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Actualizado: fai 6 horas 21 min

¿Es bueno o malo para la economía que haya sindicatos fuertes?

fai 13 horas 51 min

Noveno artículo de la serie ‘Desvelando mentiras, mitos y medias verdades económicas’

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España

Manifestación sindical. EFE

 

Desde que comenzaron a aplicarse las políticas neoliberales, en los años 70 y 80 del siglo pasado, los sindicatos se convirtieron en su principal bestia negra. El objetivo de tales políticas era recuperar el beneficio del capital y cualquier institución que reforzara el poder negociador de los trabajadores, como las organizaciones sindicales, constituía un obstáculo para su puesta en marcha que convenía desactivar o incluso eliminar si resultaba posible.

Primero fueron los dictadores liberales, sobre todo en América Latina, quienes los combatieron duramente. Asesinaron a miles de sindicalistas, muchas veces con extraordinaria crueldad y con el apoyo, no siempre disimulado, de los economistas neoliberales, de empresas multinacionales y de los gobiernos de las grandes potencias. Solo en Colombia se han asesinado a más de 3.000 en los últimos treinta años y las declaraciones del asesino general Videla dejaron bien claro por qué y cómo había que perseguir a los sindicatos: “Nuestro objetivo (el 24 de marzo de 1976)…con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Queríamos también disciplinar al sindicalismo (…) los empresarios se lavaron las manos. Nos dijeron: ‘Hagan lo que tengan que hacer’ (…) Cuántas veces me dijeron ‘se quedaron cortos, tendrían que haber matado a mil, a diez mil más!’”. Aunque, eso sí, Videla tenía la conciencia tranquila porque, según dijo, “Dios sabe lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Yo acepto la voluntad de Dios. Creo que Dios nunca me soltó la mano” (Argentina: exrepresor Videla admite que dictadura mató a más de 7.000 personas).

Más tarde, Margaret Thatcher y Ronald Reagan comenzaron sus etapas de gobierno con medidas expresamente dedicadas a reducir el poder sindical y a desincentivar por todos los medios posibles la afiliación de las clases trabajadoras. La primera calificaba a los sindicatos como “el enemigo interno” y de los más de 240 comités de coordinación entre los sindicatos y el gobierno que había en 1979, cuando comenzó a gobernar, solo quedaba en activo uno solo en 1990, cuando acabó su etapa. La mano de Reagan, por su parte, no fue menos dura que la de Thatcher: su cruzada comenzó el 5 de agosto de 1981, cuando declaró ilegal al sindicato de controladores del tráfico aéreo (PATCO) y despidió a todos sus afiliados por hacer huelga y no incorporarse al trabajo cuando él lo ordenó.

Pero la mano dura no bastaba para acabar con los sindicatos que siempre habían tenido un gran apoyo social y no solo de las clases trabajadoras. Para ganarles la batalla, una de las estrategias fundamentales fue fomentar la elaboración y difusión de investigaciones económicas y artículos académicos destinados a demostrar que la presencia de sindicatos es un factor dañino para la economía y que, por tanto, convenía reducir su presencia al mínimo posible.

Desde entonces, la literatura económica orientada a demostrar esta tesis es abundantísima y los economistas que la defienden reciben premios, se hacen famosos en los medios y se presentan como los portadores de un saber económico superior basado en rigurosas verdades científicas.

En sus análisis se concluye que los sindicatos actúan como una especie de cártel o monopolio que impone salarios superiores a los de equilibrio en el mercado laboral y para los cuales la demanda de trabajo que hacen las empresas es menor que la oferta de los trabajadores. Los sindicatos serían, por tanto, la causa de que haya desempleo. Un desempleo que los economistas liberales califican como “voluntario”, precisamente por esa razón, porque en su opinión es aceptado voluntariamente por los trabajadores a cambio de disfrutar de salarios más elevados.

Pero esa no sería la única consecuencia negativa de la actividad de los sindicatos. Los economistas neoliberales han multiplicado los estudios dedicados a mostrar que también tienen otros efectos sobre la actividad económica igual de perniciosos o peores. Así, se afirma que los sindicatos pueden ser beneficiosos para sus afiliados pero perjudiciales para el conjunto de la sociedad, que disminuyen el crecimiento económico y la inversión, que frenan la productividad, que dañan a los empresarios, que perjudican a los buenos trabajadores, que provocan subidas de impuestos, que retardan la recuperación tras las crisis, o que alcanzan una influencia política excesiva y muy negativa, entre otras cosas.

Pero ¿qué hay de verdad en esas críticas? ¿Es cierto que la actividad de los sindicatos es para las economías una especie de cáncer que conviene extirpar? ¿Realmente destruyen puestos de trabajo, disminuyen la productividad, frenan la innovación, impiden que las empresas creen riqueza y que la economía satisfaga convenientemente las necesidades humanas? ¿Son razones de ciencia económica las que justifican que se limite su poder y actividad?

Para responder a estas preguntas basta con echar una ojeada a las bibliotecas aunque, eso sí, tratando de buscar la verdad y no solo los estudios que confirmen lo que, en un sentido u otro, hayamos establecido de antemano, tal y como suele ocurrir.

Si hacemos eso (o si sencillamente realizamos un rápida búsqueda de trabajos científicos en la red), enseguida veremos que en el caso de los efectos de la actividad sindical sobre la economía ocurre exactamente igual que en otros campos que vengo comentando en esta serie de artículos y en mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas. A las conclusiones de los economistas neoliberales (en este caso, sobre los efectos económicos muy negativos de la actividad sindical) solo se llega cuando se parte de determinadas hipótesis y se analizan una variables concretas, porque se puede concluir de modo completamente distinto si se establecen otros puntos de partida diferentes, si se consideran otras partes del problema o si las variables se contemplan desde perspectivas de análisis alternativas.

Este no es un artículo académico así que no voy a cansar a quienes lo lean con las citas de los muchos autores y datos que muestran conclusiones diferentes a las que defienden los economistas liberales sobre los sindicatos .

Como mi propósito es simplemente llamar la atención y mostrar de la manera más clara e intuitiva posible el engaño que supone afirmar que la actividad sindical es nociva para la economía, me limitaré a mencionar dos pruebas que provienen de organismos que no son precisamente sospechosos de simpatía hacia los sindicatos:

– El Banco Mundial concluyó en un estudio  de 2002 que los sindicatos no dañan al crecimiento y que hay una correlación muy débil, y puede ser que incluso ninguna, entre la sindicalización y los indicadores de rendimiento económico como la tasa de paro, la inflación, la tasa de empleo o la flexibilidad de los salarios reales ( Unions and Collective Bargaining : Economic Effects in a Global Environment).

– La OCDE afirmaba en un estudio de 2006 que la mayor tasa de sindicalización no tiene efecto negativo sobre el empleo, que su aumento tampoco lo tiene sobre la creación de puestos de trabajo y que el poder de negociación colectiva de los sindicatos influye más sobre la distribución del ingreso que sobre la demanda de trabajo que hacen las empresas ( OECD Employment Outlook 2006)

Pero no solo hay estudios que demuestran que el efecto de los sindicatos no es negativo para la economía. Otros muchos demuestran que su influencia es positiva:

– Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo de 2002 mostró que la presencia de sindicatos aumenta los salarios, el empleo y la inversión porque incentiva la sustitución de empleo por capital ( The Economic Effects of Unions in Latin America: Their Impact on Wages and the Economic Performance of Firms in Uruguay).

– Chris Doucouliagos y Patrice Laroche han analizado todos los estudios efectuados desde los años 70 del siglo pasado sobre la influencia de los sindicatos en la productividad y de todos ellos concluyen que (aunque haya casos aislados en sentido contrario) esta última es más elevada por lo general cuando las empresas tienen implantación sindical ( What do unions do to productivity ? A meta–analysis).

– Un estudio que cubre todo un siglo de la economía de Estados Unidos realizado hace muy poco por Jordan Brennan y que comento en Economía para no dejarse engañar por los economistas no deja lugar a dudas porque los datos son indiscutibles: las etapas de más alta afiliación sindical son las que están asociadas con más actividad económica, más nivel de empleo, salarios más elevados y más inversión productiva de las empresas. Por el contrario, en las etapas de menos presencia o fuerza sindical hay menos empleo, salarios más bajos, menos inversión empresarial productiva, más dedicada a fusiones y absorciones empresariales, y tasa más baja de crecimiento económico ( Rising corporate concentration, declining trade union power, and the growing income gap).

– Otros muchos estudios también demuestran que más presencia de los sindicatos o su mayor poder de negociación está asociado a menor desigualdad salarial y general, a más beneficios sociales, a pensiones más elevadas, a mejor clima de diálogo social y en las empresas, y que cuanta mayor sea la afiliación más cooperativas y eficientes son las relaciones laborales ( Oui, les syndicats sont utiles!).

¿Quiere decir todo esto que la actividad de los sindicatos es siempre positiva y desde todos los puntos de vista para la economía, para las empresas o incluso para las propias clases trabajadoras? Por supuesto que no. Como cualquier acción humana, la que llevan a cabo las organizaciones sindicales no está exenta de defectos y de posibles efectos perversos o negativos sobre su entorno. Sobre todo, cuando los sindicatos, como ha ocurrido mucho en los últimos años, se burocratizan, se hacen dependientes de la financiación gubernamental o empresarial y cuando se alejan de los intereses de la sociedad en general.

Ahora bien, lo que a mi juicio demuestra lo que acabo de señalar es que no se puede afirmar, como hacen los economistas y políticos neoliberales, que los sindicatos sean por definición un elemento negativo y de efectos perniciosos sobre la economía. La realidad evidencia que no solamente no lo son siempre sino que, además, pueden tener una influencia muy positiva sobre las empresas y sobre el conjunto de la actividad económica.

Los sindicatos son, nada más pero nada menos, un instrumento de defensa de las clases trabajadoras. Un instrumento imprescindible porque estas interactúan con la patronal en condiciones de franca inferioridad y debilidad pero que, como cualquier otro, puede ser utilizado bien o mal. Los sindicatos suponen protección, apoyo mutuo, poder colectivo y, por lo tanto, mayor posibilidad de intervenir en las relaciones económicas en condiciones de simetría con la patronal, única forma de conquistar y disfrutar derechos que sería imposible alcanzar y ejercer negociando las condiciones de trabajo individualmente. Es por eso, porque la otra parte busca igualmente mejorar su condición, por lo que se quiere acabar con los sindicatos y por lo que se hacen reformas laborales (como la última española) cuya casi única finalidad es limitar la capacidad de actuación de las organizaciones sindicales. Y es por eso que el efecto que estas medidas han tenido en los últimos años no ha sido otro que aumentar el beneficio empresarial a costa de los salarios y de los derechos laborales, disminuyendo el empleo y el nivel general de actividad económica.

Las razones que llevan a combatir a los sindicatos no son científicas, como nos quieren hacer creer los economistas neoliberales. La actividad sindical no es mala en sí misma para la economía. Si se limita y combate es para defender y proteger los intereses de una parte, ya de por sí en condiciones de superioridad, en perjuicio de otra y a costa de perjudicar a la economía y a las propias empresas en su conjunto.

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Aquí puedes leer el anterior artículo de Juan Torres de la serie Desvelando mentiras, mitos y medias verdades económicas: “ ¿Acabarán los robots con el empleo?

Publicado en El Diario
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CETA, ¿un tratado progresista?

fai 15 horas 51 min

Alberto Martínez - ATTAC País Valencià

Los defensores del CETA repiten una y otra vez los mismos argumentos sin presentar ninguna evidencia que los avale. Son simples consignas faltas de rigor al no estar refrendados por la realidad del texto del tratado. O no lo conocen o son cínicos sin ningún tipo de pudor.

Machacan con el argumento de los valores compartidos entre la UE y Canadá. ¿Cuáles son esos valores? En Canadá están autorizados los transgénicos sin etiquetar en la alimentación humana, en la UE, no. En Canadá, la agricultura industrial con utilización masiva de pesticidas, muchos de ellos prohibidos en la UE, es la norma, frente al modelo europeo basado fundamentalmente en pequeñas y medianas explotaciones familiares o de cooperativas. En Europa funciona el “principio de precaución”. En Canadá la “gestión del riesgo”…

El 70% de mineras mundiales son canadienses, y no hay más que fijarse en el ejemplo de Corcoesto para adivinar la oleada de demandas ante los famosos tribunales de arbitraje del ICS (Investment Court System) que nos caerían cuando el gobierno central, los gobiernos autonómicos o municipales quisieran poner trabas de algún tipo a la actividad de dichas empresas. Además, la mayoría de empresas canadienses son filiales de transnacionales de EEUU, por lo que el CETA sería de hecho la puerta trasera que utilizarían las mismas para beneficiarse del ICS.

Cuando dicen que es un tratado progresista, ¿a qué se refieren? El capítulo de empleo y desarrollo sostenible no cita en ningún momento el principio de precaución consagrado en el Tratado de Lisboa de la Unión Europea. Los derechos laborales no son vinculantes y por tanto ejecutables de forma efectiva ante ningún tribunal. La resolución de los posibles incumplimientos se deja a la buena voluntad de las partes, sin obligaciones concretas

¿Es progresista la lista negativa de compromisos mediante la cual todos los servicios (incluidos los públicos) están abiertos a la liberalización (privatización) si no se meten en dicha lista? ¿Qué pasa con las necesidades futuras que no se prevén en el momento de su elaboración?

¿Es progresista la cláusula standstill que establece la congelación del nivel de liberalización (privatización) de todos los sectores económicos en el momento de la entrada en vigor del CETA?

¿Es progresista la cláusula ratchet que impone a los gobiernos el avance en una sola dirección (la de liberalizar y desregular) e impide la vuelta atrás  en el sentido de revertir en aras del bien público decisiones que gobiernos anteriores hayan tomado?     

¿Es progresista que en el capítulo de medioambiente del CETA no aparezca ni una sola referencia a los objetivos a los que la UE se comprometió en el tratado de París de 2015,  mientras se fomenta la importación de arenas bituminosas o gas de fracking de Canadá?

Cuando en el instrumento interpretativo del CETA se menciona el “derecho a regular” de los gobiernos, solo se dice una media verdad. La cara oculta de esta afirmación es el “derecho” de los inversores extranjeros a hacer uso del Sistema de Tribunales de Inversión (ICS) para elevar demandas contra dichos gobiernos cuando al regular interfieran de alguna manera en sus beneficios presentes o futuros. Es decir, nadie te impide regular, pero tendrás que pagar un alto precio por ello. Ejemplos los tenemos a cientos en otros tratados de inversión a lo largo de los últimos 20 años. ¿Es esto progresista?

¿Es progresista que bajo la “cooperación reguladora” establecida en el CETA, cualquier iniciativa legislativa de una parte (UE) tenga que ser consultada con la otra parte (Canadá) antes de ser llevada a los propios parlamentos? ¿Y que las empresas transnacionales tengan el derecho de “opinar” sobre la idoneidad de cualquier proyecto de normativa, ley o regulación que pueda “afectar al comercio”?

La campaña NO al TTIP/CETA/TISA tenemos argumentos basados en numerosos estudios, análisis e investigaciones sobre las tripas del CETA. No nos inventamos nada, no somos demagogos, no hablamos por hablar. Y en cuanto a la acusación de proteccionistas…, pues sí, no lo ocultamos, reconocemos con orgullo que lo somos.

Somos proteccionistas de los derechos laborales conseguidos con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio y a través de tanto tiempo. Queremos proteger el planeta en el que vivimos, una alimentación sana, nuestros datos personales, la sanidad y la educación públicas, el derecho al agua, el derecho a una energía no contaminante y asequible, el derecho a la democracia y a ser consultados, el derecho a un “trato justo y equitativo” para todas las personas, y no para que unas élites utilicen ese concepto de forma fraudulenta en su propio beneficio.

Y, que se sepa, no estamos en contra del comercio. Estamos en contra de “este comercio” representado por el CETA y sus hermanos gemelos, como el TTIP, el TISA u otros que la Unión Europea está actualmente negociando o en vías de negociar. Parafraseando a Ortega: no es eso, no es eso.

Miembro de la campaña NO al TTIP/CETA/TISA

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Tasas de interés: ¿regreso a la “normalidad”?

Sáb, 24/06/2017 - 08:00

Alejandro Nadal – Consejo Científico de ATTAC España

La Reserva Federal quiere regresar a tasas de interés más cercanas a lo normal. Hace una semana incrementó la tasa de referencia para situarla en el rango de 1 y 1.25 por ciento. Según la Fed esta medida ayudará a mantener firme la recuperación económica y dará mayor estabilidad al mercado de trabajo.

La justificación está rodeada de una fuerte polémica sobre las señales que emanan de la economía estadounidense. Muchos analistas consideran que la muy celebrada recuperación sigue siendo débil. Otros piensan que los indicadores de la evolución del mercado de trabajo no son tan sólidos como lo quieren hacer creer las autoridades económicas. Sin embargo, la Reserva Federal insiste en que las señales económicas son positivas y prepara más incrementos en la tasa de interés para los próximos meses. Es más, la Fed prepara ya la venta de la gigantesca masa de activos que compró a través de sus programas de estímulo vía la flexibilidad monetaria.

La política monetaria en Estados Unidos no llegó a recurrir a tasas nominales negativas, pero sí ha mantenido tasas reales negativas. Y hay otros bancos centrales del mundo capitalista desarrollado que persisten en una postura de tasas nominales negativas. Sobresale el ejemplo del Banco Central Europeo que mantiene una tasa de depósito de menos 0.3 por ciento. El Banco Central de Japón sigue sosteniendo una tasa negativa de 0.1 por ciento sobre reservas excedentes y la tasa de los bonos a 10 años sigue en cero por ciento. Los bancos centrales de Suiza y Suecia mantienen tasas negativas: menos 0.75 y menos 0.35 por ciento, respectivamente. Esas tasas negativas significan que si un agente deposita una cantidad en el banco, al llegar el vencimiento de dicha inversión recibirá menos de lo que originalmente depositó.

Al adoptar esta herramienta de política monetaria los bancos centrales buscaron incentivar el crecimiento económico y aumentar la inflación como instrumento para reducir los gigantescos niveles de endeudamiento heredados del periodo anterior a la crisis. (La inflación permite a los deudores deshacerse de la deuda más rápidamente). Pero las tasas negativas fueron insuficientes para generar crecimiento económico y tampoco han servido mucho para crear presiones inflacionarias. Quizás lo más importante es que esa política monetaria fue insuficiente para fomentar el crédito, en buena medida porque la brecha entre la tasa líder y las tasas que cobran los bancos comerciales sigue siendo enorme. La desregulación del sector bancario que marca esta etapa neoliberal del capitalismo hace imposible reducir ese margen de ganancias de los bancos. En cambio, lo que sí produjo el régimen de tasas negativas fue un entorno de distorsiones e inestabilidad financiera que han pesado mucho sobre la economía mundial.

En efecto, los mercados financieros se han visto marcados por una fuerte volatilidad desde que la política monetaria se internó en el sendero de las tasas negativas. En el mercado bursátil global esta política de tasas negativas fue un acicate para que los inversionistas buscaran mayores rendimientos en operaciones de alto riesgo. La demanda de activos de alto riesgo se incrementó, provocando aumentos artificiales en los precios de estos activos.

El objetivo de la política de tasas cero o negativas en el mercado mundial de divisas era el de revertir los flujos de capital hacia espacios con mayores rendimientos. Se suponía que ese movimiento de salida de capitales afectaría el tipo de cambio, contribuyendo a depreciar la moneda y a promover las exportaciones (y el crecimiento). En los hechos, ese efecto fue muy débil o incluso nulo, como lo demuestra el hecho de que el franco suizo y el yen japonés se han apreciado frente al dólar incluso debido a los anuncios de que las tasas negativas se iban a mantener. La razón es que los flujos de capital y la especulación en los mercados cambiarios se rigen por factores que los modelos simplistas de los bancos centrales no son capaces de tomar en cuenta.

Otra de las consecuencias de esta postura de política monetaria tiene que ver con la demanda agregada que se buscaba promover. En Estados Unidos la tasa nominal llegó a situarse en cero por ciento, y aunque la inflación era muy baja, la tasa real (es decir, descontando la inflación) se hizo negativa. Y eso sirvió para que los ahorradores dejaran de percibir unos 475 mil millones de dólares (mmdd) anuales sobre sus ahorros. Esto significa que una parte de la demanda agregada se vio perjudicada por la política monetaria que pretendía incentivarla. Es claro que este último efecto de las tasas de interés negativas equivale a confiscar recursos de los ahorradores para entregárselos a los dueños de bancos y a agravar la desigualdad.

Salir del pantano de las tasas negativas puede parecerle positivo a la Reserva Federal. Pero el regreso al crecimiento estable no será posible mientras la política fiscal siga atrapada en la ciénega de la austeridad.

Twitter: @anadaloficial

Publicado en La Jornada

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Historia de las amnistías fiscales

Sáb, 24/06/2017 - 06:00

Juan Francisco Martín Seco - Consejo Científico de ATTAC España

 

 

El Tribunal Constitucional (TC) acaba de declarar inconstitucional la amnistía fiscal que, con el argumento de la delicada situación financiera por la que atravesaba la economía española, el Gobierno aprobó en 2012. La sentencia del TC se ha limitado a declarar la inconstitucionalidad de la medida por el procedimiento utilizado para aprobarla, mediante decreto-ley, sin entrar en el fondo del asunto, con lo que nos hemos quedado sin saber en qué medida y hasta qué punto las amnistías fiscales son compatibles con nuestra carta magna y, en todo caso, si lo son, qué condiciones deben cumplir, ya que no todas las amnistías fiscales son iguales.España tiene una larga historia de amnistías fiscales. No obstante, siempre ha rondado por encima de ellas la sombra de la inconstitucionalidad, y todas las formaciones políticas desde la oposición las han condenado y criticado, aunque también recurrieron a su aprobación cuando estuvieron en el gobierno. El PSOE ha atacado con dureza al Gobierno de Rajoy por la que aprobó en 2012, incluso apelando al Constitucional, y cuando este la ha invalidado, anuncian que reprobaran al ministro de Hacienda. Pero dos años atrás, en 2010, Zapatero, ante las dificultades que se presentaban para financiar el déficit público, acarició la idea de una amnistía fiscal, materializada mediante la suscripción de una deuda pública especial a un tipo de interés muy reducido (tal vez negativo). En aquel entonces fue el PP el que se opuso, criticó al PSOE por la posible medida e impidió que se aprobase.Estos días, con motivo de la sentencia del TC, los medios de comunicación han intentado recordar las distintas amnistías, muchas veces no con demasiado acierto, más bien con bastante confusión e inexactitudes. Es curioso que ninguno haya recordado la de 1977, quizás la más importante y la que más justificación tiene. Desde luego, en este caso no se puede  hablar de inconstitucionalidad puesto que la carta magna aun no se había elaborado.

La Ley 50/1977, de medidas urgentes en materia fiscal, aprobada en la línea divisoria entre la dictadura y la democracia, cumplía una necesidad evidente, la de poner los primeros ladrillos de una futura reforma fiscal, ya que el sistema tributario que provenía del franquismo era profundamente injusto y resultaba obsoleto. Al mismo tiempo, esta Ley constituía una pieza importante de los Pactos de la Moncloa, contrapartida de las cesiones realizadas por sindicalistas y partidos de izquierda en materia social y laboral. Se establecía el delito fiscal, se levantaba el secreto bancario y se creaba el impuesto de patrimonio; con todo ello y con la reforma de la administración tributaria se pensaba atacar la herencia que dejaba la dictadura de enormes bolsas de fraude. Para conseguir este objetivo se creyó conveniente poner el reloj a cero. De ahí la amnistía fiscal con una naturaleza bifronte, por una parte se incentivaba a los defraudadores para que regularizaran su situación tributaria y, por otra, se permitía a las empresas actualizar sus balances, actualización que constituye también una especie de amnistía al eximir de tributación las ganancias de capital acumuladas como plusvalías. Cuando se enumeran las amnistías fiscales todo el mundo se olvida de las múltiples actualizaciones de balances que se han aprobado a lo largo de estos años.

Las medidas fiscales adoptadas por los gobiernos de UCD tuvieron, sin duda alguna, gran importancia. Fue un cambio sustancial, pero en ningún caso conviene magnificar sus efectos. La reforma resultó incompleta, sus criterios fueron tímidos, nada ambiciosos, y desató fuertes presiones en su contra por parte de los grupos de poder. La Asociación Española de la Banca Privada (AEB) se opuso desde el principio al levantamiento del secreto bancario, recurrió ante los tribunales las primeras actuaciones de la Hacienda Pública en esta materia y se negó a que las entidades financieras facilitaran los listados de las  retenciones practicadas en las rentas de capital. El fallo del Tribunal Supremo terminó dando la razón al Ministerio de Hacienda, pero para entonces ya habían pasado seis largos años durante los cuales el dinero negro vivió en total impunidad.

Cuando el partido socialista llega al poder en el año 1982 el panorama, por tanto, no era demasiado halagüeño. Todo el sistema financiero era fiscalmente opaco y las rentas de capital podían evadirse sin ninguna dificultad, por lo que se imponía como una de las primeras medidas la de elaborar una ley sobre la fiscalidad de los activos financieros. En un principio, su finalidad era más bien modesta. Se intentaba tan solo hacer efectiva, con una nueva redacción más estricta y menos ambigua, la obligación del levantamiento del secreto bancario que ya aparecía en la Ley de Medidas Urgentes de 1977, pero que no se estaba aplicando al estar recurrida por la AEB. Pero tan pronto como se comenzó a profundizar en el tema se advirtió la inutilidad de hacer transparentes determinados activos, como los depósitos bancarios, si se mantenían opacos los demás. El fenómeno se venía observando tiempo atrás. Ante la eventualidad de que el poder judicial terminase dictaminando a favor de la Hacienda Pública, se fue creando toda clase de nuevos activos financieros con intereses implícitos, que recibían también el nombre de “al tirón” o “al descuento”, y que, al no estar sometidos a la obligación de retener, difícilmente el fisco podría exigir más tarde el listado de las retenciones. Se imponía, por tanto, una concepción de la ley mucho más amplia y ambiciosa, que hiciese fiscalmente transparente todo el sistema financiero y que no permitiese ningún escondrijo para el dinero negro.

Pocas leyes como esta fueron objeto de tantas presiones en su elaboración. Se trajo a colación la huida generalizada de capitales que se podía producir. Hay que tener en cuenta, desde luego, el punto de partida. Unos mercados financieros totalmente opacos, donde el dinero negro alcanzaba cifras astronómicas. Convertir de golpe en transparente todo el mercado podía desatar una ola de pánico y originar un cataclismo financiero. La primera solución que se barajó fue la de conceder una nueva amnistía fiscal. Sin embargo, la medida no se consideró indicada. La de 1977 estaba demasiado cerca y se corría el peligro de desprestigiar la lucha contra el fraude, al calar en la conciencia de la gente la idea de que cada cierto tiempo el Estado estaba dispuesto a practicar el “borrón y cuenta nueva”.

La opción elegida fue la gradualidad. Se hizo transparente todo el mercado con una sola excepción: los pagarés del Tesoro. Con ellos se concedía al dinero negro un refugio provisional, pero solo provisional. El Estado se reservaba el monopolio de su emisión, con lo que podía ir reduciendo la cantidad de estos activos en circulación por el simple procedimiento de renovar a su vencimiento únicamente el número que considerase adecuado, en función de una planificación que a medio o largo plazo determinase su total desaparición. Al ser la demanda superior a la oferta, el tipo de interés estaría penalizado, es decir, sería inferior al de otros activos similares. Esta menor rentabilidad tendría como contrapartida el privilegio fiscal de la opacidad.

El affaire de los pagarés del Tesoro constituye uno de los casos en los que se puede observar mejor cómo los poderes económicos manipulan a la opinión pública de la manera más descarada. Se comienza afirmando la imposibilidad de hacer transparente todo el sistema financiero. Se cantan los enormes males que pueden seguirse para la economía española de tales medidas, el pánico financiero y la huida de capitales que pueden generar; pero cuando se instrumenta una solución tal como los pagarés del Tesoro, arremeten contra ella porque en realidad no se desea ningún arreglo, sino la simple permanencia del dinero negro y que las entidades financieras puedan continuar beneficiándose de él. De ahí la confusión en la que se ha mantenido en este tema a la opinión pública y a la opinión publicada (alguno llega a confundirlos con los AFROS que en la práctica nunca existieron) y que todo el mundo lo recuerde como un caso de amnistía fiscal cuando en realidad no lo es.

En principio, no puede tomarse como un caso de amnistía fiscal porque en ningún momento a los poseedores de los pagarés del Tesoro se les liberaba frente a la Hacienda Pública de la obligación de declarar. Si la administración tributaria detectaba por otros medios el capital y los ingresos ocultados, el que estuviese invertido en pagarés del Tesoro no constituía ningún eximente. Se trataba simplemente de hacer transparente a efectos fiscales todo el sistema financiero de una manera gradual. El Estado tenía en su mano la velocidad con la que acometer esta operación, desde el momento en que controlaba la emisión y por lo tanto la renovación de los pagarés. La amnistía fiscal solo se produce cuando el dinero negro se blanquea sin que se le grave y sancione. El dinero invertido en los pagares continuaba siendo negro, por lo que en sentido estricto no se puede hablar de amnistía.

Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. El Gobierno no usó los pagarés del Tesoro como una forma gradual de terminar con el dinero negro, sino como una manera de financiar el déficit público. De manera que, pasados los años, los pagarés no habían desaparecido, ni siquiera su montante se había reducido. En 1991 el Tesoro creaba una deuda pública especial que podía ser adquirida por los tenedores de pagarés del Tesoro y por otros contribuyentes con dinero negro. La tenencia durante cinco años de dicha deuda implicaba el blanqueo de los recursos invertidos en ella. Es aquí cuando se produjo verdaderamente la amnistía fiscal. Además, la idea fue tan ingeniosa que el dinero negro blanqueado, en realidad fue mucho mayor que el nominal de la deuda suscrita. La teoría económica tuvo que comenzar a estudiar un nuevo multiplicador, el del fraude. Con una pequeña proporción de deuda especial se podía cubrir un fraude muy superior, porque no era probable que la inspección detectase la cantidad total defraudada por un sujeto pasivo en los diferentes impuestos. La deuda servía de comodín a aplicar no a la cantidad defraudada, sino a la detectada por Hacienda. Era un mero juego de probabilidades.

Lo más chusco en esta ocasión es que, quizás para limpiar la conciencia, en la tramitación de la ley, el grupo parlamentario socialista introdujo una enmienda en la que se establecía que nunca jamás se realizaría una nueva amnistía fiscal. Montoro propone ahora a las otras fuerzas políticas igual desatino. Prohibir la amnistía por ley es un sinsentido, además de algo totalmente inútil, puesto que una ley se modifica, como hemos podido comprobar, por otra ley y no será la primera vez que el mismo Gobierno haya modificado, sin ningún rubor, normas que previamente había dictado.

Esta enumeración estaría incompleta si no nos refiriésemos (la mayor parte de los medios de comunicación -por no decir la totalidad- no la nombra) a una clase de amnistía que en múltiples ocasiones ha sido establecida, pero que casi siempre ha pasado desapercibida. Me refiero a las regularizaciones de balances de empresas y sociedades, mediante las cuales se les condona la tributación por las plusvalías generadas en una serie de años o bien se las grava con un tipo muy inferior al que deberían tributar. Una parte de la plusvalía puede deberse a la inflación, pero otra es ganancia real y queda igualmente libre de gravamen. No podemos olvidarnos de que las grandes y pequeñas fortunas de este país tienen la inversión materializada de una o de otra forma en sociedades.

Si las amnistías más clásicas inciden sobre el dinero negro, blanqueándolo, en la regularización de balances actúan sobre recursos transparentes pero a los que se les exime de los gravámenes que según la normativa les corresponden. No deja de ser curioso que el PSOE que ha puesto el grito en el cielo y ha recurrido al TC la amnistía de 2012, no haya dicho nada de la actualización de balances de ese mismo año y, que yo recuerde, tampoco de la acometida en 1996.

Comprenderán por qué digo que es una pena que el TC se haya quedado solo en la forma (decreto ley) y no haya entrado en el fondo del asunto. En el convencimiento de que la tentación de aprobar una amnistía fiscal va a seguir rondando a los gobiernos (incluso puede ser que se aprueben por los que ahora se rasgan las vestiduras), sería conveniente saber hasta dónde pueden llegar sin contravenir directamente la carta magna.

Publicado en República de las ideas

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Vivir sin carne

Ven, 23/06/2017 - 08:00


Esther Vivas – Consejo Científico de ATTAC España

Mi abuela a veces me contaba las batallas de la guerra y la posguerra, y cómo en esos años pasó hambre. No tenía qué comer e incluso en más de una ocasión, cuando de manera inusual le habían servido un plato de carne… de conejo, en realidad, como averiguó tiempo después, lo que estaba comiendo era gato. Ya lo dicen ya, qué fácil es vendernos gato por liebre. Si antes faltaba carne, hoy a menudo sobra.

Mucho han cambiado las cosas en poco tiempo, y nos hemos convertido en consumidores compulsivos de proteína animal. En el Estado español, entre los años 60 y 90 su ingesta se multiplicó por cuatro, según datos del Ministerio de Agricultura, y aunque en los últimos tiempos la tendencia se ha estancado e incluso reducido, la cifra de 50 kilos de carne consumidos por persona y año se sitúa muy por encima de lo que recomienda la OMS. Los escándalos alimentarios, una mayor preocupación sobre lo que comemos y la crisis económica, que ha dificultado a determinados colectivos el acceso a alimentos frescos y de calidad o la compra de carne y pescado, han empujado hacia una reducción de su consumo.

Una ‘adicción’ que sale cara al planeta

A escala global, las cifras no han hecho sino aumentar, en particular en los países del sur, y especialmente en Asia, donde las proyecciones de la OCDE y la FAO apuntan a un incremento del 26% de aquí al 2023, mientras que en Europa y América del Norte, donde la demanda ya de por sí es alta, su crecimiento será débil. En la India, por ejemplo, un país eminentemente vegetariano pero con una tendencia al alza, comer carne se ha convertido en un práctica que da prestigio y estatus social.

Nuestra adicción al consumo de carne sale cara al planeta. Un dato: para producir un kilo de carne bovina se necesitan 15.000 litros de agua, y no porque las vacas beban mucho sino porque la consumen indirectamente con lo que comen (granos y especialmente forraje). ¿Una piscina pequeña para obtener cuatro filetes de ternera? Un sinsentido. En cambio, producir un kilo de trigo requiere poco más de 1.000 litros de agua y un kilo de patatas 255 litros, según datos del Atlas de la Carne. Hagan números. Y si el consumo de carne sigue creciendo, como se prevé, la cantidad de agua necesaria para alimentar a la ganadería intensiva (que necesita mucha más agua que la que pasta en el exterior) se duplicará a mediados de este siglo. Y no todo el mundo puede permitirse comprar un trozo de carne.

Los costes sociales son también elevados. Un tercio de las tierras de cultivo y un 40% de la producción de cereales en el mundo se destinan a la cría industrial de gallinas, cerdos, vacas… en lugar de dar directamente de comer a la gente. Se calcula que unos 3.500 millones de personas, la mitad de los habitantes del planeta, podrían nutrirse con lo que consumen estos animales, según datos del Grupo ETC. Una pregunta resulta ineludible: ¿el hambre se debe a que no tenemos comida o a que no podemos acceder a ella?

La calidad de la carne deja mucho que desear. Sin ir más lejos, la OMS aseguraba en el 2015 que el consumo de carne roja y procesada puede causar cáncer colorrectal, de páncreas y de próstata principalmente, y que dichas posibilidades aumentan con la cantidad ingerida. Además, hoy en día se suministran a escala global más antibióticos a animales sanos que a personas enfermas, con el objetivo de que sobrevivan a unas condiciones insalubres de confinamiento hasta llegar al matadero. Los animales dejan de ser considerados seres vivos para convertirse en objetos y mercancías. La distancia entre el campo y el plato se ha hecho tan grande que ya no somos conscientes de que tras un plato de lasaña, una loncha de jamón o incluso una pechuga de pollo había vida.

Industria concentrada en pocas manos

Tras este modelo, sin embargo, hay quien sale ganando, y mucho. La industria ganadera concentra su poder cada vez en menos manos, en detrimento de los pequeños agricultores, el bienestar animal, la salud de los consumidores y del medioambiente y los derechos laborales. Aquí en Catalunya casi tenemos tantas cabezas de cerdo como de personas, con el impacto tan negativo que esto genera en el territorio, como viene denunciando desde hace años el Grup de Defensa del Ter. Las protestas recientes de los trabajadores del sector cárnico en Osona apuntan también a la alta precariedad del sector.

¿Qué podemos hacer? Ya va siendo hora de que nos preguntemos si es posible seguir comiendo tanta carne y de tan mala calidad. La ganadería campesina, ecológica y a pequeña escala es una alternativa, pero también es posible vivir sin carne. Algunos así lo hacemos.

El Periódico

esthervivas

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Una amnistía fiscal anulada sin beneficio

Ven, 23/06/2017 - 06:00

Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la amnistía fiscal del ministro de Hacienda en 2012. Buena noticia, porque pagar impuestos es fundamental para que un país funcione y no es de recibo la comprensión con los evasores de impuestos. La mala noticia es que esa anulación no se traduce en nada útil para la gente. No se sanciona a nadie ni se recuperan impuestos no pagados salvo solo 1.200 millones de euros; mucho menos de lo que Hacienda pretendía con la amnistía. Su pequeñez es evidente ante el volumen de la corrupción que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España calcula ser de 90.000 millones de euros anuales. Lo que supone muchísimos impuestos impagados.

A tener en cuenta que 705 personas, de los 32.000 evasores fiscales acogidos a esa amnistía, pudieran ser posibles blanqueadores de capitales. Esos cientos de amnistiados son políticos, altos funcionarios o familiares directos cuya riqueza, hasta ahora escondida, no se explica con sus ingresos ordinarios. Y, que se sepa, no se investigan posibles orígenes ilícitos de esas fortunas, aunque la lista de los 705 se ha enviado a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales para contrastarla con información habida y ver qué hacer. Borroso e inconcreto.

La sentencia del Tribunal Constitucional que anula la amnistía fiscal no tiene efecto sobre los evasores, pero sí desautoriza futuras amnistías fiscales. Próximos gobiernos no podrán aprobar amnistías fiscales por decreto ley, pero sí como ley ordinaria. Tampoco es una ganga.

Esa anulación por el Constitucional no ha sido por la injusticia de esa amnistía, sino por cuestión de forma. La normativa vigente prohíbe usar al decreto-ley si su contenido afecta “de forma relevante o sustancial” a deberes constitucionales. Como es el “deber de todos de contribuir a sostener los gastos públicos”.

La anulación de la amnistía no supone tampoco más recursos públicos futuros. El sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) ha denunciado que Hacienda facilite amparo a evasores de impuestos, en un escenario de grave crisis económica, so pretexto de ingresos considerados imprescindible, pero luego, chocolate del loro. Y el Estado abdica de su obligación de lograr que todos contribuyan a sostener los gastos públicos según ingresos y como marca la ley tributaria.

GESTHA además ha pedido la dimisión del ministro de Hacienda, pues considera que Montoro no garantizó los principios de igualdad y progresividad fiscal que ordena la Constitución y no debe continuar. Los técnicos de Hacienda denuncian que lo recaudado en la amnistía es menos del 3% de la evasión fiscal total. O, de otro modo, el 97% de fortunas y beneficios se mantienen ocultos y también la correspondiente evasión de impuestos. Riqueza oculta a buen recaudo y amnistía fiscal que no ha conseguido aflorar la riqueza oculta ni tampoco reducir la economía sumergida.

La nefasta alianza de corrupción y fraude fiscal causan un grave perjuicio al país, a sus gentes. Como ha escrito Paco Segura, lo temible de la corrupción no son los porcentajes de soborno (el conocido 3%) por adjudicar de modo fraudulento jugosos contratos públicos. Lo peor son las desmedidas inversiones públicas que la corrupción supone para obras innecesarias. Y así el Reino de España deviene el país europeo con más kilómetros de autopistas y de AVE. Autopistas totalmente inútiles, como las radiales vacías que arrancan de Madrid y cuyo rescate costará a la ciudadanía unos 5.000 millones de euros como poco.

El Reino de España es también el que tiene más aeropuertos de los que tres cuartas partes son deficitarios. Más la mayor capacidad portuaria sin utilizar: 60% del total sin sacar partido alguno.

En ese horizonte de dilapidación se pasa de la corrupción a los recortes presupuestarios que afectan mucho a la gente común. Agravado por el impuesto techo del intocable déficit público impuesto. Puede verse al comprobar que algunos años se ha invertido tanto en el AVE como recortado en sanidad y educación. Para que cuadren las cifras para la Unión Europea. El Estado español es el que más porcentaje de PIB dedica a grandes infraestructuras y menos a protección social en la Unión Europea de los 15. Cuadrar los números al coste de fastidiar a la gente.

No cabe celebrar una anulación del Constitucional que no hace avanzar hacia una fiscalidad justa, progresiva y suficiente.

Periodista
Twitter: @xcanotamayo

Publicado en CCS, Centro de Colaboraciones Solidarias
¡Por razones!

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Soja hasta en la sopa

Xov, 22/06/2017 - 08:00

Gustavo Duch – Consejo Científico de ATTAC España

Cuando se está llevando a cabo la cosecha número 20 de soja transgénica en el Cono Sur, la organización GRAIN aporta 20 razones para exigir su prohibición:

Porque es delincuente. Su cultivo fue autorizado por un organismo, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, a partir de un expediente de 136 folios, de los cuales, 108 fueron aportes de Monsanto, la empresa creadora de esta nueva semilla.

Porque es monótona. Con un ejército de tractores, la invasión de la soja significó el nacimiento de una nueva República. La República Unida de la Soja con más de 54 millones de hectáreas, repartidas entre Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil, donde sólo se cultiva soja; donde no hay espacio para más vida.

Porque es un golpe de Estado. En esta República gobiernan ininterrumpidamente Monsanto y otras corporaciones del sector sojero como Syngenta o Cargill.

Porque viste uniforme. Y, acariciando sus anillos mágicos, dictan leyes. ― Quien controle la Semilla Única se lucrará por sus ventas y por su uso, incluso en los casos en que el productor o productora guarde semillas para los años siguientes.

Porque es una dictadura. Las corporaciones mandamases cuentan, también, con el apoyo de medios de comunicación contrarios a la libertad de expresión y a cualquier debate sobre los impactos del modelo.

Porque monopoliza. Con la implantación impuesta del monocultivo de soja, día a día fue aumentando la concentración de la tierra en pocas manos.

Porque vacía. Y forzó a la desposesión y al éxodo de cientos de miles de campesinas y campesinos que dejaban atrás su capacidad de producir alimentos para la población local.

Porque enferma. El superpoder mutante con el que nace esta semilla de ciencia ficción, es la inmortalidad frente a un veneno inventado por el propio Monsanto, el glifosato. Su uso no ha dejado de crecer y, cual lluvia persistente, sobre estas tierras caen cada año más de 550 millones de litros de este herbicida clasificado como“probablemente cancerígeno” por la Organización Mundial de la Salud.

Porque mata. Porque sembrando estos cultivos, brotaron “los pueblos fumigados” donde el incremento del uso de venenos en general, y del glifosato en particular, es causa de muchas enfermedades varias. Y de la enfermedad de la muerte.

Porque remata. Y quienes se han ido oponiendo al avance de este río de lava inanimada, han sido perseguidos y asesinados.

Porque no es de fiar. La inocuidad de la soja transgénica en la alimentación, con su glifosato como aliño, nunca ha sido demostrada.

Porque es carnívora. Aunque la soja no coma carne, su producción masiva es determinante para la expansión de la ganadería industrial y la producción de carne barata en todo el Planeta, con todos sus graves impactos ambientales, sanitarios, en el clima y en la salud a nivel global. A más ganadería industrial más desaparición de pequeñas granjas sostenibles y orientadas a las economías locales.

Porque engorda. La soja, junto con el aceite de palma y el azúcar son las materia primas estrellas en los alimentos procesados. No se come fresco, no se come verde, no se come sano.

Porque es desierto. La expansión de los cultivos de soja, hachazo tras hachazo, ha acabado con millones de hectáreas de bosque nativos en todo el Cono Sur.

Porque sustituye. Al avanzar la soja, la ganadería se desplaza hacia otros ecosistemas mucho más frágiles, en ocasiones territorios de pueblos originarios, con consecuencias gravísimas sobre los mismos.

Porque esteriliza. Esta agricultura, sin bisturí, abre la tierra en canal para despojarle de sus nutrientes; y ya nunca más podrá parir.

Porque asfixia. Finalmente, toda la cadena de la soja -su cultivo, su transporte, su uso- tiene un enorme impacto en el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero.

Porque es mediocre. La tecnología de éste cultivos transgénico ha fracasado desde el punto de vista agronómico con el surgimiento malezas resistentes al glifosato, obligando al aumento de su uso y al de otros herbicidas.

Porque simplifica. De hecho, la tecnología de la transgénesis es una traición a la complejidad de los sistemas genómicos.

Porque engaña. Y si su supuesto beneficio era la mayor productividad, está demostradísimo que los cultivos de soja transgénica no producen más que los cultivos de soja convencional.

Gustavo Duch. Revista Soberanía Alimentaria. Autor de No vamos a Tragar

Publicado en La Jornada de México
Palabre-ando

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El retorno de Karl Marx para entender lo que está pasando en el capitalismo avanzado

Xov, 22/06/2017 - 06:00

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

En una de las columnas más conocidas del semanario The Economist, la columna Bagehot (a cargo de Adrian Wooldridge), se acaba de publicar un artículo en su número del 13 de mayo que sería impensable que apareciera en las páginas de cualquier revista económica de España de semejante orientación liberal a la que tiene tal semanario. En realidad, no solo en cualquier revista económica, sino en cualquiera de los mayores medios de información de este país (incluyendo Catalunya) tal tipo de artículo nunca podría haberse publicado.

Bajo el título El momento marxista, y el subtítulo Los laboristas llevan razón: Karl Marx tiene mucho que enseñar a los políticos de hoy en día, la columna Bagehot analiza el debate existente entre el dirigente del Partido Laborista del Reino Unido, el Sr. Jeremy Corbyn, y su ministro de Economía y Hacienda en la sombra, el Sr. John McDonnell, por un lado, y los dirigentes del Partido Conservador así como los rotativos conservadores Daily Telegraph y Daily Mail, por el otro. Definir tal intercambio como debate es, sin embargo, excesivamente generoso por parte de la columna Bagehot, pues la respuesta de los rotativos conservadores y de los dirigentes conservadores a los dirigentes laboristas es una burda, grosera e ignorante demonización de Marx y del marxismo, confundiendo marxismo con estalinismo, cosa que también se hace constantemente en los mayores medios de comunicación españoles, en su mayoría también de orientación conservadora o neoliberal.

Los aciertos de Marx según Bagehot, de The Economist

Una vez descartados los argumentos de la derecha británica, la columna Bagehot pasa a discutir lo que considera las grandes profecías de Karl Marx (y así las define) para entender lo que está ocurriendo hoy en el mundo capitalista desarrollado, señalando que muchas de sus predicciones han resultado ser ciertas. Entre ellas señala que:

1. La clase capitalista (que en la columna Bagehot se insiste que continúa existiendo, aunque no se utilice tal término para definirla), que es la clase de los propietarios y gestores del gran capital productivo, está siendo sustituida –como anunció Marx- cada vez más por los propietarios y gestores del capital especulativo y financiero, que Marx (y la columna Bagehot) consideran parasitarios de la riqueza creada por el capital productivo. Esta clase parasitaria es la que, según dicha columna, domina al mundo del Capital, siendo tal situación la mayor responsable del “abusivo” y “escandaloso” (término que Bagehot utiliza) crecimiento de las desigualdades. Los primeros han conseguido cada vez más beneficios a costa de todos los demás. Y para mostrarlo, el columnista del The Economist señala que mientras en 1980 los chief executives de las 100 empresas británicas más importantes ingresaban 25 veces más que el típico empleado de sus empresas, hoy ganan 130 veces más. Los equipos dirigentes de tales entidades inflaron sus ingresos a costa de sus empleados, recibiendo a la vez pagos (además del salario), de las empresas a través de acciones, pensiones y otros privilegios y beneficios. De nuevo, la columna Bagehot, señala que Marx ya lo predijo y así ocurrió. Es más, la columna Bagehot descarta el argumento que tales remuneraciones se deban a lo que el mercado de talentos exige, pues la mayoría de estos salarios escandalosos de los ejecutivos se los han atribuido ellos mismos, a través del contacto que tienen en los Comités Ejecutivos (Executive Boards) de las empresas.

Marx llevaba bastante razón

2. Marx y Bagehot cuestionan la legitimidad de los estados, instrumentalizados por los poderes financieros y económicos. La evidencia acumulada muestra que el maridaje del poder económico y político ha caracterizado la naturaleza de los Estados. La columna Bagehot hace referencia, por ejemplo, al caso Blair (dirigente de la 3ª Vía), que de dirigente del Partido Laborista, una vez dejado el cargo político, pasó a ser asesor de entidades financieras y de regímenes impresentables. En España podríamos añadir una larga lista de expolíticos que hoy trabajan para las grandes empresas, poniendo a su servicio todo el conocimiento y contactos adquiridos durante su cargo político.

3. Otra característica del capitalismo predecida por Marx –según la columna Bagehot- es la creciente monopolización del capital, tanto productivo como especulativo, que está ocurriendo en los países capitalistas más desarrollados. Bagehot señala como tal monopolización ha ido ocurriendo.

4. Y, por si no fuera poco, Bagehot señala que Marx también llevaba razón cuando señaló que el capitalismo por sí mismo crea la pobreza a través del descenso salarial. En realidad, Bagehot aclara que Marx hablaba de “inmiseración”, que es –según el columnista- un término algo exagerado pero cierto en su esencia, pues según tal columnista los salarios han ido bajando y bajando desde que empezó la crisis en 2008, de manera tal que, al ritmo actual, la tan cacareada recuperación no permitirá que se alcancen los niveles de empleo y nivel salarial de antes de la Gran Recesión en muchos años.

Es más, además de estas grandes predicciones, la columna Bagehot afirma que la presente crisis no se puede entender sin entender los cambios dentro del capital, por un lado, y el crecimiento de la explotación de la clase trabajadora, por el otro, tal como señaló Marx.

¿Se imagina el lector a algún gran diario español, sea o no económico, que hubiera permitido un artículo como este? The Economist es el semanario liberal más importante del mundo. Y promueve tal ideología. Pero algunos de sus principales columnistas son capaces de aceptar que, después de todo, Marx, el mayor crítico que ha tenido el capitalismo, llevaba bastante razón. Sería, repito, impensable que en este país, tan escorado a la derecha como resultado de una transición inmodélica de una dictadura fascista a una democracia tan limitada, no solo un rotativo liberal, sino cualquier mayor rotativo, publicara tal artículo con el tono y análisis que lo hace una de las mayores columnas de tal rotativo, firmada por uno de los liberales más activos y conocidos. Esta columna y la persona que está a cargo de ella, sin embargo, no se han convertido al marxismo. Pero reconocen que el marxismo –que en este país ha sido definido por algunas voces como anticuado, irrelevante o cosas peores- es una herramienta esencial para entender la crisis actual. En realidad, no son los primeros que lo han hecho. Otros economistas han reconocido esta realidad aunque, por regla general, tales economistas no se enmarcan en la sensibilidad liberal. Paul Krugman, uno de los economistas keynesianos más conocidos hoy en el mundo, dijo recientemente que el economista que mejor había predicho y analizado las periódicas crisis del capitalismo, como la actual, había sido Michał Kalecki, que perteneció a tal tradición.

Donde la columna Bagehot se equivoca, sin embargo, es al final del artículo, cuando atribuye a Marx políticas llevadas a cabo por algunos de sus seguidores. Confundiendo marxismo con leninismo, la columna concluye que la respuesta histórica y la solución que Marx propone serían un desastre. Ahora bien, que el leninismo tuviera una base en el marxismo no quiere decir que todo marxismo fuera leninista, error frecuentemente cometido por autores poco familiarizados con la literatura científica de dicha tradición. En realidad, Marx dejó para el final su tercer volumen, que tenía que centrarse precisamente en el análisis del Estado. Por desgracia, nunca pudo iniciarlo. Pero lo que sí que escribió sobre la naturaleza del capitalismo ha resultado bastante acertado, de manera tal que no se puede entender la crisis sin recurrir a sus categorías analíticas. La evidencia de ello es claramente contundente y el gran interés que ha aparecido en el mundo académico e intelectual anglosajón, y sobre todo en EEUU y el Reino Unido (donde se publica The Economist), es un indicador de ello. Pero me temo que lo que está ocurriendo en aquellas partes del mundo no lo verá en este país, donde los mayores medios de información son predominantemente de desinformación y persuasión.

 

Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España).

Ha sido también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 48 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España.

Es uno de los investigadores españoles más citados en la literatura científica internacional en ciencias sociales.

Publicado en Público.es
http://www.vnavarro.org

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¿Se lo han contado a sus hijos?

Mér, 21/06/2017 - 08:00

Rosa María Artal – Comité de Apoyo de ATTAC España

Imagen de archivo que suele mostrar el trabajo infantil.

—No te quejes, que hemos venido aquí porque es tu cumpleaños.

—No, si no me quejo.

La conversación, entre tres chicas adolescentes, se produjo en pasillos surcados de camisetas a 4 euros, bragas a 4 el pack de 3 y similares baratijas cualquier sábado en un templo de la ganga. El gran festejo para conmemorar la llegada de la joven al mundo se iniciaba de compras a bajo precio. Cada cual sabe cómo prefiere celebrarlo.

La incomodidad debía proceder de la aglomeración. Mucha gente se afanaba en la tarea y, entre ella, numerosos niños. Los niños pueblan los centros comerciales aprendiendo desde muy temprana edad la diversión del mundo creado para ellos. Ojean, buscan, opinan, dicen “quiero” esto o lo otro, “me lo pido”.

Filas de camisetas idénticas, en distintos tonos. A 2, 3 y 4 euros. Con su tela, su corte, su ensamblaje, su cosido puntada a puntada, planchado, etiquetado, almacenaje, distribución, colocación. 2, 3, 4 euros. Me dijeron los vendedores que, con prendas algo más caras –8, 10 y 12 euros– pegan otra etiqueta de precio inferior. Los bajos fondos del consumismo. Con niños por doquier.

Niños, adolescentes, como los que en el Instituto Neil Armstrong de Valdemoro (Madrid), han sufrido golpes de calor y crisis de ansiedad porque el centro, sobrecargado, sufre graves deficiencias. Aún andan, siglo XXI, con aulas prefabricadas que se recalientan. La educación física se practica en la calle porque no hay gimnasio. Si enferman por el calor, como esta semana, los llevan al Tanatorio que es el único centro cercano con aire acondicionado. Los abanicos de papel que les aconsejó el consejero de Sanidad de Cifuentes no bastaron para temperaturas en torno a los 40º.

¿Qué podía salir mal? Votan al PP y a Ciudadanos, derecha. Un par de sus alcaldes, Granados y Boza andan entre rejas por corrupción o saliendo con permiso. Algún otro, investigado. Al IES le pilló de lleno la trama Púnica que se enriquecía con colegios a costa de los escolares. Y Valdemoro siguió votando derecha. Ahora está algo más repartido el voto, pero prevalece la derecha.

Niños. Como los que han caído Bajo el Umbral de la Pobreza y que sitúan a España en el puesto número 28 de los 41 países más ricos que forman la OCDE. Tampoco está tan mal, ¿eh? En Europa incluso nos encontramos en situación algo mejor que Lituania, Rumanía,  Malta y poco más.

Tenemos a más de 2,5 millones de niños pobres, según este informe de UNICEF, organización de la ONU vituperada en particular por el autor de la Amnistía Fiscal a los amigos ricos, que ha considerado inconstitucional el TC. Montoro, aún ministro. El Gobierno confirma la cifra de todos modos. El 30%, 1 de cada 3 que gustan decir para que se entienda mejor. En 2012 nos echábamos las manos a la cabeza porque eran más de 2 millones. El informe señala, además, que España es uno de los países con mayor desigualdad y con menos ganas de acabar con esa lacra. La España de Rajoy invierte casi la mitad de la media europea en la protección social de los niños, destaca el estudio. Entretanto se rescata a los bancos con nuestro dinero y el Banco de España da por perdidos 60.600 millones de euros, hay que saber quién manda y para qué se gobierna.

La noticia del informe sobre pobreza infantil en la Cadena SER comenzaba diciendo “ Tirón de orejas de UNICEF al Gobierno de Rajoy“. El Parlamento se lo estaba dando bien al rechazar la moción de censura de Unidos Podemos planteada básicamente por corrupción y, sin duda, por sus consecuencias. Le dieron tirón con orla y cuatro vueltas al ruedo los socios del PP, mientras la prensa aplaudía a unos niveles de sumisión que enrojecían de vergüenza solo con ojearlos. En el instituto de Valdemoro se ve con claridad la cadena. Se empieza por robar de los centros educativos, se acaba en barracones y de ahí al Tanatorio que es el único centro cercano con aire acondicionado. Este final no lo hubiera firmado ni Berlanga.

Pero parece que hay gente que piensa que esto lo arreglará el bocazas machista que responde al nombre de Rafael Hernando en la manada. O la vicepresidenta de risa floja cuando insultan a una portavoz “enemiga” que lo está haciendo muy bien. O Rajoy, el dios a preservar por la derecha mediática. O Rivera que ya ha confirmado lo que supimos desde el minuto 1, que él pondrá cuantas trabas sean precisas para que nadie desbanque a Rajoy de la Moncloa. O Cifuentes que lanza también a su jauría para atacar a Lorena Ruiz-Huerta, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, a la que no puede soportar.

Todos estos se lo van a arreglar. Fíense de Susanna Griso, tan presta a lavar lo que tenga Hernando por cara. O a criticar lo que ocurre lejos de España para que veamos la suerte de contar aquí con el PP. O de Inda y Marhuenda. O de Caño y Cebrián. En TVE también hay unos cuantos que les van a sacar las castañas del fuego. Todos estos lo van a solucionar. Porque la culpa de todo la tiene el 15M, y Podemos, Iglesias, y sobre todo, ahora, Irene Montero con la que no contaban.

Aquel sábado en el templo de la baratija y la ganga corrían tropezándose con los adultos –que es una nueva costumbre infantil– unos cuantos niños con el aire de suficiencia del primer mundo. Y por un instante sentí que veía aquellos mismos pasillos con las tejedoras en serie y aquellos niños españoles, sentados, cosiendo, encorvados. Se ha denunciado que las fábricas que surten a los grandes comercios occidentales emplean a críos de su edad. Cuánta explotación hace falta para cobrar 2 euros por camiseta, y menos en las próximas rebajas. Cuánto sufrimiento.

El derecho a progresar ha de erigirse sobre condiciones laborales, humanas, más justas. 85 millones de niños en el mundo trabajan a la fuerza. Una de las más grandes explotadoras es Ivanka Trump, a cuyo padre o dinastía han aupado a puestos de decisión estelares unos cuantos millones de seres inanes que no piensan o quieren fastidiar. “Los salarios son tan bajos que algunos no pueden vivir junto a sus hijos, mientras colocan etiquetas con precios que equivalen a semanas de trabajo”. El marido de Ivanka, por cierto,  construyó un edificio de lujo con fondos para barrios pobres. Una familia muy compenetrada en sus objetivos. No es la única.

Lo peor es que explotadores y embaucadores no andan en lejanas montañas. Los escenarios desoladores se construyen trabajando la injusticia y la irreflexión, en cualquier parte. La globalización del abuso es un hecho. Aquel sábado, como este y muchos más, me pregunté si aquellos padres habían contado a sus hijos quiénes y cómo elaboran esos productos. Si les habían advertido que, por el camino que vamos, un día pueden verse igual, en el otro lado de la fortuna. Hacen falta muchas manos para vender a 2 euros; muchas, para saciar la codicia aquí de tanto ladrón. ¿Se lo han contado a sus hijos?

  Publicado en eldiarioes El Periscopio
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Adiós al Banco Popular. Una decisión de madrugada

Mér, 21/06/2017 - 06:00

Julio Rodríguez López – Consejo Científico de ATTAC España

El sistema bancario español sufrió una importante sacudida en la segunda semana de junio de 2017. Una vez confirmado que el Banco Popular carecía de liquidez para abrir las oficinas el miércoles 7 de junio, los acontecimientos se precipitaron en la noche del martes al miércoles. El Mecanismo Único de Resolución (Single Resolution Board) actuó de forma contundente tras haber sido informado por el Banco Central Europeo (BCE) de que el Banco Popular corría riesgo de quiebra. Se amortizaron las acciones, así como toda la deuda subordinada y los bonos convertibles del Banco Popular. La intervención del BCE fue breve, duró el tiempo necesario para traspasar el saldo restante del Popular al Banco de Santander, único oferente en firme, a cambio de un euro.

El Banco de Santander informó que durante el mes de julio de 2017 efectuaría una ampliación de capital por importe de 7.000 millones de euros para hacer frente a la absorción del Popular. También avisó a los clientes del Popular que podían seguir operando con dicho banco desde el mismo día 7 de junio.

El último presidente del Popular, Emilio Saracho, había comentado en público que había que volver a estimar el alcance de las provisiones necesarias respecto de los activos problemáticos de dicha entidad (créditos morosos y activos reales del balance). Esta declaración no supuso precisamente un estímulo a posibles compradores bancarios de la entidad. En una semana el valor de las acciones del Popular se redujo en un 50%. Los días pasaban y el proceso de descapitalización parecía no tener fin. Se intensificó a la vez la retirada de dinero de las cuentas corrientes, operación ahora facilitada por la banca informática. .

En todo caso, sorprendió la velocidad a la que sucedieron los pasos que llevaron a la extinción del Banco Popular y de su simbólica compra por el Santander. La operación descrita ha reforzado la concentración existente en el sistema bancario español. Tras los ajustes de 2012-13, quedaban en España unos 13 grupos bancarios: dos de carácter internacional (Santander y BBVA), tres de tamaño intermedio (Popular, Bankinter y Sabadell) y otros siete resultantes del proceso de consolidación de las anteriores cajas de ahorros (Caixabank, Bankia, Unicaja, Ibercaja, Kutxabank, BMN y Liberbank).

Una vez absorbido el Popular por el Santander, cinco grupos bancarios concentran el 76% de los activos (Santander, BVBVA, Caixabank, Bankia y Sabadell), destacando la cuota del 27% correspondiente al Santander. La operación del Popular se ha presentado como una actuación perfecta, por aquello de no haber supuesto gasto público. Pero la realización de la misma implica la realidad de fuertes pérdidas de capital para un número importante de accionistas y de propietarios de deuda “junior”, por no hablar del destino incierto de los 15.000 empleados del Popular.

En junio de 2016 el Banco Popular había realizado una ampliación de capital de 2.500 millones de euros. Al realizar dicha operación el Popular debió aportar información a los nuevos suscriptores, contenida en el correspondiente folleto, que no debió ser muy exacta. El auditor había enviado señales de que algo no iba bien, con motivo de las cuentas de 2016. Por otra parte llama la atención el aviso del Popular de que no disponía de liquidez para abrir las oficinas el miércoles 7 de junio (¿Para qué están los supervisores?).

Además, el Popular había superado los últimos “stress-tests”” realizados por la Autoridad Bancaria Europea, lo que pone en cuestión la calidad de tales pruebas. Sorprende que la presidenta del Mecanismo Único de Resolución, Elke König, hubiese advertido públicamente en fechas recientes de la probable resolución del Popular en el caso de no encontrar comprador. Dicho aviso no era una invitación a compradores.

No fueron, pues, solo las cajas de ahorros las entidades que cometieron excesos en la etapa de la burbuja. También hubo excesos en la banca, donde el Popular entró en el negocio inmobiliario cuando los restantes bancos huían del mismo. La relativa tranquilidad por la que ha atravesado el sistema bancario español después de 2013 ha sufrido un cierto “shock” con la reciente quiebra del Popular.

Es posible que a partir de ahora los accionistas bancarios serán más cautos. De momento se ha complicado la vida a Liberbank, cuyas acciones han descendido abruptamente de precio en la última semana. Está por ver si el citado Mecanismo de Resolución emplea una dureza equivalente con alguna que otra entidad bancaria problemática de las que todavía quedan en Italia y Portugal.

 

Artículo publicado en la revista El Siglo de Europa el 16.6.2017

 JRL es vocal del consejo superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

Publicado en Mercado y política de vivienda

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¿Será Donald Trump la nueva víctima colateral de la Guerra Fría 2.0?

Mar, 20/06/2017 - 08:00

Germán Gorraiz López – ATTAC Navarra-Nafarroa

La irrupción mediática de Edward Snowden, ex-técnico de Booz Allen, sub-contrata de la CIA, confesando ser el autor material de las filtraciones a The New York Times y The Guardian sobre el programa PRISM (espionaje de las telecomunicaciones a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), habría desatado todas las alarmas en la CIA ante el peligro evidente de destapar los secretos inconfesables de los sótanos secretos del establishment. Putin habría jugado con maestría sus bazas y tras conceder a Snowden el asilo temporal, apareció ante el Mundo como adalid de la defensa de los Derechos Humano,(diluyendo de paso su imagen de represor en el conflicto checheno), aunque consciente de la nueva dinámica acción-reacción propia de escenarios de Guerra Fría en la que verán envueltas las relaciones ruso-estadounidenses a partir de este momento (Guerra Fría 2.0).

Trump, la bestia negra del establishment

Wright Millsen su libro “The Power Elite” (1.956), indica que la clave para entender la inquietud norteamericana se encontraría en la sobre-organización de su sociedad. Así, establishment sería “el grupo élite formado por la unión de las sub-élites política, militar, económica, universitaria y mass media de EEUU”, lobbys de presión que estarían interconectadas mediante “una alianza inquieta basada en su comunidad de intereses y dirigidas por la metafísica militar”, concepto que se apoya en una definición militar de la realidad y que habría transformado la economía en una guerra económica permanente y cuyo paradigma serían los Rockefeller al participar en los lobbys financiero, industria militar y judío.

La sorpresiva irrupción en el campo republicano de un candidato independiente y refractario a la disciplina de partido como Trump, habría desatado las alarmas en el seno de las cúpulas dirigentes por lo que será asociado por el aparato mediático del sistema dominante (mass media) con el advenimiento del caos. Por caos (Khaos o “vacío que ocupa un hueco en la nada”) entendemos algo impredecible y que se escapa a la miope visión que únicamente pueden esbozar nuestros ojos ante hechos que se escapan de los parámetros conocidos pues nuestra mente es capaz de secuenciar únicamente fragmentos de la secuencia total del inmenso genoma del caos. Lyan Watson en su obra “Lifetide” publicada en 1.979 afirma que “ si un número suficientemente grande de personas (Masa Crítica) adquieren un nuevo conocimiento o forma de ver las cosas, esto se propagará por toda la humanidad”, para lo que es necesario que un determinado número de personas (Masa Crítica), alcance una conciencia más elevada , tesis conocida como “Teoría del Centésimo Mono” y que tendría su plasmación en la sorpresa electoral de Donald Trump, candidato en principio totalmente refractario a la disciplina de partido y devenido en la “bestia negra” del establishment

La guerra híbrida como elemento diferencial de la Guerra Fría 2.0

La nueva doctrina geoestratégica conocida como “Guerra Híbrida” sería atribuible al Jefe de Estado Mayor de las FF.AA. Rusas, Valery Gerasimov quien afirmó que “ cada vez es más frecuente que se dé prioridad a un uso conjunto de medidas de carácter no militar, políticas, económicas, informativas y de otro tipo que estarían sustentadas en la fuerza militar. Son los llamados métodos híbridos”, concepto que se habría puesto en práctica por primera vez con ocasión de las recientes Elecciones Presidenciales en EE.UU. Así, en la web de investigación “Mother Jones” apareció una versión reducida del informe de los servicios de inteligencia de EEUU en el que acusaban directamente al Gobierno de Putin de estar detrás de “supuestos ataques cibernéticos de hackers rusos para desequilibrar la campaña electoral de Hilary Clinton e inclinar la balanza a favor del supuesto submarino ruso, Donald Trump”.

Según el citado documento de los servicios de inteligencia de EEUU, el Departamento Central de Inteligencia ruso (GRU) con sede en Moscú, considerado el “servicio de espionaje más poderoso y efectivo ruso en la actualidad tras asumir las funciones del primigenio Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) “,se habría servido del pirata informático Guccifer 2.0 así como de la página web DC Leaks.com y de WikiLeaks para “difundir públicamente información de los correos secretos de Hillary Clinton obtenidos mediante hackeo cibernético”, extremo negado por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

En consecuencia, siguiendo el principio de “acción-reacción”, Obama advirtió a Putin que “dichas operaciones cibernéticas podrían ser consideradas como potenciales actos de guerra” y como represalia, ordenó la salida de 35 diplomáticos rusos y aplicó nuevas sanciones a diversos organismos y empresas rusas, en especial contra el citado GRU.

Donald Trump y el complot del Club de las Islas

Trump intentó el finiquito de la Unipolaridad de Estados Unidos y su sustitución por la nueva doctrina de la Multipolaridad o Geopolítica Inter-Pares, formado por la Troika EEUU, China y Rusia (G3), quedando de paso la UE, Japón, India y Brasil como convidados de piedra en el nuevo escenario geopolítico. Así, en una conferencia pronunciada por Trump en la sede de la influyente revista política “The National Interest”, Donald Trump expuso las líneas maestras de su política exterior que podrían sintetizarse en su lema “Estados Unidos lo primero”, lo que de facto supondría el retorno al proteccionismo económico tras cancelar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México (TLCAN) así como el TTIP y la Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), pieza central de la Administración Obama en su política de reafirmación del poder económico y militar en la región del Pacífico. Ello sería un misil en la línea de flotación de los intereses geopolíticos del conocido como “Club de las Islas” con activos cercanos a los 10 trillones € y cuya cabeza visible según el espía ruso Daniel Estulin, sería el financiero y experto diseñador de “revoluciones de colores”, George Soros. La primitiva CIA se habría transmutado en el llamado Departamento de Seguridad Nacional ( Homeland Security) y de la hidra-CIA habrían nacido 17 nuevas cabezas en forma de agencias de inteligencia que integrarían la Comunidad de Inteligencia de EEUU ( la Cuarta Rama del Gobierno según Tom Engelhardt) , agentes patógenos de naturaleza totalitaria y devenidos en Estado paralelo, verdadero poder en la sombra fagocitado por el “Club de las Islas” de George Soros y que se habría conjurado contra un Trump partidario de la Geopolítica Primus InterPares o G2 para mediante métodos legales (impeachement) o expeditivos (léase Magnicidio) lograr neutralizar a Trump.

¿Tiene Trump los días contados?

La guerra híbrida presuntamente empleada por el GRU ruso significó de facto el retorno a escenarios ya olvidados de espionaje y contraespionaje propios de la Guerra Fría y tuvo como primera víctima colateral al asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, Michael Flynn tras filtrarse que habría mentido al VicePresidente Mike Pence sobre sus conversaciones con el embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak, pero Donald Trump habría negado la existencia de la llamada “conexión rusa”, acusando a la Agencia Nacional de Seguridad y al FBI de estar implicadas en la filtración de informaciones perjudiciales para su Administración.

Sin embargo, en un momento crucial para finiquitar la investigación de la presunta relación del Gobierno ruso con varias personas del entorno del Presidente Trump al igual que de la denuncia contra Putin tras acusado de “interferir en el proceso electoral norteamericano para favorecer al entonces candidato Donald Trump” encargada al FBI, el cese fulminante de su Director, James Camey habría provocado que la sombra del Watergate volviera a planear sobre Washington. A medida que transcurren los días, crecen las sospechas de que dicho cese sería un claro caso de obstrucción a la justicia, delito por el que el Congreso de EEUU podría iniciar un proceso de destitución (impeachment) que termine por deponer a Trump tras lo que su Vice-Presidente Mike Pence asumiría la Presidencia para hacer que EEUU vuelva a la senda de las seudodemocracias tuteladas por el verdadero Poder en la sombra de EEUU (Cuarta Rama del Gobierno de EEUU).

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A Montoro no le gustan los interventores

Mar, 20/06/2017 - 06:00

Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico de ATTAC España

Todos aquellos que conozcan mínimamente la Administración no habrán podido por menos que quedar estupefactos al leer en la prensa que el Consejo de Ministros, en su reunión del 2 de junio, acordó llevar a cabo una revisión integral del gasto del conjunto de las administraciones públicas. Se comenzaría por las subvenciones con la finalidad de introducir “posibles mejoras en los procedimientos, eliminar duplicidades y realizar un análisis de impacto”. El encargo se realiza a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y las conclusiones deberán estar disponibles a finales de 2018.

Es verdad que el Gobierno ya se había comprometido a tamaño desatino en el plan presupuestario y en el Programa de estabilidad 2017-2020, enviados a Bruselas. El origen parece estar en el pacto firmado con Ciudadanos, necesario para que Rajoy alcanzase la investidura. El acuerdo está lleno de estupideces, objetivos irrealizables y medidas más reaccionarias que las propias del PP. Eso es lo malo de tener que aceptar las exigencias de un partido que desconoce totalmente la Administración y el sector público, cuyos miembros no han regido ni un pequeño ayuntamiento y que, además, huyen de las responsabilidades de gobierno y orientan su actuación política en función tan solo de todo aquello que tiene buena prensa.

Solo así se puede hablar de una auditoría a todas las administraciones públicas (se supone que se incluyen organismos, entes, agencias, fundaciones y demás derivados, tanto del Estado como de todas las Comunidades Autónomas y los muchos miles de Ayuntamientos) y encomendar todo ello a un chiringuito como la AIReF, cuya existencia se debe únicamente a la pretensión de la burocracia de Bruselas de tener en todos los países tentáculos que puedan mantenerla informada de cuándo los gobiernos se desvían de lo que consideran ortodoxia. Los llaman organismos independientes, pero en realidad son bastante dependientes de Bruselas y de su política.

La propuesta de Ciudadanos y el plan que se acaba de aprobar, se mire por donde se mire, no hay por dónde cogerlos. Con las auditorías ocurre como con las comisiones, cuando no se sabe qué hacer con un determinado tema se crea una comisión, o se anuncia que se va a realizar una auditoría. Las comisiones de expertos (escogidos convenientemente) sirven de coartada al gobierno de turno bien para empantanar un asunto o bien para adoptar medidas impopulares tomadas ya de antemano. Los políticos, especialmente desde la oposición, cuando carecen de propuestas, de ideas y desconocen totalmente la materia, reclaman auditorías de las cosas más inverosímiles.

Resulta insólito que se pretenda inspeccionar de golpe todo el sector público, y que para ello se encomiende a un organismo carente de medios y de experiencia, que como mucho es tan solo un mediocre servicio de estudios, muy inferior desde luego al del Banco de España y al de otras entidades financieras. El único personal especializado con el que cuenta es el prestado por la IGAE. Es tan desproporcionada la tarea a realizar con respecto a las características de las institución que no se puede evitar pensar que lo que en realidad se pretende es que no se llegue a ningún resultado excepto el de anunciarlo en la prensa.

La decisión contrasta con los medios e instrumentos, tanto personales como materiales, que posee el Estado dedicados a planificar, controlar y analizar el gasto público: Tribunal de Cuentas, Intervención general de la Administración del Estado, Dirección General de Presupuestos, Dirección General de Gastos de Personal, etc. . Miles de funcionarios a los que parece considerarse inútiles para tal cometido a pesar de que la ley se lo encomienda. ¿Para qué sirve la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gasto Público? Habrá que preguntarse qué piensa el Secretario de Estado y si lo lógico no sería que dimitiese ya que el Gobierno no le considera capaz de cumplir su función; aunque, quizá, es que él, hasta ahora, tampoco se ha enterado de cuál es su papel.

El colmo de la petulancia es afirmar, tal como hacen los portavoces de la AIReF, que no existen precedentes y que por primera vez se auditan las subvenciones o el gasto de las administraciones públicas. La IGAE lleva más de 100 años fiscalizando el gasto público. No digo que siempre haya cumplido perfectamente su función, pero experiencia no le falta. Al menos desde el año 1982 viene realizando toda clase de auditorías sobre el sector público. Más de 300 anuales. Eso sin contar el control financiero que en los ministerios y en la mayoría de los organismos y entes públicos ejercen los interventores destinados en ellos.

Es verdad que el ámbito de todas estas auditorías ha estado siempre limitado el sector público estatal y en momentos puntuales a los ayuntamientos, cuando el Estado se ha tenido que hacer cargo de determinados gastos o deudas de las corporaciones locales. El Estado de las Autonomías creado en nuestra constitución impide ir más allá. Pero en cualquier caso parece que la IGAE sería la institución más apta para acometer lo mucho o lo poco que se pueda avanzar en este sentido, ya que viene elaborando las cuentas de las administraciones públicas (y recibiendo información de las instituciones periféricas) desde hace más de cuarenta años. Es posible que muchos, y me encuentro entre ellos, no estén conformes con que se haya troceado el Estado en 17 reinos de taifas, pero me temo que no cabe la vuelta atrás y que las distintas Autonomías no van a recibir con buena disposición la intromisión de la Administración Central en sus competencias.

¿Alguien puede imaginarse a la docena o docena y media de funcionarios de la AIReF, yendo a auditar las 17 Comunidades Autónomas, y los múltiples entes, organismos, fundaciones y empresas públicas que dependen de ellas, así como a los miles de ayuntamientos distribuidos por toda España? Todo ello suena chusco. Como chusco es que la AIReF se dedique a dar subvenciones. Quizás es de las actividades que primeramente ha abordado esta institución. Dinero para catedráticos y universidades. Muy propio, cuando no se sabe qué hacer se subvenciona a un tercero, a ver si nos saca del atolladero. Becas de formación y de investigación sobre el análisis de la estabilidad presupuestaria, y últimamente subvenciona también estudios para que le digan cuál es su función y cometido. Es comprensible que no la conozca. Pretende copiar también al Instituto de Estudios Fiscales. Se me ocurre que deberían empezar la auditoría que les encarga el Gobierno analizando su propia casa. A lo mejor descubrirían que sus subvenciones son superfluas y que su propia existencia es reiterativa de otros organismos con mucha más tradición en la Hacienda Pública española.

En todo caso, el problema del gasto público, de haberlo, no se encuentra en la ausencia de auditorías. Auditorías, estudios, memorandos, etc., hay más que de sobra. Lo que falta es la voluntad política de hacer caso a sus conclusiones. Los informes de la IGAE y de sus interventores delegados, con un gobierno o con otro, suelen dormir en alguna mesa de ministro o de secretario de Estado esperando tiempos mejores, y en muy pocas ocasiones tienen repercusiones prácticas. Incluso cuando como fruto de ellos se acometen reformas importantes, las presiones son tan fuertes que se termina desnaturalizándolas; buen ejemplo de ello es la vigente Ley de subvenciones, que al final perdió virtualidad práctica al excluir de su aplicación a las fundaciones públicas, con lo que se generó una importante vía de de escape para librarse de su cumplimiento. De las subvenciones se sabe casi todo; también la reticencia de políticos, partidos y gobiernos a someterse a procedimientos reglados y mucho más a la comprobación de los resultados.

No deja de ser curioso también que la mirada se centre en el gasto y no en los ingresos, cuando hay pocas dudas de que la dificultad para cumplir los objetivos de déficit se encuentra en la escasa suficiencia de nuestro sistema fiscal. Tal vez la razón de esta decisión haya que buscarla en los prejuicios ideológicos del PP y sobre todo de Ciudadanos acerca de la maldad intrínseca del gasto público y de los impuestos.

Hace pocos días la asociación de inspectores se quejaba amargamente del nivel crítico al que había llegado la Agencia Tributaria en la carencia tanto de medios personales como materiales. Es posible que en los planes de Montoro esté también encargar a la AIReF la lucha contra el fraude fiscal y arrinconar a la Agencia, ya que esta última institución no es independiente, pues depende del Gobierno. ¿De quién depende la AIReF?

Estoy seguro de que la asociación de inspectores tiene razón en sus reivindicaciones, pero ¿cuáles tendrían que ser entonces las demandas de los interventores que han visto en los últimos años reducirse críticamente el personal de todos los niveles en el conjunto de las dependencias y en las intervenciones delegadas?. El edificio que ocupa la IGAE se está cayendo a trozos (y no es metáfora). Se interrumpieron durante dos años las oposiciones, con lo que se destruyó el cuerpo de opositores y ello ha ocasionado que al convocarlas de nuevo muchas plazas queden vacantes por no haber candidatos preparados. Desde hace más de diez años, los interventores no participan de los incrementos de productividad que han afectado a otros colectivos como el de los inspectores, a Montoro no le gustan los interventores ni parece que tenga ningún empeño en que la IGAE cumpla su función. Es más cómodo y sobre todo menos comprometido encargar de tal tarea a la AIReF.

En honor a la verdad este comportamiento no es exclusivo del actual ministro de Hacienda. La mayoría de los políticos al llegar al gobierno, en lugar de potenciar las instituciones u organismos existentes, quieren dejar su huella creando un ente nuevo que pueda anunciarse a la prensa (la novedad es el carburante de los medios) y que la mayoría de las veces acaba siendo totalmente vano. Cómo no recordar al ínclito Jordi Sevilla (el del tipo único y el de los tres días) anunciando a bombo y platillo la creación de la Agencia de evaluación de políticas públicas; parecía que todo proceso de racionalización del gasto público comenzaba con su constitución y de su funcionamiento iban a depender la eficacia y la eficiencia del sector público. Diez años después el resultado está a la vista. Sin embargo, continúa subsistiendo sin que nadie sepa por qué.

En estas mascaradas tiene mucho que ver la burocracia de Bruselas que oculta su incompetencia y carencia de auténticas soluciones para el atolladero en que se desenvuelve la Unión Europea, con genialidades y ocurrencias, entre las que se encuentran la de crear nuevos entes y organismos como si se partiese de cero y no se hubiera hecho nada hasta este momento. Se rumorea que ahora están detrás de crear un organismo (independiente, por supuesto) para el control de las contrataciones, y como a Montoro no le gustan los interventores piensa ubicarlo dependiendo de la Dirección General de Patrimonio, como si esta dirección general tuviese pocos agujeros que atender. En fin, de este futuro organismo hablaremos otro día.

Publicado en República.com
www.martinseco.es

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La Rusia de Putin: el retorno de los vencidos

Lun, 19/06/2017 - 06:00

Santiago Mayor - ALAI, AMÉRICA Latina en movimiento

El 9 de agosto del 1999 el presidente ruso Boris Yeltsin, declaró: “He decidido nombrar a la persona que, en mi opinión, es capaz de consolidar nuestra sociedad, garantizar la continuación de las reformas en Rusia con el apoyo de las más amplias fuerzas políticas. Él será capaz de ponerse al frente de los que en el nuevo siglo XXI tendrán que renovar nuestra gran Rusia”.

Hablaba del desconocido director del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, Vladimir Putin, al cual acababa de nombrar primer ministro. Apenas un año después sería electo presidente por primera vez.

La Rusia humillada de los oligarcas

Con el desmembramiento de la Unión Soviética la nación rusa no sólo vio cómo los países bajo su control se independizaban, sino también un avance imparable de Occidente en su histórica zona de influencia tanto en Europa del Este como en Asia Central.

La Rusia que recibió Putin era una ex potencia decadente, alejada de la supremacía que había tenido en el contexto de la Guerra Fría, pero también de su histórico rol geopolítico antes del siglo XX. El país estaba controlado por una oligarquía de ex burócratas comunistas devenidos empresarios multimillonarios, corruptos y mafiosos, que poseían bajo su control casi todos los resortes del Estado.

La tasa de mortalidad superaba a la de natalidad desde 1992 y la deuda externa alcanzaba el 78% del PBI.

Poniendo la casa en orden

En el marco de los conflictos nacionalistas surgidos al calor de la desintegración del bloque comunista, Putin tuvo que afrontar ni bien asumió como primer ministro una situación realmente compleja.

Chechenia, unas de las repúblicas que integran la Federación Rusa, había retomado en 1991 su lucha por independizarse de Moscú. De hecho fue un Estado autónomo de facto hasta 1999. Ese año tropas chechenas invadieron la república de Daguestán (también parte de Rusia).

El nuevo mandatario ruso decidió garantizar la integridad territorial del país y las Fuerzas Armadas atacaron Chechenia llegando hasta Grozni, la capital, recuperando el control de todo el territorio para mayo de 2000.

Un hecho similar se dio en 2008 cuando el gobierno de Georgia invadió Osetia del Sur, república reconocida por Rusia pero no por el resto de la comunidad internacional. Este territorio, que contaba en aquel momento con un 90% de población con pasaporte ruso, está étnica e históricamente ligado a Osetia del Norte (otra entidad subnacional dentro de la Federación Rusa). En ese marco las tropas de Moscú se movilizaron para defender la autonomía de los osetios imponiéndose sobre los georgianos que contaban con el respaldo de Washington.

Ambos conflictos fueron vistos por Rusia como un intento de Occidente de reducir su influencia en la estratégica zona del Cáucaso que cuenta con importantes reservas de petróleo y gas.

A estos triunfos militares Putin sumó éxitos en materia económica como haber vuelto a poner a Rusia entre las economías más importantes del mundo, convertirla en la segunda exportadora de petróleo detrás de Arabia Saudita y haber bajado la inflación de un 20% anual en 2000 a un 5,3% en 2016. Además revirtió la tasa negativa de natalidad en 2013 y redujo la deuda externa al 10% del PBI.

Por otra parte, en una política que incluyó acuerdos y confrontaciones, logró “ordenar” a los grandes oligarcas y encauzarlos en función de sus objetivos.

Sin embargo estos éxitos no lo han eximido de denuncias de cierto autoritarismo, principalmente en lo relacionado a las libertades individuales.

La línea roja de Moscú

Cuando Mijaíl Gorbachov, el último jefe de Estado soviético, aceptó que la Alemania reunificada fuera parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), acordó con los mandatarios occidentales que esa política no se extendería hacia el resto de Europa oriental.

Sin embargo en 1999 fueron incorporadas a esa entidad Hungría, Polonia y la República Checa. A las que se sumaron en 2004 Bulgaria, Eslovaquia, Rumania, Eslovenia y -quizás lo más importante-, las tres repúblicas bálticas: Lituania, Letonia y Estonia. Esto implicó poner a las fuerzas militares atlantistas en la misma frontera rusa. Un proceso similar y simultáneo se dio con la expansión de la Unión Europea incorporando antiguos Estados integrantes del Pacto de Varsovia.

Todo fue acompañado de un fenómeno muy particular que se dio a comienzos de la década del 2000: las llamadas “revoluciones de colores” teorizadas por el filósofo anticomunista Gene Sharp. Se trató de manifestaciones presuntamente pacíficas contra gobernantes autoritarios, pero en realidad buscaban el cambio autoridades afines a Moscú por gobierno pro-occidentales. Las más recordadas por su éxito son las de Georgia (2003) y Ucrania (2004). Aunque hubo otras fallidas como la de Bielorrusia en 2006.

Como si esto no fuera suficiente, la OTAN desplegó su famoso “escudo antimisiles” en países como Rumania y Polonia, a distancia de fuego de Moscú.

Pero la gota que rebalsó el vaso fueron las protestas en 2014 del llamado Euromaidán en Ucrania, apoyadas desde Bruselas y Washington, que derrocaron al presidente Víktor Yanukóvich -que rechazaba ingresar a la Unión Europea-, eliminaron el sistema federal de gobierno y prohibieron la enseñanza del ruso como segundo idioma.

La reacción de Moscú fue intervenir para buscar una solución al conflicto, sin caer en la provocación de comenzar una guerra abierta. Putin actuó como mediador en la conferencia de Minsk que estableció 13 puntos para la paz en el país y abogó por una Ucrania federal que reconociera la autonomía de las regiones orientales de mayoría rusa.

Asimismo reincorporó Crimea (cedida a Ucrania en 1954) al territorio ruso poniendo sobre la mesa el derecho a la autodeterminación utilizado por la propia Ucrania cuando decidió independizarse de la URSS en 1991. Este fue quizás el punto más álgido de la nueva política internacional del Kremlin. En una acción contundente pasó a la ofensiva marcando un límite, la “línea roja” ante la avanzada occidental, en sus propias fronteras.

Si bien no se puede relacionar directamente, esta vuelta a la escena internacional ha sido acompañada de algunos logros políticos de Moscú en Europa Oriental como se vio en las elecciones de Bulgaria y Moldavia de 2016, donde candidatos afines lograron imponerse.

Esto ya ha generado paranoia en las autoridades europeas que el año pasado emitieron una resolución de censura a los medios rusos por temor a su influencia dentro de la Unión.

A pesar del estupor con el que muchos medios de comunicación informan sobre la política exterior rusa, cabe recordar que las tropas de la OTAN están apostadas en su frontera europea, flotas militares estadounidenses se pasean por sus costas orientales en el Pacífico y Washington posee bases militares en Asia Central y tropas en Afganistán.

Como contrapartida, el Kremlin no despliega su armamento sobre las costas estadounidenses sino que marca el límite en su zona de influencia y lo hace como repuesta a la agresión de otras potencias. En ese sentido cualquier planteo de poner en igualdad de condiciones las acciones de uno y otro lado, resultan -por lo menos- superficiales.

De primaveras árabes, terroristas e intervenciones “democráticas”

La llamada primavera árabe -iniciada en 2011- barrió con algunos gobiernos autoritarios afines a EE.UU. (Egipto y Túnez). También fue violentamente sofocada en países como Bahrein, con apoyo de Arabia Saudita, y desató guerras civiles en Libia, Yemen y Siria.

En el caso de Yemen, cayó un gobierno pro-occidental y los rebeldes hutíes -cercanos al gobierno iraní- combaten al día de hoy contra una fuerza multinacional encabezada por los saudíes. En Libia el desenlace es conocido: la OTAN bombardeó el país hasta dejarlo hecho trizas con el objetivo de asesinar a Muamar Muhamad Abu-minyar el Gadafi. Este bombardeo fue realizado a pesar de los planteos de China y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Finalmente, Siria fue distinto. El financiamiento de Occidente y las monarquías del Golfo a lo que llaman “rebeldes moderados”, junto al surgimiento de Estado Islámico, generó un conflicto multinacional camuflado de Guerra Civil. El avance de los terroristas sobre territorios del gobierno de Bashar Al-Assad parecía irrefrenable hasta que Moscú decidió intervenir abiertamente a pedido de las propias autoridades de Damasco.

En septiembre de 2015 la entrada de tropas rusas comenzó a revertir el curso de la guerra o, al menos, a equilibrarlo. Hasta entonces la coalición comandada por EE.UU. había estado actuando en el territorio sin ningún logro significativo. Denuncias posteriores, como la de la misionera argentina Guadalupe Rodrigo que vivió cuatro años en Siria, dieron cuenta de la connivencia estadounidense con los terroristas.

El éxito más importante de Rusia en el ámbito militar fue la recuperación el este de la ciudad de Alepo, que estuvo bajo dominio de grupos terroristas prácticamente desde el comienzo. A esto hay que sumar la reciente cumbre de paz de Astaná, Kazajistán, motorizada por el Kremlin junto a Irán y Turquía donde se firmó un memorándum para la creación de cuatro zonas de seguridad y “desescalada” del conflicto en Siria.

Gracias a la intervención rusa, lo que parecía ser una nueva Libia (hoy desmembrada en varios micro-Estados de facto) debido a las deliberadas intenciones de la OTAN de hacerse con los oleoductos y gasoductos sirios que van de Irak al Mar Mediterráneo, pasó a ser un conflicto estabilizado con un gobierno mucho mejor parado.

Con China en la búsqueda de un nuevo orden mundial

Si bien el término fue acuñado a principios de siglo, el BRICS (acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) no comenzó a nacer formalmente sino hasta 2006 y tuvo su primera cumbre oficial el 16 de junio de 2009 en Yekaterimburgo (Rusia). Este agrupamiento de poderosas “economías emergentes” se estableció como un claro contrapeso a la hegemonía estadounidense y sus aliados europeos.

Con alrededor del 30% del PBI mundial y más del 40% de la población, representa un mercado con un claro potencial. Además China, Rusia e India poseen tres de los cinco ejércitos más poderosos del mundo.

La Rusia de Putin fue una de las impulsoras de este espacio y, hasta el momento, ha buscado una mayor articulación sobre todo con China, llamada a ser la primera potencia económica mundial en pocos años. “Estoy seguro de que el crecimiento de la economía china no es ninguna amenaza, sino un desafío que contiene un colosal potencial de colaboración de negocios, una posibilidad de atrapar ‘el viento chino’ en las ‘velas’ de nuestra economía”, escribió Putin en una carta pública antes de su reelección en 2012.

En ese mismo texto el mandatario ruso aclara que se han solucionado históricos problemas entre ambos países, entre ellos el fronterizo. Por eso “el modelo de las relaciones ruso-chinas que se ha creado genera mucha perspectiva”.

Ambas potencias han tenido posicionamientos conjuntos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, principalmente en torno al conflicto sirio y Moscú ha dado un fuerte espaldarazo a la “nueva ruta de la Seda” que Beijing impulsa para reorganizar el mercado mundial.

No obstante no se puede descartar que en algunos años el desarrollo chino choque con las aspiraciones rusas. Por el momento han logrado complementarse y expandir su influencia de manera conjunta.

Geopolítica a escala regional

Además de sus intervenciones en Ucrania y Siria, que han tenido una gran relevancia a nivel mundial, Moscú juega un papel importante en otros conflictos y zonas del planeta.

En el Cáucaso hace más de dos décadas que Armenia y Azerbaiyán se enfrentan en una guerra que parece no tener fin. El objetivo: el control de la región de Nagorno Karabaj, de mayoría armenia pero formalmente integrada a territorio azerí y autodeclarada independiente desde 1991. Históricamente Rusia ha mediado en este conflicto y en abril del año pasado se firmó en Moscú un alto el fuego entre ambas partes.

Otro ejemplo de la vuelta de Rusia al escenario regional fue su re-acercamiento a los países de Asia Central, los “istán” (Kazajistán, Uzbequistán, Tayikistán, Kirguistán y Turkmenistán). Todas estas ex repúblicas soviéticas habían sido olvidadas por Moscú tras la disolución de la URSS. Sin embargo, con la llegada de Putin al gobierno ha habido un intento por recuperar la iniciativa en una región disputada tanto con China (económicamente) como con EE.UU. (militarmente).

Actualmente más de un tercio (35%) de las importaciones de Kazajistán y Kirguistán provienen de Rusia. El número se ubica en un 25% para los uzbekos y un 32% para los tayikos. Kirguistán queda más lejos con un 16%. Asimismo las remesas provenientes de territorio ruso suponen el 30% del PBI kirguizo y el 15% en Tayikistán.

Este escenario se vio reforzado por la conformación de la Unión Económica Euroasiática nacida en 2015. La misma, que habilita el libre movimiento de capitales, mercancías, servicios y personas, está integrada por Rusia, Kasajistán, Bielorrusia, Armenia y Kirguistán. Además existen negociaciones para la incorporación de los demás “istán” y algunas repúblicas o regiones autónomas de facto -aunque no reconocidas por la comunidad internacional- como Abjasia y Osetia del Sur en Georgia, Lugansk y Donetsk en Ucrania y Transnistria en Moldavia.

El resurgir de Rusia como potencia mundial ya es un hecho consumado. Sin dudas no hubiera sido posible sin la estructura económica y militar heredada de la Unión Soviética, pero tampoco se podría haber logrado sin la decisión política de Vladimir Putin.

No obstante, no se debe confundir el rol progresivo que puede desempeñar Moscú en determinados conflictos (Siria, Ucrania) con un revival de la Guerra Fría. Hoy los choques entre las potencias no están atravesados por ideologías contrapuestas, sino por influencia geopolítica e intereses económicos.

Asimismo habrá que ver hasta dónde puede Rusia sostener su presencia política y militar en varios frentes a la vez. De todas formas no parece ser la intención de Putin lanzarse a un despliegue mundial y competencia de igual a igual con Washington o Beijing. Pero sí ha dejado clara su decisión de reubicar al país más grande del mundo como un actor a tener en cuenta.

El miedo occidental al gigante ruso emerge ante un neoliberalismo en crisis y el fracaso de la globalización. La hegemonía estadounidense está dando paso a un mundo multipolar en el que Rusia ha dejado de ser un mero actor secundario para volver a ser un Estado con iniciativa propia en la geopolítica mundial.

Aquel que había sido derrotado y humillado en 1991 ha vuelto y tiene previsto quedarse un buen rato.

 

Periodista argentino. Escribe en Notas – Periodismo PopularRT en Español // @SantiMayor

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¿Pero qué está pasando en los puertos?

Dom, 18/06/2017 - 06:00

Carlos Martínez – Consejo Científico de ATTAC España

Ya hay convocadas huelgas en nuestros puertos, para la última semana de junio y primera de Julio tras una huelga total de 48 horas finalizada el 15/6/2017 a las 24h. La huelga dada la unidad, la elevadísima sindicación del sector, su tradición y su cultura ha sido del 100/100 en todo el estado y así será en las siguientes ediciones.

Las y los estibadores saben que se juegan mucho. Su empleo. El decreto del Gobierno validado en las Cortes gracias entre otros a Ciudadanos y nacionalistas burgueses vascos y catalanes, tras ser rechazado por muy amplia mayoría en un primer intento, es en realidad una RECONVERSIÓN INDUSTRIAL. Un ERE encubierto. Tan solo dispone de consignación presupuestaria para despidos, bajas incentivadas y prejubilaciones.El gobierno del PP que le ha puesto las cosas a la patronal como se “las ponían a Fernando VII” y ha jugado a defender los intereses del banco JP Morgan y las multinacionales chinas del transporte marítimo, no puede ponerse a ahora de lado y decir que no va con él. Además el decreto viola el convenio 137 de la OIT, por lo que entendemos muchas, es ilegal. Es el gobierno de Rajoy el primer responsable de la huelga y la patronal mayormente extranjera, su única y exclusiva beneficiaria.

Todo esto humildemente, algunas personas como yo entre ellas, llevamos meses advirtiéndolo y denunciándolo en medios de comunicación virtuales, medios sindicales y partidarios y por redes sociales, así como a los propios estibadores. Advirtiendo también a quien nos ha querido escuchar que la patronal no iba a negociar fácilmente, teniendo un decreto que les beneficia tanto. Pues despide o prejubila a costa del erario público y encima introduciendo a las nefastas ETT en los puertos precariza unos de los sectores laborales con empleo más estable y salario más digno del estado español.

El PP y JP Morgan además de chinos y sus testaferros españoles tenían desde hace años el objetivo de desregular la estiba portuaria y acabar con un sector regulado que cumple por cierto con la directiva de transportes de la Unión Europea y el convenio 137 de la OIT además de con la legislación española que está demostrando ser pura filfa. Todas y todos los que se jactan de defender el estado de derecho y las leyes españolas las vulneran ahora con un decreto ley, así como por una sentencia que siempre denuncié del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El decreto Serna/JP Morgan/UE es el instrumento que provoca la huelga. Todas las personas de bien deberían saber que la intención del Gobierno, el PP y la Unión Europea, no es desmontar una “mafia” de trabajadores (resulta sangrante que un gobierno tan corrupto, hable de mafias) sino precisamente introducir las mafias del transporte internacional y acabar con unos y unas trabajadoras que nadie les regaló nada como ya hemos explicado en otros artículos.

Ahora el segundo paso, si consigue doblegar a los y las estibadoras, será privatizar los puertos o acabar de hacerlo pues en muchos de ellos ya hay rejas interiores y guardias de seguridad privados protegiendo instalaciones privadas y echando de su cometido laboral a lo que fueron los guarda muelles, ahora policía portuaria, que debieran ser junto a la Guardia Civil los únicos garantes de la seguridad en fronteras españolas como son los puertos.

Se trata de privatizar todo, se trata de vender nuestros puertos, se trata de precarizar todo el empleo. Se trata de sustituir trabajadores bien pagados por precarias y precarios o marineros mercantes tercer mundo mal equipados y peor pagados y alimentados a bordo. Se trata de JP Morgan y los chinos y vamos a dejarnos de tonterías.

Si alguien de los que están lanzando una campaña falsa y tendenciosa contra trabajadoras y trabajadores puede desmentir lo que se nos viene encima que lo haga.

Mientras tanto al resto de trabajadoras y ciudadanas de bien, les pido solidaridad con nuestros portuarios.

 

Carlos Martínez es politólogo y fue trabajador portuario (*)

(*) De Alternativa Socialista y Socialistas 

Categorías: Alterglobalización

Mitología de la recuperación

Sáb, 17/06/2017 - 06:00

Nacho Álvarez - El Diario.es

Mariano Rajoy, en una imagen de archivo. EFE

 

La reciente moción de censura presentada por Unidos Podemos ha planteado una alternativa al Gobierno del Partido Popular, no sólo en materia de regeneración democrática, sino también en política económica. ¿Por qué? ¿Acaso no estamos ya, como insiste el Gobierno, en plena “recuperación”?

Determinar en qué medida está saliendo nuestra economía de la crisis, cómo y por qué, es fundamental para identificar qué política económica necesita en este momento el país. El Gobierno sin embargo, en lugar de abordar un debate serio sobre esta cuestión, se limita –como hemos comprobado estos días– a instalar mensajes tergiversados y falsos: “Los recortes y reformas de los años pasados estarían supuestamente dando sus frutos, permitiendo la actual recuperación”.

Este relato no es cierto, e ignora y oculta algunos elementos fundamentales, que abordamos a continuación.

En primer lugar, es de sobra conocido que los recortes fiscales y salariales del pasado no sólo no fueron positivos para el crecimiento económico y la creación de empleo, sino que prolongaron innecesariamente la crisis al reforzar sus efectos depresivos.

Tal y como puede verse en el gráfico 1, fue precisamente la implementación de estos recortes –a partir de 2010– lo que determinó la segunda fase de la crisis. La insistencia del Gobierno de Rajoy durante los años 2012 y 2013 en una política que reducía el nivel de demanda interna nos ha terminado llevando a una década perdida: España aún no ha alcanzado el nivel de PIB per cápita que tenía antes de la crisis, y sólo ha recuperado el 40% del empleo que se ha destruido durante los últimos diez años.

Gráfico 1: PIB real (2007=100) y ocupados totales

En segundo lugar, es necesario analizar con cuidado los factores que explican el crecimiento económico del periodo 2015-2017. Efectivamente, la economía española está creciendo al 3% en términos anuales, aproximadamente un punto por encima de la zona euro.  Ahora bien, ¿acaso este crecimiento responde a haber aplicado más recortes que el resto de economías? ¿O a haber reducido más los salarios? No.

Cuando se analiza con cierto detalle los factores que en este momento empujan el crecimiento económico, se puede comprobar como estos, en buena medida, no responden a la política económica que el Gobierno aplica, o dice aplicar.

El Banco de España analiza en su reciente  Informe Anual por qué la economía ha crecido en 2015-2016 notablemente por encima de lo esperado, y atribuye buena parte de este crecimiento a la política monetaria del BCE y a la fuerte reducción de los precios del petróleo. Ambos factores están al margen de la acción del Gobierno. De acuerdo al Banco de España, estos factores llegarían a explicar en torno a la mitad del crecimiento adicional que experimenta hoy nuestra economía (gráfico 2).

Gráfico 2: PIB en España y en el área Euro (tasas de variación anuales)

Fuente: Banco de España, Informe Anual 2016, pag. 56.

Los ministros del Gobierno repiten insistentemente, a modo de mantra, que estos “vientos de cola” afectan por igual a todas las economías de la zona euro, y que por tanto no se deben buscar ahí los motivos del crecimiento actual. Sin embargo, el informe anual del Banco de España explica por qué esto no es así, y por qué los “vientos de cola” tienen un mayor impacto en nuestra economía.

España es un país con un nivel de endeudamiento de hogares y empresas comparativamente más elevado, y con buena parte de las hipotecas referenciadas al Euribor. Es por tanto comprensible que descensos en los tipos de interés afecten en mayor medida a nuestra economía que a otras de la zona euro. Además, es conocida la tradicional dependencia energética española respecto de los combustibles fósiles, notablemente mayor que la de otros países de nuestro entorno. El precio del petróleo tiene una mayor importancia en la estructura de costes del tejido productivo español, lo que explica que su evolución afecte más a nuestra economía que a los países de nuestro entorno.

Pero ojo, existe un factor de crecimiento adicional fundamental. Durante el bienio 2015-2016 el Gobierno no sólo se ha encontrado con estos favorables vientos de cola. Durante este periodo, el Gobierno ha interrumpido los duros recortes fiscales de los años previos, llegando incluso a impulsar –casualmente en pleno periodo electoral, y con la aquiescencia de las instituciones de Bruselas– una política fiscal tímidamente expansiva. El Banco de España, en el mencionado informe, considera que esta política fiscal ha supuesto un 0,4% de crecimiento anual añadido durante este periodo (ver gráfico 2).

Es decir, el Gobierno de Rajoy, después de haber protagonizado durísimos recortes de la inversión y el gasto público durante 2012-2014, ha utilizado la política fiscal como “motor de arranque” de una economía gripada. En todo caso, no hay lugar para el engaño: tan pronto como pasó el periodo electoral, el Gobierno ha vuelto a la austeridad fiscal, tal y como demuestra el techo de gasto aprobado en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 (que incluyen un recorte de 5.000 millones de euros respecto a lo que se presupuestó para 2016, y mantienen un límite de gasto no financiero 60.000 millones de euros por debajo de lo presupuestado en 2010).

Finalmente, hay un elemento adicional que hace muy difícil hablar de “recuperación económica”. Las características y el perfil del crecimiento actual dejan al desnudo enormes problemas estructurales. ¿Cómo hablar de recuperación económica cuando más de un tercio de la población queda excluida del crecimiento, y el empleo ya no constituye un pasaporte de ciudadanía para buena parte de los trabajadores? ¿Acaso el crecimiento actual no vuelve a apoyarse sobre pies de barro (fuertes desigualdades, precariedad laboral, bajos salarios, ausencia de transición energética, insostenibilidad medioambiental)?

De los 990.000 empleos netos que se han creado en el bienio 2015-2016, apenas 315.000 eran empleos indefinidos. Los otros 676.000 (casi el 70%), eran empleos temporales. Estos últimos tienen una remuneración media 10.000 euros al año inferior a la de los empleos indefinidos. A pesar de la cacareada reforma laboral, la tasa de temporalidad española se mantiene inalterada: en el 26,5%, muy por encima de la media de la zona euro (14,4%). Mientras que en 2007 la duración media de los contratos era de 79 días, en 2017 se ha reducido a 55 días según el Servicio Público de Empleo Estatal. Hoy sólo uno de cada dos desempleados tiene derecho a un subsidio (cuando antes de que llegase el PP al gobierno era el 70%).

Estos datos indican que hablar de “recuperación” exige ir más allá de los meros niveles de renta y empleo, y fijar nuestra atención en otras dimensiones: calidad del crecimiento, distribución de la riqueza y sostenibilidad.

Del análisis anterior se deriva la necesidad de un cambio profundo en la política económica. Es necesaria una nueva política económica que contribuya a fortalecer el crecimiento actual –excesivamente dependiente de los vientos de cola–, así como la creación de empleo. Pero, simultáneamente, dicha política económica debe tener también como objetivo prioritario la propia transformación del crecimiento, reduciendo las enormes desigualdades socioeconómicas actuales, y propiciando un proceso de transición energética que reduzca nuestra tradicional dependencia del combustible fósil.

Estos retos exigen una política fiscal que abandone definitivamente la austeridad, revierta los recortes de esta funesta década en los servicios públicos fundamentales, y acometa las inversiones necesarias para propiciar el cambio productivo y la disminución de las desigualdades (por ejemplo, un Plan de Renta Garantizada).

Pero estos retos exigen además la puesta en marcha de políticas de pre-distribución, que permitan distribuir los beneficios del crecimiento entre toda la población (una significativa subida del salario mínimo, un plan de choque contra la excesiva temporalidad, la preeminencia de los convenios colectivos sectoriales sobre los convenios de empresa, o reconectar el crecimiento de las pensiones al crecimiento de los precios).

En ausencia de estos cambios, el modelo de “recuperación” al que nos avoca la política económica del Gobierno ampliará la brecha social, pospondrá la transición energética y reeditará el crecimiento sobre pies de barro de épocas pasadas. Una recuperación que condena a un tercio del país a la exclusión pone en cuestión los propios pilares de nuestra democracia. El cambio de rumbo, también en materia económica y a pesar de la mitología de la recuperación, es urgente.

Secretario de Economía de Podemos

 

Categorías: Alterglobalización

Estados Unidos abandona el barco por un mejor planeta

Ven, 16/06/2017 - 08:00

Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, ha comunicado urbi et orbe que retira a su país del Acuerdo de París contra el cambio climático. Ese Acuerdo es un pacto de 195 Estados, en el marco de Naciones Unidas, con medidas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y frenar al calentamiento global. El objetivo es que, para fin del siglo XXI, la temperatura global de la Tierra no supere los 2º C respecto a la de la época preindustrial.

Aunque ese Acuerdo no es el mejor, ni siquiera bastante bueno, abandonarlo es peor. Sobre todo si lo abandona el segundo país más contaminante del mundo. Porque Estados Unidos es responsable del 15% de emisión de gases de efecto invernadero, aunque su población solo sea un 4% del total.

¿Por qué el de París no es buen Acuerdo? Es muy general, con muchos agujeros. Y propone medidas que tienen demasiado en cuenta a las grandes empresas. Propuestas similares se aplicaron tras la conferencia del clima de Río en 1992 y sabemos que nada resolvieron. Kevin Anderson, especialista del clima de la Universidad de Manchester, nos ha explicado que “tras veinte años de engaños en la lucha contra el cambio climático, no rebasar los 2°C de aumento de temperatura global exige una actuación política decidida y clara”. Que no es el caso. Aún.

Si la seguridad de la gente y la protección del planeta no son prioritarios, el cambio climático no se frenará. Mientras las ganancias de empresas y corporaciones pasen por delante de evitar catástrofes, inundaciones y sequías inacabables, ese acuerdo sirve poco. Pero abandonar el acuerdo, como hace Trump, es peor. Aunque ese abandono no sorprenda cuando Trump ha osado nombrar director de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos a Scott Pruitt, un político ultraconservador ignorante en esas cuestiones que tiene la desfachatez de decir que los científicos no se han puesto de acuerdo sobre el cambio climático. Absolutamente falso. Desde los ochenta, la inmensa mayoría de meteorólogos, climatólogos, físicos y otros estudiosos del calentamiento global están de acuerdo en el diagnóstico y gravedad del ya innegable cambio climático.

Mortandad, más problemas de salud, desaparición de medios de sustento en zonas costeras y en pequeños Estados insulares por tempestades, inundaciones y subida del nivel del mar. Sequías severas e incendios muy difíciles de apagar, desbordamientos de ríos e inundaciones. Además, los expertos de la ONU advierten que aumentará el riesgo de muerte y enfermedad en los cada vez más abundantes períodos de calor extremo. Lo sabemos; en verano de 2003, una ola de calor causó en Europa la muerte de veinte mil personas más de las normales en verano. Y los fenómenos meteorológicos extremos destruirán infraestructuras vitales de suministro de agua y electricidad. Otro riesgo grave es la voluminosa reducción de la producción de alimentos. Más la dificultad progresiva de disponer de agua potable y de riego, lo que supondrá menor producción agraria y más campesinos pobres. Todo eso es lo que nos amenaza.

Frenar el cambio climático significa reducir en serio la emisión de gases de efecto invernadero. Los que producen la gasolina, diésel, carbón, gas… Ardua tarea, cierto, pero imprescindible. Y posible.

Los expertos en cambio climático de Naciones Unidas han publicado desde 1988 cinco informes sobre el calentamiento global y como afrontarlo. Los informes demuestran la gravedad del problema. No será como una película de desastres de Hollywood, en la que de repente desaparece una isla en medio de grandes efectos especiales. Los efectos nocivos del aumento de temperatura global serán más lentos, pero no menos implacables. En realidad, muchas islas del Pacífico ya han perdido terreno por elevación del nivel del mar.

Reducir de verdad las emisiones de gases de efecto invernadero exige una actuación política decidida y valiente. No hay otra. Y conseguir una conciencia colectiva de que nos va la vida de no frenar el calentamiento. Con medidas donde no prime el beneficio ni el crecimiento sin límite como motores. Donde lo que interese sea la gente, las personas, su vida, salud y bienestar. Y proteger el planeta. Porque no tenemos otro. Eso o la catástrofe está asegurada. La barbarie. La alternativa es el acuerdo global que en verdad frene el calentamiento. Y, para empezar, convencer al pueblo de EEUU que se incorpore a la batalla. O no lo contamos.

Periodista

Twitter: @xcanotamayo
¡Por razones!

Publicado en CCS, Centro de Colaboraciones Solidarias

Categorías: Alterglobalización

¿Cuál es la profundidad de la “alianza estratégica” de Rusia y China?

Ven, 16/06/2017 - 06:00

Alfredo Jalife-Rahme – La Jornada  ( México 

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev, en la inauguración de la Expo 2017, el viernes pasado en Astaná, capital kazaja. Foto Afp

Los multimedia de Rusia y China suelen abundar sobre la alianza estratégica de Moscú y Pekín, que suena a metáfora, ya que se ignora el grado de su profundidad, que puede ser de carácter secreto.

La exitosa primera cumbre de la Nueva Ruta de la Seda en Pekín (B&R) refrendó la intimidad que han tejido el mandarín Xi y el zar Vlady Putin (https://goo.gl/3yyFH7).

Ya antes de la trascendental cumbre B&R de 29 mandatarios en Pekín (https://goo.gl/7icacL), Lyle J. Goldstein, profesor asociado en el Instituto de Estudios Marítimos de China en la Escuela de Guerra Naval de EU, explayó en The National In­terest que el “escenario que debe preocupar a los planificadores de defensa de EU por encima de otros (https://goo.gl/2hWHTb)” es la sombría, aunque todavía raramente discutida posibilidad de que China y Rusia pudieran de cierta manera estar comprometidos en un conflicto armado simultáneo con EU.

Han sido los dos axiomas geoestratégicos sustentados por Bajo la Lupa de que el máximo error de Obama fue haber arrojado a Rusia a los brazos de China y/o viceversa (https://goo.gl/7R36H6) y que uno de los objetivos de Trump consiste en resquebrajar la alianza estratégica de Moscú y Pekín, de la cual se ignora su verdadera profundidad (https://goo.gl/zMZ6Kz).

Goldstein aduce que ni Moscú ni China son suficientemente fuertes (sic) por ellos mismos para competir con Washington en una guerra de alta (sic) intensidad y de larga (sic) duración pero que un buen esfuerzo coordinado en conjunto pudiera sin duda causar mayores problemas a la superpotencia estadounidense a el largo plazo.

Goldstein comenta que en el nuevo mundo Moscú y Pekín se acercan cada vez más como sucedió con su convergencia geoestratégica: desde la participación de la magna delegación china de 70 personas a la reciente conferencia sobre el Ártico patrocinada por Rusia, pasando por el apoyo vocal (sic) de China a la intervención rusa en Siria, hasta la oposición de ambos al despliegue misilístico balístico de EU en Sudcorea (Thaad, por sus siglas en inglés).

Cita un artículo de un think tank chino, Hacer una Alianza con China: los Intereses Nacionales de Rusia y la Probabilidad de una Alianza de China y Rusia, lo cual constituiría una estrategia transformativa.

Cita a significativos estrategas chinos, como Zhang Wenmu, quienes pregonan que la contención de EU invita a una contracontención de China y Rusia cuando su alianza puede representar un instrumento efectivo para lidiar con la presión de EU, donde la base de los inmensos recursos naturales de Rusia es considerada por China.

Zhang Wenmu, considerado el primer “estratega marítimo ( navalist)” de China, dejó su marca en la estrategia con la construcción de un portaviones.

En su libro de 2009 Sobre el poder naval de China, Zhang aduce que su poder comercial global le obliga a detentar una poderosa armada, al estilo del estadounidense Alfred Thayer Mahan (https://goo.gl/my9AyL).

En 2014, Zhang publicó un ensayo de mucho impacto – El significado de los eventos de Ucrania para el mundo y su advertencia a China– cuando Rusia obtuvo una mayor victoria frente a Occidente debido a la maestría de Putin como gran estratega.

A juicio de Zhang, el triunfo de Rusia se debió a que Crimea es un asunto de vida o muerte, mientras que para Europa es uno más de sus varios temas importantes: por Crimea, Rusia colocaría todos sus recursos, mientras Occidente no lo haría. Juzga que la base del éxito de Putin yace en que frenó la expansión de la OTAN al Oriente.

Para Zhang el ex presidente George W. Bush o la ex secretaria de Estado Hillary Clinton sólo conocen una retórica hueca y carecen de sentido estratégico.

El pivote de Asia de EU para contener a China representa un ensayo de regresar al EU de 1950 para crear un anillo que cerque a China, por lo que la crisis de Ucrania proveyó un momento de claridad en la política mundial, donde Rusia con resolución usó su mayor recurso: su poder militar y no su softpower, por lo que China debe adoptar la misma resolución que Rusia ante EU.

La diplomacia china debe ser más muscular, ya que el comercio se encuentra profundamente impactado por la política en todos lados, por lo que China requiere ahora de un espacio de seguridad, sin el cual no podía estar seguro, y que protegería su cinturón dorado a lo largo de su costa oriental, donde Taiwán es el principal cuello de botella que impide el pleno desarrollo del poder marítimo chino, como Putin fue capaz de extender su zona de seguridad durante la crisis de Ucrania hasta el sur de Crimea cuando la OTAN no tuvo otro recurso porque Crimea se encontraba lejos del alcance de su poder.

Para el geoestratega marítimo Zhang, “el mayor error en la política exterior de EU en el nuevo siglo ha sido empujar a China en la dirección de Rusia (https://goo.gl/yrNnb4)”. ¡La misma tesis de Bajo la Lupa!

A juicio de Zhang la primera prioridad de Rusia es mejorar su economía, lo cual depende de la mejoría de sus relaciones con Europa y EU. Y predice que, debido a la fuerte presión de EU y sus aliados, China necesita un país con el que pueda tener una cooperación cercana que forme un flanco estratégico en la retaguardia que es Rusia y que será el objetivo más fundamental para la conformación de una alianza de China, que no necesariamente tiene que ser formalizada.

¿Existirá un pacto secreto entre Xi y Putin para confrontar la caduca hegemonía unipolar de EU?

Un punto clave radica en la percepción de Zhang, quien concluye que la asfixia estrategia de EU y su contención no han todavía alcanzado un nivel que sea imperativo para que China y Rusia estén listos a formar una alianza formal.

El aumento del transporte de petróleo y gas de Rusia mejorará la seguridad energética de China cuando destaca la coordinación de China y Rusia en asuntos diplomáticos delicados, como los temas de Irán y Norcorea, según Zhang, quien vaticina que el poder ascendente de Rusia le permitirá aumentar su posición dentro de una alianza, por lo que de aquí a 10 años, el potencial de una alianza de China y Rusia aumentará.

Reconoce que Rusia difícilmente requiere la ayuda de las fuerzas militares chinas, mientras que la conversión del poder económico de China en uno militar constituye un proceso lento relativamente que resulta en un retraso, cuando su ascendencia económica es más obvia.

Lyle J. Goldstein interpreta que Zhang implica que la persistente debilidad militar de China es un obstáculo (sic) para su alianza con Rusia, quizá debido a que China no se ha visto como un socio suficientemente capaz.

Russia Insider invita a la lectura del especialista Goldstein sobre la factibilidad de una alianza de China y Rusia y enfatiza cómo el pensamiento chino es sorprendentemente similar a la postura de Rusia.

Por ahora los chinos sienten que no existe necesidad ahora para una imbricada alianza formal, salvo que China y Rusia sufran mayor presión de EU (https://goo.gl/dZ9gOr).

¿Existirá una alianza estratégica secreta de Rusia y China para frenar el irredentismo de EU?

www.alfredojalife.com

Twitter: @AlfredoJalifeR_

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Categorías: Alterglobalización

Los mitos sobre el comercio internacional y las ventajas del librecambio

Xov, 15/06/2017 - 08:00

Juan Torres López - Consejo Científico de ATTAC España

Uno de los ámbitos de la teoría y la política económicas en donde más mitos y mentiras se han difundido es el relativo al comercio internacional. En particular, los economistas de ideología liberal y quienes defienden los intereses de las grandes corporaciones siempre se ha empeñado en proclamar que liberalizarlo por completo tiene más ventajas que cualquier otro régimen comercial. Pero casi siempre lo hacen sorteando la evidencia empírica y forzando los argumentos para dar por bueno lo que carece de suficiente fundamento científico.

Voy a comentar brevemente cinco principales mitos que desde hace ya muchos años sirven de fundamento para defender la supuesta superioridad del comercio sin trabas o protección de ningún tipo.

La teoría económica convencional afirma que el librecambio, entendido como la máxima liberalización comercial y financiera, proporciona aumento del comercio, crecimiento económico acelerado, cambio tecnológico más rápido y una asignación más eficiente de los recursos en el interior de la economía que lo practica. A partir de ahí, se asegura que proporciona muchas más ventajas que el proteccionismo.

Sin embargo, para poder establecer esta tesis los economistas que la defienden han de partir de dos hipótesis esenciales, ninguna de las cuales es posible que se dé en la realidad, salvo casos verdaderamente excepcionales.

En primer lugar, que las naciones comercian entre sí en función de los costes relativos de las mercancías, es decir, que se especializan en una u otra siempre que la puedan obtener a menor coste que las demás. En segundo lugar, que los mercados en donde comercian todas las naciones o empresas son de competencia perfecta (lo que quiere decir que en ellos no hay ninguna empresa o grupo de empresas que tenga poder suficiente para influir sobre las condiciones del intercambio, que los productos que se intercambian son completamente idénticos, que no hay ningún tipo de dificultad para que se incorpore al mercado cualquier nueva empresa y que empresas y consumidores tienen información perfecta y gratuita sobre todas las circunstancias que afectan al intercambio en el mercado).

Si se dan ambas hipótesis al completo (y otros supuestos complementarios más complicados que no puedo comentar aquí) se pueden deducir las tesis que justifican la ventaja o superioridad del librecambio. A saber: todas las economías tenderán a ser igual de competitivas; la relación entre las importaciones y exportaciones se modifica automáticamente en todas ellas para igualar su saldo, de modo que no habrá déficit ni superávit comerciales sostenidos en los diferentes países; los salarios reales y las tasas de beneficio se igualarán en todas las economías; y ninguno de esos ajustes producirá pérdidas netas de empleo, salvo algunas a corto plazo que se irán compensando.

No hace falta ser un premio Nobel para saber que en la realidad no se dan esas condiciones, imprescindibles para que la liberalización total de los intercambios comerciales produzca los efectos benéficos que aseguran sus defensores: los mercados no son de competencia perfecta, las economías no son todas igual de competitivas, todas ellas presentan continuamente desequilibrios comerciales, el desempleo es un mal generalizado en las economías contemporáneas, y mucho más en las últimas etapas de mayor liberalización comercial, y hay grandes diferencias entre los salarios reales y las tasas de beneficio.

Es verdad que en los últimos años se han desarrollado planteamientos más sofisticados ante el irrealismo, las incoherencias y la debilidad de estas hipótesis, pero lo cierto es que tampoco se corresponden con lo que ocurre en la realidad y que hoy día sigue siendo cierto lo que se demostró hace años: solo se puede decir que el librecambio es superior al proteccionismo estableciendo hipótesis que chocan frontalmente con la realidad y contra toda evidencia empírica. Más concretamente, solo se puede afirmar que el librecambio sería más favorable para una economía si y sólo si todos los mercados fueran de competencia perfecta, si todos los trabajadores que pierden su empleo a causa de la apertura comercial encuentra otro de semejante categoría y retribución y si el ajuste comercial que se produzca deja inalterada la distribución final de la renta (además de otras condiciones más complejas que no tengo espacio para exponer aquí). Unas condiciones que es materialmente imposible que se den en el realidad y mucho más en su conjunto.

Por tanto, si no se dan esas condiciones teóricas, es posible que políticas proteccionistas sean mucho mejores, más eficientes y más eficaces para promover actividad económica, empleo y bienestar que las liberalizadoras.

2. Los países que quieran progresar deben abrir al máximo sus fronteras y practicar el librecambio.

Esta idea es también un mito completamente desmentido por la realidad. Sencillamente, es imposible mostrar el caso de algún país cuya economía haya llegado a encontrarse en algún momento entre las más avanzadas del mundo y que lo haya conseguido abriendo sus fronteras y practicando el librecambio. Todas las grandes potencias económicas, financieras y comerciales de la historia han llegado a serlo gracias al proteccionismo ejercido bajo cualquiera de sus diferentes formas. Y las grandes economías de hoy día (Estados Unidos, Unión Europea, Japón, China…) siguen siendo proteccionistas aunque, eso sí, dicen defender el libre comercio para poder exigir a los demás países que liberalicen sus economías, justamente para que así se consoliden las relaciones de asimetría que les favorecen.

Si algunas han liberalizado sus relaciones comerciales en algún momento de su historia ha sido cuando ya habían llegado a la cúspide del progreso económico y disfrutaban de suficiente ventaja sobre las demás. Lo que han hecho y siguen haciendo es, como escribió Friedrich List en 1885, “darle una patada a la escalera por la que se ha subido, privando así a otros de la posibilidad de subir detrás”.

Por tanto, no es verdad que lo que convenga hoy día a las economías en peores condiciones sea no protegerse, que es lo que hicieron en su día todas las grandes potencias para progresar. Por el contrario, sí sabemos que lo que les perjudica es mantenerse en el régimen de asimetría y doble moral hoy día imperante, es decir, abrirse de par en par a las potencias mientras que éstas les cierran sus puertas.

3. Las normas internacionales que regulan el comercio internacional promueven el librecambio como requisito para aumentar el comercio, el crecimiento económico y el empleo.

La tesis dominante entre los defensores de la liberalización comercial, ampliamente impuesta en los últimos cuarenta años de políticas neoliberales, es que gracias a ella aumenta el comercio y que el incremento de las relaciones comerciales es lo que permite que haya más empleo, menos pobreza y mayor bienestar.

Las evidencias empíricas al respecto también son abundantes y claras. Puede aceptarse que mayores tasas de crecimiento económico estén asociadas a mayor volumen de exportaciones pero no hay ninguna relación entre el crecimiento económico y el de las exportaciones con la existencia de más o menos restricciones nacionales al comercio. Lo mismo que ninguna potencia ha llegado a serlo con políticas de liberalización comercial y renunciando al proteccionismo, no hay tampoco ningún país que hayan alcanzado tasas notables de crecimiento de la producción y de las exportaciones aplicando políticas de liberalización generalizada.

Las evidencias apuntan en el sentido contrario. Por un lado, los países que han cosechado más éxito económico en los últimos decenios han sido precisamente los que han tenido políticas más proteccionistas (Corea, Taiwán, Japón, China, como también las potencias de siempre). Por otro, países como la mayoría de los latinoamericanos que liberalizaron por completo sus relaciones comerciales han pagado una factura muy alta en términos de crecimiento, desempleo y pobreza. Algo que es bastante lógico si se tiene en cuenta que la mayor apertura está asociada a más inestabilidad y que ésta es negativa para el crecimiento.

Lo que se busca cuando se establecen medidas liberalizadoras del comercio no es promover el comercio porque los datos demuestran que así no se consigue. Y mucho menos cuando esa liberalización, tal y como viene ocurriendo en los últimos decenios, es asimétrica y solo se orienta a dar mayor libertad de acción y mayor poder a las grandes corporaciones. Por eso lo que ha aumentado en los últimos años de liberalización comercial han sido los beneficios y no el crecimiento económico, el empleo y el bienestar.

5. Los tratados comerciales como el TTIP o el CETA buscan favorecer el librecambio entre quienes los firman

Los tratados que se han ido firmando en los últimos años, o que se quiere firmar en estos momentos, como el TTIP o el CETA, se presentan a la opinión pública como tratados “de libre comercio” pero no es verdad que lo sean.

Ya hemos dicho que para que el libre comercio sea realmente ventajoso debe darse en condiciones de competencia perfecta que en la realidad no pueden existir. Y dichos tratados no solo no establecen la competencia perfecta sino que ni siquiera se dirigen en esa dirección. Son acuerdos que lo que proporcionan  son mejores condiciones a las grandes corporaciones que controlan los mercados y que, por tanto, refuerzan la naturaleza oligopólica de los mercados y restringen de facto y de iure la competencia.

La mejor prueba de ello es que los que se presentan como tratados de libre comercio y que supuestamente buscan igualar a las partes lo que hacen es mantener la asimetría original y, por tanto, tratar igual a los desiguales que es justo lo que mejor conviene a los más poderosos.

Uno de los últimos tratados de “libre comercio” es el suscrito por Estados Unidos y Colombia en 2012 y sus efectos son bastante elocuentes: las exportaciones de Colombia a la gran potencia han bajado un 54% desde entonces, se han perdido 51.000 empleos en el sector agropecuario y 106.000 en la industria manufacturera de ese país, y el superávit con Estados Unidos de 8.244 millones de dólares que tenía a su favor se ha convertido en un déficit de 1.414 millones.

6. Los economistas que critican las supuestas ventajas del librecambio y la organización actual del comercio internacional defienden la autarquía y el aislacionismo comercial

Como comento en mi libro ‘ Economía para no dejarse engañar por los economistas‘, Ravi Batra afirma que la idea de que el librecambio es mucho mejor para todas las economías “ha llegado a ser casi un dogma para los economistas, hasta tal punto que cualquiera que la cuestione se expone al ridículo “. Y así es, aunque la evidencia empírica indique que es justamente la teoría convencional la que peca de irrealismo.

Desgraciadamente, lo que suele ocurrir es que los economistas convencionales que defienden estas ideas librecambistas no refutan los argumentos de quienes las han criticado a lo largo de muchos años y con todo tipo de análisis sino que recurren a la descalificación, cuando no al insulto. Una típica respuesta es limitarse a decir que lo que quieren los críticos con la realidad del comercio internacional y con los postulados liberalizadores es la autarquía, es decir, acabar con el comercio entre las naciones y aumentar la intervención del Estado a toda cosa.

Para mostrar que no exagero ni invento, traigo aquí los comentarios de dos economistas españoles muy conocidos e influyentes.

José Carlos Díez hizo en su cuenta de Twitter el siguiente comentario para atacar las críticas que Pablo Iglesias había hecho al comercio internacional de nuestros días:  “Pablo Iglesias discípulo de Marx y contrario al libro comercio. Revival de la autarquía franquista. Menudo elemento”.

Es cierto que se trata de un economista de poca solidez teórica y que interviene en el debate económico más como cruzado al servicio de una causa política que como buscador de la verdad, pero me parece que refleja claramente la actitud de la ideología económica dominante ante las posiciones teóricas que la ponen en cuestión.  Daniel Lacalle (un buen amigo a pesar de las casi infinitas diferencias de pensamiento que tengo con él) titulaba, por su parte, un artículo sobre estos temas diciendo “El proteccionismo solo protege al gobierno”, cuando es de una evidencia clamorosa que son las grandes empresas las que reclaman y consiguen esa protección que él denuncia y que son ellas quienes principalmente se benefician del proteccionismo tradicional hoy día dominante.

Quienes criticamos las tesis que defienden el imposible y falso librecomercio de nuestra época no defendemos la autarquía ni estamos en contra del comercio o de las relaciones económicas internacionales. Ni siquiera defendemos el proteccionismo a la vieja usanza que no es garantía de progreso sino de incremento de las desigualdades. Defendemos, en todo caso, un buen comercio, la protección de la población, de los recursos económicos y del medio ambiente que sea compatible con la eficiencia y el máximo nivel posible de equidad.

El mal modo en que funciona el comercio internacional en las últimas décadas y el predominio de una ideología económica que, con independencia de cuál sea su intención, solo lleva a aumentar el privilegio de las grandes corporaciones, tienen mucho que ver con los grandes problemas actuales de la economía mundial. Huir de prejuicios y de planteamientos maniqueos, poner en cuestión las ideas que se comprueban claramente contrarias  a la realidad y acabar con los privilegios que no tienen más justificación que el desigual poder de las partes es hoy una exigencia de primer orden en nuestro mundo.

Publicado en eldiario.es
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Renta Básica: en la universalidad está la clave

Xov, 15/06/2017 - 06:00

Cive Pérez – ATTAC Madrid

Persisten dudas respecto a que la renta básica universal sea una adecuada solución a la pobreza y desigualdad crecientes en nuestra sociedad. Pero la realidad palpable demuestra que el empleo precario —que convierte a los trabajadores en pobres estructurales— y las ayudas condicionales —que llevan décadas aplicándose y no han conseguido erradicar la pobreza— son medidas muchísimo peores. Son, de hecho, experiencias fracasadas. Es hora de abrir la mente, comprender las nuevas realidades del trabajo y la idea de libertad real que alienta en la propuesta del ingreso garantizado.

Participar en el debate convocado por la IMF Business School sobre Renta Básica Universal (RBU) resultó muy estimulante, pese a hallarme en franca minoría en la defensa de esta idea. Porque resulta alentador comprobar que, al margen de algún cálculo extremo, al selecto elenco de economistas allí reunido el coste de instaurar un ingreso garantizado a toda la población no les parecía del todo inasumible. Una vez compensadas las prestaciones actuales redundantes con el ingreso básico, éste podría ser viable, requiriendo un 5% del PIB. Sin embargo, casi todos mis compañeros de mesa coincidieron en rechazar la RBU con la tradicional batería de objeciones de índole antropológico y moral.

 De izquierda a derecha, Cive Pérez; J. Manuel López Zafra, economista de CUNEF; Lorenzo Dávila, director del Dpto de Investigación de IMF; Miguel Sebastián, economista y ex ministro de Industria; y Carlos Martínez, presidente de IMF.

Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre...”, reza la letra de una vieja canción de Joan Manuel Serrat. Cuyos ecos vinieron a mi fuero interno al escuchar la nutrida batería de críticas formuladas por mis doctos compañeros de debate y, sobre todo, por los rotundos resúmenes de la prensa económica que dio cuenta del evento con titulares de este tenor: Más contras que pros a la renta básica universal.

Titular que responde a una profecía autocumplida, habida cuenta de que, salvo el que suscribe, el resto de convocados a esta mesa redonda son personas cuya posición es manifiestamente contraria a la RBU. Que cuando incluso los números demuestran la viabilidad de la propuesta, la rechazan con el argumento de que desincentivaría el trabajo.

¿Trabajo? ¿Qué trabajo desincentivaría un ingreso garantizado? ¿El empleo precario, que convierte a los trabajadores en pobres a su pesar? Las grandes cifras de desempleo estructural no las ha producido la hoy inexistente RBU. ¿El empleo cualificado que las nuevas tecnologías reservarán a una minoría? Estamos, pues, cada vez más cerca del modelo que hace tiempo se ha descrito como Sociedad 20-80, en la que bastará el trabajo de alrededor del 20% de la población activa para hacerla funcionar. Esa minoría de trabajadores cualificados será suficiente para asegurar el control de las máquinas y los procesos productivos. El 80% restante de la población sólo tendrá acceso a empleos de bajísima cualificación, serviles en su mayoría, o se verá condenada al desempleo estructural.

Es preciso que, entre todos, logremos salir de la zona de confort ideológico sobre la noción de trabajo en la que todavía sigue instalado el pensamiento convencional: trabajo como vía de dignificación del ser humano / empleo como solución política a la pobreza. Porque empleo y trabajo son categorías conceptuales radicalmente distintas. En la era de la Cuarta Revolución Industrial, cuando el actual modelo productivo ya no es capaz de ofrecer empleo digno a toda la población, está claro que habrá que garantizar la supervivencia de las personas respetando al mismo tiempo su dignidad.

La única fórmula que, hoy por hoy, satisface la doble condición de asegurar la supervivencia y la dignidad de la gente es la Renta Básica Universal. Al igual que la democracia, pese a todos sus defectos, elimina al menos los males producidos por las dictaduras, el ingreso garantizado abre ante la mayoría de la población un horizonte de libertad real frente a la opresión liberticida del totalitarismo económico.

Resulta, por tanto, llamativa la objeción a la RBU planteada por Juan Manuel López Zafra, uno de los intervinientes: “La mejor forma es darle a cada individuo la capacidad para ser responsable de su desarrollo personal. No es ético plantearnos una mayor intervención en la esfera del individuo para conseguir una corrección de un problema sin atacar la fuente de ese problema: la cada vez mayor intervención del Estado. Con la renta básica, el ciudadano se convierte en un súbdito”.

Prima facie, tal objeción presume que la RBU incrementaría el grado de intervención del Estado en la vida personal. Sugiere la sombría y distópica visión de una sociedad en la que, para recibir la RBU, todas las personas deberíamos acudir periódicamente a las ventanillas de Leviatán. Que extendería así al conjunto de la población tanto el dominio como el estigma que hoy sufren los beneficiarios de la moderna sopa de convento que con gran cicatería otorgan las administraciones no a todos los necesitados.

En efecto, desde las Leyes de Pobres (Poor Laws) inglesas del siglo XIX —con sus tenebrosos centros de internamiento forzoso de parados e indigentes (workhouses)— hasta la fecha, las ayudas condicionales a la gente en situación de necesidad sí que constituyen un factor de servidumbre y dominación por parte del Estado sobre las personas. Sometidas a grandes humillaciones durante el proceso de concesión, vigilancia y eventual castigo de infracciones al régimen de ayudas.

Pero es la propia idea de universalidad de un ingreso básico que garantice a todo el mundo el derecho a la existencia la que rompe radicalmente con esa dependencia. Aspira a incrementar el grado de libertad real eliminando la intervención vigilante y punitiva del Estado. La RBU está concebida no como una ayuda del Estado sino como fruto de un contrato social entre todos los individuos que conforman la comunidad política. Su instauración adoptaría la forma de un derecho universal, igual para todas las personas incluidas en ese ámbito. La clave liberadora radica en la universalidad: pues, a partir de ahí, los agentes estatales pierden la actual potestad discriminatoria e intervencionista sobre los individuos. Al Estado no le queda otra misión que la de asegurar la correcta distribución del rédito.

¿Somos dependientes del Estado al utilizar una carretera? A juzgar por el entusiasmo con que tirios y troyanos circulamos por ellas en nuestros vehículos habría que forzar mucho el argumentario para asegurar que el Estado controla nuestra libertad de movimiento a través de la red vial. Una carretera es una infraestructura construida a instancias del Estado y puesta a disposición de toda la población como un servicio de carácter universal que a nadie discrimina. El único control ejercido por el Estado sobre las personas concierne al respeto de las reglas de juego orientadas a la seguridad de todos los usuarios. Y en esto hay un consentimiento general del conjunto de la sociedad.

Por cierto, no está de más señalar que, si alguna detestable intromisión existe hoy en la vida personal, ésta viene dada por las cámaras de vigilancia, tanto estatales como privadas, que monitorizan la vida diaria de las personas en carreteras y resto de espacios públicos, bancos, centros comerciales, etc. Y que un genuino espíritu liberal debería clamar por su eliminación.

Elevando la mirada encontramos otra medida de conspicuo carácter universal: el derecho al sufragio, una conquista civil irrenunciable. En el ejercicio del mismo, a nadie se le ocurriría pensar que sufre una dependencia del Estado, aunque sean agentes estatales los encargados de organizar la infraestructura electoral y velar por el buen orden de los comicios.

De la misma forma en que hoy no sería de recibo establecer alguna forma discriminatoria en el ejercicio del voto, la RBU no puede ser otra cosa que un derecho de toda la ciudadanía. Sería contradictorio que una medida que persigue erradicar la pobreza —y su cortejo de trampas asistenciales— fuera concebida con carácter exclusivo para pobres. Esa es la crucial diferencia respecto a las rentas mínimas de inserción. El miembro de una sociedad políticamente bien articulada no necesita ser “insertado” en ningún lugar, pues forma parte, por propio derecho, del cuerpo social del que emana la soberanía que legitima al Estado.

La mujer que yo quiero, no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra.  Cuando para la conquista del pan ya no cuenta ni la tierra ni el trabajo, factores de los que la mayoría social se ha visto desposeída, la renta básica universal se aproxima más a la verdad que los viejos convencionalismos socioeconómicos.

Carnet de paro

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Macron y el atavismo de la Grandeur

Mér, 14/06/2017 - 08:00

Germán Gorraiz López - ATTAC Navarra – Nafarroa

Tras ser elegido Enmanuel Macron Presidente de la República Francesa, intentará catalizar el chauvinismo de los franceses restaurando el atavismo de la Grandeur, doctrina que conjugaría el culto a la independencia económica, política y militar de Francia con la consolidación de la misión de la Nación y de la cultura francesa en el mundo. Para ello,procederá a la implementación de un poder de corte presidencialista que convertirá a sus asesores en una auténtica camarilla de poder oficioso , (emulando al Partido Gaullista, movimiento que cubría un espectro muy amplio desde el centro-izquierda hasta la extrema derecha y en el que sus dirigentes fueron correas de transmisión subordinadas a la cúpula gaullista). Igualmente, podríamos asistir a la reedición de los plebiscitos de De Gaulle en forma de referendums para aprobar temas como el retraso de la jubilación, la optimización de los recursos de la Administración, la salida de Francia de las estructuras militares de la NATO y la entrada en vigor de la Directiva de Retorno para los inmigrantes, lo que le valdrá el apoyo incondicional de la derecha francesa a la hora de aplicar leyes que rozarán la inconstitucionalidad.

Neoliberalismo y Programa de Estabilidad

El exiguo crecimiento económico del 1,3% en 2017 será incapaz de evitar que la tasa de desempleo supere de nuevo la barrera del 10% ( 10,3% en Marzo del 2017), la Deuda Externa escale hasta los 6 billones €, la Deuda Pública supere los 2 Billones € ( 96% PIB) muy por encima del 60% estipulado por la CE y el gasto Público prosiga por tasas desbocadas (56% del PIB), Fillon, presionado por Bruselas, implementará una política económica neoliberal (Programa de Estabilidad), que incluirá un recorte brutal de 20.000 millones € en el gasto público, una bajada de impuestos de 50.000 millones € y una drástica reducción de 500.000 funcionarios. Asimismo, a instancias de la Patronal francesa (MEDEF) y con la oposición de los principales sindicatos del país galo (CFDT,CGT y FO), el Ejecutivo de Fiilon accederá a la Reforma del mercado laboral, que implicará la progresiva implantación del despido libre sin indemnización; la optimización del funcionariado público ( reducción de 500.000 puestos y aumento de la jornada laboral así como la instauración de la jornada laboral mínima de 45 horas semanales y el retraso de la jubilación a los 67 años unido a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y a una drástica reducción de los subsidios sociales ( prestación por desempleo, ayudas a la natalidad, pensión y viudedad). Como consecuencia de todo lo anterior, asistiremos a la agudización de la fractura social del país que obligará a amplias capas de la población ( especialmente los “sintecho”, los “sinpapeles” y los desheredados de las banlieus) a depender en exclusiva de la beneficencia, quedando así diluidos los efectos benéficos de las clásicas medidas sociales (reducción de impuestos, subida de las prestaciones por desempleo y discriminación positiva en la inserción laboral y en el derecho a voto en las elecciones locales de los inmigrantes) por la cruda realidad económica. Todo ello provocará la radicalización de los otrora aburguesados y sumisos sindicatos de clase (CGT, CFDT y FO), lo que conllevará frecuentes estallidos de conflictividad laboral aunados con el extraordinario auge de los grupos antisistema, quienes aplicarán técnicas de guerrilla urbana para poner en jaque a las fuerzas de seguridad francesas y teledirigirán las revueltas estudiantes para reeditar el Mayo del 68.

Control de la inmigración ilegal y aplicación de la Directiva de Retorno

En su obsesión por controlar la Inmigración ilegal y tras la creación del Ministerio de Inmigración e Identidad Nacional, el ex-presidente Sarkozy consiguió en Junio del 2008 que la Eurocámara aprobara “la Directiva de Retorno”, eufemismo bajo el que se escondía un severo recorte de los derechos humanos de los inmigrantes (bautizada por Evo Morales como “La Directiva de la Vergüenza “) y se aplicará a “nacionales de países no comunitarios que se encuentren en situación ilegal en un Estado miembro de la Unión Europea y no estén amparados por una solicitud de residencia o asilo” (migrantes económicos). A instancias de la Comisión Europea, se intensificará su aplicación en el Trienio 2017-20120 y sus efectos serán dramáticos pues se calcula que en los veintisiete países de la Unión Europea viven entre 4 y 8 millones de inmigrantes indocumentados, (de los que casi tres millones serían de países andinos pobres o golpeados por conflictos como Perú, Colombia, Ecuador , Bolivia y Paraguay ) y la aplicación de la expulsión masiva originaría serios problemas de viabilidad económica, (sobre todo en Ecuador y Bolivia cuyas remesas de inmigrantes supusieron en el 2007 el 10% del PIB) y cuyo retorno anticipado podría suponer una debacle económica y social para dichos países.

Política exterior

Macron asumirá el poder decisorio en Defensa y Exteriores que pasarán a ser “dominio reservado del Presidente” y adoptará un enfoque “activista” en asuntos internacionales, involucrándose personalmente y teniendo “el compromiso con la intervención humanitaria” y el aumento del peso específico de Francia en la Geopolítica Mundial como ejes vertebradores de su política exterior”, con lo que la política doméstica quedará reducida a un mero instrumento de la política exterior que sirva de catalizador de los valores de la Grandeur.

Distanciamiento de EEUU

La implementación de la quinta fase del proyecto de EEUU del Escudo de Misiles Antibalísticos (DAM) sería vista por Macron como una pérdida de la soberanía europea,( reviviendo el proyecto de Kennedy de Partnership entre los EE.UU. y Europa para proveer al Reino Unido de misiles Polaris de julio de 1962), por lo que podríamos asistir a la salida de Francia de las estructuras militares de una OTAN inmersa en una grave crisis de identidad, (emulando a De Gaulle 1.966) Asimismo, no sería descartable la instalación por EEUU en el Pirineo navarro de una bases de radares (Gorramendi) para escuchar los susurros del Elíseo así como una posterior campaña orquestada conjuntamente con Rusia y China para sustituir el patrón dólar por el oro ( reeditando la sutil jugada de ingeniería financiera de De Gaulle de mediados de los 70 ). Recordar que desde De Gaulle, la resistencia al liderazgo estadounidense ha sido un factor de la política exterior de todos los presidentes franceses, por lo que aunque asistamos al final de la luna de miel de Hollande con Obama debido a la crisis del espionaje de la NSA, la discrepancia será sólo formal, como se comprobó con el apoyo de De Gaulle a Estados Unidos en la Crisis de los Misiles de Cuba (1.962) y en su posterior retorno a la disciplina del Pacto Atlántico en 1.969).

Mantenimiento de la “Force de Frappe”

Aunque la responsabilidad de las fuerzas armadas esté compartida por el Presidente y el Primer Ministro según Constitución Francesa de 1958, un decreto de 1962 sólo atribuye al Presidente la capacidad de autorizar el uso de armamento nuclear. Recordar que la “Force de Frappe” nació en 1960 como consecuencia de la proclamación de la V República Francesa por el General De Gaulle. y fue concebida como uno de los elementos clave de la independencia económica, diplomática y militar del país frente a las dos grandes potencias EEUU-URSS enfrentadas en la Guerra Fría y que en la actualidad y a pesar del anuncio del ex-presidente Sarkozy de reducir el arsenal atómico francés hasta las 300 cabezas nucleares, basa parte de su poder en la utilización de submarinos nucleares balísitcos (SSBN) clase Redoutable y Triomphant I, después de que a finales del pasado siglo se retiraran todos los misiles nucleares de medio alcance basados en tierra (IRBM modelos SSBS S3) y misiles nucleares de corto alcance (SRBM) modelo Plutón.

El nuevo Eje Berlín-París

Tras las próximas elecciones Presidenciales en Alemania, podríamos asistir al robustecimiento del Eje Franco-Alemán como fruto de una tardía reafirmación de las soberanías nacionales francesa y alemana, (reviviendo el Tratado del Elíseo entre De Gaulle y Adenauer (1.963). Dicha entente franco-alemana conjugará los acuerdos preferenciales energéticos con Rusia con la revitalización de la energía nuclear y el extraordinario desarrollo de las energías renovables y será el referente político-económico europeo del próximo quinquenio, no siendo descartable el rediseño de una nueva cartografía europea que supondría el finiquito de la actual Unión Europea y sus sustitución por la Europea de los Seis (Francia. Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Austria), quedando el resto de países europeos periféricos y emergentes gravitando en sus anillos orbitales. Igualmente, asistiremos a un acercamiento político a Rusia (rememorando el viaje de De Gaulle a Moscú ,1966) que se plasmaría en la Ratificación de la Política de Buena Vecindad con la Rusia de Putin, mediante la firma de acuerdos preferenciales para asegurarse el suministro de gas y petróleo rusos e incrementar los intercambios comerciales, debido a la dependencia energética francesa (21% de las importaciones de petróleo y 40% de gas proceden de Rusia) y el 40% del comercio exterior ruso se realiza con la UE).

Pragmatismo en las relaciones comerciales con China y América Latina

El aumento del déficit comercial de la economía francesa, forzará a París a una política de pragmatismo económico que quedaría plasmado en el inicio de negociaciones para la firma de un acuerdo Global para fortalecer unos intercambios comerciales que representan el 18% del total del comercio exterior de la UE, (rememorando el pragmatismo visionario de De Gaulle al reconocer a la China Comunista en 1964), pues China es el principal suministrador de productos a la UE. Asimismo, las relaciones con Iberoamérica vendrán marcadas por el pragmático económico y los acuerdos bilaterales para la venta de productos militares y el traspaso de tecnología a los países sudamericanos, siendo las nuevas relaciones entre Bolivia y Francia un claro exponente como ideologías aparentemente antagónicas se fusionan en aras del interés económico (rememorando el apoyo de De Gaulle a algunas empresas que proveyeron de infraestructura para la construcción del metro en México y Chile), relaciones económicas que se intensificarán especialmente con Brasil tras su asunción del papel de “gendarme de los neoliberales” en Sudamérica.

Revitalización de la Francophonie

Respecto a África, asistiremos a una gradual sustitución del tradicional colonialismo paternalista (De Gaulle) por el de un neocolonialismo que bajo el epígrafe de “garante de los Derechos Humanos” continuaría esquilmando los recursos naturales, especialmente uranio, platino,cobalto, manganeso, oro y diamantes además del mediático coltán, aprovechándose de los endémicos conflictos tribales y rutinarios golpes de Estado y en feroz competencia con EEUU, Rusia , China y resto de la UE. Por último, asistiremos a la creación de una sociedad subsidiada en los territorios del ultramar francés desperdigados por África, Oceanía y América con el objetivo de asegurar la paz social y poder preparar un nuevo modelo de economía autogestionaria que permita” reflotar a dichos territorios del subdesarrollo y la dependencia de la metrópolis”, tras la previsible repetición de los disturbios acaecidos en en el 2.009 en la isla de Guadalupe y que se extenderían por efecto mimético hasta la vecina isla de Martinica, de nuevo bajo el lema “contra la carestía de la vida”. La nueva estrategia de París pasaría pues por la sustitución del tradicional colonialismo paternalista francés por una relación interpares de la metrópolis con sus antiguas colonias, dando así finiquito al endémico tratamiento por parte de los sucesivos Gobiernos franceses de los territorios de Ultramar como colonias en lugar de territorios con representación parlamentaria, surgiendo posteriormente un neocolonialismo que intentará la revitalización de la Francophonie como ente político y económico en el escenario mundial en el horizonte del 2020, hija del atavismo de la Grandeur.

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