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¿Existió alguna vez la época dorada del capitalismo?

Sáb, 25/03/2017 - 09:00

Alejandro Nadal – Consejo Científico de ATTAC España

En muchos círculos de todo el espectro político se habla de una época dorada del capitalismo. La referencia es al periodo que arranca con el Nuevo Trato impulsado por la administración Roosevelt durante los años de la gran depresión y termina hacia finales de la década de los años 1970.
Entre 1945 y 1970 la economía estadounidense experimentó un incremento sostenido en el ingreso promedio de la población y una expansión casi sin precedentes de la clase media. Casi todos los observadores concuerdan en que durante esos años se consolidó una especie de paz social en la que capital y trabajo convivieron para generar un auge económico sin precedente. Hoy la nostalgia por la época dorada hace soñar a muchos a lo largo de todo el espectro político

Pero, ¿realmente existió esa época dorada? Es una pregunta importante y compleja. Nuestra visión sobre la evolución del capitalismo en los tiempos que corren depende de la respuesta. Los objetivos estratégicos de la acción política de partidos, sindicatos y todo tipo de organizaciones también están condicionados por ella. Para simplificar el análisis podemos hacer referencia en primer lugar a la economía de Estados Unidos. No es casualidad que la referencia geográfica para ese periodo de auge sea ese país pues en él nunca existió otra cosa que el modo de producción capitalista.

Para empezar hay que reconocer que entre 1945-1970 la economía de Estados Unidos efectivamente mantuvo altas tasas de crecimiento de manera sostenida. Y durante esos años se alcanzó algo muy cercano al pleno empleo y el crecimiento de los salarios fue constante. Por esos resultados se considera que fueron los años dorados del capitalismo, tanto en círculos conservadores como en espacios más críticos y hasta radicales.

Son muchos los factores que explican este proceso de crecimiento. Uno de ellos tiene que ver con las nuevas oportunidades de rentabilidad que se abrieron para la inversión. Otro se relaciona con el mantenimiento de una demanda agregada apuntalada por salarios que acompañaron los aumentos en productividad. La reproducción de la fuerza de trabajo pudo realizarse gracias a ese crecimiento de los salarios.

Por otra parte, las élites en Washington fueron muy hábiles para explotar la hegemonía estadounidense en la posguerra. En especial, el sistema de Bretton Woods ofreció ventajas singulares a la economía estadounidense al mantener una demanda constante de dólares. No fue sino hasta la primera mitad de la década de 1970 que el régimen de Bretton Woods se desintegró y Estados Unidos tuvo que inventar otro sistema para asegurar la demanda artificial de dólares. Eso lo logró a través de un acuerdo con Arabia Saudita para que sus ventas de petróleo se hicieran en dólares, pero esa es otra historia.

En las narrativas que hablan sobre la época dorada aparece un común denominador. Se dice que el régimen económico estuvo basado en una tregua entre capitalistas y trabajadores. El respiro en la lucha entre clases habría nacido con el Nuevo Trato de Roosevelt diseñado para afrontar los efectos de la gran depresión. Pero un análisis más detallado revela que la supuesta tregua no fue sino una guerra de posiciones y de preparación para la ofensiva final del capitalismo.

Al inicio de la depresión el movimiento sindical en Estados Unidos era débil. Pero entre 1937-1947 la membresía sindical se multiplicó por un factor de cinco y alcanzó los 15 millones de trabajadores. Entre 1945-1970 estallaron más de cien huelgas importantes en sectores estratégicos: estibadores, trabajadores ferroviarios y obreros industriales en diversas ramas. Una de las huelgas más importantes fue estallada a escala nacional por trabajadores de General Electric en 1946. De ahí nació en la empresa un modelo para promover negociaciones directas con los trabajadores a nivel individual y así marginar a sindicatos y organizaciones obreras.

Las estructuras empresariales nunca vieron con buenos ojos las políticas del Nuevo Trato. Para 1945 sus objetivos pasaron a la destrucción de las bases de la contratación colectiva y a la recuperación del control sobre el proceso de trabajo en talleres y fábricas. La guerra ideológica se llevó a las universidades a través de organizaciones que financiaron todo tipo de proyectos sobre las virtudes del libre mercado y los peligros del autoritarismo y la corrupción sindical. Al arrancar la guerra fría el capital buscó recuperar la hegemonía ideológica, al acusar al sindicalismo y a la intervención estatal de acercarse al comunismo. Al final de la década de los setenta, el movimiento sindical había comenzado a fragmentarse y debilitarse.

En síntesis, las condiciones económicas que dieron lugar a la llamada época dorada del capitalismo fueron excepcionales y no volverán a repetirse. La supuesta tregua entre capitalistas y trabajadores corresponde a una mala interpretación de los hechos. Hoy que estamos en plena crisis del neoliberalismo no hay que hacerse ilusiones sobre un pretendido regreso a una mítica época dorada del capitalismo.

Twitter: @anadaloficial
La Jornada

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La sociedad civil se movilizará contra la ratificación del CETA

Sáb, 25/03/2017 - 07:00

NoalTTIP

La sociedad civil se movilizará contra la ratificación del CETA

24/3/2017

La campaña ‘No al TTIP, CETA, TiSA, pide a los grupos parlamentarios tiempo suficiente para un escrutinio exhaustivo de un tratado que impactaría directamente en la población e hipotecaría gravemente su futuro.

Hoy el Consejo de Ministros tiene previsto remitir el tratado comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA) a las Cortes. Es uno de los primeros pasos en el proceso de ratificación estatal después de la firma en octubre y que una mayoría del Parlamento Europeo diera luz verde al tratado el pasado 15 de febrero.

“Tal como habíamos anunciado en febrero cuando el Parlamento Europeo votó sobre el acuerdo con Canadá, nos movilizaremos para impedir la ratificación del CETA en el trámite parlamentario”, comunica la campaña No al TTIP, CETA, TiSA, formada por más de 350 organizaciones sociales, sindicales y políticas opuestas a los tratados comerciales neoliberales.

“El Congreso de los Diputados y el Senado deberían dedicar el tiempo necesario para examinar con detalle este tratado de 1.600 páginas y asegurar que las preocupaciones sobre un texto de tal envergadura sean consideradas bajo la lupa del interés general. Hay graves controversias, por ejemplo, relacionadas con la gestión de los servicios públicos, la posibilidad que tienen los inversores para desafiar leyes con un tribunal de arbitraje específico, el encarecimiento de medicinas con las reglas de propiedad intelectual, la precarización laboral mediante la movilidad temporal de trabajadoras y trabajadores, la prohibición de regular servicios financieros que pueden causar nuevas quiebras bancarias y financieras, los impactos en la contratación pública de los municipios o los capítulos de regulación nacional que rebajan estándares ambientales o ponen en peligro la salud”, señala la campaña.

El mundo rural, las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los servicios públicos están entre los grandes perjudicados del tratado comercial con Canadá, así como las personas afectadas por las hipotecas (PAH), las preferentes o las cláusulas suelo.

Las organizaciones integrantes de la campaña solicitan a los grupos parlamentarios la creación de una comisión de estudio del CETA y el encargo de un estudio de impacto independiente.

Portavoces de la campaña han añadido: “Son asuntos de gran peso que merecen ser estudiados y debatidos con el máximo rigor. Asimismo, todas las partes interesadas deben tener la posibilidad de presentar sus análisis ante las y los representantes parlamentarios. Es fundamental que la ciudadanía tenga la oportunidad de ser escuchada en cuantas audiencias hagan falta en sede parlamentaria. Sin estudios previos para conocer los impactos del CETA en el Estado español y sin consultas con la sociedad, es imposible cumplir con la función legislativa y de control parlamentario, es decir, no habría ni transparencia ni democracia”.

Por todo ello, se hace un llamamiento a toda la sociedad a sumarse a la campaña de presión política hacia los grupos parlamentarios para dar a conocer los múltiples peligros que tendría el CETA.

Se pide también a los representantes de parlamentos autonómicos y ayuntamientos que informen de las consecuencias del CETA en su ámbito y expliquen cómo restringiría el derecho a regular y limitaría la autonomía local y la soberanía parlamentaria.

Además de una campaña de información y difusión en medios, se convocarán diferentes movilizaciones para expresar, antes de la votación en las Cortes, el rechazo a un tratado diseñado para los intereses de grandes grupos empresariales y no para los de la mayoría social.

Categorías: Alterglobalización

¿Por qué crece la economía española?

Ven, 24/03/2017 - 09:00

Albino Prada - Comisión JUFFIGLO de ATTAC España

Para el bienio 2015-2016 el INE estima un crecimiento económico en España del 3,2%, con una aportación de la demanda nacional del 3,3% en 2015 y del 2,8% en 2016. Lo que implica una contribución negativa de la demanda externa en 2015, y muy reducida en el 2016. Según el INE más del noventa por ciento de nuestro crecimiento descansó en la demanda interna para el conjunto del bienio.

El motor externo

A pesar de su muy reducida aportación al crecimiento de la economía española debe anotarse en la demanda externa algún aspecto a destacar. Así el conjunto de la balanza de bienes y servicios  ha pasado de fuertemente negativa, antes de la crisis, a ser positiva en casi un tres por ciento del PIB el año 2016. Esto podría ser síntoma de una mejora de nuestra competitividad comercial, pero ¿ha sido así?

De entrada el saldo total de la balanza comercial seguía siendo negativo en 2016. Pero debe añadirse que, aunque dejemos a un lado el saldo energético (que se ha tornado menos desfavorable por razones exógenas y se ha reducido a la mitad en los últimos años, de ser negativo por 45.000 millones a serlo solo en 16.000), el saldo comercial no energético aún sigue siendo negativo. De manera que nuestra competitividad comercial explica en escasa medida la mejora del saldo externo total.

Porque si dejamos a un lado el viento de cola que ha supuesto el abaratamiento de los hidrocarburos en este pasado bienio, la mejora del saldo externo total debe ser imputado sobre todo a los servicios, y dentro de ellos a los turísticos (muy favorecidos por la devaluación salarial interna y la demanda centroeuropea).Una balanza de servicios que anotó en 2016 un saldo positivo por casi un 4.5% del PIB, saldo que compensa sobradamente el, decreciente, déficit de la sub balanza energética y del resto de mercancías. Podría decirse que la devaluación salarial interna no habría mejorado tanto nuestra competitividad comercial cuanto nuestro negocio turístico.

Cabe incluso matizar aquella mejora del saldo comercial no energético en un sentido problemático: ya que el factor decisivo ha sido la congelación nominal de las importaciones a niveles del año 2007 (otro efecto de la devaluación interna) como se observa en el siguiente gráfico con un índice 122 en 2016prácticamente igual al 121 de 2007.Lo que quiere decir que si la tendencia de nuestras importaciones no energéticas continuase en la senda anterior a la crisis abría neutralizado y absorbido toda la mejora exportadora.

Evolución del comercio exterior de mercancías en España

De manera que la, con todo, reducida aportación del motor externo al crecimiento ha de imputarse, por un lado,a la buena coyuntura de los precios de los hidrocarburos (que abarata nuestras elevadas importaciones), y, por otro, a una devaluación interna que ha frenado las importaciones no energéticas y ha impulsado al mismo tiempo nuestra balanza de servicios turísticos.

En ausencia de estos comportamientos nuestra mejora en el desempeño comercial exportador habría sido insuficiente para mejorar la aportación de nuestra demanda externa al crecimiento del PIB. O, dicho de otra forma, la devaluación interna (salarial, laboral y de rentas) aplicada a la economía española no habría activado el motor externo a pesar de haber contado con el abaratamiento de las importaciones no energéticas y provocado la congelación de las no energéticas.

El motor interno

Analicemos ahora el factor sin duda determinante de la recuperación en el bienio 2015-2016: la demanda interna. Con un crecimiento medio en torno al tres por ciento es aquí donde se sitúan las mayores luces, y también las sombras, de nuestro modelo de recuperación. Y ello aunque comprobemos que mientras en el último trimestre del 2015 dicha demanda crecía a tasas del 3,8%, apenas lo hacía ya al 2,2% en el último trimestre del 2016.

En cualquier caso se agolpan las preguntas: ¿porque crece tanto la demanda interna española?, ¿y cómo lo puede hacer en un país con la mayor tasa de paro y de desigualdad social de la UE?.Tres vectores explicarían, de forma desigual, ese impulso de la actual recuperación. Los recogemos en una gráfica trimestral para el conjunto del bienio.

Desglose de la demanda interna en España (tasas de variación interanual)

El primer vector, en cuanto a crecimiento interanual, habría sido la inversión empresarial hasta mediados del pasado año. Una inversión empresarial en bienes de equipo (cabe suponer que producto de una recuperación de los márgenes empresariales y de las rentas no salariales en el PIB que también confirma el INE) que sería un factor determinante de primer orden hasta ese momento, pero que en la actualidad ya crece menos intensamente que el conjunto de la economía. Tampoco en el otro vector tradicional de la inversión (la constructora) anota tasas de crecimiento superiores al 2% en 2016. En suma: el conjunto de la inversión presenta una fuerte tendencia a la desaceleración en los últimos trimestres.

Un segundo vector que ayudó a nuestra recuperación fue el consumo público, pero soloa consecuencia de la suavización del ajuste de las cuentas públicas a lo largo del año electoral de 2015. Esta segunda fuerza habría entrado en agudo declive ya a lo largo de todo el año pasado. El retorno a la senda austericida que marca, y supervisa, Bruselas estaría detrás de esa tendencia hacia el crecimiento cero que recoge la gráfica.

De manera que, a finales del pasado año, solo nos restaba una fuerza impulsora del crecimiento: el consumo doméstico o de los hogares. Consumo que se movía según el INE en perfecto ajuste al del PIB total de nuestra economía.

Es éste el factor explicativo menos diáfano y coherente con la elevada tasa de paro, de bolsas de pobreza y de desigualdad del país. Podrían identificarse –sin embargo- dos factores que, pese a ello, explicarían su crecimiento: que sean las rentas medias-altas las que protagonicen ese empujón, y que esta magnitud se vea afectada por las rentas de hogares de residentes extranjeros inactivos.

Aun así no deja de ser una anomalía que el consumo de los hogares en España crezca a tasas muy superiores a las que lo hace en una economía como la alemana como bien se observa en otro gráfico.

Consumo de los hogares (tasas interanuales)

En mi opinión esto sólo cabe imputarlo a un efecto riqueza derivado de la devaluación salarial y de la deflación de precios en favor del cuarenta por ciento de hogares de mayor renta (ya que en el resto de los hogares son mayoría los que llegan con dificultades a fin de mes). Si se quiere un ejemplo: un aumento del consumo en hogares de renta media alta derivado de los ahorros en pago de servicios domésticos que se habrían abaratado mucho en los últimos años.

Resumen final

La actual recuperación de la economía española finalizó el año 2016 con una dependencia casi absoluta del motor interno vinculado al consumo de los hogares de rentas media-altas. Ni la inversión, ni el consumo público, ni la demanda externa están contribuyendo significativamente a dicha recuperación.

Es éste un modelo de recuperación que confirma al menos dos cosas. Que la devaluación interna solo está beneficiando la actividad turística y de contratación de servicios personales cada vez más precarios, y que los ajustes fiscales impiden que la inversión pública tome el relevo de la inversión privada.

De mantenerse ambas políticas, devaluación laboral-salarial interna y ajustes fiscales, el crecimiento se irá desacelerando necesariamente, dependiendo cada vez en mayor medida del consumo de los sectores de la población de mayor renta. Un problemático modelo de crecimiento ya que alimenta -y está alimentado- por la desigualdad social.

Publicado en Infolibre

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Salvemos el ITF

Ven, 24/03/2017 - 07:00

Óscar Iglesias Fernández - Diario 16

“España respalda totalmente la propuesta, pero no podemos seguir debatiendo el proyecto eternamente”. Estas palabras, del ministro de Economía español, Luis de Guindos, muestran claramente la situación de bloqueo en la que se encuentra la puesta en funcionamiento del impuesto a las transacciones financieras.

En junio de 2011, el Euro-barómetro del Parlamento Europeo, Los Europeos y la Crisis, hacía la siguiente pregunta: “El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente la introducción de un impuesto sobre los Transacciones a nivel mundial, o al menos en la UE al principio. Este impuesto sería muy bajo: 0,05% en cada transacción financiera. No se aplicaría al público en general, sino a las transacciones entre actores financieros (bancos, hedge funds, etc.). Por favor, dígame si usted está a favor o en contra…”. La respuesta de los europeos no dejó lugar a dudas. El 61 por ciento afirmaba apoyar el impuesto; un 26 por ciento se oponían; y un 13 por ciento no expresan su opinión.

En este contexto, hace cuatro años, la voluntad política nos ofreció una noticia positiva en medio de una Europa devastada por el sufrimiento, la angustia y el dolor. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, en su reunión del Ecofin, habían aprobado por fin, la puesta en marcha de la tasa a las transacciones financieras (ITF) en once países europeos (Alemania, Francia, España, Italia, Austria, Bélgica, Portugal, Eslovenia, Grecia, Eslovaquia y Estonia). Para conseguirlo, utilizaron el Mecanismo de Cooperación Reforzada. Una figura importante para el progreso presente y futuro del bienestar en nuestro continente, que evitaba que una minoría bloqueara avances como al que nos estamos refiriendo.

En un momento de clamoroso rechazo a las políticas burocráticas de Bruselas, parecía que se producía un cambio de rumbo guiado por la opinión de los europeos, que era tenida en cuenta. Pero, cuatro años después, parece que los largos pasillos de Bruselas y de Estrasburgo están logrando derrotar, o cuanto menos aplazar, de nuevo, la puesta en funcionamiento del impuesto a las transacciones financieras.

Un error económico de primera magnitud, en una UE que no pudo extender el acuerdo a todos los países por la negativa o abstención de países como el Reino Unido (que tiene su propia tasa sobre operaciones de acciones) Suecia, República Checa, Malta y Luxemburgo. Y que ahora se enfrenta al Brexit y unos populismos que quieren acabar con la Unión.

Pero también un error político, porque alimenta un discurso fácil contra la conveniencia de seguir perteneciendo a una Unión Europea que identifican con unas elites económicas y políticas que van contra el bienestar de los europeos de a pie. Olvidando, que es la mayor y mejor construcción humana de paz y de bienestar, aunque necesite de una reorientación ante las políticas de la última década principalmente.

La puesta en funcionamiento del impuesto es necesaria ya, incluso para un sistema financiero que necesita mejorar su reputación ante los ciudadanos, y contribuir a la equidad en Europa. Algo lógico dentro del contrato social que fundamenta nuestra sociedad. Pero aún más, si se recuerda que los europeos han aportado más de 5 billones de euros al sector financiero en los últimos años.

La puesta en funcionamiento del impuesto es necesaria ya, precisamente ahora que se incrementan las incertidumbres políticas en Europa, ya sean por los posibles impactos que puede traer el Brexit; las elecciones en Holanda, Francia y Alemania, o la desregulación del sector financiero que anunció el presidente de EE.UU.

Ya lo afirmé en su momento. Era un primer paso. Y, los ciudadanos tenían que seguir presionando a los gobiernos, que ellos han elegido con su voto, para que se pusiera en funcionamiento, se extendiera y fuera el comienzo para acabar con los paraísos fiscales. Primero, con los que existen en Europa, para dar ejemplo, y después, o en paralelo, con los del resto del mundo.

La puesta en funcionamiento del impuesto es necesaria ya. Y hay que presionar para que en la reunión del Ecofin de marzo se ponga una fecha, sin más excusas ni dilaciones. Este paso, servirá para recuperar una concepción de la democracia donde el ciudadano y su bienestar están por encima de unas oligarquías que vacían de contenido la democracia para solo mantener la ficción de su nombre. Este paso será una forma de decir que queremos otro tipo de sociedad y ya no vamos a parar hasta conseguirlo.

Como dijo Roosevelt, el 4 de marzo de 1933 en su toma de posesión como Presidente de los Estados Unidos de América, “necesitamos dos garantías para impedir que vuelvan los males anteriores: debe haber supervisión estricta de todas las operaciones bancarias, así como de los créditos e inversiones; hay que poner término a las especulaciones que se hacen con el dinero de la gente y contar con una disposición que establezca una moneda corriente, adecuada y firme”

¡Salvemos del ITF!

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Crítica al libro de Rallo “Contra la Teoría Monetaria Moderna”

Xov, 23/03/2017 - 09:00

Eduardo Garzón – Consejo Científico de ATTAC España

Recientemente el economista liberal Juan Ramón Rallo ha publicado otro libro para arremeter contra la Teoría Monetaria Moderna (TMM). Yo, que creo muy necesario que la TMM sea ampliamente difundida y explicada porque ofrece poderosas herramientas analíticas para la izquierda, no puedo sino agradecer este nuevo y nada desdeñable empuje publicitario que Rallo le ha brindado porque, aunque sea desde una perspectiva contraria a ella, ofrece la posibilidad de que muchas personas que jamás habían escuchado nada de la TMM acaben conociendo en qué consiste (que no es poca cosa). Además, llama mucho la atención que este conocido economista liberal haya escrito ya su segundo libro en contra de una perspectiva teórica que apenas es conocida (desgraciadamente) en España; lo que creo que evidencia el temor que existe por parte de la derecha económica a que la TMM pueda cobrar importancia en los años venideros. Parecería que existe interés en ponerle palos en las ruedas al vehículo de la TMM para que cuando arranque no pueda avanzar, pero la jugada les puede salir mal porque este movimiento está atrayendo la atención de muchas personas que, tras conocer el vehículo, podrían verse fascinados por él y por lo tanto animados a empujarlo.

Es de agradecer que el libro en general esté redactado con mucho cuidado y rigor a la hora de explicar en qué consiste la TMM. Afortunadamente su autor ha leído bastante sobre el tema y respeta sus planteamientos (de no ser así nunca hubiese dedicado tiempo y esfuerzo a escribir dos libros al respecto), a diferencia de muchos otros economistas que se dedican a ridiculizar la TMM porque se han quedado en la epidermis del asunto y no han comprendido (o no han querido comprender) en qué consiste exactamente este marco analítico. Eso sí, Rallo mete bastante la pata en la portada del libro y en la utilización recurrente del verbo “imprimir” para referirse a la creación de dinero: en la portada aparece un helicóptero distribuyendo billetes y eso no es en absoluto lo que se puede desprender de la TMM (de hecho corresponde a un ejemplo del economista monetarista Milton Friedman), y hablar de impresión cuando se estima que el 97% de todo el dinero que existe en el mundo no es físico (no son monedas ni billetes sino anotaciones electrónicas en cuentas bancarias) es cuanto menos una grave incorrección que probablemente no sea azarosa[1].

En este artículo más que desarrollar una crítica extensa y completa al citado libro (ya tuve ocasión recientemente de extenderme sobre ello –aunque no tanto como me hubiese gustado- en el acto de presentación del mismo) me centraré en la argumentación central que utiliza Rallo en todo su trabajo y también en lo débil que resulta para criticar la TMM.

Rallo acepta las tesis fundamentales de la TMM: un Estado con soberanía monetaria (capaz de emitir la moneda que utiliza) puede crear dinero sin necesidad de haberlo recaudado antes; y que esa creación de dinero no tiene por qué provocar inflación. No es moco de pavo: ojalá muchos otros críticos con la TMM hubiesen llegado al menos a esta etapa de reconocimiento (que por cierto no es más que constatar lo evidente). Lo que ocurre es que él le da la vuelta a la tortilla con rebuscados argumentos y acaba llegando por otros caminos a prácticamente las mismas conclusiones convencionales: “es necesario recaudar dinero para gastar” y “la creación de dinero provoca inflación”. Me explico.

La estructura argumental de Rallo adopta la forma de una pirámide invertida: toda la exposición del libro gira en torno a un argumento central sobre el que se construye el resto de argumentos, que acaban dependiendo de él (la única excepción se encuentra en el primer capítulo, donde se aborda el origen del dinero). Este argumento central es el siguiente: el valor de la moneda que crea el Estado depende de la confianza que tenga la gente en la capacidad de ese Estado a la hora de recaudar impuestos futuros. Es decir, si la gente cree que el Estado será capaz de recaudar suficientes impuestos en el futuro, confiarán en la moneda que crea y por lo tanto su valor será estable (no habrá inflación); e inversamente, si la gente cree que el Estado no será capaz de recaudar suficientes impuestos en el futuro, no confiarán en la moneda que crea y por lo tanto su valor caerá (habrá inflación). Como se puede comprobar, Rallo reduce la problemática a una cuestión de expectativas: que la creación de dinero por parte de un Estado provoque inflación o no depende de la confianza que tenga la gente en que ese Estado termine recaudando suficientes impuestos en un futuro. En otras palabras, Rallo le da la vuelta al orden cronológico de la dinámica fiscal: según él, el Estado puede gastar antes de recaudar, pero necesariamente en algún momento posterior tiene que recaudar aproximadamente la misma cantidad de dinero que creó, o de lo contrario la gente dejará de confiar en el valor de la moneda. Esto supone que, para que no haya inflación, a largo plazo tiene que haber equilibrio presupuestario: el Estado tiene que recaudar aproximadamente la misma cantidad de dinero que creó en su momento.

Insisto en que ése es el argumento central de todo el libro, porque el resto de la exposición gira en torno a él. Ofrezco ejemplos: un Estado puede caer en la quiebra porque si crea mucho dinero la gente no confiará en su capacidad de recaudarlo en el futuro y eso hará que nadie acepte la moneda del Estado, cayendo así en la quiebra; el déficit público no es igual al superávit privado porque si un Estado se excede con el déficit la gente no creerá que luego sea capaz de recaudar suficientes impuestos para absorber ese exceso de dinero, por lo que la elevada inflación hará que riqueza financiera del sector privado no valga nada o casi nada; no se puede llegar al pleno empleo con estabilidad de precios a través de Trabajo Garantizado porque al intentarlo la gente desconfiaría de la capacidad del Estado para recaudar suficientes impuestos en el futuro; etc. Todo, absolutamente todo, basado en las expectativas. Eso sí, en las expectativas que Rallo imagina, claro, porque no hay forma de conocer ni de prever las creencias de las personas que integran una sociedad. Y curiosamente la imaginación de Rallo le conduce siempre al mismo resultado: si el Estado crea más dinero de lo que terminará recaudando, habrá mucha inflación y todo será insostenible. Así es como Rallo se inventa un argumento no contrastable para sortear la solidez de las tesis de la TMM y llegar con su atajo a las mismas conclusiones convencionales de siempre.

Pero basta con desmontar ese argumento central para que toda su exposición se descomponga, y en absoluto es difícil hacerlo: el valor de la moneda no tiene nada que ver con la creencia de la gente en relación a la capacidad de recaudación futura del Estado. Creo que la intuición ya nos dice mucho al respecto utilizando un ejemplo evidente: el dólar es la moneda más sólida del mundo desde hace ya muchas décadas y a nadie se le ocurre pensar que es porque la gente confía en la capacidad del Tesoro de Estados Unidos de recaudar dinero en el futuro (¡y más aún cuando llevan tantas décadas en déficit público permanente y así se prevé que siga siendo!).

También podemos llegar a la misma conclusión desde otra perspectiva. Imaginemos que el padre de dos hijos entrega un vale a cada uno de ellos cada vez que estudian una hora, y que esos vales pueden ser utilizados para diversos entretenimientos (jugar al fútbol, a la videoconsola, ver una película, etc), volviendo de nuevo a las manos del padre una vez han consumido su tiempo de ocio. Los vales funcionarían así como el dinero que necesitan los hijos para divertirse y que se tienen que ganar estudiando. Como los vales sólo los puede crear el padre, éste goza de soberanía monetaria. Así las cosas, según la tesis de Rallo el valor de esos vales dependería de la confianza que tengan los hijos en la capacidad del padre de recaudar los vales en el futuro. A la vista está que eso no tiene ningún sentido. En realidad, los vales serán útiles siempre que se mantenga el compromiso de poder utilizarlos para poder divertirse, y eso en última instancia depende de la confianza que tengan en su padre, de si es capaz de cumplir su palabra o no. Mientras se mantenga ese compromiso el padre no necesitará recaudar en el futuro los vales que él mismo crea sin ningún tipo de esfuerzo, ni lograr que sus hijos crean que lo podrá hacer. Todos los vales creados no tienen por qué volver a las manos del padre, ni a corto ni a largo plazo. Mientras les sean útiles a los hijos, estos los seguirán utilizando.

Lo mismo ocurre con la moneda de los Estados: su valor dependerá de la confianza que tenga la gente en que esa moneda sirva para realizar transacciones económicas, atesorar riqueza y saldar deudas. Mientras sea útil, la gente utilizará la moneda con normalidad; cuando no lo sea tanto, la gente reducirá el valor que le otorga (y habrá inflación). Y que sea útil la moneda no tiene nada que ver con la confianza de la gente en la capacidad del Estado de recaudarla en el futuro. Tiene que ver con el poder institucional, social, cultural, económico, militar, etc, del Estado emisor de la moneda. Si el Estado es poderoso, sólido y opulento, la gente confiará en su capacidad para lograr que su moneda sea útil, y al contrario. Por eso la moneda más sólida de todas es creada por el Estado más poderoso del planeta, y por eso las monedas más débiles corresponden a Estados fallidos, subdesarrollados o gravemente afectados por una crisis.

¿Alguien cree que el panadero del barrio utiliza euros porque confía en que el Estado español, que es deficitario, va a ser capaz de recaudar dinero en un futuro? Es absurdo. Ese panadero utiliza euros porque le sirve para comprar todos los recursos que necesita para desarrollar su actividad, y ese dinero sirve porque el Estado pone todo su empeño (utilizando herramientas fiscales[2] y monetarias, difundiendo mensajes, transmitiendo credibilidad, fortaleciendo sus instituciones y estructura productiva, etc) en que así sea. La confianza que tenga la gente en la capacidad de recaudar impuestos en el futuro no juega ningún papel en todo esto. El Estado puede estar eternamente en déficit público y el panadero puede perfectamente seguir utilizando el dinero sin perder confianza en su valor (es, precisamente, lo que ocurre con la inmensa mayoría de países del planeta) siempre que el Estado siga demostrando que su moneda seguirá siendo útil.

Por lo tanto podríamos decir que sí, que el valor de una moneda depende de las expectativas, pero no de las que habla Rallo (expectativas en que un Estado pueda recaudar impuestos en el futuro) sino de las referidas a que un Estado va a ser capaz de seguir logrando que la moneda en cuestión siga sirviendo. Así de sencillo.

También se puede desmontar el argumento de Rallo recurriendo a uno de los planteamientos más importantes de la TMM[3]: los balances sectoriales. Cada transacción económica tiene dos partes: la que gasta y la que ingresa. No se puede gastar sin que alguien esté ingresando. Teniendo esto en cuenta, si agrupamos todos los agentes económicos en únicamente dos sectores, uno privado y otro público, para que uno de ellos ingrese es necesario que el otro gaste. Por lo tanto, para que el sector privado tenga superávit es necesario que el sector público tenga déficit. No puede ocurrir de otra forma. Y como el sector privado es ahorrador por naturaleza (para soportar gastos imprevistos en el futuro, para afrontar una vejez adecuadamente, para invertir años más tarde, etc), lo normal y habitual es que el sector público tenga déficit. No por casualidad esto es precisamente lo que ocurre siempre en la inmensa mayoría de los países del mundo[4], sin que por ello se tenga que poner en riesgo el valor de la moneda en cuestión.

Y una vez desmontado el argumento central de Rallo, el resto de su exposición cae por su propio peso. Puesto que un Estado con soberanía monetaria puede estar indefinidamente en déficit público sin que su moneda pierda valor (porque ello no depende de la confianza de la gente en que el Estado pueda recaudar impuestos sino en que el Estado asegure que la moneda tiene utilidad gracias a su poderío económico, institucional, cultura, militar, etc): puede evitar la quiebra siempre que se lo proponga, su déficit público incrementa la riqueza financiera privada, y puede alcanzar el pleno empleo sin provocar inflación.

[1] Hablar de impresión en vez de creación de dinero es un recurso perverso muy utilizado por determinados economistas que buscan con ello evocar terribles episodios de hiperinflación (todo el mundo tiene en la cabeza alguna imagen de individuos cargando fajos de billetes para comprar productos básicos).

[2] De hecho, la existencia de un sistema impositivo (uno de los símbolos del poder estatal) es crucial para otorgar valor a la moneda, como bien se señala desde la TMM, ya que impone a los ciudadanos la obligación de obtener dinero para poder pagar impuestos bajo pena de sanción.

[3] Y que desarrollo aquí http://eduardogarzon.net/un-euro-de-deficit-publico-es-un-euro-que-incrementa-el-ahorro-privado/

y aquí http://eduardogarzon.net/el-deficit-publico-es-necesario-para-que-las-familias-y-empresas-puedan-ahorrar/

[4] De 186 economías, sólo 25 registraron superávit en 2016 (la inmensa mayoría son paraísos fiscales o potencias exportadoras).

 

Saque de Esquina

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Unión social, un proyecto de futuro

Xov, 23/03/2017 - 07:00

Antonio Piazuelo - ATTAC Aragón

Un suspiro de alivio se pudo escuchar en (casi) todos los despachos gubernamentales de Europa cuando el recuento de los votos holandeses ahuyentó el fantasma de un nuevo Brexit, ahora llamado Nexit. Y ahuyentó también la pesadilla de un segundo rubio oxigenado, xenófobo, eurófobo y parafascista, al frente de un gobierno occidental después de Trump. Más al Este, Hungría y Polonia asoman la patita euroescéptica sin necesidad de nuevas elecciones (ya votaron antes a líderes autoritarios e hipernacionalistas). Holanda, por lo tanto ha salvado la primera bola de partido para la Unión Europea, aunque sea a costa de un nuevo éxito de la derecha y del enésimo batacazo de la izquierda. Es ahora el turno de Francia y Alemania.

El panorama, para los europeístas de izquierdas, no es desde luego como para echar cohetes. El crecimiento de las derechas extremas partidarias de un repliegue nacionalista, que solo alcanzan a contener las derechas tradicionales, y el de las izquierdas muy tibias en relación con la UE (cuando no abiertamente opuestas a ella) dibuja un panorama bien poco prometedor, veinticinco años después de Maastricht y del empuje que una excepcional generación de políticos dio a la construcción de Europa. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? ¿Por qué aquella locomotora, que parecía lanzada hacia los Estados Unidos de Europa, ha empezado a ralentizar su marcha y, por momentos, parece que va hacia atrás?

Es claro que la causa de que crezca el apoyo a partidos como el de Marine Le Pen y a líderes como Trump o Wilders (¡y de que crezca entre las clases trabajadoras, sobre todo!) no hay que buscarla en eso tan socorrido del rechazo a la globalización, como hacen los partidarios de unas políticas proteccionistas que tantas guerras comerciales, y de las otras, provocaron en el pasado. No: la globalización económica es un instrumento, solo un instrumento, y no puede culparse al instrumento del mal uso que se le ha dado como no puede acusarse a un cuchillo de cocina porque alguien lo haya utilizado para degollar a un semejante. La razón de esta involución europeísta es algo más simple y muy sencillo de entender si prestamos atención a lo que dice la gente en lugar de dedicarnos a interpretar de forma interesada sus palabras y a manipular sus opiniones difundiendo mentiras. No creo que muchos de los votantes de Trump, Le Pen o Wilders tengan una idea precisa sobre qué es eso de la globalización, y mucho menos sobre el contenido y las consecuencias de esos tratados comerciales de los que abominan tras haber sido inducidos a ello.

Lo que sí es fácil escuchar, si uno habla con sus vecinos, son quejas por la precariedad del empleo, por los recortes en educación o sanidad, por los bajos salarios, por los abusos de los bancos… Y, como la tentación inmediata de cualquier gobierno nacional es sacudirse las pulgas, la mayoría de los gobiernos hace ver que todo eso son imposiciones de Europa. ¿Puede extrañarle a alguien que el afecto de las poblaciones hacia el proyecto de Unión Europea se vaya disolviendo entre las clases populares, como lo ha hecho en Gran Bretaña?

¿Y qué hacen nuestros dirigentes para salir de ese pantano? ¿De qué forma se proponen recuperar la ilusión europeísta de sus ciudadanos? La última genialidad es ir hacia una Europa de dos (o más) velocidades, hacia un europeísmo a la carta por así decirlo. Los países más avanzados podrán dar pasos hacia la Unión Fiscal, la Unión Bancaria o un mayor peso de los pilares europeos de Seguridad y Defensa, mientras los demás pueden optar por permanecer al margen. Y lo primero que se nos puede ocurrir es que la idea contradice en buena medida el sueño de una Europa unida que tuvieron los padres fundadores. Lo segundo es que no veo que nadie vaya a ilusionarse ante conceptos tan abstrusos como Unión Fiscal o Unión Bancaria… mucho menos por el hecho de que se decida gastar más en Defensa. Es evidente que se trata de instrumentos (¡otra vez instrumentos!) útiles para consolidar la UE, incluso es posible que sean imprescindibles, pero con ellos no van a ilusionar a nadie.

Es necesario, pues, encontrar algo más, no simples instrumentos técnicos, que vuelva a hacer que los europeos miren el futuro de la Unión con esperanza. ¿Qué? Lo único que, en mi opinión, puede ilusionar a las numerosísimas víctimas de la crisis económica que apenas empezamos a superar es un decidido avance hacia la Unión Social. Un proyecto político claro que camine hacia la igualdad de derechos sociales y laborales, que haga posible que un trabajador español (o irlandés, o portugués…) goce de los mismos derechos que un trabajador alemán (u holandés, o belga…) y de unas prestaciones sociales similares. Un proyecto que incluya una política común de empleo y pueda reducir las diferencias existentes en esta materia entre los países más avanzados y los más retrasados, así como una inspección laboral comunitaria que vele por el cumplimiento de la legislación laboral europea.

En definitiva, un proyecto que se ocupe verdaderamente de las necesidades de esos amplios sectores de nuestras sociedades que han sufrido y sufren verdaderamente los efectos de la Gran Recesión, de las políticas de austeridad y del mal uso interesado de las posibilidades que ofrece la globalización. ¿Alguien piensa que un proyecto de este tipo no concitaría un gran número de adhesiones renovadas al proceso de Unión Europea y arrebataría a los grupos populistas la supuesta bandera de su defensa de los desfavorecidos?

Hay un problema para ello, claro. Europa tiene por primera vez en su historia a dirigentes de derechas en todos los órganos claves de la UE, en la Comisión, en el Parlamento y en el Consejo. Y es la derecha la que gobierna en la inmensa mayoría de los países comunitarios. Parece difícil que la idea de una Unión Social vaya a entusiasmar a esos partidos, a esos dirigentes y a quienes los patrocinan. También es cierto que la socialdemocracia, de quien podría esperarse una iniciativa así, anda sumergida en el caos también en casi toda Europa, sin un nuevo proyecto que ofrecer a sus antiguos votantes. Bueno, pues ahí lo tienen. Ya tardan los líderes de los partidos socialdemócratas en ponerse manos a la obra y diseñar las líneas centrales de esa Unión Social. Tengo muchas dudas de que lo consigan, pero “Los tiempos están cambiando”

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Un nuevo viraje

Mér, 22/03/2017 - 09:00

Emir Sader – Página/12

Después de la multiplicación espectacular de gobiernos progresistas en el continente, entre 1998 y 2006, que marcó toda la primera década del siglo XXI con sus éxitos, especialmente en el plano social y de soberanía externa, América Latina pasó a sufrir un viraje conservador desde 2015. Este se expresó en las derrotas en la elección legislativa en Venezuela, en las presidenciales argentinas, en el referéndum boliviano y en el golpe brasileño.

Ese viraje encuentra obstáculos muy rápidamente, ya sea en el fracaso de los intentos de recuperación económica de Argentina y de Brasil, con la aplicación a rajatabla del viejo programa de ajustes fiscales, ya sea en un contexto internacional que no correspondió a las expectativas de los proyectos de restauración neoliberal.

Como ocurre en todas partes donde ese programa económico es aplicado, se profundiza la recesión y nunca se recupera la capacidad de recuperación del crecimiento económico.

En el plano internacional, la derecha latinoamericana aguardaba el triunfo de Hillary Clinton, que venía a cosechar sus planes de golpes blandos en países del continente, así como del apoyo a gobiernos de restauración neoliberal. Su derrota y el triunfo de Donald Trump dejan atónitos a los gobiernos como los de Mauricio Macri y de Michel Temer, que han trabajado para debilitar los procesos de integración latinoamericana y se acercan a la Alianza del Pacífico. El proteccionismo de Trump y el debilitamiento de la Alianza para el Pacífico debiera apuntar exactamente en la dirección opuesta, lo que contradice la política externa de esos dos gobiernos, así como su ideología de libre comercio.

Esos dos factores apuntan a un eventual nuevo escenario latinoamericano en 2018. Por una parte, en Brasil, se refuerza la posibilidad de que Lula vuelva a la presidencia del país en las elecciones presidenciales de ese año. Mientras,   la política de puertas cerradas de Trump abre en México un escenario en las presidenciales de 2018: que gane una candidatura que promueva el giro radical en la política externa mexicana hacia el sur del continente, como única forma de defensa frente a la ofensiva norteamericana. Por otra parte, Las dificultades de los gobiernos de Argentina, Brasil y México para revalidar sus mandatos pueden hacer que eventualmente los nuevos gobiernos de los tres países más grandes del continente coordinen sus políticas externas por primera vez en la dirección de la soberanía.

A eso se pueden sumar las evoluciones internas de Ecuador y de Bolivia, el primero depende de los resultados de la segunda vuelta, que apuntan, en principio, hacia la continuidad de los gobiernos de Alianza País. El segundo, con la decisión de Evo Morales y del MAS de que el presidente boliviano vuelva a poder candidatearse en 2020, y su favoritismo para ganar. A ese cuadro se suman las elecciones en Paraguay – que puede ver el retorno de Fernando Lugo a la presidencia del país -, Uruguay, en Chile y en Colombia. Todos esos procesos se verán afectados por ese nuevo marco general: el fracaso de la restauración económica neoliberal y el proteccionismo norteamericano. Se puede reconstituir así, en buena medida, el marco de gobiernos progresistas en gran parte de la región y  en caso de que se confirme lo mencionado, con la integración de México.

Entre sus corolarios estarían los efectos hacia los países centroamericanos, hoy abandonados por México y por Estados Unidos. El otro aspecto, de extrema importancia, sería la posibilidad de una integración más amplia y profunda de América Latina con los Brics, el horizonte de un mundo multipolar que empieza a acercarse. Es la vía que le queda a América latina frente al proteccionismo norteamericano, al fracaso de la Alianza del Pacífico y al agotamiento de la globalización neoliberal.

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Los estibadores se cuelan por las brechas de la crisis política y se convierten en un ejemplo para millones de precarias

Mér, 22/03/2017 - 07:00

Carlos Martínez – Consejo Científico de ATTAC España

El sindicalismo oficial del régimen está de espaldas a los sentimientos y aspiraciones de los trabajadores. La resistencia de los portuarios, de los taxistas, y de otros sectores amenazados en sus trabajos por la precariedad apunta hacia un nuevo sindicalismo- aún en ciernes fundado en la defensa de los intereses de los trabajadores. La dignidad de los portuarios y la solidaridad con ellos es una cuestión de actualidad. El rechazo de la mayoría de Cortes del decreto del gobierno al dictado de la UE y sus sentencias judiciales multiplica sus posibilidades, y su consolidación como bastión sindical contra las privatizaciones y la precariedad.

Retirando el PSOE al apoyo al PP el decreto se ha venido abajo, y por extensión de la misma manera se pueden venir abajo todas las medidas antisociales y antidemocráticas. La victoria de los estibadores no será el resultado de un viacrucis legal, y ello después de entender el contenido mismo del rechazo del real decreto. Solo la lucha de los portuarios y la más amplia solidaridad puede ofrecer alguna garantía de éxito. El problema de la lucha por sueldos dignos y de condiciones de trabajo que protejan los intereses de los trabajadores afecta a la inmensa mayoría. Y en particular afecta a los jóvenes. El ejemplo de la lucha llevada a cabo por las camareras de hotel (que limpian a destajo las habitaciones de la industria más pujante del estado), debe hacernos confiar en la capacidad de los trabajadores para superar en su lucha todos los obstáculos. La situación de precariedad y sobreexplotación de los camareros y camareras, de los transportistas, taxistas, y de las nuevas profesiones… ha convertido estos trabajos en un verdadero polvorín que acumula la indignación de la los trabajadores.

La bandera que han levantado los portuarios, que no es otra que la defensa de los intereses y conquistas, se constituye en buen ejemplo a imitar en formas distintas por millones de precarios. Todos los cuentos que hemos oído de que los trabajadores somos clase media se disuelven como un azucarillo cuando las luchas de los trabajadores se reorganizan con objetivos claros, constituyéndose en nuevas bases del sindicalismo de clase.

 

Ex portuario

De u. SOCIALISTAS / ALTERNATIVA SOCIALISTA

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La Renta Básica que salvará el Capitalismo

Mar, 21/03/2017 - 09:00

Rober Gonpane – ATTAC Madrid

El Capitalismo está mutando y es capaz hasta de aceptar que la Renta Básica (RB) terminará siendo inevitable. La izquierda no parecer capaz de ponerse de acuerdo en lo de la RB porque se pierde en el debate de si tiene que ser o no Incondicional, de si es mejor o peor que el trabajo garantizado, etc.

Pero la derecha no pierde tan alegremente el tiempo y en Davos ya salió el tema de la RB y se comenta cada vez más en medios empresariales conservadores y hasta liberales. Y si lo sacaran adelante no sería recreándose en si es un derecho humano o una simple prestación social, no de eso ya se ocupa la izquierda, la derecha lo presentará como una condición necesaria para que el sistema pueda resistir a los cambios que las nuevas tecnologías y la robótica introducen en el Mercado Laboral, que es de largo el más complicado e importante de los mercados.

En este interesante artículo se habla de fiscalizar el trabajo de los robots como lo está el de los trabajadores; fiscalizar para recaudar impuestos que compensen la pérdida de recaudación que supone el creciente número de personas que nunca encontrarán​ un empleo, porque lo terrible de esta crisis del Capitalismo Global, es que deja claro que una gran arte de la Humanidad sobra porque el sistema puede funcionar perfectamente sin que trabajen.

Y esta singularidad irracional del Capitalismo es la que obliga a pensar en soluciones como la RB que puedan resolver la indeterminación matemática y disparate social que supone que el sistema económico global no sea útil a la mayoría de las personas… si la economía no sirve para gran parte de la Humanidad, ¿para qué sirve la economía?

Salud, Amor y Suerte
@robergonpane

noeslomismo

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Vas a vivir peor que tus padres (¿ya lo sabes?)

Mar, 21/03/2017 - 07:00
Juan Carlos Monedero – Consejo Científico de ATTAC España

 

La gran diferencia entre la crisis de 2008 -que en verdad arranca de los ochenta-, y las demás del siglo XX -especialmente la de 1929 y la de 1973- es que en esta ocasión la clase obrera no tiene fuelle para pelear y los sindicatos se han convertido en negociadores amables que ya no confían en sí mismos. Los canallas se han envalentonado y la gente decente anda perpleja.

La trama usa hilos de alambre de espinos, flor de lis, viaja en dron y habla inglés en la intimidad. Los capitales internacionales están comiendo el bocadillo a las familias de siempre, China, aliada con las multinacionales norteamericanas arrastran los salarios a un punto de miseria, y las familias de siempre que arrastra España apenas aciertan a mantener sus ganancias –siempre contra la pequeña y mediana empresa- gracias a la cercanía del poder político, con el que se hermanan en una trama esencialmente corrupta al grito de ¡cobarde el último! Por todo esto, y alguna otra cosa más, los hijos van a vivir peor que sus padres. De hecho, los hijos ya viven peor que sus padres. Por eso estalló el 15-M. Por eso el bipartidismo huele a cadáver.

Porque no hay a quién presionar para que se cree empleo de calidad. Las grandes empresas ya no son de nadie que se pueda identificar, y esa hidra de mil cabezas que es dueña de las grandes empresas solo quiere hacer caja. Encargan a capataces para que presionen como lobbies implacables en Madrid o en Bruselas, pero no hay nadie concreto al otro lado del teléfono cuando hay que sancionarles por sus maneras mafiosas. El Ibex 35 genera solamente el 20% del empleo, y el 18% de su capital está en manos de Black Rock, un fondo de inversiones que no duda en desahuciar, despedir, fusionar o arrodillar un país si tiene ocasión de hacer caja. Son dueños de los medios, y cuando nos dicen en portada que hay 150.000 inmigrantes al otra lado de la valla de Melilla, nos lo dicen porque son ellos los que están construyendo la valla de Melilla.

Volar se ha convertido en algo accesible a los sectores populares. Pagan las generaciones futuras que no van a tener tierra limpia en la que aterrizar. Y es funcional a esa válvula de seguridad que es abandonar el país. El millón de jóvenes que está fuera de España, en casa protagonizarían un Gamonal cada fin de semana. Con el low cost pueden emigrar con una preocupación menos. La conciencia de “tener derechos” se ha convertido en algo más lejano que tener una casa en el pueblo y por eso los hijos vuelven a tener condiciones laborales de emigrante fuera y en casa. Condiciones que ya no tuvieron sus abuelos.

La trama de esta colusión entre grandes capitales financieros, mediáticos, tecnológicos, armamentísticos, alimentarios y circunstancialmente industriales tiene su expresión extrema en Donald Trump. La extrema derecha ya ha llegado al gobierno. Y la extrema derecha siempre lo ha sido a favor de las minorías ricas y en contra de las mayorías empobrecidas. Lo demás es anecdótico. Las dictaduras siempre son de clase. Aznar, Guindos y Trump son muy amigos.

En España, la trama siempre aporta un cuadro castizo. De hecho, la casta es la expresión chusca de la trama, la de oligarcas y caciques, de marquesas y vivales. Lo relevante es lo que hay por debajo. Porque nadie va contra la trama. Casta es Urdangarín, la Infanta es trama. Casta era Mario Conde, el rey Juan Carlos trama. Casta es Granados, trama Esperanza Aguirre o Aznar. Casta es Chaves y Griñán y Fernández Villa y Susana Díaz; Solchaga, Felipe González o Fernández Ordóñez, trama.

España se perdió el desarrollo del Estado del bienestar después de 1945. Aquí teníamos una dictadura. De clase. Y esa anomalía histórica consolidó un estado débil con escasa conciencia de lo público. Que hace que el Rector de la borbónica Rey Juan Carlos plagie y los profesores no muevan un dedo para echarle. A ver qué le dicen a los estudiantes si les ven copiando en un examen. O que una parte importante de los abogados del Estado o los economistas del Estado trabajen para el enemigo. Es decir, para esas empresas que no pagan impuestos ni crean puestos de trabajo. Trama. Para la que trabajan el PSOE y el PP. Si Podemos quiere gobernar España tiene que ir buscando a los empresarios patriotas y ser implacable con los sin rostro que saquean países y los convierten en ruinas.

Publicado en Público.es

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La globalización, frente a un enemigo imprevisto

Lun, 20/03/2017 - 09:00

La Jornada Editorial

Después de haber defendido el modelo de gobernanza neoliberal y globalizador con todos los argumentos posibles –y algunos inverosímiles– frente a las impugnaciones de altermundistas, economistas progresistas, organismos sociales y gente provista de sentido común, los ministros de finanzas del Grupo de los 20 (G-20) han comenzado a cuestionarse sobre la viabilidad de buscar una alternativa a dicho modelo sin minar, desde luego, las bases sobre las que descansa el sistema capitalista. Paradójicamente, el motivo de la sorpresiva reconsideración no es una de las múltiples críticas que periódicamente formula la izquierda contra el concepto mismo de globalización, sino la política de hechos consumados que está llevando a cabo Donald Trump, cuya apuesta por el proteccionismo, el establecimiento unilateral de gravámenes en función de los intereses estadounidenses, la relocalización de grandes empresas en su país y el condicionamiento a las inversiones de las mismas golpea en plena línea de flotación al proyecto globalizador.

Resulta difícil, aunque no inconcebible, imaginar una economía mundial de mercado sin la participación de Estados Unidos: esta sencilla verdad está siendo, para los apóstoles del neoliberalismo, más contundente que los razonamientos que sistemáticamente son recibidos, examinados y desechados por los asistentes al Foro de Davos, y que señalan puntualmente los demoledores efectos que la actual gobernanza tiene sobre los países emergentes o en economías de transición. Hace apenas un año, una reunión con la agenda que tiene la que se realizará a partir de hoy en Baden-Baden, Alemania, hubiera sido poco menos que impensable: los encuentros celebrados durante los anteriores 20 años por los miembros del G-20 se habían ocupado (además de poner a sus asistentes a salvo de las iras altermundistas) en afinar y fortalecer los mecanismos de un modelo que privilegia la liberalización de la economía, el debilitamiento del Estado, la reducción drástica del gasto público, la desregulación y el protagonismo irrestricto del sector privado. Y, claro, la noción de globalización entendida como el libre flujo de capitales y –para ponerlo en términos del Fondo Monterario Internacional (FMI)– la integración de las economías del mundo mediante el comercio y los flujos financieros, el desplazamiento de la mano de obra y la transferencia de conocimientos tecnológicos a través de las fronteras internacionales (…)

La recuperación por el nuevo ocupante de la Casa Blanca de la Doctrina Monroe (América para los americanos, donde América significa Estados Unidos) choca con los postulados básicos de la globalización, y como la misma constituye un elemento esencial de la gobernanza neoliberal, es precisamente ésta la que acaba siendo puesta en tela de juicio. Visiblemente preocupada, la titular del FMI, Christine Lagarde, opinó que si la nueva administración estadunidense hace lo que promete, el comercio internacional, el movimiento de capitales y el intercambio tecnológico podrían verse envueltos en serios problemas. Es decir, las inquietudes que afligen a Lagarde y los ministros de finanzas no pasan por la concentración desmedida, la pérdida de peso del Estado, el desempleo y el deterioro de las políticas sociales, secuelas de la gobernanza neoliberal que golpean a las mayorías, sino por la afectación a las tasas de ganancia que sufrirían las corporaciones europeas y asiáticas con relación a las de Estados Unidos.

El conjunto de las medidas previstas por Trump (que habían sido debidamente preanunciadas en su campaña electoral) convierte a éste, en la práctica, en un impugnador del modelo económico mundial vigente. Esto explica, en parte, la atracción (en ocasiones vergonzante) que el republicano ejerció en algunos sectores de la izquierda más radical, los cuales parecían dispuestos a pasar por alto su racismo, xenofobia e intemperancia, a cambio de que hiciera trastabillar el modelo globalizador. Éste es ciertamente indefendible, y su desaparición, deseable. Falta ver si el ataque desde la derecha no resulta un remedio peor que la enfermedad.

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La gran estafa

Lun, 20/03/2017 - 07:00

De cómo la crisis desembocó en el mayor quebranto al erario público de la historia española

Alfredo Apilánez - trampantojos y embelecos

Cuestionario contestado por Alfredo Apilánez el 11 de marzo en el marco de la tercera sesión del “Proceso a la banca española“. Se trata de un Tribunal Popular constituido  al efecto de someter a juicio y exposición pública el colosal quebranto de la cohesión social y las finanzas patrias provocado por la oligarquía financiera así como la flagrante connivencia de los títeres del circo político que, con las draconianas políticas impuestas como consecuencia del rescate fraudulento de los financistas, cercenan sistemáticamente los derechos y las condiciones de vida de aquellos a los que dicen servir.

1)¿Podríamos elegir la fecha de 1992 como momento simbólico del inicio de la explosión del crecimiento de la deuda privada creada por la banca española y de la monumental burbuja inmobiliaria que colapsó estrepitosamente en 2007?

Si, efectivamente, así es.

2)¿Cuáles son los elementos de los que parte para hacer esa afirmación?

En realidad, el origen de la explosión de la deuda privada es global. Se enmarca dentro del proceso de financiarización que arranca en los años 70 al desarrollarse espectacularmente el sector financiero para sostener la menguante rentabilidad del capitalismo en tiempos de crisis adoptando las innovaciones creadas por los magos de Wall Street. A través del “crédito a muerte” se trata de compensar la drástica caída de la demanda salarial provocada por el incremento de la explotación del trabajo con el recurso masivo a la deuda y las innovaciones financieras. Su símbolo es la derogación de la ley Glass-Steagall en 1999 que facilita la incorporación de la banca comercial al casino financiero de la banca de inversión.

En este contexto, un país recién desindustrializado, con una economía estancada, altamente dependiente del capital extranjero y adicto crónico al monocultivo del ladrillo era el candidato perfecto para servir de cobaya del experimento financiarizador. En el caso español, el año 92 es relevante por dos motivos. El  inicio de la titulización hipotecaria con la Ley 19/1992  y la firma del Tratado de Maastricht. Desde un punto de vista legal, la titulización hipotecaria española tiene su origen en la Ley sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria. En el preámbulo de dicha ley, el legislador reconocía que contribuir a abaratar la financiación para la adquisición de vivienda y facilitar la “movilidad” en la concesión de préstamos eran los  objetivos perseguidos al conferir un marco normativo específico a la titulización en España.

En el Tratado de Maastricht se abre el proceso de creación de la unión monetaria propulsando la liberalización de los flujos financieros en la zona euro sin la restricción del tipo de cambio que posibilitará la financiación masiva de la burbuja inmobiliaria española por parte de la banca centroeuropea.

3)Ciertamente, a partir de esa fecha, los datos sobre endeudamiento privado no financiero (de hogares y empresas) y financiero (de la banca española con la extranjera) en España se disparan exponencialmente al tiempo que la actividad prestamista se enfoca principalmente hacia el sector inmobiliario. ¿Podría explicar los motivos por los que afirma que la titulización propulsó la voraz concesión de hipotecas y precisar cuál fue la responsabilidad de la banca privada en la omisión de información pública que le permitió aparecer como acreedor de hipotecas de las que no era titular mientras inflaba la cartera?

La clave reside en la expresión coloquial en el sector financiero acerca de la titulización: “hacer hueco” en el balance. Titulizar permitía vender hipotecas como churros transmitiendo el riesgo a los inversores y despreocupándose totalmente de la solvencia del deudor.

Los fondos de titulización españoles tienen, mayoritariamente, un modelo de estructura pass-through, caracterizada por una conexión entre los ingresos (pagos de intereses y principal) de los inversores y los flujos generados por los activos titulizados. En consecuencia, los inversores tienen una exposición directa al comportamiento de dichos activos. Así pues, bancos y cajas  relajaron enormemente los estándares de concesión de hipotecas –modelo de prestar y vender- inflando la burbuja y sus cuentas de resultados mientras reducían artificialmente su exposición al riesgo.

Sin embargo, cuando las cosas se torcieron con la explosión de la colosal burbuja, los bancos -¿quién había vivido “por encima de sus posibilidades”?- exigieron la deuda de los morosos y se adjudicaron la garantía hipotecaria como si fueran los propietarios reales de todos los créditos. En lugar de comparecer en  los juzgados como apoderados de los Fondos adquirentes de las hipotecas se hacían pasar por los acreedores titulares cuando eran tan solo los mamporreros que administran los cobros. La banca no cumple con lo legislado -según la ley 2/1981 de Regulación del Mercado Hipotecario, cuando se vende un crédito se ha de practicar en el Registro de la Propiedad una anotación al margen-  ya que sería la constatación de que la hipoteca no le pertenece y no tiene legitimidad para exigir la ejecución hipotecaria como han demostrado recientes sentencias.

4)La entrada en el euro propulsó el endeudamiento del sistema financiero español gracias a la financiación a espuertas recibida de los bancos de los países con excesode ahorro (alemanes y franceses). ¿Cree usted que esa deuda contraída con la banca centroeuropea fue causa principal del “sobrecalentamiento” del sistema financiero español y que el principal objetivo del colosal rescate posterior sufragado con fondos públicos fue “liquidar” esos pagos?

Desde luego. Se trata del perverso cepo en el que los llamados PIGS (Portugal, Irlanda, España y Grecia) hemos quedado atrapados con el otrora milagroso euro. Los grandes bancos de las economías del Centro –principalmente Alemania con su enorme supéravit comercial-financiaron masivamente la burbuja inmobiliaria española. La existencia de una moneda única, el euro, alentó este flujo, dado que ya no existía el peligro de una devaluación que agravara el riesgo de impago en caso de crisis en algún país de la periferia. Esto originó una enorme burbuja del crédito privado, principalmente en el sector inmobiliario (recordemos que en la “piel de toro” se construía más que en Alemania, Italia y Francia juntas) aunque también en el consumo. Según el último informe del Banco Internacional de Pagos, la banca española debe todavía más de un billón de dólares a la banca extranjera.

Cuando se produjo el colapso del sistema financiero internacional, la prioridad de la gran banca europea –aliada con el BCE- era evitar las consecuencias sistémicas de un impago generalizado causado por la quiebra de las cajas y bancos españoles. El famoso rescate de 2012 a cuenta de la ciudadanía –“apertura de una línea de crédito” según don Mariano- y toda la política monetaria del BCE vinieron al salvamento de la banca europea y estadounidense atiborrada de paquetes de deuda hipotecaria tóxica incobrable de los bancos y cajas patrios.

5)Afirma usted que los poderes públicos, usando su potestad legislativa de forma torticera, practicaron la connivencia más flagrante con los abusos y latrocinios cometidos por los prebostes de la gran banca privada. ¿Podría precisar esta acusación?

Desgraciadamente, los poderes públicos fueron meros comparsas que bailaban al son de la banca y del bloque del ladrillo. Habría que destacar la vista gorda cuando no complicidad absoluta del Banco de España y la CNMV supuestamente “independientes” en la dejación dolosa de su función de control y supervisión del sistema financiero hasta que le estalló la bomba de relojería en las narices. Incluso llegando a ignorar el informe de la inspección de 2006 en el que se alertaba de los graves riesgos de estallido de la burbuja y de la sorprendente pasividad del supervisor. El Banco de España relajó la política crediticia para la concesión de hipotecas (en la época que el Sr. Jaime Caruana era gobernador, ahora es el General Manager del BIS) y la concesión de créditos al promotor además de propulsar la titulización permitiendo el “truco” de sacar del balance las hipotecas. Todo ello acompañado de una intención flagrante de ocultación de las reales dimensiones del problema y del montante del rescate.

Merece la pena destacar lo que decía entonces el director de supervisión del Banco de España en una presentación en 2010: “El proceso de titulización en España ha sido un tanto atípico y diferente al modo en que se ha desarrollado en otros países: con elevada calidad de sus activos subyacentes, concedidos bajo unos criterios de aprobación rigurosos, sujeto a una regulación y supervisión exigentes. Es cierto que se ha visto afectado por el empeoramiento del entorno económico y el estancamiento del sector inmobiliario pero este deterioro no está vinculado con el negocio de originación y distribución de riesgos, ya que las entidades españolas han fundamentado su operativa desde una óptica basada en la banca tradicional”Súper sic

Las instituciones soberanas pusieron el BOE al servicio del bloque del ladrillo a través de todo tipo de  reformas legislativas –ley Boyer, ley del suelo, la citada desregulación de la titulización y todo tipo de facilidades y deducciones fiscales a favor de la compra en detrimento del alquiler-. Por no mencionar la casi desconocida pero neurálgica complicidad en la renuncia a la soberanía monetaria (Maastricht) al dejar la financiación de la deuda pública en manos de la banca privada. Todo ello para favorecer al que Zapatero calificaba de “sistema financiero más sólido de la comunidad internacional”.

6)Conceder crédito a los promotores a nivel estratosférico significa proporcionar la materia prima de la especulación con el suelo que fue la base -junto con el crédito a espuertas de la banca privada- de la colosal burbuja inmobiliaria. ¿Cree que hubo connivencia por parte del gobierno?

Desde luego. Como hemos dicho, la  incestuosa relación entre grandes inmobiliarias, cajas de ahorros y ayuntamientos alcanza el  nivel legislativo. La Ley del suelo de 1998 tuvo como uno de sus principales objetivos el aumento de suelo urbanizable –barra libre para las recalificaciones y la vorágine constructora que desembocó en la súper burbuja inmobiliaria-, en el razonamiento supuestamente liberalizador y profético de que si se ponía en el mercado más suelo de tal naturaleza, descendería el precio del suelo y, en consecuencia, de la vivienda. Con dicha Ley se daba un importante cambio de rumbo en la clasificación de suelo, por cuanto hasta ese momento se entendía que el suelo no urbanizable era el mayoritario por su carácter residual. Sin embargo, con la Ley de 1998, todo el suelo que no ostentara el carácter de urbano, ni debiera estar protegido y preservado como no urbanizable, pasaría a ser urbanizable con el consiguiente aumento descomunal del festín especulativo.

Asimismo, las administraciones hicieron uso de las semipúblicas Cajas de ahorros como propulsoras de todo el proceso especulativo –en gran parte basado en la masiva y corrupta financiación de promociones urbanísticas faraónicas que acabaron resultando ruinosas- jugando un papel esencial en el crédito a los promotores hasta llevarlas a la ruina ante el derrumbe del castillo de naipes. Eran el núcleo de la podredumbre del monocultivo ladrillil al servir de nexo financiero entre promotores y constructoras por un lado y las venales administraciones públicas por otro. Tenemos como símbolo destacado de esta connivencia incestuosa –para no incidir más en un tema archiconocido- el caso Bankia como símbolo del destrozo.

7)Afirma usted que la complicidad negligente entre los supuestos vigilantes del cumplimiento de la legalidad -notarios, auditores- con la banca privada y la intervención fraudulenta de las calificadoras de riesgo inflando las calificaciones de las entidades y sus emisiones de títulos de deuda para optimizar su salida al mercado fueron el lubricante ideal que propició que la “fiesta” continuara sin molestas interrupciones ni señales de alarma hasta el colapso. ¿Podría precisar algo más su afirmación?

La relación entre la banca y los supuestos vigilantes del sector encargados del cumplimiento de la normativa es un caso flagrante de conflicto de intereses y una pantomima descarada. El descontrol en la asunción de riesgos y la manipulación de las cuentas por parte de las entidades financieras, que financiaban hasta el 100% de la vivienda (muy por encima del 80% establecido legalmente como tope) -incluyendo el coche, el reloj y lo que hiciera falta y partiendo de tasaciones temerarias –fue perpetrado con la complicidad total de auditores y calificadoras de riesgos. Valga un botón de muestra del papel de los encargados de dar fe de la veracidad de las cuentas: En 2011, Bankia declaró ganancias de más de 300 millones de euros, auditadas por Deloitte. Sin embago, menos de un año después el Gobierno español nacionalizó la entidad, que se tragó al menos 23.500 millones de euros. ”Poco después de la nacionalización, resultó que los registros auditados por Deloitte eran incorrectos, ya que el banco, en realidad, había perdido 4.300 millones”

Los notarios dieron su beneplácito a todo tipo de cláusulas abusivas: productos complejos como las cláusulas suelo, comisiones sangrantes, etc. ocultas en la intrincada letra pequeña y omitieron su obligación de asegurarse del entendimiento del contrato por parte del deudor e informarle de las cargas y responsabilidades asumidas. En lugar de velar por los intereses del cliente, al comprobar la legalidad del contrato o explicar las cláusulas que se firman, entre otras labores, se forraron (10% de los gastos de formalización de la hipoteca) dando fe de contratos fraudulentos.

¿Y qué decir de los “vigilantes del mercado”: las calificadoras de riesgos? Un dato bastará también para mostrar su papel de pirómanos de la explosión crediticia. En el caso concreto de la titulización española, el 87% de los valores emitidos entre 1993 y 2007 obtuvieron la máxima calificación crediticia (la famosa AAA) en el momento de su creación, un porcentaje que destaca si se compara con el de otros mercados desarrollados.

8)Para ir concluyendo con este punto ¿Podría decirnos qué otras prácticas predatorias integraron el saqueo perpetrado en el “esquema ponzi” de los años de vino y rosas?

Es imposible consignarlas todas aquí. La banca recurrió a todo tipo de prácticas comerciales predatorias: manejaban a su antojo los índices de referencia –ahí están los fraudes en el Libor y Euríbor, con márgenes a todas luces abusivos- incluían la abusiva cláusula del vencimiento anticipado que autoriza al banco a ejecutar la hipoteca y el desahucio en subasta notarial si se produce el impago de dos o tres cuotas –incluso no siendo ya el acreedor legítimo por haber empaquetado y titulizado el préstamo-, cobraban comisiones leoninas (más que en cualquier otro lugar de Europa) por cualquier cosa, imponían la obligación de contratar seguros de vida con la aseguradora del banco al contratar la hipoteca y un infinito listado de malas prácticas que han recopilado las asociaciones de usuarios. Y eso, por no hablar de las estafas estrella, que han podido suponer un auténtico robo de 50.000 millones de euros, si no más, mediante las participaciones preferentes. Todo lo anterior les haría merecedores del calificativo de depredadores financieros de la ciudadanía.

9)¿Qué más nos puede decir sobre los privilegios de la banca privada en el sistema económico actual?

Muy brevemente, su enorme poder se basa en que la emisión de dinero y medios de pago está privatizada. Estas instituciones tienen el privilegio monopolista de crear dinero-deuda productor de intereses de la nada (el 97% del dinero circulante es dinero bancario privado) planificando a través del monopolio del crédito la actividad económica y dirigiendo la financiación no a la economía productiva sino a las burbujas de activos inmobiliarios y la expropiación financiera de la ciudadanía. Asimismo someten a los estados como España privados de soberanía monetaria a una sangría continua (segundo capítulo de gasto público intereses de la deuda por encima del desempleo). Podríamos afirmar pues que son el pilar sobre el que se asienta la rentabilidad en el capitalismo financiarizado fomentando el rentismo y la especulación con activos y agudizando enormemente la pobreza y la desigualdad.

10)Vayamos ahora a algunos detalles del colosal rescate público de la banca española. En la introducción de los acusados en este proceso, cada uno de ellos, llevan adosados a su ficha personal las diferentes ayudas recibidas por el banco que presiden. Estas ayudas llegan a través de varios y diferentes canales ¿Qué razón hay para esta dispersión de los caudales?

El objetivo era camuflar el cuerpo del delito. Ninguno de los organismos que poseen los datos al respecto (Banco de España, FROB-Ministerio de Economía, Comisión Europea y la infausta Troika) ha tenido la intención de publicar las cifras reales; al contrario, las ha diluido, mixtificado y ocultado. Se hace así para que se pierda el rastro del dinero entregado y se evite una fiscalización eficaz de la colosal cantidad de dinero público entregado a fondo perdido para rescatar a la banca privada ante el colapso de la colosal estafa piramidal en la que se había embarcado.

El Banco de España dio a luz una nota sobre ayudas públicas a la banca (2.9.2013) que vale la pena ver en internet: es un papelillo que parece sacado de los apuntes de un estudiante de empresariales. Una nota, no unos informes periódicos extensos y cuantitativos, que es lo que cabía esperar tratándose de la mayor aplicación de dinero público en la crisis. Pues bien, ahí fueron excluidos manifiestamente algunos elementos esenciales, y los que más pérdidas de dinero público han supuesto: los EPA (Esquema de Protección de Activos).

11)¿Quiere decir que la cantidad de dinero público entregado a la banca tiene cantidades diferentes a las oficiales?

Desde luego. Las autoridades se han entregado a la ocultación y manipulación de las cifras reales mediante su dispersión en distintas rúbricas para dificultar la desoladora visión de conjunto. La cifra inicial se dijo que eran 40.000 millones de euros, después se dijo que 60.000 millones, el Tribunal de Cuentas dice que 104.000 millones pero la cifra más probable está cerca de los 500.000 millones, es decir medio billón de euros incluyendo el rescate europeo cargado a las arcas públicas -con la imposición de políticas concretas que convirtieron al reino en un protectorado de la Troika- y la asunción de toda la basura procedente de la burbuja a cargo de la SAREB.

En 2007 España no tenía un problema de deuda pública –sólo equivalía al 35,5% del PIB–, pero desde entonces ésta no ha dejado de crecer y ya ha superado el 100% del PIB, el nivel más alto desde 1909.

Se trata de minimizar el coste del reflotamiento y magnifican el coste de haberlas dejado quebrar. Siempre cantan la misma milonga: hay que poner dinero público, pero más hubiera costado dejarlas quebrar.

Un experto desmonta esta justificación recurrente del rescate: la presunta protección de los depósitos de los ahorradores. Se nos dice: si se les deja quebrar, esos depósitos corren el riesgo de perderse. Pues no es así. Lo cierto es que no hubieran faltado bancos solventes dispuestos a que les traspasaran esos depósitos, incluso ofreciendo una mayor remuneración.

En suma, rescatar ha sido mucho más caro para los ciudadanos que haber dejado desaparecer, ordenada y socialmente, a las cajas y bancos quebrados.

12)¿Cuánto mayor es el banco menos ayudas del Estado precisa? ¿Los tres más grandes, Santander, BBVA y CaixaBank, no precisaron ayuda de las arcas públicas?

En absoluto. Se trataba de aparentar que una parte del organismo estaba sano y que extirpando el tumor (Cajas de Ahorros) se podría regenerar el resto (grandes bancos). El Banco de España siempre ha aplicado la misma receta como medicina a las “crisis bancarias”: un banco se come a otro banco, se supone que el que es comido es el insolvente. Para que exista un banco solvente –en contraposición a las cajas insolventes- se  lo tiene que maquillar como se han maquillado la contabilidad del Santander, BBVA y CaixaBank. Se proclama enérgicamente que “no consta que hayan recibido ayudas oficiales” pero si constan unos descomunales avales a cargo del contribuyente por 90000 millones de los que no se sabe cómo han acabado así como el “chollo” de los Esquemas de protección de activos para cubrirse de las pérdidas por toda la basura de las cajas liquidadas a precio de saldo a cargo del FROB y el colosal rescate encubierto al ser mantenidos con respiración asistida del BCE para honrar las deudas ante los fondos de inversión internacionales al cerrarse el interbancario en el estallido de la crisis de 2008.

13)¿Esta impresión de solvencia del Santander, BBVA y CaixaBank -ventilada a los cuatro vientos por las autoridades- es pues falsa? Y, en ese caso, de dónde obtuvieron los recursos para el colosal camuflaje?

Totalmente falsa. Además de ayudas públicas –las ya mencionadas más créditos fiscales en la absorción de los restos de las cajas y la venta a precio de oro de sus activos basura a la SAREB- la parte del león del salvamento que recibieron los tres grandes provino como digo del BCE. Desde 2008 a través de la famosa barra libre de liquidez, el BCE -con fondos públicos creados en pantallas de ordenador- prestó al 0% colosales recursos a la los grandes bancos que éstos invertían en deuda pública española al 6-7% provocando la ruina de las finanzas públicas a través del pago de intereses -30.000 millones anuales- por una deuda provocada en gran parte por el propio rescate bancario. ¡Con dinero público del Banco Central Europeo se hunden las finanzas de los Estados! Este absurdo llegó al paroxismo con la expansión cuantitativa (política monetaria no convencional del BCE) y la absorción de enormes cantidades de bonos públicos y privados de la banca española por parte del gran capo de Frankfort –que tiene prohibido financiar a los estados-. En concreto la gran banca patria ha endilgado nada menos que 300,000 millones de emisiones de renta fija -empaquetando todo tipo de préstamos y la basura restante de la burbuja- al BCE en las últimas rondas de la QE. En conclusión: la gran banca goza de la respiración asistida de nuestro banco central para engrosar sus abultadísimas cuentas de resultados y continuar esquilmando las arcas públicas e inflando nuevas burbujas con la colosal inyección recibida.

14) Entonces ¿Hubo un rescate encubierto? ¿Se mintió a los españoles diciéndoles que no había necesidad de una intervención de las finanzas españolas?

De lo expuesto se deduce claramente la respuesta afirmativa. De lo que se trataba es de socializar las pérdidas privadas mediante dinero público cargando al erario con una colosal deuda odiosa e ilegítima y ocultando y dejando impunes las responsabilidades de los que por su acción u omisión produjeron este desastre.

15)¿Si hubiera habido un rescate al uso se tenían que haber practicado quitas sobre la deuda?

El único modo viable de gestionar el rescate público habría sido provocando pérdidas a los acreedores internacionales para hacer viable el pago de la deuda pero los poderes financieros no están dispuestos a ello ya que se derrumbaría todo el castillo de naipes de derivados (los famosos CDS) que se activarían en caso de impago provocando enormes pérdidas a los dueños del casino. El caso griego es un aviso para navegantes de la inviabilidad de reestructuración de la deuda bajo el talón de hierro de la Troika y del fanatismo neoliberal de la UE.

16)Lo que acaba de manifestar es muy importante, nos está diciendo que el gobierno para presumir de una impecable gestión evitando el rescate impidió que los acreedores de la deuda se vieran abocados a tener que perder una parte de su inversión por las quitas ¿Esto fue así?

Afirmativo, se trató de una flagrante socialización de pérdidas. El Gobierno (cual perro guardián de los intereses del capital financiero y obediente esbirro de la infausta Troika) permitió que los bancos y los fondos de inversión cobraran hasta el último euro y no se vieran en la situación perentoria de practicar quitas. Toda la deuda bancaria se cargó a cuenta del sacrificio y las penalidades que sufren los españoles por los recortes supuestamente provocados por el “coste del rescate”.

17)¿Por sus manifestaciones podemos colegir que usted acusa a los responsables de la banca española de malas prácticas y del hundimiento de las finanzas del país?

Sobran los motivos. La banca privada hinchó y se benefició con artimañas de la colosal burbuja; cuando ésta explotó echó de sus casas con trapacerías e ilegalidades a centenares de miles de familias; al colapsar bajo el peso de la montaña de deudas contraída irresponsablemente puso la soga de la deuda impagable en nuestra economía; con dinero casi gratis del BCE se lucró prestando dinero al Estado que graciosamente se estaba encargando de su salvamento a costa del bienestar del ciudadano español. Si, por todo lo anterior,  yo les acuso, a ellos y a los políticos que han participado de esta estafa descomunal con consecuencias catastróficas para la ciudadanía. El castigo administrativo y/o judicial a quienes, por su acción u omisión produjeron este desastre está por ejecutar.

Agradezco especialmente a Salva Torres (asociación 500×20) y a José Manuel Novoa (Asociación de Hipotecados Activos) la invitación a participar en el evento y, muy especialmente, la paciencia y la valiosa ayuda prestadas en la elaboración del cuestionario.

 

Blog del autor y streaming del evento: https://trampantojosyembelecos.wordpress.com/2017/03/12/intervencion-en-la-tercera-sesion-del-proceso-a-la-banca-espanola/

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Corrupción, crimen organizado y paraísos fiscales viajan en el mismo tren

Dom, 19/03/2017 - 09:00

Xavier Caño Tamayo - ATTAC Madrid

Rosa Jensen, que fue vicepresidenta del tribunal de Utrecht, aseguraba hace años que asistíamos al nacimiento de una enorme corrupción supranacional. Y el investigador financiero Denis Robert asegura que hablar hoy de corrupción sin ir más allá es quedarse corto, porque es el mismo sistema económico, el capitalismo financiarizado, el que está viciado de raíz.

Prueba de la extensión de la corrupción es que incluso corrompe su propia definición. La entidad más conocida contra la corrupción, Transparency International, se queda corta al definirla. Corrupción sería solo el abuso de un poder público con fines privados. Pero olvida (no de modo inocente) que, además de funcionarios públicos y políticos al servicio del Estado corruptos, los imprescindibles corruptores al otro lado de la ecuación son privados. Si hay corrupción en África, sudeste asiático y América Latina, por citar tres zonas con fama de gran corrupción, es porque en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea hay grandes empresas, presidentes de consejos de administración y consejeros delegados, grandes fortunas y corporaciones que quieren corromper a funcionarios públicos para obtener beneficios ilícitos. Para que haya corrompidos ha de haber corruptores.

Además, ¿quién osará negar que la supresión de reglas y normas de los movimientos de capital ha hecho más fácil la corrupción? Como asegura Rob Jenkins, profesor de la universidad de Londres, dicha liberalización de las economías (con sus privatizaciones masivas de lo público) ha hecho crecer el pago de comisiones ilícitas por empresas privadas que desean hacerse con parte del pastel público privatizado. Y ahí han sido las empresas privadas las que han tomado la iniciativa de corromper, de pagar comisiones ilegales por concesiones públicas.

Por eso dictadores de toda calaña y políticos profesionales de escasa credibilidad democrática abrieron cuentas y depósitos seguros y secretos donde acumular lo obtenido por su corrompida actuación. Pero para ello necesitaban la discreta y leal colaboración de honorables bancos privados.

Apuntado el calado del verdadero problema de la corrupción, recordemos conceptos básicos. Según el diccionario, corrupción es cohecho, soborno. Pero corrupción también es no pagar impuestos que se deben pagar. Como también es corrupción blanquear el dinero sucio que proporcionan los delitos (tráfico de drogas, de personas, de armas…) Y también lo es financiar ilegalmente partidos políticos a cambio de contratas de obra pública o servicios del Estado otorgados a empresas privadas. Algo de lo que tenemos amplio conocimiento en el Reino de España y en lo que parece estar especializado el gobernante Partido Popular. Pero no es el único, por supuesto; ahí está en Catalunya el caso de Convergencia Democrática que ha estado chupando el 3% de comisiones durante más de treinta años. Presuntamente, claro.

Entre unas y otras corrupciones, solo del campo del delito se blanquean al año de 600.000 millones de dólares a un billón. Así lo consideran tanto el FMI como la ONU. Pero son delincuentes, diría un observador ingenuo. Lo son, pero para blanquear tantísimo dinero, esos criminales necesitan a respetables banqueros, prestigiosos gabinetes de abogados y asesorías fiscales de campanillas, más los imprescindibles paraísos fiscales sin los que no hay blanqueo.

El movimiento social ATTAC define los paraísos fiscales como “países, islas o enclaves geográficos con regímenes jurídicos opacos y reglamentaciones fiscales muy laxas que ofrecen exenciones y beneficios tributarios muy atractivos para el capital financiero a extranjeros no residentes y a sociedades domiciliadas legalmente en el lugar, aunque solo sea con una dirección postal”. No ponen impuestos a los movimientos y operaciones financieras, mantienen una hermética oscuridad sobre esas operaciones y se niegan a facilitar información aunque la pida un ejército de jueces y fiscales. Por lo que cabe deducir que los paraísos fiscales son imprescindibles para blanquear y evadir. Pero no solo paraísos de palmeras y aguas transparentes en el Caribe. También neblinosos lugares como Gibraltar, isla de Man, city de Londres, Austria, Luxemburgo… que blanquean que es un primor en el corazón de Europa.

Pero todo es posible por el intocable secreto bancario y la oscuridad de las transacciones financieras. En fin, a pesar de la complejidad de la cuestión, queda claro y cristalino que corrupción, crimen organizado y paraísos fiscales viajan en el mismo tren.

Periodista
Twitter: @xcanotamayo

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http://www.alainet.org/

xacata

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La enésima tropelía del artículo 135 de la Constitución Española

Dom, 19/03/2017 - 07:00

Eduardo Garzón – Consejo Científico de ATTAC España

La reforma del artículo 135 de la Constitución aprobada por el PP y PSOE concedió prioridad absoluta al pago de la deuda frente a cualquier otro tipo de gasto público. Esto conduce a situaciones tan absurdas y contraproducentes como la siguiente.

El Ayuntamiento de Madrid tiene un superávit superior a los mil millones de euros, pero la legislación derivada del artículo 135 de la Constitución le impide que pueda utilizar todo ese dinero en mejorar los servicios y prestaciones a los ciudadanos y ciudadanas, ya que obliga a pagar deuda antes de tiempo. Pero es que ese pago adelantado no tiene por qué conllevar un ahorro por pagar menos intereses en el futuro, sino que en ocasiones provoca costes extra, ya que muchos bancos penalizan a quienes devuelven sus préstamos antes de tiempo. Estas penalizaciones le han costado en 2016 a la ciudadanía madrileña nada más y nada menos que 1.819.494 euros (1).

Casi 2 millones de euros de dinero público regalados a la banca (concretamente a Crédit Agricole y Bankinter) por culpa de una legislación antisocial y pensada fundamentalmente para beneficiar a las entidades financieras. No sólo se está impidiendo a ayuntamientos saneados que utilicen sus recursos para mejorar el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas sino que además se le está haciendo un negocio extra a la banca.

(1) 1.268.000 euros de costes de ruptura generados en la amortización anticipada, llevada a cabo el 5 de diciembre de 2016 por importe de 65.625.000 euros, del préstamo bilateral a tipo de interés fijo, formalizado con Crédit Agricole el 4 de diciembre de 2014 por importe de 75.000.000 de euros. Y 551.494 euros a los costes de ruptura generados en la amortización anticipada, llevada a cabo el 5 de diciembre de 2016 por importe de 30.783.372,91 euros, del préstamo bilateral a tipo de interés fijo, formalizado con Bankinter el 4 de diciembre de 2014 por importe de 57.100.327,45 euros.

Saque de Esquina

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Las mentiras del PP sobre el impuesto de sucesiones

Sáb, 18/03/2017 - 09:02
Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España

Hace unos meses, cuando pasaba por delante del Ayuntamiento de Sevilla me abordó una señora que formaba parte de un grupo situado junto a un stand de propaganda del Partido Popular. Me pidió amablemente que firmara para “acabar” con el impuesto de sucesiones en Andalucía y cuando le dije que era imposible que se acabara con él solo en Andalucía, por la razón que señalaré más abajo, me siguió dando una serie de argumentos que fui rebatiendo lo más educadamente que pude. Cuando ya no tuvo ninguno adicional se limitó a decirme que había que suprimirlo porque “Susana es una ladrona que se queda con el dinero de los andaluces”.

Ante semejante “argumento” decidí que era mejor no seguir y me alejé de uno de los muchos grupos de militantes del PP que han difundido en toda Andalucía una campaña magníficamente programada y muy eficaz contra el impuesto sobre sucesiones.

Digo que ha sido una campaña muy eficaz porque me consta que ha convencido a miles de personas de que el impuesto sobre sucesiones es injusto, muy elevado, que solo lo pagan la generalidad de las clases y medias y trabajadoras y, para colmo, que Andalucía es el único territorio en donde se utiliza “para robar” a la gente. Algo sorprendente si se tiene en cuenta que este impuesto es centenario, que existe desde hace muchos años en los países más avanzados del mundo y que siempre se ha considerado como uno de los instrumentos más efectivos de la historia para luchar contra los privilegios de cuna y para hacer que las sociedades sean más equitativas y las economías más eficientes. De hecho, el propio Partido Popular ha realizado varias reformas fiscales con mayoría absoluta y, a pesar de que podría haberlo eliminado o modificado, lo ha mantenido siempre.

Nadie puede censurar que un partido critique la política fiscal de un gobierno y yo no tendría nada que objetar a esta campaña del PP (y de algunos de sus economistas de referencia) si no fuera porque está plagada de mentiras que deberían hacer enrojecer y sentir vergüenza de decirlas en una sociedad mínimamente culta y democrática y en la que se pidiera rendición de cuentas a los representantes políticos y a los personajes públicos.

Voy a señalar a continuación las mentiras más importantes y las que he podido comprobar que han servido para engañar a muchas personas de buena fe que no están al día de las leyes fiscales y de lo que de verdad ocurre con los impuestos. Y me voy a referir a las mentiras económicas, dejando a un lado las mucho más burdas y vergonzosas que el PP ha difundido a la hora de convocar los actos de protesta. Sirva de ejemplo la diferente redacción de la convocatoria de una manifestación que muestro en el recuadro de abajo y en el que, además de las mentiras económicas, se comprueba el impresionante ejercicio de demagogia que supone convocarla solo para para protestar por el impuesto (en los grupos de personas de más alto nivel adquisitivo) o mezclando las churras del impuesto con las merinas del recibo de la luz (en los que están personas que se sabe tienenca de menor nivel económico).

LAS MENTIRAS DEL PP

– “El impuesto sobre sucesiones que hay en Andalucía es un impuesto antiguo que no existe en otros lugares”.

Es falso. El impuesto existe en 27 de los 34 países más ricos del mundo (OCDE).

– “El impuesto sobre sucesiones afecta a todos los andaluces”.

Es falso. En 2016, solo 3 de cada 100 andaluces tuvieron que hacer la autodeclaración de este impuesto. Es decir, 255.009 personas de los 8,4 millones que residimos en Andalucía.

– “El impuesto sobre sucesiones “confisca como los impuestos de la Edad Media” la riqueza de los andaluces”.

Es falso. En 2016, solo 2,2 andaluces de cada 1.000 tuvieron que pagar algo por este impuesto (19.136 de los 8,4 millones). Y de los que presentaron declaración solo pagó el 7,5%. Y serán muchos menos a partir de 2017 con la nueva reforma que ha elevado el mínimo exento. Hay que tener, por tanto, muy poca vergüenza para decir, como dijo el vicesecretario de Coordinación Política del PP-A, Toni Martín, que “Susana Díaz, a través de este impuesto, se está incautando de los frutos del trabajo de toda una vida de cientos de miles de andaluces” (aquí).

– “El impuesto sobre sucesiones obliga a que los hijos andaluces paguen por disponer de la riqueza de sus padres”.

Es falso. En 2016, sólo 5.426 andaluces pagaron por heredar algo de sus padres. Es decir, solamente un andaluz de cada 1.500 pagó algo por recibir esa herencia, o uno de cada 47 declarantes (el 2,1%).

– “El impuesto sobre sucesiones lo pagan en Andalucía las clases medias y trabajadoras”.

Es falso. Ya he dicho que en 2016 solo pagaron 19.136 personas. Las clases medias y trabajadoras son obviamente mucho más numerosos y, en su generalidad, no pagan por este impuesto. Lógicamente, puede haber personas de esa condición que tuvieran que pagarlo (en función de sus circunstancias personales, pero no puede decirse que las clases medias en su generalidad sean quienes cargan el impuesto sobre sus espaldas. ¿Qué familia de clase media con dos hijos, por ejemplo, tiene un patrimonio superior a un millón de euros que es más o menos el límite para empezar a pagar, a partir de 2017 en Andalucía?

 – “Andalucía tiene un tipo 1.000 veces más alto que la Comunidad de Madrid”.

Es falso. Madrid bonifica el 99% de la cuota para descendientes directos. En este caso sería de 100 veces. Lo que pagan los herederos más alejados no es más alto en Andalucía, pues se paga prácticamente igual en todas las comunidades autónomas.

“Con herencias de más de 800.000 euros los hijos pierden casi toda la herencia de sus padres”.

Es falso. Con la reforma andaluza que entró en vigor el 1 de enero de 2017, incluso si se tratara de una herencia de 1.000.000 de euros del padre o la madre de un matrimonio en régimen de gananciales y dos hijos, éstos dos no tendrían que pagar nada. Y, en todo caso, no se pierde, sino que se tributa por un considerable incremento en la riqueza.

“El impuesto sobre sucesiones lo impone en su totalidad la Junta de Andalucía y debe eliminarlo”.

Es falso. El impuesto es estatal y está cedido a las comunidades autónomas. Andalucía no podría eliminar nunca ese impuesto. Como dije antes, podría haberlo hecho el PP en todos los años en que ha tenido mayoría absoluta y no lo ha hecho. Como tampoco ha querido impedir que haya unas diferencias tan grandes y absurdas entre las comunidades autónomas: al revés, legisló de forma que se pudieran dar. Afirmar, como hace el PP en su página web, que “aboga por la eliminación del Impuesto de Sucesiones para que heredar no sea una ruina para las clases medias” (aquí) no solo es un acto de demagogia gigantesca (porque Andalucía no puede eliminar un impuesto estatal y porque cuando pudo eliminarlo el PP no lo ha eliminado) sino una mentira porque no lo pagan esos sectores sociales, como ya he señalado.

“Entre 7.000 y 8.000 familias (40.000 al año) se mudan a Madrid para evitar el impuesto de sucesiones”.

Es falso. Esa cifra que han popularizado los dirigentes del PP (aquí) es el doble de las personas que pagan el impuesto. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2015, migraron a Madrid unos 12.500 andaluces (lógicamente no todas ellas por razones fiscales) y 8.000 de Madrid a Andalucía.

“Las familias que no tienen liquidez en ese momento no pueden recibir la herencia de sus padres o familiares”.

Es falso. La ley contempla plazos para poder vender la herencia. Es verdad que está ocurriendo a menudo que es difícil vender pero por causa de la crisis y no del impuesto.

“El impuesto sobre sucesiones tan elevado en Andalucía es la causa de que muchos andaluces tengan que renunciar a la herencia de sus padres”.

Es una media verdad. Es cierto que en Andalucía hay más renuncias que en otros lugares en términos proporcionales y eso es lógico si se paga más. Pero es completamente falso y contradice el sentido común que todas las renuncias se deban al tipo más alto: entonces en Madrid no habría renuncias y, sin embargo, en 2016 hubo allí 4.120.

Una causa fundamental (si no la principal) de renuncia a las herencias es que muchas van acompañadas de deudas elevadas (sobre todo hipotecarias) que a veces no se pueden soportar por los herederos. Y también, que la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria dificulta o incluso impide vender las propiedades. Prueba de ello es que, como acabo de decir, en Madrid (donde los descendientes directos no pagan nada) se produjeran en 2015, 4.120 renuncias, es decir, muy pocas menos que en Andalucía (6.829) si se comparan con la población total (6,4 renuncias por cada 10.000 madrileños y 8,12 por cada 10.000 andaluces). Y además es en cierta medida lógico que se produzcan más renuncias en Andalucía si se tiene en cuenta que su renta per capita (17.131 euros en 2015) es mucho más baja que la de la Comunidad de Madrid (31.691).

– Lo que se recauda por el impuesto sobre sucesiones se lo traga la Junta de Andalucía o “lo roba Susana”.

Es falso. Se puede estar de acuerdo o no con este impuesto o con otros, pero no se puede ocultar para qué sirve. En este caso, el impuesto sobre sucesiones lo cede el Estado para que las comunidades autónomas financien la sanidad, la educación y otros servicios públicos y a eso se dedica lo que se ingresa con él en Andalucía. Lo que precisamente ocurre es que las comunidades que tienen privilegios de financiación o son más ricas pueden permitirse renunciar a una parte de los ingresos que genera mientras que las que resultan perjudicadas (como Andalucía) han de forzar mucho más sus figuras tributarias propias.

– “El impuesto sobre sucesiones solo lo defienden las izquierdas”.

Es falso. Afirmar eso es fruto de la mentira o de una total incultura económica y fiscal. Este impuesto ha sido siempre defendido por personas e investigadores de muy diferente ideología que simplemente tratan de evitar la concentración de la riqueza en porcentajes cada vez más pequeños de la población y de favorecer la meritocracia frente a los privilegios de cuna porque se sabe que las herencias ha sido siempre una de las fuentes más importantes de la desigualdad de oportunidades En los muchos países del mundo donde se aplica lo han establecido partidos y gobiernos de todas las corrientes políticas.

En 2001, 120 multimillonarios estadounidenses encabezados por Warren Buffet, Bill y Melinda Gates, varios miembros de la familia Rockefeller, George Soros y otros más hicieron pública una carta en la que decían: “Eliminar el impuesto sobre sucesiones sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad, conduce a una aristocracia de la riqueza que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación… y dañará a las familias que a duras penas llegan a fin de mes” (la noticia aquí).

“El impuesto sobre sucesiones obliga a pagar dos veces porque quien deja la herencia ya pagó a lo largo de su vida por lo que deja”.

Es falso. Se puede estar de acuerdo o no con este impuesto, pero decir que grava lo ya gravado anteriormente es totalmente incierto e incorrecto. Este impuesto grava un hecho que no ha sido gravado antes (la recepción de unos determinados bienes y el incremento de riqueza que supone en quien lo recibe) y a personas que, lógicamente, nunca antes habían pagado por la riqueza que ahora llega a sus manos (los herederos).

Esta afirmación es tan absurda como decir que no debe establecerse un impuesto como el IVA porque grava una renta con la que se compra algo que ya ha sido gravada antes (por el IRPF, por ejemplo).

– (La Junta de Andalucía) “valora un inmueble muy encima del valor de mercado”.

Es falso. Esta idea que han difundido algunos economistas anarcocapitalistas como Daniel Lacalle (en un video que puede verse aquí) no responde a la verdad. Es la ley (estatal y no andaluza) del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la que establece que los bienes inmuebles que son objeto de transmisión deben ser declarados por su valor real y la Ley General Tributaria determina los diversos criterios de valoración que se pueden utilizar. En Andalucía, y en otras comunidades, se utilizan los Coeficientes Multiplicadores del Valor Catastral (CMVC) que tienen gran rigor técnico y no pueden dar lugar a un valor superior al del mercado (salvo en algún caso verdaderamente excepcional) y que, precisamente para que eso no ocurra, disponen de un procedimiento de garantía bastante riguroso. Es fácil comprobar con números que lo que afirma Daniel Lacalle no sucede en la realidad.

“El impuesto lleva a la ruina”.

Esta es una frase también de Daniel Lacalle en el mencionado video que es una falsa y disparatada exageración. Nadie puede arruinarse por una herencia puesto que siempre tendrá a su alcance la posibilidad de no aceptarla o de hacerlo a beneficio de inventario (es decir, sin poner en peligro su propio patrimonio).

Según el impuesto “a un hijo único de padres divorciados y de 15 años le valoran el piso en 300.000 euros y debe pagar 80.655 euros”.

Este es un ejemplo que pone el economista Daniel Lacalle en el mismo video para criticar el impuesto. Habría que conocer el caso concreto pero resulta absolutamente improbable por no decir imposible que eso haya ocurrido según las tarifas existente del impuesto. Actualmente, en una familia de dos hijos el patrimonio tendría que ser mayor a 700.000 euros para estar bonificado. Y la prueba de que esos casos son muy minúsculos es que en 2016 solo hubo en Andalucía 459 casos (entre 8,4 millones de personas o entre los 255.009 declarantes) con una base imponible superior a los 800.000 euros.

– “La Junta de Andalucía se convierte en una enorme agencia inmobiliaria cuando los ciudadanos rechazan la herencia porque no pueden pagar el impuesto”.

Esta nueva afirmación de Daniel Lacalle en el mismo video es igualmente falsa porque los inmuebles que formaran parte de una herencia rechazada pasan al gobierno central y no a la Junta de Andalucía.

– El impuesto sobre sucesiones “no tiene ningún efecto redistributivo ni de igualdad”.

Esta es una idea que difunden los economistas ultraliberales (y concretamente Daniel Lacalle en el video) para legitimar las políticas del Partido Popular engañando a la gente. Puede discutirse sobre si el impuesto tiene mucho o poco efecto redistributivo o si se da siempre o solo en determinadas circunstancias, pero afirmar que no tiene efecto ninguno es una exageración deshonesta porque está desmentida por docenas de estudios empíricos que pueden consultarse en cualquier publicación mínimamente especializada.

Un conocido informe sobre la reforma de la imposición directa encabezado por el Premio Nobel J. E. Meade, decía “el patrimonio heredado debe sufrir una mayor imposición tanto por razones de justicia como a causa del tema de los incentivos económicos. El ciudadano que por su esfuerzo y trabajo haya acumulado una fortuna merece un mejor tratamiento fiscal que el ciudadano que por la suerte de su nacimiento posee el mismo patrimonio; gravar al primero menos que al segundo crearán un obstáculo menor al esfuerzo y el trabajo”. Y, a pesar de las deficiencias que pueda tener en su diseño actual, la Comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español nombrada en su día por el Partido Popular concluyó proponiendo “mantener el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para mejorar la igualdad de oportunidades y favorecer la equidad del sistema”.

– “La sociedad actual es más igualitaria y no necesita un impuesto como el de sucesiones”.

Es falso. En Francia, por ejemplo, se está demostrando que las herencias tienen en Francia casi el mismo efecto sobre la desigualdad que en los tiempos de la revolución de 1789 y en ese país, no muy diferente al nuestro, la desigualdad por razones de patrimonio es mucho mayor que la de renta: la renta que acumulan el 10% de las familias más ricas es 4,6 veces mayor que las rentas del 10% de menos ingreso, pero el patrimonio de las primeras es 139 veces mayor. Y también está ocurriendo que las personas de más edad acumulan cada vez más patrimonio (En Francia las personas que están en los treinta años tienen en 2014 3,5 veces menos patrimonio del que tenían en 1986, y eso en parte se debe porue se hereda mucho más tarde que antes (Alternatives Economiques, nº 366, p. 27).

Es lamentable que un partido con tanta responsabilidad como el Partido Popular lleve a cabo una campaña política basada en mentiras y en engañar a la población con un propósito que no puede ser otro que el de dinamitar a un gobierno al que no puede vencer con los votos. No es un juicio de intenciones por mi parte, sino la pura realidad: si el PP de verdad quisiera que no hubiera impuesto sobre sucesiones lo habría eliminado al gobernar con mayoría absoluta. ¿A qué viene, entonces, mentir ahora de esta manera?

Incluso la crítica que se hace a Andalucía no es justa. No es verdad que la Junta de Andalucía haya subido el tipo del impuesto, sino que el gobierno de la comunidad mucho más rica como la de Madrid lo bonificó, como he dicho, casi al 100% en su territorio.

Las necesarias reformas del impuesto

¿Es necesario que haya un impuesto sobre las sucesiones? Como he explicado en mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas, no hay una respuesta objetiva a esa pregunta: depende de las preferencias de cada persona y por eso lo deseable es que haya suficiente y auténtica democrática para que la sociedad en su conjunto pueda decidir con libertad lo mejor para todos. Y por eso no se puede aceptar que unos u otros impongan su preferencia individual o de grupo al resto de la sociedad. Y menos, a base de mentiras.

Pero, con independencia de ello y de señalar las mentiras del PP y de algunos economistas de ideología ultraliberal y anarco-capitalista que se han puesto de moda en los últimos años para legitimar sus políticas, no se puede olvidar que, efectivamente, el impuesto sobre sucesiones en España tiene algunas deficiencias importantes que habría que corregir. Una cosa es que se acepte que exista un determinado impuesto y otro que no se diseñe adecuadamente para cumplir los fines que la sociedad le encomiende.

La más evidente, sin duda, es su falta de armonización en las diferentes comunidades autónomas que lleva a producir desigualdades injustificables y aberrantes. Una barbaridad que se podría evitar muy fácilmente.

En segundo lugar, algunos problemas a la hora de valorar las herencias o de aplicar reducciones, unas veces demasiado prolijas y otras excesivamente generales, que pueden dar lugar a situaciones de inequidad.

En tercer lugar, una consideración más cercana a la realidad de los nuevos modelos de familias y a las condiciones reales de las personas, en las que no siempre coincide la posibilidad de disponer de un patrimonio relativamente importante con suficiente liquidez (algo, por cierto, que está ocurriendo en gran parte por culpa de las políticas neoliberales del PP que hacen que las nuevas generaciones vivan peor que las de sus padres).

En cuarto lugar, la inequidad que puede producir el “salto” cuando se superan los límites establecidos.

Por último, algunas deficiencias relativas a la transmisión de negocios familiares que pueden verse en peligro si no se ajusta bien el tratamiento fiscal y si no se dan facilidades para que se mantenga en las mejores condiciones posibles la actividad productiva.

Sin embargo, ninguna de ellas justifica la campaña a base de mentiras y claramente demagógica (porque estuvo en su mano resolver lo que critica) que viene orquestando el Partido Popular, especialmente en las comunidades gobernadas por el Partido Socialista. No conviene engañarse: lo que hay detrás de estas es la estrategia de desmantelamiento de las estructuras del bienestar (sanidad, educación, pensiones públicas) que el PP ya ha puesto en marcha en comunidades donde gobierna o ha gobernado, como la valenciana o la de Madrid.

Las derechas económicas saben perfectamente que esos servicios públicos son muy queridos y necesitados por la población e incluso por sus propios votantes. Por eso no proponen directamente su sustitución por los negocios privados (cuyas desventajas siempre ocultan) sino que llevan a cabo una estrategia inteligente pero taimada: ir dejándolos poco a poco sin financiación (sobre todo reduciendo impuestos que alivian la carga de las grandes fortunas y empresas) para que funcionen peor y, cuando esto va ocurriendo, salir a la calle a decir que funcionan mal por culpa…. no por culpa de sus propias decisiones sino ¡de quienes los defienden!

 

Publicado en eldiario.es 

Ganas de escribir

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Devaluación monetaria, devaluación interna

Sáb, 18/03/2017 - 07:00

Juan Francisco Martín Seco - Consejo Científico de ATTAC España

El Banco de España ha publicado recientemente un dato de sumo interés que, sin embargo, ha pasado desapercibido. El saldo de la balanza por cuenta corriente en 2016 ha tenido signo positivo, casi el 2% del PIB. Su relevancia se encuentra en que ha sido precisamente el comportamiento negativo de esta variable el que nos ha precipitado a la crisis. Nuestro déficit exterior fue creciendo progresivamente de 2000 a 2008 hasta alcanzar en este último año cerca del 10% del PIB, cifra a todas luces temerario. La acumulación durante este periodo de saldos negativos se tradujo en un desorbitado endeudamiento exterior, haciendo extremadamente vulnerable nuestra economía a los movimientos de los mercados.

Una condición imprescindible para que España saliese de la recesión era cerrar esta brecha que estaba en el origen del problema. Lo primero era evitar que el endeudamiento continuase creciendo. La tarea no se presentaba fácil, puesto que la pertenencia a la Unión Monetaria (UM) nos impedía devaluar la moneda, que es la forma normal de equilibrar la balanza de pagos. Este camino estaba cerrado, por lo que las autoridades europeas y el Gobierno español dirigieron la mirada a la única vía posible en esas circunstancias, la de la devaluación interna.

Tengo que reconocer que era bastante pesimista sobre la eficacia de esta política y la posibilidad de equilibrar la balanza de pagos acudiendo únicamente a dicho procedimiento. Pero lo cierto es que ha funcionado; otra cosa muy distinta es el coste que ha habido que pagar por ello. Hay que admitir que un superávit en la balanza por cuenta corriente del 2% del PIB es un dato positivo desde el punto de vista macroeconómico, ya que asegura que al menos a corto plazo el sector exterior no va ser un factor de distorsión que estrangule el posible crecimiento.

Pero la corrección no ha sido gratuita. Como ya se ha señalado, no se ha conseguido por devaluación del tipo de cambio sino por devaluación interna, y esta tiene efectos infinitamente más negativos que la primera. Aun cuando se suele afirmar que consiste en la deflación de precios y salarios, lo cierto es en la práctica, dado que nos movemos en una economía de mercado -en la que, por supuesto, los precios no pueden ser intervenidos ni limitados los beneficios empresariales- todo se reduce a disminuir salarios. El planteamiento era de esperar. Fue uno de los motivos por los que algunos estuvimos en contra de la UM desde sus inicios. Preveíamos que en cuanto comenzasen las dificultades, que sin duda iban a surgir, el ajuste recaería principalmente sobre los trabajadores, y que la imposibilidad de devaluar la divisa, unida a la libre circulación de capitales, constituiría un arma letal en contra del Estado social y de los derechos laborales.

La ventaja de la devaluación de la moneda es que perjudica a todos por igual y modifica únicamente la relación de precios interiores frente a los exteriores, pero deja intactos los precios relativos (incluyendo los salarios) en el interior. Todos se empobrecen en la misma medida frente al extranjero, pero no experimentan ningún cambio relativo en su capacidad económica respecto a los otros agentes internos.

La deflación competitiva, por el contrario, resulta totalmente injusta, ya que distribuye el coste de una manera desigual y caótica: afectará exclusivamente a los salarios y a aquellos empresarios, principalmente los pequeños y que carezcan de defensa, mientras que las grandes empresas que actúan en sectores donde la competencia no existe no solo no asumirán coste alguno, sino que incluso verán incrementar sus beneficios. Tampoco todos los salarios se comportarán de la misma manera ni se reducirán en la misma cuantía.

La comprobación empírica de lo dicho anteriormente la encontramos al ver cómo el coste de la actual crisis, por ejemplo en España, se ha repartido de manera asimétrica y desigual. La reducción de precios se ha conseguido a base de rebajar los salarios en un porcentaje mucho mayor. Los costes laborales unitarios en términos reales han descendido de forma continua, de manera que la distribución de la renta ha evolucionado en contra de la remuneración de los asalariados y a favor del excedente empresarial.

Paradójicamente, fue Milton Friedman el que ya en un texto escrito en el año 1958 y citado por Paul Krugman recientemente explicaba con una comparación curiosa lo difícil que resulta sustituir la devaluación de las divisas por la deflación de precios y salarios: “La defensa de los tipos de cambio flexibles es, por curioso que parezca, casi idéntica a la del cambio de hora en verano. ¿No resulta absurdo cambiar el reloj en verano cuando se podría conseguir exactamente lo mismo si cada persona cambiase sus costumbres? Lo único que se precisa es que cada persona decida llegar a la oficina una hora antes, comer una hora antes, etc. Pero, obviamente, es mucho más sencillo cambiar el reloj que guía a todas estas personas, en lugar de pretender que cada individuo por separado cambie sus costumbres de reacción ante el reloj, por más que todos quieran hacerlo. La situación es exactamente igual a la del mercado de divisas. Es mucho más simple permitir que un precio cambie -el precio de una divisa extranjera- que confiar en que se modifique una multitud de precios que constituyen, todos juntos, la estructura interna del precio.”

El ejemplo es, desde luego, pertinente. Nadie estaría dispuesto a cambiar su horario, al menos si no está seguro de que todos los demás lo harán en la misma medida. Ningún trabajador aceptará de buen grado una bajada de salario si piensa que los precios y los otros salarios no se van a reducir en idéntica medida; y ningún empresario reducirá sus precios si puede no hacerlo. No hay certeza de que la devaluación interior consiga siempre el objetivo perseguido de modificar la relación de precios internos-externos, al menos en la cuantía necesaria, pero lo que parece seguro es que modifica los precios relativos interiores, incluyendo los salarios, y que cambia la redistribución de la renta de una manera caótica, injusta y regresiva.

Además, la deflación competitiva, a diferencia de la devaluación, no afecta a los activos ni a los pasivos. Estos no sufren ninguna modificación. Así que todos aquellos que poseen deudas ven cómo se incrementan respecto a sus salarios. Por el contrario, todos los que acumulan riquezas serán más ricos en términos relativos. El monto de la deuda frente al exterior no se reducirá (cosa que sí ocurre en la devaluación monetaria), lo que resulta muy relevante para los países del sur de Europa, incluyendo España,  enormemente endeudados.

El hecho de que España haya conseguido equilibrar la balanza de pagos por cuenta corriente es una buena noticia, pero que lo haya tenido que hacer mediante la deflación interna implica el haber pagado un alto precio por ello en términos de equidad y dejar casi intacto el endeudamiento exterior, lo que alimenta la incertidumbre frente al futuro. La demanda interna, además, se puede resentir al haber deprimido los salarios y mantener casi constante el endeudamiento de las familias mediante tasas negativas de inflación.

www.martinseco.es

Publicado en República

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Paradojas y efectos de nuestros saldos comerciales

Ven, 17/03/2017 - 09:00

Albino Prada – Comisión JUFFIGLO de ATTAC España

El pasado mes de febrero el Ministerio de Economía ofrecía el primer avance de los flujos comerciales exteriores en España y sus Comunidades Autónomas. Para el conjunto de España las importaciones de mercancías (a pesar del reducido precio del petróleo en 2016) superaron a lo exportado en casi diecinueve mil millones. Un déficit comercial de alrededor del dos por ciento de la riqueza nacional (PIB).

Regiones pobres

Sin embargo dicho saldo comercial exterior era muy desigual según el territorio en el que nos fijásemos. Galicia anotó un excelente resultado: un superávit de cuatro mil cuatrocientos millones. Una cifra que equivale a un positivo ocho por ciento del PIB. Como sabemos Galicia tiene un nivel de riqueza por habitante por debajo de la media española. ¿Sucederá lo mismo en una región aún menos rica?.

La respuesta es positiva. Andalucía también anotó un saldo comercial positivo en el año 2016 de un uno por ciento de su PIB. De manera que dos regiones menos ricas de la economía española aparecen como campeonas exteriores si tenemos en cuenta sus balanzas comerciales positivas.

Regiones ricas

¿Qué sucede en las regiones más ricas?. Cataluña, con una riqueza por habitante del 120% de la media española, anotó unas importaciones superiores a sus exportaciones en casi trece mil millones (un saldo comercial del -6% de su PIB regional). Por su parte Madrid, con una riqueza por habitante del 137% de la media española, anotó unas importaciones superiores a sus exportaciones por casi treinta mil millones (un saldo del -14% de su PIB regional).

Asimetrías

Estas asimetrías dibujan unas relaciones económicas en las que los más ricos tienen saldos negativos fuera de España (ese es el marco territorial de los datos del Ministerio). Algo que no les preocupa si hacia el resto de España exportan más de lo que importan, consiguiendo así dar la vuelta a su situación. Y, en efecto, tanto Madrid como Cataluña tienen un saldo total externo positivo (negativo fuera de España y positivo, y superior, con el resto de España).

Lo contrario sucede en regiones menos ricas como Andalucía o Galicia. Fuera de España somos campeones con balanzas positivas. Pero del resto de España importamos mucho más de lo que exportamos. Al final nuestros saldos totales se convierten en negativos o en muy reducidos. Galicia pasa de aquél positivo 8% fuera de España (según el Ministerio) a apenas un 1% en nuestro saldo exterior total respecto del PIB (según el IGE).

De lo comercial a lo fiscal

Es así como la producción, empleo y mayor riqueza de las regiones más ricas de España se hace posible por contar con mercados internos en regiones que lo son menos. Mercados que absorben sus millonarios saldos comerciales negativos fuera de España.

Y es por eso, según razono en una nota del informe trimestral de coyuntura(Foro Económico de Galicia), que esas regiones más ricas no hacen nada especial transfiriendo parte de su riqueza a las menos ricas a través de los saldos fiscales del Estado. Estaríande sobra justificados por la unidad, funcionalidad, permeabilidad y accesibilidad de que disfrutan en el mercado interno español.

Saldos fiscales entre Comunidades Autónomas

El Ministerio de Hacienda ha divulgado recientemente su última estimación –para el año 2013- sobre el Sistema de Cuentas Publicas Territorializadas, cuentas que se vienen denominando popularmente como Balanzas Fiscales. La pregunta a la que dan respuesta dichas cuentas o balanzas es la siguiente: ¿en una concreta Comunidad Autónoma el gasto de sus hogares y administraciones públicas depende solo de su nivel de riqueza o lo hace, en parte, gracias a rentas transferidas desde Comunidades más ricas?.

Según sea la contestación a dicha pregunta estaremos en presencia de saldos fiscales positivos o negativos. Como vemos en un primer recuadro del informe del Ministerio las regiones más ricas (Madrid y Cataluña entre ellas) anotan saldos negativos, lo que quiere decir que ceden recursos económicos, parte de su riqueza, a otras regiones menos ricas.

Saldos fiscales relativos en 2013
(millones de euros y porcentaje del PIB)

Fuente: Ministerio de Hacienda (2016)

http://www.minhap.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/Sistema-cuentas-territorializadas-2013.aspx

En la misma columna total vemos como regiones menos ricas (Andalucía o Galicia entre ellas) tienen importantes saldos positivos lo que quiere decir que parte de su consumo (privado o público) se explica por recursos procedentes de otras regiones, recursos que canalizan los distintos agentes del sector público (Estado, Seguridad Social o Administraciones Territoriales).

Andalucía: saldos comerciales y fiscales

Fijémonos en el caso de Andalucía para empezar. Recibe del resto de regiones más ricas un total de 6.154 millones de euros (un 4,4% de su PIB). Quiere ello decir que sin tales trasferencias en Andalucía no podrían consumir todo lo que de hecho consumen. ¿Tenemos algún indicador para confirmar que eso es así?.

Sí lo tenemos: el saldo externo en bienes y servicios de un país, región o territorio. Para el caso andaluz su Instituto de Estadísticas y Cartografía nos informa de que en aquella región en dicho año 2013 el saldo externo fue negativo por 10.596 millones de euros. Lo que quiere decir que los andaluces (hogares, empresas y administraciones) importaron 10.596 millones más de lo que exportaron o, lo que es lo mismo, que, si pudieron hacerlo, su consumo anual superó a su riqueza anual (PIB) en esa cifra. En parte, como nos dicen las balanzas fiscales, porque más de seis mil millones les llegaron del resto de España y, en la otra parte, porque se endeudaron para poder hacerlo.

Madrid: Saldos comerciales y fiscales

Desde esta óptica el caso de Madrid guarda una simetría perfecta respecto a lo visto para Andalucía. Como vemos en su gráfico de saldos exteriores que también acompaña a este texto dicha Comunidad lo tuvo en 2015 positivo por 16.752 millones (dato de su IECM). De manera que allí las exportaciones superaron a las importaciones en esa cifra. Lo que, a su vez, permitió que la producción (PIB) estuviese muy por encima de su demanda interna.

Fuente: elaboración propia con datos de IECM e IDESCAT

Es más que probable que buena parte de ese superávit externo lo consiga Madrid en el resto de España (de hecho su saldo comercial fuera de España es muy negativo por casi diecisiete mil millones). Es decir vendiendo necesariamente en los mercados (gallego o andaluz entre otros) mucho más de lo que compra.

Y es así que, como contrapartida a esos mercados dentro de España (que empujan su PIB y su saldo externo), cede unas transferencias de 17.591 millones (su saldo fiscal negativo) a las regiones menos ricas de España. Sería la otra cara de su positivo saldo externo. Una forma de financiar los mercados importadores que favorecen su economía.

Cataluña: Saldos comerciales y fiscales

A la vista del mismo gráfico algo semejante sucede con Cataluña. Su saldo fiscal en el recuadro inicial sabemos que es negativo por 8.800 millones (la mitad que el madrileño) lo que quiere decir que cede rentas y riqueza al resto de España. La pregunta debe ser ¿también es una contrapartida de su saldo exterior positivo?. Según el IDESCAT en 2013 Cataluña obtiene un saldo exterior positivo de 24.107 millones (véase el mismo gráfico que para el caso madrileño), especificando dicho Instituto que con el extranjero obtiene 13.631. Lo que quiere decir que con el resto de España la economía y el PIB catalán se favorecen de un saldo positivo de más de diez mil millones (compras de bienes o ingresos netos por turismo). Mucho más de lo que ceden como saldos fiscales.

Galicia: Saldos comerciales y fiscales

El caso de Galicia supone regresar al patrón andaluz. Recibimos rentas fiscales por 3.655 millones como contrapunto a una balanza exterior en bienes y servicios que en 2012 fue negativa por 2.240 millones según nuestro IGE. Un saldo negativo que favorece al resto de España (Madrid y Cataluña en primera línea) ya que nuestra balanza comercial exterior fuera de España no es negativa, sino positiva (por más de cuatro mil millones).

Recibimos rentas (solo la Seguridad Social ese año transfirió a Galicia tres mil millones más de los que ingresó entre nosotros) con las que en buena medida podemos enfrentar unos consumos que superan nuestra producción, ya que compramos fuera (singularmente en el resto de España) más de lo que vendemos. Lo contrario que las Comunidades más ricas que si bien ceden esas rentas, lo hacen porque previamente han conseguido vendernos mucho más de lo que importan de Galicia.

Resumen

Las regiones más ricas (Madrid o Cataluña) consiguen saldos positivos en las menos ricas (por ejemplo Galicia o Andalucía), lo que les permite impulsar su empleo y su PIB. Parte de esa riqueza (9% Madrid, 4,5% Cataluña) la ceden como saldos fiscales a los territorios (como Andalucía y Galicia) que son sus compradores netos y que, al serlo, importan como desempleo interno el empleo que allí se genera.

La mejor estrategia económica regional es, en consecuencia, no anotar saldos negativos (en bienes y servicios) para no depender ni de saldos fiscales positivos ni de endeudamiento.

Publicada la primera parte en LA VOZ DE GALICIA

Y la segunda parte por el FORO ECONÓMICO DE GALICIA

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Barcelona pone en jaque a las eléctricas

Xov, 16/03/2017 - 09:00

Miguel Salas – sinpermiso

A veces pequeñas decisiones ponen patas arriba lo que parecía inamovible.  El Ayuntamiento de Barcelona, presidido por Ada Colau, sacó a concurso público la concesión del suministro eléctrico de sus instalaciones en toda la ciudad. No es un contrato cualquiera, se trata del suministro a todos los edificios municipales y a la red de alumbrado público, alrededor de 65 millones de euros en dos años. En el pliego de condiciones añadió una pequeña cláusula que establecía obligaciones para luchar contra la pobreza energética en la ciudad. ¡La que se ha armado!

Cuando se cerró el plazo, el pasado 10 de febrero, entre las ofertas no aparecía ninguna de las dos eléctricas más importantes que operan en la ciudad, Endesa y Gas Natural-Fenosa. Se comentó que las grandes eléctricas, especialmente Endesa que es quien hasta ahora mantiene el servicio, pensaban que por las condiciones impuestas ninguna empresa se presentaría y el Ayuntamiento quedaría en ridículo y desautorizado. No fue así. Varias comercializadoras eléctricas sí se presentaron al concurso, Som Energia, Aura, Facto Energia, Nexus…, por lo que el Ayuntamiento podía decidir y dejar fuera a las grandes eléctricas. Éstas reaccionaron con rapidez y recurrieron ante el Tribunal Catalán de Contratos de Servicios Públicos, por sentirse discriminadas, ya que otras empresas no tienen su volumen de clientes y por lo tanto no tendrían el mismo grado de penalización, y por incertidumbre jurídica, dado que no está desarrollado el reglamento y porque se está tramitando una ley estatal. El 9 de marzo el Tribunal dictó una resolución anulando el concurso. La batalla no ha hecho más que comenzar.

Pobreza energética

No hace muchos años que se utiliza el concepto de pobreza energética y, sin embargo, se ha generalizado muy rápidamente. Es otra más de las graves consecuencias de la crisis capitalista. Los últimos informes indican que al 11% de los hogares españoles no les alcanza el dinero para calentar regularmente su vivienda, un porcentaje que ha ido subiendo progresivamente, el 8% en el 2010 y el 9% en el 2012. Mientras el paro, la precariedad y los bajos salarios es el pan de cada día de millones de familias, el precio de la luz ha subido un 70% en los últimos 6 años, el doble que la media de la Unión Europea, en la que España es el cuarto país con la electricidad más cara. No es de extrañar que más de 5 millones de personas pasen frío durante el invierno, generando enfermedades crónicas, tanto en niños como en personas mayores.

Esta situación es la que ha hecho surgir por todo el territorio alianzas contra la pobreza energética, donde se organizan las personas afectadas con el apoyo de entidades, organizaciones sociales y personas solidarias, que ocupan pacíficamente oficinas de las empresas eléctricas para exigir que no corten la luz (o el gas o el agua) a la gente que no puede pagar el recibo. La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) [http://pobresaenergetica.es/es/] tiene unas exigencias muy claras:

Acceso universal a los servicios básicos. Toda familia, aunque no pueda pagar, debe tener unos servicios necesarios que le permitan vivir con dignidad.

Parar los cortes indiscriminados. Que las administraciones ejerzan su papel garantizando los derechos humanos.

Que todos los costes que velan por estos servicios básicos sean asumidos por las propias compañías: antes deben estar las personas.

En Catalunya, esa movilización logró una ILP que reunió más de 143.000 firmas y obligó a que el Parlament aprobara la Ley 24/2015  [http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9725]

por la que las compañías eléctricas para cortar el suministro tienen previamente que contactar con los servicios sociales si las personas afectadas son vulnerables, están en riesgo de exclusión social o padecen necesidades perentorias. Quienes luchan contra la pobreza energética denuncian que, a pesar de la ley, las compañías se saltan a menudo sus obligaciones. Las grandes eléctricas siempre encuentran excusas, o utilizan sus poderosos bufetes de abogados, para evadirlas. O, si no, siempre está el gobierno Rajoy o los jueces para echarles una mano. ¡Todo sea para salvar los beneficios de las grandes eléctricas!

Cuando el Ayuntamiento de Barcelona saca a concurso público la contratación eléctrica pretende poner en práctica la ley 24/2015 y que las empresas se comprometan a cumplirla. Es la manera de ejercer el compromiso con la ciudadanía, de “gobernar obedeciendo”, y de poner en práctica lo que con todo orgullo y valentía presume: ser un ayuntamiento del cambio, tener la mayoría en una ciudad rebelde que no puede permitir que una parte de la población no tenga cubiertas sus necesidades básicas. Un ejemplo más, tomemos nota, de que bajo el capitalismo el interés común está enfrentado al interés privado (en este caso de las eléctricas) ¡Para que luego se diga que no hay lucha de clases!

Un oligopolio   

El sector eléctrico en España es un oligopolio bien organizado y con larga tradición. Tres empresas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa) controlan el mercado y EDP y EON les acompañan. Entre todas suman el 80% de la generación de electricidad y el 90% de la comercialización. En 2016 facturaron 35.000 millones de euros y tuvieron unos beneficios de 5.463 millones, un 9% más que el año anterior. Son suficientes estos datos para mostrar lo que es un oligopolio.

Encontramos su origen en los años negros del franquismo. Sus prohombres apoyaron abiertamente el golpe franquista y tras la victoria en la guerra civil se supieron cobrar bien sus servicios. La patronal Unesa tiene su origen en 1944, creada como una sociedad anónima representante de las empresas eléctricas del sector, logró que el Estado le cediera las funciones de coordinación de la industria eléctrica, es decir, que las mismas empresas “autorregulaban” el sector, su relación con el Estado y con los usuarios. Negocio completo. Podían fijar capacidad de producción, que el Estado franquista financiara las obras públicas para la construcción de embalses para la generación de energía eléctrica y, finalmente, fijar el precio para los consumidores. Esa capacidad de generar beneficios animó a la banca a invertir y establecer una relación más directa con el sector eléctrico, y de ahí surgió la alianza financiera-eléctrica como soporte y dirección económica del franquismo. La competencia entre las mismas empresas hizo todo lo demás, y conforme fueron pasando los años se fueron reduciendo hasta las cinco que actualmente controlan el mercado.

Reparto del mercado español entre las cinco eléctricas

Todo lo contrario a algunos países de nuestro entorno. En Francia, Inglaterra o Italia las empresas eléctricas fundamentales estaban nacionalizadas o con una presencia mayoritaria de los estados y con una oficina estatal, no privada, que controlaba una industria tan fundamental como la eléctrica. Incluso en estos años de políticas neoliberales y privatizadoras, Francia e Italia siguen conservando el carácter público de las principales industrias eléctricas.

El oligopolio es una pesada carga que soporta todo el país. Los beneficios son privados, mientras que la electricidad es más cara para el consumidor y también para la industria, por lo que hasta la productividad del país está lastrada por los poderosos intereses de las compañías eléctricas. Sus grandes accionistas cobran sus jugosos dividendos a costa del conjunto de la sociedad. El 70% de las acciones de Endesa está en poder de la empresa semipública italiana Enel. Este año ha tenido un beneficio de 1.411 millones de euros. Normalmente reparte el 100% del beneficio a los accionistas, por lo tanto 987 millones se irán a Italia. Los mayores accionistas de Gas Natural-Fenosa son Repsol y La Caixa, y los de Iberdrola, un fondo de Qatar, la Kutxa, el fondo norteamericano BlackRock y el fondo noruego Norges Bank, que también cobrarán sus jugosos dividendos. ¡Con esos beneficios y los correspondientes pagos de dividendos y son capaces de cortar la luz a las familias que no pueden pagarla!

Para cerrar el círculo “virtuoso”, el de la perversa relación entre dirigentes políticos e intereses de las eléctricas, sólo es necesario mostrar algunos ejemplos de puertas giratorias. Por Endesa ha pasado Martín Villa (ministro de la UCD) José María Aznar (PP) Luis de Guindos (PP) Rafael Solbes (PSOE), Elena Salgado (PSOE). Por Iberdrola, Acebes (PP) Manuel Marín (PSOE) Por Gas Natural-Fenosa, Felipe González (PSOE) Narcís Serra (PSOE)…y son sólo algunos ejemplos. Quizás esta estrecha relación, que tiene su expresión en las leyes que se aprueban, explica la decisión del Tribunal de Catalán de Contratos de Servicios Públicos.

Visto el panorama, no debería sorprender que la salida más provechosa estaría en el camino de la nacionalización del sector eléctrico. Ojo, estamos hablando de beneficiar al país, a los consumidores y a la industria, todavía no hablamos de medidas revolucionarias, ni del camino hacia el socialismo, sino de devolver al conjunto de la nación lo que ya debería ser suyo. Porque las obras y los embalses ya hace muchísimos años que fueron pagados; el agua que se utiliza para los saltos eléctricos debería ser un bien común, y las inversiones que se han podido hacer en mejora, transporte de energía, etc., la mayoría han sido financiadas con dinero público y, si no, los accionistas mayoritarios ya se lo han debido cobrar a través de los dividendos. Acepto que esta exigencia no está en la agenda política, pero quizás algún día habría que ponerla. ¿Por qué un país tiene que pagar el interés privado de unos pocos para una necesidad vital para las personas y la industria y el comercio?

Remunicipalización

El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido recurrir la decisión del Tribunal Catalán de Contratos de Servicios Públicos. La batalla judicial será importante, habrá que seguirla con enorme interés. No debería ser sólo judicial, habría que implicar a la ciudadanía para presionar y lograr que quien finalmente se quede con el contrato se comprometa a salvaguardar las necesidades de la gente con pobreza energética. Cambiar las cosas, conquistar derechos, está siempre ligado a la movilización y a la presión social y en la calle.

La batalla está planteada. El efecto contagio puede ser importante. Otros municipios querrían exigir el mismo compromiso a las compañías eléctricas. Detrás de todo esto se está desarrollando una batalla sorda, a veces no tan sorda, para poner coto a las grandes empresas en la gestión y organización de la vida municipal y en torno a la necesidad de recuperar derechos municipales que la oleada neoliberal ha privatizado. El Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) está en proceso de remunicipalizar el servicio de agua. Otros lo están estudiando. [El próximo 19 de marzo está convocada en Terrassa una manifestación bajo el lema: “Se escribe agua, se lee democracia” para exigir la gestión pública y democrática del agua]

El Ayuntamiento de Barcelona está poniendo en marcha un servicio funerario municipal para abaratarlo. Para dentro de dos años está previsto que cuente con su propia empresa comercializadora de energía eléctrica, que podría dar servicio a casi todos los edificios municipales. No es una utopía, es recuperar lo que se fue perdiendo. Hay que poner manos a la obra y estudiar las condiciones para ponerlo en marcha. Las candidaturas municipalistas por el cambio son favorables, también lo son otras candidaturas de las izquierdas y la opinión pública lo ve con simpatía, visto el despilfarro y la corrupción de las privatizaciones.

Si un pequeño y valiente movimiento, con amplio apoyo popular, es capaz de agitar las cosas y generar ilusión para cambiarlas, hay que poner otros en marcha hasta lograr cambiar la tendencia actual, para convertir en prioritario lo común, lo que necesita la mayoría de la gente, y pasar la página de las privatizaciones, las políticas neoliberales o los intereses de los más ricos.

Miguel Salas es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso
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Ecuador, entre la continuidad transformadora o la restauración neoliberal

Xov, 16/03/2017 - 07:00

Emir Sader - Público.es

La derecha latinoamericana venía acumulando avances, desde las elecciones parlamentarias en Venezuela, la presidencial en Argentina, el referéndum vicioso en Bolivia y el golpe en Brasil. Se apresuraba a conmemorar una nueva victoria. Sus portavoces, de derecha y remanentes de ultra izquierda, habían logrado un gran resultado de la alianza de los candidatos opositores al gobierno de Alianza País. Guillermo Lasso, el banquero más rico del país, y Cinthia Viteri, otra variante del neoliberalismo, apenas se disputaban quien se enfrentaría al candidato del gobierno en la segunda vuelta.

A pesar de la recesión económica que sacudió Ecuador, como reflejo de la prolongada depresión internacional  y su conocida dificultad de defenderse, debido a  la dolarización de la economía impuesta por la derecha – y de la campana sucia – al igual que en los otros países de la región llevada a cabo por la oposición, los resultados no fueron los que ellos esperaban. Aun sin llegar a los 40%, que le hubiera permitido ganar en primera vuelta, dado que superaba holgadamente la distancia de 10% hacia el segundo colocado, Lenin Moreno se acercó mucho, pero le faltaron décimas para lograr ese índice.

Lo que le ocurrió a la oposición es que se asustó frente al riesgo de que Lenin ganara en la primera vuelta. Inmediatamente Lasso llamó a la formación de un frente por la “gobernabilidad democrática” e intentó repetir el discurso de Mauricio Macri en la segunda vuelta en Argentina, según el cual, sumando los votos de los candidatos de la oposición, la mayoría desearía el cambio.

En esas elecciones Ecuador completó 10 años de Revolución Ciudadana, proceso que trasformó más profundamente el país en todas sus dimensiones. Antes del gobierno de Rafael Correa, que se definió como un cambio de período y no solamente un período de cambio, Ecuador había tenido tres presidentes que no habían logrado concluir sus mandatos, tumbados por movimientos populares rebelados en contra sus programas neoliberales.

Ecuador  vivió en una década un extraordinario proceso de retorno al crecimiento económico, esta vez con inmensos programas de distribución de renta, que promovieron la inclusión social de los sectores que antes estaban siempre excluidos. El Estado se refundó y la infraestrutura del país se modernizó como nunca. El país, finalmente, conquistó un lugar de prestigio en el mundo, con su desarrollo interno, su política exterior soberana y el liderazgo de Rafael Correa, la persona que proyectó el país al  mundo.

Las elecciones de este año se producen en el marco de los efectos de la recesión internacional sobre la economía del país, un país indefenso frente a la dolarizacion promovida por la derecha ecuatoriana. Correa renunció a ser el candidato de nuevo y Alianza País lanzó una lista con sus dos voces, Lenin Moreno, en el primer mandato y Jorge Glass, en el segundo.

Como ha ocurrido en las ultimas campañas en la región, la derecha se presenta como el cambio que mantendría las políticas sociales del gobierno. De la misma forma ocurrió en  Argentina y en Brasil, donde hubo fricciones para conquistar votos, pero negadas. De esta forma asumieron el gobierno y se impuso el duro ajuste fiscal de la restauración neoliberal.

Un candidato que se presentaba como social demócrata, extremamente moderado, salió en cuarto lugar, tras una pequeña votación. A pesar de recibir el apoyo de los sectores de ultra izquierda, que expresaron su feroz posición anti-Rafael Correa, a quién tomaron como su enemigo fundamental. El candidato afirmó que se mantendría en una posición equidistante entre la derecha y la izquierda en la segunda vuelta, a diferencia de la derecha, que ha mostrado su  apoyo a Lasso.

Después de la mínima votación que hubo en las elecciones anteriores, la ultra izquierda no se arriesgó a lanzar candidatura propia. En el Paramento tampoco tuvieron  éxito, de esta forma confirmaron su  rol de declive en el apoyo popular y en  la vida política del país, a pesar de su lenguaje violento y la forma de canalizar sus acciones  solamente contra del gobierno.

La gran polarización, como en los otros países progresistas de la región, se dio  entre el gobierno y las alternativas de derecha, confirmando que hay dos alternativas enfrentadas: la neoliberal y la posneoliberal. En la segunda vuelta Lenin retomó la gran ventaja que obtuvo en la primera vuelta, tras la mayoría absoluta que logró en el Parlamento Alianza País y después de aprobar en referéndum de la posibilidad de que alguien que tenga cargos públicos pueda tener cuentas en paraísos fiscales. Estas expresiones demuestras que no sigue siendo solamente Alianza País, sino que continua siendo, de lejos, el partido más grande del país, con una estructura política nacional muy fuerte para encarar el mes y medio de la campaña.

En la segunda vuelta se dará una oposición directa entre lo que han hecho un país de partidos de derecha,todos unidos todos alrededor de Lasso, y los avances realizados por el gobierno de Rafael Correa, sin disfraces. La derecha y la izquierda de América Latina se sentirán perfectamente representados en las dos candidaturas, así como el pasado y el presente y el futuro del continente.

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¿Por qué ganó Donald Trump?

Mér, 15/03/2017 - 09:00

Jónatham F. MoricheHOY

A comienzos de 2016, la candidatura del magnate inmobiliario y showman televisivo Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos constituía apenas una pintoresca nota a pie de página a la profunda crisis de orientación y liderazgo del Partido Republicano y la segura galopada de la senadora, ex primera dama y ex secretaria de Estado demócrata Hillary Clinton hacia la Casa Blanca, solo amenazada con cierta consistencia por la emergente candidatura, desde el ala izquierda de su propio partido, del senador Bernie Sanders. Seis meses después, resueltas las elecciones primarias de ambos partidos, Clinton había neutralizado a Sanders, y la inesperada confirmación del estrafalario y extremista Trump, venían a coincidir casi todos los análisis, conduciría irremediablemente a los republicanos a una derrota clamorosa y una larga travesía del desierto. El pasado 8 de noviembre Trump ganaba las elecciones, y el 20 de enero tomaba posesión como cuadragésimo quinto presidente norteamericano. Todavía incrédulos y mayoritariamente horrorizados, millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo se preguntaban, mientras Trump prestaba juramento sobre la Biblia de Abraham Lincoln: ¿cómo ha podido suceder algo así?

El peculiar sistema electoral norteamericano es en parte responsable. En realidad, Clinton superó a Trump por casi tres millones de votos, pero la elección presidencial no se realiza por votación popular directa, sino a través de un Colegio Electoral formado por representantes del partido ganador en cada uno de los estados, conforme al sistema coloquialmente denominado «winner-takes-all» (o «el ganador se lo lleva todo»). Solo cinco veces en la historia norteamericana el voto popular y electoral no han coincidido: tres en el siglo XIX, otra en 2000, con la primera victoria del también republicano George Bush Jr., y esta de 2016. En realidad, fueron unas pocas decenas de miles de votos en algunos estados clave los que decantaron la balanza del Colegio Electoral a favor de Trump. Pero esta improbable carambola, aun con sus consecuencias finalmente decisivas, no debería distraernos del hecho principal: casi sesenta y tres millones de norteamericanos votaron a un candidato extrovertidamente racista, sexista y homófobo, mentiroso compulsivo e irredento, calificado de fascista incluso por exponentes de la derecha neoconservadora más recalcitrante, objeto de múltiples denuncias por explotación laboral, acoso sexual e incluso vínculos con la mafia, y públicamente respaldado por una alucinante coalición de neonazis, supremacistas blancos, negacionistas del cambio climático, predicadores integristas, fanáticos de las armas de fuego y chiflados conspiranoicos, que convirtieron la pasada Convención Republicana en uno de los eventos más siniestros de la moderna historia política occidental.

Frente a este acongojante panorama, el aparato demócrata cometió un doble y fatal error de cálculo. Por un lado, creyó ciegamente en un finalmente inexistente trasvase de voto republicano moderado, descontento con Trump, hacia Clinton o la abstención, minusvalorando el impacto de ocho años de brutal ofensiva cultural ultraderechista contra la presidencia de Barack Obama (y, previamente, de ocho años de administración neoconservadora de Bush) sobre el electorado republicano y su cultura política. Por otro, sobrevaloró igual de ciegamente la capacidad de movilización de una candidata demócrata terriblemente antipática para gran parte del electorado progresista, debido a sus vínculos con las grandes corporaciones de Wall Street y la burocracia de Washington. Evocando los términos del pensador Alain Badiou para describir la derrota de la izquierda francesa ante Nicolas Sarkozy en 2007, si la candidatura de Trump estaba basada en el miedo (miedo a la globalización, a la inmigración, al terrorismo,…), la de Clinton no ofrecía otra cosa que «miedo al miedo» provocado por Trump, sin ningún compromiso concreto de transformación progresista. Tras derrotar por la mínima (y con demostrado juego sucio) a Sanders en las primarias demócratas, Clinton no incorporó casi ninguna de sus propuestas a su programa, desmovilizando a decenas de miles de activistas y cientos de miles o incluso millones de votantes progresistas, especialmente jóvenes, en muchos casos provenientes de dinámicos e innovadores movimientos sociales como Occupy Wall Street por la justicia social, Black Lives Matter contra la violencia racista o Dreamers por los derechos de los inmigrantes.

A la vista de las astronómicas minutas cobradas por Clinton por sus conferencias para Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley y otros gigantes corporativos, resulta fácil comprender por qué para ella era mucho mejor negocio perder ante Trump que ganar junto a Sanders, pero este cálculo ha resultado mucho menos beneficioso para las clases populares y el electorado progresista, que su partido pretende representar, y para la democracia norteamericana en su conjunto. No se trata de un caso aislado. Mientras la catastrófica gestión neoliberal de la crisis del neoliberalismo hunde a sus sociedades en la ruina económica y aviva los fantasmas del oscurantismo y el autoritarismo, las aristocracias de los grandes partidos socialdemócratas persisten obstinadamente en proteger sus vínculos con las élites causantes y beneficiarias de la crisis, en lugar de defender a sus víctimas y aliarse con los movimientos sociales y políticos progresistas emergentes (aplastando también alternativas progresistas surgidas en su propio seno, como las lideradas por Sanders en Estados Unidos, Jeremy Corbyn en Gran Bretaña o Pedro Sánchez en España). Debería bastar el desastroso balance de este primer mes de mandato de Trump (y quedan aún por llegar otros angustiosos cuarenta y siete más) para comprender que se trata de un dramático error (o, más bien, de un imperdonable crimen) que sus bases y electorados no deberían volver a consentirles jamás.

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