivar) disminuye todavía más.

El BCE no es incompetente

Estas contradicciones e incoherencias pueden dar la impresión de que el BCE y su equipo dirigente son incompetentes. No descarto que haya bastante incompetencia en el BCE y sobre todo en el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuyas predicciones económicas son conocidas por su escasa credibilidad. Pero el mayor problema del BCE no es que sea incompetente.

Tampoco es cierta la evaluación moral que predomina en algunos sectores progresistas que consideran que el BCE “miente”. Esta acusación parece desconocer que como condición para que una persona mienta es necesario que primero conozca la verdad y lo que es más que preocupante es que no conocen la verdad. Mentir es decir algo que se conoce que no es verdadero. Y por mucho que extrañe, el establishment financiero (desde el BCE al Banco de España) se creen lo que dicen y proponen. Su ideología, el neoliberalismo, es como una religión. Se basa en dogmas. Y tanto el BCE como la dirección política del Banco de España (sus gobernadores) se creen que la mejor manera de estimular la economía y crear empleo es facilitando su destrucción, atribuyendo el elevado desempleo a una supuesta dificultad que tiene el mundo empresarial para despedir a los trabajadores, a pesar de que la evidencia científica lo niega y muestra, precisamente, lo contrario.

Esta observación es relevante a raíz del gran debate sobre el comportamiento del BCE, centrándose en la sabiduría (o falta de ella) de las políticas públicas promovidas por dicha institución. En este debate se ignora el contexto político que condiciona y determina sus políticas. Y como he estado diciendo durante muchos años, el BCE no es un Banco Central, sino un lobby de la banca. Y ahí está la explicación. El BCE defiende única y exclusivamente los intereses de la banca, a costa de todos los otros intereses. Y asume que los intereses particulares de la banca son los intereses generales de la población y de la economía. Y lo está haciendo exitosamente. La inflación es del 1,7%, como consecuencia, en parte, de que el desempleo haya alcanzado unos niveles enormemente perjudiciales para la población (y para la economía). De ahí que el BCE no compre deuda pública (y en cambio preste dinero a los bancos privados para que la compren a unos intereses exuberantes), mientas que el FRB lo hace constantemente, siendo los intereses de los bonos públicos federales más bajos que los existentes en la Eurozona (que a su vez se caracterizan por una enorme y abusiva diversidad y desigualdad, que perjudica a los países periféricos a costa de beneficiar a los países centrales, y muy en especial a los bonos públicos de Alemania, centro del capital financiero de la Eurozona. Una variabilidad tan acentuada no existe en EEUU).

El Sr. Draghi –como también el establishment financiero- se cree (a pesar de la enorme evidencia en contra) que sus políticas son las mejores para todos, y no solo para la banca. El gran mérito de una religión, que por definición está basada en dogmas, es que, además de ser impermeable a la evidencia científica, mantiene la fe de sus promotores y garantiza la protección de los intereses económicos y financieros que la apoyan y promueven. España es un ejemplo de ello. Es extraordinario observar lo que está ocurriendo en nuestro país. El establishment financiero, económico, político y mediático no ha variado ni un centímetro de las políticas neoliberales que nos están creando tanto dolor, a pesar de que la evidencia de su insuficiencia es robusta y abrumadora. Este es el impacto de que una doctrina económica se convierta en una religión.

El capital financiero y su desregulación fueron responsables de la enorme crisis financiera, facilitada por el BCE y el Banco de España, que pusieron como objetivo primordial de sus intervenciones defender la viabilidad y sostenibilidad de las instituciones financieras que precisamente habían causado la crisis. El capital financiero alemán, entre otros, alimentó la burbuja inmobiliaria española, la cual, al explotar, creó el enorme incremento del desempleo. Pero el continuo crecimiento del desempleo desde 2007 ya no puede atribuirse a la destrucción del empleo en el sector inmobiliario y al de la construcción (así como otros sectores afines) sino a las medidas apoyadas por el BCE y por el Banco de España, en sus imposiciones de destruir empleo, a través de las reformas laborales y reducción del gasto y empleo público. A la destrucción de empleo, causada por la explotación de la burbuja inmobiliaria (responsabilidad del capital financiero, supuestamente supervisado por el BCE y el Banco de España) ahora se añade la destrucción de empleo, consecuencia de las políticas impuestas por el mismísimo capital financiero (supervisado por los mismos BCE y Banco de España) que están destruyendo empleo. Nunca antes unas instituciones habían hecho tanto daño en tan poco tiempo. Y todo ello permitido por las instituciones políticas llamadas democráticas. No es sorprendente que la credibilidad y legitimidad de estas últimas estén tan cuestionadas. En realidad, nunca antes la mayoría de la población había sentido (en la gran mayoría de países de la Eurozona) tanto desafecto hacia tales instituciones, percibidas como meros instrumentos de aquellas instituciones financieras, supervisadas por el BCE y (en España) por el Banco de España. Así de claro.

Artículo publicado en El Plural.
www.vnavarro.org

Luis Ángel Aguilar – ATTAC Castilla – La Mancha

“Para crear empleo y riqueza hay que reindustrializar España. Al construir industrias se reactiva la construcción ya que se necesita mano de obra para construirlas y luego para mantener la actividad industrial, al crear puestos de trabajo se necesitan servicios, lo cual requieren mano de obra”…

Así empieza un correo que probablemente algunas personas hayáis podido recibir y que pese a su apariencia quasi viral y no ir firmado, me permito compartirlo en este humilde blog, ya que no lo he visto publicado en ningún otro sitio y no son bobadas lo que plantea.

Como industrializar el país

Para la industrialización se necesitan recursos económicos, estos recursos se pueden conseguir a través de un impuesto a las grandes corporaciones que operan en España. Una parte de las ganancias que obtengan pasarían al Estado, estos recursos de las empresas se obtendría de los beneficios que obtengan sin incluir el sueldo de los directivos y el reparto de beneficios a los socios o accionistas para evitar la picaresca.

Los sectores a reindustrializar serían los de transformación de productos y las nuevas tecnologías. Estos sectores son los que crean riqueza y bienestar de futuro a la población siempre que no caigan en manos de los especuladores, por eso es imprescindible que sea el mismo Estado quien lidere la industrialización, empresas privadas también salen beneficiadas ya que crecen a la sombra del imperio industrial del Estado.

Para que no haya especulación y la industria del Estado sea sostenible, cree riqueza y bienestar, el sueldo de los empleados y directivos no debe de ser superior al de los funcionarios públicos de categorías similares.

Otra forma de obtener recursos económicos es que las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS gestionen directamente los servicios ó a través de empresas públicas, con esta medida lo que ahorran en pagar beneficios a intermediarios lo pueden dedicar a la creación de industria propia para crear empleo y bienestar. Con esta medida se evitan también los casos de corrupción por cobro de comisiones indebidas.

Cuanto más combatamos el fraude más recursos económicos podemos dedicar a la reindustrialización y creación de empleo estable.

En España tenemos la ventaja de que no somos un país del tercer mundo, ya que esta vertebrado por infraestructuras, uno de los mejores del mundo en este caso. Esto nos facilita poder también vertebrar este país de industrias adaptadas a cada localidad. Aquí además de tener mano de obra cualificada, tenemos un país que produce prácticamente de todo.

Para salir de la crisis hay que crear empleo, debido a que las grandes corporaciones, no están por esta labor, solamente el Estado es el que tiene poder y conseguir recursos para hacerlo.

Debido a que el neoliberalismo a través de las grandes corporaciones se opone a que los ESTADOS creen riqueza, son las personas con mentalidad de izquierda social las que tienen que liderar estas reformas. La globalización o política neoliberal consiste en expropiar a los Estados de sus propiedades que son de todos los ciudadanos, lo mismo se está haciendo individualmente con la gente común para que así pase a ser toda la riqueza que hay en el mundo solo de unas pocas familias, lo cual para crear bienestar hay que romper esta política demoniaca.

Hay que volver a las raíces del verdadero socialismo, pues la teoría de los fundadores del socialismo es eterna, toda modificación que se haga está contra la voluntad de ellos, y el castigo que tenemos es por salirse de sus mandatos. Lo bueno siempre es moderno, nunca queda desfasado.
Para que no se vuelva especular con lo que es de todos y no volvamos entrar en crisis económica, las propiedades del Estado deben de estar protegidas por la Constitución, y debido a que es de todos los ciudadanos, solamente éstos en mayoría deben de decidir si en algún caso especial conviene privatizar.
Se necesitan íntegros representantes de izquierdas que se enfrenten al poder fáctico y hagan políticas de crecimiento como está sucediendo en Latinoamérica. No se puede permitir que a pesar de haber más tecnología para fabricar con menos coste, haya más pobreza.
Los países del Sur de Europa son los que más sufren la crisis debido a que por causa de la especulación son los que más servicios y propiedades del Estado han privatizado.

Si el Estado es rico y reparte justamente los beneficios en bienestar de todos los ciudadanos, la miseria desaparece automáticamente. LA SALIDA DE LA CRISIS ESTA POR LA IZQUIERDA, no por esa socialdemocracia de arribistas que no son demócratas ni socialistas.

Para saber más:

Pinchar en los siguientes enlaces para ver los VÍDEOS, que si bien no son nuevos, si presentan las técnicas que hay que desarrollar, las cuales son el futuro del bienestar social de la humanidad si no caen en manos de los especuladores como ha pasado con las tecnologías viejas, además éstas son tecnologías limpias. Lo técnico es lo que hay que modernizar y no al revés.

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Artículo publicado en La Terca IUtopía

El Foro Mundial de Educación se suma a la Plataforma Stop Ley Wert y juntos reclaman la retirada definitiva de la LOMCE, la destitución del Ministro Wert y la apertura de un nuevo proceso que pueda desembocar en una ley educativa consensuada con la comunidad educativa, la sociedad civil y las fuerzas políticas.

STOP LEY WERT Comunicado mayo 2013_v05 (2)

Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico de ATTAC España

El cinismo de los organismos europeos parece no tener límites. El comisario de Economía de la Eurozona, Olli Rehn, se ha manifestado sorprendido por las cifras de paro que sufre la sociedad española y ha pedido a nuestro Gobierno que alivie estos insoportables niveles de desempleo, como si la organización a la que pertenece no tuviera nada que ver en esta lacra y como si no hubiera sido precisamente la política impuesta por la Comisión, el BCE y Alemania la responsable en buena medida de que tales cifras se hayan disparado. Resulta que ahora se dan cuenta. El FMI, por su parte, ya se percató con anterioridad asumiendo su equivocación en el cálculo de los multiplicadores y, por lo tanto, en el efecto que las medidas de ajuste iban a tener sobre la actividad económica. El comisario de Economía se asombra ahora, pero, no obstante, tanto el BCE como Alemania y como la misma Comisión continúan en sus trece.

Son muchas las voces que desde Alemania emplean una argumentación en extremo simplista a la hora de explicar la aversión que contra este país se está generando en la mayoría de la Eurozona. Es pura envidia, dicen, la misma que despiertan los niños aplicados de un colegio en todos los demás alumnos. Al mismo tiempo, en actitud comprensiva se dirigen a los otros países para subrayar que ellos ya hicieron en el pasado los mismos ajustes y reformas que ahora exigen a los demás.

Hay en este planteamiento un punto de verdad, pero tan solo un punto. Es cierto que, paradójicamente, el partido socialista alemán, con Schröder a la cabeza, instrumentó todo un plan de recortes sociales al que llamó “Agenda 2010”, y que muchos alemanes están ahora pagando. Es también cierto que, gracias a esta política tan antisocial, Alemania consiguió ganar posiciones competitivas frente a la mayoría de los países de la Eurozona y a través del superávit de su balanza de pagos crecer económicamente y solucionar sus problemas de financiación; pero precisamente todo eso solo ha sido posible porque los otros países no aplicaron la misma política, ya que, de lo contrario, los efectos se hubiesen neutralizado, ninguno hubiese ganado competitividad y, eso sí, las sociedades se hubieran hecho más desiguales. Es más, de no estar constituida la Unión Monetaria, el resto de Estados podrían haber compensado la política darwinista de la economía alemana con la simple depreciación de su moneda.

El discurso de Merkel y de los sabios alemanes empeñados en que todos los países sigan el ejemplo de Alemania es claramente contradictorio. Si las políticas de austeridad y las medidas antisociales se generalizan a toda la Eurozona (incluyendo a Francia y a Italia), el resultado no puede ser más que la recesión y el incremento de la desigualdad. El crecimiento de la economía alemana está basado en las exportaciones y en el superávit de su balanza de pagos o, lo que es lo mismo, en el déficit de la balanza de pagos de los demás. Lo que Alemania no quiere entender es que superávit y déficit son términos correlativos. Un país no puede tener superávit en su balanza de pagos a no ser que otros países tengan déficit. La relativa bonanza de Alemania tiene su contrapartida en las dificultades económicas del resto de los países de la Eurozona. Situación que a medio plazo no se puede mantener y que está conduciendo al estancamiento económico de toda la Unión Monetaria, situación que podría empeorar si Francia entrara por la senda de la austeridad.

Podría alegarse que lo que se pretende es lograr un cuantioso excedente en la balanza de pagos global de la Eurozona frente a los países exteriores, es decir, conseguir el crecimiento de todas las economías de la zona euro a base de incrementar las exportaciones al resto del mundo y del empobrecimiento, por tanto, de los terceros países. Pero estos planteamientos también son falaces. Primero, porque es de suponer que de darse tal situación, el resto de países reaccionaría. Pero, segundo y más importante, porque la política implantada por Alemania y el BCE camina en otra dirección. Propician y mantienen un euro fuerte, de tal manera que desde su creación esta moneda se ha apreciado frente a la mayoría de las divisas, dejando en papel mojado (“derretir como la nieve”, en palabras de Merkel) todos los programas de austeridad instrumentados en la Europa del Sur. La presunta competitividad ganada por los países de la Eurozona frente a los terceros países debido a la reducción de salarios y a los ajustes presupuestarios se pierde con creces vía tipo de cambio.

La competitividad de los Estados constituye un sistema de suma cero. Si un país es más competitivo es porque otro lo es menos. Todas las economías no pueden ser más competitivas simultáneamente. Carece absolutamente de sentido, en consecuencia, plantear el problema económico de la Unión Monetaria desde la óptica de la ejemplaridad, y dividir a los Estados en aquellos que han hecho los deberes y los que no. El crecimiento económico no puede basarse en robar un trozo de pastel al vecino sino en agrandar la tarta, y ello únicamente puede conseguirse estimulando la demanda interna de todos y cada uno de los países.

Este análisis, no obstante, puede tener un error de base. Y es que tal vez ni Merkel, ni Draghi, ni los altos cargos de la Comisión estén interesados en agrandar la tarta, sino tan solo en incrementar la parte de ella que va destinada a las fuerzas económicas y financieras, al capital, en detrimento de las retribuciones de los trabajadores y de las rentas correspondientes a las clases bajas de todos los países; y eso sí lo están consiguiendo de manera bastante perfecta, desde luego. Los programas de austeridad, tanto en Alemania como en los otros países, solo son tales para la mayoría de la población, pero existe una minoría bastante extensa que resulta muy beneficiada. Las clases económicas y empresariales están obteniendo cambios notables en la correlación de fuerzas, y logrando retrocesos trascendentales hacia el capitalismo salvaje del siglo XIX.

Artículo publicado en República.com
www.telefonica.net/web2/martin-seco

Ilustración del artículo cortesía de 401(K) 2013′s. Utilizada bajo licencia Creative Commons.

Víctor Sampedro - Comité de Apoyo de ATTAC España

En sus dos años de existencia el 15M ha logrado expresar y mantener el conflicto de la mayoría social contra los ajustes de la crisis económica. En segundo lugar y en paralelo, ha profundizado otra crisis, la institucional, acelerando la descomposición del régimen de 1978. En tercer lugar, el 15M impulsa un consenso emergente tras haber socializado nuevas herramientas de expresión y participación ciudadanas.

Cada una de estas afirmaciones encierra bastante enjundia y para percibirla es preciso distanciarse del devenir inmediato. Empecemos comparando el 15M con los movimientos gemelos de otras naciones occidentales. Al contrario que sus compañeros anglosajones, los indignados españoles han mantenido el apoyo mayoritario de la población, tanto en simpatías como en respaldo a unas tácticas no-violentas pero de manifiesta radicalidad. En apenas unos meses, el apoyo hacia los indignados estadounidenses se redujo en la mitad, estancándose en apenas el 15% de la población[1]. Sin embargo, en abril de 2013 tres de cada cuatro votantes españoles (75,9 %) aprobaban las manifestaciones promovidas por el 15M. Lo que suponía diez puntos más respecto a otro estudio realizado en junio del año pasado. Además, uno de cada cinco ciudadanos (19,5%) aseguraba haber participado en los actos o manifestaciones[2].

Se ha generado un espacio de contestación, un “clima” (A. Fernández-Savater), una “atmósfera” (S. Alba Rico) que abarca un perímetro enorme de activistas y ciudadanos muy diversos, hasta ahora desmovilizados. Tan grande es esa capacidad de (auto)convocatoria que llegan a definirse como el 99%. El resto de movimientos occidentales tienen problemas para reclamar esa bandera. Pero el 15M puede enarbolarla sin complejos, aunque los términos meteorológicos a veces resulten demasiado nebulosos. De todos modos manifiesta que la crisis económica se solapa con otra de legitimidad institucional. Cuando el 23 de febrero de este año los manifestantes del PP se unieron al 15M en las calles, “escandalizados” por los sobres de financiación ilegal de “su” partido y las evidencias del juicio al cuñado del Rey, la delegada del Gobierno en Madrid felicitó por televisión a los manifestantes. Les reconocía, por primera vez, como ciudadanos indignados e intentaba distinguirlos de aquellos “violentos” contra los que dirigía sus policías al final de la manifestación. Algo se rompió entonces en términos de imaginario político. Un espejo hizo crac, que cantaría Nacho Vegas.

En términos domésticos, el 15M supone una impugnación de plano y una innovación radical de la cultura política española. La CT o Cultura de la Transición (Guillem Martínez) se definiría por la negación del conflicto; siempre tachado como indeseable en aras del consenso. Pero el 15M evidencia que esa CT sigue bien viva, argumentada por unas elites que se han ido de rositas y que continúan entregadas a una guerra de baja intensidad. No son algo del pasado. Marginan y silencian a los quincemayistas, estigmatizan y combaten a una “ciudadanía de alta intensidad” (N. García Canclini). Su intensidad reside en exigir transparencia a unas instituciones que han acabado bunkerizadas. Su batalla no es otra que la de participar en el debate y la toma de decisiones colectivas, sin haber pedido permiso previo y reclamando más voz que un silencioso y amedrentado voto cada cuatro años. Demandas que, en fin, resultan del todo lógicas y esperables en quienes desde las mentiras de Atocha de 2004 han demostrado capacidad de expresarse y auto-convocarse con medios digitales propios.

Sí, el 15M es conflicto que (re)genera un tejido social que ha ayudado a (re)politizar. Por una parte, ha introducido el lenguaje y las demandas que las nuevas generaciones han forjado, casi abandonadas a su suerte, en la única esfera pública que escapaba de los bozales institucionales: Internet. Por otra parte, ha recuperado a viejos luchadores y activistas, relegados por el duopolio de facto que hasta ahora ha supuesto la alternancia de los gobiernos del PP y del PSOE. La suma de ambos sectores de militancia y de sus recursos (nuevos lenguajes y herramientas, experiencia y teoría,) ha supuesto la implosión, aún no suficientemente reconocida, del sistema político-informativo de la Transición. Basta comparar las iniciativas periodísticas surgidas en estos dos años y el cambio de discursos partidarios. Políticos y periodistas profesionales han tenido que reconocer al sujeto colectivo que hasta entonces negaban. En el espejo del poder se refleja ya un nuevo personaje, aunque sea de perfil y resulte a veces impreciso.

El 15M ha alcanzado cierta madurez. Las etapas de crecimiento que ha experimentado lo retratan compuesto, primero, por ciudadanos que reclamaban ser considerados como tales.  Después, por trabajadores precarios y parados de un Estado de Bienestar que está siendo jibarizado antes de haberse desarrollado. Y ahora, adquiere los rasgos de un actor (o un enjambre) político con valores y propuestas de cambio estructural.

El 15M surgió como una expresión ciudadanista, que paralizó la campaña electoral de los políticos profesionales en mayo de 2011. El abstracto mensaje inicial, “no somos mercancías en manos de banqueros y políticos”, adquirió calado social cuando en el verano y el otoño de 2012 surgieron las mareas sectoriales contra los recortes de los servicios públicos. Recientemente, el 15M ha adquirido un perfil político-electoral. Se lo ha empezado a reconocer cuando, por ejemplo, el barómetro del CIS de abril de 2013 señalaba que el PSOE y el PP juntos apenas sumaban el 25% de la intención directa de voto[3]. A los indignados se les exigió desde el comienzo que formasen candidaturas propias… Y cuantas más mejor, así la dispersión les hará invisibles parlamentariamente. Más sencillo ha resultado minar el consenso bipartidista, romper con el chantaje de “yo o el caos”.

El 15M ha triunfado como generador de un espacio de conflicto acompañándolo de herramientas de intervención política, que ha sabido brindar a toda la sociedad. La política no se reduce ya a una disputa entre dos listas cerradas, pretendidamente diferentes, más allá de la marca electoral y el pesebre clientelar al que atienden. Se trata de un conflicto inclusivo, que practica “la política del y” (A. Calle) y que reclama “la democracia del futuro” (P. Ibarra) y “del común” (J. Subirats). Su estrategia resulta modulable, siempre abierta a la negociación, e impulsada con retórica y formatos radicales. Puro conflicto y más democrático, si cabe, que el que el falso y excluyente antagonismo que han venido practicando los dos grandes partidos. De hecho, tanto se han despreciado entre ellos y  a nuestra inteligencia que hemos acabando menospreciándolos.

Tras el 15 de septiembre de 2012, con la convocatoria a rodear el Congreso de los Diputados, los indignados se mudaron de la Puerta del Sol a la Plaza de Neptuno, situada más cerca de las Cortes. El 15M se demostró entonces capaz de reconducir la convocatoria de “tomar” el Congreso para, en lugar de eso, “rescatarlo” y “abrazarlo”. Rebajó, por tanto, la retórica insurreccional y la reemplazó por otra trasladable a otras luchas como fueron “los abrazos” multitudinarios a las escuelas y a los hospitales amenazados por los recortes. Cuando el 25 de abril de 2013 ciertos grupos apostaron por “asaltar el Congreso” no fueron secundados (tampoco estigmatizados) por el 15M. Se confirmó así el carácter propositivo y negociador del conflicto que promueve. Algo reafirmado cuando se canalizó después a la Iniciativa de Legislación Popular de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca: lobby parlamentario completado con los escraches. Estos han acabado generalizándose a otros frentes, más allá del inmobiliario, hasta converger en la auto-convocatoria del segundo cumpleaños: “escrache al sistema”.

El ritmo de los cambios, de emergencias y derrumbes, es tal que impide percibir su calado. La auditoría pública de la deuda se ha convertido en propuesta política normalizada para la oposición parlamentaria que se quiera presentar como tal. Los sindicatos han reclamado (con la boca pequeña) referéndums ciudadanos sobre el pago de dicha deuda. Surgen propuestas para iniciar “un proyecto constituyente”, que reemplace el que se rompió, si no antes, con la reforma constitucional de agosto de 2010. Partidos afines a los indignados en el parlamento gallego (Alternativa Galega de Esquerdas) y el catalán (las CUP) invierten la lógica clásica, argumentando que es el 15M quien les representa y no al contrario. Muchos (¿demasiados?) experimentos, partidarios y electorales están en marcha. Pero, más significativo que todo lo anterior y que las absurdas acusaciones de nazismo dirigidas contra el 15M, resultan los piropos que le empiezan a dirigir; ya no IU, sino las juventudes y algunos cargos de los partidos mayoritarios. Al principio resultan groseros: se les nota demasiado las ganas de gustar. Pero irán refinándose, seguro. Señalan la extinción de unos caladeros electorales que hasta ahora se pensaban recuperables con las mismas redes y mismas malas “artes”.

Desmintiendo la acusación de anti-político con el que se le saludó en su nacimiento, el 15M se ha demostrado capaz hasta el momento de (1) frenar la formación de populismos autoritarios y antidemocráticos: ni la ultraderecha ni Mario Conde han avanzado electoralmente, (2) de reconducir las derivas violentas de la protesta y (3) de avanzar nuevas agendas y partidos. De fondo, además, está reconfigurando una cultura y un mapa de juego políticos que se creían inalterables.

Frente a las acusaciones de batasunos, terroristas y nazis – reiteradas en este segundo aniversario – los indignados representan “El retorno de la sociedad civil”. Este era el título de un libro de Víctor Pérez-Díaz, que quizás proyectaba un retrato demasiado complaciente de la Transición. Ahora sí cabe afirmar que asistimos a ese retorno. La sociedad civil que suscribe las tesis y estrategias del 15M resulta más plural e inclusiva que la que invocaba la Transición (véase como se distribuye en género, edades y voto). Aúna voces nuevas con horizontes de emancipación que han roto muchos corsés y cinturones de castidad ideológicos. Rescata viejas militancias, antifranquistas y/o altermundistas, librándolas del desencanto y el nihilismo. Busca un consenso con nuevas bases: el debate horizontal entre iguales. No acepta los silencios obligatorios de/sobre las jerarquías. No reconoce límites, imposiciones de formas y jefaturas de Estado. Tampoco, amnesias inducidas y/o forzosas. Nunca como ahora el Franquismo ha sido tan cuestionado, en su pasado y en su legado. Tanto que la verdadera disputa política no está representada por quienes demandan una Segunda Transición (que prometen sin sonrojo las elites desde hace años) sino por los que creen que segundas partes nunca fueron buenas (menos aún si la primera salió así).

El conjunto de lo antes expuesto supone la emergencia, por fin, del conflicto democrático propio de una esfera pública merecedora de ese nombre. Algo que han debido de aprender a expresar quienes impugnaban la Transición. Y algo que han empezado a reconocer, aunque sea retóricamente, quienes aún se presentan como sus supremos hacedores y guardianes. El 15M se aproxima a su mayoría de edad en su segundo cumpleaños y con toda legitimidad democrática reclama interlocutores (no tanto representantes) que se la reconozcan. No con piropos obscenos, palabras dulces ni palmaditas paternalistas, si no aceptando su entidad social y su autonomía. Ese reconocimiento se antoja obligado y urgente.

La sociedad civil, el tejido social (re)generado, ya no acepta más hipotecas: ni bancarias ni del pasado. Ha sabido, como los hijos al hacerse mayores, generar sus medios de expresión y auto-realización. Los nuevos artefactos comunicativos y políticos, las formas de resistencia laboral y de auto-ayuda, de emprendimiento social y cooperativo, de transparencia y participación que han surgido en estos dos años valen mucho más que los números de manifestantes. Claro está que también son mucho más difíciles de cuantificar.

Todo esto le exigían al 15M – autonomía, propuestas e iniciativas concretas – quienes quisieron estigmatizarlo cuando surgió. Y cada vez que repiten que el 15M se ha desinflado se retratan como padres y madres de la patria caducos. Y las pantallas de plasma desde las que hablan son, en realidad, el espejo de la bruja de Blancanieves. Es la pantalla plana ante el que el poder siempre ha querido comparecer: sin síntoma alguno de envejecimiento, aunque lo verdaderamente plano sea ya el encefalograma de esta democracia. Pero no conviene olvidar que el trípode que siempre ha sostenido dicho espejo han sido “los medios, los sondeos y las urnas”[4]. El espejo de la Bruja se resquebraja. Y como Alicia, el 15M nos habla ya desde el otro lado del espejo.

[1] Ello es cierto tanto en la ciudad de Nueva York [http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2012/may/14/occupy-wall-street-people-power-popularity?newsfeed=true] como en EE.UU. [http://www.pollingreport.com/politics.htm]

[2] http://www.europapress.es/nacional/noticia-mas-mitad-espanoles-favor-15m-presente-elecciones-20130510142959.html

[3] http://datos.cis.es/pdf/Es2984mar_A.pdf, página 13.

[4] “La reina poseía un espejo que respondía a cuantas preguntas se le formulasen. Como era muy vanidosa, siempre le hacía la misma constante demanda. Siempre el espejo parlante contestaba: ¡Mi Reina, ninguna estrella apaga tu luz brillante, porque tú eres la más bella. Llena de orgullo, la reina volvía a sentarse en su trono.” Víctor Sampedro. 2000. Opinión pública y democracia deliberativa. Medios, sondeos y urnas. Madrid, Icaria, p. 12. Disponible aquí.

Carlos Sánchez Mato – ATTAC Madrid

“¡Es la economía, estúpido!” fue la muy célebre frase de James Carville, asesor del demócrata Bill Clinton en la exitosa campaña que en 1992 le llevó a la Casa Blanca, descolocando a su contrincante  republicano, George Bush, padre, que prefirió dedicarse a glosar sus “éxitos” en la política exterior.

Se merece sobradamente una expresión similar nuestro Gobierno cuando utiliza trucos propios de trileros  para escamotear de la actualidad el grave problema de sobreendeudamiento que aqueja al país.

La comparación entre la variación media anual de la deuda y el crecimiento del Producto Interior Bruto refleja el agotamiento extremo al que ha llegado la economía española y la ineficiencia de la deuda contraída. Entre 2000 y 2012, la riqueza medida en términos de PIB se ha incrementado anualmente el 5,55% mientras que la deuda lo ha hecho el 16,45% en cada ejercicio. O dicho de otro modo, cada euro de crecimiento del PIB ha precisado de 2,96 euros de incremento de deuda de promedio.

Independientemente de la necesidad de realizar análisis de sostenibilidad más detallados,  parece incuestionable la progresiva divergencia entre el crecimiento disparatado de los niveles de deuda y el de la economía real. Dicho de otro modo, el modelo de crecimiento del estado español sería similar al de un trabajador que gastase en desplazamientos el triple del salario percibido por su desempeño laboral.

Si considerásemos sostenible un crecimiento de la deuda en los mismos términos que el de la riqueza en términos de PIB, llegaríamos a la indudable conclusión de que la economía española sufre de un sobreendeudamiento superior a los 2,2 billones de euros (un 44% de los pasivos en circulación existente a finales de 2012). Es un grave problema porque ha destinado una ingente cantidad de recursos económicos que provienen de préstamos a infraestructuras, inmuebles u otras inversiones que no proporcionan la rentabilidad suficiente como para devolver los créditos contraídos.

Es necesario destacar que el sobreendeudamiento es fundamentalmente de origen privado y no público. No hay más que ver el desaforado crecimiento del endeudamiento privado en lo ocho años previos al estallido de la crisis que solamente después de 2007 es continuado por el incremento de deuda de las Administraciones Públicas.  Es este crecimiento de la deuda pública el que se ha convertido para gran parte de la opinión pública en la causa y no en la consecuencia de la crisis. De hecho, mientras todos los focos estaban puestos en el cumplimiento del déficit público y el Gobierno español se mostraba orgulloso de haber tenido solamente 73 mil millones de euros de agujero, la deuda de las Administraciones Públicas creció en 2012 más de 236 mil millones de euros de forma directa y 75 mil millones de euros en avales con respecto a 2011.

El proceso de “socialización” de las pérdidas y de rescatar a las instituciones financieras no será gratuito para la ciudadanía. Supondrá lastrar a las Administraciones Públicas con descomunales compromisos financieros para el futuro que conllevarán recortes de las prestaciones públicas debido a la incapacidad económica de proveerlas. Técnicamente, “España S.A” está en quiebra aunque el Gobierno y los medios de comunicación lo oculten y prefieran centrarse en la bajada de la prima de riesgo para defender la mejora de la situación.

Aunque el Banco Central Europeo rebaje al mínimo los tipos de interés, esa medida de política monetaria no tendrá más que efectos paliativos y nunca curativos para la enfermedad.

En términos globales la deuda (privada y pública) no podrá ser devuelta. O la sociedad presiona para que el debate sobre la reestructuración y las consiguientes quitas tengan en cuenta los intereses generales o, una vez más, las élites financieras y políticas volverán a hacer recaer sobre el conjunto de la clase trabajadora un nuevo fracaso del sistema capitalista.

Para ver el Informe sobre la insostenible evolución de la deuda de la economía española pinchar -> Deuda economia española 2012

http://matoeconomia.blogspot.es/

Carlos Jiménez Villarejo – Consejo Científico de ATTAC España

La resolución de la Audiencia Provincial de Palma (APP), con un voto en contra del criterio mayoritario, anulando  la imputación delictiva de la Infanta Cristina es un paso más atrás en la aspiración constitucional de una Justicia igual para todos. El Auto de la APP, de 7 de Febrero, confirma la plena vigencia de la desigualdad ante la Ley. Las razones no pueden ser más elocuentes y actualizan las palabras precursoras de Sutherland en 1939, la comparación entre el distinto trato judicial que reciben “el delito de clase alta-delito de cuello blanco- compuesta por personas respetables o, en último término respetadas (…) y los delitos de la clase baja compuesta por personas de bajo status socioeconómico”. Así lo plantea la defensa de la Infanta y lo asume plenamente el Tribunal: “en determinados supuestos de procedimientos seguidos contra personas relevantes (…) el juez instructor debe obrar con sumo cuidado a la hora de acordar la imputación, rechazando decretarla de modo indiscriminado”. Como parece que así lo hizo el juez Castro. Es decir, que los jueces deben aplicar la Ley con distintas medidas según la “relevancia” social y económica de los imputados. No podía lanzarse peor mensaje a la ciudadanía para que  desconfíe aún más de los tribunales.

Pero este punto de partida conduce a consecuencias contradictorias. Si, por una parte, se admite que para la imputación de una persona “en la práctica diaria de los tribunales” “no se requiere más que una mínima base indiciaria”, al contrario, para la Infanta, los indicios han de ser “vehementes” (expresión que no está en la Ley).Y los que describe el juez instructor  se entiende que no tienen  “la calidad y cantidad” exigibles, calificándolos -como muestra del trato favorable para la Infanta-como “endebles”, “débiles, inconsistentes y equívocos”. Contrasta esta valoración con la del magistrado discrepante que estima que los indicios de delito han sido descritos con “minuciosa precisión”. Pero lo más grave del Tribunal es que rechaza la imputación ante la previsión, totalmente improcedente en este momento del proceso, de que no fuera acusada ni, por supuesto, condenada. Otro beneficio, ciertamente insólito, del que no gozan la práctica totalidad de los ciudadanos que se ven sometidos a un proceso penal.

En cuanto a la valoración de los catorce indicios de criminalidad respecto de la Infanta, como cooperadora necesaria o cómplice de los delitos atribuidos a su marido, reitera que, veamos en qué términos, habrá que “determinar si efectivamente el juicio de inferencia que vierte el auto apelado respecto de la Infanta goza de sustento suficiente para permitir su imputación”. Partiendo, como no puede evitar, que la Infanta formaba parte como Vocal de la Junta del Instituto Nóos, plantea numerosos interrogantes sobre si desde esa posición participó y/o conoció las actividades ilícitas de dicho Instituto. Dudas que deberían haberse despejado más que por argumentos jurídicos, más o menos plausibles, cumpliendo con lo acordado por el Juez Instructor, es decir, interrogando a la Infanta como imputada porque solo ella podía aclarar los extremos dudosos que plantea el Tribunal. Lo que no es admisible es que, excluyendo esa posibilidad, se permita afirmar que la presencia de la Infanta en Nóos fue “un mero acompañamiento impune”, sobre todo, cuando además, sostiene que dicha presencia “constituye efectivamente  en cierto modo una influencia” sobre las actividades del Instituto, lícitas o ilícitas, para a continuación privar a esa “influencia” de toda trascendencia penal. Es una decisión sin duda  forzada por la “relevancia” de la persona a la que afectaba la decisión.

El siguiente razonamiento muestra la debilidad de la decisión judicial. Dice así el Tribunal: “por mucho que supiera-la Infanta-que la vinculación de su marido con la Familia Real ayudaba al Instituto Nóos a obtener contratos” o siendo “ciertamente probable o posible que la Infanta supiera que el Instituto Nóos estaba firmando contratos de colaboración con la administración”, “no tenía por qué sospechar… que fueran contrarios a la legalidad administrativa… y mucho menos tenía que saber que a través de ellos su marido y su socio pretendían defraudar a la administración…”. ¿Porqué tantas suposiciones ante una realidad, posiblemente confusa, que podía y debía haberse aclarado con la declaración de la Infanta? En verdad, las imputaciones del Juez Instructor no eran “endebles”. Prueba de ello, es que se aplaza el archivo de la causa respecto de la Infanta hasta conocer el contenido de los “nuevos correos electrónicos de los que pudiera derivarse algún hecho o dato nuevo en cuanto a la participación de la Infanta en la presente causa”.

Y, desde luego, continúa pendiente su posible imputación  por un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales en cuanto socia de un 50% del capital de la sociedad Aizoon, sociedad que ya ha quedado acreditado que era una sociedad pantalla con fines defraudatorios. Sobre todo, porque como afirma el Tribunal, desde Marzo de 2006  “la Infanta debería saber o conocer (y por eso abandona el Instituto Nóos) que para entonces Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a  Hacienda”. “Disposiciones de dinero sucio”- “según parece en gastos de reformas de la vivienda familiar” evidentemente conocidas por la Infanta- que “quizás podrían constituir  un delito de blanqueo de capitales”.

El Auto de la APP solo ha cerrado en parte la investigación y de forma muy discutible y, desde luego, la larga sombra de este proceso acompañará mucho tiempo a la Infanta, sobre todo por el afán de impedir su declaración. Y todo ello profundiza el descrédito y la desconfianza en la institución monárquica.

Artículo publicado en El Plural.

Isaac Rosa – Comité de apoyo de ATTAC España

Viendo el entusiasmo de algunos ante las últimas encuestas, me da que más de uno está vendiendo la piel del bipartidismo antes de cazarlo. Decía ayer Rubalcaba que hablar del fin del bipartidismo político en España es “prematuro”, y por una vez estoy de acuerdo con él. Rubalcaba, por cierto, cuya piel sí que pueden vender ya, si es que alguien paga algo por ella.

Sí, los sondeos son rotundos en mostrar el derrumbe de los dos grandes partidos -sobre todo el PSOE-. Pero de ahí a sacar el cava de la nevera para celebrar el fin del bipartidismo y del sistema nacido en la Transición, me parece que es correr demasiado. Sin tener unas elecciones a la vuelta de la esquina, y tras dos años de recortes y contrarreformas tanto del PSOE como del PP, lo raro es que no caigan más todavía. Basta ver el recuerdo de voto que dicen los sondeos, y compararlo con las últimas elecciones: son muchos los avergonzados que esconden su voto de entonces.

Pero las encuestas son eso, encuestas. Y dicen más cosas. En las tres últimas, tanto el CIS de abril, como las de Metroscopia o el Observatorio de la Ser, más de la mitad de los encuestados no declara intención de voto a ningún partido, y se acoge al voto en blanco o nulo, a la abstención o al no sabe/no contesta.

¿Qué harán todos esos indecisos de aquí a las elecciones? ¿Cuántos no acabarán regresando al PP o al PSOE en caso de no ver una alternativa convincente, o abrazarán lo malo conocido llevados por el miedo al cambio, tan fuerte en estos tiempos de incertidumbre? Basta fijarse en lo sucedido en elecciones de otros países europeos, donde de pronto los defenestrados vuelven a asomar por la puerta poco tiempo después.

No defiendo el bipartidismo, pero me parece ingenuo creer que tiene los días contados y sentarse en la puerta a esperar que pase su cadáver. Ocurre como con la monarquía, que nos creemos que la República está al caer por su misma descomposición, y al final nos llevaremos el sofocón si cualquier día de estos el rey abdica en su hijo y no cambia nada.

Pero además, el bipartidismo no es solo parlamentario. Hay otras manifestaciones del bipartidismo que siguen muy fuertes, y que no se vienen abajo por una encuesta ni porque repitamos muchas veces lo del “PPSOE”. Está el bipartidismo institucional, que tras más de treinta años está fuertemente implantado en todos los niveles del Estado y en las comunidades y ayuntamientos, manteniendo todavía en funcionamiento las maquinarias de poder de los dos partidos. Hay también bipartidismo mediático, con una agenda informativa fuertemente marcada por los dos grandes.

Hay bipartidismo económico, un entramado de relaciones con la banca y la gran empresa al que son ajenos los pequeños partidos. Hay bipartidismo electoral, con un sistema que seguirá beneficiándoles aunque pierdan apoyos. Incluso hay bipartidismo demoscópico, con unas encuestas cuya cocina siempre reparte generosas raciones para los dos al condimentar la intención de voto.

Y aun hay más: un bipartidismo mental, que no nos hemos sacudido todavía. Que tiene que ver con la cultura política que hemos mamado desde la Transición, sí, pero más aun con la falta de una alternativa visible y creíble para la mayoría. Los otros partidos solo reciben una parte pequeña del apoyo que pierden PP y PSOE, mientras la mayoría se refugia en la indecisión, a falta de esa alternativa. Pasa como con el capitalismo, que por mucho que lo señalemos como fuente de todos los males, todos seguimos siendo capitalistas a falta de una alternativa sólida: porque no somos capaces de imaginar cómo sería vivir fuera del capitalismo. Pues lo mismo con el bipartidismo: todavía hay muchos que no conciben cómo sería este país con un gobierno que no fuese ni del PP ni del PSOE.

Por eso, y vuelvo a mi artículo anterior, la urgencia de construir esa alternativa, que por ahora solo se la ve en grado de tentativa, de buenas intenciones. Pasar de la protesta a la propuesta. Si no se pone en pie algo verosímil de aquí a las elecciones, ya veremos dónde acabarán esos indecisos: o de vuelta al calorcito bipartidista, o en la abstención, de la que también se beneficiarán ellos.

Artículo publicado en eldiario.es

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España

Una de las ideas más combativas del neoliberalismo, y de las que más han influido en la política de los Gobiernos, es la que afirma que aumentar en cantidad o en extensión los subsidios al desempleo es algo muy negativo a la hora de combatir el paro. Los dos principales argumentos que se dan en este sentido los expone con su claridad de siempre Richard Posner, un conocido jurista liberal estadounidense experto en cuestiones económicas (Against Extending Unemployment Benefits).

El primero es que los subsidios a los desempleados aumentan el coste de oportunidad de reincorporarse al mercado laboral para los parados que los reciben. Cuando son muy generosos, afirma, “la diferencia de bienestar entre trabajar y no hacerlo es tan pequeña que la gente no busca trabajo seriamente hasta que la prestación está a punto de agotarse”. Por eso concluye Posner que “extender o aumentar las prestaciones, en vez de estimular la creación de empleo, probablemente la desincentive, ralentizando la marcha de la recuperación económica”.

El segundo argumento que utiliza contra los subsidios de desempleo es que la transferencia de dinero que se hace a los parados no tiene por qué tener un efecto neto positivo en el consumo o la inversión, porque eso depende de lo que el receptor de la prestación haga con ella. Si la mantiene en efectivo o la guarda en un banco que dedica ese fondo a comprar bonos del Tesoro, o si con ella se compran bienes de inventario que los vendedores no reponen, no producirá ningún estímulo a la producción ni al empleo.

En conclusión, Posner, como casi todos los economistas neoliberales, rechaza este tipo de subsidios y solo los defiende como “prestación de garantía social”, pero incluso con muchas limitaciones, porque considera que al concederse a cualquier desempleado no se discrimina entre quienes lo necesitan y quienes no. Una limitación importante en su opinión porque, según dice, no siempre se puede asumir que todos los desempleados tengan realmente dificultades económicas cuando están en paro. Pueden estarlo “porque su aptitud o adhesión al trabajo es efectivamente escasa” o “puede ser que tengan muchos ahorros o un cónyuge rico”.

No voy a negar que determinar con exactitud el efecto real de los subsidios al desempleo es algo complejo y que, por tanto, no se puede establecer taxativamente que sea uno u otro. Es cierto que la casuística es muy diversa y que la actitud hacia el empleo no es la misma en todos los seres humanos, ni en todas las condiciones laborales, ni en todos los momentos históricos, ni en todas las circunstancias sociales.

Pero es que quienes suelen ser taxativos a la hora de establecer y defender unas posiciones teóricas, que de ninguna manera se ha demostrado que sean indiscutibles son precisamente los economistas neoliberales y los Gobiernos que suscriben sus postulados.

El argumento del coste de oportunidad, por ejemplo, podría ser razonable pero deja de ser realista si se considera, como yo creo que debe hacerse, que entre los costes del desempleo hay algunos que no se toman en cuenta, porque no es fácil expresarlos en términos monetarios y que, sin embargo, suelen ser justamente los más elevados. Los que tienen que ver con la autoestima, con el desarrollo personal o con la situación de las personas a más largo plazo.

El efecto negativo de los subsidios de desempleo sobre la búsqueda de trabajo tampoco está ni mucho menos claro ni se ha podido demostrar empíricamente. Todo lo contrario, diversos estudios han demostrado que apenas sí influyen.

Así lo demuestra una investigación de Henry S. Farber y Robert G. Valletta publicada hace unos días por la Reserva Federal de San Franciso (Do Extended Unemployment Benefits Lengthen Unemployment Spells? Evidence from Recent Cycles in the U.S. Labor Market) u otra de 2011 realizada por Jesse Rothstein (Unemployment Insurance and Job Search in the Great Recession).

El primero de esos trabajos encuentra una pequeña, pero estadísticamente significativa reducción en la tasa de salida del desempleo, y un igualmente pequeño aumento en el periodo de desempleo asociados a aumentos en los subsidios, pero que no están provocadas porque disminuya el ritmo o la tasa de salidas del desempleo hacia el empleo como consecuencia de estos últimos, que es la tesis neoliberal. De hecho, la investigación demuestra que el ritmo de salidas del paro o su duración son similares en periodos en que los subsidios son más o menos generosos. Y en la segunda investigación, que acabo de mencionar, se demuestra que el efecto que podría tener un alza en los subsidios al desempleo sobre el nivel de paro es muy reducido, entre 0,2 y 0,6 puntos, como mucho.

Es cierto que en la literatura científica se encuentran análisis que pueden poner de relieve resultados contrarios, al partir de hipótesis diferentes. Pero, en todo caso, la conclusión que debe sacarse es que no es verdad, como quieren hacer creer los economistas neoliberales, que sea evidente que los subsidios al desempleo desanimen la búsqueda de empleo y repercutan negativamente sobre la creación de puestos de trabajo.

Y, por supuesto, tampoco lo es la crítica que se les hace aludiendo, como he señalado antes con palabras de Posner, a que la cantidad destinada a subsidios a las personas desempleadas no llegará a producir efectos reales sobre la producción y el empleo.

Es obvio, que si los parados guardan el dinero que reciben en el colchón o lo depositan en bancos que no dediquen sus recursos a la inversión productiva su efecto sobre la demanda quedaría paralizado. Pero, ¿es realista pensar que eso es lo que hacen la inmensa mayoría de las personas que reciben subsidios de desempleo? Puede que eso sea lo que ocurra con quienes reciben ayudas o pensiones millonarias, como la del recién dimitido consejero delegado del Banco de Santander, pero no parece que lo que habitualmente hagan con el subsidio de desempleo la inmensa mayoría de los parados sea algo distinto a gastarlo casi inmediatamente para hacer frente a sus necesidades primarias.

Por mucho que se intente hacer creer que el paro aumenta si los parados reciben ayudas muy generosas (que, además, nunca lo son), por el coste del despido o por el nivel de los salarios, lo cierto, y lo que más bien demuestran los estudios empíricos -como en el caso que acabo de analizar- es que los factores que pueden crear empleo y las causas de que se destruyan puestos de trabajo están en otro lugar y mucho más en una situación de crisis como la actual: en el mercado de bienes y servicios y en el mercado financiero. Hay paro, porque hay escasez de ingreso y de demanda efectiva (en gran parte a consecuencia de la creciente desigualdad), y porque los bancos no proporcionan crédito a las empresas y familias.

Por tanto, reducir aún más los subsidios al desempleo o disminuir su extensión, como por una u otra vía se viene haciendo desde hace años siguiendo las indemostradas tesis neoliberales, no contribuye para nada a mejorar al empleo ni, en el caso actual, a salir de la crisis. Todo lo contrario, al reducir el ingreso disponible para el consumo la agudizan y la alargan mientras que, eso sí, aumentan las rentas y la riqueza de los propietarios de capital.

Artículo publicado en Sistema Digital.
www.juantorreslopez.com

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Un mensaje que el Gobierno Merkel enfatiza constantemente a favor de las políticas de austeridad que está imponiendo al resto de la Eurozona es que tales países deben aprender de las reformas realizadas en aquel país, que incluyeron medidas de austeridad que en lenguaje plano quiere decir recortes de gasto público, incluyendo el social, a fin de reducir el déficit y la deuda pública. En este mensaje se enfatiza que en el periodo que va de 2003 a 2005, el Gobierno alemán tomó una serie de medidas de disciplina fiscal que explican el supuesto éxito de su modelo. Supuestamente, estas medidas se tomaron durante las reformas iniciadas por el canciller Gerhard Schröder (y presentadas al Parlamento alemán el 14 de marzo de 2003) y que determinaron, por cierto, la escisión del Partido Socialdemócrata y su muy marcado descenso en el proceso electoral. Estas políticas de supuesta disciplina fiscal fueron más tarde continuadas –según el Gobierno Merkel- por la coalición gobernante del Partido Conservador Cristianodemócrata con el Partido Socialdemócrata.

Hasta aquí la versión del ‘establishment’ alemán de por qué a Alemania le ha ido bien: tomó la medicina que necesitaba, y aún cuando fue amarga, le salvó de la crisis. De ahí que los otros países de la Eurozona, y muy en especial los supuestamente más despilfarradores, como los países periféricos o PIGS (Portugal, Irlanda, España y Grecia), tengan que hacer lo mismo, es decir, imponer la disciplina fiscal, recortando y recortando hasta alcanzar la reducción del déficit y de la deuda pública y así recuperar la famosa “confianza de los mercados financieros” (una de las frases más repetidas en el mensaje promovido por el gobierno alemán).

Esta versión de lo que ocurrió en Alemania se ha convertido en dogma y se reproduce constantemente en los medios de mayor difusión. Así, el pasado domingo 5 de mayo, en un artículo sobre la situación en Europa, publicado en El País (“La austeridad rompe el eje París-Berlín”), los corresponsales de tal diario en París (M. Mora, C. Pérez y J. Gómez) indicaban que “los recortes de Schröder salvaron a Alemania de la crisis en la que se encuentra Francia”, implicando que lo que el Presidente Hollande debería hacer es lo que, por lo visto, el canciller Schröder hizo con sus reformas, es decir, recortar y recortar gasto público. Y, por si fuera poco, en el mismo número, en una entrevista en ‘El País’ al sociólogo alemán más conocido en España, el profesor Ulrich Beck (colaborador frecuente en sus páginas), este indicaba con tono de aprobación que “hay un consenso acerca de que el éxito alemán se debe a los ‘recortes’ del canciller socialdemócrata Schröder. Se cree que ello funcionó en Alemania y tiene que ser bueno para todo el mundo” (“Alemania impone sus recetas con una plantilla moral”. ‘El País’ 05.05.13).

La falsedad del dogma promovido por el gobierno alemán

El problema con esta interpretación del supuesto éxito del modelo alemán, como consecuencia de la austeridad fiscal, es que los datos señalan que no hubo ninguna medida de austeridad fiscal en las reformas del canciller Schröder. Dos economistas del Institute for the Study of Labor (IZA), Ulf Rinne y Klaus F. Zimmermann (“Is Germany the North Star of Labor Market Policy”) han mostrado con toda claridad y detalle que el déficit y la deuda pública aumentaron notablemente durante el mandato del gobierno socialdemócrata, crecimiento que continuó durante el Gobierno Merkel. En realidad, la deuda pública subió durante el periodo 2000-2010, nada menos que un 40%, creciendo mucho más rápidamente que el PIB. ¿Dónde estaba la austeridad?

En realidad, Alemania no ha sido un país cuyos gobiernos se hayan caracterizado por su austeridad de gasto público. Antes al contrario, la gran expansión de tal gasto que ocurrió a raíz de la unión alemana, con la integración del Este de Alemania, y la expansión de la Alemania occidental en la oriental, estimuló su economía, e indirectamente, la economía europea. Y lo hizo a base de aumentar su déficit público, pasando de estar en superávit en 1989 (0,1% del PIB) a tener déficit público a partir de entonces cada año, alcanzando tal déficit un 3,4% del PIB en 1996. Y algo semejante ocurrió en los años del mandato de los cancilleres Schröder y Merkel.

¿De dónde saca, pues, el Gobierno Merkel la autoridad moral de exigir a otros países lo que los sucesivos Gobiernos alemanes no hicieron? ¿Y con qué autoridad moral el Gobierno Merkel exige a Grecia (país que fue ocupado por la Alemania Nazi) que pague su deuda, en cantidades que le representarían un 40% del PIB, cuando tras su derrota se permitió a Alemania que no destinara más de un 5% de sus ingresos por las exportaciones a pagar su deuda a las potencias vencedoras? (Pedro Olalla en el blog ‘Ganas de escribir’ de Juan Torres).

Lo que en realidad hizo el canciller Schröder fue redistribuir la riqueza generada con el aumento de la productividad hacia las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo, creando un problema muy serio de insuficiente demanda doméstica que intentó paliar con un aumento de la deuda pública, posibilidad negada por el Gobierno Merkel a los países PIGS. Es más, el gasto público regional y local aumentó mediante políticas públicas a las que Merkel se opone en otros países. Fue esta redistribución de las rentas a favor de las rentas del capital la que causó la gran rebelión de las bases socialdemócratas y la caída electoral en picado de este partido. Tales reformas (centradas en la reforma laboral) deterioraron en gran manera el mercado laboral. El bajo desempleo se debió a la reducción del tiempo de trabajo, medida presionada por los sindicatos, cuya implementación fue facilitada por el sistema de cogestión existente en Alemania. Continuar indicando que este bajo desempleo se debe a las políticas de austeridad es ignorar toda la evidencia que niega tal proposición.

Artículo publicado en Sistema Digital.
www.vnavarro.org

Jorge Fonseca – Consejo Científico de ATTAC España

A cientos de miles de jóvenes, niñas y niños se les ha impedido hoy asistir a clase. Pero no lo han impedido piquetes de estudiantes, profesores o personal no docente. Quienes lo han hecho han sido el ministro de Educación y el Gobierno en pleno que aplican brutales recortes en el gasto educativo y sanitario para regalarle dinero a los banqueros y especuladores que desahucian familias con niños y ancianos. Recortes que dejan en la calle a miles de profesores (8.000 hoy mismo sólo en Madrid) y degradan la educación, degradación que el Gobierno pretende institucionalizar imponiendo la LOMCE, ley lesiva del derecho fundamental a la educación, que según muchos expertos viola la Constitución y tiene el rechazo de la mayoría social.

Los recortes sociales que empujan a la exclusión y destruyen el sistema educativo, siempre mejorable pero que ha conseguido que hoy tengamos las generaciones de jóvenes mejor formadas de la historia de España, han obligado a la ciudadanía a declararse en huelga en defensa de la educación. Y lo ha hecho con un éxito rotundo, más allá de la manipulación antidemocrática de cifras de seguimiento por parte del Gobierno y su sistema de propaganda público y privado.

La educación os hará libres, dijo José Martí. Quizás porque personas libres son un obstáculo para una política que recorta derechos sociales, laborales y políticos. El Gobierno parece empeñado en convertir la educación en un privilegio y a los ciudadanos en siervos. En realidad lo primero lo ha conseguido ya, pues los recortes a la educación, provocan deserción escolar en todos los niveles y coartan el derecho a acceder a estudios en la universidad a cientos de miles de jóvenes de familias trabajadoras. Y están expulsando a muchos estudiantes imposibilitados de pagar las tasas que no paran de subir. Muchos profesores pudimos constatarlo estos días en vivo y en directo en nuestras clases, en las que un alto número de estudiantes nos informaba que sus matrículas habían sido canceladas por impago de cuota de tasas. A su vez las últimas reuniones departamentales en vez de dedicarse a planificar la docencia son reuniones de ‘reparto de cartas de despidos’ a profesores a los que no se les renueva el contrato, situación que también afecta a personal de administración y servicios.

Por todo eso seguramente en la universidad el apoyo a la protesta ha sido masivo, de pocos precedentes en época reciente. En el Campus de Somosaguas de la Complutense, sólo unos pocos alumnos asistían a un par de clases esta mañana, con libertad, pues los piquetes informativos, que respetuosa y democráticamente invitaban a adherirse a la huelga, señalaban su respeto al derecho a asistir. Esos grupos informativos, organizados por la masiva asamblea de estudiantes y personal celebrada ayer, se limitaban a informar y pedir solidaridad con los compañeros excluidos de la universidad. Por el contrario algunos alumnos se quejaban de la coacción que supone la decisión de algún profesor de poner un examen en día de huelga sin ofrecer fecha alternativa para que los estudiantes pudieran ejercer el derecho de huelga. Debemos exigir que la adhesión a la huelga sea motivo de justificación de falta y no afecte a los resultados académicos de los alumnos.

Y de manera más general debemos exigir al Gobierno que abandone su deriva autoritaria y respete el derecho a la educación, derecho humano fundamental recogido en la Constitución.

Artículo publicado en Público.

Rosa María Artal - Comité de Apoyo de ATTAC España

Rajoy habla en el Congreso, satisfecho, encantado, exultante con su gestión. Previó una recesión para 2013 del 0,5% y la va a triplicar. Y no pasa nada. Ha levado la deuda del 68,5% y la al 84,2%. Y no pasa nada. Ha creado... un millón de parados hasta completar el récord histórico de 6.202.700. Los empleos de Abril -que siempre suben en ese mes- son precarios, a tiempo parcial y temporales. Y no pasa nada. Todo lo contrario. Rajoy dice que “Se ha hecho la mejor política de empleo” o que va a persistir en la misma dirección, “no hay cambio de rumbo”. El percebe de manual siempre “persiste”, en su idea fija, aunque todo  se hunda a su alrededor. En la corta visión que le proporciona su asidero perpetuo a la roca, no ve más que su mundo. Y su mundo es estupendo. Vive como dios. Tanto él como sus amigos.

Se juntan en la España real, la desimputación de la Infanta Cristina -perseguida con ahínco por los más altos cargos del PP-, con las declaraciones del Ministro del Interior diciendo que “el aborto tiene algo que ver con ETA”. Varios admirables compañeros escriben hoy sobre estos temas:

Pepa Bueno (entre otras cosas que podéis ver aquí): “La segunda instantánea tiene como protagonista al ministro del Interior y su frase en la que citaba aborto y ETA. “El aborto tiene algo que ver con ETA” ¿Hace falta añadir ofensas de este calibre al estupor que ya provoca saber que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, planea devolver a las mujeres españolas al siglo pasado? ¿Pero en qué mundo viven algunos miembros de este Gobierno para comparar el aborto con el terrorismo? Y, por si no había sido suficiente, anoche la diputada popular Beatriz Escudero soltaba en el Congreso que ”las mujeres que se ven abocadas al aborto tienen menos formación”.

La reforma de la ley de plazos , la primera de nuestra historia que dejó en manos de las mujeres la decisión sobre su maternidad y que tiene apenas tres años, provoca ya grietas dentro del propio PP, nos aleja de Europa (Holanda, Italia o Francia tienen ley de plazos) y no responde a ninguna demanda social. De hecho, en el CIS de la semana pasada, ni siquiera aparecía en el panel de las 35 principales preocupaciones de los españoles”.

Javier Pérez de Albéniz: “Usted es ETA o tiene algo que ver con ETA. Sí, usted, el que lee este post como si nunca hubiese roto un plato, mientras se toma un café con leche. Es ETA. Y también usted, el que se manifestó ayer por la sanidad, hoy contra los desahucios y mañana por la enseñanza pública, es ETA. O tiene algo que ver con ETA. No demasiado, pero algo. Si le duelen los seis millones de parados es ETA, si defiende la memoria histórica es ETA, si no cree en la violencia es ETA. Si no volvería a votar PP es ETA, si está dispuesto a protestar en las calles es ETA. Si le repugnan las mentiras, la hipocresía, la mediocridad, la estupidez o la prepotencia… es ETA, o tiene algo que ver con ETA. Porque ETA es todo eso, y también el ingrediente que da contundencia a un potaje insípido, que confiere carácter de incontestable a una frase vacía, que añade contenido a los insultos, que aliña las maldades. Si quiere emponzoñar, menospreciar, insultar, faltar al respeto o a la verdad, añada unas gotas de ETA a su discurso. Porque  ETA es un comodín. ETA es una varita mágica. ETA es el sinónimo perfecto. ETA es la palabra universal. ETA es la chispa del combinado, por delante incluso del pepino”.

Ignacio Escolar apunta un análisis muy interesante, a partir de aquí: “En el Palacio de la Zarzuela deberían guardar el champán; no tienen muchos motivos para brindar. Aunque parezca lo contrario, la decisión que ayer tomó la Audiencia Provincial de Palma es una pésima noticia para la infanta, para su esposo y para toda la familia real. No solo porque estemos ante la demostración empírica de que no todos somos iguales ante la ley: no se conoce ningún otro imputado que cuente con la ayuda de la Fiscalía, de la abogacía del Estado y hasta del ministro de Exteriores. También porque el propio auto de la Audiencia está plagado de trampas que sin duda van a complicar el futuro judicial de los duques de Palma. De los dos.”

Y mientras…

La policía confirma las prácticas de financiación ilegal en el Partido Popular.

El PP ataca al Juez Ruz... tras preferirlo a Gómez Bermúdez que aún le gustaba menos. ¿Quién le gusta al PP?

Puertas giratorias. 34 directivos del IBEX han sido altos cargos de la Administración.Vamos, la España estupenda que conoce Rajoy.

La real tiene…  Los derechos de 3 millones y medio de trabajadores, en vilo. Gracias a esa reforma laboral tan maravillosa de Rajoy y Báñez.

Y para postre, se habla de la “Marca España”, de la Real y real, hasta en Australia. El diario The Australian dice:Cristina, la hija del rey español, evita ser cuestionada en una investigación por corrupción.

Por cierto, este jueves, a las 9,30 tenemos previsto que Pepa Bueno me entreviste en el Hoy por Hoy de la SER, para hablar de mi libro “Salmones contra percebes”. Tan actual.

Federico Mayor Zaragoza – Comité de Apoyo de ATTAC España

“Les despreciaba, porque pudiendo tanto se atrevieron a tan poco” – Albert Camus

¿Las generaciones que llegan a un paso de la nuestra podrán decir que esperaron en vano que las presentes generaciones cumplieran el compromiso supremo que es, en palabras del Presidente Nelson Mandela, actuar de tal modo que nuestro legado intelectual y material no signifique un retroceso? ¿Qué la habitabilidad de la Tierra no sea peor que la que nosotros hemos vivido? ¿Qué los puntos de referencia, los principios y asideros éticos no les permitan iniciar su amanecer con esperanza?

Seguimos torpemente anclados, especialmente en Occidente, a un sistema que, al sustituir los valores por las leyes mercantiles y el multilateralismo democrático por grupos oligárquicos, ha conducido a una situación de enormes disparidades sociales y de exclusión, ya que el 80% de la humanidad no halla cobijo en el barrio próspero de la aldea global, donde habita tan sólo el 17-18% de la población.

Sabemos el genocidio diario de miles de seres humanos que mueren de inanición y desamparo. Pero seguimos atentos a las fluctuaciones de unos mercados que no benefician en nada a la gran mayoría de los habitantes de la Tierra y nos dejamos entretener por un enorme poder mediático, que uniformiza, convirtiendo a los ciudadanos en espectadores impasibles, radicalizando el partidismo, especialmente el deportivo, en grado sumo.

“El sistema político-económico actual -ha escrito Noam Chomsky recientemente- es una forma de plutocracia que diverge fuertemente de la democracia, si por este concepto nos referimos a los acuerdos políticos en los que la norma está influenciada de manera significativa por la voluntad pública”.

Con la mirada puesta exclusivamente en los beneficios económicos a corto plazo, se siguen aplicando a los desafíos de hoy fórmulas de ayer, ya periclitadas e ineficaces, en lugar de cuidar con toda la atención que merecen las condiciones de vida de las “generaciones venideras”, como con tanta clarividencia se inicia el inigualable texto de la Carta de las Naciones Unidas.

La solidaridad intergeneracional exige de modo especial abordar aquellas cuestiones potencialmente irreversibles en las que el tratamiento debe aplicarse a tiempo, antes de que sea demasiado tarde y se hayan alcanzado puntos de no retorno. Las prioridades, vale la pena reiterarlo, son: alimentación; acceso al agua; servicios de salud para todos; cuidado del medio ambiente; educación; energías renovables; paz.

La irresponsabilidad culposa de algunos gobernantes –en particular los del Partido Republicano de los Estados Unidos- ha llegado a favorecer una enseñanza que, como hizo la Fundación Exxon Mobile durante años, niega el cambio climático y las consecuencia deletéreas de una combustión excesiva… mientras que, con gran sufrimiento personal, son muchos los seres humanos que se ven afectados gravemente por los “efectos colaterales” nocivos, que se disfrazan o silencian.

Rigor científico. Y adopción de posiciones que, ampliamente secundadas, presencial o virtualmente, por millones de personas logren desenmascarar a quienes se oponen a facilitar la información veraz que los pueblos merecen.

Democracia a escala global, con unas Naciones Unidas de gran autoridad moral y física; democracia a escala regional muy urgente en Europa y democracia a escala local, en la que los ciudadanos cuenten y participen –ahora ya es posible gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación- y existan mecanismos correctores de las afrentas a la democracia que representan las mayorías absolutas parlamentarias, sobre todo cuando se fundamentan en resultados electorales pretéritos…

Alcemos nuestra voz en favor de la transición desde una economía de especulación, deslocalización productiva y guerra a una economía de desarrollo global sostenible y humano. La seguridad planetaria no puede asegurarse de otro modo. Hagamos posible que el consumo de carburantes sea atemperado por un gran desarrollo de las fuentes renovables de energía. Y limpiemos el mar, que ocupa el 70% de la piel de la Tierra y es su gran pulmón… y el de las generaciones venideras.

Los clatrenos, “oro submarino”, los carburantes obtenidos por “fracking”, deben ser utilizados con criterios guiados por el conocimiento científico y no por los beneficios económicos…

Pensemos en nuestras responsabilidades intergeneracionales.

Ahora podemos. ¿Nos atreveremos?

http://federicomayor.blogspot.com/

Joseandrés Guijarro – ATTAC Castilla – La Mancha

En este país, incluso en época de bonanza, nuestros insignes gobernantes nos enseñaron que lo más de lo más para que España fuese bien era la globalización y la deslocalización.

Era importante deslocalizar la fabricación de los productos porque despedir a trabajadores patrios, acostumbrados a exigir unas condiciones laborales abusivas y llevar la producción a Bangladesh, donde poder contratar esclavos a bajos precios trabajando en condiciones infrahumanas, aumentaba nuestra eficiencia y garantizaba la competitividad de nuestras empresas.

Era importante deslocalizar las ventas y centrarse en la exportación de nuestros productos más que cuidar la capacidad adquisitiva de un mercado interno, porque la entrada de divisas y la mejora del balance comercial era un beneficio para toda la sociedad.

Era importante deslocalizar la inversión y la entrada de capital de multinacionales extranjeras para financiar nuestros proyectos empresariales fortaleciendo su solvencia.

Era importante, a fin de cuentas, que las empresas españolas tuviesen dueños extranjeros y que fabricasen sus productos en el extranjero para venderlos en el extranjero. No entendíamos por qué extraño argumento, pero esto era lo más de lo más para mantener nuestra economía jugando en la Champions. Eso sí, era y es importante sacar nuestro patriotismo más atávico para defender a ultranza esas empresas “españolas” si los malvados caciques populistas sudamericanos atentan contra sus intereses, que son los nuestros.

Como todo esto era importante, y así nos lo decían en la televisión, la radio y los periódicos a diario, nadie lo cuestionó y ahora seguimos sin entender cómo esas tres prioridades tan importantes son la base de que nos encontremos en una economía en caída libre donde las inversiones de las multinacionales desaparecen, el trabajo se convierte en un bien de lujo y los ciudadanos, cuyo papel en el sistema no es otro que consumir, dejen incluso de poder hacerlo.

La penúltima sorpresa por estas previsibles consecuencias de una estrategia suicida salta a los titulares con el cierre de la planta que fabricaba los famosos Huesitos, principal motor económico de la localidad zaragozana de Ateca con 110 puestos directos (y la productora de Saimaza en Dos Hermanas también pendiente de cierre). El drama ocupa su pequeño momento en nuestras vidas porque todos los vecinos de Ateca se han manifestado contra el cierre por considerarlo una verdadera sentencia de muerte para su pueblo, pero ninguno de ellos salió a la calle por la venta de la empresa en 1989 por su entonces propietario Francisco Unzurrunzaga a la multinacional Schweppes. ¿Cómo lo iban a hacer si en aquellos años del pelotazo socialista la entrada de capital multinacional era todo un signo de prosperidad?

No había entonces motivo sino para congratularse de un futuro prometedor para los trabajadores, sus familias y toda la comarca. Pero a partir de ese momento la actividad empresarial y la fabricación de dulces dejaba de ser una herramienta para la subsistencia de los vecinos y estos pasaban a ser una mera herramienta para la obtención de beneficios en la City de Londres. Poco pintaban ya los vecinos de Ateca en las futuras decisiones estratégicas de los dueños de la fábrica, en la venta en 2010 a Kraft Foods International o en la reconversión de esta en Mondelez International. Poco importa ya la condena de todo un pueblo de España si los costes de producción son menores en otro de Polonia.

Los vecinos de Ateca salen a la calle ahora a protestar, pero igual que entonces creyeron el argumento del gobierno sobre la fortaleza que daba depender de una multinacional potente, deberían ahora hacer lo mismo sobre las oportunidades personales de la “movilidad exterior”. Las ventajas de la globalización y la deslocalización.

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Este artículo señala que las intervenciones públicas encaminadas a prevenir la obesidad basadas en cambios en los comportamientos de las personas vulnerables a la obesidad, aunque son necesarias, son muy insuficientes. Las epidemias de obesidad que hoy la mayoría de países están experimentando requieren intervenciones públicas que incidan en las condiciones económicas y sociales en las que se encuentra la ciudadanía.

Existe hoy una epidemia que está afectando a la salud y calidad de vida de la ciudadanía de un gran número de países a los dos lados del Atlántico Norte (incluida España). Esta epidemia es la epidemia de la obesidad y el sobrepeso. Obesidad es el término que define la condición de una persona que pesa un 30% por encima del peso que una persona debería tener según su altura y otras dimensiones de su cuerpo. Si su peso es inferior a este 30% pero mayor que el peso normal, entonces se dice que la persona tiene sobrepeso.

Esta epidemia de obesidad comenzó hace treinta años en la mayoría de países que actualmente la sufren. Así, en EEUU, la obesidad entre las personas de 20 a 74 años fue aumentando lentamente después de los años 60, pasando de un 14% en 1960 a un 18% de la población en 1980. Subió, sin embargo, a partir de 1980 siguiendo una progresión geométrica, es decir, de una manera mucho más acentuada, alcanzando el 35% en el año 2003, mientras que el porcentaje de personas con sobrepeso (que incluye a los obesos) pasó de un 48% en 1980 a un 68% en 2003.

Este incremento de la obesidad ha sido atribuido, por la mayoría de medios de información (incluidos los científicos) a tres principales causas: al deterioro de la dieta, a la falta de educación nutricional de la población y a la falta de ejercicio físico. Se han escrito miles y miles de artículos y libros sobre estos temas. Famosos cardiólogos con famosos chefs, por ejemplo, han escrito libros elaborando platos saludables, intentando influenciar en la dieta de la población y muy en particular de los sectores adinerados que van a los restaurantes de los famosos chefs.

Por otra parte, las autoridades públicas han realizado campañas masivas de educación y concienciación popular, intentando mejorar la cultura dietética de la población en general. También (aunque deberían hacer más) estas autoridades públicas han regulado algunas bebidas (como las azucaradas) y alimentos (como las grasas, cuya ingestión frecuente crea la obesidad), desalentando su uso y consumo por parte de la población. Estas medidas son necesarias e importantes. Pero la realidad muestra que son insuficientes. A pesar de estas campañas, la obesidad continúa creciendo, lo cual debería estimular una reflexión, no para diluir la importancia y necesidad de lo que se está haciendo, sino para expandir las áreas de intervención.

La olvidada o silenciada causa del incremento de la obesidad

Si miramos los datos sobre el crecimiento de la epidemia, podemos comenzar a ver las causas de la obesidad (causas que no aparecen en los medios, ni los científicos ni los de información general). En EEUU los casos de personas con obesidad se dispararon en millones a partir de los años ochenta. Debemos preguntarnos, pues, ¿qué ocurre en los años ochenta en EEUU? Como bien señala Douglas Kihn en su artículo “The Political Roots of American Obesity”, Truthout (4 de mayo de 2013), durante la década de los ochenta se llevan a cabo las políticas públicas iniciadas por el Presidente Reagan, que crean una gran inseguridad entre las clases populares. El darwinismo social que caracteriza las políticas neoliberales, llevadas a cabo por la administración Reagan, seguidas por las otras administraciones, crea una enorme ansiedad e inseguridad. El Presidente Reagan inicia su mandato con un ataque frontal a los sindicatos, dificultando la sindicalización de la población trabajadora, obstaculizando el desempeño de su trabajo, apoyando al mundo empresarial para que se deshiciera de ellos y de la protección laboral que proveen. Como consecuencia de estas políticas, solo el 7% de los trabajadores están afiliados (a pesar de que un 52% de los trabajadores desearía afiliarse, sin que lo hagan como consecuencia del miedo a las represalias empresariales). Resultado de ello es que los salarios desciendan, la protección social disminuya y las condiciones de trabajo se deterioren.

Esto implica que no solo la clase trabajadora pierde capacidad adquisitiva, sino que su seguridad en el trabajo queda disminuida de una manera muy acentuada. Como resultado, la inseguridad y la ansiedad caracterizan la vida cotidiana de la clase trabajadora (llamada clase media en EEUU), que es el eje de las clases populares. Miedo, temor, inseguridad y ansiedad se transforman en el pan de cada día, aumentando a medida que el nivel de cualificaciones y renta disponible disminuye. Una consecuencia de esta realidad es el aumento del consumo de alcohol, de drogas y del “fast food”, y con ello de la obesidad, generalizada en los sectores de la clase trabajadora sin cualificaciones y en paro. “Fast food” y bebidas azucaradas se convierten en alimentos casi adictivos, que son baratos, fácilmente accesibles y activamente promocionados.

Como bien ha dicho Adam Drewnowski, director del Nutritional Sciences Program de la Universidad de Washington en Seattle, “la obesidad va a empeorar, pues es el resultado tóxico de un ambiente económico que se está deteriorando”. Dicho programa ha analizado el aumento del diferencial de obesidad entre los distintos barrios urbanos, según la clase social de los barrios. La obesidad está generalizada en los sectores más vulnerables y menos protegidos de la sociedad, cosa que también está ocurriendo en España (incluyendo Catalunya). La obesidad no es un signo de opulencia, como solía ser, sino un síntoma de pobreza. Y es ahí donde aquellas medidas citadas anteriormente son de limitada relevancia.

No es de extrañar que las enfermedades que crecen más rápidamente sean aquellas debidas a la ansiedad y al estrés, tales como la colitis, la enfermedad de Crohn, la incontinencia urinaria, la impotencia sexual, las úlceras gástricas y otras enfermedades gástricas, el colon irritable, las enfermedades cardiovasculares y muchas otras. Este crecimiento ha sido particularmente acentuado en aquellos sectores de la población que se sienten más inseguros. Y puesto que EEUU es uno de los países con mayor inseguridad, es también el país donde el incremento de estas enfermedades (incluida la obesidad) ha sido mayor. En ningún otro país en el Atlántico Norte la obesidad ha alcanzado unos niveles tan elevados como en EEUU.

Esta inseguridad y ansiedad que experimentan las clases populares en su vida cotidiana crea también una inseguridad institucional en las estructuras de poder que desarrollan las medidas de represión para prevenir cualquier amenaza al orden (en realidad desorden) que gobierna el sistema económico-político. Desde 1980 a 2008, el número de personas encarceladas en EEUU se ha quintuplicado, pasando de ser medio millón en 1980 a dos millones y medio en 2008. Una persona de cada 31 está bajo el control del sistema penitenciario (bien en prisión o en libertad vigilada). La inseguridad de las clases populares puede originar una protesta generalizada que amenazaría a las estructuras de poder del país, lo cual explica el aumento de la represión. Y esto es lo que está pasando.

El caso de la epidemia de la obesidad y sobrepeso es un ejemplo claro del original social y político en muchas condiciones patológicas y enfermedades que intentan resolverse y curarse a base de cambios de comportamientos individuales de las personas afectadas, lo cual es necesario pero dramáticamente insuficiente. Para mejorar el bienestar y la calidad de vida, se requieren cambios políticos, sociales y económicos para ir estableciendo una sociedad que se centre en la optimización del bienestar y calidad de vida de la ciudadanía, en lugar de la acumulación del capital y concentración de la riqueza, que han sido el objetivo y las consecuencias de las políticas neoliberales.

vnavarro.org

Luis García Montero – Comité de Apoyo de ATTAC España

La confianza en el universo y en el futuro ha sido la razón principal del optimismo. Una realidad perfecta hace posible una esperanza argumentada. Todo tiene solución, los días navegan a buen puerto, cada amanecer dignifica, cada almanaque corre por las semanas y los meses con una voluntad de beneficio. El optimismo supone así la afirmación positiva del mundo. Una profecía del bien.

Pero la confianza no siempre tiene que ver con la bondad. También resulta posible confiar en que no pase nada. El tiempo se entiende entonces como una rutina que lo borra todo, como una tarea de olvidos. Después de cada desmán, de cada delito, de cada error, se confía en que no pasará nada. Se trata de una especie de optimismo negativo muy afín a la falta de responsabilidades del poder. Todo va bien en la medida en que la realidad es negada o en que el mal se institucionaliza como la única forma de realidad. El optimismo negativo confía en el fatalismo de la sociedad.

La España oficial se ha instalado en el optimismo negativo. Ya no importa tanto resolver los problemas, sino pensar y defender que la incapacidad para resolver los problemas o la forma injusta de encararlos no va a tener consecuencias graves. El sentimiento de impunidad es un aliado imprescindible de esta versión infecciosa del optimismo. El mal conlleva una autoinvitación a la credulidad absoluta.

El pasmoso optimismo del presidente de Gobierno supone una confianza negativa, porque niega la realidad y porque espera que los problemas sin solución no le pasen factura. Rajoy no es tonto, es un optimista negativo. Sabe que el país va mal, que los ciudadanos se están empobreciendo de forma vertiginosa y que las medidas que ha tomado y que va a tomar sólo sirven para empeorar la situación. Es muy consciente de que gobierna para una élite española y europea que necesita despojar de derechos y de riqueza a la mayoría para consolidar su modo egoísta de entender los negocios. Si se atreve a decir que todo va bien, si niega la realidad, es porque piensa que la servidumbre será recompensada. Las facturas del tiempo no son igual para el siervo que para el hombre libre. Comunicárselo a sus parlamentario y a su partido, fue la razón optimista de su discurso de ayer. Lo importante no era decir que las cosas van bien, sino afirmar que no pasará nada en el mal.

El optimismo negativo tiende a mezclar los beneficios de las coyunturas y la irresponsabilidad. ¡A largo plazo no pasará nada! Tenemos a la vistas un ejemplo llamativo. La derecha Española, tan proclive a levantar la bandera de la unidad de España, ha utilizado de manera sistemática el anticatalanismo como una estrategia para ganar votos en Madrid o en Cuenca. Muchos debates serios se han desviado con la tapadera de las ofensas nacionalistas. También el nacionalismo catalán ha utilizado de tapadera las ofensas de España para desviar la atención de sus propias políticas económicas. Pero el distanciamiento entre España y Cataluña no es un problema para el nacionalismo catalán, sino para el español. El PP está jugando con fuego en este asunto por culpa de un optimismo negativo. Todo se lo permite de forma coyuntural porque piensa que no va a pasar nada. La falta de una articulación territorial del Estado, de la que el PP no es el único responsable, ha sido una de las imprudencias más graves del optimismo negativo.

El optimismo negativo del PP no supone un caso aislado. Optimismo negativo es también el de la Casa Real cuando piensa que puede presionar al Gobierno y a la Justicia para que la Infanta Cristina no sea imputada. Optimismo negativo es el de los políticos que se hunden en la corrupción y confían en la suerte de no ser nunca descubiertos. Optimismo negativo es el de los banqueros que juegan al fraude fiscal, las indemnizaciones millonarias y las estafas sociales sin miedo a acabar en la cárcel.

Debe reconocerse que el optimismo negativo tiene justificación en la propia realidad que niega. Es decir, niega los problemas, pero conoce la impunidad de su negación. La ley está de su parte. El optimismo negativo no es otra cosa que la soberbia del poder en una realidad democrática adulterada. Es la conversión en sistema político del usted no sabe con quién esta hablando. Claro que el futuro no está escrito y a veces el destino llega por sorpresa. La deslegitimación sistemática del poder que provocan los optimistas negativos puede dar lugar a un pesimismo esperanzado. Cuando los que ya no creen en nada se cansan tanto de las mentiras que necesitan apostar por una nueva ilusión, la realidad se convierte en una certeza capaz de derribar coronas, tribunas, países y saldos bancarios.