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Nuit Debout, el capitalismo y la ideología

Mér, 25/05/2016 - 12:00

Maciek Wisniewski – La Jornada

Quizá lo más notable del movimiento Nuit Debout (noche de pie) es su esfuerzo de volver a hablar de los conflictos a partir de sus (verdaderas) causas económicas, sociales y políticas –al contrario de las explicaciones dominantes que parten de lo cultural, racial o religioso–, algo que ya estuvo presente en Europa al inicio de la crisis, pero que quedó desplazado por la contraofensiva ideológica de la reacción que valiéndose de algunos acontecimientos (atentados terroristas, crisis de los refugiados) y fomentando los discursos de islamofobia y terror, pretendía traer al sistema de vuelta a las tierras seguras.

2) Este esfuerzo es aún más notable en la medida en que se da durante el aún vigente estado de excepción instaurado tras los atentados yihadistas en París (13/11/15), algo que no le impidió desafiar las narrativas de guerra y miedo, desplazar al islam radical como el enemigo principal –un combustible para la xenofobia y la extrema derecha y un afán sistémico de estabilizarse mediante el fascismo– y poner en su lugar al capitalismo, provocando nerviosismo en la burguesía francesa.

3) En este sentido, la presentación de la neoliberal reforma laboral –el catalizador del movimiento– en un clima de choque, militarización y vigilancia masiva confirma tanto la clásica fórmula de Naomi Klein sobre la diseminación del neoliberalismo, como el grado de penetración del socialismo francés por esta ideología que bordea la orwellización (cuando las palabras llegan a significar su opuesto): trabajar el domingo es más libertad (¡sic!) y la izquierda debe apoyar más libertad (E. Macron, ministro de economía); el país necesita más flexibilidad y competividad y yo apoyo esta ley porque soy persona de izquierda (¡sic!) (M. El Khomri, ministra de Trabajo).

4) Frédéric Lordon: “en el sistema de ‘compartimientos’ la sociedad oculta la continuidad entre futuros y actuales trabajadores; los estudiantes –de los que muchos serán sólo precarios– son ‘formateados’ para entrar al mercado laboral, tomar sus créditos y jamás conocer a un obrero” (asamblea en Tolbiac, 30/3/16). Si bien la unión también es necesaria para su funcionamiento, lo único que el sistema es capaz de ofrecer son espectáculos reaccionarios, como el llamado de Hollande a la unión nacional tras los ataques terroristas ( El País, 18/11/15); la unión verdadera –convergencia de jóvenes, obreros y habitantes de banlieues, un postulado de Nuit Debout– es su pesadilla.

5) Desde sus inicios, el movimiento fue víctima de un apagón informativo: algunos de los grandes medios no le dieron ninguna cobertura, otros seguían el guión de tres pasos: “ignorar/desprestigiar (por ‘incoherente’, ‘disperso’, ‘violento’)/volver a ignorar” ( Counterpunch, 6/5/16); pero tiene razón Lordon: no se puede mantener por siempre a la sociedad con policía, medicamentos recetados y BFM tv (un popular canal derechista de información). Llegará el momento en que la gente levantará cabeza… (asamblea en Place de la République, 9/4/16).

6) El contrataque ideológico no se hizo esperar: Alain Finkielkraut, principal moralista de derecha, uno de los nuevos filósofos –después de que fue abucheado y expulsado de una de sus reuniones (16/4/16)– acusó a Nuit Debout de “querer matar el espíritu del ‘11 de enero’” (fecha de la gran marcha encabezada por Hollande tras los ataques a Charlie Hebdo): “en 2015 Francia descubrió un terrible enemigo: el islam radical. Una brecha se abrió en la antigua visión progresista de la historia. Y Nuit Debout tapa esta brecha: el islam desaparece y el enemigo vuelve a ser la dominación, la burguesía, el capitalismo y el estado policial” ( Europe 1, 4/5/16). ¡Esta justamente era la idea!

7) Mientras para algunos la inclusividad y rechazo a definirse ideológicamente son ventajas de Nuit Debout, esta vaguedad es también su limitación; más allá de los efectos prácticos para su funcionamiento, surgen dudas (E. Sader, Counterpunch, 22/4/16): ¿en qué medida un movimiento con fuertes corrientes liberales-culturalistas y keynesistas-reformistas podrá significar una diferencia frente a la demás (desacreditada) izquierda? La respuesta puede estar en los hechos y en su “‘potencialidad’ de ir más allá de las luchas puramente defensivas” (F. Lordon, The Jacobin, 4/5/16).

8) Si bien la unión nacional fue un intento de resucitar la lógica de union sacrée –tregua política durante la Primera Guerra, en que la izquierda (con excepciones como la de Jean Jaurès) cerró filas con el gobierno en nombre del patriotismo– el asalto a Code du Travail (aparte de sus fines explícitos) fue una reacción a su fracaso, evidenciado por nuevos focos de descontento de abajo –acciones de solidaridad con los refugiados en Calais, ocupación de terrenos para el aeropuerto en Notre-Dame-des-Landes– y una ofensiva para sofocar las alternativas y la esperanza.

9) Jacques Rancière: “Los gobernantes no sólo quieren que el trabajo sea más barato. Quieren que deje de ser lo que fue por casi dos siglos: espacio de lucha y poder común. Quieren que no haya nada más frente al poder dominante que individuos con su ‘capital humano’. De una ley a otra no sólo producen ‘instrumentos de poder’, sino también ‘de resignación’, haciéndonoscreer que luchar no sirve y el mundo en que vivimos es elque merecemos. Hoy mis pensamientos están con los que decidieron demostrar que merecen otro mundo” (carta a los ocupantes de Tolbiac, Verso blog, 1/4/16).

10) Para Lordon –que en su Willing slaves of capital (2014) rescatando a Spinoza trata de responder a una ingenua (al parecer) pregunta: ¿por qué una gente trabaja para la otra?–este otro mundo empieza con: a) darnos cuenta de que el trabajo asalariado –“raíz de la ‘desigualdad política’ en el capitalismo”– es “una relación de ‘chantaje’, en que uno es forzado a doblegarse”, y que aprender a llamarlo así, más allá de las fachadas ideológicas del neoliberalismo, es el camino a la liberación (reunión en la Bolsa de Trabajo, 20/4/16); y b) contestar a otra pregunta (el “criterio fundamental que ayuda a ‘decidirse’”): entre los dueños del capital y los trabajadores, ¡¿quién necesita más a quién?! (Tolbiac, 30/3/16).

Periodista polaco

Twitter: @periodistapl

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Desmontando los mitos sobre la inflación y la creación de dinero (6)

Mér, 25/05/2016 - 08:00

Eduardo Garzón Espinosa – Consejo Científico de ATTAC España

Ésta es la sexta entrega de una serie de artículos en los que estoy abordando poco a poco la relación entre la creación de dinero y la inflación, con el objetivo de rebatir muchos falsos mantras ampliamente extendidos y ofrecer explicaciones alternativas más serias que las que imperan en el imaginario colectivo. En el artículo anterior identificamos las distintas causas que provocan inflación, y vimos que ésta puede aparecer por causas diferentes a la creación de dinero. Para que esos factores causales terminen provocando inflación o no, y en qué cantidad, importará mucho el margen que tengan los vendedores para reaccionar modificando el precio de sus productos. En este artículo señalaremos las dos fuerzas fundamentales a las que están sometidos los vendedores a la hora de modificar los precios.

3.3. El tipo de estrategia de venta y el nivel de competencia

Un primer factor que influye en la capacidad de los vendedores para modificar los precios es el tipo de estrategia de venta. Los vendedores pueden optar por dos estrategias de venta distintas (que se pueden combinar): una de precio y otra de diferenciación de producto. Con la primera vía se trata de conseguir que los precios de los productos que se venden sean menores a los precios de los productos de otras empresas competidoras, mientras que con la segunda vía se busca presentar el producto como único o diferente al resto, de forma que el comprador encuentre útil adquirirlo por sus características especiales, ya sean de calidad (diferenciación vertical, como un vehículo de gama alta frente a otro de gama baja) o de otro tipo como formato, marca, servicio al cliente, etc (diferenciación horizontal, como un servicio de un supermercado que te lleva la compra a casa frente al de otro que no lo hace).

A menudo esta ventaja competitiva basada en la diferenciación de producto implica un aumento en los costes (cuesta lograr que tu producto sea valorado de forma diferente al resto), pero al mismo tiempo le otorga al vendedor un mayor margen para aumentar el precio (en los coches de gama alta se puede establecer un precio muy superior al de un coche de gama baja, por ejemplo).

En cambio, en la estrategia basada en precios, el vendedor lógicamente tiene menor holgura en el margen de beneficios, puesto que necesita disminuir el precio todo lo posible para poder competir con otros vendedores, quedando forzado a registrar un margen de beneficios pequeño.

En el siguiente diagrama se puede ver a trazo grueso la diferencia que hay en términos de margen de beneficio entre los productos basados en estrategia de precio y los basados en estrategias de diferenciación. Para un mismo precio el margen de beneficio es menor en el primer caso, y mayor en el segundo caso.

En materia de modificación de precios, que es lo que nos interesa, el margen de beneficio le permite al vendedor tener mayor o menor capacidad para absorber nuevos costes de producción sin necesidad de incrementar el precio. Cuanto más orientada esté la estrategia hacia diferenciación de producto –cuanto mayor sea el margen de beneficio– mayor capacidad para mantener los precios en momentos difíciles. Y al contrario: cuanto más orientada esté la estrategia hacia precios –cuanto menor sea el margen de beneficio– menor capacidad para mantener los precios en momentos difíciles. Todo ello queda recogido en el siguiente dibujo.

Un segundo factor que influye en la capacidad de los vendedores para modificar los precios es el nivel de competencia. Tanto los vendedores que se acogen a la estrategia de precios como a la de diferenciación de productos están sometidos a la competencia. Ésta es una fuerza de mercado muy importante que empuja los precios a la baja: los vendedores que están sometidos a una importante competencia difícilmente pueden aumentar precios, ya que al hacerlo corren el riesgo de que sus clientes cambien de vendedor en busca de precios más bajos para productos similares. Por eso, el incremento de precios será la última respuesta que darán los vendedores sometidos a un nivel de competencia alto, pues la viabilidad de su negocio depende de ello.

Es evidente que la competencia no ejerce la misma presión sobre vendedores que utilizan estrategia de precios que de diferenciación de producto, pero aunque sea a otros niveles, la competencia afecta a todos. Por ejemplo, un vendedor de coches de la marca Ferrari, aunque puede poner precios más elevados que los vendedores de coches de menor calidad y marca, no puede poner el precio que quiera a sus productos, ya que tiene que competir con otros vendedores de coches con características similares, como los de la marca Porsche. Estos vendedores compiten a un nivel diferente al de los vendedores de coches de menor calidad, pero compiten, y por lo tanto tienen restricciones a la hora de fijar precios.

Pero ojo, no me estoy refiriendo a la competencia perfecta, que sólo existe en los manuales de microeconomía, sino a la competencia real, que es la única que existe en nuestro mundo. Según el enfoque dominante de teoría económica, en los mercados existe la competencia perfecta o algo muy parecido a la misma que obliga a los vendedores a disminuir el precio de venta (y por lo tanto también el margen de beneficio) al mínimo, puesto que es la única forma de que los clientes no huyan a otros establecimientos en búsqueda de mejores precios. Pero este cuento de la competencia perfecta no es más que eso: un cuento. Cualquier vistazo a la realidad nos muestra que las empresas no están obligadas a disminuir el precio al mínimo.

Esto es algo que ya hemos visto cuando los vendedores emplean estrategias de diferenciación de producto en vez de utilizar estrategias de precios. Pero la competencia perfecta tampoco existe para los mercados de los productos basados en estrategias de precios.

La denominada competencia perfecta es la hipotética situación en la cual los vendedores se ven obligados a poner un precio en función de la cantidad de personas que demanden sus productos y la cantidad de vendedores competidores que haya. La propia teoría económica convencional nos dice que para que esta situación se produzca es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: 1) hay muchos vendedores y muchos compradores, 2) todos los productos ofrecidos por los vendedores tienen las mismas características, 3) los compradores tienen toda la información sobre los precios que ofrecen todos los vendedores, 4) cualquier persona puede pasar a ser vendedor de cualquier producto en cualquier momento, 5) a los compradores les cuesta lo mismo acceder a todos los puntos de venta, y 6) a todos los vendedores les cuesta lo mismo transportar sus productos a sus clientes.

No hace falta ser experto en economía para darse cuenta de que la competencia perfecta no existe en ningún sitio, porque sus condiciones nunca se cumplen simultáneamente en el mundo real. Es muy fácil encontrar a bote pronto múltiples evidencias que quebrantan cada uno de los requisitos recién mencionados. Algunos ejemplos utilizando preguntas retóricas: ¿Hay muchos vendedores en los sectores de la electricidad, de la banca o de las telecomunicaciones? ¿Hay muchos compradores de piezas para aeronaves, de satélites o de nano-robots? ¿Los refrescos de CocaCola, los muebles de Ikea, o los teléfonos móviles de Apple tienen las mismas características que los refrescos de Pepsi, los muebles de Roca o los teléfonos móviles de Samsung, respectivamente? ¿Los compradores pueden acceder a todas las alternativas de precios que existen en el planeta sobre ese producto al mismo tiempo y sin coste alguno? ¿Cualquier persona puede vender servicios de transporte urbano, productos farmacéuticos, tabaco o explosivos? ¿Le cuesta lo mismo a una persona ir a la tienda de barrio más cercana a su hogar que a un centro comercial ubicado en las afueras a varios kilómetros? ¿A un vendedor de cualquier producto le cuesta lo mismo venderlo a un comprador de su localidad que a uno residente en la otra punta del país o del planeta?

Si tan fácil resulta encontrar ejemplos en los que al menos un requisito de los mencionados no se cumple, está claro que sería muy raro encontrar un caso en el que se cumplan todos. De hecho, hay consenso en reconocer que los únicos mercados que podrían considerarse de competencia perfecta son los relativos a algunos títulos financieros y a ciertos productos agropecuarios. El resto de productos se intercambian en mercados que no tienen competencia perfecta, aunque no todos se distancian de este modelo teórico de la misma forma, estando algunos relativamente cerca y otros en las antípodas.

El caso es que la inmensa mayoría de los vendedores que existen en una economía no están con el agua al cuello a la hora de establecer el precio –como reza la teoría de la competencia perfecta– sino que tienen cierto margen de beneficio y cierto espacio de acción para hacer dos cosas: 1) absorber nuevos costes sin necesidad de aumentar los precios (como en el caso de la estrategia de diferenciación de producto), y 2) elevar precios sin que el negocio se vea muy perjudicado. Que algunos tengan más margen y otros menos depende fundamentalmente de hasta qué punto se cumplen las condiciones mencionadas arriba. En algunos casos la situación se aproximará bastante a la hipotética competencia perfecta y por lo tanto los vendedores tendrán muy poco margen de beneficio, muy poco margen para absorber nuevos costes y muy poco margen para incrementar precios sin que su negocio se vea muy afectado (como por ejemplo un panadero de barrio, algunos vendedores de ropa básica, vendedores de utensilios de cocina, etc) pero en otros casos la situación se encontrará muy alejada de la supuesta competencia perfecta y por lo tanto los vendedores tendrán más margen de beneficio y por lo tanto más capacidad para absorber costes y más capacidad para incrementar precios sin que su negocio se vea muy afectado (como por ejemplo las empresas energéticas, de telecomunicaciones, financieras, etc).

Nos encontramos, por lo tanto, con vendedores en situaciones muy diferentes entre sí, incluso cuando utilizan estrategias de precios en vez de diferenciación de producto. Esto es así porque los elementos que explican el nivel de competencia -mencionados arriba- se cumplen en distinto grado en unos sectores que en otros. Ello depende de muchos motivos y factores, entre los que se podrían destacar los de regulación institucional (el Estado permite que haya vendedores privilegiados frente a otros, como es el caso del sector eléctrico o la banca), los de naturaleza económica (algunos sectores no pueden ser muy competitivos por su propia naturaleza, como es el caso del transporte ferroviario, la distribución del agua, o la extracción de hidrocarburos), los gustos de los consumidores (que pueden diferir enormemente entre personas y regiones), la distribución geográfica de los asentamientos humanos (no es lo mismo transportar un producto a una sola ciudad con millones de habitantes que a cientos de localidades con menos de 1.000 habitantes cada una), etc. El mundo económico y social es muy rico y complejo, y no es susceptible de ser analizado y estudiado con herramientas analíticas simples.

Por lo tanto, en materia de modificación de precios, el nivel de competencia marca la capacidad que tiene el vendedor para elevar los precios. Cuanto mayor sea el grado de competencia, menor capacidad para incrementar los precios sin poner el riesgo el negocio. Y al contrario: cuanto menor sea el grado de competencia, mayor capacidad para incrementar los precios sin poner el riesgo el negocio. A ello hay que sumarle el siguiente efecto: cuanto menor sea esa presión ejercida por la competencia, mayor margen de beneficio y por lo tanto mayor capacidad para mantener los precios en momentos difíciles. Es decir, la fuerza de la competencia no sólo empuja los precios a la baja, sino que cuando ésta está ausente o es débil, le confiere al vendedor margen para mantener precios en tiempos difíciles. Todo ello queda recogido en el siguiente dibujo.

En definitiva, el margen de acción de los vendedores a la hora de fijar precios depende de las dos variables mencionadas: 1) la estrategia de venta y 2) el nivel de competencia. Por un lado, la competencia es una fuerza que empuja a la baja los precios, de forma que aquellos vendedores que estén sometidos a una elevada competencia tendrán muchas dificultades para incrementar los precios, mientras que los que estén sometidos a menos competencia tendrán pocas dificultades para ello. Por otro lado, el tipo de estrategia de venta determinará si el vendedor goza de un amplio margen de beneficio o no, lo que a su vez le concede, en momentos de dificultad, la capacidad de mantener los precios y no aumentarlos: aquellos vendedores que tengan mayor margen de beneficio (vendedores con estrategias de venta de diferenciación de producto y vendedores sometidos a poca competencia) se pueden permitir el lujo de mantener los precios en momentos de dificultadmientras que aquellos que tengan menos margen de beneficio (vendedores con estrategias de venta de precios y vendedores sometidos a mucha competencia) tienen enormes dificultades para mantener los precios en momentos difíciles.

¿Cómo afecta todo ello a los diferentes casos que identificamos en el apartado anterior? Lo veremos en el próximo capítulo.

Saque de Esquina

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Lo que diga el Rey Felipe VI es irrelevante

Mér, 25/05/2016 - 06:01
Robert Gonpane – ATTAC Madrid

Afortunadamente el Rey Felipe VI no decide sobre el TTIP y el CETA; lo harán el Gobierno y el Parlamento que se elige mediante elecciones libres el próximo 26 de Junio.

http://www.economiaciudadana.org/2015/01/el-rey-felipe-vi-ratifica-ante-Diplomaticos-acreditados-Espana-su-apoyo-al-TTIP-.html?m=1

Por tanto es la ciudadanía la que tiene que permitir o prohibir que se firme el CETA con Canadá y luego el TTIP con los EEUU. Lo haremos pues entre tod@s con nuestro voto y es labor de cada votante informarse bien sobre esta y otras cuestiones claves para que no nos tomen el pelo.

PP y C’s apoyan abiertamente los tratados mientras que el PSOE (y toda la Socialdemocracia Europea) mantiene una actitud crítica pero muy ambigua, por lo que deberíamos exigir que se definiera sin ambajes.

Que no os confundan con los detalles, en EEUU la presión fiscal (que mide el % de impuestos que el país paga para sostener sus administraciones públicas) es del 25%, en México del 20%, en España del 33%, la media de la OCDE el 35% y la Europea aún mayor pues pues Francia, Italia y todos los países nórdicos están por encima del 40%.

No hace falta valorar los detalles de los acuerdos, el sentido común basta para responder a esta pregunta: ¿hacia donde va a evolucionar la presión fiscal española tras la firma de los tratados, subirá hasta alcanzar a la de Francia o nos acercaremos a la de EEUU o México?

México tiene desde hace más de 20 años un tratado comercial, el NAFTA, que ha llevado al país a situaciones de desigualdad y violencia récord.

Yo sinceramente temo que el sur de Europa evolucionará como México en Norteamérica y nuestro Estado se contraerá y con él nuestros derechos y las prestaciones públicas.

El modelo social europeo es un anacronismo insostenible, además de un peligroso referente, en el gran Mercado Global Neoliberal. Los tratados comerciales transpacíficos son el tiro de gracia sobre los maltrechos Estados del bienestar europeos, que asfixiados por la deuda y falta de liquidez serán sometidos a la disciplina Capitalista con la excusa de la falsamente inevitable Competitividad Global.

Salud, Amor y Suerte
@robergonpane
http://www.noeslomismo.org/2015/07/socialdemocratas-y-el-ttip-no-hay-peor.html?m=0

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El humo tóxico de la corrupción española

Mar, 24/05/2016 - 12:00

Rosa María Artal – Comité de Apoyo de ATTAC España

Ahí la tenemos: la corrupción española desenmascarada en toda su crudeza. En toda o en parte, porque cada día nos depara nuevas capítulos de lo que, sin serlo, parece una novela negra. Es impresionante, increíble, que políticos y medios puedan seguir hablando de elecciones, de pactos -hasta con el PP como hace Ciudadanos-, de eslóganes, seguir como si nada cuando la corrupción se desparrama de forma tan escandalosa por las venas de esta sociedad maltratada. En su marcha de autómatas guiados por su propio horizonte, obvian que España es un coche con una bomba de relojería incrustada en el motor. La que nos aprieta cada día y nos está aniquilando. La que puede acabar con nosotros.

David Marjaliza, el socio del que fuera alto cargo del Partido Popular Francisco Granados, ha tirado de la manta. De una de las mantas: la Púnica. Empieza a dar la impresión de que en España operan varias mafias y que una parte de las pistas que sigue la justicia parte de algún tipo de ajuste de cuentas entre bandas rivales. Si la sospecha se puede expresar en términos tan gruesos es porque semejantes trapicheos no han podido desarrollarse en una ignorada trastienda. No es lógico.

A la corrupción española de hoy no le falta un detalle. Recordemos que Ausbanc y Manos Limpias han estado extorsionando, según las pesquisas  judiciales, a múltiples bancos y empresas de lo más relevante del país. Pagaban para que la red no publicara informes desfavorables. Y nadie dijo nada durante más de 20 años. Sectores que han de permanecer totalmente alejados de la menor sombra, como jueces y fiscales, cobraban de la trama por cursos y conferencias. También lo han hecho de otras entidades que, estéticamente siquiera, casan mal en la separación de poderes. No olvidemos los pagos –desorbitados- de la Comunidad de Madrid a miembros de la judicatura, por asistir a reuniones de supervisión de un plan informático.

Todos los estamentos están teñidos de pringue. A los Reyes, como más alta jerarquía, cuando no les sale una hermana y un cuñado dudosos, les aparece una tía con cuentas en paraíso fiscal, o amistades peligrosas. El compi yogui López Madrid –como le llamó por escrito Letizia- ha resultado ser un crack.

El saqueo tiene proporciones bíblicas. Imaginemos a Granados – mano derecha de Aguirre en su momento-, llevándose  mordidas del 20% como mínimo por cada paso urbanístico desde las recalificaciones en adelante. Añadamos el reparto de sobres entre socios del clan púnico. Pensemos en la otra mano, derecha también, de la factótum del PP de Madrid: Ignacio González, con su ático. Pero el viaje continúa por la Comunidad valenciana en donde el trinque y la desfachatez eran tan descomunales como aparentaban. No se han privado ni de usar a niños opersonas discapacitadas, todo les sirve. Y se extiende por gran parte de nuestra geografía. Es trabajoso ya seguir la ruta del pillaje por España, del PP en particular, pero no únicamente. Hay que ver cómo engordaron los ERE andaluces vinculados al PSOE, sin ir más lejos.

Merece la pena detenerse, sin embargo, en Canarias. Dado que allí parece ser dios el ministro offshore del PP, José Manuel Soria. Uno de sus amigos, el juez Alba, ha sido pillado fabricando pruebas contra la jueza Rosell, diputada de Podemos en la reciente y breve legislatura. Y, aunque parezca mentira, ahí sigue impartiendo lo que quiera que imparta. Con apagón informativo, por más que insistamos. En cualquier otro país este sucio asunto hubiera producido un cataclismo. Avergüenza este mutismo.

Portadas de las principales cabeceras tras las revelaciones de Marjaliza.

Lo doblemente grave es que el PP preparó un marco legal muy preocupante con las leyes y códigos Mordaza. Por ellos, estamos asistiendo ya a juicios inusitados en los que se piden varios años de cárcel por protestar. Mientras, el ministerio llamado de Justicia colocaba una ley que limita el tiempo de instrucción. El primer plazo vence ya, el 6 de junio,  y se van a tener que archivar 400.000 causas penales, según alertan los fiscales. Desastrosa gestión y en entredicho en varios sentidos. Como reiteradamente han denunciado desde la judicatura,  implicaría el sobreseimiento también de causas de corrupción. El Ministro Catalá es uno de los que imparte, día sí, día no, sus soflamas contra adversarios políticos como Podemos.

Como el de Interior. Llamaba la atención Íñigo Sáenz de Ugarte, en eldiario.es, del preocupante uso que el PP está haciendo de las instituciones, en particular de la policía. Un sobrecogedor y documentado relato de cómo “El gobierno exige a los jueces que cumplan sus órdenes”.  Sin que tenga mayor repercusión tampoco. Silencios que evidencian una pésima salud de la convivencia democrática.

¿Sabe la ciudadanía lo que realmente está ocurriendo? Puede hacerlo, aunque muchos ni se molestan. Hay que sortear las noticias que no se publican, las que se tergiversan, las que se desmesuran, las que se inventan. Cualquiera que viera las portadas, el miércoles, el jueves, cargadas de Venezuela, con el escándalo de las revelaciones de Marjaliza ante la justicia, pensaría que España tiene un problema muy grave con la prensa oficial. Que la prensa forma parte del problema. Destacada parte.

¿Y la política? Ese bloque de súbitos seguidores de Adolfo Suárez, con su “centrismo y moderación”, al que sus antecesores de UCD, AP y PSOE acribillaron hasta mandarlo a la dimisión y a la melancolía. Pues ahí andan con Venezuela en la boca de la mañana a la noche como sus portavoces mediáticos. Clama que ,ante las gravísimos sucesos de Brasil tan similares a un golpe de mano, sea Venezuela el único país en el mapa americano. La precampaña empieza en Caracas, sin el menor escrúpulo. Si se piensa con seriedad, es alucinante. El colmo es ver metido en esa fiebre también el PSOE. Su ex presidente Felipe González sabe mucho de amistades presidenciales venezolanas y de su dureza con las protestas. Tal como él mismo escribió, viajó a España en el avión presidencial de Carlos Andrés Pérez, el del “caracazo” que ocasionó decenas de muertos en su represión.

Bajo el humo podrido y tóxico del cementerio de neumáticos de Seseña, como símbolo de este momento de España. También escondía desgobierno, codicia y un polvorín en ciernes. Con el desamparo de los denunciantes de la corrupción en nuestro país que critica The New York Times. Con tal cúmulo de atropellos que no hay estómago capaz de asimilarlos. Diarios. El reparto de prebendas. Las puertas giratorias, anchas, para que quepa la familia entera. La desigualdad social en récord. La ciencia devastada. La Deuda en récord histórico. La presunta recuperación bajo la espada de Damocles de Bruselas que le da una tregua electoral a Rajoy antes multarnos y de exigir más recortes por el incumplimiento del déficit.

Escandalizados, estupefactos, hartos,  no encontramos la palabra para definir la magnitud de cómo nos sentimos ante las dimensiones de esta corrupción, económica y moral. Una bacanal en la que múltiples facinerosos de la vida pública han venido disfrutando con el dinero que debía emplearse en las necesidades de los ciudadanos. Un desparrame de latrocinios y prebendas, de desvergüenza suma.  Presuntamente, desde luego. Todos niegan todas las acusaciones. No han hecho nada. Y ya se sabe que los mangantes nunca miente.

A muchos de ellos nuestra inquietud les pillara de fiesta. Con sus guirnaldas y trofeos, sus escopetas en ristre y al pie las piezas cobradas, sus tripas orondas, sus “volquetes de putas” aguardando en la cama, sus sonrisas de vino y placer, sus bolsillos llenos, sus carcajadas al pensar en los votantes que los han puesto ahí con mano rapaz y manga ancha.

 

Publicado en eldiario.es

El Periscopio

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La deuda pública española supera el 100% del PIB: cada español debe 23.500 euros

Mar, 24/05/2016 - 08:00

Marco Antonio Moreno – Consejo Científico de ATTAC España

La deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas subió en marzo pasado en 14.031 millones, el mayor repunte mensual desde mayo de 2014, hasta superar el volumen del PIB, según los últimos datos del Banco de España. Concretamente, el endeudamiento se situó en 1.095 billones de euros, lo que supone alrededor del 101% del PIB, calculado con el PIB de 2015 (.,081 billones), y supera el objetivo de deuda del Gobierno para todo el año, situado en el 99,1% del PIB, de acuerdo con la última revisión del Programa de Estabilidad; si el ratio de deuda pública se calcula con el dato previsto para este año (1.142 billones de euros) el dato se sitúa en el 95,88% del PIB.

Si se repartirera la deuda por la población española (unos 46,4 milones de habitantes, según el último dato del INE), cada habitante tendría que pagar 23.595 euros. Son unos 7.600 euros más que cuando Mariano Rajoy llegó al poder: en diciembre de 2011, el endeudamiento se situaba en los 743.530 millones, lo que correspondía a una deuda per cápita (la población era de 46,6 millones de habitantes) de unos 15.933 euros; esto es, con el Gobierno del PP ha subido un 48,1%. El aumento de la deuda en marzo, del 4,1%, es superior al ritmo de crecimiento observado el mes precedente, del 3,4%, mientras que con respecto al cierre del pasado año, creció cerca del 2,1%. Así, el saldo deudor de España no ha frenado su crecimiento en 2016. Antes del comienzo de la crisis, en 2007, la deuda pública española ascendía a 384.000 millones de euros, equivalente al 35,5% del PIB.

Categorías: Alterglobalización

¿Más recortes innecesarios e injustos para España?

Mar, 24/05/2016 - 06:00

La Subcomisión de Soberanía Monetaria de ATTAC en el Estado Español después de analizar los efectos que podría ocasionar la aplicación de las políticas económicas que Bruselas exige al gobierno español que aplique, elaboró el documento que transcribimos a continuación:

Soberanía monetaria para construir otra Europa

A veces, las preguntas son más importantes que las respuestas.
Crisis y recortes sociales van de la mano en la historia reciente de la Unión Europea (UE). Las políticas de austeridad han sido la ÚNICA respuesta en el marco de la Unión Económica y Monetaria (UEM) establecida en el Tratado de Maastricht.

En el caso de España, la reforma del artículo 135 de la Constitución en septiembre de 2011 supuso cerrar el último broche de un corsé que comprime y asfixia a la mayor parte de la población, especialmente a la más débil y vulnerable. Desde entonces, las políticas de recortes, además de ser criminales y vergonzosas, son legales. La estabilidad presupuestaria está por encima de cualquier otro objetivo de política.

El pasado mes de marzo de 2016, la Comisión Europea comunicó a España que finalizó el año 2015 con un déficit público excesivo, de casi el 5,2% del PIB, por encima del 4,2% al que se había comprometido. Acto seguido le “invitaba” a comunicar antes del 30 de junio las medidas que pensaba implementar con carácter inmediato para reajustar dicho déficit a lo largo del presente año. Además, la reciente caída en las previsiones de crecimiento económico para la economía española durante 2016, apuntadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el propio Gobierno, implica una menor recaudación impositiva, y por lo tanto, como el déficit público es el objetivo prioritario, habrá que establecer nuevos recortes de gasto como consecuencia de esta nueva “contingencia”. Si se mantiene el objetivo de déficit público del 2,8% del PIB en 2016, ello podría suponer recortes de hasta 20.000 millones de euros este año, a pesar de que el “incumplimiento” del objetivo de déficit haya favorecido que España mejore algunos indicadores macroeconómicos como el empleo y el crecimiento durante 2015, si bien tan débilmente que no han alejado los fantasmas de la deflación ni de tasas de desempleo superiores al 20%. Dar nuevas vueltas de tuerca a la llamada consolidación fiscal (control férreo del déficit público), será abocar a la economía de nuevo a la recesión o al estancamiento en el mejor de los casos.

El Pacto de Estabilidad de la Unión Europea (déficit público anual inferior al 3% del PIB, deuda pública acumulada inferior al 60% del PIB) y un Banco Central Europeo (BCE) independiente que no financia directamente a los Estados, deja en manos de los mercados de capital especulativos a las administraciones públicas con necesidades de financiación. Los bancos privados siguen enganchados a la barra libre de liquidez del BCE, las PYMES y familias continúan sin acceso fácil al crédito para impulsar la economía real no especulativa.

La política fiscal a través del gasto público y la recaudación impositiva, ha sido el instrumento más poderoso en manos de los gobiernos para hacer frente a las inestabilidades recurrentes de las economías capitalistas, manifestadas fundamentalmente en forma de desempleo o inflación, según se tratara de un ciclo de recesión o expansión, respectivamente.

Las haciendas públicas han tenido tradicionalmente un carácter funcional, impulsando o frenando la actividad económica. Si de impulsar se trataba, se aumentaba el gasto público y se reducían los impuestos. En sentido contrario, si había que frenar el ritmo de crecimiento, se disminuía el gasto público y se aumentaban los impuestos. Ni los déficits ni los superávits presupuestarios eran un problema, eran la consecuencia natural de una decisión discrecional de los gobiernos en aras de la estabilidad.

No obstante, desde el tratado de Maastricht, en la eurozona se ha impuesto el concepto de hacienda responsable, término que como el de austeridad induce a equívoco. El déficit público, que ha sido tradicionalmente un instrumento de política económica anticíclica, se ha convertido en un objetivo cuya consecución (déficit cercano a cero) es prioritaria por encima de cualquier otro. Los gobiernos tienen las manos atadas en este ámbito, y casi ocho años después de la crisis económico-financiera de 2008, la eurozona no acaba de salir de la recesión y el estancamiento, por más que el BCE haya bajado los tipos de interés a su mínimo histórico.

El equilibrio presupuestario que exige el Pacto de Estabilidad se ha buscado fundamentalmente por la vía de menores gastos (recortes sociales), desechando la opción de mayores ingresos impositivos de carácter progresivo así como derivados de la persecución de la evasión y elusión fiscal. De nuevo se evidencia cómo la carga de las políticas desarrolladas durante esta crisis está recayendo sobre los grupos sociales más débiles y vulnerables.

Los dos principales problemas de España y el mundo son la desigualdad social y la crisis ecológica. El crecimiento económico a toda costa ha estado detrás de su agudizamiento durante las últimas décadas. Por ello es preciso encarar el futuro de España, Europa y el mundo de acuerdo con principios de cooperación entre los pueblos, así como de respeto y cuidado de la Naturaleza, construyendo nuevas sociedades liberadas de un capitalismo salvaje que ha mercantilizado y precarizado la mayor parte de las necesidades humanas básicas y de los recursos naturales.

Las políticas públicas en pos de la justicia social no pueden relegarse con falsas excusas de falta de recursos para financiarlas. Los principios de la soberanía monetaria y presupuestaria permiten superar el mito de la estabilidad del presupuesto público y su financiación exclusiva a través de la emisión de deuda en los mercados de capital. Permiten poder volver a hacer políticas públicas para la gente.

Por todo lo anterior, la Subcomisión de Soberanía Monetaria de ATTAC España denuncia el marco definido por la UEM y el Pacto de Estabilidad de la UE y apuesta por su superación, para que la política fiscal y presupuestaria pueda desplegarse con toda intensidad en aras de recuperar la justicia social y ecológica.

Un nuevo marco institucional basado en la soberanía monetaria permitiría disponer de financiación para movilizar recursos reales ociosos disponibles en la propia moneda de la Unión Europa, sin depender el gasto público de los ingresos impositivos que se puedan obtener o de la deuda que se pueda colocar en los mercados financieros, límites éstos que obligan a los actuales Estados miembros de la eurozona, que son usuarios del euro, pero no emisores del mismo. Los Estados no tendrían peligro de ser insolventes como ocurre hoy, y contarían con un Banco Central detrás que acomodaría su balance al gasto público, saliendo así de la trampa de la austeridad en que está inmersa la eurozona.

Las leyes y los tratados sirven si liberan a las personas y facilitan su vida en armonía con el resto de la sociedad y de la Naturaleza. Los tratados y pactos vigentes en la UE no respetan la vida. No sirven. Su superación necesita de educación, concienciación y movilización de la ciudadanía y los colectivos sociales, y a esa tarea va a dedicar esta Subcomisión de Soberanía Monetaria todos sus esfuerzos.

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La crisis de los refugiados

Lun, 23/05/2016 - 12:00

Noam ChomskyALAI, América Latina en Movimiento

En algunos países existe una verdadera crisis de refugiados. En Líbano, por ejemplo, donde al menos un cuarto de la población consiste en refugiados de Siria,​han recibido ​​esta ola de gente desesperada después de otra que les había llegado desde Palestina y desde ​Irak. Otros países de la región, pobres y golpeados por los conflictos, también han debido dar refugio a inmensas cantidades de personas. Entre ellos Jordania y la misma Siria, antes de que se hundiese en un suicidio colectivo.

Sin embargo, los países que han sobrevivido a la crisis de los refugiados no son aquellos que han tenido alguna responsabilidad en la creación de la crisis. El actual fenómeno de los refugiados es, en gran medida, consecuencia de las acciones de los países ricos y poderosos, esos mismos que ahora llorisquean por el terrible peso que les producen unas pocas víctimas de la miseria, a los que fácilmente podrían echar una mano abriéndole las puertas.

La conocida invasión de Irak por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña produjo el desplazamiento de cuatro millones de seres humanos, de los cuales la mitad huyó a los países vecinos. Los iraquíes continúan huyendo de su propio país, un país que ahora es uno de los más miserables sobre la Tierra después de una década de sanciones criminales seguidas de la masacre de los ricos y poderosos que devastaron y arruinaron el país y, por si fuese poco, iniciaron un conflicto sectario que ahora está destrozando el país y la región en mil pedazos.

No hay necesidad de volver a revisar el conocido rol que jugó Europa en África, que es de donde provienen las otras olas de refugiados, los que ahora deben pasar por el embudo creado por los bombardeos de Francia, Gran Bretaña y Estaos Unidos sobre Libia, acciones que no solo destruyeron el país sino que además lo dejó en las manos de milicias que ahora se combaten unas a otras.

Tampoco es necesario volver a recordar el historial de Estados Unidos en América Central, el que produjo terroríficas cámaras de exterminación de las cuales la gente ha intentado escapar desesperada, uniéndose ahora también a las victimas mexicanas del Tratado de Libre Comercio que virtualmente destruyó la agricultura en ese país, haciéndola inviable en una abierta competencia con la producción de los conglomerados agrícolas estadounidenses, fuertemente subsidiados por el gobierno federal.

La reacción de uno de los ricos y poderosos, Estados Unidos, es presionar a México para mantener alejadas de su frontera a sus propias víctimas, enviándolas de regreso sin misericordia, en aquellos casos en que la víctimas logran evadir los controles. La reacción del otro rico y poderoso, la Unión Europea, consiste en chantajear y presionar a Turquía para que mantenga a los sobrevivientes lejos de su fronteras y arree como ganado aquellos que logren escapar del horror hacia campamentos donde son tratados con brutalidad.

Entre los ciudadanos hay honrosas excepciones. Sin embargo, la reacción de los gobiernos es una desgracia inmoral, aun dejando de lado sus responsabilidades en la creación de las circunstancias que han llevado a toda esa gente a huir de sus tierras para salvar sus vidas.

Toda esta vergüenza no es algo nuevo. Basta con considerar solo el caso de Estados Unidos, el país más poderoso y privilegiado de la tierra, rodeado de ventajas incomparables. A lo largo de su historia les dio la bienvenida a los refugiados europeos para que se asentaran en sus tierras, aquellas tierras que antes habían sido tomadas con brutalidad, eliminando a las naciones nativas que antes las ocupaban. Todo eso cambió con la ley de inmigración de 1924, diseñada para excluir a judíos e italianos. No es necesario entrar en detalles. Aún después de la guerra, se les negó la entrada a aquellos sobrevivientes que todavía permanecían en campos de concentración. Ahora los gitanos están siendo expulsados de Francia hacia condiciones desesperantes en la Europa del Este, es decir, están expulsando a los descendientes de las víctimas del holocausto, si es que a alguien le importa.

La vergüenza persiste y no tiene límites. Sin duda, el tiempo para ponerle un punto final a todo eso ha llegado, sin el cual no podremos nunca alcanzar un mínimo de decencia y de civilización.

 

Noam Chomsky es profesor emérito de lingüística y filosofía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge.

Traducción de Jorge Majfud

 

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Elusión fiscal a la navarra

Lun, 23/05/2016 - 08:00

Iñigo Muerza Erroz – ATTAC Navarra-Nafarroa

Hace escasamente tres semanas Joan Bosch presentó en el Parlamento de Navarra una propuesta de modificación del sistema de recaudación del impuesto de sociedades gravándolo en función del destino de las operaciones y no del origen, real o ficticio, del beneficio declarado con el objeto de reducir la elusión o el fraude fiscal vinculado a este impuesto.

Estos días tenemos en nuestra tierra un vergonzoso ejemplo de la impunidad con la que operan las grandes empresas.  El gobierno del cambio navarro acaba de aprobar un crédito extraordinario de 4 millones de euros para la adquisición de licencias de Microsoft con la finalidad de apañar la mala gestión que el ejecutivo anterior hizo de las mismas permitiendo que 6.000 de los 12.000 equipos de la administración navarra operasen con sistemas operativos pirateados. Las licencias legales están concedidas por Microsoft en régimen de alquiler a un desorbitado precio que dobla el del valor de compra de las mismas. Las condiciones del contrato con la administración navarra no permite, de momento, la migración a soluciones de software libre. Al parecer la compra de las nuevas licencias se facturará a Microsoft IRLANDA (Diario de Navarra 20/05/16), lo que permitiría a la multinacional acogerse a la baja fiscalidad de dicho país y eludir así pagar aquí los impuestos correspondientes por la venta, la instalación y el mantenimiento de su software en los equipos de la administración pública navarra.

Todo esto al mismo tiempo que la deuda pública navarra se sitúa en máximos históricos —multiplicándose por 5 desde 2007—; otro tanto lo hace la española —superando estos días el 100% del PIB—; y el fantasma de las navidades pasadas —José María Aznar— aparece reclamando más recortes en el gasto público.

Sería interesante poder contar con una auditoría ciudadana de la deuda pública navarra que estableciese cuánto de la misma pudiera estar ligada tanto a la pérdida de ingresos por la falta de solidaridad contributiva de determinadas empresas como a operaciones realizadas en unas condiciones anómalas que apuntasen a un lucro odioso o ilegitimo. Auditoría que por su carácter ciudadano quedaría al margen de instrumentalizaciones partidistas, al no estar directamente controlada por los grupos parlamentarios, y que tendría vocación de permanencia, al no depender del reparto de fuerzas de la cámara foral en cada periodo electoral.

Y también sería de gran interés que propuestas como la lanzada por Joan Bosch y apoyada por ATTAC Navarra-Nafarroa fuesen abriéndose camino tanto a niveles territoriales como estatales o supra-estatales conduciéndonos hacía modelos de recaudación que basándose en variables como las ventas, los costes de personal y/o el capital fijo dificultasen al máximo las habituales manipulaciones en la distribución y declaración de beneficios que tanto daño nos hacen a todas.

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Barcelona, otras ciudades y los paraísos fiscales. Son de agradecer los gestos valientes

Lun, 23/05/2016 - 06:00

Antonio Fuertes Esteban – ATTAC Acordem

El Ayuntamiento de Barcelona ha sido uno de los primeros en poner trabas reglamentarias a la contratación con empresas que puedan tener relación con operaciones delictivas, fraude fiscal o lavado de dinero, vía paraísos fiscales. La propuesta, aprobada por el pleno municipal, obligará a las empresas licitadoras a declarar que no operan delictivamente en el marco de la jurisdicción nacional e internacional vigente. Esto a partir de la aprobación del decreto municipal, que textualmente establece que “los licitadores, contratistas o subcontratistas o empresas filiales o empresas interpuestas no pueden realizar operaciones financieras en paraísos fiscales” y ello tomando como referencia los paraísos fiscales contenidos en la lista de La Unión Europea y los de la lista española.

Es de agradecer e ilusiona que uno de los llamados ayuntamientos del cambio comience, a través de esta medida, a enarbolar institucionalmente la bandera contra los paraísos fiscales o centros offshore extraterritoriales. El que una ciudad importante en el Estado español y en Europa, como Barcelona,  abra una vía en el cuestionamiento institucional a estos agujeros negros del dinero y ponga cortapisas legales a las empresas que se afincan en ellos, nos llena de orgullo y nos emociona.

No obstante hay que decir que esta es una primera y muy humilde batalla contra la delincuencia fiscal y financiera, bien asentadas en nuestras sociedades a través de estos territorios offshore.

En primer lugar habríamos de suponer la buena voluntad y lealtad a la norma pactada de empresas y entidades bancarias signatarias de los futuros contratos con el consistorio municipal. Si bien, la experiencia reciente nos hace ser cautos al respecto. La crisis generada por la hipertrofia financiera global y por los excesos causantes de la burbuja inmobiliaria y de las estafas a los consumidores bancarios e inmobiliarios, nos orienta en los posibles futuros. Si hay una experiencia firme de la aún reciente crisis, es que no podemos dejar que sean las empresas comerciales o financieras, las que se autorregulen. Es un hecho, que especialmente la mayoría de las grandes empresas, no se imponen límites en su camino al beneficio, así como lo es que no podemos esperar nada de los actuales reguladores (BCE, CNMV,..,etc). Y sabiendo esto pregunto ¿Podemos asegurar la veracidad y lealtad de las grandes empresas en el cumplimiento de los pliegos de pactos en los contratos municipales cuando tiene que ver con paraísos fiscales?

Lo común en este aspecto viene marcado por las grandes posibilidades que el actual sistema financiero internacional ofrece a las grandes empresas y capitales móviles. Cuando se ha creado y expandido, globalmente en las últimas décadas, un espacio financiero internacional absolutamente libre, desregulado y opaco, resulta muy complejo y difícil tratar de establecer contrapoderes locales reguladores. Y lo es porque la estructura opaca de las finanzas está bien asentada en dichos paraísos fiscales, una herramienta imprescindible de los poderes de la globalización financiera, herramienta a la que no van a renunciar mientras su poder siga siendo inmenso. Habría que quitarles la herramienta de las manos, pero ¿cómo?

Es un hecho que lo que distingue a estos paraísos fiscales, por encima de su escasa o nula tributación, es su opacidad. Opacidad bien cimentada en los sistemas jurídicos especiales de estos territorios y que incorporan, entre otros aspectos, la prescripción del secreto bancario. Así como la facilidad para crear empresas pantalla o instrumentales, fideicomisos o fundaciones y entrelazar con todo ello entramados societarios, que son fundamentales para la ocultación de las personas físicas o jurídicas propietarias de cuentas y empresas. Y también fundamentales para impedir a las policías judiciales e inspectores de Hacienda seguir el rastro o trazabilidad de los dineros.

Resulta increíble y es absurdo que algunos pequeños territorios, sin apenas actividad económica, puedan acumular tantos títulos financieros, debido a los apuntes contables de las empresas y particulares, pero hemos tenido que acostumbrarnos a que sea así. Hemos tenido que acostumbrarnos a que el delito de cuello blanco esté amparado por el marco jurídico internacional, dado el reconocimiento de los sistemas jurídicos offshore. Esto está en la base de la corrupción social y de los sistemas políticos y en el código genético del capitalismo actual: Capitalismo delictivo y de casino. Se ha montado y legalizado la gran farsa: El imperio de la ley, pilar del liberalismo y de la democracia liberal, es pura hipocresía. La ley que impera es la del más fuerte y utilizan los paraísos fiscales para el robo generalizado y para socavar la democracia. Es patente que los paraísos fiscales, a través de su sistema jurídico, venden su soberanía al capital financiero internacional y mientras éste domine, la vida de los paraísos fiscales será larga.

Es pues muy posible que, ante las seguridades que ofrece la opacidad de estos territorios, las empresas móviles y globalizadas no se sientan intimidadas por un pliego de condiciones firmado con los poderes locales y sigan utilizando las ventajas competitivas que les ofrecen el secreto bancario y la opacidad. Hoy queda muy lejos aquello de la ética empresarial, solo la amenaza de sanciones posibles y aplicables y la posibilidad de poner luz en los vericuetos por los que transitan la evasión y el lavado de dinero, podría asegurar que los contratantes cumplan el pacto para no ser sancionados. Bien es verdad que ahora los ciudadanos, ciudadanas y los poderes públicos estamos exultantes por algo que no ha pasado hasta hace poco y es la sucesión de filtraciones que están dejando en evidencia a empresas y particulares, Swissleaks, Luxleaks o Panamá Papers. Aunque la ciudadanía no puede permanecer confiando en un “Zorro protector” que realice, a largo plazo, el rol histórico que solo a ella puede y le corresponde ejercer. La lucha para acabar con los paraísos fiscales es hoy un reto necesario de la ciudadanía en el tránsito a otro mundo mejor posible.

En segundo lugar, apreciamos en el decreto municipal, que hace especial énfasis en sancionar a las empresas que actúen ilegalmente, pero no explicita medios para disuadir a las empresas que utilizan la ingeniería fiscal o planificación fiscal agresiva, para legalmente pagar sus impuestos en paraísos fiscales o territorios de muy baja tributación. Este parece, a mi modo de ver, el principal agujero por donde pueden escapar estas empresas de las haciendas locales. Parece ser que los representantes del Ayuntamiento de Barcelona, se han querido situar con este decreto, bajo el paraguas de una estricta legalidad, aunque de sobras saben que legalidad y legitimidad no viene a ser lo mismo. Además se puede constatar, cómo en los últimos años, las empresas transnacionales van aumentando la parte de su presupuesto que dedican a contratar servicios de fiscalistas para que les ayude a eludir impuestos, operación legal a nivel internacional, pero que vacía los erarios públicos favoreciendo a las empresas. Otra vez tenemos que citar aquí el caso de Luxleaks, base de la elusión fiscal de grandes empresas o también hemos de reseñar el peligro que para la elusión fiscal va a constituir la firma del acuerdo de nuestro país con Andorra, para evitar la doble tributación y los acuerdos bilaterales comerciales con las comunidades autónomas.

Finalmente expresar que la lógica línea de estricta legalidad del Ayuntamiento de Barcelona, también afecta a la elección de la lista a la que se ajustan los países de referencia, paraísos fiscales, en el decreto. Se han elegido las listas “legales” la de la Unión Europea y la de España, pero tampoco considero que sean la más legítimas en cuanto a figurantes, creo más completa la lista elaborada con criterios muy estrictos, por la red ciudadana de expertos “Tax Justice Network”. Por ejemplo en la lista de TJN figuran Países Bajos o Luxemburgo y en la de la UE no. Es un hecho que ambos son paraísos fiscales entre los más importantes, Países Bajos que constituyen un complejo offshore importante junto a sus terrenos insulares de Aruba o Antillas holandesas. Los países bajos son paraíso fiscal para los holdings, lo cual podría afectar a empresas como ING o Triodos Bank, que son propietarias de holdings. Por lo que hace referencia a Luxemburgo, posee secreto bancario y muy baja fiscalidad, demostrada ésta en el caso de Luxleaks.

Creo loable la actuación al respecto del Ayuntamiento de Barcelona y otros y comunidades que están actuando en la misma línea, o bien simplemente comienzan por declarar a sus municipios ZLPF (Zonas libres de paraísos fiscales) en un ejercicio de dignidad para focalizar la atención ciudadana y de las autoridades internacionales sobre  esta lacra del Siglo XXI. Sin embargo hemos de tener muy claro que recién acabamos de abrir la puerta que nos conduce a un camino muy largo y lleno de trampas y dificultades.

Animo a las personas comprometidas y conscientes a que se unan a esta comitiva, que justo acaba de comenzar su andadura, para presentar cara a los poderes financieros y a la existencia de los paraísos fiscales, que socavan las democracias y hacen tambalearse al Estado de derecho. Y adelanto que la única forma de enfrentarse eficazmente a las finanzas offshore es acabar con la opacidad y los regímenes jurídicos de los territorios paraísos fiscales. En este sentido sólo una voluntad internacional unida, para poner luz a los procedimientos financieros y contables y que al mismo tiempo utilice sanciones fiscales y comerciales contra estos territorios de no cambiar sus sistemas jurídicos, tendría la posibilidad de acabar con el problema. No obstante soy consciente que la voluntad internacional está a nivel político hoy presa de los grandes poderes económico – financieros y de las oligarquías políticas locales que les sirven.

El camino para plantar cara a las oligarquías políticas y económicas, lo comenzamos ganando en algunos grandes ayuntamientos, ahora vienen las elecciones generales, a ver si cunde el ejemplo y más adelante hacia las europeas. Mientras tanto vayamos tejiendo una sociedad civil crítica, consciente y cohexionada ¡No hay otro camino!

Barcelona 21 de mayo de 2016

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20 cosas que hay que saber del tratado con Canadá y el TTIP

Dom, 22/05/2016 - 12:00

Tom Kucharz - Ecologistas en Acción

El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés), que consta aproximadamente de unas 500 páginas y mil de anexos, es el equivalente canadiense al TTIP, negociado por la tecnocracia de la Comisión Europea y el Gobierno conservador canadiense entre 2009 y 2014. Este acuerdo está mucho más avanzado en el proceso de aprobación que el que se negocia con EE UU (el TTIP).

Sus defensores pretenden abrir los mercados de la Unión Europea y de Canadá a sus respectivas corporaciones, incluyendo los sectores de servicios, farmacéutico, energético y agrícola.

Igual que en el caso del TTIP, el CETA es un tratado comercial que se centra ya no en las barreras arancelarias a productos y servicios sino en las mal llamadas “barreras no arancelarias”, o sea regulaciones económicas y políticas que limitan la acumulación de beneficios privados y que abarcan amplias áreas de políticas públicas como la protección de la inversión, la contratación pública, los servicios públicos, la armonización de las normas, la cooperación reguladora, y el sector agrícola.

Las negociaciones han tenido lugar principalmente a puerta cerrada con poca información a la opinión pública y ningún debate abierto a la ciudadanía. Por ejemplo, el Congreso español no han tenido debates ni acceso a información adecuados. En septiembre de 2014, el entonces primer ministro canadiense, Stephen Harper, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, y el entonces presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, firmaron una declaración conjunta para “celebrar” la conclusión de las conversaciones sobre el CETA. Desde entonces, sigue habiendo una oposición clara tanto en Canadá como en Europa y el acuerdo está lejos de poderse implementar. De hecho cada semana crece el rechazo y se suman gobiernos que se muestran reacios a ratificar el CETA.

Los que más oposición muestran son Rumanía y Bulgaria, a quienes se les niega la parte positiva que podría tener para sus ciudadanos el tratado, ya que se les excluirá del capítulo de libre circulación de personas. Austria y Bélgica, por medio de sus parlamentos regionales, también han cuestionado el acuerdo, que puede quedar en papel mojado en los próximos meses.

En marzo, la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, que representa a más de ocho millones de trabajadores del sector público, llamaba al rechazo de este tratado por sus implicaciones sobre el sector público, la inclusión de cláusulas de protección de inversores como el ISDS o el riesgo para derechos laborales e incluso derechos humanos.

El acuerdo con Canadá se terminó de negociar en 2014, aunque algunos mandatarios europeos parecen no ser conscientes de ello. Recientemente, el diputado sueco Christofer Fjellner pedía cambios en un tratado que debe volver a ratificarse el 13 de mayo en la reunión del consejo de ministros de comercio. El texto final se presentará en junio y, en septiembre, una reunión informal dará el “sí” definitivo para una firma que tendría lugar en octubre. Rumanía y el estado belga de Valonia son los territorios que más se oponen.

1. Los antecedentes

Respecto a los sectores de servicios sociales y de salud, el antecedente para las negociaciones del CETA y del TTIP es la lista de la UE que se negoció en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS, por sus siglas en inglés) en la Organización Mundial del Comercio en 1994 y 2003 y que contiene compromisos para abrir estos sectores a empresas privadas de otros países. Ninguno de estos sectores de servicios se llegaron a abrir por completo, ya que los Estados miembros de la UE hicieron algunas reservas específicas.

2. Competencia

Resulta especialmente preocupante que bajo el CETA y el TTIP incluso las regulaciones sobre la asistencia sanitaria en España, a través del Sistema Nacional de Salud (SNS), podrían verse amenazadas. La consecuencia práctica es que los inversores podrían desafiar las regulaciones de los sistemas de seguridad social, incluso las aseguradoras de salud pública. La Plataforma Europea de la Seguridad Social (ESIP) advierte: “En muchos sistemas de seguridad social es difícil decir si los servicios se suministran en condiciones comerciales o en competencia con uno o varios proveedores de servicios, ya que no se define claramente lo que se entiende por las expresiones ‘base comercial’ y ‘competencia’”.

3. Lista negativa

El CETA se convertirá en el primer acuerdo de la UE con el enfoque de “lista negativa” para los compromisos de servicios. Todos los servicios estarán sujetos a la liberalización, a menos que se haga una excepción explícita. Algo parecido sucede con la negociación sobre servicios en TTIP relativo al “trato nacional”.

4. Excepciones

En el CETA existe una exención muy limitada para los servicios “suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales”. Hoy en día, en prácticamente en todos los servicios actúan empresas privadas junto a proveedores públicos. Esto limita la exención de autoridad gubernamental a unas pocas funciones tales como la policía, el poder judicial o los servicios de un banco central. Problemas similares afectan a la llamada exención de “servicios públicos”, que contiene tantos vacíos que no permite una protección adecuada a los servicios públicos.

5. Los cuidados

Los servicios públicos no están excluidos del CETA y tanto este tratado como el TTIP amenazan con liberalizar la atención sanitaria y social. Al menos 11 Estados miembros de la UE (entre ellos, España) se han comprometido a liberalizar –o sea, privatizar– con el CETA los servicios de cuidados a largo plazo, como la atención residencial para la tercera edad. Tales compromisos pueden chocar con las medidas para proteger el sector de salud y de atención social a largo plazo frente a las estrategias de los inversores financieros que están comprando y vendiendo activos financieros en este sector todo el mundo.

6. Un ejemplo: el agua

En octubre de 2014, la compañía de agua AS Tallinna Vesi junto con su accionista United Utilities B.V. presentaron una demanda inversor-Estado contra Estonia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una entidad del Grupo del Banco Mundial. Tallinna Vesi es la empresa de agua de la capital de Estonia, Tallin, que fue privatizada en 2001, cuando United Utilities B.V. se convirtió en su mayor accionista. Las demandantes alegan que Estonia violó la norma de “trato justo y equitativo” por denegar la solicitud de Tallinna Vesi para aumentar las tarifas de agua. Ahora están buscando “indemnización por daños potenciales de más de 90 millones de euros para el total de las pérdidas durante la vigencia del contrato hasta 2020”. El holding holandés permitió a los solicitantes utilizar el mecanismo de arbitraje internacional incluido en el tratado bilateral de protección de la inversión entre los Países Bajos y Estonia.

7. Externalización de servicios

El CETA facilitaría aun más a las grandes empresas multinacionales el acceso sin restricciones a la contratación pública. Ello podría restringir la capacidad de los gobiernos para apoyar a los proveedores locales y sin fines de lucro y provocar la externalización de puestos de trabajo del sector público a empresas privadas, donde el personal a menudo se ve obligado a hacer el mismo trabajo en peores condiciones salariales y laborales. En el CETA ya hay varias administraciones públicas que tendrán que permitir la competencia transatlántica cuando quieren comprar suministros y servicios, un medio eficaz para la privatización mediante la transferencia gradual de los servicios públicos a los proveedores con fines de lucro.

8. Irreversibilidad

El CETA y el TTIP afectarían a las mejoras en servicios públicos que quieran iniciar nuevos gobiernos. Al asumir los compromisos comerciales internacionales vinculantes, la UE obliga a los Estados miembros a mantener las privatizaciones ya realizadas en el pasado. Revertir las medidas neoliberales con el fin de restablecer la igualdad de acceso a la salud y la cobertura universal de los sistemas de seguridad social se hará cada vez más difícil y costoso para los futuros gobiernos. En el CETA, en la página 51, se recoge la cláusula de trinquete (ratchet clause), que permite únicamente las modificaciones que sean más “liberales” y prohíbe las consideradas como una restricción al comercio.

Esto podría amenazar la tendencia creciente a la remunicipalización de los servicios de agua, redes de energía y servicios de transporte. Una reversión de algunas de las privatizaciones fallidas del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido puede ser considerada como una violación del CETA y del TTIP.

9. Antes gestión del riesgo que precaución

En el CETA, igual que en los papeles filtrados del TTIP, se pretende omitir el principio de precaución, base del ordenamiento jurídico europeo, al que no se menciona en la parte de la cooperación reguladora. Esto significa que con el CETA los medicamentos, los productos agrícolas, aditivos alimentarios y otros productos podrían ser comercializados con mucha más rapidez que en la actualidad. El principio de precaución, recogido en el artículo 191 de Tratado de la Unión Europea, permite reaccionar rápidamente ante un posible peligro para la salud humana o el medio ambiente. Si los datos científicos no determinan la seguridad de una sustancia o la ausencia de alternativas, el recurso a este principio evita su distribución e incluso puede retirarla del mercado.

Es decir, previene el daño antes de que se ocasione y busca alternativas. En arreglo a este principio, la UE no ha permitido la entrada de carne estadounidense tratada con hormonas, como medida de precaución, por su posible relación con el desarrollo de cáncer. Tampoco permite a la industria introducir una nueva sustancia en un producto, por ejemplo un champú, sin demostrar previamente que no causará daños a la población o al medio ambiente. En varios capítulos de los documentos filtrados del TTIP se confirma la elección del “principio de gestión del riesgo”, seguido en EE UU y Canadá, que enuncia lo contrario: todas las sustancias químicas son seguras hasta que se demuestre, con toda certeza, que causan daño.

10. Cooperación reguladora

Con la inclusión del principio de cooperación reguladora en el CETA, Canadá y la UE persiguen la idea de aceptar las normas de cada uno, lo que puede poner en peligro estándares en diversos campos a largo plazo. Ello invita a las grandes empresas a proponer armonizaciones en las regulaciones y los estándares, lo que llevaría a una competencia a la baja en la protección de la salud y el medio ambiente, la seguridad alimentaria y laboral. La cooperación reguladora está presente también en el TTIP.

11. Cooperación reguladora: un ejemplo

La cooperación reguladora comenzó a andar en la década de los 90, con la creación del Diálogo Empresarial Trasatlántico, para incorporar a las empresas en los procesos legislativos de toma de decisiones. Por las protestas de la sociedad civil, se crearon otros “diálogos” de uniones laborales, medioambientales y de consumidores, pero pronto se vaciaron de contenido y los dos primeros terminaron desapareciendo.

Se ha calculado que CETA aumentaría el precio de los medicamentos en Canadá en casi 3.000 millones de dólares cada año

Entre los “éxitos” de la cooperación reguladora está haber vetado la propuesta de que las líneas aéreas paguen más por emisiones de gases de efecto invernadero; otro hito de la cooperación reguladora es haber conseguido, en 2004, que las instituciones financieras estadounidenses operasen en la UE bajo la legislación de Washington. Esto tuvo un efecto visible en 2008, con la quiebra de AIG (rescatada con 186.000 millones de dólares). Ni la UE ni EE UU sabían qué tenía AIG en sus libros contables.

12. El tribunal de arbitraje

Estos tratados proporcionan a las empresas transnacionales los mecanismos de solución de controversias inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) que extienden los privilegios de los inversores. Con la inclusión del arbitraje privado inversor-Estado en el CETA y el TTIP, junto al mecanismo tradicional de controversias Estado-Estado, se les concederá a los inversores una herramienta muy poderosa para hacer valer sus demandas. El CETA permite a los inversores extranjeros presentar reclamaciones ante tribunales privados contra Estados por cualquier reglamentación en el sector servicios. Las políticas que regulan los servicios públicos –a partir de la limitación del precio del agua a las empresas privatizadas– ya han pasado por tribunales ISDS.

13. Los costes del ISDS

En el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Estado canadiense ha sido demandado 35 veces, ha perdido o llegado a un acuerdo sobre seis demandas y ha pagado un total de más de 171,5 millones de dólares canadienses a inversores extranjeros en concepto de daños. El CETA incrementará notablemente el riesgo de que Canadá sea demandada por bancos, aseguradoras y sociedades financieras.

En el caso de la UE y sus Estados miembros, el acuerdo incrementará el riesgo de que sean demandados por inversores canadienses en los sectores de la minería y de la extracción de petróleo y gas. El 75% de las mineras del mundo cotizan en la bolsa de Toronto; son canadienses las empresas que mantienen abiertos los proyectos de Corcoesto en Galicia –cuya empresa promotora tiene una filial en Pamamá–, Rosia Montana en Rumanía o de Halkidiki en Grecia. Las filiales canadienses de multinacionales con sede en Estados Unidos también podrán usar el CETA para demandar a Gobiernos europeos.

14. Agricultura y alimentación: la ingeniería genética

El CETA sería un buen negocio para la industria agroalimentaria, pero no tanto para los pequeños agricultores de Europa y de Canadá, que tendrían que hacer frente a una competencia adicional y a una creciente presión de los mercados internacionales, que bajan los precios, empeoran las condiciones de trabajo y afectan negativamente a la calidad de los alimentos.

La homogeneización –a la baja– de las normas de ingeniería genética existentes en la Unión Europea, Canadá y EE UU podría afectar a la salud, la seguridad alimentaria, el bienestar animal y la biodiversidad. La aprobación de acuerdos comerciales como el CETA y el TTIP está destinada a reducir la protección del medio ambiente y de los consumidores frente a los productos agrícolas de la ingeniería genética.

En las últimas décadas, la sociedad civil ha desempeñado un papel clave en el debate político sobre la ingeniería genética en la agricultura y la alimentación. Como resultado, existen múltiples regulaciones y disposiciones sobre la protección de la producción agrícola y alimentaria, la prohibición de cultivar transgénicos en varios países europeos, la obligación del etiquetado en los alimentos de consumo humano, así como más de 170 regiones europeas y 4.700 gobiernos o entidades locales que se han declarado zonas libres de organismos modificados genéticamente (OMG) en la alimentación.

Leer: Así reduce el TTIP las competencias municipales

En la actualidad existen considerables diferencias de regulación entre la UE y los respectivos interlocutores en las negociaciones con Canadá y Estados Unidos, pero la UE está sacrificando, cada vez más, preocupaciones ambientales y de salud en aras del comercio. La apertura de las negociaciones de la UE con Canadá y Estados Unidos está llevando a un “enfriamiento regulatorio”, es decir, a que los países se abstengan de introducir regulaciones en este sentido.

Los sistemas de autorización y control canadienses y de EE UU en relación con los transgénicos no son consistentes porque el legislador no distingue entre la ingeniería genética y otros procedimientos de producción. En esos dos países –a diferencia de la UE–, plantas modificadas genéticamente pueden venderse en el mercado sin ningún tipo de examen de aprobación. Y los consumidores y agricultores de esos países no pueden saber si los alimentos o los piensos se producen con plantas modificadas genéticamente debido a que éstos no están etiquetados como tales.

Protesta contra el TTIP en Berlín.

15. Protección a los consumidores

Al contrario que en la UE, donde deben tenerse en cuenta las incertidumbres científicas en los procedimientos de evaluación de riesgos, en EE UU las plantas modificadas genéticamente se consideran seguras hasta que se demuestre lo contrario. En este país, así como en Canadá, tampoco existen normas para proteger la agricultura libre de transgénicos o para prevenir la propagación incontrolada de OMG en el medio ambiente. La UE tiene disposiciones legales de ese tipo, aunque sean absolutamente inadecuadas e insuficientes. El CETA y el TTIP darían lugar a medio plazo a una reducción de las normas de la UE.

Tampoco hay que subestimar el papel de los tribunales privados de arbitraje que deciden sobre las controversias entre inversores y Estados (ISDS). Es muy probable que los inversores utilicen los tribunales privados de arbitraje para ejercer presión con el fin de eliminar las normas medioambientales y de protección a los consumidores en el ámbito de los transgénicos.

16. Derechos digitales

La propiedad intelectual es otro de los aspectos clave de los acuerdos de libre comercio que se negocian en la actualidad. Tras la publicación de los TTIPLeaks, la asociación European Digital Rights (EDRI) señalaba varios puntos rojos en las negociaciones en lo que respecta a propiedad intelectual, derechos digitales y neutralidad de la red. Uno se refiere a la llamada ‘flexibilidad regula­toria’, que dará “nuevos y excesivos poderes” a las operadoras de telecomunicaciones.

El artículo X.6 del borrador filtrado, dice esta organización, “es aún peor”, ya que permite a los operadores de telecomunicaciones modificar e incluso derogar legislación de los Estados miembros o de la UE. Esta organización también ha criticado el CETA porque pone en riesgo la protección de datos. Canadá forma parte del grupo de los “Cinco ojos” un grupo de países del que también forman parte Reino Unido y Estados Unidos, acusados de prácticas de vigilancia masiva sobre la población. Si se aprueba el CETA, dice la organización EDRI, este tratado estará de facto por encima de la carta de derechos fundamentales de la UE.

17. Empleos

“El libre comercio con Estados Unidos permitirá crear más de 334.000 empleos en España en cinco años”, decía sin ruborizarse el secretario de Estado de Comercio, en 2015. Según la lógica de sus defensores, la eliminación de barreras comerciales llevará a la creación de una avalancha de empleos. Sin embargo, otros estudios llegan a conclusiones opuestas. La propia UE maneja desde hace al menos dos años informes que prevén, según el escenario más cauto, una pérdida de un millón de empleos en ambos continentes de aprobarse el TTIP. El estudio realizado por Jeronim Capaldo muestra que el TTIP es un ataque al empleo de Europa y destruiría –por lo menos– 600.000 empleos y daría lugar a una pérdida de salarios. Capaldo ha basado su estudio en el Modelo de Políticas Globales (GPM) de la ONU.

18. Medicamentos

La prevalencia de la Propiedad Intelectual sobre el derecho a la salud puede influir en una excesiva protección de los intereses de la industria farmacéutica, algo que ya ha sido denunciado en el marco de las negociaciones del Tratado Trans-Pacífico (TPP). Entre estas medidas están el aumento de la duración de las patentes, el consiguiente retraso de la entrada en el sistema de los medicamentos genéricos, el incremento del periodo de protección de los datos acerca de los medicamentos y aspectos relacionados con la cooperación reguladora –el lobby farmacéutico ha gastado 40 millones de euros para presionar a favor del TTIP en Bruselas– y el recurso a los tribunales de arbitraje ISDS. Se ha calculado que CETA aumentaría el precio de los medicamentos en Canadá en casi 3.000 millones de dólares cada año.

19. Energía: París en el olvido

Universos paralelos: un viernes, Barack Obama y Angela Merkel firman en Nueva York el nefasto acuerdo de la cumbre sobre el clima de París y dos días más tarde promueven en Hannover el TTIP, que profundizaría peligrosamente las crisis ambientales. La propia Comisión Europea ha admitido que el modelo que representan estos acuerdos supondrá un incremento de las emisiones de 11 millones de toneladas de CO2.

Preocupa mucho el capítulo de reglamentación nacional que podríamos llamar “Regalos para la industria del petróleo y gas”. Los artículos de dicho capítulo parecen diseñados para matar los esfuerzos para hacer frente al calentamiento global y regular la industria extractiva y de los combustibles fósiles. Un intercambio de cartas hecho público por The Guardian ha mostrado la influencia de empresas petroleras como BP en la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea. Según las misivas, Bruselas había modificado la Directiva de emisiones industriales (referentes, por ejemplo, a refinerías) a favor de lo que le demandaba la petrolera.

Los gobiernos de la UE y Canadá incluyen nuevas restricciones en el CETA para limitar el derecho a regular el ámbito de las políticas ambientales y energéticas. A falta de un tratado internacional que prohiba todas las regulaciones gubernamentales, el CETA da a la industria del petróleo y del gas prácticamente todo lo que lleva décadas pidiendo.

20. Normativa nacional

La mayoría de los acuerdos comerciales y de inversión están llenos de una jerga deliberadamente oscura, pero el capítulo de la normativa nacional del CETA es en realidad sencillo de entender. El capítulo 14 sobre la normativa nacional ofrece tantos motivos para desafiar reglamentos que casi cualquier regulación ambiental podría definirse en el futuro como “contraria” al acuerdo CETA.

Éste exige que las partes aseguren “que los procedimientos de concesión de licencias sean tan simples como sea posible y no deberían complicar ni retrasar indebidamente la prestación de un servicio o el ejercicio de cualquier otra actividad económica” (artículo 2, sección 7). Requerir que las compañías de petróleo y gas hagan evaluaciones ambientales, estudios arqueológicos o conseguir aprobaciones de diferentes niveles de gobierno es claramente un proceso que podría simplificarse mediante la supresión de estos requisitos.

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Paraísos fiscales, guaridas financieras

Dom, 22/05/2016 - 08:00

Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid

La OCDE y entidades similares, dignas de toda sospecha, no han elaborado en serio una lista veraz de paraísos fiscales. Incluso en los últimos años pretenden que hay muchos menos. Pero no, están ahí. Territorios donde apenas se pagan impuestos. Primera condición sine qua non. Que el secreto bancario es dogma, la segunda. Y la tercera, el inviolable anonimato de titulares de cuentas, depósitos y movimientos de capital. Y negar por sistema cualquier información fiscal o financiera. Porque lo suyo es ocultar datos, nombres, apellidos, capitales y ganancias. Para no pagar impuestos.

Hoy los paraísos fiscales campan impunes por Europa. Las diminutas islas británicas del canal de la Mancha, por ejemplo, y los pequeños estados de Liechtenstein, Mónaco, Gibraltar, Malta, Luxemburgo o Andorra, sin ir más lejos, tienen una bien ganada fama de paraísos fiscales. Mientras Austria, Holanda e Irlanda actúan también a menudo como ellos, sin olvidar a Suiza, por supuesto, que a pesar de alguna concesión reciente a la información, es aún buen lugar para esconder fortunas.

Los paraísos ya no son lugares exóticos con palmeras y playas de aguas cristalinas. En el nuevo panorama de la burla fiscal destaca Londres, por ejemplo. Aunque, por mayor precisión, la capital del escaqueo tributario sería la City, su distrito financiero. Ahí funcionan a todo gas excelentes operaciones de lavado y blanqueo. Con la necesaria complicidad del carísimo mercado inmobiliario de la ciudad. Genial para ocultar y lavar miles de millones de euros. Así se han blanqueado más de 150.000 millones de euros, según datos oficiales británicos. Y, siendo dato oficial, es probable que sea más.

El blanqueo es sencillo. Los súper-ricos de donde sea llegan a la capital del Reino Unido con billetes en mano o en maletín y compran, por ejemplo, un apartamento, ático o palacete, cuanto más caro, mejor. Nada de nombres ni apellidos, of course, y los propietarios no pagan ni un chelín de impuestos. Los Papeles de Panamá desvelan que los propietarios de cuarenta mil carísimas propiedades inmobiliarias londinenses… son empresas con sede en paraísos fiscales. Y ahí la hacienda británica no tiene nada que rascar.

En el nuevo panorama del pirateo de impuestos, los Estados Unidos de América funcionan como paraíso fiscal. Así lo denuncia un reciente informe del grupo parlamentario europeo Los Verdes. Explican que en Estados Unidos está la quinta parte de los servicios financieros del mundo para ciudadanos no residentes. ‘No residentes’ es jerga de paraísos para designar a su clientela. Son cuentas, depósitos, otras ocultaciones, inversión y especulación de no estadounidenses sin nombre ni identificación. Y da igual que la OCDE acuerde el intercambio automático de información financiera y fiscal entre sus estados contra el blanqueo y la evasión fiscal. Estados Unidos no forma parte de ese acuerdo y no da ni dará información.

El informe de Los Verdes denuncia que catorce Estados de Estados Unidos actúan como paraísos fiscales. Y en Delaware, Nevada y Wyoming se pueden registrar con suma facilidad empresas-pantalla o fantasma. Indispensables en la evasión fiscal. Solo existen en el papel y no se sabe ni se puede saber quiénes son sus propietarios, accionistas y gestores. Ni quienes se lo llevan crudo. Para hacerse una idea del tinglado, en el estado de Delaware (con la misma superficie que la pequeña Rioja y 860.000 habitantes), en el número 1209 de la calle Orange de la pequeña ciudad de Wilmington, tienen su sede más de 285.000 empresas. Más apretadas que los personajes del camarote de los hermanos Marx.

Otro sí, las patrióticas empresas del Ibex 35 en 2014 tenían más de cuatrocientas empresas filiales con sede en ese aprovechado edificio de Delaware. Y casi novecientas en total en ese y otros paraísos fiscales. ¿Para qué será?

Echando la vista siete años atrás, temblorosos mandatarios europeos ponían a dios por testigo de que acabarían con los paraísos fiscales. Fue tras el hundimiento de Lehman Brothers que tanto acoquinó a las élites. Pero, pasado el susto inicial, se olvidaron de propósitos de enmienda y hoy los paraísos gozan de excelente salud. Con su ayuda, ésta es la era de la evasión fiscal. Además, esos paraísos han crecido como setas en el bosque tras lluvias otoñales y no pagar impuestos o impuestos ridículos ya es plaga, epidemia.

En aras de la decencia semántica, deberíamos dejar de llamarlos paraísos fiscales. Mejor guaridas financieras.


Periodista

Publicado en CCS, Centro de Colaboraciones Solidarias

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Las reformas laborales del gobierno de Zapatero y del gobierno de Rajoy matan

Dom, 22/05/2016 - 06:00

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Este artículo resume el informe devastador preparado por la Unión General de Trabajadores sobre el crecimiento de la mortalidad y accidentalidad laboral como consecuencia de las reformas laborales aprobadas por el gobierno PSOE y por el gobierno PP.

Cada año los sindicatos publican los datos anuales del número de muertes y accidentes graves que ocurren en los lugares de trabajo en España y en sus comunidades autónomas. Son datos desoladores que raramente aparecen en las primeras páginas de los grandes rotativos del país. En realidad, no aparecen ni en la última página. No son noticia. Y lo que es escandaloso (y creo que es justo utilizar este término a fin de denunciar tal silencio ensordecedor) es que la gran mayoría de tales muertes son evitables y prevenibles. En España cada día mueren 2 trabajadores en el lugar de trabajo, 12 sufren un accidente grave y 53 son diagnosticados de enfermedades laborales (de las cuales muchas pueden causarles la muerte). Y lo que es incluso más preocupante es que habiendo mejorado las cifras a principios de siglo, se han deteriorado de una manera muy espectacular (en realidad en porcentajes no vistos desde hace tiempo) durante los años de las reformas laborales, que han dejado al mundo del trabajo debilitado y desprotegido frente a la avalancha del mundo empresarial, consecuencia del impacto muy negativo que tales reformas (tanto las del gobierno PSOE como las del gobierno PP, ambas reformas aplaudidas, por cierto, por el partido neoliberal Ciudadanos) han tenido en la protección y seguridad de los trabajadores como resultado del gran debilitamiento de los sindicatos. En la lucha de clases (de la cual nunca se habla en los mayores medios de información y persuasión por considerarla “inexistente” o “anticuada”) que ocurre diariamente entre el mundo empresarial y el mundo del trabajo, el número de accidentes mortales ha ido aumentando significativamente. En el año 2015, último año de recogida de datos, el incremento fue de un 4,8%, una cifra que, junto con el incremento del año anterior, 2014 (3,9%), no se había alcanzado nunca desde principios de siglo. Estos y otros datos proceden del detallado y riguroso estudio publicado por la Unión General de Trabajadores, UGT, titulado Informe Accidentes de Trabajo. Enero-Diciembre 2015. La información es estremecedora y, como era predecible, ha sido ignorada por los grandes medios. En Catalunya, una de las CCAA con más fallecidos durante la jornada laboral, ningún medio escrito, oral o televisivo ha informado de tal situación.

La brutal realidad ignorada por los medios

En 2015, 608 trabajadores perdieron la vida en su lugar de trabajo, 28 más que el año anterior. El número total de accidentes fue de 1.233.918, un 3,8% superior al año anterior. Este aumento ocurrió en todos los sectores de la economía (servicios, industria, construcción y sector agrario). Y tal mortalidad ocurre entre los asalariados peor pagados, entre los más jóvenes, y también, por cierto, entre los trabajadores por encima de los cincuenta años. Catalunya, Andalucía y Madrid son las comunidades autónomas peores en cuanto a siniestralidad laboral. Y los más vulnerables son los peones de la agricultura, de la pesca, de la construcción, de las industrias manufactureras y del transporte. El grupo que tiene menos accidentes es el de los directores y gerentes de las empresas, cuyos salarios han crecido en relación con los de menores salarios, siendo los que han sufrido mayor mortalidad los trabajadores de salarios más bajos (y muy en especial conductores y operadores de maquinarias móviles). Por otra parte, los trabajadores con menor estabilidad y mayor precariedad son los que tienen mayores accidentes graves. Son causas de accidentes el sobreesfuerzo físico, el trauma psíquico, las radiaciones, el ruido, la luz y la presión laboral. Y los diagnósticos de muerte son por infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas.

Esta es la realidad ocultada por los establishments político-mediáticos del país, pues no quieren que se conozca el enorme coste humano de sus políticas de austeridad y reformas laborales, impuestas (y digo impuestas, pues no estaban en sus programas electorales) a la población por los gobiernos del PP y del PSOE, y aplaudidas por Ciudadanos, bajo el nombre de “reformas estructurales”, necesarias según ellos para salir de la crisis. Como el Sr. Rosell, presidente de la patronal del país, dijo recientemente, estas medidas son “dolorosas y necesarias para que la economía se recupere”. Teniendo en cuenta que los datos muestran que las rentas del trabajo en este país han ido bajando (como porcentaje de la renta nacional) durante los años de crisis económica y las del capital han ido aumentado, es justo que se pregunte al Sr. Rosell: ¿de qué economía está usted hablando? Seguro que ningún periodista le preguntará tal obviedad.

Publicado en Público.es

vnavarro.org

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La crisis brasileña era una estrategia golpista

Sáb, 21/05/2016 - 12:02

Emir Sader - Público.es

La crisis brasileña, que algunos dicen que se inició con las manifestaciones callejeras de junio del 2013, y cuyo origen otros sitúan tras las elecciones del 2016, empieza a perfilar sus contornos conforme desemboca en un golpe blanco. No se puede decir que todo ha sido meticulosa y fríamente calculado, pero no cabe duda de que ambos acontecimientos han terminado por significarse como pilares de una estrategia golpista con el único objetivo de sacar al PT del gobierno.

La pretensión de la derecha brasileña, así como de otros gobiernos progresistas de la región, no es otra que cerrar el ciclo de gobiernos populares, sacar a dichas fuerzas del gobierno, de cualquier forma, para así restablecer el modelo neoliberal. Es esto lo que ha pasado y está pasando en Brasil ahora.

Hubo quienes creyeron que las manifestaciones del 2013 eran democráticas, que criticaban al gobierno y al PT desde un punto de vista de la izquierda, pero nada más lejos de la realidad, era el comienzo de un profundo desprestigio de la política, primera escala en la ofensiva llevada a cabo por la derecha.

Hubo también quienes desde la ultra izquierda saludaban el final de los gobiernos del PT, su fracaso, el final del ciclo de gobiernos progresistas en América Latina, como si hubiera llegado el momento de la ultra izquierda. Pero se trataba de un nuevo engaño: la alternativa al PT y a los gobiernos progresistas están en la derecha. La crisis demostró que el único gran liderazgo popular en Brasil es el que desempeña Lula. Que las grandes manifestaciones populares tienen en la CUT —Central Única dos Trabalhadores, cercana al PT— su principal puntal.

Hubo quienes se dejaron llevar por los medios brasileños y creyeron que el tema central de la crisis era un tema de corrupción del PT. Sin embargo, en cuanto la crisis se agravó, los medios internacionales mandaron raudos a sus corresponsales y todos, unánimemente, se dieron cuenta de que los corruptos estaban del otro lado, es decir, en el lado de los golpistas. No hay pruebas concretas contra Dilma o Lula, mientras que los dirigentes del golpe y más de 200 parlamentarios que lo hicieron posible, están implicados en casos de corrupción en el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

En resumen, la larga y profunda crisis brasileña es la estrategia de la derecha para recuperar el gobierno y, desde ahí, poder cargar contra los avances de los últimos 13 años en Brasil. Modificar, por ejemplo, el presupuesto constitucional de recursos destinados a educación y salud pública, recortar los derechos de los trabajadores, imponer un durísimo ajuste fiscal, reprimir a los movimientos populares, establecer una política internacional de subordinación a los intereses de EEUU —ése es el verdadero objetivo del golpe blanco, un golpe que se ha ido gestando a lo largo de los últimos años en Brasil.

La izquierda en su conjunto y todos los movimientos sociales lo han comprendido muy bien uniéndose en defensa de la democracia, en contra del golpe, a sabiendas de que lo que viene, como en Argentina, no es otra cosa que una venganza en contra del pueblo y sus derechos.

La derecha brasileña tiene que enfrentarse al mayor movimiento de masas que el país ha conocido, y lo hace con su habitual falta de propuestas que pudieran darle legitimidad y apoyo popular, por no hablar de que enfrente se encuentra un político como Lula, que posee un amplio respaldo popular.

Son tiempos de lucha, de disputa, de inestabilidad, de crisis hegemónica profunda. El juego no ha terminado, al contrario, se ha profundizado, los enfrentamientos de clase son ahora mucho más visibles, Brasil ya no será el mismo país después de esta crisis. La derecha ya no podrá disfrazarse de civilizada, de democrática, de reformista, sino que se muestra tal y como es: neoliberal, corrupta, golpista.

Mientras que la izquierda está comprometida con volver al gobierno para desatar los nudos que han bloqueado sus gobiernos y han llevado al golpe. Para ello, es importante trabajar en la democratización de los medios, en el quiebre de la hegemonía del capital especulativo, en la reforma del sistema electoral, entre tantas otras reformas. Esa disputa es la que caracteriza al nuevo período político abierto hoy en Brasil.

Emir Sader es profesor universitario brasileiro, autor, entre otros, de ‘El nuevo topo – Los caminos de la izquierda latinoamericana’ (Ed. El Viejo Topo).

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Comunicado de prensa de War on Want

Sáb, 21/05/2016 - 08:00

Comunicado de prensa de War on Want

13 de mayo de 2016

El TTIP tendrá efectos dañinos sobre la salud y el clima, advierte un informe oficial.

El polémico TTIP, que se está negociando entre la UE y EEUU, tendrá efectos negativos sobre la salud pública, el empleo y el clima, de acuerdo con la evaluación de impacto oficial publicada hoy.

El informe, que contiene 394 páginas y que ha tardado dos años y medio en completarse, proporciona una visión única sobre las negativas consecuencias sociales y medioambientales del TTIP, tanto para la población de la UE como la de EEUU.

John Hilary, consejero ejecutivo de War on Want, ha dicho: “Las revelaciones de este nuevo informe dan los últimos martillazos a los clavos del ataúd del TTIP. La evaluación oficial revela la verdadera dimensión de la amenaza para nuestro futuro de este sucio tratado, y no es nada agradable. Instamos a la UE a que pare las negociaciones inmediatamente y evite que estos peligros sean una realidad”.

Riesgos para la salud pública

La evaluación de impacto advierte que el TTIP se traducirá en mayores niveles de enfermedades relacionadas con la dieta, tales como la obesidad y la diabetes, consecuencia de un mayor consumo de alimentos no saludables, como las bebidas azucaradas y la comida elaborada con altos niveles de sal y grasas.  Según el informe, el TTIP también pone en peligro los esfuerzos para contener los efectos negativos del consumo de tabaco y alcohol en Europa, ya que las importaciones más baratas de EEUU provocarán más casos de cáncer e ictus.

Utilizando un lenguaje contundente, la evaluación de impacto sostiene que el TTIP corre el riesgo de socavar el derecho a la salud en Europa. Además, las peores consecuencias serán para los más vulnerables y más pobres de la sociedad.  También advierte que el TTIP choca frontalmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados por todos los países en Naciones Unidas hace solo un año.

Pérdida de empleo

La evaluación de impacto calcula que el TTIP provocará la pérdida de al menos un millón de empleos en la UE y EEUU conjuntamente, y más de dos millones en el caso de alcanzarse la versión más ambiciosa del tratado. El impacto sobre el empleo se sentirá más entre los trabajadores menos cualificados y  con mayor dificultad para encontrar un empleo alternativo.

Los trabajadores europeos del sector de equipos eléctricos se llevarán la peor parte,  hasta un 7.5% del total del sector (más de 100,000 puestos de trabajo) desaparecerán como resultado del TTIP. El acosado sector europeo del acero también sufrirá una pérdida de empleo por el TTIP, añadiendo más problemas a los que ya tiene a consecuencia de la  liberalización del mercado.

Se confirma que el sector cárnico en Europa es otro de los sectores donde habrá  más pérdida de puestos de trabajo, debido a la competencia desleal de la gran industria agroalimentaria americana que privará a los agricultores y ganaderos europeos de su medio de vida. La Comisión Europea ha advertido a países como Irlanda sobre el gran choque que supondrá el TTIP para su industria cárnica.
El aumento de las emisiones de CO2

El informe calcula que el TTIP supondrá un aumento de más de 21 millones de toneladas de emisiones de CO2 en la UE y EEUU de forma conjunta, a pesar de que sus  emisiones de CO2 per cápita ya son más altas que la media global más de tres veces en el caso de EEUU. También contradice los compromisos asumidos por  todos los países en la COP21 de Paris en diciembre de 2015.

La evaluación de impacto también constata que el TTIP provocará un aumento en la contaminación del aire en toda Europa. Se esperan niveles más altos en las emisiones de  monóxido de carbono,  dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas de PM10. Se sabe  que todas estas sustancias presentan una amenaza para la salud humana.

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Algunos somos comunistas

Sáb, 21/05/2016 - 06:01

Alberto Garzón – Consejo Científico de ATTAC España

El comunismo se ha puesto de moda. No del modo que predijeron Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, pero sí de alguna forma tal que ha provocado que las tertulias políticas, en los grandes medios de comunicación o fuera de ellos, vuelvan a debatir sobre esta tradición política. Es más, tres partidos políticos -PP, Ciudadanos y PSOE- agitan ahora la bandera del anticomunismo con objeto de atacar las posiciones políticas de la alianza entre Podemos, IU y las confluencias. Suena a burda y recurrente maniobra para usar el miedo como arma electoral, pero esta vuelta a las viejas consignas reaccionarias no deja de ser sintomática.

Hace unos años la filósofa Jodi Dean escribió que el resurgir del peligro comunista se estaba produciendo porque los mercados habían fracasado. Me parece algo cierto. El anticomunismo emerge como una suerte de defensa ante los propios fracasos, los del sistema de mercado y el capitalismo. De hecho, no deja de sorprender que tras décadas de neoliberalismo y tras la más grave crisis económica desde la Gran Depresión, se vuelva a agitar el fantasma del anticomunismo. Al fin y al cabo, el desempleo, los desahucios y el miedo a pasar hambre se han multiplicado como resultado natural del capitalismo y de sus crisis. Tantos años asustando con que los comunistas nos quitarían las viviendas y al final hemos comprobado que han sido los bancos privados, protegidos y representados por trajeados hombres de negro, los que nos han robado la vivienda, el trabajo y el futuro de nuestras familias.

El geógrafo David Harvey ha insistido a menudo en que el interés por el marxismo y la economía política retrocedió durante los años sesenta y setenta porque las preocupaciones de la sociedad, y especialmente de la izquierda, se habían trasladado hacia las cuestiones culturales. Había un creciente interés sobre las temáticas vinculadas a la alienación y sobre las causas posibles de que la clase obrera no quisiera hacer la revolución socialista, dejándose de lado el análisis económico. Es más, la mayoría de los marxistas occidentales eran filósofos y muy pocos atendían la cuestión económica, como puso de relieve el clásico estudio de Perry Anderson sobre el marxismo occidental. En aquel contexto socio-histórico típico del fordismo y del consumo de masas una obra como El Capital, que describe fríamente al capitalismo en sus fundamentos más elementales, parecía alejada de los problemas políticos de la época. Pero eso, insiste el propio Harvey, ha cambiado en las últimas décadas. Y está en lo cierto. Hoy una obra como El Capital explica con sorprendente precisión por qué y cómo nos bajan los salarios, nos despiden, nos recortan la sanidad y la educación o nos obstaculizan la organización en sindicatos. Hoy el capitalismo está mucho más desnudo, y es fácil ver cómo la razón económica del capital inunda nuestras vidas y nos obliga a emigrar, a pelear por migajas o a aceptar salarios de subsistencia como si fueran privilegios. Hoy el marxismo tiene, de hecho, más actualidad que hace cuarenta años.

Es natural, aceptado lo anterior, que también estemos ante un resurgir del comunismo como planteaba Dean, aunque no tiene por qué expresarse con los mismos ropajes o las mismas herramientas conceptuales de siempre. En realidad el marxismo siempre ha sido así, abierto y diverso. De hecho, sólo el catecismo ortodoxo que emanaba de los manuales de la URSS pudo congelar, así fuera parcialmente, un instrumento tan vivo como el marxismo. Lo fosilizó, y a un coste enorme. Pero nadie podrá negar que el propio Lenin fue un heterodoxo, hasta tal punto que Gramsci tuvo a bien definir la revolución de 1917 como una revolución contra El Capital. Algo similar pasó en toda América Latina con los movimientos revolucionarios, destacadamente el cubano. La propia Rosa Luxemburgo fue, de hecho, una teórica especialmente fecunda y crítica con la racionalización que la dirigencia soviética hacía de los acontecimientos históricos. Pero no sólo es respecto al análisis que el marxismo es abierto y versátil, sino también respecto a la práctica política y la estrategia discursiva. Sólo hay que recordar que la consigna socialmente aglutinadora de la revolución soviética fue paz, pan y tierra y no ningún símbolo fetichizado que limitara su capacidad a la mera autocomplacencia de los revolucionarios portaestandartes. En la ascendencia republicana pasó lo mismo con Robespierre y su tan famosa expresión sobre el derecho a la existencia, que resumía así sin quebraderos de cabeza el eje central de los Derechos Humanos.

En este sentido, Harvey es de los que se han sumado históricamente a conectar los ideales del Manifiesto Comunista con los expresados en la Declaración de los Derechos Humanos. Esta es una vía que permite reconectar al socialismo con la tradición republicana y que, al mismo tiempo, permite volver a situar el foco político en los problemas de la gente y no en debates litúrgicos y ceremoniales propios de las religiones.

Hablar de Derechos Humanos y vincularlos al marxismo no es casual. Por dos motivos. En primer lugar, porque el socialismo fue la única tradición política que mantuvo viva la llama de los Derechos Humanos desde 1794 hasta 1948, y gracias a la cual se conquistaron los derechos políticos y sociales que caracterizan a nuestras sociedades democráticas modernas. En segundo lugar, porque la agresión del capitalismo es tan brutal y salvaje que, bajo las actuales condiciones históricas, defender los derechos humanos es impugnar el sistema capitalista mismo.

Sobre esto insistimos mucho durante las movilizaciones del 15-M al subrayar que no somos antisistema, sino que el sistema es antinosotros. No es cierto que durante aquellos días de 2011 el miedo hubiera cambiado de bando, al menos no tanto como coreábamos. Pero lo que sí cambió de bando fue el sentido común. En mitad de la agresión neoliberal defender una vivienda, cuya conquista como derecho se sobreentendía como parte del sentido común, se convertía ahora en un acto revolucionario –y, por cierto, ilegal. Esto también es fácil verlo hoy cuando comprobamos que la propia Constitución de 1978 y sus garantías sociales se convierten en papel mojado ante una supuesta realidad inmodificable, a saber, la supraestructura europea y el propio sistema capitalista.

Dice el catedrático de Literatura Juan Carlos Rodríguez que «lo que debería resultar más sorprendente es sin embargo lo que menos sorprende». Se refiere al hecho de que deberíamos asombrarnos ante un sistema que es capaz de dejar sin trabajo a más de un millón y medio de hogares y sin vivienda a centenares de miles de familias, por citar dos ejemplos. Sin embargo, hemos naturalizado esos dramas estructurales. Decimos la vida es así y seguimos a otras cosas. Pero no es la vida, sino esta vida. Concretamente esta vida bajo el capitalismo. Bajo un sistema regido por un principio básico de maximización de ganancias y que mercantiliza todo a su paso, desde los objetos hasta los seres vivos y los recursos naturales. Un sistema, llamado capitalismo, que nos esclaviza a un nuevo Dios llamado mercado que opera con caprichosos y cambiantes deseos de rentabilidad.

De ahí que el marxismo aspire a desnudar esa supuesta normalidad, y a mostrarla tan despiadada como es. Desmitificar las estrategias discursivas dominantes es, de hecho, parte de la acción política. ¿Acaso es verdad que somos todas las personas iguales en nuestra condición de ciudadanos como nos insisten unos y otras cada día? Cuando paseamos por el centro comercial, sugería Jean Baudrillard, se produce una suerte de equiparación en la que todos nos pensamos iguales. Ricos y pobres quedamos aparentemente indiferenciados en nuestra nueva condición de ciudadanos consumidores. Nada más lejos de la realidad, de esa realidad que palpamos en nuestras calles. Porque es ahí donde averiguamos que no sólo hay ricos y pobres sino también trabajadores y rentistas, y que por mucho que la estructura social de nuestras sociedades modernas se haya complejizado no dejamos de dividirnos en función de una distinta dependencia de nuestras propias capacidades y cuerpos. En efecto, algunos necesitan ofrecerse en el mercado mundial para ganarse el pan, y otros viven del trabajo ajeno. Eso, en esencia, no ha cambiado.

Este es el asunto más incontestable acerca de la actualidad del comunismo. Allá donde haya explotación, habrá lucha, y donde haya opresión, habrá resistencia. No importarán las etiquetas, ni tampoco la diversidad de los sujetos. Allá donde la explotación derive en miseria, desigualdad, desahucios, carencias básicas y otros obstáculos para el desarrollo de una vida en libertad, habrá contestación. En breve, siempre que exista el capitalismo como sistema existirá el comunismo como idea, movimiento y alternativa.

PS: El título del presente artículo es, queriendo, idéntico al que utilizó Carlos Fernández Liria a los pocos días del 15-M para decir, aproximadamente, lo mismo que yo ahora.

Alberto Garzón

Categorías: Alterglobalización

Los déficits públicos y las deudas públicas no son el problema

Ven, 20/05/2016 - 12:00

Eduardo Garzón – Consejo Científico de ATTAC España

Vergüenza e indignación es lo que siento cuando observo la obsesión de la Comisión Europea por que todos los países tengan que reducir el déficit público: vergüenza porque sus premisas y proclamas son falsas y equivocadas y las venden como verdades absolutas (y los grandes medios de comunicación se hacen eco de ellas sin verter un ápice de crítica); indignación porque detrás de estas exigencias de política económica se esconde el particular interés de reducir el tamaño del sector público todo lo posible a favor tamaño del sector privado, independientemente del coste social y ecológico que ello pueda conllevar.

Vamos a decirlo claro: no existe ningún motivo académico-científico-técnico serio que lleve a pensar que los Estados tengan que disminuir su déficit público  por debajo del 3% del PIB (¡y mucho menos presentar superávit, como últimamente se atreve a exigir la Unión Europea!). Recordemos que el tope del 3% sobre el PIB de déficit público fue inventado en menos de una hora y sin ninguna reflexión científica, sólo con el objetivo de disponer de una regla sencilla –y que pareciese seria– que obligase a los Estados a disminuir su gasto. ¿Qué demonios hacemos recortando en pensiones, sanidad, educación, dependencia, salarios, desempleo, etc, para cumplir con esa maldita regla acientífica e improvisada por cuatro personas? Estamos organizando nuestras sociedades de una forma absolutamente absurda, estamos viajando con una brújula trucada, y a pesar de ello parece que muy pocos se dan cuenta. Nos han engañado como a chinos y aquí nadie dice nada.

Necesitamos desprendernos de las mentiras y mitos que han contaminado nuestra mente cuando pensamos en cuestiones como el déficit público o la deuda pública. Repitámoslo hasta la saciedad: las finanzas del Estado no tienen nada que ver con las finanzas de una empresa o de una familia. El déficit de un Estado no significa que éste esté “viviendo por encima de sus posibilidades”, así como la deuda pública no es dinero que el Estado tenga que ingresar de algún modo para devolvérselo a quienes le prestaron el dinero. ¡Cuánto daño ha hecho la famosa falacia de la falsa analogía entre un Estado y una familia! Derrumbemos estas falsas creencias y sustituyámoslas por razonamientos técnicos que expliquen mejor la realidad.

El déficit de un Estado no es más que la diferencia entre el dinero que éste inyecta en la economía a través del gasto público y el dinero que éste retira de la economía a través de los ingresos públicos (como los impuestos). El déficit público no es otra cosa. Miren a su alrededor: todo el dinero oficial que existe ha nacido del gasto público. Las monedas, billetes y anotaciones electrónicas creadas por los bancos centrales se ponen en circulación cuando el Estado inyecta más dinero del que retira[1].

La anécdota que cuenta siempre Warren Mosler es muy clarificadora. Estaba él de visita por Pompeya cuando el guía turístico, señalando unas monedas del imperio romano, explicó que era dinero que el imperio tenía que recaudar de los ciudadanos romanos para poder gastarlo en construcción de acueductos, en guerras, y en otros gastos públicos. Entonces el economista estadounidense preguntó: “y de dónde salían esas monedas?” El guía respondió: “las creaba la autoridad del imperio romano que tenía esa competencia”. Mosler volvió a hablar: “entonces, si el imperio romano creaba las monedas, ¿por qué has dicho que para llevar a cabo políticas tenía que recaudarlas de los ciudadanos romanos? En todo caso primero tendría que crear las monedas, luego ponerlas a disposición de la gente a través de alguna política de gasto, y finalmente recaudarlas. Pero no puedes recaudar algo que no existe porque no lo has creado todavía”. El guía turístico se quedó pensativo, y finalmente respondió “Eh… sigamos con la visita”.

Esta simpática anécdota sirve para ilustrar algo de lo que jamás se habla, a pesar de lo evidente que es: el dinero oficial lo crea el sector público gracias a los bancos centrales (que no son independientes ni pueden serlo). Y en las sociedades modernas ese dinero se crea a través del déficit público. Cuando hay déficit público, se anota más dinero en las cuentas bancarias de las familias y empresas del que se borra de esas mismas cuentas. El déficit público es creación de dinero. Esto es incontestable.

La deuda pública, por lo tanto, no sería más que la anotación de todos los déficits públicos acumulados. Es decir, la deuda pública no es más que un registro contable que nos está diciendo cuánto dinero ha inyectado en la economía el Estado a través del déficit público. Utilizar el término “deuda pública” da lugar a confusión; podría llamarse “stock de dinero creado”, por ejemplo, y reflejaría mejor la realidad. Un Estado soberano podría aumentar su deuda pública sin necesidad de emitir bonos públicos o pedir préstamos a nadie, porque tiene el poder de crear el dinero[2]. Algunos llaman a esto “monetizar deuda”. Pero lo que ocurre normalmente es que los Estados, tanto soberanos como no soberanos, emiten bonos públicos. Pero en el caso de los primeros no lo hacen porque necesiten el dinero de los acreedores para poder tener déficit público, sino porque es un mecanismo que ajusta las reservas bancarias de los bancos al objetivo de tipo de interés establecido por el banco central[3].

Dicho lo cual, ni el déficit público ni la deuda pública son problemáticos per se. Al fin y al cabo son herramientas de política económica (¡nada más y nada menos que herramientas para crear dinero!). Y las herramientas pueden usarse para hacer cosas positivas o negativas, igual que un cuchillo se puede utilizar para cocinar o para matar. El recurso del Estado al déficit y a la deuda debe utilizarse cuando sea necesario, y ese momento es cuando en la economía haya menos dinero en movimiento del que sería deseable, algo que suele ocurrir en situaciones de crisis, recesión y estancamiento (¡como en la actualidad!): las empresas no se animan a invertir ni las familias a consumir tanto como sería óptimo para la actividad económica. Por lo tanto, esa ausencia de impulso económico debe darla el Estado a través del déficit público.

En macroeconomía hay una identidad contable que se cumple siempre: Gastos = Ingresos = Producción (o PIB en el caso de un país). Es decir, la cantidad que se gasta en una economía es exactamente la misma que se ingresa, y la misma que se produce. Puesto que el sector privado hoy día gasta menos de lo que permite la estructura productiva que tenemos, los ingresos y la producción son también inferiores a lo que podríamos permitirnos en la actualidad. De ahí que si queremos llegar al nivel óptimo tengamos que sumar al gasto privado el gasto público a través de déficits públicos.

¡Por eso desde la irrupción de la crisis internacional en 2007 los déficit y deudas públicas de los países han aumentado tanto! Porque es un estímulo que necesita la economía y que no le está dando el sector privado. De ahí que debamos tener claro que no importa cuán alto sea el déficit público o alta la deuda pública de un país, ya que no suponen más que simples anotaciones contables que conllevan creación de un dinero que no moviliza el sector privado. Precisamente la obsesión de la Unión Europea por reducir los déficits y las deudas públicas no hace sino reducir la cantidad de dinero que se crea en una economía, y por lo tanto, lo único que consiguen es contraer la actividad económica. Y luego se extrañan de que la crisis esté durando tanto tiempo. Vergüenza e indignación.

 

[1] Los bancos centrales también ponen ese dinero oficial a disposición de los bancos privados para que lo utilicen en sus transacciones, pero siempre como un préstamo, como una concesión para que hagan negocio. Pero el negocio –los intereses que pagan los prestatarios– provienen en su origen de dinero que nació con un déficit público. Para más detalle leer aquí.

[2] Siempre que tenga un banco central que le apoye, algo que desgraciadamente no ocurre en la Zona Euro. Pero por una decisión política, no técnica.

[3] Para más detalle leer aquí.

 

Saque de Esquina

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La pugna entre liberales (Hayek) e intervencionistas (Keynes) vista desde otro punto de vista (versión liberal)

Ven, 20/05/2016 - 08:00

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España

Categorías: Alterglobalización

Crisis y mutaciones del capitalismo

Ven, 20/05/2016 - 06:00

Alejandro Nadal – Consejo Científico de ATTAC España

La crisis global que explota en 2007 no es un pequeño tropiezo en la historia del capital. Es un terremoto de magnitud inusitada que alterará las formas de organizar la producción y el consumo para siempre. Las transformaciones que le están asociadas tocan las estructuras del Estado y de la plataforma de acumulación de riqueza que han caracterizado el movimiento del capital desde hace más de 200 años.

El anterior podría parecer un enunciado aventurado. Después de todo, la historia que nos cuentan los economistas tradicionales, en sus diversos colores, desde los más conservadores hasta los que visten el ropaje del llamado keynesiano, la crisis no es más que el resultado de una desafortunada combinación de eventos, casi un accidente. Para los conservadores la crisis se genera por errores en el manejo de la política económica. Por ejemplo, en Estados Unidos este grupo sostiene que fueron las hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac (patrocinadas por el gobierno) las que precipitaron la crisis de las hipotecas sub-prime. Y aunque los datos desmienten esta tesis, el dogma del mal gobierno se perpetua. El corolario es que no hay nada malo con el capitalismo.

Para los keynesianos y acompañantes, la raíz de la crisis se encuentra en una deficiente demanda agregada. Por ejemplo, economistas como Brad Delong y Joseph Stiglitz sostienen de manera explícita desde 2009 que la débil demanda agregada global es la causa fundamental de la crisis.

Los argumentos en contra de la austeridad fiscal van en la misma dirección. Las ganancias de los capitalistas dependen entonces de que los trabajadores gasten más. El estancamiento de los salarios es nocivo para el proceso de inversiones y cuando eso sucede el Estado debe entrar al quite estimulando la demanda. En la parte baja del ciclo económico, cuando las familias ahorran más y gastan menos, los keynesianos sostienen que el gobierno debe gastar más. La austeridad agrava el problema de la deficiente demanda agregada.

Pero la falta de confianza es otro problema: con la incertidumbre los agentes prefieren no despegarse de su dinero. Por eso se necesitó una postura heterodoxa en materia de política monetaria. Pero como no ha dado el resultado esperado, la interpretación keynesiana es que esa postura no ha restaurado el crecimiento porque se llegó al límite de tasas de interés cero.

Olvidan que el mismo keynes manifestó serias dudas sobre la efectividad de una política monetaria no convencional. La incertidumbre sobre el futuro devenir de la economía, señaló en su Teoría general en 1936, será el factor determinante y no habrá política monetaria que la pueda cambiar. De todos modos los economistas keynesianos y algunos neoclásicos que les acompañan en una parte del razonamiento insisten en la necesidad de mantener una política de flexibilidad monetaria no convencional.

Muchos llegan hasta el grado de proponer que se autorice el despegue del helicóptero monetario. Esta es una vieja idea que implica inyectar el influjo de dinero directamente al público, como manera de incentivar la demanda agregada. Por ejemplo, en una versión extrema esto implicaría acreditarle directamente en sus cuentas a la población una cierta cantidad de dinero. Pero después del festín de sobrendeudamiento que acompañó a la crisis, lo más probable es que los agentes busquen usar ese dinero extra para pagar deudas y no para irse de compras.

Frente a la narrativa de la deficiencia de la demanda agregada comienza a surgir una interpretación distinta basada en los datos sobre el desempeño de las economías capitalistas en los últimos 50 años. Varios investigadores han demostrado que en los casos de las fuertes recesiones de 1974-75 y 1980-82 en Estados Unidos, la relación salarios reales/tasa de ganancia se mantuvo en niveles altos. Es decir, la recesión no habría sido provocada por una caída de los salarios con respecto a la tasa de ganancia, sino al contrario. El trabajo de referencia es de Guglielmo Carchedi y Michael Roberts, y su conclusión choca de frente con la interpretación sobre las raíces de la crisis que ya se ha convertido en una especie de narrativa dominante.

Lo anterior no significa que la demanda agregada no ha sido deficiente. Es un hecho que el crecimiento de los salarios reales se estancó desde principios de la década de los años 1970. Pero hay una pregunta que el análisis convencional prefiere ignorar: ¿por qué dejaron de crecer los salarios a partir de esos años? La hipótesis más fuerte es que la caída en la tasa de ganancia que experimentó el capital desde los años 60 llevó a una ofensiva en contra del trabajo. Eso se tradujo en una acometida en contra de sindicatos y en un endurecimiento anti salarial.

Pero todavía queda otra pregunta fundamental. ¿Por qué cayó la tasa de ganancia? Esta es la interrogante más importante, la Robert Heilbroner consideraría esencial para abordar una reflexión sobre la lógica del capitalismo y las mutaciones que vendrán en el futuro cercano. Regresaremos sobre este tema.

Twitter: @anadaloficial

Publicado en La Jornada

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¿Para cuando el final de los combustibles fósiles?

Xov, 19/05/2016 - 12:00

Ignacio MártilPúblico.es

Desde hace más de un año el precio del petróleo experimenta descensos en su precio que no dejan de causar asombro y desconcierto, habida cuenta de que desde hace décadas se insiste en lo próximo que está el agotamiento de las reservas, tanto de este como de los otros combustibles fósiles, gas y carbón. En este artículo analizaré el estado actual del consumo de energía en el planeta, así como las previsiones más recientes para una cronología del agotamiento de los combustibles fósiles.

1. El consumo actual de energía en el mundo y el dominio absoluto de los combustibles fósiles

El consumo energético es sencillamente insostenible. En las últimas décadas, los principales responsables son, de una parte, ciertos aspectos del modo de vida de una parte de la población mundial, localizada principalmente en los países industrializados, que suponen menos del 25% del total y de otra, el aumento demográfico experimentado en las últimas décadas. En efecto, en 1950 la tierra tenía 2.500 millones de habitantes, en el año 2000 ya superaba los 6.000 millones, hoy día somos 7.300 millones y la mayoría de previsiones pronostican que en 2050 se acercará a los 9.500 millones de habitantes.

Energía consumida en el planeta (TWh) en las cuatro últimas décadas. La relación entre potencia y energía, así como el detalle de las unidades empleadas se encuentran en la nota [1] al final del artículo. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Informe BP y de la U.S. Energy Information Administration.

El consumo mostrado en la tabla tiene un reparto muy desigual en el mundo, ya que los países industrializados, con un 25% de la población mundial, consumen el 60% del total de energía. Tal y como se aprecia en la tabla anterior, ese consumo no ha dejado de crecer, y todas las previsiones apuntan a que esa tendencia no se va a frenar en el futuro próximo: 20 TW para 2.020 y 23 TW para 2.030.

Mientras el modo de vida actual no cambie significativamente, la humanidad seguirá dependiendo fuertemente del petróleo, del gas y del carbón. Y en el caso concreto del petróleo, esa dependencia seguirá siendo inevitable mientras los automóviles y los aviones se muevan con gasolinas y kerosenos. Ese escenario no cambiará significativamente mientras otros sistemas de propulsión alternativos (hidrógeno, electricidad) no se desarrollen suficientemente como para poder competir en condiciones de igualdad con los primeros.

2. Evolución prevista de las reservas de combustibles fósiles.

Dependiendo del combustible, las previsiones de agotamiento para cada uno de ellos son las siguientes:

Carbón. A pesar de que hace más de dos siglos que comenzó su utilización masiva, el carbón sigue siendo abundante y sus yacimientos no están concentrados geográficamente, por lo que no existe, ni se vislumbra a corto o medio plazo, problemas de suministro. Con los niveles de explotación actuales, habría carbón para más de 200 años.

Gas natural. Es el que más recientemente se comenzó a utilizar. En EEUU, su consumo se generalizó a partir de los años 50, en Europa a partir de los 70 y en España, a partir de mediados de los 90. La madurez de la tecnología de producción de energía con este tipo de combustible es muy elevada, lo que ha facilitado un incremento espectacular de su utilización. Esto ha traído aparejado un acusado descenso en las reservas conocidas, de modo que sus expectativas de agotamiento se cifran en 60-80 años.

Petróleo. Es el combustible para el que resulta más difícil estimar la duración de las reservas conocidas en la actualidad. Se viene utilizando en la era moderna de forma significativa aproximadamente desde 1850, aunque no fue hasta la llegada del motor de combustión interna en los primeros años del siglo XIX cuando comenzó a dispararse su consumo. La intensa explotación a la que ha sido sometido este recurso ha reducido sus expectativas de agotamiento hasta el margen 40-50 años, lo que le convierte en el combustible fósil más escaso.

Es difícil estimar la fecha de su agotamiento con mayor precisión. La mayoría de científicos coinciden en la idea de que tanto el descubrimiento de nuevos yacimientos de hidrocarburos como su extracción obedecen a una tendencia que muestra la siguiente figura, conocida como teoría del Pico de Hubbert:

Teoría del auge, máximo de extracción y decrecimiento de las reservas de petróleo.

La formulación detallada de esta teoría se debe al científico estadounidense Hubbert. Su teoría, formulada en los años 50 del siglo pasado, se demostró válida para las curvas de descubrimientos y extracciones de los EEUU y se ha extrapolado al planeta entero.

En esencia, la teoría de Hubbert indica que la producción mundial de petróleo llegará a su cenit y después declinará tan rápido como creció. Así mismo, señala que el factor que limita la extracción de petróleo es la energía requerida para extraerlo y no su coste económico. Es decir, cuando se necesita consumir una energía equivalente a un barril de petróleo o más para obtener ese mismo barril, la producción ya no es rentable y el yacimiento en cuestión se abandona. Esa magnitud se denomina Tasa de Retorno Energético (TRE) y para cualquier yacimiento, la TRE disminuye conforme pasa el tiempo. En la actualidad, para la mayoría de los yacimientos en explotación, la TRE se sitúa entre uno y cinco barriles de crudo por cada barril usado en la extracción, transporte y posterior refino, mientras que a finales del siglo XIX, los campos petrolíferos aportaban 50 barriles por cada barril usado.

En la actualidad el debate se centra en cuándo ocurrirá el pico de extracción. Esto depende de los posibles descubrimientos de nuevas reservas o la explotación de nuevas formas de petróleo no convencionales, conocidas como fracking. Según la ASPO (Association for the Study of Peak Oil), que engloba a científicos y economistas de todo el mundo, el pico de producción hay que situarlo entre 2010 y 2015, mientras que Agencia Internacional de la Energía lo situaron en 2006 para el petróleo y algo más tarde para el gas. En todo caso, la curva de extracción real de petróleo y gas natural es algo más compleja que la predicha por la teoría de Hubbert, tal y como se muestra en la siguiente figura:

Evolución real del pico de extracción de hidrocarburos, distinguiendo las zonas geográficas de extracción. La escala vertical esta expresada en miles de millones de barriles/año.

El problema latente de la gran dependencia que tenemos del petróleo es el enorme “desaguisado” que supondrá para nuestro actual modo de vida su desaparición, dado el sin fin de aplicaciones que tiene, la mayoría de las cuales se quedarán sin materia prima, al no haber hoy por hoy sustituto. Casi todas nuestras tecnologías y nuestras industrias están relacionadas con productos o subproductos del petróleo. En efecto, un breve repaso nos muestra que tanto el petróleo como el gas se usan para producir energía eléctrica, transporte, lubricación, maquinaria, fertilizantes, pesticidas, plásticos, materiales compuestos o sintéticos, productos químicos, etc.  La figura resume e ilustra las estimaciones de la fecha de agotamiento de los combustibles fósiles:

Previsiones para el agotamiento de las reservas de los diferentes combustibles fósiles, así como del uranio, a los ritmos de consumo actuales. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Revista Ambient@

3. Conclusiones y expectativas

Nos encontramos en un momento crucial, la población mundial seguirá creciendo y la actividad económica no se puede frenar, mientras el principal combustible disminuye inexorablemente cada año. Surgen múltiples interrogantes: ¿Qué haremos a medida que los combustibles fósiles vayan desapareciendo? ¿Qué sustitutos podrán utilizarse? ¿Serán sostenibles los actuales consumos energéticos?

Trataré de responder a estos y otros interrogantes en un próximo artículo, en el que analizaré las potencialidades y las limitaciones de las únicas energías que pueden sustituirlos sin comprometer irreversiblemente el medio ambiente, el clima, etc., las energías renovables.
__________
[1] La potencia que un determinado aparato tiene se mide en vatios (W) y en múltiplos de vatios: kW (1.000 W), MW (un millón de vatios, 1.000.000 W), GW (mil millones de vatios, 1.000.000.000 W) y TW (1 billón de vatios, 1.000.000.000.000 W). Para saber cuánta energía produce o consume una central eléctrica o una lavadora, respectivamente, hay que conocer durante cuánto tiempo está en funcionamiento, de manera que Energía = Potencia x Tiempo. Las unidades de esta son entonces el kWh, MWh, etc.
Un consumo o producción energético anual puede expresarse como potencia sin más que dividir la energía por el número de horas de un año, 8760.

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Ignacio Mártil es Catedrático de Electrónica de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de econoNuestra.

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Europa, el elefante en el salón del 26J

Xov, 19/05/2016 - 08:00

Isidro López / Emmanuel RodríguezCTXT

Pedripol

Vamos camino de una “segunda vuelta”, última estación de un largo ciclo electoral, pero ¿qué tal si volvemos a plantearnos lo fundamental? De una forma deliberadamente “dogmática”, invitamos a abrir la discusión sobre la única escala territorial que en última instancia resulta determinante: Europa.

1. La Unión Europea es el mayor experimento político de la era neoliberal. Ese experimento ha consistido en la creación de una esfera (meta)estatal, especializada fundamentalmente en la regulación económica, ajena a la presión democrática y, a su vez, sometida a presiones muy difuminadas, pero encabezadas por los grandes lobbies corporativos. Su propósito no ha sido otro que el de dirigir la extracción y centralización del beneficio a escala continental. Lo que ya no era posible a escala del Estado nación (dirigir los ciclos económico-financieros), ha resultado posible gracias al encaje europeo. Si el neoliberalismo es la conquista del Estado por parte de los poderes financieros, la Unión Europea es su máxima expresión.

2. La crisis europea es la crisis del capitalismo financiarizado. Esta crisis es, en última instancia, el resultado de la imposibilidad que tiene el capitalismo actual para ofrecer más orden social que el del crédito y su reverso, la deuda. Europa y el capitalismo financiero, al que en definitiva representa políticamente, tienen poco que ofrecer, tal y como se muestra en casi una década de políticas de austeridad.

La llamada crisis de los refugiados es una consecuencia directa del orden que imponen las políticas de austeridad, que ayer fueron crédito y expansión, y hoy son deuda y disciplina. Desde un punto de vista político, las políticas de austeridad no son únicamente, ni siquiera fundamentalmente,  políticas de recortes y privatizaciones, sino la imposición, para un 80% de la población, de un férreo imaginario de la “escasez”: un “no hay suficiente para todos”. Se explica así que un millón de refugiados, cifra que en otras épocas históricas hubiera resultado insignificante, pueda generar hoy un terremoto político a escala continental.

Los comedores sociales muy frecuentados por “nativos” en Alemania ya existían antes de la llegada de los refugiados; estos simplemente los han visibilizado. La larga crisis de los países centrales, que sigue el ritmo de un cuentagotas, antes que el de un derrumbe de la estructura social como en los países del sur del continente, ya estaba ahí. La llegada de los refugiados ha servido para instrumentalizar la crisis por formas reactivas y xenófobas.

3. La legitimidad de la Unión Europea es el fruto del fuerte desarrollo desigual dentro del continente. La percepción de Europa como sinónimo de libertades y derechos resulta todavía fuerte en las periferias y semiperiferias europeas, que han experimentado una carencia histórica de esos mismos derechos y libertades. Esas demandas han vuelto sobre los países centrales alimentando el mito de la misión civilizatoria europea: una suerte de retorno de los viejos sueños de su pasado imperial. En este sentido, la amalgama de tiempos históricos diferentes, pero coexistentes, ha generado no pocas superposiciones, algo por otro lado típico de las periferias y semiperiferias; como cuando en la España felipista las clases medias nacientes clamaban por Europa. Estas pedían al Estado bienestar y derechos, y en el mismo paquete recibían neoliberalismo y financiarización, entonces fuerzas ascendentes en el continente.

4. La salida o no del euro es un falso debate. El vínculo monetario no es la principal atadura que une a los territorios europeos. Por debajo de la unión monetaria, se ha configurado una división continental del trabajo. Los territorios europeos, también en las escalas regional y local, se han especializado en distintas actividades, en distintos puntos de un mismo proceso productivo. El centro mantiene sus funciones como exportador y centralizador de capitales, la semiperiferia sur consume a crédito los productos de esas mismas líneas de exportación y da salida al exceso de capital centralizado mediante burbujas inmobiliarias. Por último, los países del este ponen la fuerza de trabajo, ya sea como inmigración o como outsourcing de segmentos productivos de los países centrales.

Europa es, hoy, un conjunto de diferencias interrelacionadas materialmente. Salir de la moneda común no implica, bajo ningún concepto, escapar de este entramado de relaciones. No sólo no es sinónimo de independencia y soberanía, sino que puede servir como multiplicador de la dependencia y la falta de soberanía. La pregunta pertinente, la que interpela a los países centrales para que asuman la responsabilidad material que les corresponde en el establecimiento de un modelo del que son beneficiarios, pero que construimos entre todos, no es sencilla. No obstante, los atajos están invalidados, y la salida del euro es uno de ellos.

5. La construcción de la Unión Europea como una fuerza supraestatal neoliberal no anula los Estados-nación, sino que los usa para sus propios fines. Los Estados nación sirven, como por otro lado suele ocurrir cada vez que el capital se ha reconstruido en la esfera transnacional, como diques de contención de los efectos que generan las directrices económicas de la UE. Las políticas de austeridad vienen de Bruselas, pero es el Estado español, incluidos ayuntamientos y comunidades, quien tiene la responsabilidad de gestionar el malestar que generan los recortes y las privatizaciones. La afluencia de refugiados está directamente relacionada con las políticas y los intereses de la Unión Europea en los países de origen, pero la gestión y la represión de los flujos de refugiados corresponde a los países limítrofes.

Cuando Hungría y Austria anuncian la construcción de un muro en la frontera interna, cuando España refuerza la valla de Melilla, cuando el Reino Unido amenaza con marcharse si no se anulan los derechos de ciudadanía de los europeos residentes o, más en general, cuando en los países centrales y del este crecen las opciones políticas xenófobas no se está amenazando el orden europeo, sino reforzando la función de contención de los Estados nación. Conocemos la contraparte: vía libre a las grandes líneas económicas neoliberales, ataque a los salarios, recortes, privatizaciones y endeudamiento masivo.

6. Mientras no haya democracia en Europa no puede haber democracia en los Estados que la integran. Este es un punto especialmente delicado, resulta incomparablemente más fácil hacer como si fuera posible una transición hacia la democracia política y la justicia económica en los marcos nacionales. A eso hemos jugado por estos lares durante el largo ciclo electoral que hemos atravesado.

Podemos poner todas nuestras fuerzas en derribar al PP y a Rajoy, pero desde el punto de vista europeo y durante los últimos dos años, estos han sido sostenidos por las políticas expansivas del BCE y el perdón de los recortes de la Comisión. Podemos centrarnos en superar al PSOE y dejar atrás a Ciudadanos, pero estos dos partidos sólo son peones en los próximos ajustes que ordenará Bruselas. Podemos preparar el más impecable programa económico neokeynesiano, hasta Schäuble podría apreciar su interés y belleza formal, al mismo tiempo que ordena destrozarlo. Hasta que no seamos capaces, y no es sencillo, de politizar la esfera europea, de dar un salto de ambición y de responsabilidad, cualquier demanda social tendrá que ser reajustada a la baja y cualquier terreno conquistado lo será solo temporalmente.

Ahora que empieza una nueva campaña electoral, ¿seguirá Europa siendo el tema “peliagudo” que las familias (políticas) se cuidan de no sacar en la cena de Nochebuena?

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