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Comunicado de ATTAC Francia sobre el tratado vinculante de la ONU en relación con las empresas transnacionales y los derechos humanos

Ven, 17/11/2017 - 07:00

Comunicado de ATTAC Francia sobre el tratado vinculante de la ONU en relación con las empresas transnacionales y los derechos humanos

Octubre 2017

Contribuidores

Este comunicado es en gran medida deudor del trabajo desarrollado por la campaña global para desmantelar el poder de las corporaciones transnacionales, de la que ATTAC es miembro, así como de AITEC, Amigos de la Tierra, etc., que igualmente trabajan en este tema.

Autores: Maxime Combes, Laurence Boubet, Alexis Chaussalet

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Movilicémonos por un tratado que termine con la impunidad de las corporaciones transnacionales

Introducción

Bhopal, Texaco, Erika, AZF, Rana Plaza… son numerosos los nombres de corporaciones y emplazamientos industriales que evocan tanto las catástrofes de su impacto humano, social y ecológico como la dificultad para las víctimas de acceder a la justicia y hacer valer sus derechos. Sin embargo, puede ser que al fin estemos en vías de elaborar un derecho internacional que permita condenar más fácilmente las violaciones de los derechos humanos y los abusos cometidos por las corporaciones transnacionales.  De hecho, esto es lo que está en juego en las negociaciones que tienen lugar en el seno del Consejo de los derechos humanos de la ONU. Si el Foro Económico Mundial en Davos aún no se estremece, estas negociaciones sobre un futuro tratado internacional vinculante sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos generan una división drástica: la mayoría de los países del Sur, con el respaldo de las ONG, apoyan el tratado, mientras que los países de la OCDE hasta ahora se han opuesto firmemente, al igual que las empresas transnacionales. Después de varias décadas basadas en la firma de tratados internacionales sobre el comercio y la inversión que conceden a los actores económicos y financieros internacionales poderes desproporcionados y una gran impunidad, he ahí la ocasión de hacer que los derechos de los pueblos, los derechos sociales y el derecho del medio ambiente prevalezcan por fin por encima del derecho comercial y de la inversión, y por encima de los intereses de las transnacionales.

Una batalla que llevará años

Por iniciativa de Ecuador y de África del Sur, el Consejo de los derechos del Hombre (CDH) de la ONU adoptó, en junio de 2014, una resolución dirigida a elaborar un instrumento internacional vinculante hacia las violaciones de los derechos humanos por las corporaciones transnacionales. Adoptada por 20 votos contra 14, de los cuales Francia, Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos, esta resolución creó exactamente un grupo intergubernamental de trabajo (GIGT) cuyo mandato es establecer un marco jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y brindar protección, acceso a la justicia y recursos adecuados a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

El GIGT se reunió en julio de 2015 y octubre de 2016 para dos primeras rondas de negociaciones. La primera ronda de discusiones permitió a expertos y representantes de la sociedad civil hacer un diagnóstico ante los representantes de los Estados con el fin de tener unos primeros intercambios sobre el campo de aplicación, los derechos en cuestión, los mecanismos de aplicación, y también la articulación junto la ley de inversión, consagrada en los tratados internacionales. Después de asegurarse de que los miembros de la UE votaran en contra de la resolución, la misión insistente de la UE en Ginebra fue esforzarse en frenar las negociaciones a partir del establecimiento de condiciones a su participación o directamente el abandono de la sala de negociaciones para así mostrar su poca consideración.

Es solo en octubre de 2017 que el GIGT debe entrar en el meollo del asunto, con un examen de un primer borrador del Tratado preparado por Ecuador. Este es un paso decisivo que ayudará a definir el posible contorno de un eventual tratado internacional: el texto redactado por Ecuador reúne una serie de elementos que forman “una base para las negociaciones sobre el fondo”. El desafío en esta reunión en Ginebra es garantizar que este marco de trabajo pueda continuar sobre estas bases (1)

El documento de trabajo comprende múltiples partes:

  • un marco general compuesto de un preámbulo, con una serie de principios, que especifican los objetivos de tal Tratado;
  • un campo de aplicación que permita precisar cuáles son los derechos a proteger, los actores sujetos a la aplicación del dicho tratado;
  • las obligaciones que los diferentes actores (Estados, compañías transnacionales, organizaciones internacionales, etc.) deberán satisfacer;
  • las medidas de prevención previstas para mejorar la situación actual;
  • la responsabilidad jurídica de las diferentes partes;
  • la manera por la cual será posible acceder a la justicia, mediante recursos eficaces y apropiados;
  • las jurisdicciones concernidas;
  • un cierto número de mecanismos de aplicación, de promoción y de seguimiento del tratado, así como de disposiciones generales.

Muchos comentaristas críticos aseguran que un derecho internacional vinculante será muy complejo de aplicar o básicamente inaplicable. Un argumento que a menudo se acompaña de aquello consistente en decir que las reglas nacionales unilaterales son ineficaces e inapropiadas ya qué las multinacionales son por esencia actores económicos internacionales. Estos son los argumentos clásicos de aquellos que quieren liquidar el asunto y que prefieren establecer la impotencia política y el estatus quo por encima de uno de los grandes desafíos del siglo XXI: promover un derecho que proteja los derechos humanos, el medio ambiente y los bienes comunes, y que fuerce las multinacionales a conformarse bajo sus exigencias.

La promulgación de la ley francesa sobre el deber de vigilancia y la apertura de las negociaciones a nivel internacional eliminan estos dos argumentos infundados. No debemos negar lo complejo del asunto pero en realidad los países del norte, donde reside la matriz del 85% de las transnacionales, son los que más se oponen a la redacción de un documento vinculante a nivel internacional. Mientras que Estados Unidos, Australia y Canadá no participan, la Unión Europea aplaza. En el futuro Francia y la Unión Europea se unirán a este proceso histórico sin bloquear ni limitar su alcance.

Dadas la reticencia y la oposición manifestadas por los estados más poderosos del planeta, nos encontramos ante una batalla abierta a largo plazo en el seno del CDH. Pase lo que pase, la cuestión está sobre la mesa: ¿Cuáles son los procedimientos y las normas de obligado cumplimiento que permitirían limitar los derechos y controlar las actividades económicas, sociales, medioambientales y financieras de multinacionales e inversores?

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Categorías: Alterglobalización

¿Quedará Internet en manos de las élites?

Xov, 16/11/2017 - 07:00

Germán Gorraiz López – ATTAC Navarra-Nafarroa

Zbigniew Brzezinski, ex-consejero de Seguridad Nacional durante el mandato de Carter en su libro “Entre dos edades: El papel de Estados Unidos en la era tecnotrónica”(1.971) aboga por el control de la población por una élite mediante la “manipulación cibernética” al afirmar que “pronto será posible asegurar la vigilancia casi continua sobre cada ciudadano y mantener al día los expedientes completos que contienen incluso la información más personal sobre el ciudadano, archivos que estarán sujetos a la recuperación instantánea de las autoridades”, lo que anunciaría ya la posterior implementación del programa PRISM o del reciente “affaire Spyon” de la NSA.

En consecuencia, tras ser denunciado EE.UU. por intentar controlar la nube mediante programas secretos como el Programa PRISM, estaríamos ya asistiendo al final de la democratización de la información (siguiendo la senda emprendida por los llamados “países totalitarios”, mediante la imposición de leyes que prohíben el uso de determinados términos para continuar con la implementación de filtros en los servidores de los ISP. Así, según un estudio de la organización OpenNet (integrada por las universidades de Oxford, Cambridge, Harvard y Toronto), 35 países ejercerían la censura de webs con contenidos políticos o sociales “peligrosos” e impedirían asimismo el acceso a aplicaciones como YouTube o Google Maps aplicando sofisticados métodos de censura gracias a la colaboración de empresas occidentales, como ocurre en Egipto y Turquía.

La guerra híbrida como elemento diferencial de la Guerra Fría 2.0

La nueva doctrina geoestratégica conocida como “Guerra Híbrida” sería atribuible al Jefe de Estado Mayor de las FF.AA. Rusas, Valery Gerasimov quien afirmó que “ cada vez es más frecuente que se dé prioridad a un uso conjunto de medidas de carácter no militar, políticas, económicas, informativas y de otro tipo que estarían sustentadas en la fuerza militar. Son los llamados métodos híbridos”, concepto que se habría puesto en práctica por primera vez con ocasión de las recientes Elecciones Presidenciales en EE.UU. Así, en la web de investigación “Mother Jones” apareció una versión reducida del informe de los servicios de inteligencia de EEUU en el que acusaban directamente al Gobierno de Putin de estar detrás de “supuestos ataques cibernéticos de hackers rusos para desequilibrar la campaña electoral de Hilary Clinton e inclinar la balanza a favor del supuesto submarino ruso, Donald Trump”.

Según el citado documento de los servicios de inteligencia de EEUU, el Departamento Central de Inteligencia ruso (GRU) con sede en Moscú, considerado el “servicio de espionaje más poderoso y efectivo ruso en la actualidad tras asumir las funciones del primigenio Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) “, se habría servido del pirata informático Guccifer 2.0 así como de la página web DC Leaks.com y de WikiLeaks para “difundir públicamente información de los correos secretos de Hillary Clinton obtenidos mediante hackeo cibernético”, (extremo negado por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange), pero que no habría sido óbice para que la red social Twitter haya prohibido toda publicidad en las cuentas de los medios rusos RT y Sputnik tras acusarles de “divulgar informaciones que interfirieron en las elecciones estadounidenses del 2016”.

¿Final del acceso universal a Internet?

Zbigniew Brzezinski, en un discurso pronunciado en una reunión del Council on Foreings Relations (CFR) advirtió que “la dominación de las élites ya no es posible debido a una aceleración del cambio social impulsado por la comunicación instantánea que han provocado el despertar universal de la conciencia política de las masas (Global Political Awakening) y que está resultando perjudicial para la dominación externa como la que prevaleció en la época del colonialismo y el imperialismo”.

Así, la necesidad de escapar al control del Big Brother en redes como Yootube, Twitter o Facebook , habría impulsado la red TOR (Dark web), creada por defensores del software libre para proteger la identidad de los usuarios. Dicha red contó en sus inicios con las bendiciones de los Gobiernos occidentales para permitir el acceso a Internet en “países totalitarios” como China, Corea del Norte, Rusia e Irán, pero tras los atentados yihadistas de París, las actividades propagandística del ISIS estarían siendo monitorizadas y filtradas por las agencias de seguridad occidentales lo que habría forzado al grupo yihadista a utilizar masivamente la nueva aplicación Telegram, al estar sus contenidos encriptados ( sus usuarios pueden formar grupos de hasta 200 personas y utilizar chats secretos donde el material propagandístico se autodestruye), con la consiguiente dificultad de los servicios secretos occidentales para acceder a sus contenidos.

En un nuevo intento para preservar el anonimato de los usuarios en la Red, asistimos a la aparición de las VPN o Red Privada Virtual, herramientas que ocultan la identidad de los usuarios y permiten mantener la comunicación con cualquier país del mundo libre de vigilancia, lo que habría impulsado a países como Rusia o China a imponer normas para el acceso de los usuarios a dichas herramientas. Asimismo, Francia, Gran Bretaña, Indonesia, China y Rusia exigen eliminar los mensajes encriptados en Whatsapp y Telegram, medidas constrictoras que tendrán como efecto colateral la imposibilidad del acceso universal a la red en la próxima década y el retorno a sus orígenes de la Red de Redes, al quedar Internet convertido en herramienta exclusiva de las élites políticas, económicas y militares.

Analista internacional

Categorías: Alterglobalización

Estados Unidos, a un paso de convertirse en el último paraíso fiscal

Mér, 15/11/2017 - 14:20

Belén Carreño – el diario.es


Arco de entrada de Reno, la ciudad de Nevada de moda como paraíso fiscal. FOTO: Ken Lud / Flickr

 

Estados Unidos será el último gran paraíso fiscal del mundo en apenas dos años. Este mismo enero opera ya el acuerdo de Intercambio Automático de Información ( Common Reporting Standard [CRS]) que facilitará que 104 jurisdicciones (algunos son estados asociados o territorios que difícilmente se pueden llamar países) conozcan todos los activos financieros que sus residentes tienen en el extranjero. El acuerdo, auspiciado por la OCDE, permitirá acabar con la opacidad fiscal de prácticamente todos los paraísos que existen en la actualidad. Salvo Estados Unidos.

Paradójicamente, Washington inspiró la regulación inicial que ha dado origen a este acuerdo pero luego no ha querido seguir el proceso internacional. Estados Unidos inició a raíz de los atentados del 11-S una cruzada contra los paraísos fiscales (gracias a los cuales había montado una estructura financiera Osama Bin Laden) que culminó con la firma de acuerdos bilaterales del sistema FATCA. Con este sistema, Estados Unidos intercambia información tributaria con otras haciendas. Sin embargo, desde su origen este acuerdo ha sido asimétrico. Estados Unidos pide las posiciones de todos los ciudadanos estadounidenses, sean residentes fiscales o no. Además, solo facilita las cuentas a nombre de residentes fiscales extranjeros siempre y cuando sean personas físicas. Sin embargo, al otro lado, un país como España está obligado al firmar el FATCA a ofrecer todo tipo de datos de estadounidenses, incluidas estructuras societarias o trust.

El acuerdo que ahora entra en vigor ha sido impulsado por la OCDE y mejora estas ineficiencias del FATCA. La reciprocidad es total. Se intercambian datos de residentes fiscales incluidas las sociedades. Los sujetos de obligado cumplimiento son los bancos, de ahí que a la mayoría de clientes se les pidiera el año pasado en España que actualizaran sus datos como el NIE o la residencia fiscal. Si no se sabe cuál es el propietario de una sociedad, el banco tiene que identificarlo.

Este nivel de detalle ha hecho que un buen puñado de jurisdicciones no se encuentren en disposición de implementar el sistema para 2017 y lo hayan retrasado hasta 2018. Casi todos los países de la UE sí han dicho que estarán preparados en este ejercicio excepto Austria.

Los países que se han acogido al acuerdo automático de información Fuente: OCDE

Pero más llamativo es el número de paraísos fiscales que se han adherido a esta iniciativa y que ya intercambiarán datos tributarios del ejercicio 2016. Las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Cayman, Curaçao, Guernsey o Bermuda son algunos de los países que ya están listos para decir qué clientes tienen dinero en sus bancos. En 2018 será el turno de Andorra, Aruba, Singapur, Panamá o Macao.

Para 2018 se podría decir que el mundo ya estaría libre de grandes refugios fiscales. Salvo por Delaware, Nevada, South Dakota o Miami. Los lobbies financieros de estos Estados consiguieron frenar la intención de Barack Obama de frenar el acuerdo que se quedó postpuesto para otro mandato demócrata. Con Donald Trump, nadie duda de que este acuerdo no se llegará a firmar. Son muchos los reportajes en prensa estadounidense que han explicado el fenómeno de EEUU como paraíso fiscal. Por ejemplo aquí, aquí y aquí al conocer al país como “la nueva Suiza”.

Como el capital siempre encuentra su cauce, los expertos fiscalistas consultados dan por seguro de que las estructuras societarias opacas migrarán a Estados Unidos. Hay otro puñado de países que no han firmado el acuerdo, principalmente africanos y algunos de Asia central y de Latinoamérica, pero no cumplen los requisitos de seguridad jurídica que brinda el suelo americano. Tal y como está la situación en la actualidad, el lugar con mejor intendencia para soportar una estructura opaca. Además, para un país que no tenga firmado un FATCA, como Rusia por ejemplo, la impunidad de sus nacionales para tener dinero escondido en Estados Unidos es mucho más alta.

Calendario y penalizaciones

Aunque la ausencia de Estados Unidos pone en peligro la efectividad del plan, lo cierto es que es un paso de gigante en la lucha contra el fraude. A diferencia de otros acuerdos o planes, al ser los bancos los sujetos de obligado cumplimiento (y no los contribuyentes), se garantiza que se facilite un alto número de información. El desafío ha sido para las entidades financieras de todos los países ponerse al día en la recolección de estos datos que aún no saben cómo transmitirán a la hacienda pública española. El modelo para remitir la información está por ser aprobado, pero a priori será muy similar al del FACTA que funciona hace ya varios años.

Desde el Gobierno esperan comenzar a recibir estos datos tributarios en mayo, respecto al ejercicio fiscal completo de 2016. Luego, deben hacer una criba, empaquetarlos y enviarlos a los países de destino, algo que esperan hacer en septiembre de 2017. Para entonces ya estarán hechas las declaraciones de la renta (al menos en España) así que cuando Madrid reciba estos datos los podrá cotejar con los que se han presentado.

El contribuyente no tiene que hacer nada (salvo no mentir) ya que a partir de ese momento los datos aparecerán de forma automática, como el que tiene un depósito o unos ahorros en España. Pero los que hayan mentido antes, tienen ahora muchas papeletas de ser pillados. Estos datos se podrán cruzar con el famoso modelo 720, en el que se declaraban los bienes en el extranjero.

El 720 es una relación aún más amplia que la que se ha firmado con el CRS ya que también deben aparecer inmuebles, algo que no se facilitará en este intercambio (al hacerse en realidad desde los bancos). Pero si se han ocultado activos financieros, jugándosela ante la perspectiva de no ser cazado, su tiempo ha llegado.

Después de la amnistía fiscal, Hacienda fijó unas fuertes penalizaciones para los que no hubieran declarado sus bienes en el exterior que llegan a sanciones equivalentes al 150% del valor de lo ocultado.

Por el momento, los efectos de esta normativa en España no están cuantificados ni por el Gobierno ni por la patronal bancaria. Tampoco países que han tenido como un gran atractivo en la opacidad, como Andorra, quieren revelar cuánto negocio o clientela les drenará este nuevo marco de juego.

Lo que está claro es que si un defraudador se quiere ocultar, ya no habrá que buscarlo en montañas muy lejanas o en paradisiacos archipiélagos. Mejor prestar atención a uno de los casinos de Reno (Nevada).

Categorías: Alterglobalización

La montaña de deudas privadas de las grandes empresas estará en el corazón de la próxima crisis financiera

Mar, 14/11/2017 - 07:00

Eric Toussaint - CADTM

Portavoz internacional del Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (CADTM)

Menos de diez años después de la quiebra de Lehman Brothers, ocurrida en septiembre de 2008, ya están reunidos los ingredientes de una nueva gran crisis.

Sin embargo, los gobiernos de las principales economías del planeta habían prometido restablecer una disciplina financiera que respetara el interés general y evitara nuevas crisis de efectos dolorosos para la población. A fin de defender este sistema capitalista que asqueaba a una mayoría de la opinión pública, multiplicaron la palabrería sobre medidas fuertes destinadas a reformar el sistema para darle un “rostro humano”, pero por supuesto sin que esto cambiara nada en absoluto en la práctica. En realidad, la política que los gobiernos y los dirigentes de los bancos centrales han llevado a cabo ha cuidado y favorecido a los intereses del gran capital, en particular los de las grandes sociedades financieras. Ninguna medida estricta ha obligado seriamente a los capitalistas a poner freno a la toma de riesgos, a reducir la especulación, a invertir en la producción.

Las crisis forman parte del metabolismo del sistema capitalista pero todas no son iguales. En el presente artículo, no se trata de recordar las causas generales de las crisis capitalistas. Se trata aquí de diagnosticar factores que conducen ciertamente a una nueva crisis de gran amplitud.

Cuando estalle, los gobiernos, los dirigentes de los bancos centrales y la prensa dominante aparentarán sorpresa, como cada vez que ocurre.

Para la gente que se opone al sistema, es fundamental señalar con el dedo las responsabilidades y mostrar como funciona el capitalismo a fin de ser capaces de imponer una lógica diferente y de romper radicalmente con este sistema.

Desde 2010, aprovechándose de la política de bajas tasas de interés adoptada por los bancos centrales de los países más industrializados (Reserva Federal de los Estados Unidos, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, Banco de Japón, Banco de Suiza….), las grandes empresas privadas han aumentado masivamente su endeudamiento. En los Estados Unidos, por ejemplo, la deuda de las empresas privadas no financieras ha aumentado en 7 800 millardos de dólares entre 2010 y mediados de 2017.

¿Qué han hecho con el dinero prestado? ¿Lo han invertido en investigación-desarrollo, en inversiones productivas, en la transición ecológica, en la creación de empleos decentes, en la lucha contra el cambio climático? En absoluto.

El dinero tomado prestado ha servido en particular para realizar las actividades siguientes:

I. Las empresas piden prestado para recomprar sus acciones en bolsa. Esto produce dos ventajas para los capitalistas: 1) hace subir el precio de las acciones; 2) permite “remunerar” a las y los accionistas sin consecuencias en el pago de impuestos sobre los beneficios. Además, en numerosos países, las plusvalías sobre las acciones no están gravadas con impuestos o lo están a tasas muy bajas (en comparación con el impuesto sobre la renta o el IVA). Ya en 2014, las recompras de acciones en los Estados Unidos habían alcanzado un montante mensual de entre 40 y 50 millardos de dólares[1]. El fenómeno ha proseguido posteriormente. Subrayemos que ya se había asistido, antes de la precedente crisis, a un aumento muy fuerte de las recompras de acciones a partir de 2003, que había alcanzado un máximo en septiembre de 2007 en plena crisis de las “subprimes”. Entre 2010 y 2016, las empresas norteamericanas han comprado sus propias acciones en Bolsa por un montante aproximado de 3 000 millardos de dólares[2]. Una gran parte de la buena salud de las bolsas, no solo la de los Estados Unidos, es debida a las recompras masivas de acciones. Es pues completamente artificial.

En el mundo imaginario del sistema capitalista enseñado en los manuales de economía, las empresas emiten acciones en Bolsa para recaudar capital a fin de invertirlo en la producción. En el mundo real, las empresas capitalistas piden prestado capital en los mercados financieros o a los bancos centrales para recomprar sus acciones en Bolsa a fin de aumentar la riqueza de sus accionistas y dar la impresión de que la salud de la empresa es excelente.

Los dirigentes de empresa que son en parte remunerados en stock options, es decir en acciones que pueden revender, tienen un interés enorme en animar a su empresa a que recompre sus acciones. Quien parte y bien reparte….

Hay igualmente que subrayar que los dirigentes de empresa han sido muy generosos en materia de distribución de dividendos. Entre 2010 y 2016, los dividendos entregados a los accionistas en los Estados Unidos han alcanzado los 2 000 millardos de dólares. En total, si se suman las recompras de acciones y los dividendos distribuidos, los accionistas de las firmas estadounidenses han percibido 5 000 millardos de dólares entre 2010 y 2016.

II. Las empresas piden prestado para comprar créditos. Compran productos estructurados compuestos de créditos concedidos a otras empresas o a particulares. Compran sobre todo obligaciones emitidas por otras empresas privadas así como títulos públicos. La firma Apple tenía ella sola en 2017 créditos sobre otras empresas por un montante de 156 millardos de dólares, lo que representa el 60% del total de sus activos[3]. Ford, General Motors y General Electric compran igualmente deudas de otras empresas. El 80% de los activos de Ebay y el 75% de los activos de Oracle son créditos sobre otras empresas.

Las treinta principales empresas no financieras de los Estados Unidos activas en el mercado de las deudas poseen juntas 423 millardos de dólares de deudas de empresas privadas (Corporate debt and comercial paper securities), 369 millardos de dólares de deudas públicas y 40 millardos de dólares de productos estructurados (Asset Backed Securities y Mortgage Backed Securities).

En la medida en que las empresas intentan maximizar los rendimientos que sacan de los créditos que poseen sobre otras empresas, están empujadas a comprar deudas emitidas por las empresas menos sólidas dispuestas a remunerar a los prestamistas más que otras. El mercado de las deudas con riesgo se amplifica.

Si las empresas deudoras llegan a entrar en dificultades de pago, las empresas acreedoras se encontrarán en dificultades. En 2016, Apple ha hecho saber a las autoridades americanas que un aumento del 1% de las tasas de interés podría provocar una pérdida de 4,9 millardos de dólares[4]. Tanto más en la medida que para financiar estas compras de deudas, Apple, igual que las demás empresas, ha tomado prestado. Por ejemplo, en 2017, Apple ha tomado prestados 28 millardos de dólares. Su deuda financiera total se elevaba a alrededor de 75 millardos de dólares. Por efecto dominó, en los Estados Unidos podría producirse una crisis de una amplitud tan importante como la de 2007-2008.

Hay que saber igualmente que cuando las tasas de interés suben, el valor de los títulos de deuda de las empresas baja. Cuanto más esos créditos (es decir los títulos de deudas emitida bajo forma de obligaciones por las empresas privadas) representan una parte importante de los activos de las empresas, más puede tener un impacto negativo sobre la salud de los acreedores la caída del valor. Estos acreedores corren el riesgo entonces de carecer de fondos propios para compensar la devaluación o la desvalorización de los créditos que poseen.

La situación descrita corresponde a una nueva progresión de la financiarización del capital: las grandes empresas no financieras siguen desarrollando sus inversiones financieras. Apple, Oracle, General Electric, Pfizer, Ford o General Motors refuerzan sus departamentos financieros y asumen de nuevo cada vez más riesgos para aumentar sus beneficios.

Además, una gran parte de los créditos poseídos sobre otras empresas pasan por paraísos fiscales, lo que aumenta la opacidad de las operaciones realizadas y puede aumentar el riesgo. Las islas Bermudas e Irlanda están entre los principales paraísos fiscales utilizados por las grandes empresas de los Estados Unidos que apuestan a fondo por la optimización fiscal.

Lo que acaba de ser descrito concierne al conjunto del mundo capitalista aunque los datos presentados se refieran a la economía de los Estados Unidos.

La montaña de deudas privadas de las empresas estará en el corazón de la próxima crisis financiera. Pero crisis o no, los comportamientos descritos justifican ampliamente la acción de todas las personas que luchan para acabar con el capitalismo y el sistema de la deuda.

NOTAS
[1]             Financial Times, “Return of the buyback extends US rally”, 5 diciembre 2014.
[2]             Financial Times, “Buyback outlook darkens for US socks”, 22 junio 2017.
[3]             Financial Times, “Debt collectors”, 16-17 septembre 2017.
[4]             Financial Times, “Patcy disclosure gives investors little to chew on”, 28 septembre 2017.

 

Publicado en Público.es

Categorías: Alterglobalización

Los Estados nacionales y sus poderes relativos en la economía mundial

Lun, 13/11/2017 - 07:04

Julio C. Gambina – Consejo Científico de ATTAC España

Una vez regresado de Nueva York el Presidente Mauricio Macri, EEUU informó oficialmente sobre las restricciones al ingreso del biodiesel argentino a su territorio. Algo similar hizo Europa en el 2013 y motivó demandas ante organismos internacionales que otorgaron la razón a la Argentina 4 años después.

Macri estaba en busca de inversores externos en EEUU y la realidad de la economía mundial le devuelve más problemas a la situación externa de la economía Argentina, ya que los aranceles superiores al 70%, establecido en Washington para el biodiesel argentino, frenan exportaciones por 1.200 millones de dólares y contribuyen al incremento del elevado déficit comercial del país, que se proyecta cercano a los 6.000 millones de dólares para el 2017. Un déficit que exige ingreso de divisas a cualquier costo.

El argumento estadounidense es que la Argentina subsidia a los exportadores de la agro-energía y perjudica al complejo agro energético en su territorio, por lo que sugieren aplicar retenciones a las exportaciones, sugiriendo guarismos en torno al 27%, algo que estaría a contramano de la “ideología” del equipo gobernante. Recordemos que una de las primeras medidas al asumir Macri en diciembre del 2015 se concentró en la eliminación y/o reducción de las retenciones a las exportaciones.

Ahora, el país llevará el tema a los organismos internacionales para obtener un laudo favorable en 3 o cuatro años. Las normas internacionales postergan decisiones que la lógica de la competencia capitalista dirime a favor de la Argentina y su modelo productivo agroindustrial, que no puede ser sostenido desde la debilidad relativa del Estado capitalista local ante otros con más poder, no solo económico, sino militar y cultural.

Es el precio del menor peso relativo de los Estados nacionales de la periferia capitalista.  Aun con tecnología de punta en la agroindustria y la subordinación a la transnacionalización de la producción, el peso del Estado capitalista en la Argentina es reiteradamente subordinado a la lógica del poder mundial, sea de EEUU o de Europa Unida, o cualquiera de los países o bloques que disputa la hegemonía del capitalismo mundial.

Queda claro el pragmatismo “proteccionista” estadounidense (ayer europeo), que no le impide la formulación discursiva de la lógica “aperturista”, tal como ratificó en estas horas el acuerdo entre China y EEUU para liberalizar el sistema financiero del gigante asiático. Suscripto ante la presencia de Donald Trump en Beiging, se habilita el ingreso de la banca estadounidense o mundial a la posibilidad de adquirir paquetes accionarios de la banca china. Gradualmente se podrá adquirir paquetes accionarios de la banca china por capitales externos.

Los gobernantes del capitalismo desarrollado pueden actuar en simultáneo con un discurso contradictorio, de apertura y/o de protección, derivado en su capacidad relativa para intervenir en uno u otro sentido. Es algo que en mucha menor medida pueden realizar Estados nacionales de menor peso relativo, para el caso la Argentina.

Cada Estado nacional defiende sus intereses locales y en la disputa por un lugar en el sistema mundial. EEUU protege la producción local estadounidense y establece reglas que restringen el ingreso de la producción externa, p.e. de la Argentina, al tiempo que empujan la liberalización en otros países para favorecer el ingreso de sus productos y capitales.

En rigor, es lo que intentan todos los Estados nacionales y en función de sus tamaños relativos y su poder real es que pueden tener éxito en sus propósitos o no.

Las empresas transnacionales acumulan capital y capacidad de dominación articulando con el poder negociador de los Estados nacionales  en donde originaron su potencial de acumulación económico. Se trata de una relación dialéctica entre acumulación de capitales privados y desarrollo del Estado capitalista en cada país.

Como trasfondo operan los acuerdos bilaterales y multilaterales en organismos internacionales y tratados regionales o globales. Trump dice privilegiar ahora los bilaterales desde una concepción “First America” mientras China sustenta la “globalización” y Argentina, anfitrión de la OMC en diciembre próximo promueve un librecambio ideologizado y alienta desde el Mercosur el asimétrico acuerdo con la Unión Europea.

Necesidad de financiar el déficit

Los problemas externos de la economía local demandan financiamiento y el ingreso de capital de préstamos es lo que está lubricando la economía en la Argentina. Es algo que escamotea problemas estructurales y al mismo tiempo contribuye a generar un clima social de evolución favorable de la economía local. Sin duda, es uno de los aspectos que interviene en el consenso electoral a la propuesta del oficialismo.

Argentina tiene el record de endeudamiento entre los países emergentes para los años 2016 y 2017 por encima de China, México u otros tomadores de deuda en el mercado mundial. El stock de deuda del Estado argentino supera los 300.000 millones de dólares, casi un 60% de un PBI estimado en 550.000 millones de dólares y reservas internacionales por 50.000 millones de dólares.

El problema del stock de la deuda deviene de los compromisos de intereses anuales que devenga, ya que el capital se renueva recurrentemente y acrecienta la exigencia de cancelación de intereses, limitando el gasto público social para atender derechos, caso de educación o salud. Como en otras ocasiones de la historia local, los intereses de la deuda superan el presupuesto de educación y salud en conjunto. Un dato no menor está expresado en la tendencia al alza de la tasa de interés mundial empujada por la Reserva Federal de EEUU.

Junto a la deuda asumida por el Estado nacional e incluso las provincias, preocupa la creciente deuda asumida por el BCRA con la colocación de sus letras, las LEBAC. Estas se explican como instrumento anti inflacionario y más allá de su discutido éxito para una inflación superior al 20% para todo el año 2017, las LEBAC constituyen un mecanismo oneroso para el Estado que compite en el uso de la masa de dinero disponible para el crédito privado.

Veamos. El stock de LEBAC supera el billón de pesos y el total del crédito privado, según el BCRA alcanza a menos de 1,5 billones de pesos. A fines del 2015 el stock de LEBAC era de 300.000 millones de pesos, por lo que se multiplicaron por más de tres veces y pagan tasas gigantescas. Ese nivel de endeudamiento a elevadas tasas de interés, que esta semana volvieron a subir al 28,75% y negociaciones en el mercado secundario en torno al 30%, suponen un costo financiero muy importante para el sector público.

El BCRA es un gran captador de recursos y compite con otros demandantes de préstamos, que ante esas elevadas tasas prefieren postergar cualquier decisión productiva y privilegiar incluso opciones de tipo especulativo. Así, la economía argentina privilegia el sector especulativo financiero a contramano de la predica oficial por la recomposición de la actividad productiva a estimular con inversión productiva extranjera.

La política económica del Estado local está financiada con el ingreso de capital de préstamo que además favorece la fuga de capitales, sea por cancelaciones de los vencimientos de capital de deuda; por crecientes remesas de utilidades al exterior y saldo negativo de la balanza de turismo; sin perjuicio de otros mecanismos relativos a cuentas y empresas en el extranjero que involucran a principales funcionarios del gobierno nacional.

El FMI avala el ajuste y la reforma regresiva. ¿Cómo contra argumentar?

Lo explicitado son las razones del ajuste propiciado desde el gobierno y la batería de reformas reaccionarias en materia laboral, previsional o tributaria. Argumento coincidente con el balance de la misión del FMI sobre las cuentas argentinas. Dice el FMI que el rumbo es el correcto pero que hay que acelerar las “reformas” y bajar el déficit fiscal y comercial profundizando las medidas anunciadas desde el Poder Ejecutivo.

Más allá del debate y los consensos que puedan lograrse con gobernadores y parlamentarios; empresarios y dirigentes sindicales, la sociedad necesita discutir el orden socio económico y sus formas de financiamiento. Un desafío es que no solo actúe la iniciativa ideológica política del poder sobre la población. La propaganda del discurso oficial y el accionar de la prensa tradicional multimedia que habla al 42% del consenso electoral se transforman en “sentido común” favorable al único camino posible para resolver la cotidianeidad.

Necesitamos confrontar con ese diagnóstico gestando por la asociación entre el discurso oficial y la brega mediática mayoritaria, instalando que el presente de ajuste se deriva de la situación del paso reciente y es el único camino posible para un futuro de expectativas. Esto supone discutir el pasado, el presente y el futuro, que involucra una sustancial discusión sobre y contra el capitalismo imperante.
Los capitales asociados a la producción del vino o la cerveza presionan para evitar impuestos sobre sus productos. Lo mismo hace la Coca Cola, quien actúa sobre sus proveedores de jugos para incidir sobre el gobierno y limitar la pretensión tributaria. La transnacional amenaza con parar inversiones por 1.000 millones de dólares si prospera el impuesto sobre las aguas azucaradas.

Esa presión empresaria incluye el lobby sobre los consumidores, generando opinión pública, algo que no ocurre sobre aspectos esenciales de la tributación, tal como eliminar el impuesto a las ganancias sobre los salarios; o definir una estructura progresiva de los tributos. Desde los trabajadores se protesta contra la regresividad impositiva y se enfrenta la articulada acción de los capitales y el Estado, que buscan en la sociedad una opinión pública en defensa de los intereses empresarios en desmedro de derechos sociales para la mayoría de la sociedad.

Por eso, ¿con que discurso discutimos el régimen tributario y su impacto en el modelo productivo y de desarrollo? ¿Cómo explicitar que la reforma laboral es precarización del empleo? ¿Cómo discutir el régimen previsional y el deseo de profundizar el deterioro de los ingresos de jubilados y jubiladas con las reformas al régimen de actualización?

Empezar a desarrollar argumentos críticos al discurso oficial e instalar una perspectiva anticapitalista constituye un desafío para el movimiento popular.


Buenos Aires, 11 de noviembre de 2017

El Blog de Julio C. Gambina

Categorías: Alterglobalización

Nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial

Dom, 12/11/2017 - 07:00

Gerardo Honty - alai, América Latina en movimiento

El pasado 6 de noviembre la Organización Meteorológica Mundial (OMM) publicó un avance de su informe “Estado del clima mundial 2017”. Allí se anuncia que este año va a ser uno de los tres años más cálidos jamás registrados (los otros dos fueron 2015 y 2016) con cada vez más frecuentes episodios de efectos devastadores, como huracanes, inundaciones, olas de calor y sequías.  De enero a septiembre de 2017 se registró una temperatura media global de aproximadamente 1,1 °C por encima de los niveles preindustriales y el período de 2013 a 2017 será el quinquenio más cálido jamás registrado.

Los indicadores del cambio climático a largo plazo, como el incremento de las concentraciones de dióxido de carbono, el aumento del nivel del mar y la acidificación del océano, siguen aumentando mientras los hielos del Ártico, la extensión del hielo marino de la Antártida y los glaciares continúan reduciéndose. El manto de hielo de Groenlandia –elemento clave para la circulación oceánica- ha perdido cerca de 3 600 000 millones de toneladas de masa de hielo desde 2002.

“Hemos sido testigos de fenómenos meteorológicos extraordinarios, temperaturas que han llegado a +50 °C en Asia, huracanes sin precedentes en el Caribe y en el Atlántico que han llegado hasta Irlanda, devastadoras inundaciones monzónicas que han afectado a muchos millones de personas y una sequía implacable en África oriental” afirmó el Secretario General de la OMM, Petteri Taalas durante la presentación del informe en el marco de la Convención de Cambio Climático de Bonn (COP 23).

Hace dos años -en la COP 21 de París- esta misma Convención había firmado el “Acuerdo de París” con gran algarabía y los muy extendidos aplausos de las delegaciones nacionales de todo el planeta. Seguramente no haya sido igualmente aplaudida la principal noticia del informe de la OMM con los resultados efectivos de aquel Acuerdo: La tasa de aumento del CO2 de 2015 a 2016 fue la más alta jamás registrada, a saber, de 3,3 partes por millón/año, lo que supuso que la concentración de CO2 alcanzara las 403,3 partes por millón. Y los datos en tiempo real de diversos lugares específicos indican que los niveles de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso siguieron aumentando en 2017.

Aumentan los desastres

Según el reporte los fenómenos extremos afectan a la seguridad alimentaria de millones de personas, especialmente a las más vulnerables. En los países en desarrollo, el 26 por ciento de los daños y las pérdidas causados por tormentas, inundaciones y sequías de mediana y gran escala recayó sobre la agricultura (cultivos, ganadería, pesca, acuicultura y silvicultura).

El riesgo general de enfermedades o muertes relacionadas con el calor ha aumentado de forma constante desde 1980, y actualmente cerca del 30% de la población mundial vive en condiciones climáticas que provocan olas de calor extremas prolongadas. Entre 2000 y 2016, el número de personas vulnerables expuestas a episodios de olas de calor se ha incrementado en aproximadamente 125 millones.

En 2016 se desplazaron 23,5 millones de personas como consecuencia de desastres de origen meteorológico. Al final de 2017 varios millones de personas habrán resultado desplazadas por las inundaciones en Asia y por las sequías en África y se contarán por millares los muertos y enfermos por estas causas.

Pero no solo los países menos desarrollados han sido afectados. El índice de energía ciclónica acumulada, que mide la intensidad total y la duración de los ciclones, alcanzó este septiembre su valor mensual más elevado jamás registrado. En el Atlántico Norte hubo tres huracanes de primer orden y de gran impacto, que se sucedieron en un corto intervalo de tiempo: Harvey en agosto e Irma y María en septiembre. Un pluviómetro ubicado cerca de Nederland (Texas) midió un total provisional de 1.539 mm de precipitación en siete días, que fue el mayor volumen jamás registrado para un solo fenómeno en el territorio continental de los Estados Unidos.

A mediados de octubre, Ophelia se convirtió en el huracán de primer orden (categoría 3) ubicado a más de 1 000 kilómetros al noreste que ningún otro huracán anterior del Atlántico Norte. Causó daños importantes en Irlanda, mientras que los vientos asociados a este sistema contribuyeron a provocar incendios de gran magnitud en Portugal y el noroeste de España.

En muchas zonas del Mediterráneo predominaron unas condiciones secas. La sequía más grave se dio en Italia, afectando a la producción agrícola y provocando una caída del 62% de la producción de aceite de oliva con respecto a la producción de 2016. Además, se dieron las temperaturas más altas registradas en Italia para el período de enero a agosto, con una anomalía de 1,31 °C superior a la media del período 1981-2010.

En varios países las altas temperaturas alcanzaron niveles nunca antes registrados como en Australia, Pakistán, Irán, Barhein, Omán, China, España, Italia, Francia y Estados Unidos. En particular en América del Sur, Santiago de Chile registró la mayor temperatura conocida (37,4 °C) lo que contribuyó a la propagación de los mayores incendios forestales en la historia chilena que arrasaron 614 mil hectáreas de bosque.  En Puerto Madryn (Argentina) se alcanzó una temperatura de 43,5 °C, la más alta registrada tan al sur (43° S) en ningún lugar del mundo. En el otro extremo térmico, el frío intenso y grandes nevadas afectaron partes de la Argentina en julio. En Bariloche, la temperatura descendió hasta -25,4 °C, más de cuatro grados por debajo de la temperatura más baja registrada anteriormente en esa ciudad.

La esperanza es lo último que se perdió

Este informe es demoledor. Mucho más que los similares anteriores de la OMM. Los indicadores de la crisis ambiental planetaria empeoran y no hay acuerdo internacional que sea capaz de revertirlo por más aplausos, felicitaciones mutuas y grandilocuentes alocuciones con que sean anunciadas.

Y este no es el único reporte. Hace pocos días la revista médica Lancet publicó otro informe donde se revela que la contaminación ambiental, desde el aire sucio hasta el agua contaminada, está matando a más personas cada año que todas las guerras y la violencia en el mundo. Más que fumar, el hambre o los desastres naturales. Más que el SIDA, la tuberculosis y la malaria combinados. Una de cada seis muertes prematuras en el mundo en 2015 – alrededor de 9 millones – podría atribuirse a la enfermedad por exposición tóxica, según el estudio publicado el jueves 19 de octubre. El costo financiero de la muerte, la enfermedad y el bienestar relacionados con la contaminación es igualmente masivo -dice el informe- y cuesta unos U$D 4,6 billones en pérdidas anuales, o alrededor del 6,2 por ciento de la economía mundial.

Desde la publicación del histórico informe del Club de Roma de 1972 –Los límites del crecimiento-, que anunciaba el colapso de la civilización para el año 2030 si se seguía insistiendo con las políticas de crecimiento económico, muchos autores (llamados más o menos despectivamente “colapsistas”) han estado alertando sobre la certeza de aquellos escenarios y la corroboración de la trayectoria de los indicadores proyectados.

Muchas veces estos analistas han estado utilizando la imagen del “Titanic” para ejemplificar como nuestra civilización, ante el choque evidente contra el iceberg, continúa la fiesta a bordo sin intentar tomar las previsiones necesarias para evitar el choque. En estos momentos estoy tentado a pensar que ese momento ya pasó, que nuestro barco ya chocó contra el iceberg y que estamos viendo a los primeros náufragos caer al mar y a los demás aferrarse a cualquier cosa que los ayude a sostenerse en la cubierta del barco inclinado.

Lo que nos muestra la evidencia de los datos de estos informes científicos, es la irreversibilidad del  proceso y que no hay ya posibilidad de recuperar la salud del ecosistema planetario. El calentamiento global, la acidificación de los océanos, la pérdida de biodiversidad, la desertificación, la muerte de las zonas marinas costeras y la contaminación del agua, no son procesos reversibles. No al menos en la escala de tiempo de vida de los que aún estamos sobre el barco.

El Titanic se hunde. Habrá sobrevivientes sin duda. Pero su vida estará condenada a flotar sobre los restos de madera de algo que alguna vez supo ser un barco esplendoroso.

 

Gerardo Honty es analista de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social)

 

Categorías: Alterglobalización

Qué ha ocurrido con el tratado de la ONU sobre empresas y derechos humanos

Sáb, 11/11/2017 - 07:00

Erika González / Tom Kucharz - El Salto

La tercera ronda de negociaciones para elaborar un tratado vinculante para que las multinacionales respeten los derechos humanos ha llegado a su fin, pero la oposición de la Unión Europea y Estados Unidos lo ponen en peligro.

En la sede de la ONU de Naciones Unidas en Ginebra, ha acontecido durante toda la semana la tercera sesión del grupo de trabajo, tal y como ya se publicó en El Salto, que tiene como mandato elaborar una normativa internacional vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Solo faltaba una cosa: conocer el desenlace de las discusiones y si iba a poder continuar el proceso.

A las 6.20 horas de la tarde del viernes, el embajador ecuatoriano y presidente del grupo de trabajo, Guillaume Long, daba un golpe con el mazo para confirmar la aprobación por consenso del informe que marcará los siguientes pasos y cerrar así la sesión. Aunque, en ese momento, el representante de la Unión Europea (UE) estaba levantando su tarjeta para hablar. De nuevo iba a intervenir para expresar sus reservas y la oposición de la UE a que este proceso avanzara, pero llegó tarde. El hecho de que se admitiera una de sus propuestas en el texto final le hizo vacilar, con lo que se cerró la sesión con la mirada puesta en 2018.

Las organizaciones sociales y de derechos humanos allí presentes celebraron la aprobación de un informe que incluía dos aspectos cruciales. Primero, convocar al grupo de trabajo a una cuarta sesión el año que viene. Segundo, presentar un borrador del texto del instrumento jurídicamente vinculante cuatro meses antes de dicha sesión, con el fin de recibir enmiendas que permitan llegar a consensos y a su aprobación. “El tratado vinculante sigue hacia una cuarta sesión en 2018. Aunque no todos los países jugaron limpio, intentar pararnos solo nos hace más fuertes”, afirmaba la Alianza por el Tratado, una articulación de centenares de entidades y redes sociales de todo el mundo. Efectivamente, la presencia de numerosos representantes de la sociedad civil organizada— más de 200 delegados y delegadas procedentes de 80 países— hizo que se mantuviera una fuerte actividad de incidencia sobre los Estados. Y eso jugó un papel fundamental de cara a la continuidad del grupo de trabajo.

La UE mantiene su oposición

El viernes había empezado con la certeza de que la UE iba a hacer descarrilar el proceso. De hecho, la UE convocó a las organizaciones sociales y de derechos humanos a una reunión. En ella, Jerome Bellion-Jourdan, portavoz de la misión europea ante la ONU, sostuvo que nada de lo que se había hablado en la semana le había convencido para continuar con el proceso y avanzar en la creación de normas vinculantes dirigidas a las grandes corporaciones. Ante la indignación de los presentes, siguió insistiendo en que no hacía falta porque ya existen los Principios Rectores y unos códigos voluntarios que resultan “suficientes”. Todo lo contrario a lo manifestado por la mayoría de juristas, expertos y representantes de los Estados que habían intervenido durante toda la semana.

Esa misma línea fue la que siguió el representante del Estado español, que planteó la necesidad de un rápido “acceso a la justicia, la reparación y la prevención” para la población afectada por los impactos empresariales. España ha aprobado recientemente su Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos que, según el diplomático, “garantiza el acceso a justicia y reparación”. Pero, como sostienen los investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), este Plan se aprobó “sin ningún tipo de consulta a la sociedad civil ni cauces de participación, con una absoluta falta de transparencia”. Y en él, en realidad, “no hay ninguna mención al diseño de mecanismos de evaluación y seguimiento, nada que decir sobre la necesidad de promover instancias de control para afrontar los incumplimientos de una normativa internacional sobre derechos humanos… que debería ser de obligado cumplimiento”.

En este contexto, con los Estados en posiciones bastante distantes, muchos de ellos decidieron participar en un espacio de consultas informales que tuvo lugar justo antes de iniciar el tramo final de la semana. Las negociaciones fueron intensas y obligaron a que la reunión oficial se tuviera que retrasar más de dos horas. No es para menos, porque países como Ecuador, Sudáfrica y Filipinas se emplearon a fondo para ver las posibilidades de acuerdo en el documento con los pasos a seguir. Por cierto, a esta reunión paralela sí acudió un país que había ignorado este proceso desde el inicio: Estados Unidos.

Estados Unidos, junto a la Unión Europea

Después de un almuerzo entre los diplomáticos de la UE y EEUU, estos últimos aparecieron por el espacio de consultas para afirmar que la continuidad del grupo no tenía sentido. “El mandato solamente es por tres años y el presidente no puede asumir que continuará. Nos oponemos a la mención de una cuarta sesión. El grupo de trabajo debe informar al Consejo de Derechos Humanos y esperar”, dijeron. La postura estadounidense fue secundada por México, Australia, Noruega y Suiza. De este modo, se ignoraba la intervención de la propia secretaría del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que había rechazado previamente la interpretación que daba por liquidado el mandato y sostenía que este debía continuar hasta lograr elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante.

Mientras ocurría todo esto, a falta de media hora para dar por finalizada la tercera sesión, la sala donde debía celebrarse la sesión final del grupo de trabajo seguía medio vacía. Solo estaban las activistas de derechos humanos y los representantes de las comunidades afectadas, que tomaron la palabra para exigir la continuidad y la aceleración de la elaboración de normas obligatorias para las grandes corporaciones. Y sus voces se expresaron tanto en la sala como en un comunicado publicado el mismo viernes por la campaña global Desmantelemos el Poder Corporativo. Tchenna Maso, portavoz de La Vía Campesina, señaló cómo los gobiernos que se opongan a la creación de este instrumento actúan en complicidad con las violaciones de las transnacionales y también llamó la atención sobre “la posición de la Unión Europea, que está obstruyendo el proceso”.

La sesión finalizó cuando el presidente del grupo confirmó el consenso sobre la aprobación del informe, con unas recomendaciones y conclusiones que contemplaban la continuidad del proceso. Fue entonces cuando decenas de activistas se pusieron de pie en la Sala de la Alianza de Civilizaciones para reunirse en el centro de la misma, aplaudir y enarbolar la publicación que contiene sus propuestas para un instrumento vinculante.

Próximos pasos

Entonces, ahora que hay una convocatoria para reunirse el próximo año y unos plazos que supuestamente van a conducir a la elaboración del instrumento vinculante, ¿solo queda centrarse en la letra y contenidos de este tratado? Mucho nos tememos que no. Porque los Estados centrales y los lobbies empresariales que rechazan este posible nuevo marco jurídico no han hecho otra cosa que iniciar su estrategia de bloqueo. Y es esperable que a lo largo de 2018 pongan en marcha diferentes vías para seguir intentando descarrilar el proceso.

Es lo que hicieron en las anteriores ocasiones en que en Naciones Unidas se trató de frenar la impunidad de las empresas transnacionales. Un vistazo a la historia de este organismo multilateral nos muestra cómo, después de que durante dos décadas se estuviera debatiendo sobre el código de conducta obligatorio para las grandes corporaciones, este nunca llegó a ver la luz. Y también que el proyecto de normas destinadas a las multinacionales, aprobado en 2003 por la Subcomisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fue ignorado para poner en su lugar los códigos de conducta y los acuerdos voluntarios.

Eternizar los procesos es una de las formas más recurrentes para bloquear procesos en la ONU por parte de las grandes potencias. La burocracia, los textos ambiguos, los continuos cuestionamientos del procedimiento y de la interpretación de los mandatos son algunas de las herramientas que va a seguir utilizando la UE. Y, por lo que parece, ahora también Estados Unidos. Las próximas reuniones del Consejo de Derechos Humanos, que tendrán lugar en marzo y junio del año que viene, podrán tornarse aún más favorables a las exigencias de estos países, porque ha habido un cambio en la composición de ese organismo. Ahora, la mayoría de los Estados que han entrado a ocupar un asiento permanente en el Consejo de aquí a 2020, incluido España, son hostiles al instrumento vinculante. Así, parece probable que los países alineados con la UE y EEUU presenten resoluciones para hacer caer el proceso de creación de normas que obliguen a las empresas transnacionales a cumplir los derechos humanos.

Las organizaciones sociales, conocedoras de que este camino en Naciones Unidas será largo y difícil, se preparan para ello y ya están trabajando para seguir extendiendo todo lo posible el apoyo social y político a la creación de mecanismos de control que frenen la impunidad de las grandes corporaciones. Van a continuar presionando a la UE con el fin de fortalecer las posiciones más cercanas al instrumento vinculante dentro de la región, como son las que parecen tener Francia, Bélgica, Holanda e Italia. Y también al Estado español, donde en el Congreso de los Diputados se ha iniciado un proceso para implementar instrumentos internos que generen instrumentos efectivos para controlar a las compañías multinacionales. Para que la propuesta tenga recorrido en el legislativo, el papel que tienen los grupos parlamentarios es clave. De momento, ya se ha conseguido un amplio apoyo entre organizaciones sociales, sindicales y de cooperación internacional.

El Salto, 2 de noviembre de 2017

http://omal.info/spip.php?article8450

alai, AMÉRICA LATINA en movimiento

Categorías: Alterglobalización

Lo que nos tragaremos con el CETA

Ven, 10/11/2017 - 07:00

Esther Vivas - Consejo Científico de ATTAC España

La noticia no abre informativos ni ocupa grandes titulares, pero su impacto en nuestra vida cotidiana es importante; tanto, que acabará decidiendo qué comemos. El polémico acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá, más conocido por sus siglas en inglés CETA, ya se está aplicando provisionalmente en todo el continente. Carne tratada con hormonas y promotores de crecimiento, colorantes alimentarios prohibidos hasta el momento o manzanas y salmones transgénicos son algunos de los controvertidos alimentos que nos trae.

El CETA entró en vigor el pasado 21 de septiembre, aunque no ha sido ratificado aún por la mayoría de los estados miembros. El Congreso de los Diputados sí lo hizo a finales del mes de junio, con los votos a favor de PP, Ciudadanos, PNV y PDECat, que en esta ocasión, como en tantas otras en materia económica, no dudó en cerrar filas al lado de los populares. Unidos Podemos, ERC, Compromís y EH Bildu, por su parte, votaron en contra, y el entonces nuevo PSOE de Pedro Sánchez quiso mostrar sus diferencias con una abstención que dio mucho que hablar, aunque las discrepancias con el Gobierno han durado más bien poco. Hace unos días, el 27 de octubre, el CETA superó el último trámite: su ratificación en el Senado. Una información que pasó sin pena ni gloria, ya que el mismo día se daba luz verde a la aplicación del artículo 155 en Catalunya.

Pero ¿qué es el CETA? Se trata de un tratado de libre comercio que, del mismo modo que otros que se están negociando, como el TTIP con Estados Unidos, pretende supeditar la política de los estados a los intereses de las grandes empresas, con la imposición incluso de tribunales internacionales de arbitraje que pueden decidir por encima de la voluntad de los parlamentos. Lo que se nos vende como una oportunidad es en realidad puro negocio para las multinacionales del sector.

¿Y qué nos traerá el CETA al campo y a la mesa? La ganadería de carne de vacuno y de porcino y el sector de la leche serán los grandes perjudicados. Se espera la llegada de dichos productos procedentes de Canadá sin pagar ningún tipo de arancel. Las denominaciones de origen también saldrán perdiendo, ya que el CETA protege a menos del 15% de las registradas, según indica el informe El acuerdo CETA y la agricultura del sindicato agrario COAG y la oenegé Entrepueblos. La denominación orange Valencia, por ejemplo, que ya existe a día de hoy, podrá seguir utilizándose por parte de empresas canadienses independientemente de donde vengan sus naranjas.

Estándares inferiores a los europeos

Nuestra dieta es otra de las damnificadas debido a la reducción de los estándares de seguridad alimentaria, ya que el CETA busca igualarlos con los de Canadá, que son inferiores a los europeos. Productos que hasta el momento estaban prohibidos en la Unión, como la carne producida con hormonas y promotores de crecimiento como la ractopamina, algunos alimentos transgénicos o determinados colorantes alimentarios, se servirán en el plato.

En Canadá, los cerdos y el ganado vacuno pueden ser medicados con ractopamina, un fármaco usado como aditivo alimentario para conseguir un mayor engorde del animal y más beneficio económico para la industria ganadera. En la UE, su utilización y la importación de animales tratados con el mismo está prohibida, al igual que en otros 156 países, al considerarse que no hay datos suficientes que permitan descartar riesgos para la salud humana. Sin embargo, en Canadá, y también en EEUU, se utiliza.

Transgénicos sin etiquetar

La entrada de nuevos alimentos transgénicos es otra de las consecuencias. Si bien ya importamos algunos, mayoritariamente pienso para el ganado, el CETA significa la llegada de otros nuevos. En Canadá se producen manzanas y salmones modificados genéticamente, que ahora podrían aterrizar en la mesa. Con el agravante de que, como consumidores, ni siquiera llegaríamos a saberlo, pues según la legislación canadiense, a diferencia de la europea, no es obligatorio etiquetarlos.

Colorantes alimentarios vetados en Europa pero permitidos por la legislación canadiense, con el CETA podrían encontrarse en la comida. Se trata del fast green FCF o el citrus red n.2, según indica un informe de varias oenegés europeas. Además, Canadá no obliga a identificarlos como tales en la etiqueta, y con el genérico nombre de «colores» es suficiente. Difícil, entonces, saber qué comemos.

Desde la campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA, que suma más de 350 asociaciones sociales, sindicales y políticas, se lleva años denunciando estas consecuencias. Ya va siendo hora de que les escuchemos.

 

Publicado en el Periódico

esther vivas

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No se fíen de Google

Xov, 09/11/2017 - 07:00

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España

Aunque, según las encuestas, la mayoría de la gente cree que los buscadores que casi constantemente utilizamos en la red son imparciales, lo cierto es que generan un sesgo muy importante en nuestra percepción del mundo y una influencia unilateral decisiva en nuestras decisiones y actuaciones.

Las webs empresariales utilizan “cookies” y otros procedimientos sofisticados que se instalan en nuestros ordenadores apenas lo consintamos, bien sea deliberadamente o por descuido. Así detectan nuestras búsquedas y a partir de ellas puedan ofrecernos productos comerciales que se adecúen a nuestras aficiones o demandas. En su interesante libro El filtro burbuja: cómo la web decide lo que leemos y lo que pensamos, Eli Parisier explica que, al escribir la palabra “depresión” en un diccionario on line, la web instalará 223 cookies y dispositivos de rastreo para que otras web puedan ofrecer a quien la haya escrito productos antidepresivos: “comparte un artículo de cocina de ABC News -dice en otro lugar del libro- y puede que te acaben persiguiendo por internet anuncios de ollas antiadherentes. Abre -aunque sea por un instante- una página en la que se enumeren signos de que tu mujer puede estar engañándote y prepárate para que te persigan anuncios de pruebas de paternidad”.

Se trata de un procedimiento legal pero que puede dejar de serlo cuando se aplica manipulando los algoritmos que proporcionan las respuestas del buscador, como ha ocurrido con Google. La Comisión Europea multó en junio pasado a este gigante de la red con 2.420 millones de euros por manipular los resultados de búsqueda con el fin de dirigir a los usuarios, de forma inapropiada y en perjuicio de sus competidores, a su propio servicio de compras, Google Shopping.

Pero los buscadores no solo se conciben o incluso se manipulan con fines meramente comerciales sino que también están diseñados para incidir estratégicamente en nuestra percepción del mundo y, por tanto, en los criterios de los que dependen nuestras decisiones personales y políticas. La información que nos proporcionan no es ni mucho menos neutra u objetiva, como generalmente se cree, sino que nos llega previamente filtrada en función del perfil específico que de cada uno de nosotros haya compuesto el algoritmo correspondiente. “La consulta ‘células madre’ -sigue diciendo Parisier en su libro- puede producir resultados diametralmente opuestos en el caso de que los usuarios sean científicos que apoyan la investigación o activistas que se opongan. ‘Pruebas del cambio climático’ puede deparar resultados diferentes a un activista medioambiental y a un directivo de una compañía petrolífera”. Así es como los buscadores introducen un sesgo constante que, sin que seamos conscientes, nos impide disponer de una visión plural de los fenómenos sobre los que, a través de ellos, indagamos en la red. Sin que podamos ser conscientes de ello, van conformando nuestra percepción del mundo.

Y ni siquiera eso es lo peor. Los buscadores no solamente filtran la información disponible para hacernos llegar preferentemente la que previamente parece más adecuada a nuestro perfil predefinido. Además de ello, seleccionan las fuentes de la información y eliminan las que pueden considerarse más indeseables o molestas, por decirlo de alguna manera, para el “saber establecido”. Y, paradójicamente, la excusa que se utiliza para homogeneizar la información y para silenciar la información alternativa es que hay que evitar que se difunda la falsedad y garantizar que en la red se divulgue la verdad. Paradójica, porque el resultado de esa aparentemente noble pretensión es que se fortalecen visiones del mundo que no son precisamente las que mejor reflejan la realidad.

El caso de Google es singularmente significativo. En mayo pasado anunció una actualización de sus directrices para “evaluar la calidad de búsqueda” con el fin de “proporcionar ejemplos más detallados de páginas web de baja calidad para que los evaluadores marquen adecuadamente”. Unos evaluadores que son los que supuestamente tienen como función rechazar las noticias falsas, los “fakes”, las “experiencias molestas para el usuario” y las “teorías de conspiración”, hoy día tan abundantes como perniciosas.

Hace un año, la agencia Reuters publicó un artículo informando del nacimiento de una organización sin fines de lucro que iba a trabajar para fomentar y garantizar la confianza y la verdad en la era digital combatiendo la difusión de noticias falsas. Se llamaba First Draft Coalition y en ella estarían incluidas grandes corporaciones de la información como Google, Facebook, Twitter, The New York Times, The Washington Post, BuzzFeed News, Agence France-Presse o CNN. Meses más tarde, en mayo pasado, Google seguía esa línea y anunció una actualización de sus directrices para “evaluar la calidad de búsqueda” con el fin de “proporcionar ejemplos más detallados de páginas web de baja calidad para que los evaluadores marquen adecuadamente”. Unos evaluadores que son los que supuestamente tienen como función rechazar las noticias falsas, los “fakes”, las “experiencias molestas para el usuario” y las “teorías de conspiración” hoy día tan abundantes como perniciosas.

Cualquier persona sensata consideraría que el objetivo de Google es bienintencionado, sobre todo, cuando eso se hacía con las miras puestas en evitar el cúmulo de manipulaciones y mentiras de todo tipo que circularon en la red durante las últimas elecciones estadounidenses (aunque habría que decir que no solo entonces, porque la red también fue una fuente de influencia estratégica no explicitada en la elección de Obama).

Sin embargo, lo cierto es que ese cambio de criterios de Google se ha traducido en un nuevo algoritmo de búsqueda con resultados muy significativos: las webs progresistas han resultado silenciadas en los resultados que el buscador proporciona en materias económicas, políticas y sociales de especial trascendencia, produciendo así una disminución sorprendente en el número de personas que las visitan.

El portal World Socialist Web Site ha analizado los datos estadísticos que proporciona SEMrush sobre el tráfico en la red desde junio (cuando comenzaron a aplicarse las nuevas directrices de Google) a septiembre de 2017, y los resultados son bien evidentes: wsws.org cayó el 67%, alternet.org el 63%, globalresearch.ca el 62%, consortiumnews.com el 47%, socialistworker.org el 47%, mediamatters.org  el 42%, commondreams.org el 37%, internationalviewpoint.org  el 36%, democracynow.org  el 36%, wikileaks.org  el 30%, truth-out.org el 25%, counterpunch.org el 21% y theintercept.com el 19%. La gráfica siguiente que proporciona alternet.org con la evolución de visitas a su web habla por sí sola (su editorial sobre el tema aquí).

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Hasta un medio tan convencional y vinculado al establishment como The New York Times se hizo eco de los efectos del cambio de directrices de Google sobre las webs alternativas (As Google Fights Fake News, Voices on the Margins Raise Alarm) y muchos analistas están tratando de discernir el cambio efectivo que han supuesto las nuevas directrices sobre el uso estratégico de la información en la red.

La pregunta que se hace cualquiera que sepa que las páginas alternativas y de izquierdas son las que resultan silenciadas por estos nuevos criterios es si realmente estas son las webs que principalmente difunden falsedades.

Y lo bueno es que sabemos a ciencia cierta que eso no es así.

El profesor de la Universidad de Elon en Carolina del Norte (Estados Unidos) Jonathan Albright analizó los sitios en donde 306 web de derechas difundieron falsedades y encontró que habían ido a 23.000 páginas a través de 1,3 millones de hipervínculos (The #Election2016 Micro-Propaganda Machine). Mapeó los resultados y le salió la imagen de más abajo en la que se distingue claramente que los mayores difusores de mentiras de derechas a nivel mundial son, precisamente, las grandes corporaciones mediáticas que dicen combatir la difusión de falsedades… silenciando para ello a las páginas web progresistas y de izquierdas.

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Pero Albright descubrió algo más. Las grandes corporaciones mediáticas no solo difunden una mentira para que circule lo más ampliamente posible por la red sino que eso se hace de modo que se pueda adoctrinar con la mayor eficacia: “Vi los trackers en esas páginas y me quedé asombrado. Cada vez que alguien da un like a una entrada de Facebook o visita una de esas páginas, los scripts te siguen por toda la web. Y esto permite a empresas de recolección de datos y de influencia, como Cambridge Analytica, identificar con precisión a individuos, a seguirlos por la web y enviarles mensajes políticos muy personalizados. Es una máquina propagandística. Identifica individuos para convencerles de una idea. Es un nivel de ingeniería social que nunca había visto antes. Estás atrapando a la gente y luego les mantienen atados a una correa emocional y nunca les sueltan” (Google, la democracia y la verdad sobre las búsquedas en internet).

El asunto es serio y conviene ponerse a resguardo. Quien desee disponer de información mínimamente plural y exenta de manipulación no se puede fiar de los grandes buscadores y más concretamente de Google, una especie de Gran Hermano Buscador que ejerce un monopolio de facto sobre el que nadie termina de pronunciarse. Pero, ojo, tampoco de las web de los grandes portales, como Facebook, que aparentemente solo nos ofrecen conectividad y entretenimiento; ni de los grandes medios que son los que en la práctica propagan las mentiras que dicen combatir.

Hay buscadores y fuentes alternativas. No son tan potentes como Google pero permiten sortear las limitaciones de éste último y, sobre todo, sus estrategias profundas y no bien confesadas. Y existen también medios digitales e impresos que ofrecen otra información menos sesgada y más libre que los más conocidos y poderosos, propiedad de las grandes corporaciones. Ya saben que no se puede ser libre sin estar bien informado, así que no se fíen y elijan bien.

ganas de escribir

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Malta, paraíso fiscal europeo: papeles de Panamá y asesinato

Mér, 08/11/2017 - 07:00

Juan Hernández Vigueras – Consejo Científico de ATTAC España

El 16 de octubre pasado, la bloguera y periodista de investigación  Daphne Caruana Galizia, ciudadana de Malta, fue asesinada por la explosión de un coche-bomba al peor estilo mafioso, mostrando la amplitud de la corrupción y la impunidad con la que se mueven los negocios sucios  en este país de la Unión Europea, algo que ella había revelado en sus investigaciones. El primer ministro de Malta confirmaba que había sido un ataque contra la destacada periodista, un asesinato premeditado que ha sido el primero de este tipo pero al que le han precedido algunos otros en años recientes.

Los reportajes de Galizia solían referirse asuntos de blanqueo de capitales y sobre la seria corrupción en la República de Malta y también había testificado ante la Comisión parlamentaria de Investigación sobre los conocidos como Papeles de Panamá, que revelaron las numerosas sociedades mercantiles offshore propiedad de personalidades relevantes de todo el mundo. Entre otras derivaciones, las investigaciones de la reportera maltesa asesinada implicaban a Konrad Mizzi, ministro de energía y sanidad de la Republica de Malta, quien – después de su negativa inicial – en febrero 2017 anunció que clausuraría su sociedad offshore en Panamá propiedad de un trust (fideicomiso) de Nueva Zelanda, alegando que había declarado la compañía y que la había clausurado por razones de transparencia.

Si creemos las informaciones del periódico The Times of Malta (PERIODISTA ASESINADA EN MALTA: Hay algo podrido en el corazón del Estado. The Times of Malta, 18/10/2017) ”la economía está en auge pero algo está podrido en el corazón de esta República, tan podrido que amenaza con llevarse todo por delante. Las implicaciones de este crimen son enormes. Este asesinato fue un asesinato asociado con la mafia. El desafío es mayúsculo para quien dio la orden. La pregunta es si hay políticos involucrados. Porque hay mucho en juego en todo esto, que comienza a sonar como a un Estado fallido“.

La República de Malta, un socio europeo offshore

Malta (415,000 habitantes), que ingresó junto con Chipre en la Unión Europea en 2004 y en 2008 en la eurozona, era ya un reconocido paraíso fiscal incluido en la lista oficial de la OCDE vigente hasta 2005; y lo ha seguido siendo como atestiguan las numerosas agencias en Internet que promocionan y gestionan la creación de sociedades mercantiles offshore. Para comprobarlo, basta insertar en cualquier buscador el nombre Malta y la palabra offshore o paraíso fiscal. La reciente filtración en noviembre de 2017 denominada los Paradise papers un destacado número de sociedades offshore aparecen registradas en Malta. De acuerdo con el informativo digital  Proceso.com.mx, asociado a esa investigación, al menos 62 ciudadanos mexicanos, entre ellos empresarios, magnates, personajes vinculados a la política y futbolistas que juegan en Europa, han elegido en Malta para resguardar sus secretos y sus millones.

Siendo ya miembro de la UE, en Agosto de 2006 la página de la CIA sobre Malta destacaba las graves deficiencias fiscales y financieras de la ex colonia británica; y los datos navieros recogían su oferta como bandera de conveniencia con las perniciosas consecuencias conocidas. Aunque como nuevo miembro de pleno derecho de la UE, siguió manteniendo características propias de la condición de paraíso fiscal offshore, que tampoco fue obstáculo para su admisión en la eurozona desde Enero de 2008, como se analiza en mi libro La Europa opaca de las finanzas, (páginas 171-187) que se puede descargar libremente (columna a la derecha.).

En el marco del plan de acción global contra los paraísos fiscales que fue abandonado tras la cumbre del G-20 en Londres en abril de 2009, nueve años antes el Informe del Foro de Estabilidad Financiera incluyó a Malta como un centro offshore con veinte bancos autorizados y supervisados (entre los 42  centros financieros offshore identificados oficialmente entonces). Y Malta y Chipre fueron considerados paraísos fiscales por el Comité técnico de la OCDE, por lo que ambos micro estados remitieron a esta organización su compromiso de eliminación de las prácticas fiscales perjudiciales  de modo anticipado, logrando que no se les incluyera en la lista negra publicada entonces, sin que exista informe alguno que acredite que cumplieron su compromiso. En todo caso y en aquel marco global, atenuar esa condición fue uno de los objetivos de las negociaciones autorizadas por el Consejo y la Comisión europea para su ingreso en la Unión en 2004. Mientras el gobierno maltés como el chipriota se resistían a equiparar su fiscalidad con la de la Europa de los quince, la Comisión europea les incentivaba  con sustanciosas ayudas económicas, financiadas con impuestos de los ciudadanos europeos perjudicados por las prácticas fiscales insulares; ayudas que durante el trienio 2004-2006, alcanzaron para Malta los 272 millones de euros; sin que se le exigiera la total eliminación de sus prácticas de paraíso fiscal para no residentes.

El proceso negociador concluyó aunque el informe final detectaba graves deficiencias en Malta que no obstaculizaron la concesión de ayudas económicas y de un período transitorio hasta el 1 de enero de 2010, durante el cual se  le autorizan exenciones sobre el IVA y otras. La retórica de la Comisión  consideraba que se cumplía el acervo comunitario sobre la fiscalidad; sin embargo, el lenguaje burocrático ocultaba la realidad como demuestra el régimen transitorio concedido, al final. Entre otras cosas, estos procesos negociadores demostraron la falacia de las políticas comunitarias contra los paraísos fiscales decididas por el Consejo Europeo y la tecnocracia de Bruselas, que dicen pretender el logro de la armonización fiscal y la erradicación de las prácticas que la OCDE consideró que perjudicaban a los demás países.[i]

Los datos actuales de la CIA destacan que la economía de libre mercado de Malta -la más pequeña de la zona del euro- depende en gran medida del comercio tanto de bienes como de servicios, principalmente con Europa. Tras la crisis de la zona euro, el sector de servicios de Malta mantiene un crecimiento sostenido en los servicios financieros y los sectores del juego en línea además del turismo. Los esquemas fiscales ventajosos siguen siendo atractivos para los inversores extranjeros, aunque los inacabables debates de la UE sobre medidas contra la evasión y el fraude fiscal han generado preocupación entre los proveedores de servicios financieros y seguros de Malta, ya que las medidas podrían tener un impacto significativo en esos sectores.

El negocio maltés de las banderas de conveniencia

Tras el ingreso de Malta en la UE, los expertos promotores de la evasión fiscal internacional en Internet han continuado catalogando a estas islas como un atractivo centro offshore.  Consideran que tras la integración europea, existe una estructura legislativa moderna para la mayoría de las principales actividades financieras, con nuevos incentivos que no solo reducen los tipos impositivos de sociedades offshore sino también ofrecen bonificaciones fiscales; y sobre todo, la ventaja competitiva de un apreciado grado de opacidad para negocios financieros.  Hay que destacar la industria marítima de  fletes con bandera de conveniencia y del registro de buques, que se inició durante los años ochenta; y que junto a la condición de destino turístico, integra una economía de servicios que sustenta cierto enriquecimiento reciente, sostén de la amplitud de la corrupción política actual.<

Todo buque necesita acogerse al pabellón de un Estado y esa vinculación determinada su nacionalidad y la legislación aplicable tanto para resolver los conflictos de índole internacional como para determinar las normas de seguridad a bordo y las relaciones laborales entre los  tripulantes y el armador o naviero. Una bandera se considera de conveniencia cuando la propiedad del buque reside en un país diferente del país cuya bandera enarbola, lo que supone para el dueño el disfrute de beneficios financieros y otro tipo que no tendría en el país del propietario, con todas los efectos desastrosos que ilustró el hundimiento de El Prestige y que ya analicé en el apartado “La desregulación financiera y las banderas de conveniencia” en mi libro de referencia Los paraísos fiscales. Cómo los centros offshore socavan las democracias. Y, sin embargo, un buen número de los grandes cruceros de vacaciones siguen navegando bajo pabellón de la República de Malta, aunque los limitados recursos de esta pequeña República le dificulten practicar un nivel seguro en la inspección de los buques que portan su bandera. Entre otros casos menos publicitados, la bandera de Malta ondeaba en el  petrolero Erika, que se hundió partiéndose en dos frente a las costas de la Bretaña francesa en diciembre de 1999, ocasionando una grave catástrofe ecológica con la subsiguiente denuncia mediática de las responsabilidades de esa bandera de conveniencia.

Desde entonces, Malta emprendió una reforma de su código marítimo intentando librarse de  su etiqueta de proveedor de amparo de buques basura, que es una dimensión propia de algunos centros offshore.  Pero Malta sigue incluida en la relación de países que conceden bandera de conveniencia, establecida por la ITF, International Transports Workers´ Federation, que lleva a cabo una campaña mundial contra esta práctica que degrada el transporte marítimo y genera enormes catástrofes ecológicas. Actualmente, el organismo Transport Malta tiene registrados 1650 buques, de los cuales el 87 por ciento  pertenecen a países como Grecia (469 buques); Turquía (233); Alemania (135); España (8), etc. Es una actividad comercial de mero registro administrativo sin conexión alguna con las necesidades de la economía maltesa. El éxito de este negocio maltés tiene una explicación sencilla y es que para el registro naval maltés, el propietario del buque tiene que ser una sociedad constituida en Malta, que en la mayoría de los casos está exenta de impuestos y admite cualquier tipo de buque, desde los yates de recreo hasta las plataformas petrolíferas. La legislación maltesa muy liberal no señala restricciones para las tripulaciones ni límite de edad para los buques, siendo muy flexible en relación con la venta o las hipotecas sobre buques; y otras muchas ventajas competitivas.

El asesinato de la citada periodista de Malta ha provocado alarma en el Parlamento europeo. Sven Giegold, portavoz de política financiera y económica para el Greens / EFA Group y portavoz de los verdes en la Comisión de Investigación del Parlamento europeo sobre blanqueo de dinero y evasión fiscal hacía un llamamiento público afirmando que:

Europa ahora debe mirar a Malta. El asesinato de una valiente periodista que ha estado luchando con élites corruptas en su país debe conducir a una protesta europea. El asesinato de la reportera Galizia es un ataque contra los valores democráticos europeos. Europa se rige por el estado de derecho, no por los métodos de la mafia. La energía criminal y los vínculos estrechos entre los políticos y la élite económica en Malta son devastadores. Malta es la meca del blanqueo de dinero sucio y los evasores de impuestos. Las alegaciones de lavado de dinero se extienden hasta el mismo gobierno maltés. Los dos principales partidos en el país han apoyado la evasión fiscal internacional en Malta. El centro del poder en Malta  padece una cultura de impunidad a diferencia de casi ningún otro país en la UE. Europa ya no debe hacer la vista gorda ante la forma en que se incumple el estado de derecho en estas islas. La Comisión Europea debe analizar de cerca la situación en Malta y, si es necesario, iniciar un procedimiento de infracción…. Debemos declarar claramente la responsabilidad del gobierno en Malta, como así como de otros países que permiten el lavado de dinero y el dumping impositivo. La imparcialidad fiscal y el enjuiciamiento efectivo del delito financiero son cruciales para la credibilidad de la Unión Europea“.-

[i] Unión Europea/Ampliación en http://europa.eu/scadplus/leg/es/s40000.htm<

 

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Mercados verdes: naturaleza al mejor postor

Mar, 07/11/2017 - 07:03

De la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la degradación de la biodiversidad surgen nuevas oportunidades de negocio para el sector financiero. Desde lo privado, se impulsan mecanismos de mercado para dar respuesta a la crisis ecológica bajo el pretexto de la escasez de recursos económicos de los Estados. Pero, ¿sirven estas medidas para preservar la naturaleza?

La ‘boina’ de Madrid por la contaminación. David Fernández

 

Mariola Olcina Alvarado / Marta Luengo – El Salto

Este mes de noviembre se celebra en Bonn (Alemania) la vigésimo tercera Conferencia de las Partes (COP23) con el objetivo de desarrollar el marco propuesto en el famoso Acuerdo de París de 2015. Quizá lo más sonado de aquel acuerdo fue la decisión de fijar en dos grados el límite de aumento de temperatura media en la Tierra. Sobre las estrategias y herramientas para alcanzar esa meta no hay tanta novedad y el acuerdo, si bien abre alguna posibilidad de cambio, refuerza las soluciones al cambio climático definidas por los actores más contaminantes con las llamadas soluciones de mercado.Hace unos meses, en el simposio sobre finanzas verdes, Jens Weidmann, presidente del Deutsche Bundesbank, afirmaba que “para afrontar el reto climático, los fondos públicos son importantes, pero sólo pueden proporcionar una pequeña parte de lo que se requiere. Esto significa que el capital privado tendrá que cumplir con la mayoría de estas necesidades de inversión”. Para Weidmann, defensor de la ortodoxia económica alemana que tanto estigmatiza los déficits, los Gobiernos no son lo suficientemente solventes para afrontar la lucha contra el cambio climático en solitario. Las alianzas público-privadas pueden resultar útiles, sin embargo, los mecanismos de mercado han recibido múltiples críticas por su falta de efectividad -según la ONU las emisiones globales de gases de efecto invernadero siguen aumentando- y por las injusticias que conllevan

¿Cuánto vale una tonelada de CO2?

El propio Acuerdo de París da rienda suelta al desarrollo de antiguos y nuevos mecanismos de mercado, al establecer el marco de cooperación internacional a través de estos en su artículo 6 y señalando el mercado de carbono como una herramienta a potenciar.Los mercados de emisiones de carbono se diseñaron en el Protocolo de Kyoto y en ellos se especula con un elemento extraño: los derechos de CO2. Se basan en la esperanza de que, poniendo un precio a la tonelada de dióxido de carbono, estas se pondrán tan caras que las empresas contaminantes no podrán permitírselas, y se verán obligadas a reducir inevitablemente sus emisiones. “Si un país o empresa emite menos de lo pactado, puede vender su excedente en forma de derechos y permitir así que otro más contaminante no tenga que reducir tanto. Se cae, por tanto, en postergar el desarrollo de tecnologías que contribuyan a reducir realmente las emisiones”, explica Nele Mariën, investigadora de Amigos de la Tierra Internacional.Se han hecho múltiples cálculos del precio de carbón -que van desde los 40 a los 80 dólares- que asegurarían el cumplimiento de los compromisos de París, pero según un informe de Carbon Market Watch, el precio no es lo suficientemente alto para conseguir los objetivos, de hecho, “en la actualidad el precio de la tonelada de CO2 es tan bajo que a una empresa le sale más barato contaminar que cambiar la tecnología para ser más eficiente, por ejemplo”, dice Javier Andaluz, responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción. Poner un precio al carbón no parece haber solucionado demasiado, es más, “por mucho que suba el precio, sin un firme compromiso de reducción de emisiones, la demanda de derechos para contaminar no se reducirá al ser muy inelástica. Más que la reducción de emisiones, el sistema favorece a quien se pueda permitir pagar”, comenta la economista Paloma Villanueva.Además, este sistema “permite algo muy injusto: que gobiernos y empresas de los llamados países desarrollados puedan emprender en países en desarrollo proyectos que supuestamente conllevan la reducción de emisiones”, continúa Nele Mariën. La investigadora se refiere a la deslocalización de reducción de emisiones: se emprenden proyectos de reducción de emisiones en los países del sur que así generan derechos de emisión y las empresas y países industrializados pueden emplearlos para equilibrar sus emisiones netas. “Es una trampa porque no se reducen las emisiones globales y se facilita emprender proyectos contaminantes. Son herramientas para evadir nuestras responsabilidades con las que, además, cargamos a países que tienen un nivel menor de emisiones per cápita”, explica Nele Mariën.

Bosques y biodiversidad al mejor postor

Con la esperanza de que el mercado remedie los problemas ambientales, también se pone precio a los bosques y a la biodiversidad. Quien los conserva genera derechos que puede vender a otro agente en otra parte del mundo que necesite disponer de territorio, y por tanto, la destrucción de ecosistemas se compensa. Son los mecanismos de compensación que, en el caso de los bosques, están regulados por la ONU en el programa REDD+ y que, por ejemplo, la Organización Internacional de Aviación quiere utilizar para equilibrar completamente las emisiones del transporte aéreo.Sin embargo, para Javier Andaluz, “es imposible calcular cuánto CO2 absorbe un árbol”. “Las medidas no son en absoluto adecuadas”, coincide Nele Mariën, ya que “al comerciar con el carbono que almacenan los bosques no se reducen las emisiones globales, sino que se añaden más: a pesar de conservar un bosque, los gases que se producen a cambio en otro lugar del mundo provienen de la quema de petróleo o carbón, elementos de la corteza de la Tierra cuyas emisiones se añaden a las que ya se producen en la biosfera”.En el caso de la biodiversidad, “intentar medirla es aún más absurdo. Se llega a afirmar que hay especies más valiosas que otras y que por conservarlas pueden destruirse muchas especies en otras zonas”. Hay distintas modalidades de traficar con ella que suelen consistir en la creación de bancos de biodiversidad que venden derechos de conservación a quien necesite compensar daños medioambientales. En definitiva, para Villanueva, “los mecanismos de mercado parten de la errónea idea de que la naturaleza es perfectamente divisible y, en consecuencia, sustituible”.

También en el casino: los bonos verdes

A todos estos mecanismos se han unido los llamados bonos verdes. Los bonos son deuda que emiten las empresas para conseguir fondos. En el caso de los bonos verdes, la cantidad obtenida se dirige teóricamente a financiar proyectos sostenibles. Es decir, una empresa que quiera hacer sus instalaciones menos contaminantes o iniciar un proyecto de energías renovables puede emitirlos y conseguir el capital necesario. La obtención de la etiqueta “verde” está en manos de las agencias de inversión que se han ido creando al calor de este nuevo mercado.El primer bono verde lo emitió en 2007 el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con normas definidas por él mismo. En 2014, los bancos de inversión más importantes del mundo como Goldman Sachs y JP Morgan establecieron los Principios de los Bonos Verdes para controlar el desarrollo de este mercado. Actualmente, la Iniciativa Bonos Verdes, financiada por la Fundación Rockefeller o el banco HSBC, ha adquirido un papel central y busca “movilizar todo el dinero de los mercados financieros para soluciones del cambio climático”, es decir, ampliar el casino financiero “sumándolo a la causa por el cambio climático creando activos de incierta rentabilidad”, en palabras de Villanueva, especialista en la materia.Ante el incierto futuro de las finanzas globales con unos tipos de interés que se mantienen bajos, el capital necesita nuevos mercados y se dirige al “verde”, entre otros, bajo la promesa del fuerte crecimiento que predicen los organismos internacionales. Para Villanueva, “a los inversores les da igual el color de los bonos, buscan con ansia mercados donde invertir y obtener rentabilidad”. El valor actual del mercado es de 221.000 millones de dólares, lo cual, aunque parezca una cantidad grande, no lo es para las finanzas internacionales y representa un ínfimo 0,2% del volumen total de bonos en circulación.La sombra de la duda planea cuando se observa quiénes son los actores del mercado: por un lado, China y Estados Unidos, los países más contaminantes y, por otro, empresas que necesitan legitimar sus inversiones y quitarse el estigma de “sucias”, como Iberdrola, la corporación con más bonos emitidos. Se dan paradojas como que Repsol, una petrolera, haya conseguido este año 500 millones para financiar proyectos sostenibles en condiciones muy favorables. Los críticos piden más transparencia ante los sistemas de verificación que garanticen que las inversiones que se realizan son realmente sostenibles.

¿Servirá el mercado?

No se trata de estigmatizar las finanzas como tales, sino de analizar qué papel están representando realmente. Para el experto en economía ecológica, Óscar Carpintero, las finanzas difícilmente pueden ser parte de la solución puesto que son “un instrumento de primer orden en la adquisición de riqueza de los agentes económicos, tanto a escala nacional como internacional. Ese proceso ha estado especialmente vinculado a la apropiación y deterioro de recursos naturales y territorios durante los dos últimos decenios”.Es decir, hoy por hoy están orientadas al lucro y no han contribuido a mejorar el medioambiente. Encontrar soluciones reales, según Andaluz, pasa por “impulsar la descarbonización de la economía y dejar de utilizar combustibles fósiles y no perseguir la neutralidad climática que promueven estos mecanismos de compensación”.

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Será Donald Trump y la “conexión rusa”

Lun, 06/11/2017 - 07:00

Germán Gorraiz Lopez – ATTAC Navarra-Nafarroa

Para intentar explicar la sorpresiva victoria de Trump, inevitablemente recurrimos al término “efecto mariposa” como “una vertiginosa conjunción de fuerzas centrípetas y centrífugas que terminarán por configurar el puzzle inconexo del caos ordenado que se estaría gestando en EEUU y que terminará por provocar un cambio cualitativo en el status quo actualmente imperante. Así, con el inesperado triunfo de Donald Trump en las Presidenciales de EE.UU, asistimos a la irrupción del llamado “escenario teleonómico” en contraposición al ”escenario teleológico” actualmente vigente y que vendrá marcado por dosis extremas de volatilidad debido a la personalidad paranoica del actual Presidente de EE.UU.

¿Es Donal Trump un autócrata paranoico?

La personalidad de Donald Trump encajaría plenamente en la descripción medica del trastorno conocido como psicosis paranoica pues su pensamiento es rígido e incorregible: no tiene en cuenta las razones contrarias, sólo recoge datos o signos que le confirmen el prejuicio para convertirlo en convicción y aunque esté aquejado de dicho trastorno delirante, sería bastante funcional y no tiende a mostrar un comportamiento extraño excepto como resultado directo de la idea delirante (léase la construcción del Muro con México). En el caso concreto de Trump, estaríamos ante un caso típico de paranoia megalómana, delirio de grandeza que provoca que el individuo se crea dotado de un talento y un poder extraordinarios debido a que las deidades le han elegido para una alta misión ( restaurar el White Power en una sociedad en la que la evolución demográfica provocará que la población blanca será minoritaria en el escenario del 2.043). Finalmente, otro rasgo de su personalidad sería el histrionismo que le impele a “ llamar la atención pública y ser temerario en sus afirmaciones sin importarle la opinión de los demás debido a su evidente falta de moralidad”, signos propio de un autócrata en potencia, por lo que convendría recordar la advertencia del considerado padre de la Constitución norteamericana, James Madison, quien llegó a asegurar que “la acumulación de todos los poderes, legislativo, ejecutivo, y judicial, en las mismas manos, y si es hereditaria, autonombrada, o electiva, se puede equiparar a la misma definición de la tiranía”.

¿Es lícito luchar contra un Presidente electo?

Hasta Eisenhower, la CIA fue únicamente la organización de inteligencia central para el gobierno de los Estados Unidos y estuvo detrás de múltiples tareas de entrenamiento de insurgentes y desestabilización de gobiernos contrarios a las políticas del Pentágono, pero los lobbys militar y financiero (ambos fagocitados por el looby judío) no pudieron resistir a la tentación de crear un gobierno de facto que manipulara los entresijos del poder, derivando en la aparición de un nuevo ente (el complejo militar-industrial, en palabras de Eisenhower), refractaria a la opinión pública y al control del Congreso y Senado de los Estados Unidos). En la actualidad, la Compañía se habría transmutado en el llamado Departamento de Seguridad Nacional ( Homeland Security) y de la hidra-CIA habrían nacido 17 nuevas cabezas en forma de agencias de inteligencia que integrarían la Comunidad de Inteligencia de EEUU ( la Cuarta Rama del Gobierno según Tom Engelhardt) , agentes patógenos de naturaleza totalitaria y devenidos en Estado paralelo, verdadero poder en la sombra fagocitado por el “Club de las Islas” de George Soros y que se habría conjurado contra un Trump partidario de una Geopolítica Primus Inter Pares entre EE.UU. y Rusia (G2).

Dicha trama anti-Trump habría sido diseñada tras una reunión celebrada en Washington en la que participaron cerca de 200 patrocinadores de la campaña electoral de Hillary Clinton encuadrados en la llamada Alianza Democracia (DA), megaorganización fundada por George Soros en el 2.005 y constaría de una primera fase para torpedear el traspaso de poderes Obama-Trump mediante una “revolución patriótica o multicolor” en EEUU. Así, según el portal Zero Hegde, las espontáneas manifestaciones populares anti-Trump habría sido inspiradas por el portal digital MoveOn.org, patrocinado por el ínclito Soros bajo el lema “Levántate y lucha por los ideales estadounidenses” y cuya segunda fase será truncar la carrera política de Trump por métodos legales (Impeachment) o por métodos expeditivos (léase Magnicidio).

La guerra híbrida y la conexión rusa

La nueva doctrina geoestratégica conocida como “Guerra Híbrida” sería atribuible al Jefe de Estado Mayor de las FF.AA. Rusas, Valery Gerasimov quien afirmó que “ cada vez es más frecuente que se dé prioridad a un uso conjunto de medidas de carácter no militar, políticas, económicas, informativas y de otro tipo que estarían sustentadas en la fuerza militar. Son los llamados métodos híbridos”, concepto que se habría puesto en práctica por primera vez con ocasión de las recientes Elecciones Presidenciales en EE.UU. Así, en la web de investigación “Mother Jones” apareció una versión reducida del informe de los servicios de inteligencia de EEUU en el que acusaban directamente al Gobierno de Putin de estar detrás de “supuestos ataques cibernéticos de hackers rusos para desequilibrar la campaña electoral de Hilary Clinton e inclinar la balanza a favor del supuesto submarino ruso, Donald Trump”.

Según el citado documento de los servicios de inteligencia de EEUU, el Departamento Central de Inteligencia ruso (GRU) con sede en Moscú, considerado el “servicio de espionaje más poderoso y efectivo ruso en la actualidad tras asumir las funciones del primigenio Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) “,

se habría servido del pirata informático Guccifer 2.0 así como de la página web DC Leaks.com y de WikiLeaks para “difundir públicamente información de los correos secretos de Hillary Clinton obtenidos mediante hackeo cibernético”, extremo negado por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

En consecuencia, siguiendo el principio de “acción-reacción”, Obama advirtió a Putin que “dichas operaciones cibernéticas podrían ser consideradas como potenciales actos de guerra” y como represalia, ordenó la salida de 35 diplomáticos rusos y aplicó nuevas sanciones a diversos organismos y empresas rusas, en especial contra el citado GRU, lo que de facto significó el retorno a escenarios ya olvidados de espionaje y contraespionaje propios de la Guerra Fría. Así, la primera víctima colateral fue el asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, Michael Flynn tras filtrarse que habría mentido al VicePresidente Mike Pence sobre sus conversaciones con el embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak, pero Donald Trump habría negado la existencia de la llamada “conexión rusa”, acusando a la Agencia Nacional de Seguridad y al FBI de estar implicadas en la filtración de informaciones perjudiciales para su Administración y de continuar con “su caza de brujas”.

¿La sombra del impeachment planea sobre la Casa Blanca?

La investigación sobre el llamado “Rusiagate” emprendida por el fiscal especial Robert Muller habría provocado las recientes detenciones del ex-jefe de campaña de Trump, Paul Manafort y de su socio Rick Gates , detenciones que tan sólo serían la punta del iceberg de la llamada “conexión rusa “ o “RusiaGate”. Así, un tercer asesor de la campaña presidencial, George Papadopoulos, tras declarararse culpable de haber mentido al FBI sobres sus contactos con Moscú, estaría colaborando activamente para desentrañar la madeja de la presunta entente entre el equipo de campaña de Donald Trump y el entorno de Putin.

Mientras ello ocurre, el verdadero Poder en la Casa Blanca estaría detentado actualmente por Rex Tillerson, Secretario de Estado y por el General John Kelly, Jefe del Gabinete quedando Trump como un pajarito enclaustrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca que tan sólo pía en Twitter con mensajes incendiarios contra sus némesis particulares ( Irán, la mass media norteamericana y el líder norcoreano, Kim Jong-un) y dada la evidente soledad de Trump al haber roto los puentes con el Partido Republicano y el desprestigio creciente de la figura del Presidente de EE.UU:, caso de no prosperar el proceso de impeachment contra Trump por el “Rusiagate”, podríamos asistir a la reedición del Magnicidio de Dallas (1963), tras lo que su Vice-Presidente Mike Pence asumiría la Presidencia para hacer que EEUU vuelva a la senda de las seudodemocracias tuteladas por el verdadero Poder en la sombra de EEUU (Cuarta Rama del Gobierno de EEUU).

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Finlandia demuestra que una renta básica para todos puede funcionar

Dom, 05/11/2017 - 07:00

Aditya Chakrabortty - el diario.es


Imagen de la campaña europea “Initiative for a Basic Income in Europe”.

 

En un pequeño pueblo rural de Finlandia, un hombre recibe dinero gratis. Casi 560 euros entran en su cuenta corriente cada mes, sin ningún tipo de ataduras. Puede usar el dinero como quiera. ¿Quién es el benefactor? El Gobierno finlandés. Parece el preludio a una película de suspense, o a lo mejor a un reality de televisión. Aunque la historia de Juha Järvinen es más interesante. Es básicamente un ratón de laboratorio en un experimento que puede definir el futuro de Occidente.

Järvinen fue elegido la Navidad pasada por el Estado para formar parte junto a otros 2.000 desempleados en un ensayo de la renta básica universal. Puede que hayas oído hablar de la renta básica universal, o la política que se basa, literalmente, en dar dinero a la gente a cambio de nada. Es una idea que emociona tanto a gente abiertamente de izquierdas –John McDonell y Bernie Sanders– como a la élite económica de Silicon Valley –Mark Zuckerberg y Elon Musk–. Y en el largo período que ha transcurrido tras la crisis financiera, esta es una de las pocas alternativas que no dejan un sabor a refrito pasado de fecha.

Aun así, casi nadie sabe cómo sería. A raíz de todo el alboroto generado por esta propuesta, Finlandia será el primer país europeo en realizar un ensayo. No es la versión purista de la renta básica universal que daría un sueldo mensual a todos, incluyendo a los millonarios. Finlandia tampoco publicará resultados hasta que el periodo de prueba de dos años finalice en 2018. Mientras tanto, dependemos de los testimonios de los participantes como Järvinen. Así que vuelo a Helsinki y conduzco cinco horas para encontrarme con él.

Pregúntale a Järvinen que ha significado para él recibir dinero gratis cada mes y te conducirá a su taller. Ahí encontrarás equipos de producción cinematográfica, una pizarra con planes para una versión de Airbnb para artistas, y un pequeño cuarto en el que hace tambores Batá que vende por hasta 900 euros. Todo esto mientras que ayuda a criar seis niños. Todos esos euros gratis le han llevado a trabajar más duro que nunca.

Nada de esto habría sido posible sin la renta básica universal. Hasta este año, Järvinen vivía de su paga de desempleo. La oficina de empleo de Finlandia siempre estaba estudiando su caso, siempre entre solicitudes de empleo y talleres de formación. Las ideas brotan de Järvinen con la misma facilidad que el agua de un grifo, pero nunca podía desarrollar sus ideas por miedo a suscitar restricciones burocráticas.

Prestaciones sociales clásicas que imponen barreras

En un caso muy debatido el año pasado, un finés llamado Christian fue pillado tallando y vendiendo púas para guitarra. Era más un pasatiempo que un negocio, le sacaba poco más de 2.000 euros al año. Pero la suma no fue lo que enfureció a las autoridades, sino el tiempo que había dedicado a realizar cada púa, que podría haber empleado en la carrera de obstáculos oficial para encontrar trabajo.

Este era también el caso de Järvinen, hasta este año. Al igual que muchos británicos que sobreviven de las prestaciones sociales, él estaba atrapado en un sistema “humillante” que le daba poco menos que para alimentarse, al mismo tiempo que le negaba cualquier esperanza de satisfacción.

Entonces, ¿a qué se debe su cambio? Al dinero de la renta básica universal está claro que no. En Finlandia, 560 euros es menos de un  quinto del sueldo medio en el sector privado. “Tienes que ser un mago para sobrevivir con ese dinero”, dice Järvinen. Una y otra vez, se describe como “pobre”, sin rodeos.

Su liberación vino con la falta de condiciones ligadas al dinero. Si así desean, los finlandeses pueden meter el dinero en el banco y no hacer nada más. Pero al menos en el caso de Järvinen, la suma le ha quitado el miedo a la profunda miseria, dándole la libertad necesaria para hacer trabajos que para él son relevantes.

Suena simple. Es simple. Pero para los visitantes a la Gran Bretaña de la Austeridad, con su amplio abanico de escándalos relacionados con los subsidios sociales, desde el crédito universal a  Concentrix o Atos, suena casi a fantasía.

Los parados no son vagos que no quieren trabajar

Este ensayo ha sido introducido por un gobierno de centroderecha que está llevando a cabo su propia versión de las políticas de austeridad, con grandes recortes a las prestaciones sociales y a las escuelas. Aún así, por mucho que intente imaginar a Theresa May o a Philip Hammond permitiendo el más mínimo cambio a los pobres sin cuestionarlo de manera alguna, no puedo imaginarlo.

Visito a la equivalente finlandesa del británico Ian Duncan Smith, la ministra de Asuntos Sociales, Pirkko Mattila. Recientemente alejada del partido populista Verdaderos Finlandeses, no tiene tendencias hippies a simple vista –ni siquiera unas varillas de incienso–. Aún así se muestra verdaderamente perpleja de que pueda haber resistencia política alguna a darle dinero a gente pobre para que se quede sentada en casa. “Personalmente, creo que los ciudadanos finlandeses quieren trabajar de verdad”, dice Mattila.

Esto demuestra cómo de moralmente corruptas se han vuelto las políticas de subsidios sociales en el Reino Unido en comparación con muchas otras partes de Europa. Se puede culpar a la austeridad del Partido Conservador, a los programas de trabajo a cambio de beneficios sociales del Nuevo Partido Laborista de Tony Blair, a los intentos thatcheristas de mandarnos a paseo, pero lo cierto es que hemos acabado con un sistema atravesado por dos creencias tóxicas.

Falsas creencias sobre la pobreza

En primer lugar, que la pobreza es el producto del fracaso moral personal. Para el ministro de Hacienda durante el mandato de David Cameron, George Osborne, era una cuestión de vagos contra luchadores. Para  Iain Duncan Smith, la pobreza era la fruta podrida de las familias disfuncionales, la adicción o la deuda. Ninguno de ellos, ni los miembros de sus partidos, pueden admitir los que sus homólogos finlandeses sí hacen: que la pobreza no es más que la falta de dinero.

De ahí surge la segunda creencia falsa británica: la idea de que el sistema de ayudas sociales no es una red de seguridad para todos, sino un sistema de clasificación desmoralizado y falto de recursos para los vagos y los inútiles de los estratos más bajos de la sociedad.

Tratar a los pobres como a criminales en ciernes coloca al sistema de bienestar social como adjunto al sistema de justicia criminal. Significa declarar a gente moribunda como apta para el trabajo. Deja a las personas con minusvalía con temor a la próxima evaluación de su capacidad funcional; y a gente desempleada, castigada sin razón alguna.

Y todo esto es prácticamente inútil. La burocracia y los costes se trasladan a todas partes, desde la sanidad pública a la administración local y de ahí a las oficinas de atención al ciudadano. El gobierno no ha conseguido, basado en sus propias evaluaciones, en destinar una pequeña fracción de sus recortes a reformar las prestaciones por discapacidad. Piensa en todas las vidas que se han visto hechas pedazos, arruinadas. Y no se ha ahorrado casi ni un céntimo.

Si esta fuese la filosofía de los finlandeses, nunca habrían llevado a cabo este experimento, y Järvinen no estaría ahora soñando con decenas de proyectos.

Vete a Finlandia a buscar respuestas en relación a la renta básica universal, por supuesto. Pero ve preparado para volver con aún más preguntas de por qué Gran Bretaña maltrata a sus pobres.

Traducido por Marina Leiva

Categorías: Alterglobalización

El esclavismo a tiempo parcial y la dignidad

Sáb, 04/11/2017 - 07:00

Jordi Arcarons /Daniel Raventós /Lluís Torrens -  Sin Permiso

 

En recientes escritos de algunos autores críticos o completamente contrarios a la propuesta de la renta básica incondicional (RB) que se han publicado a lo largo de las últimas semanas y meses, resulta muy sorprendente las grandes virtudes que atribuyen al conjunto del trabajo remunerado y más concretamente al asalariado como subconjunto del anterior. Los críticos a los que nos referimos son de izquierdas, los de derechas hacen críticas semejantes, con la diferencia de que los primeros añaden que los partidarios de la RB somos personas que claudican ante el neoliberalismo, incluso siendo un Caballo de Troya (sic) del mismo por citar solamente alguno de los exabruptos cascabeleros más sonados que no se caracterizan precisamente por su refinamiento intelectual. No podemos dejar de apuntar otra de esas groserías ya habituales a la que debemos agradecer que nos ha aportado unos momentos muy divertidos por su delirante obsesión: la RB sería como un harakiri de la izquierda. ¡Viva la inteligencia! Los críticos de derechas lanzan otras diatribas que en muchos casos son muy parecidas, aunque no la de claudicar ante el neoliberalismo porque ellos acostumbran a ser neoliberales. A veces han lanzado críticas del tipo “comunismo encubierto”. Unos nos tildan de neoliberales y otros de comunistas encubiertos. Bueno,  A o B, o ni A ni B, pero nunca A y B. Quizás los críticos de izquierda debieran pensar que quizás hay alguna contradictio in terminis entre lo que dicen unos y otros acerca del neoliberalismo, pero sólo es una sugerencia. Tampoco es tan complicado de tomar en cuenta.

No tenemos la más mínima pretensión de intentar hacer pensar, y menos aún si cabe hacer rectificar, a algunos de estos críticos con los que hemos tenido la ocasión de hablar directamente alguna vez y después han seguido repitiendo lo mismo a sabiendas de que al menos alguna de sus críticas no estaban nada justificadas. O así se reconocieron cuando se les dijo, pero luego vuelven a repetirlo. Quizás sea muy fuerte calificarlo de deshonestidad intelectual y sea más justo dejarlo en vulgar dogmatismo. “La sentencia primero, el juicio vendrá después”, se dice en el libro de Alicia en el país de las maravillas. Quien ya tiene la sentencia redactada, ¿para qué debe tener en cuenta los argumentos del juicio? Estas líneas tienen la pretensión, quizás vana, de aportar algunos elementos analíticos no a los que ya tienen la sentencia decidida (si la realidad no se condice con sus pretensiones digamos teóricas, ¡que le den morcilla a la realidad!), sino a las personas que están recogiendo argumentos de una y otra parte para acabar tomando una posición cuando hayan contrastado lo que consideren oportuno.

Al trabajo remunerado se le atribuyen muchas virtudes de las que solamente destacaremos unas pocas: crea autoestima, fortalece las relaciones sociales y… dignifica. Quien así argumenta, no se refiere al trabajo “en general”, que evidentemente incluye actividades instrumentales y autotélicas, ni a otros tipos de trabajo no remunerados como el voluntario o militante y el reproductivo, también llamado doméstico o de cuidado de otras personas. No, se refieren al trabajo remunerado. Esta forma de considerar como merecedor de tantas virtudes al trabajo remunerado es por lo menos sorprendente.

El trabajo asalariado, siempre que se pregunte a los propios trabajadores y trabajadoras, no a un profesor o profesora universitarios, en contadas ocasiones es autotélico, es decir, para utilizar la definición corta y clara de Antoni Domènech: “el proceso es lo que cuenta; el propio camino es el objetivo”. Una reciente encuesta en el Reino Unido mostraba que el 37% de los trabajadores consideraba que su trabajo no tenía el menor sentido. En otra encuesta en Estados Unidos, entre 12.000 profesionales, incluso muy bien pagados, la mitad consideraba que su trabajo no tenía sentido alguno. El trabajo asalariado es en la mayoría de los casos completamente instrumental (lo contrario de autotélico), es decir, un medio para otro fin: alojamiento, comida, ropa, diversión… No es la propia actividad la que cuenta, es la instrumentalidad para conseguir otra cosa que podemos simplificar como “poder vivir”. Observemos que, al contrario, sería muy difícil entender el trabajo voluntario si no tuviera ese carácter autotélico. Si la gente lo realiza es porque “el propio camino es el objetivo”.

Hay que ser un genio del humor como Pepe Rubianes para desmontar en pocas frases de una forma contundente con palabras muy divertidas aunque no tan amables como las que estamos utilizando aquí lo de la “dignidad” del trabajo. Otros genios aunque de un tipo muy diferente al de Pepe Rubianes, lo decían de forma más comedida: [el carácter extraño del trabajo asalariado] “se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una coacción física o de cualquier otro tipo se huye del trabajo como de la peste. El trabajo externo, el trabajo en que el hombre se enajena, es un trabajo de autosacrificio, de ascetismo”. Era Marx que lo escribía en los Manuscritos de economía y filosofía. Y es que el viejo republicano Marx, como su maestro Aristóteles, consideraba que el trabajo asalariado era “esclavismo a tiempo parcial”.

Marx era un buen conocedor de los clásicos y del derecho romano. El derecho civil romano hacía entre dos tipos de contrato de trabajo una gran distinción: la locatio conductio opera y la locatio conductio operarum. El primero era un contrato de obras por el que un particular contrataba a otro (por ejemplo, un orfebre o un curtidor o un tintorero) para que hiciera una obra que especificaba el contrato. El segundo era un  contrato de servicios por el que un particular contrataba a otro para que, durante un determinado tiempo, le hiciera los trabajos que quisiera encomendarle. Este segundo tipo de contrato era considerado republicanamente indigno porque ponía en cuestión la propia libertad. Al primer tipo de contrato se le otorga toda la dignidad, puesto que a través de él un hombre (ahora diríamos persona u hombre y mujer) libre ofrece a otro hombre libre el servicio que proporciona una calificación determinada (la propia de un orfebre, o de un tintorero, o de un curtidor). Si la locatio conductio operarum es considerado un contrato indigno de hombres libres es porque un particular se hace dependiente de otro particular, con lo que es la propia libertad la que pasa a estar en juego. El poner a disposición de otro particular la fuerza de trabajo para lo que éste quisiera disponer significaba incurrir en una situación de dependencia con respecto a otro. Esta disponibilidad general de su fuerza de trabajo y el salario por ello cobrado “es un título de servidumbre”, dirá el republicano oligárquico Cicerón en Los oficios. La continuidad republicana que también encontramos en John Locke (para muchos y aunque parezca increíble ¡un padre del liberalismo!) cuando afirmaba que “un hombre libre se hace siervo de otro vendiéndole, por un cierto tiempo, el servicio que se compromete a hacer a cambio del salario que va a recibir”.

¿El trabajo asalariado dignifica? El trabajo remunerado no tiene ningún sentido para una buena parte de los que lo sufren, cuando se pregunta a los que efectivamente los realizan. Para quienes consideramos que la libertad republicana es una buena referencia para evaluar la libertad de la ciudadanía, siempre hemos considerado que lo que dignifica a la persona es tener la existencia material garantizada. Por este motivo entre otros, algunos defendemos la RB. Otros defienden el trabajo forzado y aún otros el trabajo garantizado. No ya en EEUU, sino ¡en el Reino de España!, la economía con más paro continuado de la OCDE en los últimos 35 años: pueden encontrarse partidarios aquí, no lo decimos en broma, porque hay quien este dato no hace inmutarse lo más mínimo. Sobre el trabajo garantizado ya hemos escrito varios artículos, no vale la pena volver a insistir porque la propuesta da para lo que da. Poco más. Algunos nos acusan muy pimpantemente de que defendiendo la RB claudicamos ante el neoliberalismo. Admitimos que no se trata de mala intención sino de pura ignorancia. Pero solo que conocieran aunque fuera de oídas la evolución histórica de la concepción republicana de la libertad, de la que Marx fue uno de los grandes representantes de su variante democrática, no repetirían constantemente estas bravuconadas que despiertan, en los momentos más piadosos, la conmiseración. Fue otro gran republicano, Maximilien Robespierre, que lo dejó escrito de forma insuperable: “¿Cuál es el primer fin de la sociedad? Mantener los derechos imprescriptibles del hombre. ¿Cuál es el primero de esos derechos? El de existir. La primera ley social es, pues, la que asegura a todos los miembros de la sociedad los medios de existir; todas las demás se subordinan a ésta; la propiedad no ha sido instituida, ni ha sido garantizada, sino para cimentar aquella ley; es por lo pronto para vivir que se tienen propiedades. Y no es verdad que la propiedad pueda jamás estar en oposición con la subsistencia de los hombres.”

Robespierre se refería a una concepción de la propiedad muy diferente a la que el liberalismo se apropió. El liberalismo hizo suya años después la definición célebre del jurista británico William Blackstone para el cual la propiedad privada era “el exclusivo y despótico dominio que un hombre exige sobre las cosas externas del mundo, con total exclusión del derecho de cualquier otro individuo en el universo”. ¡Eso sí que ha configurado el mundo de una forma determinada! Y sobre eso sería interesante quizás discutir, pero unos pobres claudicadores ante el neoliberalismo como nosotros ¡qué podríamos decir que ya no estuviera incluido en la sentencia condenatoria!

Jordi Arcarons es catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro de la Red Renta Básica. Daniel Raventós es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, editor de la revista política internacional Sin Permiso y presidente de la Red Renta Básica. Es miembro del comité científico de ATTAC. Lluís Torrens es economista, Director de servicios de planificación e innovación en el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona y profesor asociado de la Escuela Superior de Comercio Internacional-Universitat Pompeu Fabra. Es miembro de la Red Renta Básica y de la Asociación REVO prosperidad sostenible.

 

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El tratado sobre empresas transnacionales y derechos humanos entra en “modo de negociación”

Ven, 03/11/2017 - 12:52

Comunicado de prensa de la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad

2 de noviembre por Stop corporate impunity

Ginebra: 1 de noviembre de 2017 – La Campaña Global |1| celebra el fin de una exitosa semana de intenso trabajo que avanza hacia unas negociaciones decisivas sobre un tratado vinculante en materia de empresas transnacionales y derechos humanos, a pesar de los obstáculos planteados por la Unión Europea con el apoyo de los Estados Unidos.

Más de 100 Estados y más de 200 representantes de movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil se dieron cita en la sede de la ONU en Ginebra durante el tercer período de sesiones del Grupo de trabajo intergubernamental de la ONU |2|, que tuvo lugar del 23 al 27 de octubre de 2017. Miembros de los Parlamentos de más de 20 países y del Parlamento Europeo |3|, así como más de 700 organizaciones de la sociedad civil han manifestado un firme apoyo público al proceso.

El Grupo de trabajo de la ONU, encargado de elaborar un tratado sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos, tenía previsto finalizar su tercer período de sesiones el 27 de octubre, cuando un representante de los Estados Unidos —que no ha participado en los tres años de proceso desde que votó en contra de la Resolución 26/9, en 2014, matizando que este “tratado vinculante no será vinculante para quienes votaron en contra de él”— se sumara de forma inesperada a una reunión clave y sugiriera que el Grupo de trabajo necesitaría un nuevo mandato del Consejo de Derechos Humanos para seguir adelante con su labor. Sin embargo, la Secretaría del Consejo de Derechos Humanos confirmó que el Grupo de trabajo no necesita una nueva Resolución y que continuará con su trabajo hasta que se negocie un tratado.

En las recomendaciones de clausura del Presidente-Relator del Grupo de trabajo, el Embajador Guillaume Long, Representante Permanente de Ecuador en Ginebra, se abogó por una hoja de ruta para el proceso de negociación del cuarto período de sesiones del Grupo de trabajo, en 2018, y por celebrar más períodos de sesiones con carácter anual.

El proyecto de informe y el de conclusiones se adoptaron por consenso y se presentarán ante el Consejo de Derechos Humanos para su aprobación definitiva en marzo de 2018. Se acordó además que el documento relativo a los elementos para un tratado, propuesto por Ecuador en este tercer período de sesiones, queda abierto, a la espera de que se envíen comentarios, hasta finales de febrero y que, junto con los resultados de los períodos de sesiones de 2015 y 2016, constituirán la base para elaborar el proyecto de tratado cero durante la cuarta sesión del Grupo de trabajo en 2018.

“Es una victoria para quienes defendemos el proceso encaminado a un tratado. La presión política de los movimientos sociales, las ONG y las comunidades afectadas por las violaciones de los derechos humanos cometidas por transnacionales fue fundamental para superar las tácticas utilizadas por varias partes para obstruir el proceso, en especial la UE”, comentó Lynne Davis, de La Vía Campesina.

“Las medidas en vigor para prevenir violaciones y abusos de los derechos humanos en las actividades de las transnacionales son insuficientes. Mientras las transnacionales gozan de un amplio abanico de mecanismos de protección de las inversiones y aprovechan las lagunas del derecho internacional, a las personas que pierden sus vidas, medios de sustento y territorios debido a las actividades de las transnacionales se les suele denegar de forma reiterada el acceso a la justicia”, apunta Gonzalo Berrón, investigador del Transnational Institute.

“La autorregulación de las transnacionales no es suficiente. A los defensores y defensoras de los derechos humanos que se enfrentan a las actuaciones de las transnacionales se les está asesinando, como atestigua el caso de Berta Cáceres en Honduras y muchos otros presentados en la ONU esta semana. Este proceso hacia un tratado jurídicamente vinculante es necesario y urgente. Este es el mensaje que desean trasladar a los Gobiernos y al proceso de la ONU las comunidades afectadas por las actividades de las transnacionales”, declara Apollin Koagne Zoupet, de Camerún, en representación de Amigos de la Tierra Internacional (FOEI).

Como se puso de manifiesto en los últimos tres períodos de sesiones, la Campaña Global está decidida a contribuir al proceso con propuestas basadas en las experiencias de las comunidades afectadas y los movimientos sociales. Mary Ann Manahan, de la Marcha Mundial de las Mujeres-Filipinas, comentó: “La propuesta para un Tratado sobre empresas transnacionales y sus cadenas de suministro con respecto a los derechos humanos |4|, presentada por la Campaña Global, es un documento de gran importancia para impulsar las negociaciones entre los Estados durante el próximo año con miras a un proyecto de tratado”.

PERSONA DE CONTACTO PARA PRENSA
Para concertar entrevistas o solicitar más información
Sol Trumbo Vila (español, inglés)
soltrumbovila@tni.org
+31 610172065

Notas

|1| Este es un comunicado de prensa de la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad (Campaña Global), una red de más de 200 movimientos sociales y comunidades afectadas que luchan contra el acaparamiento de tierras, la extracción minera, los salarios de explotación y la destrucción ambiental, en especial en África, Asia y América Latina. Sitio web: https://www.stopcorporateimpunity.org/

|2| El Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta (OEIGWG) sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos se creó con la Resolución 26/9, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2014: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HR…

|3| Para consultar la lista de signatarios de la Iniciativa Interparlamentaria a favor de un tratado vinculante de la ONU sobre transnacionales y derechos humanos, véase: http://bindingtreaty.org/

|4| La propuesta se puede consultar aquí: https://www.stopcorporateimpunity.o…

Autor

Stop corporate impunity

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El chavismo es mayoría en Venezuela

Ven, 03/11/2017 - 07:00

Alfredo Serrano Mancilla - Público.es

Nueva cita electoral en Venezuela. Sí, han leído bien: elecciones en Venezuela. Es la número 22 en los últimos 18 años. Un promedio muy superior a lo considerado como “normal” para cualquier democracia. Esta vez, el turno fue para las regiones. Y el chavismo ha vuelto a ganar en las urnas: ha logrado vencer en muchos más estados que la oposición (17 a 5; falta Bolívar por dilucidar). Tres cuartas partes de las gobernaciones serán gestionadas por el chavismo. En votos nacionales, también se consigue una significativa mayoría (54%).

A la luz de estos resultados, cabe presentar algunas conclusiones preliminares:

  • A la Revolución Bolivariana le gusta votar. Se vuelve a demostrar que su camino transita obligatoriamente por la vía electoral. Es condición necesaria aunque no suficiente. La democracia para el chavismo es mucho más que el acto de votar. Sin embargo, lo electoral es innegociable como premisa básica en el proyecto político. Pero incluso hay algo más: al chavismo le encanta la batalla electoral. La dirigencia y sus seguidores se visten de gala en cada acto de campaña. Que nadie se lleve a engaño: la importancia que Chávez le dio a las elecciones caló en el pueblo venezolano en forma irreversible. Y el Presidente Maduro ha seguido en esa misma tónica: 5 elecciones en menos de 5 años. Y el próximo año, tal como está previsto según los tiempos constitucionales, habrá elección presidencial.
  • El fin del chavismo es una profecía auto incumplida. Infravalorar el legado de Chávez es verdaderamente desconocer la Venezuela del siglo XXI. A pesar de las tensiones que puedan surgir al interior del bloque hegemónico, el chavismo como identidad política es mucho más sólido de lo que algunos desean. Como cualquier proceso político, se atraviesa por diferentes etapas que provocan mutaciones, contradicciones y desafíos que superar. Sin embargo, el chavismo tiene como esencia crecerse frente a la adversidad. Frente a las amenazas de Trump, bloqueos financieros, declaraciones de la OEA, guarimbas que ocasionaron muchas muertes, frente a tantos y tantos intentos de presentar a Venezuela como lo que no es, el chavismo tiene claridad política sobre la importancia de la unidad a pesar de las legítimas divergencias y críticas que puedan sucederse. Además, el chavismo es algo más que un gobierno chavista. Es una mayoría que casi siempre decide en modo plebiscitario sabiendo elegir que es lo mejor entre proyectos políticos diametralmente antagónicos. De la misma manera que en su momento creyó necesario dar un tirón de orejas a sus gobernantes en las pasadas legislativas, luego apoyó masivamente la constituyente. Y ahora, nuevamente, decide mayoritariamente que el chavismo ha de ser quién gestione a los estados del país para superar una situación complicada.
  • La oposición no sabe qué hacer. En este caso, en esta vereda opositora, la unidad, a pesar de sus siglas, brilla por su ausencia. No es monolítica ni homogénea por mucho que se lo quieran imponer desde el Norte. La historia política venezolana también cuenta aunque ciertos medios de comunicación lo quieran desconocer. La vieja partidocracia opositora está tan presente que hace muy difícil que se renueve el campo político de confrontación. A la gente de a pie le trae sin cuidado que se ruede una película de ficción en la OEA con el juramento de otro tribunal de justicia que jamás tendrá efecto en el país. Tampoco le interesa que la oposición pierda el tiempo en debates leguleyos alejados de la cotidianidad. Cuanto más pasa el tiempo, más improbable resulta que exista una oposición acorde a lo que el país necesita en este tiempo histórico. Y si a eso se le suma su carácter esquizofrénico en torno a aceptar o no la vía electoral, entonces, pasa lo que pasa: siguen sin ser alternativa real.
  • A una parte del mundo no le agrada la Paz. Después de algo más de dos meses, en los que no ha habido muertes ni violencia, Venezuela ha dejado de ocupar portadas. Esta elección ha sido tratada en do menor. ¿Sabrían de antemano que la mayoría venezolana volvería a votar a favor del chavismo? Es paradójico que tras haber dedicado ríos de tinta a exigir elecciones, ahora que las hay, no interesan.

En definitiva, la cita electoral ratifica el voto de confianza de la ciudadanía venezolana a su gobierno. Gana la Paz; gana la Constituyente. La participación ha sido muy elevada: algo más del 61%. La más alta en regionales de Venezuela en el siglo XXI. Por encima por ejemplo de las últimas regionales de México, Chile y Colombia. Y a partir de ahora el chavismo tiene el reto de trabajar poniendo el oído en el territorio, atendiendo a las demandas de la gente, sabiendo que hay problemas, pero también teniendo claro que sí hay alternativas, y que hay que buscarlas hasta encontrarlas pero sin acudir a la pérdida de soberanía ni poniendo en riesgo todo lo logrado socialmente en estos años.

 

Alfredo Serrano Mancilla es Director de CELAG

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La Revolución de 1917 y la alternativa al capitalismo: un comentario

Xov, 02/11/2017 - 07:00

Albert Recio Andreu - Consejo Científico de ATTAC España

I

La revolución de octubre de 1917 ha sido un icono de la revolución mundial. Una referencia esencial para una inmensa masa de personas que aspiraban a liquidar el capitalismo y construir una sociedad decente. Pero, salvo para un sector de nostálgicos y resistentes, esto fue en el siglo pasado. En los nuevos movimientos sociales la referencia a la Revolución rusa ha desaparecido. Más que considerar el siglo pasado como el de la revolución, deberíamos pensar que en parte lo ha sido de la revolución fallida. Y preguntarse por qué lo que empezó como un augurio de una sociedad fraternal ha acabado siendo la imagen de un fracaso debería ser una labor esencial de cualquiera que pretenda trabajar en un proyecto emancipatorio.

Quiero dejar claro que considero vigentes la mayoría de los anhelos que están detrás de las aspiraciones asociadas a la idea del comunismo: la construcción de una sociedad de personas libres, iguales en derechos, democrática. Una sociedad que haga reales y posibles los objetivos que puso en circulación la Revolución francesa, los de libertad, igualdad y fraternidad. Asimismo, pienso que la lucha por este modelo de sociedad sigue constituyendo un empeño político esencial, y que subyace todavía a las demandas y propuestas de muchos de los movimientos sociales actuales. Lo que no está presente es la identificación de estas demandas con la historia a que dio pie el triunfo bolchevique o con los regímenes políticos que usan el comunismo como seña de identidad. Es difícil, por ejemplo, que nadie con un mínimo sentido igualitario pueda asociarlo a las imágenes que ha ofrecido el congreso del Partido Comunista de China, con una abrumadora presencia masculina (un monopolio total en el caso de la alta dirección), de uniformados votando la inclusión del líder actual en la lista de pensadores del catecismo oficial.

Por esto considero relevante que nos preguntemos por las razones de este fracaso del proyecto inicial, ya que entenderlas es una necesidad para poder pensar otros nuevos, para consolidar nuevas alternativas a la vez mejor diseñadas y más atractivas. No para elaborar una lista de culpables del fracaso, sino para entender las estructuras y procesos que a menudo bloquean o impiden las transformaciones sociales, para discernir los mecanismos y las políticas mal diseñadas que hay que evitar.

II

A la hora de interpretar el fracaso del proyecto soviético hay diferentes posiciones. La más facilona es la que considera que sufrió desde el principio el acoso de las potencias capitalistas. Un acoso que no solo drenó recursos y esfuerzos, sino que también provocó una involución interna en términos de libertades y democracia. No es una explicación vacía. El entorno de cualquier proyecto alternativo siempre será hostil. Y la hostilidad exterior alimenta las paranoias de las que se alimentan las pulsiones autoritarias. Pero me parece una explicación insuficiente y peligrosamente conformista. Evita preguntarse por los fallos de la política propia y concede a las fuerzas reaccionarias la condición de un poder imbatible. Evita también perder de vista los propios cambios de las sociedades capitalistas, las transformaciones impulsadas tanto desde el poder como por la presión social. Cambios que en algunos casos dieron lugar a avances sustanciales en los derechos humanos y que generaron otro tipo de presión a las sociedades del bloque soviético: la del bienestar y el consumismo.

Una segunda explicación es la que, en variantes diversas, adoptaron los críticos internos del bolchevismo: la de considerar que la revolución había sido secuestrada o traicionada por una élite política autoritaria. Que el poder estuvo controlado por una élite autoritaria (y que lo sigue estando tanto en Rusia como en China) es evidente. Lo que es más discutible es que esto pueda explicarse por un mero proceso conspirativo que, de no haberse producido, habría dado lugar a otro resultado diferente.

Considero que hay dos explicaciones posibles, complementarias, para entender la deriva hacia los modelos de sociedad burocrática que han caracterizado a las sociedades de tipo soviético: la continuidad con el pasado y las estructuras sociales que emanan de su modelo económico.

Las revoluciones tienen la pretensión de hacer borrón y cuenta nueva, eliminar de un solo golpe todo lo malo del régimen anterior; es uno de sus atractivos. Pero una cosa es tomar el poder político y otra, cambiar de un plumazo la compleja red de instituciones que conforman una sociedad, modificar hábitos de comportamiento asentados en la vida social. Pensar que con un golpe revolucionario la sociedad cambia enseguida es la forma más fácil de caer en errores. Las sociedades en que tuvo lugar la revolución tenían, en formas diversas, una larga tradición de autoritarismo. Y este autoritarismo formaba parte de los valores y comportamientos de los propios líderes revolucionarios. De hecho, el uso de la violencia y el asesinato como arma política ha sido aceptado en la mayoría de los países hasta tiempos muy recientes (y persiste en muchos de ellos). Hay factores de continuidad entre la autocracia zarista y el autoritarismo ruso, entre el mandarinato tradicional y el modelo del comunismo chino. Y el uso sistemático de la fuerza como forma de control social se traduce en el reforzamiento de estructuras de Estado claramente antidemocráticas.

Lo segundo tiene que ver con las estructuras sociales que genera una sociedad que se organiza en torno a una planificación centralizada que trata de impulsar un proceso de crecimiento acelerado. Como se puso en evidencia en el debate económico ruso entre N. Bujarin y Y. Preobrazhenski, se trataba de acelerar más o menos el ritmo de crecimiento dejando menos o más excedente agrario en manos del campesinado. El más implica reforzar una organización centralizada orientada a extraer este excedente y transferirlo hacia la industrialización acelerada, una operación que conlleva generar estructuras burocráticas en los diversos estratos del proceso productivo. Unas estructuras que generan desigualdades —de renta y de poder— que pueden dar lugar a una formación social diferente del capitalismo, pero discutiblemente igualitaria. Para algunos marxistas, aceptar que tras el fin del capitalismo pueda aparecer un sistema de clases diferente del socialismo puede parecer inexplicable. Pero creo que el propio análisis de las clases sociales en las sociedades capitalistas permite reconocer que los esquemas simples, basados tanto en la dualidad como en la evolución lineal por etapas, resultan inadecuados para analizar las sociedades reales. Ni hay una evolución lineal de la historia (el esclavismo es un buen ejemplo de una estructura social que reaparece en contextos históricos muy diversos, como en la Roma clásica y en la agricultura colonial de los albores del capitalismo industrial) ni las clases pueden confundirse con la propiedad. Tiendo a pensar que el modelo soviético cristalizó una variante de economía burocrática que al final ha explotado en dos opciones diferentes, la vuelta pura y dura al capitalismo liberal o a un modelo de capitalismo tutelado por una burocracia que mantiene importantes resortes de poder político. Pero, más que el debate teórico sobre el carácter de clase de estos regímenes, me parece importante subrayar que en su seno existían estructuras sociales que eran, más allá de la brutalidad de líderes como Stalin, las que daban densidad social a la gestión autoritaria.

III

El peor legado de la experiencia soviética es sin duda su brutalidad y su falta de democracia. Un autoritarismo nacido tanto de la inercia de la cultura autocrática como de un proyecto de gestión económica pensado desde arriba hacia abajo. Un proyecto que entendía cualquier iniciativa individual y de base como una peligrosa tendencia de vuelta al capitalismo.

Un modelo autoritario genera muchos efectos sociales indeseables. En primer lugar, sin duda el peor, el sufrimiento infligido a grandes masas de población. En segundo lugar, una cultura de la acción política que prima el miedo y el sometimiento por encima del debate franco. Y que por tanto impide acotar, replantear, revisar las decisiones erróneas. Ello sin despreciar el enorme coste que genera en la calidad de la política el hecho de que el resultado de cada debate político sea la represión contra los perdedores. En tercer lugar impide la crítica social, la formulación de alternativas desde la base, de respuestas creativas a los problemas. Por ejemplo, la magnitud de algunos de los desastres ecológicos de la antigua URSS posiblemente se hubieran evitado si las poblaciones afectadas hubiesen podido actuar con autonomía, con voz propia frente a las iniciativas del poder. A menudo se nos pasa por alto que es precisamente el marco de libertades formales de las democracias occidentales, especialmente las europeas, el que ha impedido los mayores desastres del capitalismo, el que ha forzado a introducir reformas en beneficio de la mayoría social. En cuarto lugar, este autoritarismo ha sido también un freno en el avance del conocimiento y la innovación tecnológica al supeditar las ideas de cada individuo al escrutinio de la jerarquía. Una jerarquía que cuando es cuestionada tiende a reaccionar represivamente. Lo ejemplifica magníficamente el personaje del físico Victor Shtrum en la impresionante novela de V. Grossman Vida y destino.

Los dirigentes soviéticos combinaron la represión con el nacionalismo como mecanismo básico de cohesión social. El resultado fue promover unos comportamientos en los que destacaban la obediencia, la ingenuidad y el chovinismo en dosis variables; también un cierto cinismo para poder sobrevivir o medrar. Lo reflejan muchas de las personas entrevistadas en los magníficos trabajos de S. Aleksiévich. Era una población sin verdadera capacidad de acción, algo que explica con bastante claridad lo fácil que les resultó a los nuevos oligarcas el desmontaje de la URSS o los brutales enfrentamientos armados que estallaron entre grupos nacionales en las diferentes repúblicas. La ciudadanía internacionalista solo puede ser creada con otros métodos y otras instituciones.

IV

El modelo de planificación central, de apuesta por el crecimiento basado en la industria pesada y por la carrera armamentística, es otra vertiente de la cuestión. La planificación formaba parte de las ideas básicas de la izquierda marxista, y se mostró eficaz en bastantes cometidos. Como lo es también en las economías capitalistas reales, donde una parte importante de la actividad económica depende de las decisiones centrales de los gobiernos y donde las grandes corporaciones “planifican” de facto la acción de cientos de unidades productivas (como es el caso de las complejas cadenas de subcontratas de la industria automovilística o la organización del suministro alimentario a partir de las grandes cadenas de supermercados). El problema no es tanto la planificación central en sí, sino su extensión y sus formas. En este sentido, China aporta una experiencia más creativa que la soviética (lo que no quiere decir que no sea criticable en muchos aspectos).

Es cierto que una parte de la deriva soviética fue impulsada por la Guerra Fría, en particular el intenso esfuerzo bélico. Pero la obsesión por el crecimiento de la industria pesada en detrimento del consumo tenía otras raíces y provocaba unas carencias en la vida cotidiana que dificultaban enormemente “competir” con el escaparate de la propaganda consumista occidental.

V

El autoritarismo, la crueldad, el burocratismo, el nacionalismo y los efectos de todo ello en la vida de millones de personas y en el medio ambiente son el resultado de un proyecto bien intencionado pero mal ejecutado. No todo fue malo, sin duda. Las desigualdades sociales fueron mucho menores que en Occidente, incluidas en bastantes aspectos las de género, y la población tuvo acceso a servicios básicos y a una educación más que aceptable. Pero estos logros quedan ensombrecidos por los problemas indicados. A partir de cierto momento histórico, ya era evidente que no se trataba de un modelo que en términos comparativos fuera superior al de las mejores experiencias de capitalismo real (aunque sí a muchas otras). Lo peor de todo es que el fracaso del proyecto posibilita el discurso del “no hay alternativa”.

Los nuevos movimientos alternativos, a partir del movimiento antiglobalización, se han construido ignorando el pasado. 1917 ya no es un referente más que para los restos de la tradición comunista. Aunque los anhelos de fondo son parecidos. “La alternativa” al capitalismo ha dado lugar a alternativas concretas o a una inconcreta necesidad de economía democrática que trata de dar respuestas tanto a los problemas del capitalismo que la izquierda siempre identificó (desigualdad, explotación, pobreza…) como a los problemas que han puesto de manifiesto movimientos más recientes (crisis ecológica, persistencia del patriarcado, armamentismo…). Pero todos ellos son problemas que no solo requieren soluciones particulares, sino también algún proyecto social que los ensamble con una cierta lógica. Que permita contar con un mapa que nos ayude a orientarnos.

Y es también en este sentido que analizar por qué aquel proyecto revolucionario fracasó puede ayudar a pensar en proyectos mejor diseñados. Como sugería un viejo librito de A. Castaños, ¿Tiene el socialismo su prehistoria?, la experiencia soviética quizá fue un primer intento, desgarrado, dramático, fallido, de construir una sociedad humanamente justa y deseable. Pero los intentos consiguientes pueden beneficiarse de saber dónde estuvieron los problemas básicos y dónde están los principales escollos que sortear. Este es el mejor homenaje que podemos y debemos hacer a aquella masa de hombres y mujeres que trabajaron con inteligencia y tesón por imponer una sociedad deseable. Por aquellos millones de personas que tomaron la experiencia soviética como motivación para desarrollar cientos de luchas por la justicia y la igualdad en todo el planeta.

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Economía mundial: estabilidad y volatilidad financiera

Mér, 01/11/2017 - 12:48

Alejandro Nadal - Consejo Científico de ATTAC España

El médico de cabecera de la economía mundial es curioso. En la última consulta le dijo al paciente: “Mire usted, por el momento no tiene problemas serios. Pero sus coronarias no están bien y más vale que se prepare para el infarto masivo al miocardio que va a sufrir con toda seguridad”.Ese es el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional en su último Informe sobre estabilidad financiera mundial (disponible en imf.org). El documento señala que el sistema financiero global continúa fortaleciéndose en respuesta al estímulo de las políticas económicas puestas en marcha después de la crisis de 2008. La salud de los bancos en las economías desarrolladas sigue mejorando y “la mayoría de las instituciones sistémicas están adecuando sus modelos de negocios para restablecer su rentabilidad”. Lo más importante es que se han reducido las “amenazas para la estabilidad financiera en el corto plazo”.El vocabulario es transparente, a pesar de la jerga diplomática utilizada. Eso de “instituciones sistémicas” se refiere a los bancos que en su momento fueron calificados como siendo demasiado grandes para dejarlos quebrar. Pero esos bancos no han sido divididos en unidades más pequeñas y el FMI lo sabe bien. Por eso su informe busca tranquilizar con el giro retórico de que ya están adaptando sus planes de negocios. Sólo que la sensación de alivio desaparece cuando descubrimos que esos nuevos planes de negocios no son otra cosa que la exploración de mejores oportunidades de especulación para precisamente “restablecer su rentabilidad”.Las políticas macroeconómicas que se aplicaron en la estela de la crisis de 2008 en efecto contribuyeron a fortalecer el sistema financiero internacional. Recuérdese que en primer lugar se aplicó el rescate de los bancos con problemas, sobre todo para los más grandes con ramificaciones globales. En segundo lugar se usó una política monetaria de tasas de interés cercanas a cero. Pero como la economía mundial seguía en una trayectoria deflacionaria, que el crédito bancario no fluía y que el crecimiento se mantenía débil, se procedió a inyectar un océano de liquidez en las instituciones financieras por medio de la llamada política monetaria no convencional.

A través de esa política monetaria los bancos centrales de Estados Unidos, Japón y la eurozona, compraron activos de los bancos privados con el fin de incrementar el crédito y reactivar la economía. La Fed suspendió su programa en 2014 pero no ha normalizado su hoja de balance y la liquidez que inyectó sigue moviéndose en los mercados financieros del mundo. Además, Japón y la eurozona también aplicaron sus versiones de flexibilización monetaria (en Europa al ritmo de 60 mil millones de euros mensuales este año).

Para esas operaciones los bancos centrales crearon dinero de la nada. Pero como la inflación se mantiene por debajo de las metas de esos institutos monetarios y el crecimiento sigue siendo endeble, la pregunta de todo analista es la misma: ¿dónde acabó todo ese dinero ligado a la flexibilización monetaria?

La respuesta es que la política monetaria no convencional sirvió para crear la burbuja especulativa más grande en la historia del capitalismo. Por eso los indicadores de las bolsas de valores más importantes del mundo se ven tan rozagantes y vigorosos. Pero cuidado, las apariencias engañan y más que un anuncio de rehabilitación económica esas señales del mercado bursátil muestran que el crecimiento de precios de activos financieros es desmedido y poco sustentable. El FMI lo reconoce al señalar en el informe citado que la expansión monetaria ha generado aumentos injustificados en el valor de activos financieros y constituye un incentivo para el apalancamiento y el endeudamiento del sector privado. Es decir, los riesgos para la estabilidad financiera se están trasladando desde el sector bancario a todo el sistema financiero y no financiero.

En síntesis, la flexibilización de la política monetaria sirvió para crear lo que tanto daño hace en las economías capitalistas, un episodio de inflación en el precio de activos; es decir, una mega-burbuja. Y cuando esa bomba explote, no sólo los mercados financieros entrarán en una crisis, sino que la economía real (no financiera) se verá afectada por una onda de expansión destructiva que hará palidecer a la de 2008.

Ni el FMI, ni los bancos centrales, saben que hacer frente a este dilema. Si se lleva a cabo la normalización (de la flexibilización monetaria) a un ritmo demasiado rápido se corre el riesgo de ahogar la “recuperación”. Pero si se mantiene la expansión monetaria, la burbuja en los mercados financieros (y el apalancamiento en el sector privado no financiero) seguirá inflándose hasta reventar con efectos catastróficos.

El dilema en que se encuentran el FMI y los bancos centrales no se puede despejar manteniendo las viejas ideas sobre tasas de interés natural (à la Wicksell) o viejos esquemas sobre demanda agregada (al estilo de los nuevos keynesianos). Sólo se puede resolver con una revolución en el análisis económico.

Economista. Es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso.

Fuente: La Jornada

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Balas de fogueo contra la desigualdad salarial

Mar, 31/10/2017 - 07:00

No está mal que el Congreso de los Diputados reconozca que las mujeres cobran mucho menos que los hombres. Sin embargo, reconocer un problema y decir que hay que hacer algo no es garantía de nada

María Pazos Morán – Consejo Científico de ATTAC España

Un grupo de mujeres trabajando en una conservera.

El día 16 de Octubre, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una moción presentada por Unidos Podemos  instando al Gobierno a adoptar medidas contra la brecha salarial entre hombres y mujeres. Esta noticia no tiene nada de novedosa; el pasado mes de febrero ya se aprobó, también por unanimidad, una moción similar presentada por el PSOE.

Pero lo peor es que la noticia tiene aún menos de esperanzadora. Claro que en principio no está mal que el Congreso de los Diputados reconozca que las mujeres cobran mucho menos que los hombres y que deberían tomarse medidas contra esta injusticia manifiesta. Sin embargo, reconocer un problema y decir que hay que hacer algo no es garantía de nada. Más aún, según lo que se haga puede terminar bien o mal.

El último ejemplo es el del pacto de Estado contra la Violencia Machista, que terminó mal, como se explica en este artículo. Es más, este resultado tan decepcionante de un proceso que ha tenido esperanzadas a tantas personas puede generar la falsa impresión de que, si después de tanto tiempo y energías no se ha arreglado nada, quizás será verdad que se ha hecho todo lo posible por eliminar “la lacra” de la violencia de género pero, ¡ay! quizás será que no tiene solución. Así, ahora solo quedaría pasar a la siguiente “lacra”, que después de mucho ruido puede terminar igualmente desactivada (que no eliminada).

Esta teoría de las lacras es precisamente la trampa en la que estamos. Porque ahora parece que se avecina todo un proceso contra “la lacra” de la desigualdad salarial. Y para ello se nos presenta como un gran salto adelante esa nueva ley de igualdad salarial que incorpore “medidas de transparencia” para las empresas, pero sin abordar las causas de las diferencias salariales. Tanto PSOE como Unidos Podemos están preparando sendas Proposiciones de Ley al respecto.

La directriz viene de Europa. De hecho, las medidas que ahora el Congreso reclama al Gobierno son las de la Recomendación de la Comisión Europea (CE) de 2014 “ sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia”. Leer esa Recomendación es un ejercicio muy recomendable para todas las personas que hayan concebido alguna esperanza en este nuevo proceso que se avecina; la mejor prevención para luego no quedar decepcionadas cuando se convierta también en agua de borrajas.

Resumiendo, la CE “ facilita orientaciones” a los Estados miembros y recomienda (que no insta ni obliga) que “ apliquen al menos una de las medidas básicas para reforzar la transparencia que se establecen en esta Recomendación”.  No se puede decir que, de entrada el objetivo sea muy ambicioso. Pero es que además, al estilo del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, algunas de estas medidas ya están legisladas, como mejorar la disponibilidad de datos desagregados por sexos (en España ya tenemos esa obligación desde la Ley de Igualdad). Otras son bastante  etéreas, como “ animar a los empresarios y a los interlocutores sociales a introducir sistemas de evaluación y clasificación de empleos no sexistas”.

Otras, las medidas propiamente llamadas “de transparencia”, consisten en recomendar que se realicen auditorías salariales en empresas de más de 250 trabajadores, con análisis de la proporción de mujeres y hombres en cada categoría; y que las empresas de más de 50 trabajadores informen de la remuneración media por categoría y por sexo.

Si estas medidas fueran de verdad algo más que balas de fogueo se encontrarían con grandes resistencias, lo que exigiría todo un ejército de inspectores y jueces para obligar a las empresas (repito: si hubiera algo verdaderamente obligatorio). Además, si después de tanto debate y esfuerzos se consiguiera realizar esas auditorías, descubriríamos lo que ya sabemos: los mozos cobran más que las limpiadoras. A nosotras nos parece que no debería ser así porque esos dos son trabajos de igual valor, pero hasta ahora no hay ninguna experiencia de que se haya obligado a una empresa a modificar su estructura salarial en ese sentido; y la Recomendación de la CE no lo propone.

Pero el problema más grave es que concentrarse en las “medidas de transparencia” tendrá el efecto boomerang de esconder la naturaleza del fenómeno y sus verdaderas causas, porque la realidad es que la diferencia de remuneración por trabajos de igual valor no supone más que una parte pequeñísima de la brecha salarial.

Veamos. La primera componente de esta brecha es la diferencia entre los salarios medios por hora entre hombres y mujeres, que crece con la edad hasta situarse en un 20% a los 30 años, y permanece estable a partir de esa edad. Esto no se debe fundamentalmente a la diferencia de remuneración por trabajos de igual valor sino a la enorme segregación laboral por sexos, tanto vertical como horizontal: las mujeres evolucionan menos que los hombres hacia categorías laborales mejor pagadas.

Dicho de otra manera: no tiene nada de ilegal pagar más a un director general que a una cajera; y se demuestra que las mujeres tienen más probabilidad de quedarse en cajeras, mientras que los hombres tienen más probabilidad de promocionarse a directores generales. Tampoco tiene nada de ilegal que en una empresa del metal se gane más que en una de la limpieza, y resulta que las mujeres están concentradas en la limpieza.

La segunda componente, que se añade a la diferencia en el salario medio por hora, es que las mujeres trabajan menos horas que los hombres (el 27% de las asalariadas trabaja a tiempo parcial, frente al 8% de los asalariados). Además, las mujeres tienen más periodos de ausencias (su permiso de maternidad es 4 veces más largo que el de paternidad, y el 95% del total de las excedencias no pagadas son tomadas por mujeres). Todo esto tampoco tiene nada que ver con los trabajos de igual valor.

En resumen, si según la Agencia tributaria el monto total de los salarios percibidos por los hombres es un 54% mayor que el de los salarios percibidos por las mujeres (en las pensiones esta diferencia es de un 47%), la inmensa mayor parte de esa brecha se debe a causas identificables y fáciles de atajar, pero no con esas medidas cosméticas que desvirtúan el problema.

La principal causa, la que nos coloca a todas las mujeres la etiqueta de “menos disponible para el empleo” es que los hombres no asumen su parte del cuidado. Y no lo van a hacer si lo que se les ofrece es asumir el cuidado familiar en las condiciones de esclavitud en las que ahora lo asumen las mujeres. Sin embargo, sí existen medidas efectivas para que todos y todas lo hagamos en igualdad y con condiciones dignas. La primera, la más emblemática, efectiva, barata, popular y fácil de implementar, es la equiparación del permiso de paternidad al de maternidad (ambos intransferibles y pagados al 100%), tal como propone  la PPIINA. ¿Por qué sigue paralizada en el Congreso la Proposición de Ley para esta reforma, si el Pleno ha votado a favor por unanimidad ya varias veces?

Además, es necesario proveer los servicios públicos cuyo escandaloso déficit están supliendo las mujeres con trabajo no pagado. Según el INE, solamente el 16,4% de los hogares españoles con alguna persona dependiente recibe cuidados a domicilio (el número de plazas de centros de día cubre menos del 3%, y el de plazas residenciales menos del 8%). Solamente el 43% de los menores de 3 años están escolarizados, y los horarios son más que insuficientes. ¿Para cuándo una Ley que establezca el derecho universal a la escolarización a partir de los cero años y un plan para un verdadero sistema de educación infantil de calidad? ¿Para cuándo una reforma de la Ley de Dependencia que establezca el derecho universal a la atención por parte de los servicios públicos, de calidad y suficiente para suplir la falta de autonomía funcional?

Finalmente, es necesario revocar las últimas reformas laborales y acabar con las interminables e inestables jornadas de trabajo (¡malditos cuadrantes semanales!), que hacen el empleo incompatible con la vida. Para ello es crucial la jornada máxima de 35 horas semanales a tiempo completo.

Estas son las principales medidas, aunque no las únicas. Sin ellas, ningún gobierno ni partido puede decir que tiene la voluntad política de erradicar la brecha salarial entre hombres y mujeres

En resumen: una nueva ley contra la igualdad salarial no solamente no arreglaría el problema sino que serviría como coartada para su permanencia. Sería muy triste que todos los partidos contribuyeran unánimemente a este nuevo maquillaje de la desigualdad, sin que ni uno solo denunciara esta nueva operación y opusiera a ella las medidas efectivas para combatirla.

Publicado en eldiario.es

mariapazos.com

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¿Hacia la res publica? Sí, con hermandad ciudadana internacional

Lun, 30/10/2017 - 07:00

Antonio Fuertes Esteban – ATTAC Acordem

Sabemos, por nuestros estimados profesores críticos y economistas, que los bancos y el sistema financiero en general domina la economía, con mano de hierro de dictadura financiera; pero también por muchas historias de vida, por muchos parados, desahuciados o empobrecidos..

Sabemos que hay una forma de hacer las cosas, desde el poder político, más social, ecológica, democrática y humana. Sin embargo el poder político se empeña en hacer prevalecer las mismas recetas que han llevado a la crisis a la inmensa mayoría para seguir alimentando la codicia de una minoría. Las recetas que marcan, a los políticos, los plutócratas a través de las instituciones financieras internacionales.

Sabemos que la actual democracia no es más que un bonito cuento alimentado por nuestros políticos, jueces y académicos del sistema, que quieren creer en ella porque esta hace ver como que ellos gobiernan y les sirve para vivir de un servicio cada vez más profesionalizado, salir en los medios y hacer sus discursos vacuos.

Sabemos que los señoritos globales de las multinacionales, las corporaciones financieras y sus servidores patrios se reparten criminalmente grandes beneficios hundiendo el mundo del trabajo, la economía, la sociedad y el medio ambiente y sin que por ello paguen ningún impuesto o contra-prestación a la sociedad.

Sí, ya conocemos todos los cuentos, lo malo es que algunos quieran seguir meciéndonos en la cuna de sus cuentos, en que la recuperación es posible, en que con austeridad saldremos, o en que son socialistas, o de izquierdas otros, ¡Ja!

¿Y los ciudadanos y ciudadanas? ¿Vamos a seguir llorando y quejándonos a “papá” Estado de que nuestro primo rico nos roba y nos humilla? ¿Creemos que realmente el llorar sirve de algo, que cambiará algo? ¿Creemos que los poderes del Estado van a hacer que nuestro primo el de las transnacionales pague por sus desafueros? Lo más seguro es que “papá” Estado seguirá sirviendo a los señoritos globales que es lo que viene haciendo. ¡Claro! Los señoritos financian a los gestores en su pugna y su ejercicio.

¿Necesitamos saber mucho más para responsabilizarnos y comprometernos, para dejar de ser administrados y pasar a administrar nuestra propia vida, para dejar de ser supuestos protegidos y llorones y pasar a ser mayores de edad? ¿Es el Estado quien ha de emanciparnos? ¿Es desde las estructuras del Estado desde donde nos emanciparemos los ciudadanos?

¡NO! al actual Estado lo hemos de combatir para recuperar el control de los salvajes poderes económicos y para eso hemos de organizarnos, para lograr cambiar las leyes. Pero además, para emanciparnos hemos de tener claro que nuestro enemigo de clase son los señoritos plutócratas globales y que son los que marcan el rumbo y la velocidad de la nave.

Estos señoritos, hoy ya globales, no tienen lealtad a territorio alguno ¿Para qué si pueden circular libremente poseyendo todo a su paso?

Hemos de organizarnos para combatirlos, igual que las primeras organizaciones obreras se levantaron contra los amos en el S. XIX (a los que por cierto también protegían los estados), e idearon los instrumentos de lucha del proletariado, los centros obreros, casas del pueblo, ateneos, la prensa obrera repartida mano a mano, la huelga, el sabotaje, la desobediencia civil…. Hoy hemos de hacer un ejercicio de coraje y de imaginación para re-inventar las formas de lucha, mejorando las clásicas y re-inventando nuevas contra el poder, que hoy es global.

A la tradicional huelga hay que vestirla con nuevos procedimientos y añadirle nuevas formas de acción civil no violenta, de desobediencia civil. Por poner un ejemplo ¿Porqué los profesores desde la infantil hasta la universidad se han de limitar a reproducir el currículum sistémico? Hay que trabajar desde el mundo de la educación por el compromiso social, por el compromiso planetario, el profesorado ha de hacer desobediencia civil curricular. Los médicos atender a pacientes vulnerables y a los que el gobierno ha dejado sin prestación. Cada función social, cada profesión habría de encontrar motivos y espacios de desobediencia civil. Lo mismo respecto a las formas de consumo o de ocio. Cambiar el sistema pasa por vulnerar la norma opresora.

Pero necesitamos de nuevo el compromiso, de nuevo el COMPROMISO. Es necesario además promover un sentimiento de ciudadanía global. Hemos de iniciar la construcción, desde el poder ciudadano, de una nueva INTERNACIONAL.

Si queremos, de verdad, hacer algo por la sociedad actual, por nuestra gente, por las futuras generaciones; el compromiso personal y colectivo, la organización y el encuentro, más allá de diferencias no sustanciales, es el único camino que nos queda. No podemos cerrar los ojos ante el despotismo que nos oprime y nos atenaza. Combatirlo necesita esfuerzos que muchos no estamos dispuestos hoy a satisfacer. Esto no es un juego, es una lucha de clases y van ganando sobradamente. O reaccionamos o acaban poniéndonos las cadenas para siglos.

Lo primero organizarnos contra los actuales tiranos, los señoritos globales

¡POR LA INTERNACIONAL DEFINITIVA DE CIUDADANÍA, LIBRES IGUALES Y FRATERNOS!

¡¡POR UN FRENTE CIUDADANO CONTRA EL PODER FINANCIERO !!!

 

Publicado por Antonio Fuertes en Rex Pública Global

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