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La jugada maestra detrás de la operación Panamá papers

Sáb, 30/04/2016 - 12:00

Níkolas Stolpkin - Rebelión

Como bien es sabido, antes de tragar se debe masticar bien lo que se está llevando a la boca. Por estos días nos han dado de comer el famoso “Panamá papers” como la “filtración de documentos confidenciales más grande de la historia”, con “11.5 millones de documentos” de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. En los documentos se revelaría cómo personas con grandes capitales relacionadas con la política, los negocios, el deporte y el espectáculo estarían “ocultando sus riquezas”. Poniendo énfasis en posible lavado de dinero y evasión de impuestos. Ayer, como bien recordarán, fueron las famosas filtraciones de Wikileaks, relacionadas con cables del Departamento de Estado estadounidense y sus embajadas por el mundo. Estas fueron reveladas por la gran prensa a finales del 2010, curiosamente un par de semanas antes de que cayera muerto Mohamed Bouazizi, cuya muerte desencadenaría lo que se denominaría como la “Primavera Arabe”. Llama mucho la atención la relación que estas “revelaciones” gustan tener con los grandes medios de comunicación occidentales y la función que han venido cumpliendo. Por ejemplo: las revelaciones de Wikileaks tuvieron un rol activo en la “Primavera árabe” que no deberíamos olvidar junto con los ataques cibernéticos de “Anonymous”, defensores de Wikileaks. No hay que olvidar que la difusión de aquellos cables, a través de los grandes medios, contribuyeron en parte a la desestabilización del Medio Oriente y el Magreb.

Hoy nuevamente tiene lugar esta relación documentos-grandes medios de comunicación, y que tal como ocurrió con los cables de Wikileaks, lo más probable es que cada cierto tiempo nos encontremos con muchas más “revelaciones”. Tal como si fuese una caja de pandora.

Operación “Panamá papers”

Pero ¿de dónde proviene tamaña filtración? Todo lo que sabemos es que la información fue obtenida de una fuente anónima, progresiva y gratuitamente desde hacía más de un año, o un año aproximado, por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung y que, para procesar tamaña cantidad de información, fue compartida benévolamente con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ), creada en 1997 por iniciativa del Center for Public Integrity.

¿Quién financia al Center for Public Integrity? Puras perlas. Las más destacables: Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller Family Fund, Open Society Foundations, Ford Foundation, Carnegie Corporation of New York, etc.

¿Quién financia al ICIJ? Entre los más destacados se encuentran la Open Society Foundations y The Ford Foundation. La primera está directamente ligada con el conocido especulador financiero George Soros que, a su vez, es miembro activo del Council on Foreign Relations (CFR), la estructura más influyente de la política exterior estadounidense. La segunda es una fundación que históricamente ha estado relacionada con la CIA, y que le sirve de fachada, al igual que la USAID. Como bien algunos sabrán, George Soros se le conoce mucho por haber jugado un papel clave tanto en la conversión de los países socialistas de Europa al sistema capitalista (a finales de la década de los 80´) como en la “Revolución de las Rosas” en Georgia (2003). Y de la CIA no hay mucho que hablar, todos sabemos su papel que ni hace falta presentación. América Latina la conoce muy bien.

No es que pongamos en duda las “revelaciones” de millones de documentos en manos de la ICIJ. Lo que ponemos en duda es el objetivo que buscan tales “revelaciones”.

Todos sabemos que estas prácticas del gran capital y los paraísos fiscales existen, y desde hace mucho que existen, lo que nunca sabemos son los nombres de quienes han transferido activos a estos paraísos fiscales. Pues bien, con el “Panamá papers” se revelan los nombres que posee la firma Mossack Fonseca. El problema es que los medios, sin conocer aún los orígenes de esos activos, lo relacionan automáticamente con prácticas oscuras. ¿O caso los medios creen haber descubierto América?

Es así, entonces, como nos encontramos con una práctica habitual utilizada por los medios: condenar antes de investigar, o llámese “sensacionalismo mediático”.

Al principio podíamos ver una clara tendencia a centrarse en la imagen de Vladimir Putin, presidente de Rusia. Pero resulta ser que su nombre, tal como han indicado, no se encuentra en tales “revelaciones”. Por lo que ya podemos sospechar de que todo se trataría de distraer y que cada país se encargue de tener su propio circo en casa.

Estados Unidos con la operación “Panamá papers” estaría reafirmando, por un lado, su propaganda hostil en contra de sus enemigos, tales como Rusia, China, Venezuela o Siria, para así seguir apostando por la desestabilización de aquellos gobiernos no alineados a las directrices de Washington. Todo lo demás serían “daños colaterales”.

Y quién sabe si dentro de aquella lista de los “Panamá papers” se encuentre Donald Trump o su círculo más intimo, y se vea perjudicado en su carrera por la presidencia de los Estados Unidos. Pero la información no es sacada al azar. Si Donald Trump está implicado, entonces podrían esperar el momento indicado. ¿Será la oportunidad para bajar a Donald Trump de la carrera presidencial?

El Mensaje

El mensaje que está enviando el asunto “Panamá papers” es que los capitales ya no están seguros en paraísos fiscales como Panamá, el gran chivo expiatorio. Por lo que los grandes capitales podrían verse obligados a trasladar sus activos a un lugar más seguro y con menos restricciones.

Ahora bien, la pregunta sería dónde. Esta es la parte buena e interesante que hay que poner mucha atención. A principios del presente año (27 de enero) la afamada compañía de información financiera Bloomberg publicaba un interesante artículo firmado por Jesse Drucker, periodista de investigación, en el que destacaba que Estados Unidos se estaba convirtiendo en el “paraíso fiscal favorito de las grandes fortunas”. Según el artículo, el director de Rothschild & Co, Andrew Penney, aconsejaba a los grandes capitales a trasladar sus fortunas a Estados Unidos porque se había convertido en la “mejor opción”. Y efectivamente, ya existen firmas proveedores de servicios en paraísos fiscales que ya están trasladando sus clientes a Estados Unidos, señala. Pero ¿por qué Estados Unidos? Porque simplemente no está dispuesta a plegarse a las nuevas normativas de la OCDE firmadas en el 2014 (CRS o Norma de Información Común), la cual busca aumentar las medidas de control y transparencia para las cuentas bancarias depositadas en el extranjero. El artículo señala, y mucha atención aquí: “La firma (Rothschild & Co) dice que su desembarco en Reno (EEUU) responde al interés de las familias de todo el mundo por la estabilidad de EEUU”.

Una economía que ha perdido influencia en estas últimas décadas… No estaría mal que le reanimara unas fuertes dosis de capital.

Conclusión

Saquen sus propias conclusiones. Nosotros ya sacamos las nuestras. Si bien EEUU está reafirmando su propaganda hostil contra sus enemigos, toda esta operación mediática titulada como “Panamá papers” trata más bien de una maniobra de “Shock” para que los grandes capitales se vean obligados a trasladar sus capitales a una zona segura y así, de paso, eliminar cierta competencia que pueda haber.

Por lo que podríamos especular de que habrá, o ya está ocurriendo, una significativa fuga de capitales a paraísos fiscales más seguros. Y como podrán notar, Estados Unidos es “la mejor alternativa”. Los periodistas de “investigación” o los grandes medios, por supuesto, no están interesados en monitorear alguna “fuga de capital”, sino en animar el circo, por lo que difícilmente saldrá algo de aquello en los medios.

Olvidémonos de si fulano o mengano aparece en los “Panamá papers”, todo ello es distracción, especialmente diseñado para el vulgo. Allá ellos lo que quieran seguir distraídos con el circo. Lo cierto es que mientras nos distraen otros sacan provecho.

La operación “Panamá papers” se trata de una maniobra inteligente para poder reactivar la alicaída economía de los Estados Unidos.

 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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¿El fin de las humanidades?

Sáb, 30/04/2016 - 08:00

Federico Mayor Zaragoza – Comité de Apoyo de ATTAC España

“Nadie quiere a los filósofos”, son temas que abordan una serie de excelentes colaboradores de “El País” en su suplemento “Ideas” del 24 de abril de 2016.

“La santificación de la tecnología y el utilitarismo han sumido en el descrédito al saber relacionado con las letras y la filosofía”. Y con las artes… Poco a poco, se busca y se halla información en inglés, se ingenian modalidades comerciales que puedan mejorar el negocio, se manejan colosales arsenales de datos, se consideran las ventajas de seguir “nuevas profesiones”…

Y, sin embargo, el progreso no se consigue con especialistas “digitalmente dirigidos” sino por los que reflexionan, imaginan, inventan. Tomemos todos nota de lo que me dijo el Prof. Hans Krebs en Oxford en 1966 que no me canso de repetir: “Los nuevos conocimientos, los avances científicos, se consiguen viendo lo que otros también pueden ver… y pensando lo que nadie ha pensado”.

Es fundamental, lo sé bien como bioquímico, conocer la realidad en profundidad. Si la conocemos sesgadamente o superficialmente, podremos modificarla sólo de forma epidérmica. Reconocer el pasado, actuar en el presente sin adherencias en las alas y pensar juntos el futuro.

El colosal poder mediático no deja tiempo para pensar, para ser uno mismo, para actuar en virtud de las propias reflexiones. No podemos dejarnos secuestrar por las mismas tecnologías que nos permiten ser ciudadanos del mundo y expresarnos, por primera vez en la historia, sin cortapisas. Cuando podíamos dejar de ser invisibles, anónimos, atemorizados… y ser plenamente “humanos” no podemos permitir que nos “des-humanicen”.

Educación para ser y no para tener. Educación para llevar cada uno el timón de su propia vida. Ya lo advirtió José Luis Sampedro dirigiéndose a los jóvenes: “Tendréis que cambiar de rumbo y de nave”. Muchas de las “naves” actuales están dirigidas desde lejanas instancias de poder… y van convirtiendo a muchos en “acólitos automatizados”, que siguen fielmente las pautas que reciben

Lo quieran o no los “mercados”, lograremos que, gracias a la filosofía y las enseñanzas artísticas, los seres humanos educados sean, como establece la UNESCO, “libres y responsables”, capaces de ejercer las facultades distintivas de la especie humana: pensar, imaginar, anticiparse, innovar, “crear”. Y, como en el “Ulises” de Lord Tennyson podemos decir, dirigiéndonos a todos, sin excepción: “Venid, amigos, que no es demasiado tarde para construir un mundo nuevo”.

El por-venir está por-hacer, y no serán los “tele-dirigidos” los que lo logren sino los “libres y responsables”.

La fuerza de las palabras

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Donald Trump y la OTAN

Sáb, 30/04/2016 - 06:00

Germán Gorraiz López – ATTAC Navarra-Nafarroa

El padre de la Constitución argentina, Juan Bautista Alberdi en su libro “El Crimen de la Guerra “ escrito en 1872 afirma que “las guerras serán más raras a medida que la responsabilidad por sus efectos se hagan sentir en todos los que las promueven y las incitan”, con lo que se anticipa en casi un siglo al final de la escalada nuclear que tuvo su punto de inflexión en la Crisis de los Misiles de Cuba y que culminó con la firma por Kennedy y Jrushchov del Acuerdo de Suspensión de Pruebas Nucleares (1962) y la implementación de la Doctrina de la Coexistencia Pacífica. Sin embargo, tras la anexión de Crimea a Rusia mediante referéndum, asistiremos a la división de Ucrania en dos mitades casi simétricas y separadas por el meridiano 32 Este, quedando el Sur y Este del país (incluida Crimea) bajo la órbita rusa mientras el Centro y Oeste de la actual Ucrania navegarán tras la estela de la UE, división que quedará refrendado en un nuevo Acuerdo de Ginebra y significará “de facto” el retorno al endemismo recurrente de la Guerra Fría Rusia-EEUU, la reactivación de la carrera armamentista mundial y a una posible escisión de la actual OTAN.

Nueva carrera armamentística mundial

Desde el principio de su mandato Presidencial en el 2000, la obsesión de Putin ha sido la renovación de sus obsoletos arsenales armamentísticos con el reto de lograr en el 2020 la equiparación de su potencial militar con el de EEUU. Así, según el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres (IISS), Rusia destinó 45.300 millones de dólares para la defensa en 2012 que comprende el contrato entre el Mindef y la empresa Astilleros Unidos Sevmarch, para la construcción de siete submarinos nucleares de quinta generación destinados a portar los novísimos cohetes balísticos intercontinentales de ojivas nucleares múltiples Liner que serán la espina dorsal de la estrategia nuclear rusa para la próxima década.. Además Moscú tiene presupuestado más de 550.000 millones $ para el próximo quinquenio (el 25% para arsenal nuclear), destacando el nuevo caza de quinta generación Sukhoi T 50 (operativo en el 2015), el nuevo misil balístico intercontinental de 100 Tm (“el asesino del escudo antimisiles de EEUU” en palabras del viceprimer ministro ruso Dmitri Rogozin y operativo en el 2017), el nuevo sistema de misiles antiaéreo S-400, (lo más avanzado en tecnología de interceptación de aeronaves) con el objetivo inequívoco de equipararse a EEUU como superpotencia mundial en el horizonte del 2020.Por su parte, EEUU tendría planificado un programa nuclear con una duración de treinta años y un coste de un Billón $ así como un sistema diseñado para detectar misiles de crucero en territorio estadounidense (JLENS), carrera armamentística que por mimetismo se extenderá al espacio geográfico que se extiende desde Israel hasta Corea del Norte (incluyendo a países como Irán, Paquistán, India y China), quedando América Latina y el Caribe libres de armas nucleares tras la firma del Tratado de Tlatelolco (1.967) a pesar del riesgo potencial de la presencia de submarinos nucleares británicos en las Malvinas.

La rusofobia de Brzezinski

Zbigniew Brzezinski, ex-consejero de Seguridad Nacional del presidente Jimmy Carter, declaró en una conferencia en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados (SAIS) de la Universidad Johns Hopkins que “la dominación de Estados Unidos que tras la Guerra Fría determinaba la agenda internacional, ha terminado y no podrá restablecerse durante la vida de la próxima generación”, añadiendo que “ninguna de las potencias mundiales puede alcanzar la hegemonía mundial en las condiciones actuales, por lo que Estados Unidos debe elegir mejor los conflictos en los que va a participar ya que las consecuencias de un error podrían ser devastadoras”. Según explicaba Brzezinski en la revista National Interest en el año 2.000, “los europeos estarán más inmediatamente expuestos al riesgo en caso de que un imperialismo chauvinista anime nuevamente la política exterior rusa”, con lo que esbozó un plan que pasaría por la expansión de la OTAN hasta límites insospechados en la década de los 90 y la implementación del nuevo sistema europeo de defensa anti-misiles,( European Phased Adaptative Approach (EPAA). Dicho sistema en realidad se trata de un escudo anti-misil global en el que los misiles interceptores emplazados en plataformas móviles pueden abatir blancos en un espacio común (a base de datos transmitidos por todos los radares y sistemas de reconocimiento opto-electrónico) , con el fin maquiavélico de tras un primer ataque sorpresa de EEUU que destruiría el potencial nuclear ruso en su propio territorio, neutralizar posteriormente la réplica rusa por medio de los misiles estacionados en Polonia, siendo previsible que EEUU utilice las peticiones de Polonia como excusa para completar la quinta fase del despliegue del escudo antimisiles en Europa (Euro DAM), lo que tendría como réplica por parte rusa la instalación en Kaliningrado del “ asesino del escudo antimisiles de EEUU”.

Donald Trump y la OTAN

El presidente estadounidense, Barack Obama tras su reunión con el mandatario electo en Ucrania, Piotr Poroshenko como parte de su gira por Europa para asistir en Bruselas a la cumbre del G7 ( Rusia fue excluida como parte de la política asumida por Occidente ante el conflicto ucraniano), insistió en la política de su Gobierno de fortalecer su presencia militar en Europa al tiempo que anunció que solicitará al Congreso estadounidense la aprobación de un presupuesto de cerca de mil millones de dólares para tal propósito e instó a los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a incrementar los recursos destinados al desarrollo militar además de informar de sus proyectos de colaborar en esa área con países como Ucrania, Georgia y Moldova (EEUU habría enviado ya a Polonia 12 F-16 y 200 soldados de refuerzo tras la crisis ucraniana y el contingente total de sus tropas en Europa ascendería a unos 70.000 miembros). Ello en la práctica significará la vulneración del Acta Fundacional OTAN-Rusia de 1997 por la cual la OTAN descartaba “el estacionamiento permanente de un contingente sustancial y adicional de tropas de combate en el Este de Europa”.

Por otra parte, en una reciente entrevista a la cadena estadounidense ABC, el futurible candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump expresó sin ambages la idea de que la “OTAN está obsoleta, no sirve para combatir el terrorismo y cuesta demasiado a EEUU”, por lo que exigió a los países europeos integrantes de la OTAN “ pasar por caja” , por lo que en la prevista Cumbre de la NATO a celebrar en Varsovia el próximo mes de Julio, se analizará el “refuerzo del flanco occidental de la OTAN” y se espera la asunción de la nueva doctrina ‘Smart Defense” (Defensa Inteligente), nuevo concepto operativo que implicará la cesión parcial de la soberanía de los países miembros a la coordinación de defensa con la OTAN así como el incremento de las partidas de gasto de los países europeo, pues la aportación económica de dichos países europeos sería de un exiguo 2% del PIB nacional, quedando el grueso de la financiación en manos de EEUU.(el 70% de cerca del Billón $ del total del presupuesto).

¿Escisión en la OTAN?

Aparcado de momento la quinta fase del despliegue del Euro DAMN, asistimos a unas sorprendentes declaraciones del ministro británico de Exteriores, Philip Hammond recogidas por el diario “The Telegrah” en las que afirma que “Londres podría acoger misiles nucleares estadounidenses en suelo británico en medio de las tensiones con Rusia”, lo que podría entenderse como el retorno a una carrera armamentista como la mantenida durante la Guerra Fría con la URSS ( reviviendo el proyecto Partnership entre los EE.UU y Europa para proveer al Reino Unido de misiles Polaris de julio de 1962) podría ser visto por Francia como una pérdida de su soberanía y traducirse en una salida provisional de Francia de las estructuras militares de la OTAN.Caso de consumarse la escisión, surgirá una nueva estructura militar con el objetivo inequívoco de ser bloque de contención de los ideales expansionistas de Putin y que estaría integrada por Gran Bretaña, Países Bálticos, Polonia, Hungría, Bulgaria, Eslovaquia, Chequia, Rumania, España, Italia, Malta, Chipre, Grecia y Turquía, lo que supondrá de facto el retorno a la Doctrina de la Contención, cuyas bases fueron expuestas por George F. Kennan en su ensayo “Las fuentes del comportamiento soviético “ publicado en la revista Foreign Affairs en 1.947 y cuyas ideas principales se resumen en la cita “ el poder soviético es impermeable a la lógica de la razón pero muy sensible a la lógica de la fuerza”.

De otro lado, se procederá al robustecimiento del Eje Berlín-París, liderado por Francia y Alemania y que tendrá gravitando en su órbita de influencia a los países de su área de influencia primigenia (Holanda,Dinamarca, Noruega, Bélgica, Luxemburgo y Austria), fruto de la reafirmación de las soberanías nacionales francesa y alemana como estrategia defensiva ante la deriva del otrora “socio americano”, (reviviendo el Tratado del Elíseo entre De Gaulle y Adenauer (1.963). Así, desde De Gaulle, la resistencia al liderazgo estadounidense ha sido un factor de la política exterior de todos los presidentes franceses, (aunque la discrepancia fundamental será en las formas teniendo como paradigma el apoyo de De Gaulle a Estados Unidos en la Crisis de los Misiles de Cuba (1.962) se traducirá en una salida provisional de Francia de las estructuras militares de la OTAN, (emulando el desmantelamiento de treinta bases estadounidenses en suelo francés por De Gaulle (1.966) y teniendo nuevo como columna vertebral la “Force de Frappe”.La “Force de Frappe” nació en 1960 como consecuencia de la proclamación de la V República Francesa por el General De Gaulle. y fue concebida como uno de los elementos clave de la independencia económica, diplomática y militar del país frente a las dos grandes potencias EEUU-URSS enfrentadas en la Guerra Fría y en la actualidad basa la mayor parte de su poder en la utilización de submarinos nucleares balísticos (SSBN) clase Redoutable y Triomphant I y aunque la responsabilidad de las fuerzas armadas esté compartida por el Presidente y el Primer Ministro según la Constitución Francesa de 1958, un decreto de 1962 atribuye en exclusiva al Presidente la capacidad de autorizar el uso de armamento nuclear.

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Reflexiones sobre la contabilidad regional de España. El modelo territorial no cambia

Ven, 29/04/2016 - 12:00

Julio Rodríguez López – Consejo Científico de ATTAC España

El INE publicó en marzo de 2016 los resultados de la Contabilidad Regional de España relativos a 2015. Los datos del PIB por comunidades autónomas ahora divulgados respetan los totales publicados previamente para España. Tales resultados regionales de 2015 no implican cambios significativos respecto de los correspondientes a 2014. Se aprecia un especial dinamismo en el crecimiento de las autonomías con mayor peso de la construcción y la hostelería, así como en las principales áreas metropolitanas.

Según la última publicación del INE, en 2015 la primera autonomía en cuanto a valor absoluto del PIB a precios corrientes fue Cataluña, con casi 205.000 millones de euros, el 18,9% de España, seguida de cerca por Madrid con el 18,8%. A continuación vienen Andalucía, Valencia y País Vasco.

El PIB por habitante es una aproximación primaria al nivel de vida de cada territorio. El primer puesto por autonomías en cuanto al nivel de dicha magnitud correspondió a la Comunidad de Madrid, con 30.755 euros, un 36,6% por encima del nivel medio de España, que en 2014 equivalía al 87,4% de la Eurozona. El País Vasco ocupa el segundo lugar, correspondiendo a Cataluña (+18,8%) la cuarta posición. Andalucía, con un 25,9% por debajo de la media nacional y Extremadura, con un -30,6%, ocupan las dos últimas posiciones entre las 17 autonomías en cuanto a nivel de vida teórico.

El PIB por habitante es la resultante de multiplicar la productividad por persona ocupada por la tasa de empleo (empleos por habitantes). Madrid supera a la media de España en productividad, pero su diferencia es mayor en la tasa de empleo (+22,6%). Extremadura está por debajo de España en productividad, pero su diferencia a la baja es más acusada en la tasa de empleo (casi un 20% por debajo).Una economía “incluyente”, que abra posibilidades de empleo a más ciudadanos, estará siempre más desarrollada.

En la Comunidad de Madrid destaca la presencia de servicios de productividad elevada (información y comunicaciones, actividades financieras y seguros, actividades profesionales y artísticas). La industria ha sido desplazada de dicha Comunidad por la expansión inmobiliaria. Solo en las islas, Baleares y Canarias, hay menos presencia industrial relativa que en Madrid. En Extremadura, la autonomía menos desarrollada de España, destaca la presencia de agricultura-ganadería, construcción y, sobre todo, administraciones públicas, que son servicios no destinados a la venta.

El bienio 2014-15 fue de moderada recuperación. La recesión cíclica “tocó fondo” en 2013. La economía española creció a un ritmo medio anual del 2,3%. Los mayores crecimientos de dicho periodo, por autonomías, han correspondido a la Comunidad Valenciana (2,8%), Madrid (2,50%) y Cataluña (2,45%). Las autonomías de Galicia y Asturias (1,8%) y Castilla-La Mancha (1,7%) registraron las menores tasas de crecimiento en el periodo citado.

La industria no ganó peso en la economía española en la recuperación posterior a 2013 (bajó su participación en el PIB al 15,5% en 2015). Desde 2015 se advierte un mayor dinamismo de la construcción. Las viviendas iniciadas han experimentado fuertes aumentos en 2015 e inicios de 2016. A pesar de la incidencia que para España supondrá el cambio climático en marcha (elevación del nivel del mar, incremento de temporales, aumento de la temperatura del mar en superficie, desestabilización del equilibrio de las playas y deltas, aumento de la temperatura local), poco o nada ha cambiado en el urbanismo que se practica en las ciudades.

Así, en la Comunidad de Madrid destaca el celo con el que la presidenta de esta autonomía critica al ayuntamiento de Madrid por no dinamizar con más prontitud los proyectos de “desarrollo urbano” (hacer más viviendas, en una palabra) de dicha ciudad.

Pero las recomendaciones de los expertos en el clima no encuentran una administración potente que aplique sus sugerencias. Cada uno de los 8.200 ayuntamientos (que siguen aumentando en número bajo el empuje que a la división constante en nuevos municipios aportan las autonomías)) es dueño y señor de su urbanismo. El estado poco tiene que hacer en el modelo territorial, a la vista del reparto competencial vigente en España.

Se idealiza, sobre todo en Andalucía, el “modelo Málaga”, como si esta provincia ofreciese unos resultados macroeconómicos especialmente brillantes. Lo específico de Málaga es que ha destinado una proporción elevada de suelo a viviendas de temporada, con importante presencia de extranjeros. Tras el elevado stock de viviendas de Málaga (tiene casi tantas viviendas como habitantes) se esconde un nivel de PIB por habitante no superior al de la media andaluza, mientras que en el resto de Andalucía parece se considera a Málaga poco menos que la Florida del sur de España..

Los indicadores urbanos del INE establecen 45 Áreas Urbanas Funcionales en España. La de Málaga es una de las de mayor dimensión poblacional. De dichas 45 Áreas Urbanas, la de Málaga es la antepenúltima en nivel de renta media de los hogares, solo por encima de Marbella y Elche, y ocupa el puesto 38 en lo que a tasa de desempleo se refiere. Algo tienen que ver con dicha situación los bajos salarios de la hostelería y de la restauración. El esplendor del turismo contrasta con los bajos salarios medios de los empleos creados en el sector.

La continuidad de una política de suelo atenta a construir viviendas al margen de la demanda real de las mismas, en la que ahora destaca el papel de los fondos de inversión, no ayudará a cambiar el modelo productivo. Es posible que en la coyuntura presente, de tipos de interés por los suelos y abundante dinero flotante a la búsqueda de rentabilidad, se repitan nuevas burbujas que luego habrá de pagar el conjunto de la ciudadanía.

Este artículo se publicó en la revista semanal “El Siglo de Europa” de 18.4.2016

JRL es vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas Frente a la Crisis

julrodlop.blogspot.com.es

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Los Papeles de Panamá no se están distribuyendo enteramente. ¿Por qué?

Ven, 29/04/2016 - 08:00
Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Este artículo detalla un debate que está ocurriendo en EEUU y en los países del norte de Europa sobre la práctica que está siguiendo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en su distribución de los Papeles de Panamá. En lugar de proveerlos en su totalidad, los van distribuyendo con cuentagotas y a través de los canales que ellos escogen, creando la sensación de que tienen temor a que se conozcan no solo las prácticas ilegales de individuos, sino también de instituciones, entre las cuales la banca es un grupo destacado.

 

Aunque usted, lector, no lo haya leído en la prensa escrita en papel en España (me estoy refiriendo a los grandes rotativos del país), hay una crítica bastante generalizada en los países de Norteamérica y del norte de Europa hacia el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) por no distribuir todo el material que se ha obtenido sobre los Papeles de Panamá. En lugar de ello, el ICIJ solo provee información con cuentagotas a medios de confianza que –según ellos- tienen que explicar cuáles son sus intereses y para qué fin desean tal información (ver artículo de Adam Johnson “Panama Papers’ Publishers Don’t Need to Sell Out WikiLeaks”, Fair, 05.04.2016). Según sus críticos, entre los que yo me incluyo, el ICIJ debería liberar toda la información, tal como hace WikiLeaks, dirigido por Julian Assange, que distribuye todos los documentos automáticamente cuando los recibe y analiza.

El argumento del ICIJ para no hacerlo es que distribuir toda la información que han recibido podría dañar a gente decente, poniéndolos a todos bajo el mismo prisma que a los indecentes. Su argumento es, pues, el de intentar proteger a las personas decentes (es decir, inocentes).

Pero tal argumento parece menospreciar al público en sí, pues este tiene ya el suficiente criterio para poder discernir al decente del indecente. Asumir que sea el mismo ICIJ el único que puede hacer tal distinción es arrogancia profesional, pues la población puede discernir ya qué es decencia y qué no lo es. Que sea el ICIJ el que insista en ser el que lo defina parece sospechoso, pues puede creerse que están ocultando una información valiosísima para fines políticos (dando más promoción a unos casos que a otros), tanto por parte del ICIJ como de los mayores medios de comunicación que canalizan dicha información, como ha sido en el caso español, conocido por la escasa credibilidad y limitadísima variedad ideológica de sus medios. Véase el informe Reuters sobre, entre otros aspectos, la credibilidad que tienen los medios en 12 países industrializados con regímenes democráticos, publicado por el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford. La población española es de las que desconfían más de los medios de información.

El debate sobre WikiLeaks y sobre el ICIJ

La distribución de todo el material liberado por WikiLeaks ha tenido un impacto enorme, incluso mayor del que WikiLeaks creía que tendría. La distribución de los documentos secretos del Pentágono y del Departamento de Estado en el año 2010 (que consiguió la soldado Chelsea Manning, hoy en prisión) mostró la gran cantidad de falsedades sobre las muertes de civiles causadas por el ejército estadounidense en su invasión de Irak. Tal información incrementó la presión para que tal ejército se retirara de Irak.

Paradójicamente el ICIJ ha criticado a WikiLeaks, indicando que tal comportamiento es irresponsable, pues puede dañar a inocentes, hecho que incluso el Pentágono ha negado que hubiera ocurrido al subrayar, en el juicio a la soldado Manning que había enviado a WikiLeaks tal material, que nadie había sido afectado negativamente o había visto su vida amenazada por la publicación de dichos papeles secretos.

La pregunta que debe hacerse al ICIJ es a quién considera tal asociación decente en el caso de los Papeles de Panamá. ¿Cuál es la necesidad que una persona decente deposite sus fondos en un lugar secreto, conocido por su laxitud fiscal? ¿No es el objetivo de tener un paraíso fiscal el esconder dinero? ¿A quién se intenta proteger? Y de ahí mi preocupación, que expresé en un artículo anterior (“Lo que no se dice ni se dirá de los papeles de Panamá”, Público, 11.04.2016). ¿A quién está intentando proteger el ICIJ? ¿Y a quién están intentando proteger los medios españoles? Parece ser que quieren proteger a la banca, que está metida en el fraude fiscal y en los paraísos fiscales hasta la médula, y de la cual depende en gran medida la viabilidad de dichos medios, todos ellos profundamente endeudados.

De ahí la importancia de la información que yo ya presenté en aquel artículo. Como decía yo, el ICIJ está financiado primordialmente por el Center for Public Integrity de EEUU, financiado a su vez por la Ford Foundation, el Carnegie Endowment, el Rockefeller Family Fund, la WK Kellog Foundation y George Soros, uno de las financieros que han hecho mayor fortuna a base de la especulación monetaria. Con el apoyo de este tipo de instituciones y de este tipo de personajes no es extraño concluir, como así hace el que fuera embajador del Reino Unido en Uzbekistán, Craig Murray, en su artículo “Corporate Media Gatekeepers Protect Western 1% from Panama Leak”, que “no espere el lector un reportaje auténtico y genuino. Los sucios secretos de las entrañas del mundo empresarial de las grandes corporaciones permanecerá desconocido”. Y así me temo pasará también en España.

Ver artículo en PDF Publicado en publico.es vnavarro.org
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Ciudadanos y PP de Madrid proponen contratar los servicios de una agencia de calificación

Ven, 29/04/2016 - 06:00

Eduardo Garzón – Consejo Científico de ATTAC España

El grupo municipal de Ciudadanos ha vuelto a pedir en el pleno que el Ayuntamiento de Madrid contrate a una agencia de calificación para que evalúe la deuda pública. El Partido Popular se ha sumado otra vez a su propuesta. Curioso y osado empeño el de estas formaciones políticas cuando estas empresas de calificación: 1) conforman un sector oligopolístico, 2) fallan en sus evaluaciones más que una escopeta de caña, 3) no utilizan métodos rigurosos en sus evaluaciones, sino que vierten opiniones subjetivas, 4) son al mismo tiempo juez y parte, 5) son en buena medida las causantes de la crisis financiera del año 2008, 6) utilizan prácticas corruptas, por lo que han sido y están siendo investigadas judicialmente, 7) discriminan con su evaluación a las administraciones públicas en favor de las empresas privadas, y 8) no pintarían nada en un Ayuntamiento que no prevé volver a endeudarse como es el de Madrid.

1)    Sólo tres empresas, de nacionalidad estadounidense -Stándar & Poor’s, Moody’s y Fitch- controlan el 95% de ese mercado.

2)    Estas agencias le daban la máxima calificación a Enron en 2001 en el momento en el que se reveló el escándalo que acabó con la empresa, a Lehman Brothers el mismo día que quebró y originó la crisis financiera más importante de las últimas décadas, a las hipotecas basura que reventaron en Wall Street, y a los bonos públicos griegos justo en el momento en el que estalló la crisis soberana de Grecia, entre otros muchos ejemplos.

3)    Un informe de la Universidad Complutense[1] reveló que en las últimas crisis financieras las calificaciones otorgadas por las agencias a los emisores han mostrado importantes deficiencias en las metodologías de calificación. En el informe se evidenció que en numerosas ocasiones la frecuencia de incumplimientos fue la misma para pasivos financieros que tenían alta calificación como para los que tenían una calificación baja, y que incluso en ocasiones los poseedores de pasivos con altas calificaciones incumplían sus obligaciones más que aquellos que tenían pasivos con calificaciones más bajas, poniendo de manifiesto lo inconsistente y débil del método de evaluación de estas agencias.

4)    William J Harrington, exvicepresidente de Moody’s, elaboró un informe de 78 páginas en el que denunció que Moody’s impone a los analistas dar a los clientes de la agencia las calificaciones positivas para que no se vayan a otras agencias.

5)    Un informe de la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera creada por el Gobierno de los Estados Unidos concluyó: “las tres agencias de calificación crediticia fueron las herramientas clave de la crisis financiera”, “Habían mantenido una conducta fraudulenta y de connivencia con los emisores de bonos contaminados”.

6)    Yuri Yoshizawa, director de derivados de Moody’s, declaró ante la subcomisión financiera del Senado de EEUU que en la empresa había compraventa de calificaciones. Además, se puso de manifiesto que el 25% de los empleados que abandonaron Moodys fueron contratados por bancos que eran “clientes” de la agencia. Estas agencias han recibido querellas de todo tipo de organizaciones (como ATTAC Madrid) en países como España, Italia y otros países europeos. En Italia, agentes de la policía contra delitos fiscales han registrado recientemente las oficinas de Standar & Poor’s.

7)    El fiscal general de Connecticut, Richard Blumental, sostiene que las tres agencias de calificación dan calificaciones más bajas de manera sistemática e intencionada a los bonos emitidos por los ayuntamientos, los Estados y otras administraciones públicas. Además, el estudio citado de la Universidad Complutense concluía afirmando que “para una determinada categoría las frecuencias de incumplimiento de los emisores soberanos es muy distinta a la de los corporativos cuando se supone que las escalas de clasificación son homogéneas.”

8)    El gobierno de Ahora Madrid financiará las políticas públicas de gasto e inversión con recursos propios sin recurrir a nuevo endeudamiento, por lo que no necesita ninguna agencia de calificación. Según el Plan Presupuestario a Medio Plazo recientemente aprobado, en los próximos años el Ayuntamiento registrará holgados superávits que permitirán ir reduciendo progresivamente la deuda. A 31 de diciembre de 2019 la deuda viva media en términos de Protocolo de Déficit Excesivo será de 2.908 millones de euros cuando a 30 de junio de 2015 la misma ascendía 5.637 millones de euros. En junio de 2015 la deuda suponía un 115% de los ingresos corrientes mientras que en 2019 será del 58%.

No entendemos a qué viene ese empeño por parte del grupo Ciudadanos y del Partido Popular por contratar los inútiles servicios de empresas de tal dudosa actividad y naturaleza.

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Gestha avisa de que el Plan de Control Tributario deja impune el 81,6% de la evasión fiscal

Xov, 28/04/2016 - 12:00

Gestha - Vozpópuli

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda han criticado duramente el plan de la AEAT, que consideran continuista y poco ambicioso, y que centra su investigación en el contribuyente medio para cumplir con sus objetivos de control tributario y lucha contra el fraude fiscal.

Pese a que la Agencia Tributaria (AEAT) haya presentado este lunes sus mejores resultados en la lucha contra el fraude fiscal, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han criticado duramente el Plan de Control Tributario para 2016 presentado junto a estos datos por el director de la AEAT, Santiago Menéndez. Según Gestha, el plan del ministerio que dirige en funciones Cristóbal Montoro deja impune el 81,6% de la evasión fiscal, puesto que para el colectivo se trata de un plan continuista y poco ambicioso, y que centra su investigación en el contribuyente medio para cumplir con sus objetivos de control tributario y lucha contra el fraude fiscal.

Además, Gestha, en una nota de prensa, quita algo de peso a los datos de la Agencia Tributaria, asegurando que los ingresos atribuibles a la lucha contra el fraude, 8.346 millones, sólo crecieron un 7,5%, situándose prácticamente al mismo nivel del año 2012, después de la bajada de los dos últimos años. Para Gestha, estos resultados se asientan en “una investigación desequilibrada que pone la lupa sobre los contribuyentes con menores ingresos -como son las pequeñas empresas, autónomos y trabajadores y que representan el 56% de la deuda descubierta por la inspección- en vez de perseguir el fraude sofisticado de multinacionales y corporaciones empresariales, a las que la inspección les ha descubierto el 44% de la deuda liquidada”.

A este respecto, a los Técnicos no les pasa desapercibido que la AEAT no ha informado de la deuda media descubierta por cada inspección, teniendo en cuenta que ésta cayó un 22% sólo entre 2013 y 2014, lo que supone un paso atrás que lleva a la situación de 2009. Tampoco se ha informado del número de delitos fiscales denunciados, especialmente tras el desplome del 61,4% que experimentaron estas infracciones en la última legislatura, al pasar de la cifra récord de 1.014 delitos de 2011 a los 391 denunciados en 2014.

Los técnicos atribuyen este desplome de denuncias de delitos fiscales a la limitación de competencias que han sufrido para poder investigarlas, ya que han dejado de tener control sobre los expedientes en los casos de “especial dificultad sobrevenida“, es decir, cuando descubren una simulación, conflicto, fraude de ley o delito fiscal. El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, explica que esta literatura fiscal se traduce en que el expediente pasa a manos de un cargo superior que no ha formado parte de la investigación, con el consiguiente retraso de los procesos y el riego de prescripción de los expedientes.

Además, la Agencia tampoco ha aportado datos de la deuda total pendiente de cobro, la deuda pendiente en periodo ejecutivo, ni la deuda en gestión de cobro, que se incrementaron durante los años de crisis económica sin que Hacienda haya podido contener su aumento. Asimismo, los técnicos lamentan que Hacienda no cuantifique la tasa de la calidad de sus actuaciones, cuyo último dato conocido revela que casi la mitad de las liquidaciones son anuladas por los Tribunales Económico-Administrativos (TEA) o por los Tribunales de Justicia. Por último, consideran que el aumento de la investigación a los contribuyentes con rentas medias y bajas se debe también a la aplicación del Plan de Intensificación de Actuaciones que se puso en marcha en 2014 y que se ha prorrogado a 2016, cuya consecuencia directa es incrementar las actuaciones a pequeña escala, mucho más fáciles de investigar que las grandes empresas y patrimonios.

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Los “Papeles de Panamá”: el papel de los paraísos fiscales en el capitalismo actual. Dossier

Xov, 28/04/2016 - 08:00

Alejandro Nadal / Thomas Piketty / Michael Roberts www.sinpermiso.info

La publicación de los primeros resultados de la investigación sobre los “Papeles de Panamá” ha tenido efectos importantes en poco más de una semana. La dimisión del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, acosado por una manifestación de 10.000 ciudadanos ante su residencia oficial; los escándalos que han afectado personalmente a David Cameron en el Reino Unido, a Mauricio Macri en Argentina, así como a primeros ministros, presidentes y monarcas  (o sus familiares) de más de treinta países ha puesto de relieve de forma descarnada la conexión entre poder, corrupción y capitalismo. En el Reino de España ha sido el ministro de industria, José Manuel Soria, el que se ha visto obligado a renunciar a su cargo en funciones. No dejan de ser curiosos, sin embargo, ciertos aspectos de estas revelaciones. Como se ha señalado, los documentos llegaron a la redacción del Süddeutsche Zeitung a comienzos de 2015. Cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha dado a conocer parte de la información investigada, algunos de los medios nacionales asociados lo han hecho de forma selectiva –como ha sido el caso en Argentina, denunciado por Le Monde-, cuidando de forma selectiva el ritmo de las entregas de los datos de los que disponen, o incluso intentando descalificar las implicaciones de responsabilidad jurídica o penal, para no hablar moral, de esta gigantesca trama de evasión y corrupción fiscal. El ministro de justicia en funciones del Reino de España,  Rafael Catalá, ha llegado a afirmar que: ”No me parece que Panamá sea un paraíso fiscal, en el sentido de que no haya garantías de derecho, hay una cultura jurídica distinta”. Efectivamente, entre las condiciones para lograr el contrato de ejecución de las obras de ampliación del canal de Panamá a la empresa SACYR, se encontraban la retirada de Panamá de la lista española de paraísos fiscales y la firma de un tratado de doble imposición fiscal, que entró en vigor en julio de 2011. Si a ello se añade la amnistía fiscal de Montoro en 2012 (que fue precedida por las de Boyer (1984) y Solchaga (1991) se logra un cuadro de “culturas jurídicas distintas” más completo. SP

Lecciones de Panamá

Alejandro Nadal

Existen varios mensajes importantes en el contenido de los 11.5 millones de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca filtrados a los medios. En términos digitales la filtración tiene dimensiones realmente astronómicas, con más de 2 terabytes de información. Y eso entraña un riesgo: la saturación de la capacidad de análisis.

Mossack Fonseca es una firma especializada en la constitución de empresas y estructuras legales para canalizar fondos hacia espacios económicos en los que las reglas son menos rígidas, por no decir inexistentes. Por eso los documentos filtrados involucran a más de 214 mil empresas offshore (entidades legales que escapan a la legislación del país de origen de sus propietarios). Se puede decir que Mossack Fonseca vende confidencialidad, pero eso se traduce en ocultamiento, evasión y, por supuesto, en el camuflaje de la corrupción y el lavado de dinero. Pero la mercancía más vendida por las empresas como Mossack Fonseca es la cortina de humo para la especulación financiera.

El análisis de la información contendida en los documentos filtrados parece estarse agotando en el escándalo. Los medios hablan de revelaciones espectaculares sobre la evasión fiscal de cientos de celebridades y de la corrupción de políticos en todas partes del mundo. Pareciera que lo importante ha sido exponer a la luz pública la inmundicia del comportamiento de algunas de estas figuras que hoy ven su reputación algo manchada. Esta es la dimensión del tema de los papeles de Panamá que más atención ha recibido por los medios. Es como si se hubiera entregado al público un escándalo más para disfrutar con regodeo (o como dicen algunos, con algo de Schadenfreude, palabra alemana que designa el sentimiento de alegría por la desgracia o sufrimiento de otro).

Por cierto, las líneas que han privilegiado el Wall Street Journal (WSJ) y el New York Times (NYT) son reveladoras. Según estos periódicos, la filtración de los documentos de Panamá muestra dos cosas. Primero, que los gobiernos son corruptos y que no se puede confiar en ellos. Así que según el NYT la culpa de todo la tiene, como siempre, el gobierno. Segundo, que el negocio de las empresas offshore se ve amenazado y su rentabilidad disminuida por el escándalo. Y eso, según el WSJ ¡es una mala noticia para la economía mundial!

La otra vertiente en el análisis de los Papeles de Panamá tiene que ver con la desigualdad económica. Los documentos divulgados revelan cómo se las maneja el uno por ciento de la humanidad constituido por los estúpidamente ultra-ricos. Para Gabriel Zucman, economista de la Universidad de California en Berkeley y autor del libro La riqueza oculta de las naciones, la filtración nos vuelve a mostrar algo de las dimensiones de la evasión fiscal global realizada a través de empresas offshore. Según sus cálculos ésta asciende a unos 200 mil millones de dólares anuales. Para Zucman la lección más importante de los documentos de Panamá es que es necesario proceder a una regulación estricta de los paraísos fiscales y de sus estrategias para establecer estas entidades legales, las empresas offshore, que son simples cascarones vacíos al interior de los cuales ocurren todo tipo de arreglos más o menos tenebrosos.

Tiene razón Zucman en hacer hincapié en el tema de la regulación financiera. Pero hay un error si se piensa que esas entidades huecas o empresas cascarón que son las offshore sirven única o primordialmente para la evasión fiscal.

La realidad es diferente. Las empresas offshore constituyen una base para todo tipo de actividades, muchas de ellas relacionadas con la especulación financiera: desde la emisión de títulos de deuda para obtener recursos en diferentes mercados financieros, hasta facturar todo tipo de operaciones para permitir el uso de precios de transferencia en operaciones intra-firma y transferir rentabilidad de un espacio económico a otro. Y por supuesto, las offshore son la plataforma clave para involucrarse en el mercado mundial de divisas y para los flujos de capitales que son el azote de cualquier economía. La estela destructiva de esos flujos de capital ha cancelado la posibilidad de una política macroeconómica anti-cíclica y socialmente responsable.

No hay que olvidar que el dominio del sector financiero impuso a escala internacional la desregulación financiera y bancaria con el fin de abrir la puerta al arbitraje y la especulación. Y las firmas de abogados al estilo Mossack Fonseca tienen como misión construir la infraestructura legal que permite aprovechar esa debilidad regulatoria para obtener los frutos de la especulación financiera a escala mundial.

En síntesis, la importancia de las filtraciones de los documentos de Panamá va mucho más allá de las corruptelas de celebridades y políticos. Y tampoco se agota con el importante tema de la evasión fiscal. Los servicios que prestan los bufetes de abogados como el de los documentos filtrados son la esencia del neoliberalismo global. Es urgente aquilatar la verdadera importancia de la filtración de documentos de Panamá y derivar las lecciones correctas.

La Jornada, 13 de abril 2016

 

Los Papeles de Panamá: actuar ahora, sin esperar a la próxima crisis

Thomas Piketty

La cuestión de los paraísos fiscales y la opacidad financiera ha sido noticia de primera plana desde hace años. Por desgracia, en este tema hay una gran brecha entre las triunfantes declaraciones de los gobiernos y la realidad de lo que de verdad hacen.

En 2014, la investigación LuxLeaks reveló que las multinacionales no pagan casi ningún impuesto en Europa, gracias a sus filiales en Luxemburgo. En 2016, los documentos de Panamá han demostrado hasta que punto las élites financieras y políticas en el norte y el sur ocultan sus activos. Podemos estar contentos de que los periodistas estén haciendo su trabajo. El problema es que los gobiernos no están haciendo el suyo. La verdad es que no se ha hecho casi nada desde la crisis de 2008. En cierto modo, las cosas incluso han empeorado.

Vayamos tema por tema. La exacerbada competencia fiscal sobre la tributación de los beneficios de las grandes empresas ha alcanzado nuevos niveles en Europa. El Reino Unido va a reducir su tasa al 17%, algo inédito para un país importante, sin dejar de proteger las prácticas depredadoras de las Islas Vírgenes y otros paraísos fiscales bajo la corona británica. Si no se hace nada, en última instancia acabaremos  todos alineándonos en el 12% de Irlanda, o posiblemente el 0%, o incluso en las subvenciones a las inversiones, como ya suele ser el caso. Mientras tanto, en Estados Unidos, donde hay un impuesto federal a las ganancias, la tasa es del 35% (sin incluir los impuestos adicionales de los estados, que oscilan entre 5% y 10%).

La fragmentación política de Europa y la falta de una autoridad pública fuerte nos pone a merced de los intereses privados. La buena noticia es que hay una forma de salir del estancamiento político actual. Si cuatro países, Francia, Alemania, Italia y España, que en conjunto representan más del 75% del PIB y de la población de la zona euro proponen un nuevo tratado sobre la base de la democracia y la justicia fiscal, que cuente como medida fuerte la adopción de un sistema de impuestos común para las grandes corporaciones, a continuación, los otros países se verían obligado a seguirlos. Si no lo hicieran no estarían cumpliendo con la mejora de la transparencia que las opiniones públicas han estado exigiendo durante años y estarían expuestos a sanciones.

Todavía hay una falta total de transparencia en cuanto a los activos privados ocultos en los paraísos fiscales. En muchas zonas del mundo, las más grandes fortunas han seguido creciendo desde 2008 mucho más rápidamente que el tamaño de la economía, en parte porque pagan menos impuestos que los demás. En Francia en 2013 un viceministro para el presupuesto afirmó con toda tranquilidad que no tenía una cuenta en Suiza, sin temor a que su ministerio pudiese encontrar ninguna información sobre ella. Una vez más, tuvieron que ser los periodistas los que revelaran la verdad.

La transmisión automática de información sobre los activos financieros, que es aceptada oficialmente en Suiza y todavía rechazada por Panamá, tiene como objetivo tratar la cuestión en el futuro. El único inconveniente es que sólo comenzará a ser aplicada, con cierta cautela, a partir de 2018, con excepciones evidentes, por ejemplo, para las acciones en fideicomisos y fundaciones. Todo esto sin la más mínima sanción prevista para los países que incumplan. En otras palabras, seguimos viviendo bajo la ilusión de que el problema se resolverá de forma voluntaria, solicitando amablemente a los paraísos fiscales que dejen de comportarse mal. Es urgente acelerar el proceso e imponer sanciones financieras y comerciales contundentes a los países que no cumplan estrictamente con las normas.

Que no haya equívocos: solo la aplicación repetida de sanciones de este tipo, al más mínimo incumplimiento (y habrá algunos, incluso por nuestros queridos vecinos en Suiza y Luxemburgo), permitirá restablecer la credibilidad del sistema y poner fin a este clima de falta de transparencia y e impunidad generalizada en la práctica de muchas décadas.

Al mismo tiempo, se debe establecer un registro unificado de valores financieros; esto implica poner los Depositarios Centrales bajo control público (Clearstream y Eurostream en Europa, Depository Trust Corporation en los Estados Unidos) como Gabriel Zucman ha demostrado claramente. En apoyo a este enfoque, también podría preverse una tasa de registro común para estos activos, y la utilización de los ingresos obtenidos para financiar un bien público global (por ejemplo, el clima).

Todavía hay una cuestión pendiente: ¿por qué los gobiernos han hecho tan poco desde 2008 para combatir la opacidad financiera? La respuesta, simplemente, es que estaban bajo la ilusión de que no había necesidad de actuar. Sus bancos centrales habían impreso moneda suficiente para evitar el colapso total del sistema financiero, evitando así los errores posteriores a 1929 que situaron al mundo al borde del colapso total. El resultado es que, efectivamente, se ha evitado una depresión generalizada, pero, al hacerlo, nos hemos llevado a cabo las reformas estructurales, reguladoras y fiscales necesarias.

Podríamos consolarnos señalando que el balance de los principales bancos centrales (que ha aumentado del 10% al 25% del PIB) sigue siendo bajo en comparación con los activos financieros totales en manos de los actores públicos y privados (aproximadamente el 1.000% del PIB o incluso el 2.000% en el Reino Unido) y podrían aumentar aún más en caso de necesidad. En realidad, esto revela principalmente la hipertrofia persistente de los balances del sector privado y la extrema fragilidad del sistema en su conjunto. Es de esperar que el mundo aprenda de las lecciones de los Papeles de Panamá y que, por fin, se luche contra la opacidad financiera sin tener que esperar a una nueva crisis.

Le Monde, 8 de abril 2016

 

Acabar con los paraísos fiscales

Michael Roberts

Los papeles de Panamá contienen 11,5 millones de documentos confidenciales que proporcionan información detallada sobre más de 214.000 empresas offshore registradas por el proveedor de servicios corporativos de Panamá, Mossack Fonseca, incluyendo la identidad de sus accionistas y directores. Una fuente anónima hizo llegar los documentos al diario alemán Süddeutsche Zeitung, a principios de 2015.

Los bufetes de abogados en general, juegan un papel central en las operaciones financieras en los paraísos fiscales y Mossack Fonseca es uno de los más grandes en el negocio. Sus servicios a sus clientes incluyen la creación y gestión de empresas fantasmas en “jurisdicciones amigables” en su nombre. Pueden crear estructuras complejas compañías encubiertas que, aunque legales, permiten a los clientes de la empresa operar detrás de una pared secreta a menudo impenetrable. Los documentos filtrados detallan algunas de sus intrincadas estructuras corporativas multinacionales. Mossack Fonseca ha actuado en nombre de más de 300.000 empresas – la mayoría de ellas registradas en centros financieros que son territorios británicos de ultramar. La firma trabaja con las instituciones financieras más grandes del mundo, incluyendo Deutsche Bank, SBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS, Commerzbank y Nordea.

Los documentos muestran cómo los ricos, incluidos los funcionarios públicos, esconden su dinero. Los documentos identifican cinco líderes de los gobiernos de Argentina, Islandia, Arabia Saudí, Ucrania y los Emiratos Árabes Unidos, así como funcionarios públicos, familiares y socios de varios jefes de gobierno de más de  otros 40 países. Las Islas Vírgenes Británicas son el hogar de la mitad de las empresas.

Los reporteros encontraron que algunas de las empresas fantasmas pueden haber sido utilizados para actividades ilícitas, incluyendo fraude, tráfico de drogas y evasión de impuestos. Igor Angelini, jefe del Grupo de Inteligencia Financiera de Europol, dijo recientemente que las empresas utilizadas para este propósito también “juegan un papel importante en las actividades de lavado de dinero a gran escala” y la corrupción: a menudo son un medio para “transferir dinero de sobornos”. La Red de Justicia Fiscal ha calificado a Panamá como uno de los paraísos fiscales más antiguos y conocidos en las Américas, y “el destinatario del dinero de la droga de América Latina, además de otras fuentes de dinero sucio de los EE.UU. y otros lugares”.

Lo más sorprendente acerca de los papeles de Panamá no es la criminalidad y el lavado del narco-dinero, sino que es legal. En la mayoría de los países es legal establecer cuenta para una compañía o fideicomiso en un paraíso fiscal, siempre que los directivos no sean residentes en el país en el que se deben pagar impuestos. La empresa puede estar sujeta a impuestos locales, pero estos son mínimos o inexistentes. Así que si gestiona un fondo y se halla inscrito en Panamá o en Luxemburgo y todos los ingresos de esa empresa se ganan en el país de origen, no se pagan impuestos en el país. Por supuesto, si se toma dinero y lo ingresa en su cuenta bancaria, usted debe pagar impuestos. Pero el dinero puede mantenerse en el paraíso fiscal hasta que se jubile en el extranjero, o se puede usar para comprar propiedades o diamantes en el extranjero. Los territorios británicos de ultramar, como las Islas Vírgenes o Jersey, operan así y son la principal fuente de ingresos de estas islas. En los EE.UU., los estadounidenses pueden establecer una compañía offshore en Delaware o de otros estados como Nevada – y ni siquiera tienen que ir a Panamá.

Dos tercios de las compras de empresas fueron hechas por empresas registradas en cuatro territorios británicos de ultramar y dependencias de la corona, que funcionan como paraísos fiscales – Jersey, Guernsey, Isla de Man y las Islas Vírgenes Británicas. Los territorios de ultramar británicos juegan un papel importante en el papel que el imperialismo británico ha desarrollado como centro financiero global y canal para el flujo de capital internacional. Estas antiguas colonias en el Caribe fueron ‘alentadas’ a desarrollar la industria de servicios financieros, al permitir que las antiguas colonias se beneficien de los acuerdos fiscales del Reino Unido (y de este modo tener acceso al sistema financiero mundial), al mismo tiempo que establecen sus propias normativas de tributación local para las compañías offshore (1).

Tres maneras

Como ya he señalado, las grandes corporaciones globales con muchas operaciones pueden cambiar sus obligaciones fiscales en todo el mundo para encontrar la obligación tributaria más baja a través de empresas especiales establecidas en los llamados paraísos fiscales de las Islas Caimán, las Islas del Canal, Luxemburgo y jurisdicciones secretas, como la propia City de Londres. Solo Barclays tiene más de 30 “empresas fantasma” para evitar impuestos. En su devastador libro de 2012, Nicholas Shaxson expone el funcionamiento de todos estos métodos de evasión de impuestos a nivel global de las grandes corporaciones y cómo los gobiernos se confabulan con ellas o lo permiten (2).

Hay tres maneras de que alguien (persona o empresa) pueda reducir sus impuestos o no pagar nada en absoluto. Pueden mentir sobre sus ingresos (evasión de impuestos); pueden contratar a una legión de contables para elaborar estructuras empresariales diseñadas exclusivamente para evitar el pago de impuestos (evasión fiscal); o simplemente pueden negarse a pagar (incumplimiento tributario).

Uno de los casos más notorios de negativa a pagar impuestos que le correspondían legalmente ha sido el de la empresa de telefonía móvil global, Vodafone. Debía el gobierno del Reino Unido 6 mil millones de libras, porque había ocultado ganancias en una subsidiaria, registrada en Luxemburgo, simplemente para evitar el pago de impuestos en el Reino Unido. La ley era clara. El gobierno del Reino Unido reclamó a la compañía los impuestos, pero en el último momento cerró un acuerdo secreto por el cual Vodafone abonó sólo 1,2 millones de libras, 800 millones en el acto y el resto lo largo de cinco años. La razón eximida para el acuerdo – cuando fue hecho público – fue que era un “buen acuerdo en efectivo”. Pero Vodafone luchó paso a paso en los tribunales.

De acuerdo con la Red de Justicia Fiscal, alrededor de  25 mil millones de libras se pierden a través de mecanismos de evasión de impuestos en el Reino Unido, mientras que otros 70 mil millones no son recaudados como resultado de la evasión fiscal de las grandes empresas y los contribuyentes ricos. Debido a la falta de inspectores fiscales, otros 26 mil millones de libras quedan sin ingresar en el fisco (3).

Lo irónico es que los mismos especialistas que en las empresas de contabilidad organizan estas evasiones de impuestos son contratados por los departamentos de recaudación de impuestos del gobierno para perseguir a los evasores de impuestos. Edward Troup, jefe de la agencia tributaria (HMRC) del Reino Unido – el departamento gubernamental que supervisa la investigación de  10 millones de libras de los Papeles de Panamá – fue socio de un importante bufete de abogados de la City, Simmons and Simmons, que actuó en nombre de Blairmore Holdings y otra compañías offshore que aparecen en las filtraciones, cuando la empresa tenía contactos con Mossack Fonseca. Troup, quien calificó los impuestos como “extorsión legalizada” en un artículo periodístico de 1999, hizo su carrera asesorando a las empresas cómo evadir o defraudar fiscalmente antes de incorporarse a la función pública en 2004. Mientras trabajaba en la City, Troup encabezó la oposición a las reformas propuestas por Gordon Brown para frenar la evasión fiscal corporativa en 1999, publicando una nota de prensa que se titulaba: “los abogados de la City piden al gobierno retirar la propuesta para hacer frente a la evasión de impuestos”.

Según The Guardian, “Más de 170.000 millones de libras de propietarios del Reino Unido se encuentran actualmente en el extranjero … Casi una de cada 10 de las 31.000 empresas en paraísos fiscales que poseen activos británicos están vinculadas a Mossack Fonseca”. En 2015 se investigaron compras de activos británicos por valor de más de £ 180 millones como probable resultado de la corrupción – casi todos comprados a través de compañías offshore – según los datos catastrales.

Por supuesto, los recortes de impuestos para las corporaciones y los ricos, junto con los aumentos de impuestos para las familias y los pobres, no se limitan al Reino Unido. Los investigadores del Fondo Monetario Internacional estimaron en julio de 2015 que la transferencia de ganancias de las compañías multinacionales costó a los países en vías de desarrollo alrededor de 213.000 millones de dólares anualmente, casi el 2% de su ingreso nacional. La la Red de Justicia Fiscal estima que la élite capitalista internacional oculta unos 21-32 billones de dólares de activos libres de impuestos.

Thomas Piketty ha señalado que, en 2014, la investigación LuxLeaks reveló que las multinacionales no pagan casi ningún impuesto en Europa, gracias a sus filiales en Luxemburgo. En 2016, los Papeles de Panamá han demostrado hasta que punto las élites financieras y políticas en el norte y el sur ocultan sus activos. Todavía hay una falta total de transparencia por lo que se refiere a los activos privados registrados en paraísos fiscales. En muchas zonas del mundo, las más grandes fortunas han seguido creciendo desde 2008 mucho más rápidamente que el tamaño de la economía, en parte porque pagan menos impuestos que los demás.

En los EE.UU., pocas empresas grandes pagan realmente el 35% del impuesto de sociedades oficial. Las ganancias han crecido un 21% desde 2007, mientras que la contribución fiscal total de las empresas en EE UU se ha reducido un 5%. Las empresas estadounidenses están haciendo miles de millones en ganancias récord, pero 60 de las empresas más grandes del país están situando el 40% de sus ganancias en paraísos fiscales en un esfuerzo por evadir impuestos en Estados Unidos, según el Wall Street Journal (4). En el presupuesto de 2016, Obama propuso imponer un “peaje de transición” del 14% a los más de 2 billones de dólares de ganancias corporativas depositados en el extranjero. Ese impuesto único estaría dirigido contra sólo una de las diversas lagunas que utilizan las empresas de EE UU para deslocalizar sus beneficios, fuera del alcance del Servicio de Impuestos Internos.

El truco más conocida es el llamado ”inversiones fiscales”: las empresas estadounidenses pueden trasladar sus sedes al exterior, aunque mantengan a sus ejecutivos en Estados Unidos, lo que les permite licitar a los contratos gubernamentales y aprovechar al máximo los beneficios públicos para sus empleados. Y adivine sonde se iniciaron en primer lugar esas “inversiones fiscales”:¡Panamá! La “inversión fiscal” comenzó en 1983, cuando la empresa constructora McDermott International, cambió su sede a Panamá para evitar el pago de más de  200 millones de dólares en impuestos.

Las inversiones no son la única manera de esquivar al recaudador de impuestos. Las ganancias en el extranjero no se gravan hasta que se ‘repatrían’, por lo que las empresas pueden acumular ganancias en sus filiales o divisiones en el extranjero. Entre 2008 y 2013, las empresas estadounidenses depositaron más de 2.1 billones de dólares en beneficios en el extranjero, que equivale a  500 mil millones en impuestos no pagados.

Un economista compañero de Piketty, Gabriel Zucman, ha publicado recientemente un libro que muestra que 7.6 billones de dólares en activos están situados en paraísos fiscales en el extranjero, lo que equivale al 8% del total de los activos financieros en el mundo (5). En los últimos cinco años, la cantidad de riqueza en los paraísos fiscales ha aumentado más de un 25%. Nunca ha habido tanto dinero en efectivo offshore que en la actualidad.

Caída de beneficios

Aparte de la codicia, hay una muy buena razón económica para un sistema fiscal que beneficia a las corporaciones y los ricos, y perjudica a las familias medias y los pobres. Una parte creciente de los beneficios del sistema capitalista de Estados Unidos se produce en el extranjero y en el sector financiero. Al mismo tiempo que se produce la presión de una tasa decreciente de ganancia en el capitalismo.

El aumento de la desigualdad de ingresos y riqueza – bien documentada para la mayoría de los países en los últimos 30 años – no es simplemente consecuencia de la codicia y la evasión de impuestos. Es el resultado de una mayor explotación del trabajo por el capital. Ha habido un aumento de la tasa de explotación, junto con una enorme transferencia de valor hacia el sector financiero, que pertenece y es controlada por el 1% – o incluso sólo por la parte superior, el 0,1%. El llamado “período neoliberal” se caracterizó por la contención de los salarios, la globalización, una reducción de la seguridad laboral y la privatización de los servicios públicos – todo lo cual aumentó la tasa de plusvalía. Así que estamos en el mundo de los super-directivos, los oligarcas y las familias importantes, que evitan y evaden impuestos.

La reducción de la carga fiscal de las empresas ha buscado contrarrestar la caída de la rentabilidad del capital en las principales economías. Basta comparar la evolución de la tasa real fiscal sobre las corporaciones estadounidenses, en comparación con la tasa efectiva de impuestos sobre sus empleados. La tasa efectiva de impuestos es una medida de lo que están realmente pagado en comparación con los ingresos, en lugar de la tasa de impuestos oficial. Mientras que en la década de 1950 las empresas estadounidenses pagaron una tasa efectiva de alrededor del 40-45% de sus ganancias (sin dañar su rentabilidad ni el crecimiento económico, por cierto), en la década de 1990 esa tasa se había reducido a un 30-35%. En la última década se redujo aún más, a menos del 25%, y alcanzó un mínimo histórico en 2009 en plena Gran Recesión.

La tendencia es clara: las empresas pagan cada vez menos impuestos para preservar su rentabilidad. Por el contrario, el impuesto sobre la renta efectiva de los empleados se ha mantenido bastante estable, alrededor del 35%. Menos impuestos para los capitalistas y más impuestos para los trabajadores. En su último presupuesto, el ministro de hacienda del Reino Unido, George Osborne, anunció un nuevo recorte del impuesto de sociedades, a un mínimo histórico para los países del G7, del 17% antes de acabar esta legislatura.

Mientras que las empresas y los ricos pagan menos impuestos en el país y sacan gran parte de sus ganancias a los paraísos fiscales en el extranjero, el resto de nosotros tenemos que pagar por la pérdida de estos ingresos fiscales. A medida que la tasa efectiva del impuesto de sociedades de Estados Unidos se desplomó, los impuestos sobre la renta y los hogares fueron estáticos hasta que la Gran Recesión provocó desempleo y la caída de los ingresos. La media de los ingresos en los Estados Unidos se ha reducido un 8,5% desde el año 2000.

¿Que hay que hacer? En el Reino Unido, el gobierno debe poner fin a los paraísos fiscales de los territorios británicos de ultramar. Las empresas allí registradas deben pagar los mismos impuestos que en el Reino Unido. Si los más pobres en estos pequeños enclaves sufre pérdida de ingresos, el gobierno del Reino Unido puede compensarlos. Los gobiernos deben negociar un acuerdo internacional para poner fin a los paraísos fiscales como Panamá e imponer sanciones económicas contra ellos si no lo hacen. Por encima de todo, hay que acabar con los que organizar el lavado de dinero y las evasiones fiscales. Hay que situar bajo propiedad y control público los principales bancos e instituciones financieras que dominan el mundo y fomentan y proporcionan servicios para la élite rica y corrupta (como se revela en un escándalo tras otro).

Esto proporcionaría no sólo ingresos fiscales adicionales para cubrir las necesidades reales de las personas de servicios públicos e inversión sino que también permitiría que la banca y las finanzas se convirtieran en un servicio público para la provisión de créditos para la inversión.

Por supuesto, la mayoría de los gobiernos actuales y sus ricos patrocinadores se opondrían enérgicamente a tales medidas y la mayoría de los movimientos de oposición de izquierda las ignorarán por “demasiado radicales”. Pero sin estas medidas la historia de los Papeles de Panamá continuará.

Notas:

1. https://thenextrecession.wordpress.com/2016/02/24/british-imperialism-the-city-of-london-and-brexit.

2. N Shaxson Treasure islands, tax havens and the men who stole the world London 2012.

3. https://thenextrecession.wordpress.com/2011/03/28/britain-is-open-for-business-wide-open.

4.www.wsj.com/articles/SB10001424127887324034804578348131432634740.

5. G Zucman The hidden wealth of nations: the scourge of tax havensChicago 2015.

https://thenextrecession.wordpress.com/2016/04/12/opening-the-panama-canal/

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Alejandro Nadal Economista. Miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso. Miembro del Consejo Científico de ATTAC España
Thomas Piketty

(1971) es director de estudios de la EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) y profesor asociado de la Escuela de Economía de París, además de autor de reciente y fulgurante celebridad por su libro El capital en el siglo XXI (Fondo de Cultura Económica, 2014).

Michael Roberts

Es un reconocido economista marxista británico, que ha trabajador 30 años en la City londinense como analista económico y publica el blog The Next Recession.
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¿El FMI contra los chicos malos de la troika?

Xov, 28/04/2016 - 06:00

Alejandro Nadal – Consejo Científico de ATTAC España

El portal de Wikileaks ha dado a conocer la versión estenográfica (oficial) de una importante teleconferencia sobre las negociaciones entre Atenas y la troika. El tema de la conferencia se relaciona con el incumplimiento de las metas de política fiscal impuestas al gobierno griego y sobre la posible salida de Grecia de la unión monetaria. Algunos piensan que la conferencia revela grietas cada vez más profundas en las posturas de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y el propio FMI).

La conferencia se llevó a cabo hace dos semanas entre altos funcionarios del FMI: el director de la oficina para Europa, la jefa de la misión para Grecia y otra funcionaria del Fondo en Washington. La discusión está dominada por la preocupación que tiene el FMI en relación a lo que considera metas irrealistas en materia de superávit fiscal que la Comisión Europea y Berlín insisten en imponer a Grecia.

Desde hace algún tiempo el FMI está tratando de enviar un mensaje claro al resto de la troika. Al parecer el organismo considera que la situación en Grecia solamente puede resolverse mediante una quita significativa en su deuda. Al mismo tiempo ha terminado considerando que es necesario relajar las metas de superávit fiscal. Pero tanto Alemania como la Comisión en Bruselas han rechazado tajantemente la idea de quitas adicionales a la deuda griega por juzgar que ya se han hecho todos los recortes posibles. Y, en lo que concierne a las metas de superávit fiscal la Comisión en Bruselas insiste en que falta mucho terreno que recorrer en Atenas, en especial en el espinoso tema del régimen de pensiones. Además, Bruselas y Berlín consideran que hay varias reformas estructurales sobre las cuales el gobierno de Tsipras no ha terminado de actuar. Muchas de esas reformas se traducirán en mayores recortes en la prestación de servicios básicos para la población, además de incrementos en varios impuestos.

Las negociaciones para resolver de manera durable el problema de la crisis en Grecia siguen empantanadas. Es evidente que los altos funcionarios del FMI se han dado cuenta de que el impacto del recorte fiscal (la austeridad) ha sido mayor de lo que nadie en ese venerable organismo esperaba hace apenas un par de años. Los efectos de la austeridad sobre el crecimiento hacen que la relación deuda/PIB aumente de manera explosiva y por eso reclama el FMI actuar de manera simultánea sobre el castigo fiscal y sobre el monto de la deuda. Es una cuestión de gradación: el FMI no ha cambiado la esencia de su diagnóstico sobre las causas de la crisis y la medicina amarga que debe tomar el pueblo griego para superarla. Sólo está tratando de cuidar de que a los médicos que administran la receta no se les pasen las cucharadas.

El ministro de finanzas alemán, el señor Schäuble, ha hecho saber en repetidas ocasiones que la mejor solución pasa por la salida de Grecia de la unión monetaria (incluso ha llegado a insinuar que estaría preparado para pedir el apoyo del Bundestag para subsidiar dicha eventualidad). Por supuesto, esto necesitaría un plan bien diseñado para la transición ordenada hacia la nueva moneda griega. Está por verse si las instituciones europeas (incluyendo el Banco Central Europeo) están dispuestas a intentar un proyecto de esta naturaleza.

Si la filtración de este documento buscaba calmar los ánimos en Atenas, haciendo pensar a los negociadores griegos que el FMI podría ayudar a mitigar el fanatismo del resto de la troika, el objetivo no se ha cumplido. Ayer mismo el gobierno griego demandó explicaciones al Fondo preguntando si la postura oficial del organismo consistía en provocar condiciones de una bancarrota nacional justo antes del referendo en Inglaterra. La señora Lagarde no tardó en responder que la estrategia del FMI no descansa sobre amenazas, pero la historia de las intervenciones del organismo en América Latina y varios pasajes en el documento filtrado indican lo contrario. El intento de jugar al “buen miembro de la troika” en contra de los malos (Bruselas y el BCE) ha fracasado.

Por cierto, el documento filtrado revela que las negociaciones entre Grecia y la troika se verán complicadas por dos factores adicionales. El primero es el referendo sobre la permanencia de Inglaterra en la Unión Europea. Esa votación, prevista para el 23 de junio, podría desembocar en lo que se ha denominado la Brexit. La troika no querrá forzar la mano obligando a Atenas a doblegarse a nuevas condiciones humillantes por miedo a influir en el voto en Inglaterra.

Las negociaciones sobre Grecia también se están viendo afectadas por la grave crisis de refugiados y migrantes en Europa. La posible salida del país helénico de la unión monetaria haría muy difícil que Atenas cumpla con las ideas que algunos políticos tienen sobre el control del flujo de migrantes. Quizás esa es la última carta en poder de los griegos en las negociaciones con la troika.

A siete años de haber estallado la crisis en Grecia, la medicina neoliberal no sólo no ha funcionado, sino que sigue profundizando la recesión.

Twitter: @anadaloficial

Nota: El vínculo con la página de Wikileaks en la que se encuentra el documento del FMI.

Publicado en La Jornada

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La directiva de secretos comerciales, un paso más hacia el autoritarismo en la Unión Europea

Mér, 27/04/2016 - 12:00

Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid

La Unión Europea ha aprobado una Directiva de Protección de Secretos Comerciales que asegura la opacidad absoluta de las empresas. Podrán perpetrar cualquier irregularidad o maquinación sin temor a que puedan ser desveladas. Casi una cincuentena de entidades sociales y cívicas europeas y globales han denunciado esa norma que define tan amplia y ambiguamente los secretos comerciales que cualquier información interna de una empresa se puede considerar como tal.

Según la directiva, las empresas podrán “demandar a cualquiera que adquiera, utilice o publique cualquier información o documento que se pueda considerar secreto comercial”. La directiva no pretende proteger del espionaje industrial, con lo que la quieren justificar. En la Unión ya hay normas y métodos contra ese espionaje y el robo de ideas. La verdad es que la directiva busca impedir la filtración de datos y hechos que revelen actuaciones y conductas irregulares y delictivas de empresas.

La directiva limita y reduce claramente el derecho a la información al establecer que solo acepta la revelación de prácticas ilegales y delitos si se hace a las autoridades gubernamentales o judiciales. Pero serán perseguidos quienes desvelen esas ilegalidades a medios de comunicación. ¿Cuántas canalladas se hubieran ignorado si trampas, irregularidades y chanchullos perpetrados por directivos y cúpulas empresariales no hubiesen sido difundidos por los medios de comunicación?

Organizaciones sociales y cívicas denuncian que esta directiva vulnera derechos fundamentales de expresión y a la información. Porque la ambigua definición de secretos comerciales permite que una empresa blinde cualquier cosa como “secreto comercial”. ¿Hubieran visto la luz los ‘Papeles de Panamá con esta directiva?

Más indecente aún es que la directiva haya sido elaborada por unos pocos sujetos vinculados a grupos profesionales de presión y bufetes de abogados de lujo a las órdenes de federaciones y asociaciones empresariales europeas y globales. Gentes privadas que encarnan intereses privados han hecho redactar una directiva europea para reprimir a quienes desvelen irregularidades y trampas de empresas.

Es obvio que para esta Unión Europea los intereses económicos están por encima de los derechos. Y no puede ser. La libertad de expresión del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos incluye el derecho a investigar y recibir informaciones y difundirlas sin limitación por cualquier medio. ¿Qué parte del artículo no entienden los mandatarios de esta UE?

Prohibir la filtración de chanchullos y anomalías empresariales a medios informativos es asegurar la impunidad de las empresas al poder considerarlos ‘secreto comercial’, porque la mayoría de actuaciones delictivas de grandes empresas y corporaciones se han conocido y podido perseguir al ser aireadas por los medios informativos.

La eurodiputada conservadora Constance le Grip dijo en el Parlamento Europeo que la directiva protege “de la manera más clara posible” el trabajo de periodistas y sus fuentes. Pero es falso. Es un cheque en blanco disfrazado de ‘secreto comercial’ para grandes empresas y corporaciones, porque impide la revelación pública de sus manejos sucios.

La Federación Europea de Periodistas considera que la directiva viola la libertad de expresión y es un ataque directo al periodismo de investigación, una de cuyas misiones es destapar delitos e irregularidades de grandes empresas. Y la Federación de Sindicatos de Periodistas la califica como “atentado contra la información”, cuando luz y taquígrafos, transparencia e información, son imprescindibles para que haya democracia de verdad.

Si sumamos esta directiva represora a la pretensión de la UE de aprobar un tratado bilateral con EEUU (el TTIP que dejará inválidos e impotentes a parlamentos y gobiernos); si añadimos el trato a los refugiados que vulnera sus derechos; si tenemos en cuenta que se toman muchas decisiones importantes en la UE sin procedimientos democráticos… cabe concluir que esta UE es cada vez más oligárquica, más autoritaria.

¿Que significa de otro modo la despótica respuesta del presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, de que “no puede haber decisiones democráticas contra los tratados europeos” ante el contundente NO del pueblo griego al modo de afrontar la deuda del país? Si democracia es gobierno del pueblo, puede haber las decisiones que sean, siempre que la ciudadanía así lo acuerde.

Mussolini y Franco estarían muy contentos con la deriva de esta Unió Europea, si vivieran.

Xacata

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El derrumbe ideológico del capitalismo

Mér, 27/04/2016 - 08:00

Víctor M. Toledo – La Jornada

Nosotros cantaremos a las grandes masas agitadas por el trabajo, por el placer o por la revuelta: cantaremos a las marchas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas, cantaremos al vibrante fervor nocturno de las minas y de las canteras, incendiados por violentas lunas eléctricas; a las estaciones ávidas, devoradoras de serpientes que humean; a las fábricas suspendidas de las nubes por los retorcidos hilos de sus humos; a los puentes semejantes a gimnastas gigantes que husmean el horizonte, y a las locomotoras de pecho amplio, que patalean sobre los rieles, como enormes caballos de acero embridados con tubos, y al vuelo resbaloso de los aeroplanos…” Esto y más escribió Filippo Tommaso Marinetti (1867-1944) en su Manifiesto futurista de 1909, y acaso esta proclama, capte y refleje como nada ese impulso nunca visto en la historia humana con que el capital se lanzó de lleno a la industrialización imparable, ya recién descubierto el petróleo, su fórmula secreta.

El maravilloso mundo que se avecinaba para la humanidad a inicios del siglo XX, mediante la innovadora combinación de capital, petróleo y tecnología, se vio, sin embargo, casi de inmediato interrumpido por su sentido inverso. Y esos tres supuestos pináculos del progreso, el confort y la vida convertida en sueño, se utilizaron en cambio para la destrucción masiva, la magnificación de la fuerza y el genocidio nunca visto en la historia del planeta Tierra. La relativa era pacífica que surgió con la posguerra volvió a animar por medio siglo las expectativas de un futuro lleno de plenitudes fincadas en el mercado, las innovaciones científico tecnológicas y el uso de los combustibles fósiles (petróleo, gas y uranio), especialmente tras la caída de la Unión Soviética, la otra cara de la civilización industrial, convertida en el bastión mundial de una quimera colectivista que se volvió un infierno. El capitalismo entraba de lleno como la única opción de una civilización tecnocrática y materialista basada en el individualismo, la competencia, la corporación, el confort, el consumismo y una necia necesidad de dominar y explotar la naturaleza. El mejor de los mundos posibles. Marinetti renacía de sus cenizas.

Hoy, Los papeles de Panamá culminan, son el último eslabón de una cadena de sucesos que tras casi una década colocan las ilusiones del capital en pleno descrédito. Toda civilización se mueve en el tiempo, a través de la historia, en la medida en que es capaz de mover la imaginación de los individuos en torno a expectativas de vida. La falsa conciencia opera entonces como el mecanismo que mueve las energías individuales, las cuales, articuladas, ge­neran los procesos societarios que hacen que las sociedades se muevan. El capitalismo ha sido el motor de la civilización moderna o in­dustrial y sus fuegos artificiales, luces y luminarias los impresionantes avances tecnoeconómicos y el bienestar y con­fort que ofrecen. Pero cada vez queda más al descubierto una realidad distinta. La fór­mula por la que apuesta el capitalismo no sólo se queda corta, sino que da señales de fatiga, decadencia y aun de ineficacia y per­versidad. Los enormes aparatos creadores de ideología que bombardean día y noche las mentes humanas por todos los rincones del planeta se están volviendo disfuncionales. La civilización moderna aparece cada día como una gigantesca maquinaria dedicada a la doble explotación que realiza una minoría de minorías sobre el trabajo humano y el trabajo de la naturaleza. Una explotación que se adereza, oculta, desvanece, maquilla e incluso justifica por todos los medios posibles. El capitalismo no sólo no cumple con las expectativas de bienestar, equidad, justicia, seguridad y democracia que siempre pregonó, sino que a los ojos de los ciudadanos del mundo aparece como un mecanismo indetenible que parasita y depreda. En este nuevo panorama el Estado va quedando al descubierto como la instancia dedicada a defender, legitimar, justificar o imponer los intereses del capital corporativo, en el brazo al servicio de la concentración y acumulación de riquezas. Las figuras de los grandes plutócratas, que idealizan y alaban revistas, programas de televisión, películas y medios digitales e impresos, desde Walt Disney o Henry Ford hasta Steve Jobs, Bill Gates o Carlos Slim, se van desplomando y sustituyendo por los cientos de empresarios corruptos en pleno contubernio con criminales y mafias políticas. El mercado, concebido como la vara mágica de la innovación, el desarrollo y el progreso, se va delineando por la fuerza de los hechos en un escenario brutal de competidores sin escrúpulos o corruptos y en un inexorable perfeccionamiento de los monopolios. El mundo se ha ido convirtiendo en un gran casino y el devenir del mismo en una guerra despiadada entre el capital y el Estado de un lado y la humanidad y la naturaleza del otro.

El mundo ficción que ha construido el capital se resquebraja. Antes de Los papeles de Panamá aparecieron la gran crisis financiera de 2008 y el rescate de los bancos quebrados con los impuestos de los ciudadanos, el espionaje masivo, el lavado de dinero, las trampas de VKW y los actos corruptos de reyes, presidentes, primeros ministros, cardenales y obispos, magnates y ejércitos, la comprobación científica de la inequidad social y económica, la megaconcentración de las riquezas, la injusticia agraria mundial, la depredación despiadada de la naturaleza, el peligroso desequilibrio del ecosistema global y los cambios del clima, el gasto bélico y la amenaza nuclear. La tecnología, el petróleo y el mercado conducidos por la racionalidad del capital han creado un mundo más, no menos, peligroso e injusto. Quedan de testimonios irrefutables los datos duros derivados de estudios. Los 62 seres más ricos del mundo (de los cuales sólo nueve son mujeres) poseen una riqueza igual a la de 3 mil 600 millones de otros miembros de la especie (Oxfam Internacional), situación que se agravó entre 2010 y 2015. Por otra parte, tres investigadores suizos develaron, tras el análisis de la base de datos ORBIS 2007, que lista 37 millones de empresas, que un grupo de solamente mil 318 corporativos y bancos domina la mayor parte de la economía mundial (New Scientist, 19/10/2011). Ello mientras, tras dos décadas de reuniones mundiales, no se logra detener el calentamiento del planeta que la triada mercado/tecnología/petróleo, la civilización moderna, ha generado.

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Las consecuencias del TTIP y del CETA: por qué es necesario abrir un debate público serio

Mér, 27/04/2016 - 06:00

Adoración Guamán - El Diario / Arguments

Manifestantes contra el TTIP EFE

La Unión Europea se encuentra sumida en una crisis de legitimidad que lejos de solventarse se agrava día a día. Desde el ámbito económico al de los derechos humanos, desde el plano social al político, desde Grecia al Reino Unido, las graves carencias de partida y de funcionamiento y las profundas disfuncionalidades del proceso de integración en Europa se evidencian de una manera cada vez más acusada.

Aun así, e incluso a pesar del drama diario al que las decisiones de los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE condenan a los miles de personas que buscan refugio legítimo, el Eurobarómetro sigue mostrando que las y los europeos mantenemos una opinión mayoritariamente neutra al respecto de la UE. Es cierto que, tomando como muestra el conjunto de los 28 Estados miembros, vemos cómo en los últimos meses del año pasado la percepción positiva con respecto de la Unión bajó 4 puntos, hasta quedarse en un 37%, mientras que el porcentaje de ciudadanía con percepción negativa de la UE aumentó otro 4% (23%). Pero el 38% de la población sigue manteniendo una opinión neutra o una “no opinión”, reflejo del amplio desconocimiento de las acciones y políticas de la UE y de su impacto para nuestras vidas diarias.

En el Estado español la paradoja es todavía más acusada. A pesar de que el impacto de la aplicación de las medidas de austeridad recomendadas por la UE sobre el empleo y el bienestar ha sido gravísimo y aun cuando el modelo de relaciones de trabajo y de protección social ha transitado hacia la precariedad y la desregulación siguiendo las líneas establecidas por las medidas de gobernanza económica de la UE, aceptadas con entusiasmo por el Partido Popular, un 46% de la población sigue manifestando una “neutralidad” respecto de la Unión y una amplia mayoría de personas afirman que la pertenencia a la UE es, en conjunto, una buena cosa para su vida diaria.

Muy posiblemente, la deficiente información respecto de las políticas de la Unión sea una de las variables que explican la lenta evolución del posicionamiento crítico respecto de la UE en el Estado español. Buena prueba de ello, quizá el tema más llamativo en los últimos tiempos, es el poco relieve mediático-informativo que ha suscitado la negociación y firma de extensos acuerdos de comercio e inversión con terceros países y muy en concreto la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión con Estados Unidos (TTIP por sus siglas en inglés). Ausente en los grandes debates de política nacional y sin ser objeto de los titulares de los grandes media, el tratado en ciernes está suscitando una respuesta creciente entre los movimientos sociales y activistas que, aunque todavía lejos de la movilización existente en países como Alemania, empieza a dar frutos interesantes. Así, son ya 5 Comunidades Autónomas y 140 municipios los que han aprobado una moción contra el acuerdo, entre los que se encuentran Barcelona, Sevilla, Valladolid o Lleida, y los actos contra el TTIP se suceden. En sentido contrario, la Comisión Europea, y del Ministerio de Economía español, están respondiendo con una contundente campaña a favor de la firma del acuerdo, con abundantes actos, documentos, panfletos y páginas web destinadas a promocionar las supuestas ventajas del acuerdo. Tanto es así que la propia Comisión Europea ha enviado una carta a los ayuntamientos “rebeldes”, insistiendo en los beneficios del tratado para pymes y consumidores.

Existe por tanto una clara polarización de las posiciones del debate entre detractores y defensores del acuerdo, pero el tema sigue sin ser objeto de un debate público amplio, que permita que la ciudadanía conozca las razones y el contenido de este acuerdo y, todavía más importante, de los tratados que siendo muy similares al TTIP ya se han aprobado o están en la fase ya final de su proceso de elaboración. Con el objetivo de animar este debate, van a apuntarse a continuación algunas de las posibles consecuencias de estos acuerdos sobre nuestro entorno más cercano.

Un largo proceso de negociación

Como es bien sabido, la negociación del TTIP comenzó oficialmente el 17 de julio de 2013, día en el que el Consejo de la Unión Europea aprobó un documento, las directrices de negociación, que no se desclasificó hasta el 9 de octubre de 2014 y que contiene los objetivos y contenidos fundamentales del tratado, cuya finalidad primordial es, al menos sobre el papel, conseguir maximizar el comercio y la inversión entre la UE y Estados Unidos. Para ello, el documento enmarca los contenidos del tratado en tres grandes pilares: el acceso al mercado; la cooperación reguladora y el establecimiento de normas comunes de obligado cumplimiento entre ambas Partes, incluyendo la protección a los inversores extranjeros y un mecanismo de solución de controversias inversor-Estado. Este amplio contenido ha justificado que el TTIP, al igual que el CETA (EU-CanadáComprehensive Economic and Trade Agreement), sea bautizado como un «Tratado de Nueva Generación» dado que estos tratados sobrepasan la finalidad típica de los acuerdos de comercio e inversión para enfocarse en un objetivo mayor, como es el control o la incidencia en los procesos de formación de las normas a ambos lados del Atlántico.

Es muy importante remarcar que el 26 de septiembre de 2014 terminaron las negociaciones del CETA y que su firma oficial está ya prevista para el mes de octubre de este año. Ambos tratados, CETA y TTIP, tienen una fisonomía similar y objetivos comunes, con distinto ámbito geográfico, lo que nos permite mediante la lectura del primero conocer una buena parte del contenido del segundo, que sigue manteniéndose en condiciones de semi-opacidad y que está en plena negociación. De hecho, hasta el momento se han realizado 12 rondas de negociación en las que ambas partes han ido fijando posiciones y desarrollando el futuro contenido del acuerdo, pero no se ha hecho público el contenido concreto de lo negociado, tan solo las ofertas con las que la UE ha acudido a estos encuentros con la otra Parte. La voluntad de impulsar la firma del tratado, que ya casi nadie confía que pueda estar listo antes del final de la Presidencia de Obama, ha acelerado las negociaciones y se prevé que antes del verano tengan lugar dos rondas más donde se vayan cerrando ya diferentes partes del acuerdo.

Desde el principio de las negociaciones la Comisión Europea dejaba clara su línea discursiva, que parte de la afirmación de que la política comercial es la principal fuerza estabilizadora en el momento de crisis y que para potenciarlo deben realizarse tratados bilaterales con países en todos los continentes, en particular con EEUU. En esta línea, la Comisión se empeñó en promover el acuerdo afirmando los beneficios económicos que de su firma podrían derivarse, publicando una serie de estudios donde se resaltan las consecuencias positivas para el crecimiento económico y para el empleo que han sido muy criticados. Según el informe más optimista (elaborado por el CEPR), la liberalización del comercio y el impulso de la inversión extranjera van a suponer un crecimiento de la economía de la Unión Europea de aproximadamente 120.000 millones de euros (un 0.5% de su PIB). En términos laborales, el informe afirma que los salarios para los trabajadores, cualificados y no cualificados, tenderían a aumentar un 5% y que el número de puestos de trabajo dependiente del comercio podría aumentarse en la UE en “varios millones”. Un tiempo después, la propia Comisión corrigió las expectativas en una nota explicativa, donde reconoció la falta de fundamento del excesivo optimismo. Sin embargo, y aun a pesar de la corrección, el pasado año se publicó un informe sobre el impacto del TTIP en la economía española, financiado por la Cámara de Comercio, la CEOE y el Instituto de Estudios Económicos, que, siguiendo la misma metodología, llegóa afirmar que “el efecto acumulado durante los cinco primeros años tras la toma del acuerdo supondría un incremento total del PIB de 36.743,3 millones de euros y una creación de 334.836 nuevos empleos, como fruto exclusivo del acuerdo”. Curiosamente, en ninguno de los dos informes se mencionan las posibles consecuencias negativas de la desviación de comercio o la deslocalización de empresas sobre el empleo ni el impacto en el plano cuantitativo, cuestiones que la propia Comisión había reconocido y que han sido resaltadas en diversosestudios académicos que pronostican tanto una caída del PIB en los países más ricos dela UE como una afectación importante sobre el nivel de empleo.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la firma de estos Tratados?

Pero, más allá de estas posibles y muy debatidas repercusiones económicas ¿cuáles pueden ser los efectos directos de la aprobación de estos tratados, CETA y TTIP sobre el día a día? La pregunta no es fácil y está siendo el objeto de largos enfrentamientos cruzados entre detractores y defensores pero podemos apuntar aquí los puntos de fricción más importantes, con el objetivo de promover el debate público sobre los mismos. Para ello vamos a utilizar la habitual división del contenido de estos tratados en tres grandes pilares, señalando una o dos consecuencias que de cada uno de ellos pueden derivarse.

El primer pilar tiene el objetivo tradicional de todo tratado de libre comercio, es decir, facilitar el comercio de bienes entre las partes y equiparar los niveles de libertad que tienen las empresas para prestar los servicios en el territorio de las dos partes a los niveles máximos de liberalización que existen en otros acuerdos de libre comercio. Los principales beneficios derivados de este pilar serían, según la Comisión, fundamentalmente dos: el impulso del comercio de las pymes con Estados Unidos y el acceso de las mismas al mercado de contratación pública de este país. Ambas cuestiones han sido muy criticadas. En primer lugar porque sólo 70.000 de las pymes españolas, de entre los 3.178.408 de pymes existentes, exportan actualmente con EEUU. La posibilidad de aumentar este número de empresas exportadoras por la reducción de aranceles, teniendo en cuenta que el 95.9% del total de empresas españolas son micro-pymes, sigue siendo una cuestión debatida y sumamente cuestionada. En segundo lugar, la promesa de la apertura del mercado de contratación pública estadounidense a las empresas españolas, y europeas, tampoco es un tema pacífico y el resultado de la Ronda 12 deja claro que no ha habido avances respecto de la postura conservadora de EEUU, reacio a abrir su mercado. Por añadidura, no puede olvidarse que la libre circulación de servicios conlleva cada vez más a menudo el traslado de trabajadores para la prestación de los mismos. Una vez liberalizado un servicio prestado de esta manera, un Estado no puede utilizar su normativa interna sobre entrada o estancia temporal de trabajadores para menoscabar los compromisos asumidos en el acuerdo de libre comercio, como el acceso al mercado o el trato nacional. Todo ello puede implicar la aplicación de las normas laborales del país de origen, por ejemplo de Estados Unidos, a trabajadores que estén prestando sus servicios laborales en España, con el consiguiente impacto sobre nuestro sistema de relaciones laborales ya per se considerablemente “americanizado”

El segundo gran pilar del tratado es la llamada «cooperación reguladora». Hay unanimidad entre los comentarios tanto académicos como políticos y activistas respecto del TTIP y del CETA al señalar que el principal elemento de distinción entre este acuerdo y otros tratados comerciales anteriores, incluidos los realizados en el ámbito de la OMC, es la inclusión con carácter obligatorio de una serie de mecanismos de Cooperación Reguladora. Se afirma, en este sentido, que un 80% de las ganancias que supuestamente implicará el acuerdo resultarán tanto de la liberalización del comercio de servicios y de la contratación pública como (fundamentalmente) de la reducción de los costes impuestos por la burocracia y las regulaciones. Las críticas por las repercusiones que la voluntad de aproximar legislaciones puede tener son muy abundantes y tocan diversos planos. Uno de los más controvertidos es la cuestión de las denominaciones de origen. La UE mantiene, y así publicita en sus documentos, que el TTIP va a conseguir una ampliación de la lista de denominaciones de origen protegidas. Lo cierto es que no ha habido, según los resultados de la Ronda 12, ningún avance en la materia, derivándose a la siguiente negociación la discusión del tema. No obstante, es bien sabido que la normativa estadounidense, con algunas excepciones, protege las denominaciones bajo la legislación relativa a las marcas pero no de manera específica porque su objetivo no es proteger una determinada producción sino evitar la confusión del consumidor. Así, la normativa estadounidense, a diferencia de la europea, no permite la protección de las denominaciones de origen y, de hecho, Estados Unidos ha sido uno de los oponentes más serios frente a las pretensiones del establecimiento de la protección de las denominaciones de origen a nivel internacional. Nada hace esperar que esta postura cambie, cuando, por ejemplo, en el Tratado Trans-Pacífico firmado por doce países, entre ellos EEUU, el 4 de febrero en Nueva Zelanda, se prohíbe la protección de las denominaciones de origen. No cabe duda de que se trata de una de las cuestiones que más deben preocupar a los productores europeos y en particular a los de zonas como Francia o España.

El otro punto controvertido es la voluntad de aproximar legislaciones laborales utilizando para ello como referente los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, cuando ni Canadá ni Estados Unidos se acercan al nivel de ratificaciones y de protección de estos derechos que se mantiene, a trancas y barrancas, en países europeos como los anteriormente mencionados. De hecho, Canadá no ha ratificado dos de los ocho convenios fundamentales (el derecho de sindicación y de negociación colectiva y el 138, sobre la edad mínima de admisión al empleo) mientras que EEUU solo ha ratificado dos de los ocho Convenios y 13 del resto, mientras que España ha ratificado 55. Cualquier intento de homogenización con estas bases no puede ir sino en sentido contrario a la protección de los derechos de las y los trabajadores.

Nos quedan por tratar los posibles efectos del tercer pilar, cuyo objetivo es el establecimiento de reglas de obligado cumplimiento para ambas partes sobre materias concretas, entre las que destaca la protección de la inversión y los mecanismos de solución de controversias inversor-Estado. Las protestas por las consecuencias que podría provocar un mecanismo de arbitraje (el conocido como ISDS) han conseguido un cambio de táctico de posición de la Comisión Europea que ha propuesto una modificación del mecanismo de resolución de controversias, un “nuevo y transparente sistema para resolver disputas entre inversores y Estados” que pasa a llamarse ICS (Investment Court System). Las principales modificaciones son las siguientes: sustitución, al menos nominal, de los árbitros por jueces “totalmente cualificados”; introducción de mecanismos para asegurar la transparencia en las decisiones e inclusión de una doble instancia que permita la apelación de las resoluciones de manera que el mecanismo de resolución quedaría conformado por el “Tribunal de Primera Instancia” y el “Tribunal de Apelación”. A pesar de estos cambios en denominaciones y la introducción de una doble instancia, el ICS sigue orientándose al establecimiento de una vía paralela y privilegiada para que los inversores extranjeros protejan sus inversiones, eludiendo la normativa estatal y los tribunales nacionales. Las consecuencias potenciales seguirán siendo, por tanto, las que ya se vienen derivando de la aplicación de los 2.278 tratados bilaterales de inversión vigentes que permiten a las empresas inversoras demandar a los Estados cuando vean mermado o amenazado su beneficio. Esto ha tenido una repercusión directa sobre actuaciones político/normativas de control del fracking, las moratorias nucleares, la protección medioambiental, sanitaria, etc., con un último y sonado caso en Galicia respecto de la mina Corcoesto y la empresa canadiense Edgewater.

A pesar de todo lo antedicho, de que el tratado sigue negociándose y de que no hay un calado mediático suficiente, según el Eurobarómetro de 2015, un 63% de personas se han manifestado en España de manera favorable al TTIP, situándonos por encima de la media de la Unión (53%) en cuanto al apoyo a este acuerdo. De hecho, gracias en buena parte a la acción de las campañas, el porcentaje de ciudadanía que en la UE se muestra crítica con el TTIP ha crecido en 4 puntos en el último año, con Austria, Alemania y Luxemburgo a la cabeza, siendo Lituania y Rumanía los más convencidos.

Cada vez queda menos tiempo para el debate sobre las consecuencias que estos tratados pueden tener sobre los sistemas democráticos y los modelos sociales que existen entre los Estados miembros de la UE. La aprobación del CETA, respecto del cual la Comisión Europea pretende evitar que se pronuncien los Estados, está a la vuelta de la esquina y de producirse será, sin duda, la antesala para la entrada del TTIP. La publicidad institucional no es, de ninguna manera, la vía idónea para informar a las mayorías sociales sobre estos acuerdos y sus repercusiones, al contrario, lo que se requiere con urgencia son espacios, y disposición, para el debate abierto y público sobre los mismos.

Adoración Guamán es Profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universitat de València. Autora de “TTIP, el asalto de las multinacionales a la democracia”, publicado en la editorial Akal en 2015.

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La hipocresía de los liberales españoles sobre los derechos humanos

Mar, 26/04/2016 - 12:00

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Una postura ampliamente promovida por portavoces de los partidos pertenecientes a la Internacional Liberal, como lo es Ciudadanos (así como autores cercanos a ella, como Mario Vargas Llosa), es presentar a Venezuela como uno de los países en América Latina que comete mayor número de violaciones de los derechos humanos, presentándose ellos mismos como los grandes defensores de tales derechos. Intentan con ello identificar el liberalismo con la defensa de los derechos de los individuos frente a la opresión del Estado. Y esta percepción se está generalizando con la ayuda de los mayores medios de información españoles, la gran mayoría de tendencia conservadora o liberal, próximos a la Gran Banca, la gran promotora del neoliberalismo en este país que los financia. De esta manera, esta identificación de los derechos humanos con el liberalismo (también conocido como neoliberalismo) se acepta como evidente, asumiendo que tales partidos liberales ponen la libertad y la demanda de derechos humanos como principio básico de su posicionamiento ideológico. Siguiendo tal costumbre (la de atribuirse el ser defensores de los derechos humanos), vimos al Sr. Rivera, en el Congreso de los Diputados, presentarse una vez más como tal gran defensor, mostrando su crítica a Venezuela y su propuesta al Congreso de que se analice la ausencia de tales derechos humanos en aquel país como un indicador más de su defensa de los derechos humanos.

El conocimiento de la realidad en América Latina, sin embargo, permite cuestionar dicho supuesto compromiso con los derechos humanos de los liberales en España en general, y del Presidente del partido neoliberal Ciudadanos en particular. En primer lugar, el adjetivo ampliamente utilizado por este señor en contra de sus adversarios, definiéndolos como “demagogos” (término ampliamente muy utilizado por las derechas en este país para descalificar a aquellos con los cuales están en desacuerdo), se aplica claramente a sus propios argumentos, pues la falta de credibilidad y certeza en su descripción de la realidad, tergiversándola para alcanzar sus fines políticos (característico de la demagogia), es fácil de demostrar, aun cuando me gustaría pensar que ello es más consecuencia de su ignorancia que de su demagogia. Pero la repetitividad de tal práctica, con el empleo incluso de mentiras, insultos y sarcasmos (característicos de la derecha española), hace difícil atribuir dicho comportamiento a mera ignorancia (ver mi artículo “Las mentiras y falsedades de Albert Rivera, Presidente de Ciudadanos, en La Sexta Columna”, Público, 14.04.15).

Existe un extenso debate sobre el significado de los derechos humanos hoy en la literatura científica, pero en sentido contrario al significado reduccionista que utiliza el Sr. Rivera. En realidad, tal debate aparece incluso a nivel político con un nivel de rigor y seriedad ausente en España. De hecho, el mejor documento sobre los derechos humanos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aprobada en el año 1948, la cual definía las diferentes dimensiones de los derechos humanos, que incluían desde derechos económicos (tales como el derecho al trabajo y a una vida digna) a los derechos sociales (como el derecho a la sanidad y a la educación), así como los derechos cívicos y políticos (el derecho a la libertad de organización y de expresión). El Presidente Roosevelt, que ha sido el presidente más popular de EEUU, enfatizó la necesidad de desarrollar los derechos humanos en todas sus dimensiones. Y es importante resaltar que fue un momento de gran interés cuando el Presidente Obama, en su visita a Cuba, felicitó al gobierno cubano por el desarrollo de los derechos económicos y sociales en aquel país, criticando a la vez la ausencia de los derechos civiles y políticos en Cuba, subrayando la enorme importancia que tenían tales derechos. Ahora bien, es importante señalar que a la declaración anterior añadió que aceptaba la crítica que podría hacerse a EEUU por las limitaciones en el desarrollo de los primeros derechos (los económicos y sociales) en ese país. No imagino a ningún dirigente político liberal, como el Sr. Rivera, hacer tal tipo de autocrítica, que sería muy necesaria en España, donde hay una limitación muy marcada de los derechos humanos (de todo tipo, económicos, sociales, cívicos y políticos).

Lo que el Sr. Rivera entiende como derechos humanos

La defensa de los derechos humanos de los partidos liberales se limita a los últimos, es decir, a los derechos civiles y políticos, derechos necesarios (repito, muy necesarios) pero muy insuficientes. Repito que tales derechos son fundamentales. Tengo una biografía para mostrar mi compromiso con el desarrollo de estos derechos, todavía muy limitados en España. Por lo visto, el Sr. Rivera no es plenamente consciente de que hay muchos más canales televisivos y rotativos de derechas en Venezuela (que supuestamente están bajo una dictadura de izquierdas) que canales de televisión y rotativos de izquierdas en España (supuestamente un país democrático, definición cuestionable como consecuencia de la escasísima diversidad en los medios de información). La persecución de opositores y la detención de dirigentes políticos debe ser denunciada. Pero para tener credibilidad, esta denuncia tiene que afectar a todos los gobiernos que incurran en tales prácticas, y no solo a aquellos gobiernos a los que el Sr. Rivera considera sus enemigos o adversarios. Y la ausencia de esta práctica en el caso de los liberales como Rivera muestra su doble moral, o mejor dicho, su hipocresía, utilizando su mal llamada defensa de los derechos humanos para fines única y exclusivamente políticos, característica de los demagogos.

El silencio ensordecedor de los liberales como Rivera sobre el modelo liberal de Honduras

Hoy el país donde todos los derechos humanos (los económicos, los sociales, los cívicos y los políticos) han sido violados más sistemáticamente en Latinoamérica ha sido y continúa siendo Honduras, gobernado por un tiempo por un partido liberal perteneciente precisamente a la misma familia política del partido Ciudadanos, del cual el Sr. Rivera es el Presidente. Y tal gobierno liberal fue resultado de un golpe militar en el año 2009 contra el gobierno del presidente Zelaya, democráticamente elegido. Tal golpe ocurrió en el año 2009, instalándose un gobierno del partido liberal que intentó legitimar su mandato recurriendo a unas elecciones fraudulentas denunciadas internacionalmente. Tal partido impuso en 2010 unas leyes de propiedad rural que afectaron muy negativamente a los intereses de los pequeños agricultores, indígenas la mayoría, que pasaron a ser brutalmente reprimidos por el Ejército y la policía, aumentando de una manera muy notable el asesinato de sus dirigentes y de las voces críticas frente a tal matanza. Dicho gobierno y sus sucesores han aplicado políticas de carácter represivo, con una clara violación de todos los derechos humanos, incluyendo los derechos cívicos y políticos, siendo considerado este país por parte de organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos, como el país hoy en América Latina que tiene el mayor número (en términos proporcionales) de asesinatos políticos, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, siendo a la vez uno de los países con mayores desigualdades sociales y mayor pobreza de ese continente. En realidad, esta situación determina que Honduras se haya convertido en el país origen del mayor número de niños y adolescentes que huyen de Latinoamérica como refugiados a EEUU, habiéndose transformado este caso en un escándalo internacional, aunque el lector español no lo sabrá si se limita a ver solo la prensa española (conocida internacionalmente por su escasa diversidad ideológica, lo cual ha sido denunciado incluso por The New York Times).

Ni que decir tiene que ni el Sr. Rivera ni su partido Ciudadanos, ni el PP, ni el PSOE, ni el Sr. Vargas Llosa, ni los otros liberales que tienen grandes cajas de resonancia, han dicho nada ni han expresado ninguna denuncia hacia esta brutal represión de los derechos humanos, guardando un silencio ensordecedor frente a tanto asesinato político. El último asesinato es el de Berta Cáceres, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, seguido de otro asesinato, dos semanas más tarde, de otro dirigente, Nelson García, y así un largo etcétera, habiéndose generado una protesta internacional que ha determinado una investigación del Congreso de EEUU (véase Congressional Briefing: “The Assassination of Berta Cáceres and Ongoing Killings and Attacks Targeting Social Activists in Honduras”, March 30, 2016). Según PEN International, tales asesinatos se realizan con plena impunidad, sin que nadie sea juzgado por ellos. 100 miembros del Congreso de EEUU han denunciado este asesinato sistemático de campesinos y sus defensores. Mientras, las Cortes Españolas están a punto de juzgar a Venezuela a propuesta del partido del Sr. Rivera, supuestamente el gran defensor de los derechos humanos. Y, cómo no, con las cajas de resonancia provistas por los grandes medios, incluido El País, a el gran promotor de Ciudadanos, que nunca ha dicho ni pio sobre las matanzas que ocurren en Honduras. Y todo ello bajo la supuesta defensa de los derechos humanos, derechos sistemáticamente violados en Honduras, y, por cierto, también en España, sin que ello se denuncie en este país. El nivel de hipocresía alcanza niveles enfermizos cuando la evidencia muestra que tales fuerzas políticas están jugando un papel clave y determinante para dicha violación de los derechos que retóricamente dicen defender.

Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

Publicado en nuevatribuna

vnavarro.org

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Desmontando los mitos sobre la inflación y la creación de dinero (5)

Mar, 26/04/2016 - 08:00

Eduardo Garzón Espinosa – Consejo Científico de ATTAC España

Ésta es la quinta entrega de una serie de artículos en los que estoy abordando poco a poco la relación entre la creación de dinero y la inflación, con el objetivo de rebatir muchos falsos mantras ampliamente extendidos y ofrecer explicaciones alternativas más serias que las que imperan en el imaginario colectivo. En los artículos anteriores llegamos a la conclusión de que el valor del dinero no se desprende directamente de la cantidad total del mismo, por lo que crear dinero no tiene por qué provocar necesariamente inflación. Hay otros muchos factores diferentes de la cantidad de dinero que intervienen en el proceso de la inflación y que podrían intensificarlo, frenarlo, o incluso anularlo. También vimos que el elemento central en todo este asunto (que desgraciadamente se suele olvidar) es que los precios son establecidos por los vendedores. En este artículo exploraremos las posibles causas que llevan a los vendedores a subir los precios.

3.2. Diferentes causas en la elevación de los precios

En primer lugar hay que entender que el precio de un producto es la suma del coste de producción y del margen de beneficio.

El coste de producción es el dinero que cuesta producir cada bien o servicio, y el margen de beneficio es el dinero que obtiene el vendedor por cada unidad vendida. Si el coste son 7 euros y el margen 3 euros, el precio será de 10 euros. Cuando un vendedor decide incrementar el precio podemos encontrarnos con tres escenarios:

A)   Que el coste de producción aumente pero no el margen de beneficio.

B)    Que el coste de producción no aumente pero sí el margen de beneficio.

C)    Que aumenten tanto el margen de beneficio como el coste de producción.

El caso A revela una reacción del vendedor a un aumento en el coste de producción para no perder margen de beneficio: algún shock o fenómeno provoca que el coste aumente (por ejemplo, un incremento en el precio de la energía, un incremento salarial exigido por los trabajadores, un mayor precio de alquiler, un mayor coste de financiación, etc), y para que los beneficios no mengüen el vendedor aumenta el precio. Ahora bien, lo hará siempre que pueda hacerlo, porque no siempre podrá. Que pueda o no depende fundamentalmente de la estrategia de venta que tenga y del nivel de competencia al que esté sometido el vendedor, como veremos más adelante.

El caso B revela una reacción del vendedor a una situación de la que puede aprovecharse. Esto ocurre cuando su producto es excesivamente demandado en relación a la cantidad ofrecida, de forma que decide incrementar el precio para ganar más por cada producto. Ese excesivo incremento de la demanda en comparación con la oferta puede deberse a su vez a cuatro motivos:

1)    que el producto sea valorado más que antes y la gente esté dispuesta a pagar más por él (por ejemplo, vehículos o teléfonos móviles de última tecnología),

2)    que lleguen nuevos clientes de otras regiones o de otros establecimientos donde compraban normalmente a otros vendedores pero que han cerrado su negocio o empeorado su servicio (por ejemplo, la llegada de turistas en época de vacaciones, o la llegada de clientes a un centro comercial porque han cerrado tiendas y cines de barrio),

3)    que la gente tenga simplemente más dinero en sus bolsillos por creación directa de dinero (por ejemplo, incremento de las pensiones pagadas por el Estado a través de nuevo dinero), y

4)    que la cantidad puesta a la venta caiga de golpe, de forma que la demanda, sin haber cambiado, resultaría excesiva con respecto a la oferta (por ejemplo, una crisis por abastecimiento o una crisis agrícola).

El caso C revela una combinación del caso A y del caso B.

Ahora bien, estamos identificando casos y situaciones en las que los vendedores incrementan los precios, pero no nos olvidemos de una cosa muy importante: un incremento de precios no es sinónimo de inflación. La inflación es un incremento generalizado de los precios. Es decir, para que exista inflación deben ser muchos los vendedores que incrementen los precios de sus productos, y además que no lo hagan de forma ocasional ni regional. En cualquiera de los 5 casos anteriores el incremento de los precios puede ocurrir de forma que no afecte a la economía y que por lo tanto no se genere inflación. Veamos un ejemplo para cada caso.

-Caso A: cuando a un vendedor de servicios de restauración le incrementan el precio del alquiler y aumenta el precio de sus productos para mantener margen de beneficio sabemos que ello no repercutirá en el resto de la economía porque es algo que sólo afecta a un negocio, ergo no habrá inflación.

-Caso B1: cuando Apple logra lanzar al mercado un nuevo producto que es muy valorado y que debido a ello puede experimentar un incremento del precio sin problemas  sabemos que no ocurre de forma generalizada, sino sólo en un producto en concreto, ergo no habrá inflación. El incremento en el precio de un solo producto o de pocos no tiene el suficiente impacto como para que la economía en general se vea afectada.

-Caso B2: cuando en época de vacaciones los vendedores que operan en zonas que reciben muchos visitantes suelen incrementar los precios de sus productos (por ejemplo, hoteleros aumentando el precio de la noche de hotel) para aprovecharse de la mayor demanda sabemos que ello tampoco desembocará en un periodo de inflación, ya que el incremento de la demanda está limitada en el tiempo y los vendedores volverán a reducir los precios una vez el periodo estival finalice.

-Caso B3: cuando el Estado sólo incrementa el poder adquisitivo de los bomberos incrementándoles los sueldos, ello tampoco provocará inflación aunque los vendedores que traten con estos bomberos decidan incrementar los precios de sus productos, ya que el colectivo de los bomberos es muy reducido en comparación con la población total y por lo tanto no tendrá un impacto notable en los precios de toda la economía.

-Caso B4: cuando un vendedor de manzanas deja de recibir manzanas durante un tiempo porque sus proveedores tienen un problema y decide aumentar el precio de las mismas para intentar sacarles partido, tampoco se producirá inflación en el resto de la economía.

En definitiva, para que se produzca inflación el incremento de los precios debe ocurrir de forma generalizada y además no esporádica (que no se produzca sólo una vez o durante un periodo de tiempo breve). Y no en todos los casos identificados arriba ese incremento de los precios puede ocurrir de forma generalizada. Veamos en cuáles sí y en cuáles no.

El caso B1, consistente en que alguna mejora en un producto permite que el vendedor incremente la calidad, es imposible que se dé de forma masiva. Es impensable que la mayor parte de los vendedores vayan a lograr mejoras en sus productos a la vez.

El caso B2 tampoco puede repercutir en inflación porque nadie puede imaginar que de buenas a primeras lleguen a nuestra economía compradores procedentes de otros países en una cantidad tal que afecte masivamente a la economía porque demanden productos de todo tipo y pelaje. Y en el caso de que muchas empresas cerrasen o empeoraran su servicio y eso expulsase compradores de forma masiva hacia otros vendedores estaríamos ya hablando del caso B4, y no del B2. La única forma que podría contribuir a provocar inflación -aunque muy atípica e improbable por algo que veremos más adelante- en el caso B2 sería si se realizase una potentísima transferencia de la renta desde las capas minoritarias y más acaudaladas de la población a las capas mayoritarias pero menos acaudaladas, logrando que el aumento de la capacidad adquisitiva de la mayor parte de la población afectase a buena parte de la economía, algo que podría ocurrir, por ejemplo, con una renta básica universal financiada a través de una enérgica reforma fiscal [1].

En cambio, el caso A sí puede desembocar en inflación porque hay costes de producción que son universales o casi universales, como el suministro energético, la financiación o los impuestos, de forma que si estos costes aumentasen la mayor parte de los vendedores -si no todos- se verían afectados y podrían incrementar los precios para no perder margen de beneficio.

El caso B3 también podría provocar inflación porque el Estado podría incrementar notablemente la cantidad adquisitiva de la población otorgando una renta básica a todo el mundo, por ejemplo.

Finalmente, el caso B4 también podría ocurrir de forma masiva porque un conflicto militar o una crisis económica de importante magnitud podría provocar que los vendedores acabasen produciendo menos de lo que producían antes, y frente a una demanda parecida aumentarían los precios para poder ganar más por cada uno de los escasos productos. En definitiva, de todos los casos en los que los vendedores aumentan los precios, sólo son susceptibles de provocar inflación (aumento generalizado de los precios) los casos A, B3 y B4.

El lector se habrá percatado de que la tesis que nos preocupa, la de que la creación de dinero provoca inflación, es el caso B3. Pero no el A, ni el B1, ni el B2, ni el B4. Es decir, los vendedores pueden subir los precios de sus productos por causas muy diferentes. Y aunque el caso B1 y el B2 no desemboquen en fenómenos inflacionarios,  de aquí deducimos algo que seguramente muchos tienen claro: la inflación puede aparecer por causas diferentes a la creación de dinero, concretamente debido a aumentos generalizados del coste en procesos productivos y a la caída generalizada de la producción. Es lógico y evidente, pero conviene reafirmarlo e insistir en ello porque a menudo la gente suele llevar a cabo muchos análisis de trazo grueso y cuando observan una economía que comienza a sufrir elevada inflación inmediatamente piensan que la culpa la tiene el gobierno que se ha puesto a crear demasiado dinero. ¡Como si no hubiese otras posibles causas! Pero nos han acostumbrado a vincular automáticamente inflación con creación de dinero, sin darnos siquiera la oportunidad de imaginar que una cosa puede ocurrir sin la otra, o que aunque ambas cosas ocurran al mismo tiempo no sea la creación de dinero la causa de la inflación, sino su consecuencia (como veremos más adelante).

Pero lo más importante de todo, que es desgraciadamente ignorado por la mayoría de personas, es que la creación de dinero no nos lleva automáticamente al caso B3. Tal y como se ha definido, ello sólo ocurriría cuando la demanda sea excesiva en comparación con la oferta. Pero la creación de dinero no tiene por qué producir una demanda excesiva a la oferta, ya que al mismo tiempo que incrementa la demanda permite aumentar la oferta. Lo veremos, aunque no todavía, porque antes de ello debemos detenernos en analizar las fuerzas a las que están sometidos los vendedores a la hora de subir los precios. La principal fuerza es la competencia, pero afecta al vendedor de distinta forma dependiendo de cuál sea su estrategia de venta. Lo veremos en el próximo artículo.

_______________________

[1] Por cierto, cuando una vez afirmé que una renta básica universal como la que proponen desde el Observatorio de la Renta Básica (consistente en una reforma fiscal que detraiga recursos del 5% más rico para dársela a todo el mundo de forma que salga ganando el 80% menos rico) podría provocar inflación, la respuesta que obtuve por parte de sus defensores más destacados fue que “Para criticar los efectos inflacionistas de la Renta Básica Universal, debe especificarse qué tipo de financiación se está proponiendo. ¿Con más impuestos?, ¿con endeudamiento público? Hemos propuesto desde hace ya algunos meses una propuesta de financiación que supone una gran redistribución de la renta de los más ricos al resto de la población.” De la respuesta se deduce que si la financiación de la medida es a través de una reforma fiscal no hay riesgo de inflación, mientras que si es a través de dinero nuevo o de endeudamiento público sí. Aquí late la famosa creencia de que la creación de dinero provoca inflación sólo por el hecho de incrementarse la cantidad de dinero; algo que ya hemos refutado en los apartados 2.1 y 2.2. La respuesta está disponible en http://www.sinpermiso.info/textos/siete-argumentos-en-contra-de-la-renta-bsica-no-exactamente

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“Cada español paga entre 800 y 1.000 euros más en impuestos por el fraude fiscal de otros”

Mar, 26/04/2016 - 06:00

Carlos Cruzado -sabemos.es

El presidente del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, no ve voluntad política real para emprender el combate de los paraísos fiscales. Y en pleno escándalo de los papeles de Panamá, denuncia que no se destinan medios suficientes para dar la batalla a las grandes bolsas de fraude fiscal.

En los papeles de Panamá aparecen 1.200 sociedades, más de 500 accionistas y unos 90 beneficiarios directos con domicilio en España (amén de los ciudadanos españoles que figuran en ellos pero con direcciones en otros países). Con esos datos, ¿se puede considerar que se ha actuado con diligencia en el combate de estas prácticas?

Es obvio que no se ha hecho ni se hace lo suficiente en esta materia. Es difícil luchar contra las fortunas escondidas en los paraísos fiscales, pero para intentarlo se necesitan medios. Y en España hay muy pocos medios dedicados a esta labor de investigar las grandes bolsas de fraude, lo que se suma a la propia dificultad por la escasa cooperación de estos territorios. Panamá, que España ya no considera como paraíso fiscal, no facilita mucha información y la que facilita lo hace con muchas pegas. Es difícil.

Ahora que tenemos todos, o casi todos, los datos, ¿cómo debería actuar el Gobierno a la luz de las revelaciones de los papeles de Panamá?

La Agencia Tributaria debería haber abierto ya inspecciones a todas las personas que han ido apareciendo en estos papeles que son residentes en España y que, con obligación de declarar sus bienes en el extranjero, no lo hayan hecho. La Agencia Tributaria ha debido de cotejar la información de los papeles de Panamá con las declaraciones del modelo 720, y aquellas personas que no hayan declarado estos bienes se les debería haber abierto inspecciones, sin darles plazo de regularizar en estos días mientras se instruye el caso.

¿Pero tiene constancia de que se hayan activado ya de manera efectiva esos procesos?

La Agencia Tributaria ha dicho públicamente que se está investigando. Pero una cosa es contrastar esos datos con el modelo 720 y otra cosa abrir inspecciones, que supone notificar a las personas involucradas las correspondientes aperturas de expediente y la paralización de cualquier posibilidad de regularizar voluntariamente. Habrá que ver si se está inspeccionando efectivamente.

Las personas de la lista que no hubieran declarado esos bienes pueden regularizarlos voluntariamente antes de recibir la notificación de la apertura de una inspección. Y si lo hacen es muy difícil, o directamente imposible, poderles sancionar. Pagarían los impuestos con recargo, pero evitarían las sanciones muy duras que se establecer en el caso de no declarar los bienes. La normativa establece la imprescriptibilidad de los bienes y derechos que no se han declarado, así que aunque provengan de ejercicios anteriores a los cuatro años (o cinco años en caso de delito fiscal) seguirían siendo sancionables. A estos bienes se les aplicaría el impuesto correspondiente y se imputaría el último año no prescrito (en esta caso, el año 2011), y se les aplicaría una sanción del 150% de la cuota a pagar. Y en el caso de que esa cuota defraudada superara los 120.000 euros, se derivaría el caso a los tribunales por posible delito fiscal.

¿Existe voluntad política, en España y en otros países, para combatir de manera real a los paraísos fiscales?

Radicalmente, no. Desde el año 2009, cuando el G-20 habló del fin del secreto bancario y de los paraísos fiscales, lo cierto es que hemos visto cómo han proliferado progresivamente. No hay más que ver que, según diferentes estudios de Oxfam Intermon o del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 34 de las 35 empresas del Ibex tienen filiales en paraísos fiscales y no acreditan actividad en estos territorios. Entre todas suman más de 800 sociedades con sede en estos paraísos fiscales.

Y desde esa declaración de Sarkozy anunciando en el G-20 el fin de la era de los paraísos fiscales, ¿ha habido avances reales desde entonces?

Ha habido avances, pero más retóricos que reales. El G-20 encargó a la OCDE que elaborara unas directrices para determinar qué condiciones deben cumplir los países que están en las listas de paraísos fiscales para poder salir de ellas. Pero el requisito fundamental se quedó en la firma de convenios para evitar la doble imposición y para trasladar la información. Muchos de estos de territorios firmaron doce convenios y consiguieron salir de las listas (de hecho, en la lista negra ahora mismo no hay ningún país). Pero estos acuerdos de intercambio de información no son efectivos, porque se trata de meros convenios que permiten a los territorios transmitir información puntual, no de manera automática, y sólo a instancias de parte cuando se acredita que los fondos tienen un origen delictivo. No es suficiente.

Desde los atentados del 11-S, Estados Unidos ha apretado a los paraísos fiscales porque muchas organizaciones terroristas los utilizaban para mover sus fondos. El intercambio de información relativa a terrorismo y tráfico de droga sí ha mejorado. Pero en los casos en los que hablamos sólo de defraudación tributaria, la información no se facilita como sería deseable. Hay falta de voluntad política tanto a nivel nacional como internacional para acabar con los paraísos fiscales. Si la OCDE y la UE tomaran medidas drásticas para evitar estas situaciones seguramente estaríamos en una situación muy diferente.

En las últimas dos semanas hemos sabido que en los famosos papeles de Panamá aparecen un ministro que estaba en ejercicio, José Manuel Soria, y un ex que fue incluso vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. ¿Así puede haber voluntad política?

Así es muy difícil, claro. Y lo hemos visto también con otros responsables políticos de otros países, como David Cameron o Vladimir Putin. En este ámbito también se puede hablar de las famosas puertas giratorias, de las relaciones de la política y las grandes empresas. El propio presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, era el encargado de dar el visto bueno a los acuerdos de Luxemburgo para que cientos de empresas transnacionales tributaran apenas un 1% en su país. En muchos países hay personas que van y vienen de la política a las grandes empresas, y ése es uno de los elementos que incide en esa falta de voluntad política. No sólo para combatir los paraísos fiscales, también en los casos en que las compañías utilizan países con ventajas fiscales para derivar allí beneficios y no pagar los impuestos que toca en los países en que realmente operan.

¿Y cómo deben combatirse los paraísos fiscales? ¿Hay que encomendarse sólo a la acción coordinada de muchos países? ¿Qué puede hacer España en concreto?

Hay diferentes medidas que tomar. Es necesaria una actuación global, a través de la OCDE, del G-20 o de la UE, pero en España también se pueden tomar medidas. Por ejemplo, debería actuarse en relación a la información que los bancos deben transmitir acerca de las operaciones de sus filiales en paraísos fiscales. Los bancos deberían facilitar la misma información que dan acerca de los bienes de sus clientes en España. Y también se podría poner más trabas a las sociedades que operan a través de paraísos fiscales aplicando gravámenes específicos para que no les resulte tan rentable utilizarlos.

¿Cuánto les cuesta a los contribuyentes españoles la actividad de empresas y particulares en paraísos fiscales?

Es muy difícil de valorar. Hay distintas estimaciones, pero resulta complicado confirmarlas. Se calcula que más del 50% de todas las transacciones mundiales se hacen a través de paraísos fiscales. Así que es muy difícil calcular el montante. La estimación del profesor Gabriel Zucman apunta a que el importe de depósitos y patrimonio de españoles en el extranjero se sitúa por encima de los 160.000 millones de euros, de los que 144.000 millones estarían en paraísos fiscales ocultos. Conocemos la información que aparece en la lista Falciani, la de los papeles de Panamá… pero se trata sólo de la punta del iceberg.

¿Y cuánto le cuesta el conjunto del fraude fiscal?

De acuerdo con las estimaciones de Gestha, con datos de hace dos años, la economía sumergida representa el 24,6% del PIB español, lo que representaría más de 250.000 millones que no se declaran a Hacienda ni a la Seguridad Social. Aplicando el tipo de presión fiscal correspondiente, podemos hablar de cerca de 90.000 millones que se dejarían de recaudar cada año. Y si no se contabilizan las cotizaciones sociales que no se pagan, hablaríamos de casi 60.000 millones de euros de impuestos que no se pagan por no declararse. Erradicar al 100% el fraude fiscal es algo muy complicado, o imposible, pero reducirlo hasta los niveles que tienen los países de nuestro entorno, supondría que España recuperase cerca de 40.000 millones al año. En definitiva, cada español está pagando entre 800 y 1.000 euros al año en impuestos de más por ese fraude fiscal que cometen otros.

Visto lo visto, ¿Hacienda somos todos o, como decía un tuitero hace unos días, Hacienda somos tontos?

Hace unas semanas la propia aboga del Estado en el caso Nóos nos sorprendió diciendo que eso del ‘Hacienda somos todos’ era sólo un mensaje publicitario y sin contenido. Pero en el artículo 31.1 de la Constitución se establece que todos debemos contribuir en función de nuestra capacidad económica. A la vista de los papeles de Panamá, de la actividad en paraísos fiscales, del nivel de economía sumergida, de la planificación fiscal agresiva de las grandes transnacionales (lo que antes llamábamos ingeniería financiera), lo cierto es que los que sustentan el sistema tributario parece que son fundamentalmente los trabajadores de clases medias e incluso de las clases más desfavorecidas.

“Siempre va a haber fraude fiscal, siempre va a haber evasión”, es lo que dicen muchos. ¿La lucha contra el fraude es una batalla perdida?

No es una batalla perdida. Necesitamos más medios y necesitamos más voluntad política para llevar a efecto las medidas normativas que ya tenemos. Si comparamos los medios que destina la Agencia Tributaria española con los de otros países de la OCDE y la UE, vemos que España tiene la mitad de efectivos por número de contribuyentes. España tiene un empleado de la Agencia Tributaria para casi 2.000 ciudadanos, mientras que la media en Europa está entre los 800 o 900 contribuyentes. Y la inversión –que se suele llamar gasto- en la Agencia Tributaria es del 0,1% del PIB, mientras que  la media europea más que duplica ese dato. En definitiva, faltan medios, y los que hay deben desplazarse a combatir las grandes bolsas de fraude. Más del 80% de los efectivos de la Agencia se dedica al control de los ya controlados: personas con nómina, pymes, autónomos… Pero el esfuerzo que se dedica a controlar a las grandes empresas es escaso. Nosotros pedimos desplazar la lupa hacia la gran bolsa de fraude, en la que es necesaria más inspección y más investigación.

El ministro Montoro y el Gobierno al completo presumen de los grandes avances en la lucha contra el fraude fiscal. ¿Hay motivos para la celebración?

No, no lo hay. Hay una tendencia histórica de mejora de los resultados. Pero en las actividades directas de la lucha contra el fraude los resultados han variado muy poco en los últimos años, ya que estamos ahora en los mismos niveles de 2013. Hay que reforzar la investigación y la inspección, y eso sólo se está haciendo en el menudeo. Por ejemplo, se refuerza la inspección de emigrantes retornados que no declaraban las pensiones que recibían en el extranjero; o se cruzan datos con la Seguridad Social para controlar a las empleadas del hogar… Se está fiando en gran medida el aumento de la recaudación sólo al menudeo.

¿Y por qué esa descompensación? ¿Por qué se dedican más esfuerzos a los contribuyentes de menores ingresos y no a las grandes fortunas?

Porque es lo más fácil. Es más fácil cruzar datos y comprobar que dedicarse a inspeccionar e investigar, porque para esto hay que destinar más medios y más tiempo, sobre todo en el caso de las grandes empresas. Pero también hay que preguntarse por qué falta voluntad política, no sólo a este Gobierno también a los anteriores, para acometer la reformar funcional de la Agencia Tributaria.

¿A qué objetivos de recaudación extra se puede aspirar?

Si equiparáramos nuestros niveles de economía sumergida con la media de los países de nuestro entorno –lo que implicaría reducirla en 10 o 12 puntos porcentuales-, conseguiríamos recuperan unos 40.000 millones de recaudación extra. Una cantidad en consonancia con los intereses de deuda que paga España. Así que, si reforzáramos las posibilidades de actuación de la Agencia Tributaria, podríamos estar recaudando lo suficiente para pagar esos intereses de deuda.

En los albores de la pasada legislatura el Gobierno promovió una amnistía fiscal y una regularización de activos en el extranjero. Con lo recaudado con ambas iniciativas, ¿han merecido la pena?

Tanto el ministro de Hacienda como la Agencia Tributaria están dando datos confusos sobre esta cuestión. La amnistía fiscal sirvió para aflorar sólo 40.000 millones, con los que se recaudaron 1.200 millones de euros (así que el tipo medio que se pagó fue del 3%, no del 10% que era el previsto en la amnistía). Pero desde el Gobierno se mezclan estos datos con los del modelo 720, que es el de las declaraciones de bienes en el extranjero, y que ascienden a 126.000 millones. Se ha llegado a decir que se ha “aflorado” esa cantidad. Pero eso no es cierto, porque hay que tener en cuenta que en esa cantidad están incluidos todos los residentes extranjeros en España, jubilados del norte de Europa, que también tienen que declarar sus bienes en sus países de origen y que son bienes absolutamente declarados. Y también están incluidos muchos bienes que los españoles tienen en el extranjero y que también tenían declarados ya. No es correcto decir que se haya aflorado esos 126.000 milllones. La Agencia Tributaria debería aclarar, por ello, qué porcentaje de esa cantidad se ha aflorado realmente. Estoy seguro de que es muy poco, pero el Gobierno no da el dato. Se está confundiendo a la gente.

La amnistía fiscal sirvió entonces para recaudar 1.200 millones más. Hay quien puede verlo que más vale pájaro mano (esos 1.200 millones) que ciento volando.

Eso se dice, sí. Pero es que la amnistía fiscal supone una quiebra del principio de igualdad recogido en la Constitución. El resto de contribuyentes que declaran no pagan un tipo del 10% ni del 3%, que es lo que efectivamente se cobró, sino tipos mucho mayores del 25 al 52%. A los que se sumaron a la amnistía les salió muy barato regularizar, además de no sufrir sanciones.

Con la amnistía se debían haber recaudado 4.000 millones [el 10% de los 40.000 millones aflorados], pero la Dirección General de Tributos hizo una interpretación muy beneficiosa para los que acudieron a la regularización. El Congreso ha aprobado ahora una proposición no de ley para que el Gobierno cobre a los amnistiados ese diferencial que les tocaría, pero será difícil.

¿Qué balance hace la legislatura con el ministro Montoro al frente de Hacienda?

La legislatura de Montoro ya empezó marcada por esa amnistía fiscal que ya entonces valoramos muy negativamente, no sólo por el agravio comparativo con el resto de contribuyentes, también por el efecto negativo para el objetivo de pormover la conciencia fiscal de los españoles, que ya de por sí es laxa.

Además, Montoro ha dado un carácter muy particular al trato de información confidencial de la Agencia Tributaria. La pasada semana se negó a dar datos sobre el caso de la sanción a José María Aznar, pero es lo que debería haber hecho en todos los casos anteriores. Desgraciadamente no se ha comportado de esa manera. Siempre ha estado en el filo del cumplimiento del deber de mantener el secreto de los datos fiscales. Hay demasiadas declaraciones suyas hablando de actores y de otros políticos que le han dejado en el filo de incumplir esa obligación. Su comportamiento debería haber sido más cauto en este sentido.

¿Y qué balance hace de sus predecesores? Fue en el segundo Gobierno de Zapatero cuando se conoció la lista Falciani.

El balance de la lucha contra el fraude es negativo con este Gobierno y con los anteriores. Gestha puso una querella contra los directivos de la Agencia Tributaria del último Gobierno socialista porque cuando se conoció la lista Falciani, en la que aparecían españoles con cuentas opacas, en vez de abrir inspecciones se decidió dar una segunda oportunidad a los que salían en el listado. Se les dio aviso y se les facilitó un plazo para la regularización en lugar de abrir inspecciones. Consideramos que eso fue prevaricación, y denunciamos a los directivos de la Agencia. La familia Botín regularizó 200 millones de euros voluntariamente y no sufrió las sanciones que debían haberse aplicado si se hubiera abierto la investigación.

La nueva legislatura, aún sin Gobierno, ha arrancado confirmándose que el déficit público sufrió una fuerte desviación en 2015 (fue del 5% frente al 4,2% que marcaba el objetivo pactado con Bruselas). El Gobierno en funciones culpa a CCAA y a la Seguridad Social, que son las partidas que descuadran. ¿Por qué insiste Gestha en vincular la desviación con la reforma fiscal del año pasado?

El propio Gobierno cuando abordó la reforma fiscal del IRPF y de Sociedades reconoció que iba a suponer un impacto de 9.000 millones en menor recaudación. Se perdió esa cantidad y no se redujo el gasto para compensarlo, probablemente porque en 2015 había varios procesos electorales. Así que el nuevo Gobierno tendrá que afrontar recortes que repercuten siempre en el gasto social.

Gestha habla de España recauda 79.000 millones menos que si se aplicara la presión fiscal de la media pondera de la UE. ¿Considera necesario subir los impuestos?

Los últimos datos de Eurostat muestran que el desfase negativo ahora es de 60.000 millones. Gestha hace tiempo que plantea que hace falta un gran acuerdo político y social para rediseñar el Estado que queremos. La Constitución habla de un Estado social y democrático, un Estado de bienestar en el que el gasto social debería garantizarse para conservarlo o para mejorarlo.

Los datos nos dicen que estamos muy por debajo de la media de la Unión Europea por esa brecha de 60.000 millones. Estamos más cerca de los países del Este que de los nórdicos. Parece que sería necesario subir impuestos. Pero hay que matizarlo, porque hay impuestos que subir, otros que bajar, dentro de un mismo impuesto hay que ver si unos contribuyentes deben pagar más y otros menos.

Por ejemplo, casi todos los impuestos ya están en los niveles de recaudación de los niveles de antes de la crisis, pero en el Impuesto de Sociedades aún tenemos una pérdida del 60% en relación a 2007. Eso es significativo y no se corresponde con la recuperación de la actividad económica. Hay fraude, sí, pero también elusión fiscal. Los grandes grupos empresariales están pagando un tipo efectivo en el Impuesto de Sociedades del 6%, que es menos de la mitad del tipo que pagan las pymes. Y en algunos casos es porque residencian parte de sus beneficios fuera de España y lo hacen en países donde pagan muy poco o directamente nada.

El ciudadano de a pie se ha acomodado en el discurso de cuantos menos impuestos, mejor. Un discurso que ha defendido por partidos de distinto signo (Zapatero dijo eso de que bajar impuestos es de izquierdas). ¿Es tarde para hacer pedagogía sobre fiscalidad?

No es tarde, pero sí es cierto que ya ha calado mucho ese discurso de que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. Y seguro que es así para los ciudadanos que no tienen que recurrir al Estado para poder financiarse la educación o la sanidad. Pero para los trabajadores de clase media y clase baja es más complicado asumirlo. Si entendemos que ése debe ser el modelo, un Estado reducido, un Estado liberal –que no es el que contempla la Constitución-, debe recogerse en un gran pacto político. Pero lo que es imposible es la cuadratura del círculo de mantener las prestaciones sociales y el Estado del Bienestar al tiempo que bajamos los impuestos. Eso no puede ser. Hay políticos y medios de comunicación liberales que defienden reducir el Estado, y eso encaja con la defensa de la reducción de impuestos. Pero en España se suele hablar de bajar impuestos pero sin tocar el gasto social, sin reducir el Estado, y eso desgraciadamente no es posible.

Uno de los ámbitos en los que Hacienda pretende poner la lupa este año es la actividad de la economía colaborativa (singularmente la de los alquileres turísticos). ¿Es la economía colaborativa responsable de una bolsa de economía sumergida?

Las transacciones a través de internet no fomentan la economía sumergida, porque dejan rastro. Son las transacciones en que se utiliza dinero en efectivo las que la promueven, porque son muy difíciles de rastrear.

¿Por qué no es posible que Airbnb o Homeaway compartan sus datos con Hacienda?

Los nuevos modelos de negocio van siempre por delante la ley. Pero para este tipo de transacciones la Agencia Tributaria cada vez va teniendo más datos y parece que estas compañías están empezando a colaborar. Y no veo, como suele decirse, que haya un problema entre la Ley de Protección de Datos y la lucha contra el fraude.

Ésa es la gran defensa de este tipo de compañías, que no pueden facilitar datos de los miembros de sus comunidades y, por otro lado, que no pueden retener directamente los impuestos porque ellas son simples comisionistas y no efectúan el pago.

En España existe la obligación de terceros de colaborar y facilitar los datos de sus transacciones. Y estas empresas estarían en esa situación. En cualquier caso, lo que es difícil es controlar negocios que se desarrollan a través de internet y que se tratan de relaciones internacionales, porque la mayoría de estas empresas tienen residenciada su actividad en el extranjero.

La actividad pública de Gestha no es la de un sindicato al uso. Sus comunicados tienen una alta carga política y combaten los argumentarios de la cúpula de Hacienda. ¿La acción de Gestha es política?

La acción de Gestha puede ser política, pero no es partidista. Hace tiempo que nos planteamos la necesidad de mejorar las funciones de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda, y promovemos cuestiones que creemos que deben reformarse para elevar la recaudación o controlar mejor el gasto. Antes se decía que las cifras de nuestros informes generaban alarma social, pero nuestros datos están en la media de los informes nacionales e internacionales que se publican sobre fraude fiscal y otras cuestiones.

Entendemos que como servidores públicos que somos estamos obligados a intentar mejorar ese servicio público. Y eso es lo único que nos guía. No tenemos ninguna vinculación con ningún partido, somos un sindicato absolutamente independiente. Hablamos con todos los partidos del arco parlamentario.

¿Pero hay un enfrentamiento entre Gestha y el ministro Montoro?

No tenemos ningún enfrentamiento. En efecto, algunos de nuestros informes no han gustado. Pero tampoco le gustaban al Gobierno anterior.

Desde algunos ámbitos políticos y desde algunos medios de comunicaciones se vincula a Gestha directamente con Podemos.

Se publican cosas que no se corresponden con la realidad. Esto surgió fundamentalmente cuando estalló el ‘caso Monedero’. Nos preguntaron sobre la polémica acerca de que Juan Carlos Monedero no había facturado IVA, y nosotros dijimos que en operaciones de fuera de la UE no había que facturar IVA. Y se nos criticó por no criticar. Luego se nos criticó por ser cautelosos en nuestras opiniones a la espera de tener más datos sobre el caso. No salimos en tromba y se nos atacó por ello. Más tarde, también se insinuó nuestra relación con Podemos porque nos habíamos reunido con ellos antes de las elecciones, pero es que Gestha lleva años reuniéndose con todos los partidos. Por ejemplo, se nos pidió nuestra opinión sobre el acuerdo de gobierno PSOE-Ciudadanos, y la dimos: eso no significa que estemos ni con el PSOE ni con Ciudadanos. Somos independientes. Gestha siempre fue muy crítico por las actuaciones en materia de lucha contra el fraude de los Gobiernos del PSOE, y lo somos con las del Gobierno del PP. Y seguiremos igual.

¿Y existe un enfrentamiento entre técnicos de Hacienda e inspectores de Hacienda? ¿O la hay entre Gestha y la Organización de Inspectores de Hacienda?

Siempre lo ha habido. En España hay una configuración de los medios de la Agencia Tributaria que no se corresponde con la de los países de nuestro entorno. Gestha representa a los técnicos de Hacienda, que tenemos muy limitadas nuestras competencias y la posibilidad de actuación. En las inspecciones tenemos límites, y cuando se supera ese límite hay una supervisión y un visto bueno por parte de un inspector. Pero hay muy pocos inspectores, apenas unos 1.500, de los que más o menos la mitad son puestos directivos. Así que hay unos 700 inspectores de cartera, frente a los 8.000 técnicos. Es difícil que esos 700 inspectores puedan llevar a cabo todo el plan de inspección de toda España. Hay cierta rivalidad, pero lo que pedimos es que se amplíen las funciones de los técnicos en relación a las grandes empresas y el gran fraude. Existe una coincidencia en el tiempo entre la caída de denuncias de delitos fiscales y la limitación de las competencias de los técnicos al respecto.

Los inspectores advierten de que la pretensión de Gestha es que los técnicos se conviertan en inspectores sin pasar por la oposición específica, sólo por antigüedad.

Eso nunca lo hemos pedido. Lo que queremos es que se reconozcan nuestras funciones como técnicos, tener más competencias y que se nos incorpore al grupo A1 de funcionarios por las labores que desarrollamos. Se nos exige la misma titulación a inspectores y técnicos, pero hay una gran diferencia de competencias. Nunca hemos pretendido incorporarnos al cuerpo de inspectores, aunque debería haber una mayor promoción entre un grupo a otro, eso sí. No queremos ser inspectores sin oposición, como se dice.

Bueno, también hay una diferencia salarial evidente entre unos y otros.

Una diferencia muy importante, sí. Los inspectores son la élite de la Administración y tienen sueldos muy por encima del ministro, del presidente del Gobierno… No lo criticamos, pero vemos una desproporción en relación con los técnicos y el resto del personal de la Agencia Tributaria. Debería haber mayor proporcionalidad. Las diferencias en retribuciones variables son ahora aún más importantes gracias a los procedimientos de intensificación de actuaciones (PIA): los inspectores reciben suplementos de entre 8.000 y 10.000 euros al año, mientras que los técnicos supone unos 2.000 euros.

Gestha defiende que hacen falta 26.000 funcionarios más dedicados al fraude fiscal. ¿Serían todos inspectores? ¿Serían técnicos que pasan a convertirse en inspectores?

Hacen falta más efectivos en todas las funciones, pero sobre todo hacen falta más inspectores. Ahora hay unos 1.500 inspectores. Y técnicos somos 6.500 en la Agencia Tributaria y otros 1.500 en el Ministerio de Hacienda. Gestha pide duplicar los medios actuales, con otros 26.000 efectivos, para que España se acerque a los niveles de la OCDE y la UE. Los propios inspectores no quieren que haya más inspectores, porque los cuerpos de élite siempre se niegan a ampliarse.

Más info: http://sabemos.es/2016/04/cada-espanol-paga-1000-euros-mas-impuestos-por-fraude-fiscal/#ixzz46Nv95zrh
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Democracia y grandes fortunas: incompatibles

Lun, 25/04/2016 - 12:00

Daniel Raventós – Consejo Científico de ATTAC España

Sin la existencia social garantizada no hay libertad. La renta básica no es sólo una medida contra la pobreza, también es parte de una diferente configuración política de los mercados

Mucho se ha comentado en estos últimos días el nuevo informe de Oxfam sobre el aumento de las desigualdades en todo el mundo. También ha sido difundida la previsión de la OIT sobre el incremento del desempleo en los próximos años. No tan propagados son otros documentos que estudian el impacto de la mecanización-robotización-digitalización sobre el mercado laboral de los próximos años, como el informe Frey-Osborne de la Universidad de Oxford de 2013. Uno de los últimos estudios sobre este impacto, del Foro Económico Mundial, prevé que la digitalización reducirá más de 5 millones de puestos de trabajo en los próximos 4 años, hasta 2020.

Hay quien asegura que se crearán nuevos puestos de trabajo gracias a la digitalización. Y es cierto. El mismo informe mencionado del Foro Mundial lo reconoce, pero con una salvedad decisiva: la diferencia entre los destruidos y los de nueva creación será desproporcionadamente favorable a los primeros.

Inmensas desigualdades crecientes en los últimos años y previsiones de destrucción de puestos de trabajo remunerado. ¿Y el futuro? Si se continúa con la misma tendencia, no hay duda del dibujo del futuro: mayores concentraciones de la riqueza y porcentajes crecientes de la población en situación de pobreza y exclusión. Así ha venido sucediendo en los últimos años, pero a ritmo cada vez más rápido. Esta perspectiva es evidente para cualquier persona que se acerque desinteresadamente a entender la realidad. Es cierto que un porcentaje nada desdeñable de propagandistas cantan las alabanzas de las “oportunidades” que crea la nueva situación, y que “hay que mirar en positivo” y sandeces de este estilo. Por decirlo con Upton Sinclair, es difícil hacer que una persona entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Pero si dejamos al margen a este inevitable grupo, sigue en pie la afirmación de que es evidente la perspectiva de mayores desigualdades y situaciones de pobreza en el futuro.

No resulta tan evidente, por notorio contraste, el peligro mortal para la libertad de una inmensa mayoría de la población no rica que representan estas inmensas desigualdades. Porque falta de libertad –de negociación, de rechazo, de decisión– es lo que padece la persona en situación de paro a la que además se estigmatiza si cobra, suponiendo que tenga derecho, el subsidio de desempleo. Falta de libertad tiene el trabajador precario que no sabe si mañana conservará su empleo. Falta de libertad es la situación que sufre la persona en estado de pobreza (el riesgo de caer en ella en el Reino de España es de casi el 30% de la población), porque pobreza no es solamente carencia de recursos sino, siendo así como es vivida por propios y extraños en multitud de ocasiones, fracaso social. Falta de libertad, en fin, la tiene quien, según la más de dos veces milenaria tradición republicana, depende de los que tienen propiedad para poder existir socialmente. En efecto, la igualdad, la reciprocidad en el ejercicio de la libertad solamente es posible en una comunidad en que las instituciones políticas dotan a todos los miembros de la sociedad de las condiciones sociales que posibilitan su independencia material. Para el republicanismo histórico, la fuente capital de vulnerabilidad e interferibilidad arbitraria es la ausencia de independencia material. Las personas que no tienen la existencia garantizada debido a la falta de propiedades no son ciudadanos por derecho propio, sino que viven a merced de los demás. Quien no tiene la existencia material garantizada no es, no puede ser libre.

La causa fundamental de la situación a la que hacía referencia que supone y augura mayores desigualdades, más miseria material y falta de libertad a la inmensa mayoría, no es ningún misterio, si no formamos parte ni del colectivo al que se refería Sinclair, ni del colectivo marmolillo-dogmático del que se podría decir, con E.T.A. Hoffmann, que nunca “ha mirado la vida por encima del breviario a fin de conocer con exactitud qué es lo que en ella sucede”: la política económica practicada por los distintos gobiernos de casi todos los Estados del mundo. En la UE, para no alejarnos de nuestra área más cercana, la política económica practicada desde el inicio de la crisis, la llamada política de austeridad, es una elección política, no una necesidad, como decía recientemente Jeremy Corbyn. O más contundentemente aún lo expresaba Noam Chomsky: “La austeridad no es una necesidad económica en Europa (de hecho, no tiene sentido económico). Pero es una decisión política tomada por sus diseñadores a favor de sus propios intereses. Básicamente, creo que es una dimensión de la lucha de clases…”.

Muchos son ya los representantes del mismo establishment que analizan como un serio problema este estado de cosas. Porque difícil es justificar, sin hacer pasar por imbécil a casi todo el mundo, lo beneficioso que resulta económicamente que 62 ultrarricos acumulen tanta riqueza como 3.600 millones de personas. O que, aquí en el Reino de España, solamente 20 personas dispongan de 115.000 millones de euros, lo mismo que el 30% más pobre de la población, unos 15 millones de personas. El reciente Foro de Davos ha sido una muestra de lo “preocupados” que están los ricos por las grandes desigualdades del mundo. Estas desigualdades no son buenas ni para “el negocio” de los mismos oligarcas. Escuché recientemente a uno que se autodefinía con razón como un “oligarca que pertenece al 0,01% más rico”, y se quejaba de que estas inmensas bolsas de población más depauperadas impiden las perspectivas del negocio a medio plazo (por no decir a largo porque, como apuntaba Keynes, para entonces todos estaremos muertos). Más que cínico nuestro pimpante oligarca se preocupaba por las perspectivas de acumulación que tenía por delante.

Medidas para afrontar la situación se han propuesto muchas a lo largo de los últimos años. Puede establecerse una distinción entre las medidas que pretenden atacar de raíz las causas, y las medidas que se proponen para abordar las consecuencias más graves de esta situación de desigualdad y de deterioro de la libertad. Por citar solamente cinco del primer tipo de medidas que sostienen, aunque hay variaciones en las recetas, que es perentorio: 1) impedir el poder inmenso de las grandes transnacionales y de las grandes fortunas, puesto que la capacidad de que disponen para decidir la existencia material de millones de personas es un peligro para la libertad de la mayoría de las poblaciones (Louis Brandeis, juez de la Suprema Corte de EE.UU. de 1916 a 1939, lo dijo con inigualable claridad: “Podemos tener democracia o riqueza concentrada, pero no podemos tener ambas.”); 2) eliminar la evasión, fraude y elusión fiscales (haría reír si no fuera por lo que significa que las Islas Caimán hayan sido el lugar del mundo que más ha incrementado la inversión extranjera española en el último año, inversión que ha crecido en el conjunto de los paraísos fiscales un ¡2.000%! de 2013 a 2014); 3) acabar con la rebaja constante de impuestos reales (no nominales) a los más ricos; 4) acabar también con un mercado laboral legislado para beneficio de las empresas y en detrimento de la seguridad en el empleo y las condiciones laborales 5) hacer del crédito a la inversión realmente productiva un asunto de interés público.

Y también se conocen desde hace tiempo medidas que buscan paliar las consecuencias más graves de esta situación de desigualdad y de deterioro de la libertad. Se trata de medidas que, por utilizar un viejo y venerable lenguaje, podrían ser calificadas de “defensivas”. No abordan, como el primer tipo, las causas o razones principales de esta situación, lo que no quiere decir que puedan encontrarse defensores tanto de las medidas de la primera como de la segunda clase, conjuntamente. Dicho telegráficamente: “Mientras atacamos las causas, hagamos frente de forma urgente a las consecuencias más graves de la situación”.

Voy a referirme a un tipo de propuesta que es tradicional porque hace décadas que se practica con distintas variantes y en situaciones económicas y sociales diferentes, y una que es mucho más nueva.

La propuesta tradicional incluye: rentas mínimas de inserción, rentas garantizadas, ayudas a la pobreza… Claro que hay muchas diferencias entre las distintas medidas de este grupo. Pueden ser más generosas, más mezquinas, abarcar a un porcentaje de personas muy grande o, por el contrario, muy pequeño, exigir mayores condiciones… pero todas estas medidas tienen un punto en común: la condicionalidad. Condicionalidad porque hay que cumplir alguna exigencia: ser pobre, estar en el paro durante un cierto tiempo, tener algún tipo de discapacidad física o psíquica, etc.

La propuesta que es nueva, aunque relativamente porque hace ya algunos años que se está investigando y se ha puesto en práctica de forma experimental en varios lugares del mundo, es la renta básica. Una asignación monetaria a toda la población completamente incondicional.

¿Cuáles son las mayores diferencias entre la propuesta tradicional y la nueva? A la primera me referiré como PT y a la segunda como RB.

La PT, sea cual sea la variante en otros aspectos que pueda tener (no es lo mismo una renta mínima de inserción en la comunidad murciana que la más generosa de la comunidad autónoma vasca, por ejemplo), es un subsidio condicionado y eso quiere decir que se deben cumplir una serie de condiciones para tener acceso. En las elecciones del 20-D partidos como Podemos o Ciudadanos o PSOE, con algunas diferencias entre sus respectivas propuestas, presentaron en sus programas electorales ejemplos de lo que he llamado PT. La condicionalidad supone unos costes administrativos muy altos en proporción al presupuesto general de la PT. En cambio, la RB representa una simplificación administrativa envidiable, como hasta algunos de sus críticos han venido a reconocer. Resulta obvio que esta característica de la RB, la ausencia casi absoluta de costes administrativos, puede ser de vital importancia en la perspectiva de una efectiva racionalización de las políticas sociales y las políticas fiscales.

La RB se garantiza ex-ante, la PT, en caso de poder tener acceso, ex-post. Esta característica convierte la RB en una medida esencialmente preventiva de la exclusión. Sobre la PT, por razones evidentes, no se puede afirmar lo mismo.

La RB permite eludir las llamadas trampas de la pobreza y del paro. Estas trampas aparecen debido a que las cantidades monetarias de los subsidios condicionados, como es el caso de la PT, no son acumulativas (con esto se quiere señalar que son subsidios complementarios a una renta ya existente y hasta un umbral establecido). De ahí la inexistencia de estímulos muy elevados para aceptar empleos que suponen la pérdida de la PT. Hay propuestas condicionadas que, constatando este grave defecto, intentan poner algún tipo de paliativo. A diferencia de la PT, la RB no constituye un techo, sino que define sólo un nivel básico, a partir del cual las personas pueden acumular cualquier otro ingreso. Además, la RB podría ser en muchos casos un estímulo para desarrollar trabajos remunerados, mientras que los subsidios condicionados no sólo no suponen este incentivo sino que representan todo lo contrario. Extremadamente ilustrativa es la encuesta que se realizó a mediados de julio de 2015 en Cataluña por la empresa GESOP. Se preguntaba: “La renta básica es un ingreso de 650 € mensuales que recibiría toda la población como derecho de ciudadanía, que sería financiada mediante una reforma fiscal que supondría una redistribución de la renta del 20% de la gente más rica hacia el resto de la población. ¿Estaría más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con que se implantara en nuestro país?” (72,3% más bien de acuerdo, 20,1% más bien en desacuerdo y 7,6% NS / NC). De las personas que disponían de un trabajo remunerado, el 86,2% afirmaba que seguiría ejerciendo; de las personas que estaban en el paro, el 84,4% seguiría buscando un trabajo como hasta ahora. Parece que la letanía habitual que vaticina que con una RB incondicional la gente dejaría los trabajos remunerados forma parte de la fantasía y del prejuicio. Una gran parte de la gente entrevistada opinaba lo contrario. También es interesante destacar sobre esta encuesta algo relacionado con la crítica que frecuentemente se lanza contra la RB según la cual supondría una vuelta de la mujer al hogar o cosas de tenor parecido. ¿Qué dice la encuesta? De las personas que tienen empleo contestan en la encuesta comentada que lo dejaría un 3,1% de hombres y solamente ¡un 1,2%! de mujeres.

La RB, por no estar condicionada, la recibiría toda la población, como queda dicho. Y se puede financiar perfectamente. Esta característica tan distintiva de esta propuesta ha supuesto que algunas personas hayan expresado su desacuerdo con que también la reciban los ricos. Si se entiende sensatamente que tan importante es la cantidad de la RB como la forma de financiarla, se abandona este error. Que todo el mundo reciba la RB no quiere decir que todo el mundo gane como el avance del estudio de financiación de una RB para el conjunto del Reino de España a partir de casi dos millones de IRPF muestra con meridiana claridad. Para concretar más, se trataría de una redistribución de la riqueza del 20% más rico al 80% restante, resultando un índice de Gini que pasaría de ser uno de los más desigualitarios de la UE a uno de los más igualitarios.

Una consideración comparativa adicional. Si bien en condiciones de crisis y de paro masivo como en la actualidad esta razón queda debilitada, la RB permite evitar los daños psicológicos y morales vinculados a la estigmatización social del perceptor de un subsidio condicionado.

La RB no es sólo una medida contra la pobreza, es una propuesta que pretende ser parte integrante de una diferente configuración política de los mercados. También esta propuesta quiere dotar de existencia material a la población para hacer posible la libertad efectiva de todos los miembros de la sociedad. Porque sin la existencia social garantizada no hay libertad.

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Esconden su dinero en paraísos fiscales y luego lo usan para corromper nuestra democracia

Lun, 25/04/2016 - 08:00

Aditya Chakrabortty -eldiario.es/theguardian

En las últimas 72 horas nuestros políticos han experimentado un estado de pánico que no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro británico ha visto cómo salían a la luz sus secretos económicos mejor guardados. Ahora, muchos desconocidos conocen la suma que heredó de su padre y de su madre y los beneficios que le ha reportado tener su dinero en el extranjero. David Cameron ha decidido dar un paso sin precedentes y dar explicaciones sobre los impuestos que ha pagado en los últimos seis años. Los líderes de los demás partidos no han tardado en proporcionar información parecida. En el Reino Unido, donde se habla con más facilidad de un adulterio que de los asuntos tributarios, esta reacción nos deja boquiabiertos.

Sin embargo, el tema no queda zanjado. Aunque algunos comentaristas han preferido no entrar en detalles, lo cierto es que David Cameron no ha mostrado sus declaraciones de impuestos sino un informe de sus contables. Y escoger este atajo no lo sacará del atolladero. Si Jeremy Corbyn, otros destacados políticos y los medios de comunicación lo siguen atacando tan intensamente como en los últimos días, no tardaremos en conocer nuevos detalles. Downing Street no podrá encerrarse bajo llave y no indicar cuántos miembros del Gabinete tienen bienes en el extranjero: serán los propios ministros los que terminen rompiendo filas. De hecho, algunos ya lo han hecho.

Corremos el riesgo de quedar sepultados por una pila de información: una cadena interminable de declaraciones sobre quién dio qué a quién y sobre si este último lo declaró al fisco o no. Al final, lo más importante podría parecer “la gestión” y “las explicaciones” y la culpabilidad de esa persona. La situación podría interesar a todos aquellos que les gusta señalar a los demás con el dedo y desconcertar a los que están demasiado ocupados como para prestar atención a los detalles. Lamentablemente, también podría eclipsar la realidad que ha salido a la luz con esta filtración.

En el fondo, los papeles de Panamá no giran en torno a los impuestos. Ni siquiera giran en torno al dinero. Lo que realmente reflejan es la corrupción de nuestra democracia.

Como ya hacía la filtración de Luxemburgo, los papeles de Panamá nos confirman que los súper ricos han abandonado el sistema económico que todos los demás tenemos que respetar. Durante 30 años han podido ocultar sus ingresos en el extranjero y han podido diseñar un sofisticado entramado legal para no tener las mismas reglas de juego que el resto de ciudadanos.

Los paraísos fiscales solo son un reflejo de esta realidad. La deslocalización de capital da lugar a explicaciones muy técnicas pero la mejor definición que he encontrado es la del experto Nicholas Shaxson, que lo resume así: “Te llevas tu dinero a otro lugar, a otro país, para esquivar las normas y las leyes de la sociedad donde tienes tu negocio”. Cuando lo haces, privas a tu propia sociedad de la posibilidad de tener hospitales, escuelas, carreteras…

Sin embargo, los mismos que sacan su dinero de nuestro país se implican en la elaboración de las reglas del juego que nos afectan. Este 1% paga para tener un nivel de influencia política que no había tenido jamás. Piensen en los hermanos Koch, unos multimillonarios que han moldeado las elecciones presidenciales que se celebran en Estados Unidos este año.

En el Reino Unido, los responsables de los fondos de inversión y de capital privado aportaron la mitad de la financiación de la campaña del partido Conservador en 2010 y lograron que los Tories pudieran saborear la primera victoria en 18 años.

Para entender la actual erosión de la democracia debemos recordar a un economista berlinés, Albert Hirschman, un gran referente del pensamiento económico moderno. Falleció en 2012 a la edad de 97 años pero si analizamos Los papeles de Panamá a la luz de sus teorías, la conclusión final es realmente inquietante.

Hirschman indicaba que los ciudadanos que quieren mostrar su desacuerdo con el sistema tienen dos posibilidades: quejarse para cambiarlo o irse. ¿Estás harto de la escuela de tu barrio? Puedes quejarte ante el responsable del centro. También puedes sacar a tu hijo de la escuela y llevarlo a un centro privado.

En el Reino Unido y en Estados Unidos, los súper ricos han roto el razonamiento de Hirschman: han optado por irse y al mismo tiempo por quedarse y tener influencia política. Tienen un pastel libre de impuestos y se lo comen.

La información que se ha divulgado en los últimos días nos ha confirmado que David Cameron trabaja en la sucursal de los súper ricos en Downing Street. El hecho de que él pertenece al 1% está fuera de toda duda. Su padre era un importante corredor de bolsa con una fortuna en torno a los 12 millones de euros. Los periódicos hablamos con tanta frecuencia de millones de euros que es probable que los lectores no puedan hacerse una idea de su verdadero alcance. Digamos que si al dar las campanadas de fin de año recibieras un euro por segundo, tardarías unos 114 días en amasar 12 millones.

¿Qué beneficios les ha aportado invertir en las campañas electorales del Reino Unido desde 2010? Recortes de impuestos, que George Osborne los invite a su oficina y les pida su opinión sobre el impuesto de sociedades, y la tranquilidad de saber que sus aventuras en paraísos fiscales serán tratadas con la debida indulgencia.

Cuando estudiaba política me enseñaron que el Reino Unido era una democracia representativa. Sin embargo, 30 años de plutocracia nos han llevado a la era de la democracia no representativa. Salvo contadas excepciones, nuestros políticos ya no se parecen a nosotros, ni trabajan para nosotros. En el contexto de una crisis del mercado del alquiler, el viceministro de vivienda, Brandon Lewis, gestiona una cartera privada de viviendas de alquiler. Tenemos también a un ex banquero de inversión, Sajid Javid, que ahora asegura hacer lo que es mejor para la industria siderúrgica. Y tenemos a un primer ministro multimillonario que se ha comprometido a terminar con los paraísos fiscales pero que, al mismo tiempo, ha bloqueado cualquier intento real en esa dirección.

Traducción de Emma Reverter

Categorías: Alterglobalización

Obama, Merkel y la panacea universal del TTIP

Lun, 25/04/2016 - 06:00

Germán Gorraiz López – ATTAC Navarra-Nafarroa

El fenómeno de la globalización económica ha conseguido que todos los elementos racionales de la economía estén inter-relacionados entre sí debido a la consolidación de los oligopolios, la convergencia tecnológica y los acuerdos tácitos corporativos, instaurando de facto la doctrina del consumismo compulsivo en los países desarrollados, favorecido por el bombardeo incesante de la publicidad, el uso irracional de las tarjetas de plástico, la concesión de créditos instantáneos con sangrantes intereses y la invasión de una marea de productos manufacturados de calidad dudosa y precios sin competencia, provenientes de los países emergentes. Fruto de la globalización económica, las multinacionales apátridas o corporaciones transnacionales se habrían transmutado en el verdadero poder en la sombra que ejercerían el poder político en los diferentes países mediante la presión de los lobbies pero su obsesión paranoica por maximizar los beneficios, (debido al apetito insaciable de sus accionistas, al exigir incrementos constantes en los dividendos), les habría inducido a endeudarse peligrosamente en aras del gigantismo, mediante OPAS hostiles y a intensificar la política de deslocalización de empresas a países emergentes en aras de reducir los costes de producción (dado el enorme diferencial en salarios y la ausencia de derechos laborales de los trabajadores), tarea que se completaría con la implementación de los llamados TLC o Tratados de Libre Comercio entre EEUU y el resto del mundo (TTIP y TPP).

El TTIP como panacea universal

A comienzos del 2.013 comenzó su singladura el llamado Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) con el objetivo de “relanzar el intercambio de bienes, servicios e inversiones entre EEUU y la Unión Europea” y que podría atracar en puerto en el 2.017 tras culminar recientemente la UE y EEUU la últimas ronda de conversaciones. Sin embargo, aunque todos los países apoyan políticamente unas negociaciones que deberían finalizar para principios del 2017 y que en teoría tan sólo implican la eliminación de aranceles, la normativa innecesaria y las barreras burocráticas, en la práctica estarían plagada de escollos, como la normativa alimentaria y fitosanitaria. Así, entre los principales escollos para conseguir un acuerdo satisfactorio para las dos partes, estaría la normativa de la UE que prohíbe la utilización de hormonas y limita las autorizaciones de organismos genéticamente modificados (OMG) amén de las reglas de trazabilidad y etiquetado, las tarifas agrícolas y las denominaciones de origen en el sector agroalimentario. A ello se sumaría el sector financiero ( la FED ha pedido expresamente que no se incluya dicho sector en la ronda de negociaciones), el gas natural ( la UE quiere eliminar todo tipo de restricciones a su libre exportación) y finalmente el escollo del ‘Buy American Act’ , barrera proteccionista impuesta en 1933 en EEUU que blinda “de facto” los mercados públicos estadounidenses a los inversores extranjeros para las contrataciones públicas (se estima que los mercados de EE.UU. únicamente están abiertos en un 32%, mientras que en Europa lo están en un 85%).

Las trampas del TISA y el ISDS

En la letra pequeña de dicho Tratado aparece la introducción de la claúsula ISDS de resolución de conflictos entre Inversor y Estado en los acuerdos, cláusula que limita seriamente la capacidad de los Estados para luchar contra la crisis financiera y económica (las multinacionales estadounidenses podrían utilizar el ISDS para desafiar las regulaciones de la UE destinadas a proteger al público y al medio ambiente y demandar a los gobiernos europeos y así maximizar sus beneficios) así como del llamado Consejo de Cooperación Regulatoria, lo que supondría según Sol Sánchez, coordinadora general de ATTAC España que “estos tratados estarían para siempre en crecimiento y no sólo se interpondrían con las leyes futuras sino que además podrían reformar las ya existentes en los Estados firmantes, en suma, un verdadero gobierno directo de las Corporaciones”. La Eurocámara no puede negociar ni incorporar enmiendas al tratado pero habría elaborado su propia opinión, reflejada en el Informe Lange que habría sido aprobado por liberales,socialistas y populares tras pactar una enmienda que dice que el arbitraje incluido en el TTIP será un sistema “no discriminatorio” con las empresas locales o extranjeras del que formen parte “jueces independientes” y que “no anteponga los intereses privados a los públicos”. Asimismo, habría introducido otra resolución para mantener los niveles de protección existentes para los trabajadores europeos basada en una resolución que obliga a Estados Unidos a respetar los estándares laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), resolución que sólo sería papel mojado pues en breve la Eurocámara podría aprobar el TISA (el llamado TTIP de servicios) que apuesta por abrir los mercados nacionales europeos a países como Taiwan, Hong Kong , Corea del Sur y posiblemente China que no han suscrito los 8 Convenios fundamentales con la OIT ( entre ellos los relativos a libertad sindical, defensa del trabajo digno o convenios colectivos), lo que podría tener como efecto colateral el finiquito de las normas laborales reconocidas individualmente por los 28 países de la UE.

Obama presiona a Merkel para aprobar el TTIP

Francia y Alemania ya expresaron serias reservas a la Comisión ante algunos precedentes en los que las multinacionales han impuesto sus criterios frente a los legisladores gracias a estos sistemas de resolución de conflicto inversor-Estado (en inglés, ISDS) y dado que el euro-Parlamento tiene potestad para tumbar todo el TTIP una vez hayan concluido las negociaciones, no sería descartable en el 2017 el rechazo de la mayoría europarlamentaria a la aprobación de dicho Tratado debido a una tardía reafirmación de la soberanía europeísta por parte franco-alemana coadyuvada por los efectos colaterales de la imposición de sanciones a Rusia. Así, el retorno al endemismo recurrente de la Guerra Fría entre EEUU-Rusia tras la crisis de Ucrania y la mutua imposición de sanciones entre UE-Japón-EEUU por un lado y Rusia por el otro, marcarían el inicio del ocaso de la economía global y del libre comercio, máxime al haberse demostrado inoperante la Ronda Doha (organismo que tenía como objetivo principal de liberalizar el comercio mundial por medio de una gran negociación entre los 153 países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y haber fracasado en todos sus intentos desde su creación en el 2011.

Caso de fracasar las negociaciones para implementar el TTIP, asistiremos a la imposición por parte de EEUU y la UE de medidas proteccionistas (Fomento del Consumo de Productos nacionales) en forma de ayudas para evitar la deslocalización de empresas, subvenciones a la industria agroalimentaria para la Instauración de la etiqueta BIO a todos sus productos manufacturados, elevación de los Parámetros de calidad exigidos a los productos manufacturados del exterior y la imposición de medidas fitosanitarias adicionales a los productos de países emergentes, lo que obligará a China, México, Brasil e India a realizar costosísimas inversiones para reducir sus niveles de contaminación y mejorar los parámetros de calidad, dibujándose un escenario a cinco años en el que se pasaría de las guerras comerciales al proteccionismo económico, con la subsiguiente contracción del comercio mundial, posterior finiquito a la globalización económica y ulterior regreso a los compartimentos estancos en la economía mundial.

Categorías: Alterglobalización

El sistema es un paraíso

Dom, 24/04/2016 - 12:00

Ana Tudela ctxt.es

Los capitales ocultos en territorios ‘offshore’ equivalen al 10% del PIB mundial. El camino para frenar la sangría financiera pasa por no reconocer la personalidad jurídica de los implicados. ¿Por qué no se hace? “Porque no se quiere”

La boca del logo

“El 26 de octubre de 1932, el comisario Barthelet desembarca violentamente en un apartamento de la calle Trémoïlle, en el barrio de los Campos Elíseos. En esta sucursal parisina del Banco Comercial de Basilea se encuentra con un senador, 245.000 francos en efectivo, francos suizos, un directorio, un libro de caja y diez cuadernos con más de dos mil nombres: los de los defraudadores fiscales que recurren a la banca suiza para eludir el pago del 20% sobre la renta de los depósitos colocados en el extranjero. (…) El rumor se extiende rápidamente y la prensa empieza a buscar los nombres que constan en los cuadernos. (…) Días más tarde, el diputado socialista Fabien Albertin pide la palabra al presidente de la Asamblea Nacional. Dice tener en su poder una copia de la lista de los cuadernos. (…) Va desgranando los nombres de los defraudadores más conocidos. No hay entre ellos uno sino tres senadores. (…) Hay una docena de generales, magistrados, dos obispos. (…) Aparecen también directores de grandes periódicos (…), sin olvidar a los grandes patronos de la industria. El diputado socialista subraya que, según los funcionarios de Hacienda y personal de la banca con los que se ha reunido, el fraude alcanzado podría superar al año los cuatro mil millones de francos (de entonces)”.  (Los paraísos fiscales, Christian Chavagneux y Ronen Palan).

El descubrimiento de aquella lista, que tuvo lugar gracias a un chivatazo, puso en cuestión la vulnerabilidad del secreto bancario suizo. Lejos de modificar sus prácticas, los riesgos que aquello podía suponer para la captación de capitales por parte del país helvético fueron la causa principal de que la ley bancaria suiza de 1934 convirtiese en delito criminal, castigado por el derecho penal, la entrega de información de clientes por parte de un empleado de una entidad bancaria. Así lo demuestran las investigaciones de Sébastien Guex y Peter Hug, que niegan la versión suiza, ya muy cuestionada, según la cual el secreto bancario se reforzó para proteger los bienes de judíos perseguidos por la Alemania nazi.

Tres cuartos de siglo después, en 2010, un técnico informático del banco HSBC en Ginebra, Hervé Falciani, huía a Francia con la información de más de 100.000 clientes y 20.000 sociedades offshore (extraterritoriales) que habían elegido la nación helvética para poner a buen recaudo su riqueza. En noviembre de 2015, Falciani era condenado a cinco años de prisión por un tribunal suizo (ante el que no se presentó), no por vulneración del secreto bancario, delito del que fue absuelto, pero sí por espionaje económico. Todo ello a pesar de haber facilitado información a gobiernos europeos que pudieron demostrar la existencia de fraude fiscal y recuperar dinero perdido para sus arcas públicas.

Desde la lista de 1932 a nuestros días, los ciudadanos no han dejado de llevarse las manos a la cabeza cada vez que se abre un roto que enseña las tripas del sistema, que muestra el doble fondo por el que circula una ingente cantidad de dinero, puesto al abrigo de las normas que obligan al resto a aportar una parte de lo que se gana a la caja común. Falciani,OffshoreLeaksLuxLeaks. Evasión fiscal. Paraísos. Tras la indignación ciudadana, han venido los golpes en la mesa de los políticos, las grandes declaraciones, el anuncio de medidas siempre contundentes, siempre definitivas. Una y otra vez. Poco duran sus efectos. Los paraísos fiscales son parte del sistema desde hace ya décadas y el sistema los protege. Incluso cuando el cerco parece ineludible, se deja margen al capital para cambiar de rumbo o de estrategia mientras se persigue a los que ayudaron a destapar el engaño y se aprueban normas que ayuden a taponar la próxima fuga de información. Luxemburgo denunció al periodista de la televisión pública francesa France 2 Edouard Perrin por ser el primero que desveló los documentos de la consultora PwC que recogían los acuerdos del Gran Ducado con más de 300 empresas para minimizar su factura fiscal. El Parlamento Europeo acaba de aprobar una directiva sobre secretos comerciales a la que se le ha colado una nada inocente declaración de guerra a quienes filtran información y a quienes la difunden, los periodistas, como ha denunciado Xnet.

Entretanto, las medidas anunciadas para combatir el fraude suelen quedar en fuegos de artificio. Incluso la revolución que supuso a principios de siglo la decisión de la OCDE de elaborar listas negras con los nombres de los territorios considerados opacos, que dio lugar a una lista de 35 jurisdicciones offshore hecha pública en el año 2000, perdió toda su fuerza desde la llegada al Gobierno de EE.UU. de George W. Bush. Hoy de aquella lista no queda ni un país. No hay territorios fiscalmente opacos para la OCDE. ¡Aleluya!

La Tax Justice Network hacía público, en julio de 2012, un estudio firmado por James S. Henry titulado The Price of Offshore revisited. Considerado por los expertos una de las mejores aproximaciones al fenómeno del circuito alternativo del capital, según este informe, el valor de los capitales ocultos en territorios offshore se situaba entonces en una horquilla entre 21 y 32 billones de dólares. No billones anglosajones, billones de los de doce ceros, el equivalente al doble del PIB de Estados Unidos y a la décima parte del PIB mundial.

En el año 2009, en aquella famosa reunión del G20 celebrada en Londres en busca de la refundación del capitalismo tras la quiebra de Lehman Brothers, el primer ministro británico Gordon Brown declaraba: “Estamos listos para aplicar sanciones en orden a proteger nuestras finanzas públicas y sistemas financieros. La era del secreto bancario ha terminado…”. Luego vino OffshoreLeaks, LuxLeaks, la lista Falciani…

El 3 de abril de este año, el mundo empezaba a conocer la información procedente de la mayor filtración de la historia del periodismo: 2,6 terabytes llegados al Süddeutsche Zeitung y compartidos por este con elConsorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) procedentes de un único despacho radicado en Panamá: Mossack Fonseca. Más de 11 millones de documentos revisados por casi 400 periodistas de 76 países alumbraban el mayor ejemplo de periodismo colaborativo conocido hasta ahora y desembocaban en los llamados Panama Papers, los Papeles de Panamá, desvelados en España en exclusiva por El Confidencial y La Sexta.

No se puede negar su efecto. Ya se han llevado por delante, entre otros, al primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, y, en España, al ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria. Artistas, políticos, empresarios de todo el mundo han salido en los papeles como si todo el circuito del capital tuviese conexión con Mossack Fonseca. ¿Cómo pueden cruzarse en los archivos de un único despacho miembros de la Casa Real, famosos espías muertos y resucitados, asesores fiscales de tramas como la Gürtel, premios Nobel, mandatarios mundiales?

La respuesta es que en la ecuación de la evasión fiscal, en ese otro circuito por el que discurre el dinero en el mundo mientras los ciudadanos de a pie siguen enchufados al Fisco sin más opción que alimentar matrix, siempre están los mismos: los principales bancos, las grandes consultoras, abogados, asesores. La estrategia también se repite, la creación de sociedades en paraísos fiscales cuya actividad es ficticia para ocultar la identidad de los propietarios del dinero y/o su origen, la derivación bajo esa careta del patrimonio a bancos de países que protejan el secreto bancario y los pactos secretos con gobiernos de normas que mejor se adecúen a los intereses de sus clientes. Esto es un entramado mundial y la historia dice que no hay intención seria de luchar contra él.

Las señas del paraíso

¿Qué es un paraíso fiscal? “Un territorio en el que no se pagan impuestos o muy pocos y no da información”, resume José María Peláez, inspector de Hacienda experto en blanqueo de capitales. Son “jurisdicciones o territorios con baja tributación; plena opacidad, con garantías de confidencialidad y que impiden rastrear el origen de los fondos”, explica Marta González, subdirectora del gabinete de estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF). González distingue los paraísos de los centros financieros offshore, que se asimilan a los primeros en la baja tributación, la opacidad (basada en su caso en el secreto bancario) y la imposibilidad de rastrear el origen de los bienes, pero “que se dedican como actividad principal a la actividad financiera”.

El libro de Chavagneux y Palan eleva a diez los criterios para reconocer cuándo se está ante un paraíso para el capital: “Nivel de tributación bajo o nulo para los no residentes; secreto bancario reforzado, incluyendo la obligación por ley de no revelar a sus propios gobiernos ni el origen del dinero ni el nombre de los clientes; secreto profesional ampliado, lo que significa que abogados, contables y cualquier empleado está sometido a estrictos controles reglamentarios para mantener la confidencialidad; procedimiento de inscripción laxo, con la posibilidad incluso de crear sociedades con títulos al portador que oculten completamente la identidad del propietario; libertad total de movimientos de los capitales internacionales; rapidez de ejecución, como la posibilidad de crear y tener en funcionamiento una sociedad en 24 horas; apoyo de un gran centro financiero, porque el dinero no se queda normalmente mucho tiempo en el paraíso fiscal sino que está en tránsito; estabilidad política; buena imagen de marca, y una red de acuerdos bilaterales para evitar la doble imposición”.

Lo primero que nunca ha interesado ha sido hacer evidente qué se considera y qué no paraíso fiscal. La prueba son los diferentes listados de paraísos de los organismos supranacionales, las áreas económicas o los distintos países. Mientras la lista de paraísos de la OCDE se ha quedado vacía, países como Panamá siguen siendo considerados paraísos fiscales para Francia y han dejado de serlo para España. La explicación es sencilla. Según los parámetros de la OCDE, firmar 12 acuerdos de intercambio de información o comprometerse a firmarlos sirve para salir de la lista negra. No hay más que echar un vistazo a los territorios que han firmado el acuerdo con Mónaco para entender cómo logró el Principado completar la docena de socios que lo sacaron de la lista: Andorra, Austria, Bahamas, Bélgica, EE.UU., Francia, Liechtenstein, Luxemburgo, Catar, Samoa, San Marino y Saint Kitts.

La OCDE, hasta hace bien poco, se ha limitado a recomendar intercambios de información, e incluso ha alentado que estos no sean automáticos. Al contrario, cuanto más individualizados y justificados, mejor. Esto ha llevado a que se generalicen acuerdos de intercambio en los que no se admiten las llamadas “expediciones de pesca”, la petición masiva de datos en busca de capitales evadidos. Hay que solicitar datos concretos y por delitos concretos. En los paraísos fiscales, lo normal es que el delito fiscal no exista. Así ocurre en Panamá o en Andorra, explica José María Peláez, territorios ambos que han firmado acuerdos con España de intercambio de información gracias a los cuales han salido de la lista de paraísos de este país. En ambos casos, el acuerdo se cerró basándose en el estándar de intercambio de información que recomienda la OCDE, es decir, se “piden las pruebas de que hay delito cuando lo que precisamente se les pide es información para demostrar si lo hay”, comenta Peláez. Al no existir el delito fiscal, no sirve aludir a la existencia de pruebas de fraude fiscal y “Andorra exige que se le justifique que hay indicios de blanqueo o de corrupción. En la práctica resulta muy difícil que te den la información. Estos territorios tienen muy interiorizado el secreto bancario. Y como dan la posibilidad al interesado de recurrir la solicitud de información, pueden pasar de dos a cuatro años hasta que dicho recurso se resuelva”.

Teniendo en cuenta, como comenta Peláez, que “cuando se utilizan paraísos fiscales no suele usarse uno solo, sino que se teje una red de sociedades que actúa en varios”, obtener la información que permita amarrar un caso se convierte en una tarea muchas veces titánica.

“La OCDE ha defendido en los últimos tiempos que se tienda a un intercambio de información multilateral y automático, pero cuya entrada en vigor no se espera hasta 2017 o 2018. Están dando dos o tres años de ventaja a los patrimonios y empresas para que se organicen”, añade este inspector de Hacienda y experto en blanqueo de capitales.

Los paraísos están en la Castellana

Una vez tejida esta red de oscurantismo y aceptadas sus normas para darle incluso aspecto de buenas intenciones, ya pueden actuar los grandes protagonistas de la trama mundial de los paraísos fiscales: los intermediarios. “Los paraísos fiscales están en el paseo de la Castellana”, dijo hace muchos años el fiscal Anticorrupción Luis Pastor. Los gigantes mundiales de la banca, las grandes consultoras, asesores fiscales, despachos de abogados son la puerta a ese doble fondo del circuito del dinero que escapa al pago de impuestos pero que, no hay que olvidarlo, se basa en una opacidad idónea para ocultar todo tipo de delitos. No es de extrañar que determinados nombres aparezcan en todas las fiestas.

El periodista económico Nicolas Cori, de origen galo, ya explicaba en 2005 en su libro De la grandeza al abismo el uso de sociedades radicadas en paraísos fiscales en los principales escándalos financieros de principios de siglo y la implicación en los mismos de los grandes bancos internacionales. Cerca de 800 firmas ubicadas en diversos paraísos fiscales sirvieron para ocultar la caja B de Enron. Parmalat utilizó firmas radicadas en Delaware y en las Islas Caimán; mientras Worldcom hizo lo propio con compañías basadas en Delaware y Bermudas. No lo hicieron solos. Citigroup se vio involucrado tanto en el escándalo Enron como en el de Parmalat; el Chase Manhattan, en Enron; Société Générale, en el caso Vivendi.

Como explican Daniele Grasso y Eduardo Segovia en uno de sus artículos de El Confidencial en el marco de la investigación de los Papeles de Panamá, no es casualidad que aparezcan relaciones de todo tipo entre la información que destilan los papeles del despacho Mossack Fonseca. Con los mimbres creados por el circuito del dinero, la operativa siempre es similar. La investigación de OffshoreLeaks descubrió la creación de más de 100.000 sociedades domiciliadas en Islas Vírgenes, Caimán, Cook y Singapur con la mediación de BNP Paribas y Credit Agricole. La lista Falciani, procedente del banco HSBC, incluía alrededor de 3.200 empresas creadas en Panamá, muchas de ellas  a través del despacho Mossack Fonseca. En los Papeles de Panamá figuran más de 500 bancos de todo el mundo que ayudaron a crear aproximadamente 15.000 sociedades en paraísos fiscales a través del despacho panameño, incluidos los gigantes españoles Santander, BBVA y el Sabadell.

No son solo bancos, también los asesores fiscales. David Fernández, también en El Confidencial, detalló la aparición del asesor fiscal, dueño del despacho Rhône Gestion y testaferro Arturo Fasana en los Papeles de Panamá. Su nombre aparece relacionado con 108 empresas creadas por Mossack Fonseca (76 con domicilio en las Islas Vírgenes y el resto en Panamá), de las que ocho tienen relación con España, incluidas las que abrió Fasana para que pudieran ocultar su botín imputados de la Gürtel, caso por el que él mismo está siendo investigado. Un ejemplo es la empresa Golden Chain Properties, creada por Fasana en Panamá en 2005, utilizada por Francisco Correa (el presunto cerebro de la Gürtel) y titular de una cuenta en el HSBC de Suiza. O Telpy Associates Incorporated, también en Panamá y titular de otra cuenta en Suiza, esta vez abierta en Credit Suisse.

En la Operación Ballena Blanca, llevada a cabo en Marbella en 2005, se desarticuló una red de más de mil sociedades con sede en Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas, creadas con un despacho de Marbella apoyado en tres notarías y utilizadas para blanquear capitales procedentes del narcotráfico, el tráfico de armas o la prostitución mediante inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol.

Según un artículo de Rafael Méndez, los papeles de Panamá delatan la participación de despachos de abogados en Madrid, Barcelona o Marbella que ya se han visto implicados en asuntos de blanqueo de capitales (como Feliú, De Miguel y Del Valle) en la creación de sociedades en territorios opacos. De nuevo, la sociedad se creaba con Mossack Fonseca con la mediación del despacho español con sede no necesariamente en Panamá, sino en otro paraíso, mientras los fondos permanecían generalmente en bancos en Suiza.

Mención especial merecen las grandes auditoras y consultoras mundiales. El caso Enron se llevó por delante a Arthur Andersen, pero aquello no sirvió para mucho más que para crear otro gigante de la consultoría: Deloitte, cuyo nombre aparece junto al resto de las Big Four (PWC, KPMG y EY) en el marco de la investigación del llamado caso LuxLeaks, liderada también por ICIJ y desvelada en España por El Confidencial. Estas cuatro grandes firmas de auditoría crearon los esquemas que sirvieron a más de 300 multinacionales para desviar sus beneficios a Luxemburgo y reducir al mínimo su factura fiscal (en muchos casos por debajo del 1% de las ganancias) merced a acuerdos secretos cerrados con el Gran Ducado, los llamados tax rulings. Entre las firmas beneficiadas de este esquema se incluyen nombres tan conocidos como Pepsi, Amazon, Disney, Burberry, Ikea y Skype.

Las fórmulas para llevarse a Luxemburgo el beneficio generado en el resto de países, antes de pagar los correspondientes impuestos en dichos países, son viejas conocidas de la planificación fiscal. Si la compañía de Luxemburgo es la dueña de las filiales en el resto de países europeos, puede llevarse sus ganancias en forma de dividendo sin que se les practique retención allí donde se generó el beneficio. La matriz luxemburguesa puede igualmente realizar préstamos a las filiales de otros países, que devolverán el dinero con intereses, reduciendo de ese modo su beneficio.

En lo que a fortunas individuales se refiere, la directiva europea del ahorro (2003/48/EC) no ha hecho sino remar a favor de la metástasis societaria en torno a paraísos fiscales y con ello del florecimiento del negocio que opera a su alrededor, un aumento que se observa en los papeles de Mossack Fonseca con el incremento de creación de sociedades a partir de 2005. Aunque la norma pretende que las rentas se sometan al gravamen del Estado de residencia del titular de una cuenta, esté donde esté el banco al que pertenece, dicha norma se limitó en un principio a las personas físicas. Los titulares individuales no tardaron en desaparecer de las cuentas para abrir otras a nombre de sociedades. Algunos países pactaron un régimen transitorio por el que daban un porcentaje de los intereses generados a los países de residencia de los clientes a cambio de no desvelar su identidad. La Unión Europea ha logrado que finalmente desaparezca este régimen transitorio en todos los países, incluida Austria, que luchó con uñas y dientes. “La banca privada, los despachos internacionales, etc. han ofrecido rápidamente una solución: poner el dinero a nombre de una sociedad offshore, una empresa con sede en un paraíso fiscal. Y se acabó el problema”, comenta José María Peláez.  “Van siempre por delante de la normativa”, añade.

Mil obstáculos y un rayo de esperanza

Los paraísos fiscales no surgen porque sí, nacen por decisión de sus gobiernos, que adoptan una serie de medidas para atraer capital foráneo, y siempre en oposición a las normas de otro u otros  territorios, sirviendo como válvula de escape al capital generado en ellos. Los paraísos son parásitos enganchados a un circuito que les sería en principio ajeno, del que beben y gracias al cual engordan hasta hacerse parte de él.

El príncipe Carlos III de Mónaco no autorizó de forma espontánea los juegos de azar en el Principado allá por el siglo XVII, sino para aprovechar que el rey Luis Felipe los había prohibido en Francia. Delaware tampoco surgió como paraíso fiscal en medio de Estados Unidos como un champiñón. Aconsejado por un grupo de abogados neoyorquinos, este Estado decidió en 1898 aprobar una ley fiscal basada en otra norma ensayada en Nueva Jersey, según la cual se ponía tope a la recaudación de impuestos de las empresas que se estableciesen en su suelo. La intención era atraer a algunas de las muchas firmas que habían establecido su sede en la vecina Nueva York. El aluvión de compañías que acudieron a registrar su sede social en Delaware, así como en otros Estados de EE.UU., ha llegado hasta nuestros días y no hay dirigente político estadounidense que se atreva a meterle mano a ese modelo. Al contrario. Delaware atrae capital de cualquier parte del mundo y eso se considera una buena noticia.

Si los teóricos damnificados, los Estados que dejan de recibir los impuestos que les corresponderían, permiten este juego es porque conviene a sus dirigentes políticos y sobre todo a los poderes fácticos, capitaneados por la gran banca, los fondos, las grandes empresas, etc. “La novedad de los Papeles de Panamá es que hayan aparecido mandatarios de primera línea a nivel mundial. Siempre he dicho que lo que faltaba para tomar medidas que acabasen con los paraísos fiscales era voluntad política y esta investigación ha demostrado por qué no les interesa tirar de la manta”, comenta Peláez.

“Hay intereses creados tan grandes que será difícil erradicarlos”, comenta Marta González, de AEDAF. “Cada vez hay más convenios de libre imposición con intercambio automático de información pero siempre quedarán pequeños reductos que no querrán pasar por esas reglas”, añade. El negocio es demasiado abultado. “Mantener actividad en un centro offshore cuesta en intermediarios entre 10.000 y 15.000 euros al año. Tener una cuenta en un paraíso fiscal con origen legítimo del dinero y cumpliendo con las obligaciones fiscales en el país de residencia no es delito, pero gastarse ese dinero para montar una estructura societaria lleva a imaginar cuál es la finalidad”.

“Qué efectividad tiene que Panamá empiece ahora a facilitar información a raíz de los Panama Papers si la sociedad sobre la que se le piden datos está en las Islas Vírgenes y no se sabe quién está detrás”, comenta Peláez. “O se toman medidas coercitivas con voluntad internacional o esto no acabará en la vida. De las 35 empresas del Ibex, 34 tenían filiales en paraísos fiscales según los estudios del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa. Delaware tiene 285.000 sociedades domiciliadas en una única oficina en una de todas sus calles. Hay millones de sociedades con sede en paraísos fiscales. Hay que actuar contra todos los que intervienen en esta industria: las entidades financieras, los despachos intermediarios, los países”.

¿Cómo? A pesar de su filosofía, de sus prácticas y de albergar en su territorio paraísos fiscales, Estados Unidos ha mostrado el camino. Su normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y especialmente la versión que pactó con Suiza para obtener información del patrimonio de residentes estadounidenses en entidades del país helvético es la prueba. Los bancos suizos no tuvieron mucha opción. O colaboraban o perdían la licencia para operar en EE.UU. Eso defienden desde la Inspección de Hacienda en España. “A quien se pille operando con paraísos fiscales se le retira la licencia bancaria o se expropia el banco. Igualmente, hay que dejar de reconocer la personalidad jurídica de sociedades con sede en un territorio offshore. De ese modo, cuando una de esas entidades pretenda comprar, por ejemplo, una empresa hotelera en España, el notario no podrá dar fe de la operación y no se realizará”.

¿Por qué no se hace? “Porque no se quiere”.

 

Categorías: Alterglobalización

El Sistema de Tribunales de Inversiones puesto a prueba

Dom, 24/04/2016 - 08:00

La nueva propuesta europea perpetuará los ataques de los inversores a la salud y el medio ambiente
19 Abril 2016
Report

Autores
Natacha Cingotti, Pia Eberhardt, Nelly Grotefendt, Cecilia Olivet, Scott Sinclair
Editores

Helen Burley
In collaboration with
Canadian Centre for Policy Alternatives, Friends of the Earth Europe, Corporate Europe Observatory (CEO), German NGO Forum on Environment and Development
Projectos
Comercio e Inversiones

Resumen ejecutivo

En otoño de 2015, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, presentó una propuesta para garantizar amplios derechos a los inversores extranjeros en todos los futuros acuerdos comerciales de la Unión Europea (UE). La propuesta llegó en un contexto de creciente preocupación popular por la inclusión del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS por su sigla en inglés) en acuerdos comerciales comunitarios como la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) entre la UE y los Estados Unidos, y el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la UE y Canadá. Este mecanismo, que se aplica a muchos tratados internacionales de comercio e inversión vigentes, ha propiciado un auge de controvertidas demandas interpuestas por grandes empresas contra Estados que han adoptado medidas reguladoras para proteger la salud pública, el ambiente o el interés público.

La Comisión Europea ha asegurado que, con su nuevo enfoque para la protección de inversiones — descrito en su propuesta de Sistemas de Tribunales de Inversiones (ICS por su sigla en inglés) planteada durante las negociaciones para el TTIP—, “protegeremos el derecho de los gobiernos a legislar y garantizaremos que las diferencias en materia de inversión se resuelvan en plena conformidad con el Estado de Derecho”. Por otro lado, miembros de la Comisión han prometido que algunos de los casos más extremos que se han dado en el marco del ISDS, y que se han convertido en símbolo de las injusticias de este mecanismo, no podrían ser posibles al amparo del nuevo sistema ‘reformado’.

Este informe pone a prueba esa promesa mediante el análisis de cinco de los casos ISDS más polémicos y emblemáticos de los últimos años.
Entre ellos, están:

  • Philip Morris contra Uruguay, por la introducción de advertencias gráficas en las cajas de cigarrillos y otras medidas de control del tabaco para fomentar la salud pública;
  • TransCanada contra los Estados Unidos, por la decisión del presidente Barack Obama de no aprobar el oleoducto Keystone XL como parte del compromiso de su país para luchar contra el cambio climático;
  • Lone Pine contra Canadá, por una moratoria cautelar sobre el fracking promulgada en la provincia de Quebec;
  • Vattenfall contra Alemania, por que la ciudad de Hamburgo impuso una serie de normas ambientales sobre el uso del agua en una central eléctrica de carbón;
  • Bilcon contra Canadá, por una evaluación de impacto ambiental que impidió la construcción de una gran cantera y una plataforma marina en una zona costera ecológicamente sensible.

Nuestro objetivo era evaluar si estos casos ya no podrían prosperar en el marco del Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS) para entender si este representa un cambio importante con respecto a las desigualdades que imperan actualmente en el arbitraje ISDS. O bien si, como afirman muchos expertos jurídicos y activistas de la sociedad civil, el ICS no es más que un ejercicio de maquillaje por parte de la Comisión Europea.

Un análisis detallado de cada caso evaluado con respecto a las normas propuestas demuestra que todas y cada una de estas controvertidas demandas aún se podría presentar y probablemente prosperaría con el ICS. El nuevo enfoque no contiene ningún elemento que impida a las empresas impugnar las decisiones que adopten los Gobiernos para proteger la salud y el ambiente. Y nada que impida a los árbitros resolver los casos a favor de las empresas, ordenando a los Estados que paguen miles de millones de dinero de los contribuyentes en concepto de indemnización por unas medidas públicas legítimas.

En resumen: puesto a prueba, el Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS) no podría evitar la interposición de ninguna de estas polémicas demandas.
El informe, además, también concluye que:

  • 1. El uso que hace la Comisión Europea de conceptos tan amplios y vagos como “arbitrariedad manifiesta” y “trato justo y equitativo” sigue dejando la puerta abierta a que las grandes empresas demanden a los Estados ante tribunales de arbitraje, igual que con el actual sistema ISDS.
  • 2. Muchas de las nuevas limitaciones y los calificadores en la propuesta de la Comisión Europea, como la afirmación del derecho de los Gobiernos a legislar, están pobremente definidos y abiertos a interpretación.. La carga de la prueba recae sobre los Gobiernos, que deben demostrar que las medidas que han adoptado eran “necesarias”, “no discriminatorias” y perseguían unos objetivos “legítimos”. En cada uno de los cinco casos examinados, las grandes empresas ya han argüido que las regulaciones de los Gobiernos eran ilegítimas, arbitrarias, excesivas y discriminatorias (aunque no hubo discriminación por motivos de nacionalidad) y podrían hacer lo mismo en el marco de un Sistema de Tribunales de Inversiones.
  • 3. Más que limitar unas demandas extremas, el ICS de hecho abre la posibilidad a que se interpongan más demandas de arbitraje porque, a diferencia de lo que sucede en los tratados existentes, introduce explícitamente el concepto de “expectativas legítimas” de los inversores. En los cinco casos estudiados, los inversores manifestaron que sus expectativas legítimas se habían vulnerado. De acuerdo a la propuesta, un inversor solo puede argüir una violación de las “expectativas legítimas” si van precedidas de “una representación específica” del Estado, pero esta limitación está formulada de forma tan imprecisa que podría aludir a cualquier medida, acción o incluso indicación verbal de un funcionario del Gobierno que, según el inversor, le haya inducido a realizar o mantener una inversión.
  • 4. El derecho a indemnizar a los inversores por la pérdida de beneficios (futuros) no desaparece, lo cual incrementa la posibilidad de que se repitan casos como la exorbitante demanda de TransCanada, que está exigiendo 15.000 millones de dólares en concepto de daños por un oleoducto no construido. Con el ICS, la única excepción que impide específicamente a los inversores obtener una indemnización es sobre asuntos relacionados con las ayudas estatales, pero no con respecto a ninguna otra política pública, lo cual pone de manifiesto que nunca se ha tenido la verdadera intención de proteger otras medidas normativas de unos laudos que alcanzan cifras astronómicas.
  • 5. Con el Sistema de Tribunales de Inversiones, la interpretación de los amplios derechos otorgados a las grandes empresas y los vagos calificadores seguirá dependiendo de adjudicadores con fines de lucro, que no cumplen con los requisitos de unos jueces públicos e independientes. A estos adjudicadores se les pagará por caso y las lagunas en los requisitos de conflictos de interés de la UE permitirán que el mismo grupo tendencioso de árbitros corporativos sigan formando parte de paneles de arbitraje. Jueces europeos también han determinado que las propuestas del ICS no cumplen con las normas mínimas relativas a los cargos judiciales establecidas en la Carta Magna de los Jueces Europeos o en otros textos internacionales relevantes sobre la independencia de los jueces.

El hecho de que cada uno de estos controvertidos casos aún podría prosperar en el marco del denominado enfoque ‘reformado’ sugiere que la Comisión Europea no ha escuchado a los millones de europeos y europeas que han exigido que se ponga fin a los privilegios injustos de los que gozan las grandes empresas. La solución de controversias entre inversores y Estados —se llame como se llame— es un mecanismo no democrático, peligroso, injusto y unilateral. Es hora de que la Comisión Europea acabe con sus ejercicios de maquillaje y relaciones públicas, y trace un camino hacia la justicia comercial deshaciéndose del arbitraje privado de una vez por todas en el TTIP, el CETA y todos los demás acuerdos comerciales de la UE.

Publicado por Canadian Centre for Policy Alternatives, Corporate Europe Observatory, Friends of the Earth Europe, Forum Umwelt und Entwicklung y el Transnational Institute

Descargar:

Sistemas de Tribunales de Inversiones puesto a prueba – Resumen ejecutivo(pdf, 651.24 KB)

Informe completo en inglés: Investment Court System put to the test(pdf, 440.22 KB)

Resumen ejecutivo en inglés – Investment Court System put to the test – Executive Summary(pdf, 170.58 KB)

Resumen ejecutivo en francés: Le Système juridictionnel des investissements mis à l’épreuve – Résumé(pdf, 169.86 KB)

Resumen ejecutivo en alemán: Das Investitionsgerichtssystem (ICS) auf dem Prüfstand – Kurzfassung(pdf, 160.9 KB)

 

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