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La ruta del ébola empieza en nuestros coches

Mér, 26/11/2014 - 18:00

Gustavo Duch – Consejo Científico de ATTAC España

Escuché que enfermedades tan graves como la malaria o el dengue eran causadas por la pobreza, y siempre que lo escuché sentí que quien lo decía nos mandaba un mensaje caritativo, ‘ayudemos a esta pobre gente, a que su miseria o falta de higiene no les lleve a condiciones que les enferman’. En cambio, difícilmente escuché que explicaran quiénes y porqué causaron tales pobrezas.
Escuché, en casos como las vacas locas o la gripe A, a las administraciones que corrían a disculpar a las empresas y al modelo agroindustrial pues ‘sin ellas el planeta no podría alimentarse’. Pero ocurrió que, al rastrear el origen de la enfermedad de las vacas locas, se llegó a las granjas donde a esos animales herbívoros se les alimentaba con piensos cárnicos muy baratos. Igual que al investigar la gripe A se llegó hasta las granjas porcinas que la multinacional Smithfield relocalizó en México, donde las exigencias sanitarias son menos estrictas para criar tantos animales en tan poco espacio.

Pero también recientemente pude leer que autores como el estadounidense Robert G. Wallace (University of California, Irvine) trabajan y preconizan sobre la urgente necesidad de abordar el origen de las enfermedades tirando del hilo de los circuitos del capital. Porque en muchos casos nos llevan a una respuesta que no aparece en los tratados ni en las bibliotecas de medicina: un desencadenante de la existencia, expansión y dificultad de control de muchas patologías de nuestra civilización es la codicia por acumular capital.

Y lo leí en un artículo de Jean Batou en Viento Sur, que, recogiendo los estudios que durante las últimas semanas se han presentado respecto a la pandemia del Ébola, llega a la misma conclusión: su origen está relacionado con la implementación de un modelo de agricultura diseñado para generar materias primas para el mercado en lugar de alimentos para la población. Pues en palabras de Batou «la transmisión del virus del Ébola de la fauna a las personas está vinculada a las transformaciones cualitativas operadas en el medio ambiente de la región, a causa de la deforestación, del acaparamiento de recursos naturales, del acaparamiento de tierras y de la explosión del monocultivo para la exportación».

Por un lado, y eso ya lo conocíamos de otras enfermedades, el empobrecimiento que ha generado la expansión de la agricultura de monocultivos industriales orientados a la exportación en los países afectados, con la consecuente insuficiencia alimentaria y las limitadas posibilidades sanitarias, están en la base de la dificultad de controlar la expansión del Ébola. Por otro lado -y esta es la gran novedad-, los cambios en el ecosistema de la zona, de un mosaico de pequeña agricultura familiar y biodiversidad, a un uniforme y pobre monocultivo, son los que han favorecido la trasmisión del virus de la fauna portadora a las personas.

En concreto, quienes han seguido el rastro del Ébola han llegado a lugares donde los pueblos se encuentran rodeados de plantaciones de palma aceitera, a partir de proyectos promovidos por los gobiernos correspondientes e impulsados por inversores internacionales (la corporación italiana Nuove Iniziative Industriali y la estadounidenses Farm Land of Guinea, en Guinea Conakry, la empresa Sime Darby de Malasia en Liberia, Addax de Suiza en Sierra Leona, e incluso un fondo de cooperación al desarrollo del Gobierno español acabó siendo utilizado por una empresa canadiense para desarrollar plantaciones de palma en el Congo).

Imágen de la zona de surgimiento del ébola en Guinea, en rojo monocultivos de palma aceitera. Fuente: Wallace, R. G. et al., “Did Ebola Emerge in West Africa by a Policy-Driven Phase Change in Agroecology?”, Environment and Planning.

Y este tipo de monocutivos de palma aceitera o palma africana, se sabe, «atraen especialmente a los murciélagos frugívoros del bosque, anfitriones privilegiados del virus, que después pueden transmitirlo a las personas a través de sus orines, excrementos o saliva».

Sólo nos queda formular unas preguntas para acabar de entender el circuito del Ébola. ¿Por qué en estos países de África -y también en otros lugares- se está despojando a miles de familias de sus tierras donde practican sus cultivos tradicionales?, ¿por qué empresas estatales o extranjeras están apropiándose de estas tierras -muchas veces acompañada de intervenciones del ejército o de la policía para frenar la resistencia de la gente- en un fenómeno de acaparamiento de espectaculares dimensiones? ¿qué negocio comporta la palma africana?

Efectivamente, la palma aceitera que tanto gusta a los murciélagos, produce el maná, el combustible, que mueve todos los grandes negocios: la gasolina.

Artículo publicado en La Jornada de México

Palabre-ando

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Cinco tesis para el cambio político

Mér, 26/11/2014 - 13:00

Agustín Morenowww.cuartopoder.es

El 14 de noviembre el movimiento de Mareas Ciudadanas de Madrid organizó unas Jornadas en la antigua Universidad de San Bernardo para debatir sobre el papel de los movimientos sociales en la nueva situación política. Han participado en ellas una veintena de movimientos como Medsap-Marea Blanca, Marea Verde, Plataforma en Defensa de RTVE PÚBLICA, Plataforma en defensa de la Cultura, Ecologistas en acción, Coca Cola en Lucha, Juventud sin Futuro, ATTAC, FRAVM, Salvemos Telemadrid, Convocatoria Cívica, No Somos Delito, La Comuna, Marchas de la Dignidad, Marea Azul y otras. Entre otros acuerdos están: apoyar un calendario de movilizaciones sectoriales y la semana de lucha del 24 al 29-N de las Marchas dela Dignidad; elaborar un programa de propuestas de los MMSS para dirigir a las fuerzas políticas progresistas que concurran a las elecciones; una llamada a la unidad de todas esas fuerzas de cara a los procesos electorales, incluido el de la Comunidad de Madrid, fundamental para dar cauce a las reivindicaciones de las Mareas y movimientos sociales. Lo que sigue son las notas de mi intervención en nombre de Marea Verde.

El autor del artículo (primero por la derecha), durante su intervención en la mesa ‘Papel de los MMSS en la nueva situación política’, en las jornadas organizadas por Mareas Ciudadanas de Madrid el pasado día 14 / @VenaMareaVerde

 

La Marea Verde viene luchando desde hace tres años contra los recortes y contra la LOMCE. Nuestras demandas se sitúan en dos planos: a) revertir las medidas regresivas derivadas de una reducción de 6.400 millones de euros, incrementando la inversión educativa al tiempo que se fortalece la educación pública; b) conseguir una nueva ley de educación que asegure el derecho a una enseñanza pública, inclusiva, gratuita, democrática, laica y de calidad.

Los movimientos sociales (MMSS) llevan años resistiendo las políticas neoliberales, los recortes y los intentos de desmantelar y privatizar lo público. Esta intensa lucha ha cuajado en un impulso por el cambio político del país dentro de la sociedad española. Este cambio pasa por desplazar a la derecha del poder y para ello es necesario crear nuevas mayorías electorales. Aun siendo muy importante, no basta con echar al PP de los gobiernos, hace falta crear una nueva mayoría social que permita que el cambio político sea real y tenga todo el recorrido que la sociedad española necesita. De lo contrario, si falta la fuerza necesaria para hacer frente a los obstáculos y resistencias que se producirán, las actuales esperanzas se pueden convertir en falsa ilusión y derrota. Para intentar reflexionar sobre esto, planteo cinco ideas para el debate:

  1. Tener claro el objetivo: derrotar a la derecha y quitarla el poder, que ha utilizado para saquear el país y a sus ciudadanos. La prioridad es conquistar el poder para hacer otra política. El objetivo no puede ser ganar en la izquierda. También habría que desterrar un escenario de poder desde la debilidad que llevase a caer en las redes del neoliberales por pragmatismo, a hacer pequeñas reformas ‘lampedusianas’ que no cambien nada de lo esencial. Dicho de otra manera, de nada vale la autosatisfacción por un buen resultado electoral de la izquierda, si no se traduce en poder político e institucional; porque lo que nos robaron con el BOE hay que recuperarlo con el BOE.
  2. Contar con un programa de transformación. La situación en la que va a dejar el PP al país es muy calamitosa. De ahí que una apuesta por el cambio obliga: a) a abordar grandes cuestiones como la deuda, la creación de empleo, la lucha contra la pobreza, el fortalecimiento de los servicios públicos, del estado de bienestar y del tejido industrial, el acceso de todos a la energía, la sostenibilidad ecológica, la apuesta por la cultura…; b) revertir los recortes en educación, sanidad, dependencia, etc.; c) un buen paquete de derogaciones: artículo 135 de la Constitución, LOMCE, reforma laboral y de pensiones, Ley mordaza, etc.; d) el fortalecimiento de la democracia participativa, y la lucha contra la corrupción y por la ejemplaridad en el ejercicio de las responsabilidades públicas. Hacer bandera de un programa de transformación social y de regeneración ética participado en su elaboración por la ciudadanía, que establezca una serie de compromisos claros y concretos de los representantes de las fuerzas de cambio que vayan a las instituciones. La magnitud del saqueo hace que se necesiten cambios profundos y no un simple posibilismo que derive en frustración y melancolía popular.
  3. Necesidad de mantener la movilización. Primero para conseguir la victoria electoral y política, ya que sin movilización no está asegurado que ésta se produzca. Después, para tener fuerza para poder aplicar el programa de cambio y vencer las dudas de unos, las resistencias de otros y las presiones de la troika. Sería un suicidio que todo se fiase al juego de las urnas en la recta final de 2015, después de tres años de intensa movilización. Es por ello necesario impulsar las movilizaciones contra los desahucios, de las mareas, de las marchas de la dignidad y de todos los movimientos y colectivos que resisten a las agresiones sociales y luchan por la recuperación democrática.
  4. Unidad de las fuerzas de progreso. Porque nadie solo puede. Porque para el cambio no sobra nadie, falta mucha gente, para ganar las elecciones, para organizar la nueva política y la reconstrucción necesaria del país. Claro que la unidad suma, porque crea ilusión y compromiso por el cambio, porque evita el enfrentamiento electoral entre las fuerzas políticas afines y porque hace que se aprovechen todos los votos en todas las circunscripciones. Y hay otra cuestión clave: si hay unidad es más fácil que los MMSS se posicionen como tales por estas opciones político-electorales. Si no la hay, la independencia y la pluralidad de los movimientos solo permite dejar libertad de acción, y recomendar que se estudien los programas y se vote a las fuerzas que recojan sus demandas. Y por supuesto, negar expresamente el apoyo a los responsables de las agresiones. Hace falta una mayoría social para cambiar el país, y no solo una mayoría electoral y una vanguardia en el poder.
  5. Autonomía de los movimientos sociales. Los movimientos sociales son autónomos y deben de seguir funcionando y fortaleciéndose en toda circunstancia política, gobierne quien gobierne. Desde su independencia, son la garantía de seguir defendiendo sus reivindicaciones, no hipotecar su futuro y ayudar a las nuevas fuerzas políticas progresistas a que se atrevan a actuar por la transformación social. Ya se han conocido experiencias históricas donde los movimientos se han arruinado por haberse plegado al poder “amigo” o porque éste les ha instrumentalizado.

Los movimientos sociales son los puntales más sólidos en estos momentos. Porque están pegados al terreno de los problemas concretos y de la gente; porque aglutinan a muchos miles de personas comprometidas con buenas causas y que resisten al neoliberalismo y son capaces de generar mayorías sociales en la opinión pública y en la movilización; porque no solo resisten sino que tienen capacidad de formular propuestas y alternativas. El cambio político que se produzca en España se apoyará en los hombros de los MMSS y de su lucha.

En conclusión, echar al PP es relativamente fácil con mucha movilización en la calle, y con una eficaz maquinaria electoral. Cambiar el país, ser capaces de abrir un proceso constituyente para una Segunda Transición al servicio del pueblo, es otra cosa. Para ello se necesita el apoyo y consenso de mucha gente, movimientos, organizaciones, partidos progresistas. Todas las fuerzas son necesarias para crear una mayoría social y política, que aplique un programa avanzado de gobierno que aborde los principales problemas de unos trabajadores empobrecidos, un país roto, unos ciudadanos desmoralizados y una juventud sin futuro. No podemos permitirnos el lujo de frustrar la ilusión de cambio, como hizo el PSOE de Felipe González después de 1982. Porque de aquellos polvos tenemos hoy estos lodos.

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Alemania saldría del euro y retornaría… ¿al Deutsche Mark?

Mér, 26/11/2014 - 09:00

Marco Antonio Moreno – Consejo Científico de ATTAC España

El euro no está funcionando y si alguien cree que funciona, al menos debe admitir que lo hace muy mal. Esta situación se puede arrastrar por mucho tiempo y generar una larga década perdida para toda Europa al estilo de Japón. Por eso, antes que sea demasiado tarde, un grupo de políticos alemanes está presionando para que Alemania se salga del euro. El plan secreto de Ángela Merkel se puede informar a Bruselas en cualquier momento dado que los alemanes no quieren seguir pagando las deudas y el derroche de sus vecinos del sur. Se piensa idear un mecanismo que permita devaluar la moneda a los países del sur de Europa (Portugal, España, Francia, Italia y Grecia) para ayudarlos a promover el crecimiento y la competitividad, y esto implica necesariamente la creación de un euro#2 que se separe del euro#1. El euro actual pasaría a ser la moneda de los países PEFIG, mientras el euro#2 sería la moneda de Alemania y los países del norte y podría ser visto como la resurrección del Deutsche Mark.

El plan secreto de Angela Merkel se basa en los razonamientos del economista estadounidense Allan Meltzer, que ha escrito sendos informes sobre la inconveniencia de la moneda única y la necesidad de una solución radical. Dejar el euro a los PIGS, publicó en The Wall Street Journal en 2011. El 2011 y a raiz de la crisis griega, publicábamos Las opciones para resolver el caos financiero ¿quien debe salir primero de la eurozona, Grecia o Alemania?

Para Meltzer lo que Europa necesita es un “sistema de euro de dos niveles”. De lo contrario, “el proyecto europeo está condenado al fracaso”, advierte. Lo cierto es que tras seis años de crisis, Europa va de mal en peor y no puede continuar así por más tiempo, más aún cuando se ha confirmado la inminente tercera recesión europea de la mano de Italia, Francia y Alemania. Si las ventas de Alemania van cuesta abajo es justamente por la caída del poder adquisitivo que ha generado el alto desempleo en el sur de Europa. Una vez más, se hace preciso buscar una solución política a un problema económico.

Allan Meltzer y su euro en dos niveles

Nacido en 1928, y con 86 años, Allan Meltzer es conocido por ser el autor de una historia monumental de la Reserva Federal, en dos volúmenes y 1.500 páginas para contar la política monetaria de los Estados Unidos hasta 1969. Meltzer recibió elogios de Allan Greenspan y fue asesor de Ronald Reagan pese a su alergia al trabajo de los gobiernos. Ahora es el presidente saliente de la Sociedad Mont Pelerin, el club creado por Friedrich von Hayek y Milton Friedman en 1947 que marca la fundación del neoliberalismo con sus tesis de reducir los Estados, y dar amplios poderes a los capitales privados.

Allan Meltzer señala que Europa sólo puede ser salvada por un sistema de Euro en dos niveles. Un euro fuerte para Alemania y otros países del norte de Europa; y un euro más débil para los países del Mediterráneo y la periferia. De esta manera, algunos estados no se verán obligados a asumir las deudas de los demás, mientras que los otros deberán aplicar reformas sin necesidad de invocar a cada paso multas externas.

Países como Italia, Francia, Portugal, Grecia y España podrían devaluar sus moneda y mejorar la competitividad. Meltzer reconoce que estos podrían enfrentar consecuencias dolorosas, por ejemplo en la forma de retiro de capitales y dinero en efectivo. Sin embargo, minimiza este efecto dado que considera que esta es la única oportunidad para que los países hagan una reforma estructural. Además, considera que la salida del gran bloque monetario puede ser solo temporal. Si Francia eleva tanto su competitividad que reduce los excedentes de Alemania, podrá retornar rapidamente al bloque principal.

Hay dos razones que podrían empujar a Alemania a pronunciar un inesperado Auf Wiedersehen a la moneda única. En primer lugar, la situación económica en Alemania es menos optimista de lo que parece desde otros países de la eurozona. Las estimaciones para el PIB han sido recortadas cuatro veces en el año y el índice de confianza empresarial sigue en caída libre. Pese a que los costos del endeudamiento están en mínimos históricos, la inversión también se ha desplomado y el estancamiento se consolida. Por otra parte, el crecimiento de los grupos anti-Europa como Marine Le Pen en Francia, han anunciado sus planes de una salida del euro con lo que han ganado gran cantidad de seguidores, lo que indica que el euro es una moneda impopular en varios países. Meltzer cree necesaria esta “opción pragmática” de abandonar el euro antes que sea demasiado tarde.

El Blog Salmón

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El 29 de novembre TOTES LES LLUITES AL CARRER!

Mér, 26/11/2014 - 07:02

Totes som víctimes directes d’una corrupció que ha suposat l’embutxacament de milers de milions de diners públics, diners que han anat a parar a mans dels bancs, d’especuladors i a paradisos fiscals. Mentrestant, nosaltres, els de baix, els damnificats, ens veiem obligats a pagar un deute odiós.

El 29 de novembre TOTES LES LLUITES AL CARRER!

Les MARXES DE LA DIGNITAT tornem a sortir al carrer per cridar ben fort PA, TREBALL, SOSTRE i DIGNITAT. Davant d’una situació extremadament difícil i d’emergència social, no podem oblidar que la nostra lluita és al carrer, i al carrer és  han de sonar les veus dels pobles,de la classe treballadora i de la majoria social, que vol un món més just, lliure i igualitari.

El 29 de novembre TOTES LES LLUITES AL CARRER!

Perquè totes i cadascuna de nosaltres som classe treballadora, precaritzada i menyspreada, perquè totes som aturades a les quals se’ns nega el dret a un treball digne, perquè totes som joves abocades a buscar-nos la vida a l’estranger, lluny de la nostra terra, lluny dels que ens estimen i estimem. A totes i cadascuna de nosaltres, se’ns està negant el dret a l’habitatge, a totes se’ns retalla en sanitat, en educació,  en dependènciai a totes ens retallen les pensions. Totes som criminalitzades i patim la repressió d’un sistema que ens roba les llibertats i que ens emmordassa  quan alcem les veus per reclamar els nostres drets. A tots i totes se’ns està negant el dret a decidir.

Totes som agredides per un model patriarcal que fomenta el maltractament cap a la dona, negant-nos  el dret a decidir sobre el propi cos i sobre la nostra vida. Totes som persones immigrades i per molt que insisteixin, cap de nosaltres és il·legal i a cap de nosaltres se’ns pot negar el dret a una vida digna. Tots totes som Mohamed Abagui, Idrissa Diallo, Alik Manukyan, abusats, maltractats i morts a dins del Centre d’Internament per a Estrangers, i totes tots tenim l’obligació d’assenyalar el racisme, el classisme, el feixisme i la xenofòbia;  juntes hem de cridar ben fort que no volem aquests tipus  de centres a les nostres ciutats i exigir el tancament dels CIE.

Totes som víctimes directes d’una corrupció que ha suposat l’embutxacament de milers de milions de diners públics, diners que han anat a parar a mans dels bancs, d’especuladors i a paradisos fiscals. Mentrestant, nosaltres, els de baix, els damnificats, ens veiem obligats a pagar un deute odiós i il·legítim que no hem generat;  i ara  ens volen fer empassar un tractat de lliure comerç entre la UE i els EUA (TTIP), que negocien en secret i que beneficia les grans multinacionals a costa  de drets democràtics, socials i econòmics, com també de recursos públics i mediambientals, bloquejant polítiques ecologistes que promouen el respecte per la natura i la sostenibilitat del planeta.

Diguem NO al pagament del deute. Diguem NO al TTIP.

Exigim la derogacióde les reformes laborals i la retirada immediata de totes i cadascuna de les retallades. Per una jornada de treball de 30 hores!

Demanem que es garanteixi el dret  al treball, a l’educació, a la sanitat, a l’aliment, al transport, a l’habitatge, a l’energia i a les pensions dignes per a totes les persones, sigui quina sigui la seva  procedència. Així com també una Renda Garantida de Ciutadania.       

Diguem també NO a la repressió de les lluites socials i laborals. No a la llei mordassa.

No al feixisme, la xenofòbia, el racisme i la sevaimpunitat. Volem papers per a tothom i volemtancar els CIE.

Rebutgem les polítiques patriarcals que humilien la dona trepitjant els seus drets i fomenten la violència vers elles.

Eliminem d’arrel la corrupció, promoguem una veritable reforma fiscal, lluitem contra el frau i assenyalem els veritables culpables per tal d’exigir responsabilitats.

Defensem uns serveis públics, universals, gratuïts i de qualitat. Defensem nous models com els que es proposen a la ILP per un nou sistema educatiu.

Garantim l’exercici del dret a decidir de tots els pobles. Com també el dret a decidir sobre totes aquelles coses que afecten directament o indirectament les nostres vides. Volem decidir-ho tot!

El 29 de novembre, que totes les veus siguin una!

Perquè totes estem per tot i perquè tot ha de ser per a totes!

http://www.kaosenlared.net/

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Marruecos: ¿Por qué boicotear el Foro Mundial de Derechos Humanos de Marrakech?

Mér, 26/11/2014 - 07:00

ATTAC Marruecos

Marruecos será la sede de la segunda edición del Foro Mundial de los Derechos Humanos (WHRF), que tendrá lugar en Marrakech del 27 al 30 de noviembre de este año. La celebración de este evento coincide con la política de amordazar las libertades civiles de las autoridades marroquíes. Las actividades de varias ONG marroquíes estan prohibidas, a otras no se les permite acceder a los espacios públicos que han reservado con antelación. Últimos ejemplos: la prohibición de un curso de formación para periodistas organizado por el Centro Ibn Rushd el 2 de noviembre, la prisión de un joven rapero, la prohibición de una caravana de solidaridad con los emigrantes en Tánger, la prohibición de reuniones sindicales para preparar la huelga general del 29 de octubre, represión de los trabajadores, los movimientos sociales y los estudiantes, persecuciones de las víctimas de microcrédito, violencia contra, discriminación y deportaciones de emigrantes, etc… Estos son algunos ejemplos de la larga lista de actos arrogantes de las autoridades y su intento de criminalizar la lucha por los derechos humanos y sociales.

ATTAC Marruecos ha sufrido durante años violaciones de derechos humanos. El Estado nos priva de nuestro derecho a renovar nuestro registro legal a pesar de los contenciosos iniciados hace más de dos años para hacer valer nuestros derechos .. El Estado, mediante la organización de un foro internacional sobre derechos humanos, quiere ocultar esta deriva y las violaciones.

Al mismo tiempo, el gobierno continúa imponiendo políticas neoliberales que destruyen los derechos económicos, sociales y culturales de la inmensa mayoría de los ciudadanos. El plan de ajuste estructural, la austeridad, la deuda, los acuerdos de libre comercio y la privatización de los servicios públicos están profundizando la pobreza, el desempleo, la inseguridad y el analfabetismo. Estas políticas son la antítesis misma de las bases de los derechos humanos.

El Estado quiere aprovechar la presencia de las instituciones financieras internacionales, de las organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, para mejorar su imagen. Este foro es una oportunidad para que las instituciones supuestamente democráticas hagan ostentación de unas leyes estatales que son una burla. El Estado va a movilizar a sus ONG “gubernamentales” para presumir de su llamado “progreso democrático” y así legitimar la represión de las libertades.

¿Qué legitimidad puede tener un foro de este tipo en el que participan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que imponen políticas destructivas a escala global? ¿Qué credibilidad puede tener un foro de gobiernos que aplican una austeridad que condena a las personas a la pobreza y la exclusión?

Este foro, dominado por los donantes internacionales y los gobierno no se puede compararse con el Foro Social Mundial (FSM), que tiene como objetivo construir alternativas populares a las instituciones financieras internacionales y los imperialistas. Este Foro es boicoteado por varias redes militantes, como la Marcha Mundial de Mujeres, Vía Campesina, la red ATTAC Internacional, CADTM, ASDHOM, etc.

La naturaleza de los organizadores del foro, el enorme presupuesto asignado al mismo, muestran que Marruecos se prepara para acoger de nuevo un festival del despilfarro, la ostentación y compromisos sin futuro.

En nuestra opinión, asistir a este Foro no sirve para nada, pero ayuda a camuflar la política represiva en curso.

Sobre la base de todos estos elementos, ATTAC Marruecos se niega a participar en este foro, y considera que los derechos humanos exigen la movilización popular más amplia. ATTAC Marruecos está dispuesta a participar en todas las formas de acción al exterior del Foro para denunciar el deterioro de las libertades civiles en Marruecos, en colaboración con todas las voces que resisten a la opresión en nuestro país.

8 de noviembre 2014

 

ATTAC Marruecos, sección en el país magrebí de la Asociación por el impuesto sobre las transacciones financieras y la ayuda a los ciudadanos (ATTAC) celebró el pasado 2 de marzo su V Congreso Nacional en Rabat, eligiendo como su secretario general a Omar Aziki.

Traducción para www.sinpermiso.info: Enrique García

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Francia da un paso atrás en el TTIP

Mar, 25/11/2014 - 18:00

Daniel AyllónLaMarea.com

El proyecto del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) de EEUU y la UE, que proyecta crear la mayor área comercial del mundo, empieza a hacer aguas. Si bien hace un mes el tratado apenas había recibido críticas políticas de peso, la polémica cláusula (ISDS, en sus siglas en inglés) que remite las disputas entre empresas y los Estados a un tribunal de arbitraje internacional –pieza clave que reivindican las multinacionales– le ha hecho perder apoyos en las últimas semanas. Primero fue el de los socialdemócratas del SPD, socios de gobierno alemán de Angela Merkel. El último ha sido Francia, que este lunes anunció por boca del secretario de Estado de Comercio, Matthias Fekl, que renunciará a firmar el tratado en 2015 señalando directamente al ISDS. Francia y Alemania alegan que los Estados pierden soberanía si se comprometen a aceptar automáticamente que las demandas de las empresas se lleven a un tribunal de arbitraje, socavando así las leyes nacionales.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. COMISIÓN EUROPEA

Estas decisiones han generado tensiones en EEUU, que teme no cerrar el acuerdo antes de que comience la carrera electoral de 2016.

El tribunal de arbitraje es un mecanismo de garantías que permite a las multinacionales recurrir decisiones soberanas de los Estados si considera que pueden afectar a su actividad económica. Por ejemplo: al abrigo de otros acuerdos similares, como el Tratado sobre Inversiones Bilaterales de Australia con Hong Kong, la multinacional Philip Morris llegó a demandar al gobierno australianopor impulsar leyes de regulación del tabaco que, según la compañía, podrían afectar a sus negocios. Demandas similares ya han sufrido gobiernos como el de Ecuador, por parte de multinacionales petroleras, recuerda Florent Marcellesi, portavoz de Equo en el Parlamento Europeo.

Las fuerzas progresistas del Parlamento Europeo consideran que la actividad de este tribunal restaría soberanía a los Estados. Además de la “sumisión” a las grandes multinacionales que promueve el TTIP, critican la falta de transparencia con la que se está negociando el acuerdo.

“Ni siquiera los miembros del Parlamento Europeo podemos acceder a los borradores de las negociaciones. Este tratado de libre comercio es un acuerdo nocivo en su totalidad salvo que seas una gran multinacional”, ha denunciado este lunes la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez.

Marcellesi critica que el 90% de los encuentros preparativos que han mantenido los negociadores con la sociedad civil europea haya sido con lobbies de multinacionales, no con ONG u organizaciones de defensa de los derechos de los ciudadanos.

Además de la pérdida de apoyo político y social, el reciente informe TTIP: Desintegración de la Unión Europea, Desempleo e Inestabilidad del Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente de la Tufts University (Massachusetts, EEUU) ha puesto en cuestión los cálculos que la UE utiliza como referencia.

Los más optimistas vaticinan una inyección de hasta 119.000 millones de euros, la creación de cientos de miles puestos de trabajo, yun aumento del 0,5% del PIB. Sin embargo, los cálculos de la universidad estadounidense dibujan un panorama totalmente opuesto: la implantación del TTIP podría suponer la pérdida de hasta 600.000 empleos en Europa, además de una renuncia a la soberanía de los Estados en muchas áreas, inestabilidad económica y una caída del PIB.

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“Todas las crisis de deuda terminan en alguna forma de impago”

Mar, 25/11/2014 - 13:01

Entrevista a Bibiana Medialdea – Consejo Científico de ATTAC España

La economista Bibiana Medialdea ha coordinado el libro  Qué hacemos con la deuda, una obra colectiva que analiza la actual crisis de deuda española. En esta entrevista repasamos algunos asuntos sobre los que profundiza el libro: cómo se originó el sobreendeudamiento (público y privado), quiénes son los acreedores, y sobre todo, qué hacer ante un problema que estrangula la economía y nos deja en manos de los acreedores y la troika. Medialdea y el resto de autores (Ignacio Álvarez, Iolanda Fresnillo, Juan Laborda y Oscar Ugarteche) asumen que la deuda es impagable y conducirá a una quita, por lo que el debate no es pagar o no pagar, sino quién soporta el coste de su reestructuración, y cómo lograr que ésta se haga mediante una decisión democrática. Hablamos con ella de la propuesta de una auditoría ciudadana, y de las experiencias en otros países que también sufrieron crisis de deuda.

¿En qué momento la crisis española se convirtió en una crisis de deuda?

La economía española basó su supuesta “época dorada” en un incremento insostenible del endeudamiento, sobre todo contraído por empresas de los sectores constructor/inmobiliario y financiero. Desde esta perspectiva, la crisis de sobreendeudamiento viene gestándose como mínimo desde mediados de los años noventa.

El próximo año la deuda pública española alcanzará el 100% de PIB, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Es un techo, puede seguir aumentando, hay algún punto de no retorno?

Si el origen del endeudamiento fue sobre todo el comportamiento de empresas y bancos, una vez que la situación se vuelve crítica los gobiernos de Zapatero y Rajoy comienzan a traspasar deuda privada, sobre todo del sector financiero, al Estado. Este trasvase, junto con los efectos lógicos de la crisis económica (incremento del gasto en subsidios de desempleo, por ejemplo, pero sobre todo la brutal caída de los ingresos públicos), deterioran a gran velocidad unas cuentas públicas que hasta entonces estaban muy saneadas: si en 2007 la deuda pública sobre el PIB era de aproximadamente el 44%, en 2011 ya suponía más del 77%.

Si el curso de las cosas no se altera -la recesión se profundiza y la recaudación fiscal sigue hundiéndose, seguimos inyectando recursos públicos al sector financiero privado, etc-, por muchos recortes de gasto público que se acometan las cuentas del Estado seguirán deteriorándose irremediablemente. Aunque el origen del problema no fue el endeudamiento público, ahora mismo la situación fiscal ya sí es problemática y seguirá empeorando. Con las graves consecuencias que ello conlleva: pensemos por ejemplo que los recientemente aprobados presupuestos para 2014 ya prevén gastar del orden de un 25% más de recursos públicos en abonar intereses de deuda pública (36.590 millones de euros), que en financiar subsidios de desempleo (26.696 millones).

¿A quién debemos?

Según los datos que publica el Banco de España (incompletos y poco desagregados, todo hay que decirlo), prácticamente el 95% de los títulos de deuda pública están en manos de entidades financieras, españolas o extranjeras. Es a los bancos, fundamentalmente, a donde irán a parar esos casi 37.000 millones de euros presupuestados para pagos de intereses de deuda pública en 2014. Pensemos, entonces, que son mayoritariamente esas entidades, a las que estamos regalando recursos públicos y a las que el BCE (una institución pública, no lo olvidemos) le concede crédito en condiciones privilegiadas, las que ingresan los intereses de deuda pública. Es decir, usan dinero público para lucrarse gracias al problema fiscal que ellos mismos han contribuido a generar.

¿Qué papel ha jugado el rescate bancario en la acumulación de esa deuda pública?

Los cálculos no son fáciles. Por un lado, porque hay que contabilizar partidas de muy distinta naturaleza: transferencias directas, avales, créditos a tipos de interés preferente… No todo puede contabilizarse como si de cantidades homogéneas se tratara. Por otro, hay que tener en cuenta que el rescate bancario dista mucho de haber concluido. Teniendo en cuenta estas limitaciones, haciendo estimaciones que se pueden considerar conservadoras a partir de los cálculos del economista Carlos Sánchez Mato, tendríamos que hasta finales de 2012 el total de ayudas bancarias generadoras de deuda pública rondarían los 138 mil millones de euros. Es decir, como poco estaríamos hablando de algo más del 13% del PIB del país.

Para el rescate bancario ha sido todavía más costoso. Un estudio que publicó en agosto el FMI cifraba el total de la ayuda bancaria (no sólo la generadora directa de deuda pública) en 246.441 millones de euros: aproximadamente un 25% del PIB.

Cuando hablamos de deuda, tendemos a pensar en deuda pública, pero, ¿qué pasa con la deuda privada? ¿Y la deuda de las familias?

Como decíamos, el origen del problema de sobreendeudamiento actual, y aún a día de hoy el mayor volumen de deuda, se concentra en el sector privado; y no precisamente en las familias. Incluso ahora que el Estado ya arrastra una deuda pública importante, al final de 2012 suponía un poco menos de la cuarta parte de la deuda total: un 24%. La deuda de las familias, por su parte, no era más que el 19%. Son las empresas del sector no financiero (con un 31% de la deuda) y las entidades financieras (con un 27%) las que siguen acumulando la mayor parte del endeudamiento: casi el 60% del total.

¿Es posible plantear otra política económica con este nivel de deuda, o el margen de maniobra de cualquier gobierno es demasiado estrecho?

Es evidente que la situación actual de recesión y sobreendeudamiento complica enormemente la formulación de políticas económicas, pero siempre hay margen. Las opciones de política económica dependen de los objetivos que persigan: actualmente se prioriza la recuperación del máximo de deuda por parte de los acreedores y la recuperación (o mantenimiento, según el caso) de los beneficios. Si priorizáramos la generación de empleo y la protección de los grupos sociales más vulnerables, las medidas respecto al pago de la deuda, la recaudación fiscal y el gasto público efectuado, por ejemplo, tendrían que ser diametralmente opuestas a las que hasta ahora se vienen aplicando: si racionalizáramos el pago de la deuda e incrementáramos sustancialmente la recaudación fiscal, sería posible acometer gasto público potente en partidas estratégicas.

La experiencia de otros países

Observando otras crisis de deuda a lo largo de la Historia, ¿qué características comunes encontráis en ellas? ¿Qué lecciones podemos extraer?

La casuística es muy heterogénea y no se pueden sacar conclusiones simplificadoras. Pero diría que hay tres lecciones que no debiéramos perder de vista.

La primera, que siempre que hay una crisis de deuda, es decir, que hay una situación de insolvencia o incapacidad de pago, termina por habilitarse algún tipo de impago. Parece una obviedad pero merece la pena clarificar este punto: cuando la parte deudora no puede pagar, es que no puede pagar y, por tanto, no paga.

La segunda: la forma concreta que toma ese impago determina resultados completamente diversos. En ocasiones la parte acreedora consigue minimizar el impago retrasándolo todo lo posible, a costa de deteriorar las condiciones de vida más básicas del deudor; o consigue unas contrapartidas que claramente compensan el impago asumido (privatizaciones, reformas, nueva deuda, etc.). Otras veces, la parte deudora es capaz de conseguir una renegociación más o menos equitativa de la deuda, en la cual la responsabilidad de la crisis se asume también, aunque sea parcialmente, por la parte acreedora.

La tercera lección es que el resultado concreto de una crisis de deuda, o dicho de otro modo, cómo se reparte la pérdida que de forma inevitable va ligada al quebranto o impago, depende de la correlación de fuerzas entre ambas partes. Es decir, en última instancia es un problema político. Pensemos por ejemplo en dos crisis de deuda que se han saldado con impagos muy relevantes: la deuda alemana tras la Segunda Guerra Mundial y la deuda iraquí una vez que EEUU se hace con el control del país. Aunque la cuestión del pago o el impago se nos presente como un asunto técnico lo cierto es que es eminentemente político.

Entre las crisis de deuda recientes de otros países, ¿cuál sería el caso más similar al español? ¿Y cuál el mejor espejo en que mirarnos?

Ninguno nos sirve para extrapolar de forma directa y completa, y hay que tener cuidado de no idealizarlas, pero sí podemos extraer “pistas” en algunos aspectos concretos.

Por ejemplo, la crisis financiera sueca de principios de los noventa o la más reciente de Islandia nos ilustran cómo, incluso ante un sector bancario técnicamente quebrado y ante la necesidad de inyectar recursos públicos, es posible diseñar fórmulas que minimicen el coste para los contribuyentes, carguen gran parte del coste y la responsabilidad sobre los grandes accionistas y gerentes, y traten de evitar la repetición de los mismos episodios en el futuro.

Por otra parte de nuevo el caso de Islandia, o el de la gestión del gobierno de Roosevelt durante la Gran Depresión estadounidense, nos muestra cómo ante el estallido de una burbuja inmobiliaria que arrastra tanto al sector financiero como a una gran cantidad de familias afectadas por la crisis y que no pueden hacer frente a sus hipotecas, hay alternativas que permiten sanear entidades bancarias priorizando el “rescate” de las familias.

Por último, las actuaciones del gobierno argentino o ecuatoriano demuestran que es posible y útil hacer valer el poder que se tiene como parte deudora para imponer, de una forma o de otra, condiciones más equitativas para la renegociación de la deuda pública.

Deuda ilegítima y auditoría

¿Por qué consideráis ilegítima una parte de la deuda? ¿Cómo diferenciar esa parte?

El caso de cierta parte de la deuda pública, por ejemplo la destinada al rescate bancario, creo que es bastante claro: una deuda que no se ha contraído por el bien de la colectividad, sino que es resultado de un proceso antidemocrático por el cual los gobiernos, sin llevarlo en sus programas, optan por dedicar recursos públicos a un sector que es el responsable de la crisis y es quien se enriqueció enormemente los años previos. Un desembolso de dinero público que, además, se lleva a cabo sin exigir contrapartidas de importancia, y que por tanto no garantiza que el sector financiero no vaya a repetir las mismas prácticas y vuelva a llevarnos a un desastre similar. Y en un momento de emergencia social como este (desahucios, desempleo, pobreza cada vez más generalizada), en el que los recursos públicos tienen usos alternativos tan claros y tan urgentes. Consideramos que hay razones éticas y políticas para defender que la deuda derivada de ese gasto no puede considerarse pública, que no es toda la ciudadanía quien ha de responder por ella, porque en rigor el gasto que la ha generado no puede tampoco considerarse público.

Hay también gran parte de la deuda hipotecaria que contrajeron familias, una deuda muy sobrevalorada, en ocasiones regulada por contratos con condiciones abusivas, y que era la única fórmula disponible para acceder a una vivienda, que también pensamos que es ilegítima.

Identificar deuda ilegítima entraña primero una tarea política, de decidir democráticamente qué deuda es ilegítima, y posteriormente una tarea técnica, que permita cuantificarla con el máximo rigor posible.

¿Qué consecuencias tendría un impago de deuda? ¿Aun así serían peores las consecuencias de pagarla?

Como decía antes, a lo largo de la historia siempre que hay crisis de deuda hay impagos de un tipo o de otro. Ahora mismo, en la economía española, ya está habiendo impagos. Las empresas que suspenden pagos, las entidades bancarias que quiebran, no pagan. La deuda pública, y la de las familias humildes agobiadas con la hipoteca de su primera vivienda, son las deudas que hasta el momento se están pagando íntegramente (o prácticamente, en algunos, muy pocos casos, se están concediendo daciones en pago a familias). Se trataría por tanto de romper la ficción, de normalizar el escenario del impago, y de que sean criterios de equidad y corresponsabilidad los que sirvan para determinar quién, cuánto y cómo se producen los impagos que de hecho ya están ocurriendo.

¿Cómo reaccionarían los ‘mercados’ en caso de impago? ¿Y los acreedores? ¿Sufriríamos represalias y aislamiento?

Las experiencias internacionales nos demuestran que los acreedores internacionales (los “mercados”), son fundamentalmente pragmáticos. Aunque cada caso es diferente, lo normal es que tras un primer momento en que se escenifica la ruptura y el aislamiento, se avienen a negociar una reestructuración de deuda lo más favorable posible. Marcando el límite de hasta dónde está dispuesto a sacrificarse para seguir pagando, el deudor marca la frontera de lo posible. Una vez que el acreedor entiende que ha de asumir esa frontera, se aviene a negociar tratando siempre de maximizar el pago recibido a partir de ese límite impuesto. La experiencia griega, en la cual los acreedores privados terminaron asumiendo una rebaja de aproximadamente el 70% de la deuda pública, es un ejemplo muy reciente: una vez que se asume que el 30% es lo único que se va a poder recuperar los acreedores lo que quieren es recuperarlo.

Proponéis una auditoría ciudadana, pero ¿cómo se articula algo así? ¿A quién corresponde la iniciativa, quién o quiénes serían los responsables de auditar la deuda? ¿Qué validez tendría?

Los detalles de una auditoría dependen de a qué nivel –municipal, de comunidad autónoma o estatal- se articule, y de qué agentes participen en ella. Por ejemplo, no es lo mismo el acceso a la información que se tiene cuando un gobierno está interesado en desarrollar la auditoría (caso de Ecuador) que cuando no participa o de hecho la obstaculiza.

Lo que es seguro es que el proceso de recopilación de información, aunque precisa de un elemento de competencia técnica, ha de ser democrático: se trata de extraer información para que la ciudadanía de forma consciente pueda tomar decisiones que, de hecho, están determinando sus condiciones de vida: ¿Cerramos las urgencias sanitarias en los pueblos para seguir pagando los intereses de deuda pública a los bancos? Que la ciudadanía responda a este tipo de preguntas de forma informada es el objeto de la Auditoría.

¿Una quita de deuda tendría efectos positivos por sí misma, o necesita otras medidas?

Una quita de deuda importante es necesaria, pero por sí sola es insuficiente.

Por una parte, en el plano más inmediato de una gestión de la crisis actual que minimizara el coste sobre la mayoría social, sería necesario insertar las quitas dentro de un esquema de política económica mucho más amplio: reversión de las políticas de austeridad, reforma fiscal potente y muy progresiva, política de rentas distributiva, intensa “represión” al sector financiero, protección social efectiva a los grupos más vulnerables, generación de empleo, etc.

Pero además, no podemos olvidar que la crisis en la que estamos inmersos no es un desgraciado accidente del funcionamiento del sistema. Más bien, la crisis nos ha demostrado a las claras cómo funciona un sistema que se descubre incompatible con la toma democrática de decisiones económicas, el bienestar colectivo y la sostenibilidad de nuestra forma de vida. Medidas que nos hicieran salir de la crisis reproduciendo las condiciones que nos trajeron hasta aquí no pueden ser consideradas eficaces. Es necesario un replanteamiento más profundo, que cuestione las bases mismas del capitalismo: qué producimos, cómo lo distribuimos, cómo organizamos el trabajo, cuestiones de este tipo.

¿Qué margen de maniobra tiene España sin salir del euro y mientras siga bajo supervisión de la troika?

Bajo los parámetros de la actual UE, con sus Tratados e instituciones, cualquier horizonte de transformación es muy limitado. Ni siquiera hay demasiado margen para una gestión de la crisis más social, más amable. La apuesta por la austeridad y la “devaluación interna” (retroceso salarial) profundiza la recesión económica y la polarización social. Es un desastre para todos los pueblos de Europa, pero en particular para las economías del Sur, supone un avance acelerado hacia la descomposición social: familias desahuciadas, pensiones que pierden capacidad adquisitiva por ley, el fin de las prestaciones básicas universales, desnutrición, generaciones enteras que abandonan el país contra su voluntad… Lo que estamos viendo no es más que el resultado lógico de la disciplina del euro y las políticas que impone la troika.

El dilema, desde mi punto de vista, es más bien si es más fácil cambiar este marco europeo que nos lleva al desastre social rompiendo con él o tratando de transformarlo desde su seno.

¿Qué papel nos corresponde a los ciudadanos?

Forzar el cambio. Transformar el sentimiento generalizado de indignación frente al expolio en una acción política eficaz, que consiga una gestión de lo común democrática y favorable a la mayoría social. Gran parte de la ciudadanía entiende los elementos básicos de la estafa económica y la farsa democrática en que estamos inmersos. Desgraciadamente la crisis lo está dejando muy claro. Pero tenemos pendiente transformar la información y el sentimiento en capacidad efectiva de cambiar las cosas. Estos años de movilización social han sido espléndidos y necesarios, pero tenemos también tareas ineludibles en el terreno político. Aunque el panorama no sea fácil, la política es el único camino.

 

Más información y propuestas, en el libroQué hacemos con la deuda, de Bibiana Medialdea, Ignacio Álvarez, Iolanda Fresnillo, Juan Laborda y Oscar Ugarteche. También en la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, y en la web de la colección Qué hacemos.

Publicado en El Diario.es

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Charla debate. TRATADO DE LIBRE COMERCIO: si no lo impedimos nos llevan a la ESCLAVITUD

Mar, 25/11/2014 - 12:08

Coordinadora Laboral la Marina Zona Franca

Charla debate. TRATADO DE LIBRE COMERCIO: si no lo impedimos nos llevan a la ESCLAVITUD Con Hugo Ramírez Asamblea de personas trabajadoras en Paro Miércoles 26 de Noviembre. 19h En el Ateneu Popular l’Engranatge c/ AltosHornos 69 local 8-BCN Coordinadora Laboral la Marina Zona Franca

¡PAREMOS EL TTIP!

Charla debate. TRATADO DE LIBRE COMERCIO: si no lo impedimos nos llevan a la ESCLAVITUD

Con Hugo Ramírez

Asamblea de personas trabajadoras en Paro

Miércoles 26 de Noviembre. 19h

En el Ateneu Popular l’Engranatge

c/ AltosHornos 69 local 8-BCN

Coordinadora Laboral la Marina Zona Franca

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Las Marchas de la Dignidad vuelven a la calle en una ‘Semana de lucha’

Mar, 25/11/2014 - 09:00

Carmen ReinaEl Diario.es

Los colectivos que componen las Marchas de la Dignidad organizan para la última semana de noviembre una convocatoria de protestas sociales que concluirá con manifestaciones en todas las capitales.

Convocada a nivel estatal entre el 24 y el 29 de noviembre, la ‘Semana de lucha’ de las Marchas de la Dignidad llevará a cabo de manera descentralizada protestas en ámbitos como la sanidad, los desahucios o la educación.

Esta acción servirá para tomar perspectiva del músculo de las Marchas de la Dignidad, que tienen el objetivo de repetir en 2015 la masiva manifestación que tuvo lugar en Madrid el pasado 22M.

El lema ‘Pan, trabajo y techo’ volverá a escucharse en las calles de todo el país la última semana de este mes de noviembre. Será en la denominada ‘Semana de lucha’, organizada por los colectivos que componen la coordinadora de las Marchas de la Dignidad, una acción coordinada a nivel estatal pero que será llevada a cabo de forma descentralizada por la organización de las marchas de cada territorio.

Así, entre el 24 y el 29 de noviembre, las Marchas de la Dignidad han convocado esta ‘Semana de Lucha’, que responde al calendario de acciones aprobado el pasado verano, para llevar a la calle una serie de protestas en los distintos ámbitos sectoriales que tienen cabida en las reivindicaciones de los activistas del 22M.

Se trata así, según fuentes de la organización de las protestas consultadas por eldiarioandalucia, de “sumar las acciones en distintos ámbitos que hasta ahora se han organizado por separado” y, con ello, “unir las protestas parciales en distintos sectores” como pueden ser la lucha contra los desahucios y por el derecho a una vivienda o contra los recortes en sanidad y en educación. Para ello, cada una de las acciones que se desarrollen estará diseñada y protagonizada por los colectivos que luchan a diario en cada uno de los ámbitos.

Los responsables de las Marchas de la Dignidad realizan “un nuevo llamamiento a la movilización social” en la última semana de noviembre donde se producirán en cada capital “movilizaciones por el empleo digno, por una renta básica, por los servicios públicos y de calidad, por el derecho a la vivienda y la dación en pago, por las libertades democráticas, contra los presupuestos restrictivos de las administraciones públicas, contra el pago de la deuda odiosa, el paro, la precariedad, los recortes, el TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre EEUU y la UE) y la corrupción”.

Esta acción coordinada en todo el país servirá, asimismo, para tomar perspectiva del músculo que conservan las Marchas de la Dignidad, que tienen la mirada puesta en repetir la próxima primavera de 2015 la movilización de cientos de miles de ciudadanos que se manifestaron en Madrid el pasado 22 de marzo como culminación del camino a pie recorrido por los activistas desde todas las comunidades autónomas hasta la capital.

“Salimos a la calle porque nos encontramos ante una situación extremadamente difícil, una situación límite, de emergencia social, que nos convoca a dar una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora, la mayoría social y los pueblos”, explican los organizadores en el manifiesto de esta ‘Semana de Lucha’. Y citan, entre los motivos de su vuelta a las calles, el desempleo, la pérdida de la vivienda, la marcha de los jóvenes al extranjero para ‘buscarse la vida’, los recortes en salud, educación y dependencia, entre otros argumentos.

“Mientras, el verdadero poder, el que no se presenta a las elecciones, sigue enriqueciéndose y corrompiendo al poder político. Siguen llevándose dinero a los paraísos fiscales, usando tarjetas opacas y regalando decenas de miles de millones de dinero público, dinero que sale de nuestros impuestos, para salvar a bancos y especuladores”, alegan en contra de la corrupción.

Manifestación final el 29N en todas las capitales

La ‘Semana de Lucha’, con protestas sectoriales llevadas a cabo en cada ciudad, culminará el sábado 29 de noviembre con una manifestación. “Llamamos a participar activamente en una movilización por una sociedad de hombres y mujeres libres, una movilización contra un sistema, un régimen y unos gobiernos que nos agreden y no nos representan”, dicen desde las Marchas.

En Andalucía, los integrantes de las Marchas de la Dignidad han convocado manifestaciones el 29N en las ocho capitales de la comunidad autónoma, de manera simultánea a las 12 horas de ese día, a excepción de Jaén y Almería donde la convocatoria se realizará por la tarde, según se ha acordado en la última asamblea a nivel andaluz de la coordinadora 22M.

“Nuestro objetivo es abarcar todos los ámbitos de acción que siempre han cubierto las Marchas”, señalan las fuentes consultadas que explican cómo, además, la lucha contra la violencia de género tendrá un papel protagonista al producirse esta ‘Semana de Lucha’ en el entorno del Día Internacional contra la Violencia de Género que se celebra el 25N.

Así, las Marchas de la Dignidad han decidido apoyar y participar activamente en las distintas manifestaciones y acciones que contra los malos tratos y por la igualdad tendrán lugar en cada una de las capitales de Andalucía, como uno más de los ámbitos de esta ‘Semana de lucha’.

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ATTAC Acordem – Els paradisos fiscals: Acabar amb els forats negres de les finances

Mar, 25/11/2014 - 07:03

Xerrada-debat amb Antonio Fuertes, membre d’ATTAC Acordem. 3 de desembre de 2014, a les 19 h., al Centre Cívic Pati Llimona.  C. Regomir, 3. Barcelona. Organitza: ATTAC Acordem.

Els anomenats “Paradisos fiscals” han estat i són un suport necessari per a la blogalització financera. Són territoris que venen la seva sobirania als interessos delictius o il·legítims dels grans capitals i corporacions, que a través d’ells saquegen i desestabilitzen les economies nacionals amb total impunitat i soscaven la democràcia.

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Maniobras privatizadoras en el Canal de Isabel II

Mar, 25/11/2014 - 07:02

La Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II convoca una concentración contra esta operación opaca de mercantilización del agua.

  • La Junta de Accionistas va a emitir bonos de deuda por valor de 600 millones de euros al tiempo que reparte dividendos entre los accionistas.
  • No justifica el destino de una emisión de deuda que solo beneficia a las grandes multinacionales y a los fondos buitre.
  • Aunque desde 2011 los beneficios del Canal de Isabel II han crecido un 43%, la inversión en infraestructuras cayó un 56%.

Cuando el Partido Popular vio frustrada su intención de privatizar el Canal de Isabel II en 2011 anunció que lo retomaría antes de que acabara la legislatura. Ese momento está llegando.

El próximo 3 de diciembre Canal Gestión S.A va a asestar un duro golpe a los madrileños al aprobar, previsiblemente, en su Junta de Accionistas la emisión de bonos en el mercado de la deuda por valor de 600 millones de euros para, supuestamente, invertir en unas infraestructuras que nadie ha concretado ni justificado.

Esta operación se va a llevar a cabo con total opacidad, con desconocimiento de la propia Asamblea de Madrid y de la ciudadanía madrileña y se traducirá en un aumento de la deuda de la entidad.

El orden del día de la Junta contempla el reparto de nuevos dividendos entre los accionistas y la modificación de los estatutos sociales para poder remunerar a los miembros del Consejo de Administración en los que no concurra causa de incompatibilidad. Se profundiza, así, en el expolio del Canal y en la estrategia de privatización que está llevando a cabo el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en la entidad. ¿A quién beneficia esta operación de entrar en el mercado de la deuda, sino a las multinacionales del sector y a los fondos buitre?

Se detraen de los ingresos del Canal ingentes cantidades en concepto de dividendos para los accionistas y se pretende repartir otra porción del “pastel” entre los amiguetes del Ignacio González y Salvador Vitoria, puestos a dedo en el Consejo de Administración. A cambio se hunde a Canal Gestión SA en un deuda peligrosa y en una situación insostenible al disminuir drásticamente los gastos de personal y las partidas destinadas a inversiones, mantenimiento y explotación.

Desde que en 2008 comenzara el proceso de privatización hemos visto cómo transformaban una empresa pública en una Sociedad Anónima en una semana

Desde que en 2011 se creara la Sociedad Anónima Canal Gestión, el Partido Popular ha conseguido que la deuda de la empresa ascienda a 1.168 millones de euros, gracias a movimientos como la compra de Inalsa, con una deuda acumulada de 100 millones de euros. A pesar de que los beneficios en este mismo periodo han ascendido a un 43%, no se han realizado inversiones en infraestructuras. Más bien al contrario: el gasto de esta partida ha decrecido un 56%, la de personal un 12,5% y los beneficios generados han sido repartidos entre los accionistas casi en su totalidad.

Desde que en 2008 comenzara el proceso de privatización hemos visto cómo transformaban una empresa pública en una Sociedad Anónima en una semana; cómo colocaban en el consejo de dirección a personas afines comoSalvador Victoria, José Manuel Serra Peris, imputado como consejero de Bankia, José de Cevallos Aguarón, vinculado a Hidroser Servicios Integrales del Agua S.A., Antonio de Guindos, imputado por el caso Madrid-Arena o David Pérez, adalid del proyecto Eurovegas; cómo la representación sindical era expulsada del consejo de dirección; cómo el Partido Popular presionaba a alcaldes para firmar los convenios de adhesión al nuevo modelo de gestión, como desoían la consulta ciudadana en la que 180.000 personas se oponían a la privatización del CYII y cómo nos han negado información referida a la gestión de la empresa hasta en 65 ocasiones.

Cuando el Partido Popular vio frustrada su intención de privatizar el Canal de Isabel II en 2011 anunció que lo retomaría antes de que acabara la legislatura. Ese momento está llegando y la emisión de bonos parece indicar que pretende hacerlo efectivo antes de las elecciones autonómicas y municipales con la misma opacidad que ha rodeado este nuevo expolio de lo público en beneficio de unos pocos.

La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II convoca una concentración en la Puerta del Sol contra la mercantilización de un derecho humano como es el agua el domingo 30 de noviembre a las 12h. 

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ATTAC en Asturias: Charlas-debate de Ricardo García Zaldívar sobre el TTIP

Mar, 25/11/2014 - 07:00

Próximamente, ATTAC España estará presente en las charlas-debates que se van a realizar en Oviedo y Cangas de Onís, ambas por el compañero Ricardo García Zaldívar, sobre el “Transatlantic Trade and Investment Partnership” (TTIP), es decir el Tratado de Transatlántico de Comercio e Inversión entre EE.UU y la U.E.

La charla en Oviedo se celebrará en el Salón de Actos de la Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala” (Biblioteca del Fontán), el lunes día 1 de diciembre a las 19:00 horas. Organizada por ATTAC Oviedo, con la colaboración de la Plataforma “Asturies no a los Tratados de Libre Comercio”.

Por otro lado, el Grupo Local de ATTAC en Asturias – ATTAC Oriente, ha organizado la charla para el martes día 2 de diciembre a las 18:30 horas en la Casa de Cultura de Cangas de Onís.

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Ante la Cumbre de Brisbane: empresas transnacionales, argucias fiscales y responsabilidad social

Dom, 23/11/2014 - 13:00

José Ángel Moreno – Economistas Sin Fronteras

En el momento de publicarse estas líneas se celebra una nueva reunión del G20 en Brisbane, Australia, en la que, entre otros asuntos, los presidentes y primeros ministros del Grupo tratarán un tema crucial: la necesidad de limitar las estratagemas de minimización de pagos impositivos de las empresas transnacionales.

En buena medida, esta optimización fiscal se canaliza a través de prácticas ilegales (evasión fiscal), pero la reunión se centrará en las más sofisticadas prácticas legales: la elusión fiscal mediante las pudorosamente llamadas estrategias fiscales agresivas o de ingeniería fiscal: relocalización del beneficio en países de baja imposición a través de transferencias intraempresariales, ventas por internet que se facturan en países de baja o nula imposición, abusos en acuerdos de doble imposición (en los que los dividendos de filiales no tributan y se inflan, en detrimento de los beneficios de ubicaciones en países de mayor imposición), financiación de filiales con préstamos en lugar de capital (para aprovechar la deducción de gastos financieros), utilización de instrumentos financieros híbridos entre filiales (préstamos participativos que en un país se consideran gastos financieros deducibles y en otro capital) y un largo etcétera… aparte, por supuesto, del uso legal de paraísos fiscales al 1. Para más información, recomiendo encarecidamente el libro de Francisco de la Torre ¿Hacienda somos todos? (Debate, 2014).

Se trata de un tema viejo frente al que los gobiernos de los principales países del mundo -pese a la abundante palabrería al respecto- nunca han querido actuar con decisión. Ninguno quiere imponer exigencias fiscales mayores que otros países para no desincentivar la localización de transnacionales en su territorio. Ninguno quiere penalizar más que otros la competitividad de las empresas instaladas en su ámbito espacial.

Sin embargo, la crisis y sus persistentes efectos están obligando a muchos gobiernos y a los principales organismos internacionales a reconsiderar, al menos oficialmente, su actitud: los recursos públicos son cada vez más insuficientes y cada vez es mayor la desfachatez fiscal de muchas grandes empresas. La OCDE estima que el tipo efectivo del impuesto sobre beneficios de las grandes empresas de la zona es un ridículo 5%; en España, es aún menor: el 3,5%.

La situación ha llegado a tales niveles que la Unión Europea ha iniciado ya diversas medidas de coordinación entre los países miembros, básicamente, de información, contra el secreto bancario y para impedir abusos en acuerdos de doble imposición. El propio G20 encargó en 2012 a la OCDE la elaboración de un informe, cuya primera versión oficial se presentó en la Cumbre de San Petersburgo de febrero de 2013, un Plan de Acción para combatirla que ha recibido el título de Action Plan on Base Erotion and Profit Shifting (que puede traducirse por “Plan de Acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios”). Sus primeras medidas -anticipadas en la  reunión de ministros de Economía del G20 de Cairns (Australia) del pasado 20 de septiembre – son las que se discutirán previsiblemente en la Cumbre de Brisbane.

Sin duda, hay que saludar muy positivamente esta preocupación, aunque no quepa lugar para un excesivo optimismo: puede apostarse sin mucho riesgo a que las medidas prácticas que se acaben adoptando (si se adoptan) no reducirán de forma radical los privilegios fiscales de las grandes empresas. Para ello haría falta una voluntad política y una capacidad de acuerdo internacional que no parecen nada probables.

Estamos, no obstante, ante un problema de gravedad difícilmente exagerable: constituye una auténtica tragedia frente las necesidades que unos impuestos justos podrían remediar, al tiempo que una clara competencia desleal frente a las empresas que no pueden desarrollar prácticas semejantes. Lo que, a su vez, implica consecuencias desfavorables para todos en términos de precio y/o calidad de los productos y servicios afectados. Pero el tema constituye también una buena metáfora de la forma en la que las grandes empresas entienden su responsabilidad social y de sus cada vez más patentes limitaciones.

En efecto, incluso las empresas mejor valoradas en este aspecto consideran perfectamente coherente minimizar todo lo posible su pago de impuestos: una cosa, dicen, es la responsabilidad social empresarial (RSE) -que constituye un fenómeno voluntario- y otra es la responsabilidad legal, que toda empresa responsable, por descontado, debe respetar. Algo que en el ámbito tributario cumple toda empresa que no desarrolle comportamientos ilegales: la ingeniería fiscal no sería más que un intento de acatar eficientemente la ley, obteniendo el máximo beneficio posible de su cumplimiento.

Ciertamente,  las estrategias de elusión fiscal cumplen literalmente la ley, pero ¿son compatibles con la responsabilidad social? De un lado, es evidente el escaso compromiso con la sociedad que revelan: el insultante alcance de su autoproclamada responsabilidad. De otro, y aceptando lo que defiende la propia visión empresarial de la RSE, no está de más recordar que la empresa responsable no se limita a cumplir la ley, sino que trata de ir más allá, de aportar a sus grupos de interés y a la sociedad mayor valor aún que lo que la ley exige.

Los ejemplos son incontables: salarios, igualdad, conciliación, salud y seguridad en el trabajo, contaminación, calidad en el producto, respeto a los derechos humanos, transparencia informativa, acción social… En todos estos casos y en muchísimos más, las empresas presuntamente responsables alardean precisamente de superar voluntariamente los mínimos legales (aunque no siempre, desde luego, sea cierto).

¿Por qué en el ámbito impositivo esta superación de los mínimos (incluso la simple pretensión de que no se manipulen) se considera un planteamiento absurdo? ¿Por qué las grandes empresas prefieren seguir optimizando artificiosamente sus impuestos, mientras que en ocasiones dedican sumas importantes a causas más o menos filantrópicas (lo que se conoce como acción social: mecenazgo, patrocinios, donaciones, actividad de sus fundaciones…)?

La respuesta no es difícil. Por una parte, porque esa superación de los mínimos legales, cuando es significativa, responde inevitablemente a la exigencia social o de grupos de interés concretos. En segundo lugar, porque la empresa no puede decidir el destino de los impuestos que paga, mientras que sí puede hacerlo con su acción social, dirigiéndola hacia las actuaciones que considera más favorables. Finalmente, porque la filantropía cuesta siempre mucho menos que lo que costarían unos impuestos razonables, y además la empresa considera que consigue con ella un rendimiento en términos de imagen y reputación muy superior.

¿Por qué las empresas iban a actuar voluntariamente de otra forma? En eso consiste la RSE voluntaria: en actuar responsablemente sólo cuando la empresa aprecia en ello alguna utilidad diferencial. Por eso muchos pensamos que los aspectos verdaderamente básicos que afectan a la responsabilidad social de las empresas (entre los que figura, por supuesto, una carga impositiva justa) no pueden dejarse a su libre voluntad. Por su propia importancia para la sociedad (porque son una exigencia moral y de justicia), la ley tiene que exigirlos y penalizar su incumplimiento.

Pero al tiempo, no se olvide, la sociedad civil tiene que demandarlos con toda la fuerza de que sea capaz. Y también en el terreno fiscal tiene la presión social alguna posibilidad de conseguir mejoras, si es capaz de cuestionar significativamente la reputación de las empresas. El caso del Reino Unido y de la campaña www.ukuncut.org.uk es muy ilustrativo de esa potencialidad ciudadana de desacreditar las estrategias tributarias de las grandes empresas, con alguna pequeña victoria ejemplar en su haber, como la conseguida frente a Starbucks, que en 2012 decidió unilateralmente incrementar sustancialmente sus pagos impositivos, pese a que podía legalmente pagar menos (como lo había venido haciendo hasta ese momento), a la vista de las implicaciones que sus políticas de ingeniería fiscal la estaban generando en su imagen pública.

En definitiva, frente a toda irresponsabilidad social empresarial importante (como lo es  la fiscal), las únicas alternativas sensatas son ley y exigencia social. Una exigencia que en el campo impositivo debería convertirse en campo de batalla prioritario para  las organizaciones sociales preocupadas por la justicia, dada la abrumadora complejidad en este caso del camino legal, necesitado de una coordinación a nivel internacional que -como antes apuntaba- no parece realista esperar a corto plazo. Aunque ciertamente sería espléndido, pero no poco sorprendente, que  la Cumbre de Brisbane rectificara estas expectativas.

1 Una práctica absolutamente extendida entre las grandes empresas. Según recuerda cada año el Observatorio de la RSC, una inmensa mayoría de las empresas del IBEX 35 los utiliza: según su último informe sobre La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX35, el 94% tenía en 2012 sociedades domiciliadas en paraísos fiscales.

Este artículo refleja exclusivamente la opinión de su autor
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¿Quién piensas que irá a recoger aceitunas si dais una renta básica?

Dom, 23/11/2014 - 09:00
Jorge Moruno Danzi – Público.es

Creo que el primer escollo de la renta básica es ante  todo, de tipo ideológico y no económico. ¿Es ético? La ideología moderna del trabajo pesa mucho en nuestros imaginarios, todavía más, cuando la sociedad pensada alrededor del trabajo (del empleo más bien), se desvanece en el aire. Ya lo dijo Hannah Arendt, nos enfrentamos  con la perspectiva de una sociedad de trabajadores sin trabajo, es decir, sin la única actividad que les queda. Paradójicamente, parte de quienes se reclaman del marxismo responden de manera conservadora a esta situación, cuando su alternativa es tratar de volver atrás en el tiempo, borrar las letras con el teclado y fosilizar la historia en el mismo punto que ayer desechaban. Son en cambio, los ideólogos de la servidumbre neoliberal quienes aplauden la abolición del trabajo asalariado, con la salvedad de que no piensan en un mundo libre de explotación, sino en otro donde todos seamos una fusión de trabajadores sin derechos y empresarios sin propiedad: Uber es la estrella a seguir, economía colaborativa lo llaman, el común privatizado.

Quizás hay que darle la vuelta al razonamiento de la pregunta sobre las aceitunas: ¿por qué alguien se ve obligado a tener que recoger aceitunas por un mísero salario? Porque no le queda otra y tiene que aceptar el chantaje de hacer o eso o nada, de lo contrario, ya vendrá otro. Existe bajo el embudo del empleo, un excedente de fuerza de trabajo sobre una limitada oferta, lo cual genera competencia para acceder a unos medios de vida cada vez más escasos y decadentes. Repartir miseria es lo único que le queda a un neoliberalismo que no puede ofrecer un volumen de empleo medianamente digno a la población, cuando al mismo tiempo, el empleo sigue siendo la única opción para poder vivir. Eso es la lógica del embudo y la zanahoria.  Lo mismo de las aceitunas, se puede decir para infinidad de trabajos y sueldos precarios. En España el salario ha pasado de representar un 54,5% del PIB en 2006, un 46% en 2011, y a mediados de 2013 un 44,7%. En la UE representaba el 70% en 1975 y un 58% en 2006. El porcentaje de trabajadores con un sueldo igual o inferior al salario mínimo interprofesional (SMI) ha pasado del 6% al 10,5% en el periodo 2004-2010. En 2012 ese porcentaje aumenta hasta el 12,25% de trabajadores. -Solo Rumania y Grecia superan a España en riesgo de pobreza de trabajadores. En realidad, ningún fetiche con la RB, con “repartir dinero”,  importa más la tendencia histórica de ir separando una vida segura del hecho de tener o no tener empleo, separar trabajo de empleo, separar en el siglo XXI, producción de riqueza de horas empleadas.

La RB como instrumento de erradicación de la pobreza, como un mecanismo de reparto de la riqueza y distribución de la renta, que puede dar seguridad económica a la población frente a la incertidumbre y la arbitrariedad, permite iniciar otros modos de vida, nuevas actividades y contribuye a eliminar los estigmas sociales. Si la RB desincentiva el trabajo precario y mal pagado, lo que hay que cambiar es la precariedad. La gente no tiene problemas en trabajar –poiesis-, pero si tiene una RB a lo mejor no tiene que aceptar cualquier condición laboral. En cualquier caso, hay que verlo como un horizonte, por etapas, no de la noche a la mañana, es necesario hacer un gran cambio en el sistema fiscal y desplegar un modelo económico realmente productivo.

Hay que trabajar esa ambivalencia de lo emprendedor, entre la ideología de la servidumbre que lo usa para dividir entre winners y losers, y la potencia de una nueva composición del trabajo fundada sobre la cooperación social. Hoy hay sobre todo, emprendeudores  y no proyectos individuales y colectivos emprendedores. La seguridad de no caer en el precipicio de la exclusión social fomenta la innovación y la creatividad, incluso la iniciativa por sacar adelante ideas ilusionantes. Una sociedad hundida en el miedo y la precariedad no emprende otra cosa más que el camino al subdesarrollo. Como nos recuerda el ya fallecido sociólogo André Gorz, de las miserias del presente saquemos la riqueza de lo posible.

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ATTAC Acordem – Davant la Llei de Seguretat Ciutadana: Un viratge antidemocràtic

Dom, 23/11/2014 - 07:02

Xerrada-debat amb Alicia García Ruiz, membre del Consell Científic d’ATTAC España. 26 de novembre de 2014, a les 19 h. al Pati Llimona. C. Regomir, 3. Barcelona. Organitza: ATTAC Acordem.

La nova Llei de Seguretat Ciutadana tensiona severament els principis i garanties d’expressió i funcionament democràtics. El seu paral·lelisme amb les noves formes d’activisme polític i de protesta social és inquietant. Davant Això, és necessari un debat públic sobre la noció de “Seguretat”. i els seus usos polítics, no sempre destinats a protegir el ciutadà.

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Marcha de los montes orientales

Dom, 23/11/2014 - 07:01

MARCHAS DE LA DIGNIDAD 22M

Marchamos contra el paro, por el empleo digno. El principal azote de las familias trabajadoras de Los Montes Orientales se vuelve a llamar hoy paro, nuestra comarca destaca tristemente dentro de una tierra, Andalucía, que arrastra generación tras generación el drama de la falta de trabajo.

Los Montes Orientales es una de las comarcas con más paro de Europa. El derecho al trabajo es condición de una vida digna para la clase trabajadora. Pero cuando el paro azota como lo hace aquí, la dignidad de trabajadores y trabajadoras está siendo pisoteada. La escasez de trabajo permite a patronos sin escrúpulos abusar de la mano de obra, imponiendo condiciones cada vez más miserables y haciendo de los convenios papel mojado.

Además,  muchas personas trabajadoras se ven forzadas a emigrar a destinos donde serán explotadas como mano de obra barata. Así lo hicieron nuestros abuelos y padres, y si no lo impedimos, ese será el futuro para las generaciones venideras  en nuestros pueblos. Queremos trabajo, y queremos trabajo digno. Los  montes orientales de Granada se han puesto en marcha y denunciamos la situación que vive Andalucía.

Un 37% de Desempleo con más de un 60% de desempleo juvenil.

Uno de cada cuatro niños andaluces viven por debajo del umbral de la pobreza.

80 familias solo por ser terratenientes cobran más de 100 millones de la PAC.

La corrupción y el saqueo del dinero público es una plaga en nuestra región.

Frente a todo esto la Junta de Andalucía, mantiene en el cajón del olvido desde los años ochenta una Ley de Reforma   Agraria que nunca ha aplicado heredo la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables que jamás expropio nada tiene un impuesto sobre Fincas Infrautilizadas que nunca ha cobrado.

Por todo esto desde las Marchas de la Dignidad de Granada EXIGIMOS:

Que se aplique la legislación que ya existe, avalada por el Tribunal Constitucional y de manera inmediata la Junta de Andalucía, ponga en marcha el proceso de reforma agraria que Andalucía necesita.

Que siendo la Junta de Andalucía desde los años ochenta incapaces de recaudar el Impuesto sobre Fincas Infrautilizadas cuando un grupo de terratenientes cobran millones de euros de PAC a cambio de nada y además se les premia con medallas y distinciones no se pueden exigir las 35 peonadas cuando no hay tajo en el campo.

La crisis del capitalismo y las medidas neoliberales de salida de esa crisis, están dejando en el Estado español y en Andalucía un panorama social caracterizado por el paro, la pobreza, la desigualdad, y la emigración, crecientes, que empuja a millones de trabajador@s y a sus hij@s a la exclusión social. Una situación de verdadera EMERGENCIA SOCIAL.

Frente a esto, los gobernantes no solo son incapaces de dar una respuesta adecuada sino que ocultan a los pueblos que el empleo asalariado, el único medio para obtener una renta que permita cubrir las necesidades vitales, no volverá para millones de trabajador@, sencillamente porque el sistema económico capitalista no lo necesita y ponen todo su empeño en precarizar la vida de la gente e instalarlas en el miedo y la angustia ante un futuro más que negro.

Por esta razón el Movimiento contra el Paro y la Precariedad ha tomado la iniciativa de presentar una Iniciativa Legislativa Popular para la implantación en el Estado español de una RENTA BASICA UNIVERSAL, INCONDICIONAL, INDIVIDUAL Y SUFICIENTE, que permita a tod@ cubrir dignamente las necesidades mínimas. Exige su implantación en dos fases. La primera, de inmediata aplicación, afectaría a todos los que no cobren nada o cobren alguna prestación por debajo de su importe (645,33 euros mensuales), y en la segunda fase, su implantación como Derecho universal.

Es una propuesta para hacer justicia, no caridad. Producimos riqueza entre tod@ como para establecer, mediante medidas como esta, un nuevo reparto de la renta que garantice una EXSISTENCIA DIGNA y la recuperación de la libertad REAL a tod@s independiente del llamado mercado laboral, hoy controlado totalmente por el capital. Y un instrumento útil para la lucha social necesaria para alcanzar una sociedad justa, equitativa y profundamente democrática.

El jueves 27 de Noviembre la marcha de los montes  saldrá desde Deifontes a las 10 horas y terminara en Piñar pasando por Iznalloz, es muy importante tu participación jornalero/a, porque marchamos por:

 

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Comunicado desahucios y sobreendeudamiento en España

Dom, 23/11/2014 - 07:00

Jueces para la Democracia

El próximo sábado se cumplen dos años desde la entrada en vigor del RD Ley 27/2012, de 15 de noviembre, sobre medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, cuya principal medida consistió en suspender dos años los procedimientos de ejecución hipotecaria que afectaban a las familias en riesgo de exclusión social y el mandato al Gobierno para que emprendiera de manera inmediata, junto con el sector financiero, la constitución de un fondo social de viviendas destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hubieran sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario.

Mediante la Ley 17/013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, se mantuvo la suspensión de los lanzamientos que ya se contemplaba en el RD Ley de 2012, definiéndose los requisitos legales para considerar a una familia en situación de riesgo de exclusión social en base a parámetros  subjetivos, niveles de renta (tres veces el IPREM) y la carga que implicara el pago de la hipoteca.

Pese a ello, según los datos que ha ofrecido recientemente el Ministerio de Economía, sólo unas 20.000 familias españolas se han beneficiado de las medidas de protección frente al sobreendeudamiento, incluyendo suspensiones de lanzamientos, reestructuración de deuda y daciones en pago, frente a los 346.784 lanzamientos que, según el C.G.P.J, se produjeron en España desde enero de 2008 hasta junio de 2014.

En cuanto al Fondo Social de Vivienda, los 33 bancos que lo componen habían aportado, a mes de enero de 2013, 6.000 viviendas, de las cuales siguen vacías 4.600, cuando según las mismas fuentes del C.G.P.J, desde ese mismo mes hasta junio de 2014, han perdido su vivienda 104.430 familias.

Todos estos datos confirman que, pese a los anuncios del gobierno, sigue sin afrontarse una política global sobre la vivienda en España y la respuesta que debe darse a las familias que, por causa del desempleo y la precariedad, no pueden afrontar el pago de sus hipotecas o se mantienen en sus viviendas a costa de  sacrificios extremos, cuando, por el contrario, muchas de las entidades que ofrecieron  los préstamos hipotecarios llevando a cabo agresivas prácticas bancarias despreciando el riesgo crediticio, han recibido ingentes cantidades de dinero público y sus consejos de administración ofrecen un lamentable espectáculo de falta de ética.

Por ello, desde Jueces para la Democracia reiteramos una vez más la exigencia de que se apruebe una Ley de Sobreendeudamiento Familiar que permita a las familias una segunda oportunidad mediante la renegociación de sus deudas, imponiendo a las entidades bancarias, en su caso, medidas de reestructuración y/o dación en pago, así como la necesidad de que el gobierno impulse un Fondo Social que garantice efectivamente el derecho constitucional a una vivienda digna.

De otro modo, la prórroga de los lanzamientos, aunque pueda beneficiar temporalmente a muchos ciudadanos en riesgo de exclusión, no hará sino demorar la solución del problema y cronificar una situación de injusticia social, que genera una gran bolsa de pobreza, y de cuyas causas profundas no son responsables.

14 de noviembre de 2014

SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA

jpd@juecesdemocracia.es

http://www.juecesdemocracia.es

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‘Canarias Resiste’: 23 de noviembre, a las 18h., concentraciones contra las prospecciones

Sáb, 22/11/2014 - 20:46

Este domingo 23 de Noviembre a las 18:00hs haremos nuestra consulta sobre las prospecciones. Charco de San Ginés, Arrecife. Acude y expresa tu opinión. Tendremos una urna gigante para que puedas hacerlo.

EL MOVIMIENTO CIUDADANO CONTRA LAS PROSPECCIONES CONVOCA CONCENTRACIONES EN TODAS LAS ISLAS CON MOTIVO DEL 23N BAJO EL LEMA ‘CANARIAS RESISTE’

El Movimiento Ciudadano de Canarias contra las Prospecciones, del que forman parte diversos colectivos de todas las islas, no ha querido pasar por alto la fecha del 23 de noviembre, en la que estaba prevista la consulta a la ciudadanía del archipiélago sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias.

A través de este acto, los ciudadanos y colectivos queremos dejar claro que esta lucha no ha hecho más que comenzar, que el Canario es un pueblo que continuará, con apoyos crecientes por todo el mundo, plantando cara a un modelo, como el petrolero, que solo puede dejar destrucción en las islas, y que ha sido impuesto por un gobierno, el del Partido Popular, que pisotea y trata con enorme desprecio a la ciudadanía y el medio ambiente de Canarias.

Evento de Facebook: https://www.facebook.com/events/562601200506157/

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Un programa económico para Podemos

Sáb, 22/11/2014 - 18:00

Antonio Mora Plazahttp://www.nuevatribuna.es

Es sin duda este partido político –o a punto de serlo legalmente– la gran esperanza de la regeneración democrática para España. Creo que lo es sociológicamente y eso es suficiente por más críticas que se hagan sobre el pasado de sus líderes. No merece la pena entrar en ello. Su eclosión en el panorama político representa las mismas esperanzas que representó el PSOE en la llamada Transición con la muerte del dictador. Se intentó entonces una transición en la que Alianza Popular representaría a la derecha de origen franquista, la UCD el centro político –pero sin base sociológica como se demostró al poco– y el PSOE como único partido de la izquierda. Luego la visión, inteligencia y audacia de Suárez, el presidente de entonces, le llevó a legalizar al PCE y las elecciones del 1982 cambiaron el panorama político. Ahora la situación presenta una cierta analogía, con el PP en un deriva a la derecha de origen franquista, Podemos como futuro partido central de izquierdas y el PSOE como partido de derechas moderno, esa derecha política que jamás ha tenido este país, una derecha democrática, sin apelaciones más o menos encubiertas a golpes de Estado o pronunciamientos que impidieron durante dos siglos que España tuviera una democracia que durara más de un decenio. El PSOE se resistirá a ello por aquello de la imagen y los votos, pero al menos en lo económico no hay ninguna diferencia entre PSOE y PP. Eso ya se ha demostrado con el presidente Zapatero y su mes negro de mayo del 2010; y Rajoy, que ha ahondado más en las criminales políticas de austeridad. Todo ha fracasado en España, Grecia, Portugal y allí donde se ha impuesto. Los supuestos económicos en que se basan estas políticas son un cadáver teórico a pesar de que se sigan enseñando en las facultades de Economía. Hasta el conservador The Economist las ponía en duda en julio del año 2009 –segundo año de crisis reconocida– en un artículo que aparecía en su portada titulado Where it went wrong, and how the crisis is changint it, con un dibujo en la portada en la aparecía un libro derritiéndose, libro titulado Modern Economic Theory. Pues ni el PSOE ni el PP se han enterado y con Rajoy como perrillo faldero de la Merkel.

En el momento actual los datos son escalofriantes: según la EPA para el segundo trimestre del año tenemos 5.622.900 parados, una tasa de paro del 24,47%, con 2.868.900 parados de más de un año y con 1.834.000 hogares con todos sus miembros en el paro. Los datos más actuales han mejorado algo el panorama, pero lo previsible es que vuelva la cosa a empeorar. En el debate de presupuestos el Sr. Montoro –una especie de vampiro miope con rasgos humanoides- se mostraba satisfecho porque la economía ya crecía unas décimas, como si eso fuera a solucionar el problema del paro y sus consecuencias. La herencia que va a recibir Podemos si tuviera que compartir tareas de gobierno o directamente gobernar va a ser terrible. Por ello se ha de afinar mucho en su abordaje. Presento las tareas económicas que, de forma jerarquizada, son en mi opinión las ineludibles a corto y medio plazo:

1) Las consecuencias del paro. Frente a la propaganda de la derecha y del PSOE de que el primer problema de este país es el paro hay que decir que no es cierto, que el primer problema son sus consecuencias. El paro es el segundo. Ya hemos dado los datos según EPA que es la más fiable de los registros porque el paro registrado es siempre menor. No menor importancia tiene el deterioro de la calidad del empleo, con un avance imparable del empleo temporal sobre el indefinido y un alto grado de indefensión por la reforma laboral del PP. Pero lo primero es abordar las consecuencias del paro. Para ello hay que dotar un fondo para dar vivienda y comida a quien no tenga un mínimo en este país. La tarea es difícil de evaluar porque las distintas Administraciones aportan algo, pero es siempre desigual e insuficiente. Podemos evaluó unas cifras en su momento totalmente descabelladas que luego han sido recogidas por la derecha y el PSOE para denigrarlos. Las cifras deben ser más mesuradas aunque nada despreciables. España sí está en condiciones que crear una renta básica determinada por la situación de parado, por una pensión insuficiente o por no tener ninguna fuente de renta. Es tarea difícil porque hay que luchar contra la picaresca, pero es inexcusable su abordaje. Veamos unos datos. Para dar una renta básica a 2.000.000 de ciudadanos a una media de 700 euros al mes en 12 pagas serían necesarios dotar al fondo de 16.800 millones de euros. Parece una cifra grande, pero es inferior a los 24.743 millones que de momento se han dado a Bankia y representa además sólo el 1,6% de déficit dado nuestro billón de euros de PIB. Se calcula que los niveles de fraude fiscal no deben estar por debajo de los 60.000 millones de euros siendo cautos. Pues bien, los 16.800 millones representan sólo el 28% de nuestro fraude fiscal estimado a la baja. Hay que decir que este fondo no sustituiría a las ayudas no contributivas y de rentas actuales, sino que sería complementarias de otras, pero sobre todo destinadas a los que no perciben ninguna renta.

2) La segunda tarea se deriva de lo anterior: combatir el fraude fiscal. Por supuesto que hay que abordar otras tareas encaminadas a modificar la estructura de los impuestos y un control mayor, por ejemplo, en el impuesto de sociedades y en el IVA, pero ello no debe distraer la atención sobre lo básico: lucha contra el fraude, modificación del código penal, más dotación a la Agencia Tributaria para dotarla de personal suficiente, porque estamos muy alejados de los parámetros de inspectores por sujeto pasivo físico o jurídico obligado con respecto a los países de la UE.

3) Eliminar la reforma del PP y aumentar el salario mínimo. La reforma ha deteriorado las condiciones de trabajo y rebajado los salarios. Indirectamente y paradójicamente ha favorecido la contratación temporal en detrimento de la indefinida. Pero lo más urgente es aumentar el ridículo salario mínimo actual de 645,30 euros en 14 pagas. Sólo en la UE lo tienen por debajo Grecia y Portugal. Además, un salario tan mínimo crea empresas-chiringuito por especuladores y echa del mercado a las personas con vocación empresarial y profesionalidad que apuestan por el largo plazo y por fidelizar a sus empleados con retribuciones dignas. Pero no sería suficiente con aumentar notablemente el salario mínimo. He defendido hace tiempo que debiera haber dos salarios mínimos: uno para los contratos indefinidos y otro para los temporales, siendo estos últimos más altos que los primeros. Con ello el empresario tendría dos alternativas reales: contratar con costes mensuales más bajos pero con costes de despido (indefinidos) o con costes mensuales más altos pero sin costes de despido (temporales). Sólo con leyes y decretos basados en la buena voluntad de los contratadores va a hacer cambiar la inercia del deterioro del trabajo, pero sí lo hará vía costes. Además ello puede ser gradual. Supongamos el salario mínimo de los indefinidos estuviera en los 900 euros y los temporales en lo 1100. Si viéramos que no se produce un cambio sustancial en la relación entre contratación indefinida y la temporal no habría más que aumentar la brecha del salario mínimo entre ambos, pero sin bajar el mínimo del indefinido.

4) Aumentar el presupuesto español aumentando los impuestos. Doy a continuación los presupuestos del 2015 con algo de elaboración por mi parte:

Estos 322.945 millones de euros representan apenas el 32% de nuestro PIB, cifra extraordinariamente alejada de la media europea y, sobre todo, de los grandes países de la Unión con los que nos debemos comparar. Debemos pasar a los 400.000 millones de euros de ingresos porque esa es la cifra de nuestras necesidades de lo público como país avanzado en lo económico y en las demandas sociales. O debiera serlo. Y ello es posible. Nuestro gap, nuestra diferencia es de 77.000 millones. Simplemente combatiendo el fraude fiscal y poco más estaríamos en la media, aunque aún sin llegar a Francia, Alemania o Italia, por no hablar de los países más avanzados que son los nórdicos y que su relación de ingresos con el PIB está en el 50% y a veces superándolo. En el presupuesto se ha deducido los 13.204,3 millones que aparecen como ingresos en la Seguridad Social porque son aportaciones del Estado y ya figuran en este apartado. También se han deducido las aportaciones al Fondo de Reserva de la Seguridad Social porque es una reserva y no es disponible en principio para el gasto del 2015. No obstante, si se quieren tener en cuenta –según criterios– nuestro presupuesto consolidado entre Estado (con sus Organismos Autónomos, Agencias Estatales, etc.) y Seguridad social es de 331.391 millones, un 33% del PIB, a 7 puntos del deseable 40%, es decir, a 70.000 millones. Pagando los que tienen que pagar ¡incluso sin reforma fiscal!, el asunto quedaría arreglado.

5) Cambiar la política de austeridad por otra más expansiva. Con niveles de inflación casi negativas y con el paro actual es criminal la austeridad. Casi siempre lo es, pero 5 años de austeridad ha matado el crecimiento y la posible creación de empleo. Pero aumentar el empleo no va a ser fácil incluso con una economía vertebrada desde lo público a esa tarea. La construcción, el turismo y la industria de la cultura basada en el idioma español son los mejores candidatos a la creación de empleo porque son sectores donde la necesidad del aumento de la productividad para competir en el exterior no se va a comer la creación de empleo. Además, ni la construcción ni el turismo son exportables o lo son en menor medida que otros sectores, no se puede diferir la actividad al exterior (en el caso del turismo sí lo hacen los tours operator). Con una economía planificada sí podría vertebrarse toda la economía de tal forma que unas tablas input-output permanentemente actualizadas nos darían los niveles de inversión y sectores donde de forma directa más la indirecta se optimizara la creación de empleo. En una economía de sólo mercado esto no es factible. Y esa es la economía que se va a encontrar Podemos si llega a gobernar. Y eso sí que no lo va a poder cambiar. Al menos se necesita algo de política keynesiana, pero para ello es necesario cambiar los presupuestos ideológicos de la señora Merkel y del BCE. En realidad sólo hay que pedir una política económica de aumento moderado del gasto en términos de PIB como ha hecho Obama en USA. Curiosamente sólo China podría darnos a Europa una especie de Plan Marshall como nos dio USA –a España no por la dictadura franquista– al final de la II Guerra Mundial. La Unión Europea y sus políticos están cumpliendo las palabras de Churchill de que los políticos recorren todas las malas soluciones hasta llegar a la buena, aunque habría que añadir que no siempre llegan a ella. De momento aún no se ha llegado a eso. Al menos con Draghi parece que el BCE está cambiando. Primero fue aquello de que haría lo posible para evitar la especulación sobre las deudas, recientemente lo de la retribución negativa de los depósitos de los bancos privados en el BCE -¡ya era hora!- y, por último, la facilidad de crédito de 400.000 millones para los bancos si a su vez lo emplean en créditos a la empresas, aunque esto último se está quedando en nada. Todo muy insuficiente al menos para España. Podemos se tendrá que enfrentar a la Merkel y a sus votantes en Europa y apenas va contar con aliados porque Francia con el Valls está deshaciendo lo que hizo Hollande e Italia no cuenta políticamente.

6) Lo que sí ha de hacerse lo posible es porque el sector financiero (bancos y sobre todo cajas convertidas en bancos) devuelvan lo prestado. Las deudas son de 40.000 y, aunque se han beneficiado tres bancos/cajas y pocos más, ha de considerarse al sector como una sola empresa que debe esa cifra o la que se estime como el total de las ayudas. Dicho de otra forma, que estas ayudas se conviertan formalmente en préstamos del FROB al sector como sector con obligación del sector como tal de devolverlas. Por supuesto que hay que castigar a los bancos y sobre todos a los banqueros responsables, a unos más que a otros –palo y zanahoria–, pero que lo devuelvan con intereses, tarden lo que tarden. Pero el problema principal ahora no es ese, sino que los bancos siguen sin prestar dinero en la medida de las necesidades del país, especialmente a la pequeña y mediana empresa. Desde el 2008 y según FUNCAS, el crédito ha caído en 429.000 millones de euros. Es una cifra brutal. Los gobiernos de Zapatero y de Rajoy -inducidos por el BCE y el Banco de España- cometieron el terrible error de obligar a aumentar la solvencia de los bancos ¡en plena crisis!, cuando la necesidad de crédito era lo prioritario. Con ello han alargado la propia crisis –y con la austeridad presupuestaria– y la han convertido en crónica. Esta es una tarea ineludible a corto, cortísimo plazo. Es evidente que no se puede obligar a la banca a dar crédito si no valora suficientemente la solvencia del prestatario y sería contraproducente hacerlo, pero el Banco de España y el BCE tienen instrumentos suficientes para hacer que el único camino del negocio bancario sea el préstamo. La remuneración negativa del BCE a los depósitos de los bancos es una medida encaminada en esa dirección, solo que no es suficiente. Hay que retirar los decretos sobre la mayor exigencia de solvencia de la banca. A la postre y por desgracia lo que da garantía de solvencia al sistema bancario en su conjunto son nuestros impuestos, cosa demostrada con Bankia y los bancos ayudados desde lo publico (FROB).

En cuanto a la deuda pública hay que pagarla, se considere legítima o ilegítima, necesaria o no, justa o injusta. La deuda la dejó Zapatero en torno a los 750.000 millones de euros y Rajoy la ha aumentado en 250.000 millones. En cifras redondas. De no habernos endeudado la crisis hubiera sido mayor porque el gasto hubiera sido aún más insuficiente de lo que es actualmente y porque ello hubiera repercutido negativamente en los servicios públicos. Ya puede olvidarse Podemos de hacer consideraciones sobre la deuda pública porque cualquier intento de impago, incluso de retraso, puede que la paguemos más cara a través de la prima de riesgo o por falta de financiación de la economía privada y de la misma pública. Lo que hay que evitar por todos los medios es convertir la deuda privada en pública, bien sea vía diferencia de intereses, bien sea -como en el caso de la banca- haciendo publica la privada. Eso ocurre con los bancos y cajas, que son empresas privadas pero que se han financiado con dinero prestado por la UE al FROB, que es un organismo público y que cuando se enteró Rajoy de que eso era así se quedó como está: bizco y pasmado.

Hay más cosas que cambiar, tanto con el BOE como las actitudes y las mentalidades. Comparado con esto, la lucha contra la corrupción, con ser imprescindible, se convierte en una acnédota.

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