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¿Qué comeremos en el futuro?

fai 14 horas 44 min

Esther Vivas – Consejo Científico de ATTAC España

¿Qué comeremos en el futuro? ¿Quién producirá los alimentos? ¿Cómo alimentar un planeta donde se calcula que, en el año 2050, habrá más de 10 mil millones de personas? La industria biotecnológica tiene la respuesta en la carne artificial y los alimentos transgénicos, pero ¿qué dicen aquellos que reivindican una alimentación local, ecológica y campesina?

La ciencia ficción desde hace años ha dado respuesta a estas preguntas. Tanto películas, cómics como novelas de este género han apuntado a que el día de mañana nos alimentaríamos a base de pastillas. La película Just imagine de David Butler, 1930, es un buen ejemplo: un hombre de los años 30 viaja a la sociedad del futuro y descubre como la alimentación ha quedado reducida a tomar una sola píldora. Si quieres un bistec y unas patatas, únicamente tienes que encargarlo a una máquina expendedora y te lo sirve al instante. Por suerte, no hemos llegado a este punto, si no sería mucho todo lo que nos perderíamos de sabores, olores y texturas, pero en parte no se iba tan desencaminado ya que los complementos alimenticios, comercializados en cápsulas, van en esta dirección.

De todos modos, la respuesta a qué comeremos de aquí a unos años radica en lo que pase a partir de ahora. Hoy hay dos modelos en conflicto que apuntan a dos futuros posibles: uno, el que defiende la industria agroalimentaria y biotecnológica, con una producción agraria intensiva, alimentos kilométricos y homogéneos, productos altamente procesados, tecnología transgénica, dejando en manos de unas pocas empresas qué y cómo se produce. Y, en oposición, la apuesta de movimientos de consumidores y campesinos en defensa de la soberanía alimentaria, que reivindican una agricultura y una alimentación local, ecológica y campesina. Dos modelos en colisión, donde actualmente el primero se impone sobre el segundo, al contar con el apoyo de gobiernos e instituciones internacionales.

Los retos

La pregunta a hacerse es: ¿este modelo de agricultura industrial que afirma poder alimentar la sociedad futura funciona? Si miramos los datos, parece que no, pues, como indicaba el relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, se produce comida para 12.000 millones de personas a escala global pero, paradójicamente, uno de cada nueve individuos pasa hambre. Un hecho que muestra el fracaso del modelo agroalimentario dominante, donde uno de cada tres alimentos producidos en el mundo se desperdicia en su trayecto del campo al plato. Si este sistema es hoy incapaz de dar de comer satisfactoriamente a las personas, ¿cómo puede hacer frente a los ingentes retos alimentarios del mañana?

Para la industria biotecnológica, uno de los productos estrella del futuro será la carne artificial. Son varias las compañías que compiten para producir cuanto antes una hamburguesa, albóndiga o salchicha elaborada en un laboratorio, aislando células madre de vaca o cerdo y desarrollándolas en biorreactores. Otras empresas apuestan por producir masivamente insectos en granjas de larvas y gusanos. Pero, ¿necesitamos de todos esto? Quienes lo defienden aseguran que es la solución para acabar con el hambre.

Creo que el diagnóstico del que parten es erróneo. No nos hacen falta nuevos alimentos sintéticos ni aumentar exponencialmente la producción, lo que importa es hacer accesible a las personas la comida que ya existe, que los alimentos dejen de ser tratados como una mercancía y sean considerados un bien común. Seguir dando respuestas tecnológicas a problemas políticos ya vemos donde nos ha llevado, al fracaso más absoluto.

La alternativa

¿Cuál es la alternativa? Aquellos que defendemos la soberanía alimentaria lo tenemos claro: recuperar la comida de verdad, apostar por una agricultura de proximidad, en manos del campesinado, que beneficia la economía local, con un modelo de producción ecológico, que cuida la tierra y quienes la trabajan. Sus detractores afirman que así es imposible alimentar un planeta con miles de millones de personas, pero según varios estudios científicos y la propia FAO, la agricultura ecológica y de km0 puede garantizar mejor la alimentación de las personas que la agricultura industrial, eso sí: con una reducción del actual e insostenible consumo de carne a nivel mundial. Por cierto, con una carne de mala calidad, el maltrato sistemático de los animales y la precarización de los derechos de los trabajadores.

En definitiva, necesitamos una agricultura que ponga en el centro las necesidades de las personas y el cuidado del planeta, solo así en el futuro podremos comer todos y comer bien.

Publicado en El Periódico

esther vivas

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¿Pensionistas egoístas y demagogos? Respuesta a un demagogo

Ven, 20/04/2018 - 10:10

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

La salida de los pensionistas a la calle en protesta por la bajada de la capacidad adquisitiva de sus pensiones ha creado una respuesta del establishment conservador-neoliberal, próximo al capital financiero, de clara hostilidad (expresada en los medios de información que controlan y/o influencian) hacia los pensionistas, acusándolos de todo. Un ejemplo fue un reciente programa sobre las pensiones en La Sexta Noche donde el economista del programa, el Sr. Gonzalo Bernardos (cuya mayor “aportación” había sido el negar en 2004 que habría una burbuja inmobiliaria de carácter especulativo, poco antes de que esta explotara), riñó a los dirigentes del movimiento de protesta de los pensionistas (presentes en el programa) criticándolos por desear más dinero público cuando ya tenían más que suficiente, mucho más –según él- que lo que tenían los pensionistas de los países de la Unión Europea. Lo que caracterizó aquel intercambio fue el tono pedante que el economista utilizó para ridiculizar a los pensionistas, dirigiéndose hacia ellos –gente normal y corriente– con un tono condescendiente y ofensivo. Los acusaba de ignorantes y de escasa sensibilidad hacia los demás, que estaban en una situación peor.

En un artículo ampliamente documentado, mostré que, en realidad, los pensionistas estaban mucho mejor informados sobre la situación de las pensiones que el “supuesto” experto. El conocimiento que la vida cotidiana da a los pensionistas, en muchas ocasiones, es mayor que el que adquieren profesionales que obtienen sus datos de instituciones próximas a los grupos financieros opuestos a las transferencias públicas del Estado –como las pensiones- (ver mi artículo “La falsedad de la supuesta ‘excesiva’ generosidad de las pensiones en España”, Público, 02.02.2018). Los datos objetivos y creíbles muestran que eran los pensionistas –y no el supuesto experto- los que llevaban razón. Como muestro en el artículo citado, las pensiones en España son bajas en relación con las existentes en los otros países de la UE-15.

Otro artículo ofensivo hacia los pensionistas

Otro ejemplo más reciente es el artículo de nada menos que de un catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, Julio Carabaña, en el que, con el mismo tono beligerante, insulta a los pensionistas, llamándolos egoístas y demagogos (“Pensionistas, egoístas y demagogos”, publicado con toda visibilidad en lugar preferente en El País, 09.04.2018). Presenta a los pensionistas que han salido a la calle para protestar como “egoístas dirigidos por demagogos” que mienten, tergiversando la realidad, ocultando que en realidad “los pensionistas nunca han estado mejor que ahora”. Llamarlos egoístas se justifica, según el autor, porque este elevado bienestar se ha conseguido a costa de un mayor sacrificio de las personas que trabajan (y que contribuyen a la Seguridad Social), cuyo nivel de vida ha descendido.

En general, este tipo de artículos (que pertenecerían más a la órbita de La Razón, ABC o El Mundo que a lo que era antes El País) no merecen una contestación. Pero al ser firmado por un catedrático de Sociología, Julio Carabaña, que utiliza toda una serie de datos en un intento de añadir credibilidad a su mensaje, exige una respuesta. Lamento que no fuese consciente de la existencia de tal artículo hasta hace un par de días. Por lo visto ha sido ampliamente difundido por instrumentos próximos a la banca, a las compañías de seguros y a la gran patronal (que es decir, por un extenso número de medios del país).

En general los argumentos son parecidos a los que el economista del programa de La Sexta Noche utilizó en su intento de ridiculizar a los pensionistas, acusándolos también de oportunistas y de exagerados pues las pensiones son supergenerosas en España, mucho más que en otros países de nuestro entorno.

Las falacias y “fake news” sobre las pensiones

Veamos pues lo que el artículo de Carabaña dice. El artículo se inicia con la contundente frase “nunca los pensionistas han estado mejor que ahora”. De ahí que concluya en el artículo que no tienen razón en su queja, la cual está llenando las calles. Pero la falsedad de tal dictamen es muy fácil de demostrar. El poder adquisitivo de las pensiones contributivas ha bajado en los últimos años durante el mandato del gobierno de Rajoy. Desde 1997 a 2010 la capacidad adquisitiva de las pensiones (la diferencia entre la revalorización acumulada de las pensiones y la subida acumulada del IPC) aumentó. En otras palabras, las pensiones aumentaron más que la inflación. En cambio, a partir del 2012, con el gobierno Rajoy, tal capacidad adquisitiva disminuyó ya que las pensiones crecieron menos que la inflación. En lenguaje plano quiere decir que vivieron peor, no mejor, que en los años anteriores. ¿De dónde saca el Profesor Carabaña que los pensionistas viven mejor? Los datos muestran claramente que están cargados de razón para salir a la calle.

Pero no satisfecho en acusar a los pensionistas de “quejosos sin razón” (pues están viviendo mucho mejor, lo cual es fácil de mostrar, como acabo de hacerlo que no es cierto), los acusa también de egoístas pues en realidad la pobreza entre pensionistas (población con 65 años o más) ha ido bajando y bajando mientras que la pobreza entre la población de 16 a 64 años ha ido subiendo. Además de quejosos, los pensionistas son, pues, insensibles hacia la situación de los demás.

Pero ahí, de nuevo, el profesor Carabaña también confunde los datos y su interpretación. La tasa de pobreza relativa de Eurostat se calcula como el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas. Por lo tanto, esto quiere decir que aumenta y disminuye en función de lo que pase con la mediana de los ingresos. Al disminuir los ingresos generales de la población también disminuye la tasa de pobreza de Eurostat. Los jubilados han mantenido ingresos estables durante la crisis, y por eso salen mejor parados que el resto de los colectivos, pero esto solo es debido a que los demás se han empobrecido mucho más. Además, según el informe “La crisis económica y la solidaridad familiar de los mayores”, publicado por la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) en marzo de 2014, seis de cada diez personas mayores (59,5%) ayudan económicamente a familiares o amigos en los peores años de la crisis. Dicho porcentaje ha experimentado un incremento de 19,1 puntos con respecto a 2012 y de 44,4 con respecto a 2010. A su vez, ocho de cada diez mayores (81,5%) ayudan a los hijos e hijas. Siete de cada diez mayores (69,6%) proporcionan una ayuda que es imprescindible para que los beneficiarios que la reciben puedan vivir dignamente. Así pues, aunque han mantenido sus ingresos, los usan para ayudar a toda la familia, lo cual distorsiona el cálculo de la unidad de consumo, dando una visión sesgada y poco realista de la situación real de esos ingresos.

 Y ello lleva a la absurdidad de la acusación de ser egoístas asumiendo erróneamente que sus mejoras ocurren a costa del empeoramiento de la situación de los demás. Aunque es cierto que los pensionistas han resistido mejor a la pobreza respecto al resto de la población, esto no significa que sean egoístas por protestar porque haya gente aún en peor situación. ¿Qué pasa si los comparamos, en cambio, con los que mejor les ha ido durante la crisis? El último informe de Oxfam Intermón “¿Realidad o ficción? La recuperación económica, en manos de una minoría?”, publicado a finales de 2017, señala que mientras el 10% más pobre ha visto disminuir un 17% su participación en la renta nacional durante la década de la Gran Recesión (años 2007 a 2016), el 10% más rico la ha visto incrementada en un 5%. Y el 1% más rico, en un 9%. A su vez, el 10% más rico concentra más de la mitad de la riqueza total del país (un 53,8%), más que el 90% restante, i el 1% de ricos entre los ricos posee la cuarta parte de la riqueza, casi el mismo porcentaje que el 70% de toda la población. Al mismo tiempo, en el último año contabilizado, de 2016 a 2017, el 1% más rico capturó el 40% de toda la riqueza creada, mientras el 50% más pobre apenas consiguió repartirse un 7% de ese crecimiento. En cambio, en España dos millones de pensionistas reciben entre 600 y 646 euros al mes (que son unas cifras menores que el salario mínimo interprofesional, fijado en 735,90 euros para 2018), y 4,5 millones menos de 1.000 euros al mes (ver Lo que debes saber para que no te roben la pensión escrito por Juan Torres y yo, Espasa 2013). ¿Son egoístas los pensionistas por protestar para que se redistribuya la riqueza, pidiendo nuevas formas de financiación de las pensiones tal como están exigiendo?

España se gasta menos, no más que la UE

En realidad, España se gasta en pensiones mucho menos de lo que debería gastarse por su estructura demográfica (que es muy semejante a la del promedio de la UE-15) y por su nivel de riqueza. Así, según Eurostat, la población con 65 años o más representa en España un 18,5% del total (el mismo porcentaje que en el promedio de la UE-15). Sin embargo, el gasto en pensiones de jubilación asciende en España a un 8% del PIB, el tercer gasto más bajo de los países de la UE-15, cuando el promedio de la UE-15 es del 9,5% del PIB. En el caso de países concretos, Austria, con el mismo porcentaje de población con 65 años o más (18,5%), se gasta un 3% más del PIB en pensiones de jubilación que España (un 11% contra un 8%).

Es más, la Comisión Europea, en su informe The 2015 Ageing Report, ha calculado que la tasa de reemplazo de las pensiones españolas podría caer al 48% en 2060, lo que hace evidente el proceso de deterioro en el que está entrando el sistema español de pensiones debido a las carencias actuales del mercado laboral y a la reforma de las pensiones de 2013. En resumen, lo que estamos viendo en España es la pérdida de un derecho colectivo constitucional. Es una cuestión de derechos y de modelo, no de cuantía relativa con respecto a la gente que lo está pasando peor.

 

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra
Publicado en Público.es

vnavarro.org

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Los tribunales lo condenan, la historia lo absolverá

Xov, 19/04/2018 - 11:20

Boaventura de Sousa Santos – Página/12

El proceso Lula da Silva pone descaradamente de manifiesto que algo está podrido en el sistema judicial brasileño, evidenciando procedimientos y prácticas incompatibles con principios y garantías fundamentales de un Estado de derecho democrático, los cuales deben ser denunciados y democráticamente combatidos.

Totalitarismo y selectividad de la acción judicial.

El principio de independencia de los tribunales constituye uno de los principios básicos del constitucionalismo moderno como garantía del derecho de los ciudadanos a una justicia libre de presiones e interferencias tanto del poder político como de poderes fácticos, nacionales o internacionales. El refuerzo de las condiciones de ejecución de esos principios se da a través de modelos de gobierno del Poder Judicial con amplia autonomía administrativa y financiera. Sin embargo, en una sociedad democrática, ese refuerzo no puede deslizarse hacia un poder selectivo y totalitario, sin fiscalización y sin que exista un sistema de contrapesos. El proceso Lula da Silva evidencia un poder judicial en el que tal deslizamiento está en curso. He aquí dos ejemplos. Existe una clara disyunción entre el activismo judicial contra Lula da Silva –de forma rápida, eficaz e implacable en la acción (Sérgio Moro decretó la detención de Lula escasos minutos después de notificársele la decisión de desestimar el hábeas corpus, que aún era posible recurrir, y desde la denuncia a la ejecución de la pena transcurrieron menos de 2 años)– y la lentitud de la acción judicial contra Michel Temer y otros políticos de la derecha brasileña. Y no puede invocarse el argumento de que esa inacción fue bloqueada por maniobras del poder político porque no se conoce igual activismo del poder judicial en la denuncia de esas maniobras y en procurar superarlas.

El segundo ejemplo es la restricción totalitaria de derechos y libertades constitucionalmente consagrados. En un Estado democrático de derecho, los tribunales tienen que ser espacios de profundización de derechos. Lo que sucede en Brasil es precisamente lo contrario. La Constitución brasileña determina que nadie se considerará culpable si no es en virtud de una sentencia condenatoria firme, es decir, hasta que se agoten todas las posibilidades de recurso. La Constitución portuguesa tiene una norma similar. Y es inimaginable que el Tribunal Constitucional portugués determinara que una persona fuera encarcelada con su proceso de apelación en el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, esto es lo que la mayoría de los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño hizo: restringió derechos y libertades constitucionales al determinar que, aun no teniendo el caso sentenciado, Lula da Silva podía comenzar a cumplir pena. ¿Cuál es la legitimidad social y política del poder judicial para restringir derechos y libertades fundamentales constitucionalmente consagrados? ¿Cómo puede un ciudadano o una sociedad quedar a merced de un poder que dice tener razones legales que la propia ley desconoce? ¿Qué confianza puede merecer un sistema judicial que cede a presiones militares que amenazan con un golpe si la decisión no es la que prefieren, o a presiones extranjeras, como las que están documentadas de interferencia del Departamento de Justicia y del FBI de Estados Unidos en el sentido de agilizar la condena y ejecutar la pena de prisión de Lula?

Falta de garantías del proceso penal.

El debate mediático en torno a la prisión de Lula destaca el hecho de que el proceso fue apreciado y juzgado por un tribunal de segunda instancia que no solamente confirmó su condena, sino que además agravó la pena. Este agravamiento obligaría a una justificación adicional de culpabilidad. Desgraciadamente, la hegemonía ideológica de derecha que domina el espacio mediático no permite un debate jurídicamente serio al respecto. Si ello fuese posible, se comprendería cuán importante es cuestionar las pruebas materiales, las pruebas directas de los hechos en los que se asentó la acusación y la condena. Esas pruebas no existen en el proceso. La acusación y condena a 12 años de prisión de Lula da Silva se funda, sobre todo, en informaciones obtenidas mediante acuerdos de delación premiada y en presunciones. Además, las condiciones de recolección y validación de la prueba difícilmente pueden ser examinadas, dado que quien preside la investigación y valida las pruebas es quien juzga en primera instancia; al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en Portugal, donde el juez que interviene en la fase de investigación no puede juzgar el caso, permitiendo, así, un verdadero escrutinio de la prueba. El dominio del proceso por un juez en la fase de investigación y de juzgamiento le confiere un poder susceptible de manipulación y de instrumentalización política. Se comprende la magnitud del peligro para la sociedad y para el régimen político en caso de que este poder no se autocontrole.

Instrumentalización de la lucha contra la corrupción.

El debate sobre el Caso Lula protagonizado por un sector del órgano judicial polariza el combate contra la corrupción, colocando de un lado a los actores judiciales del proceso Lava Jato, atribuyéndoles el combate intransigente contra la corrupción, y del otro a todos aquellos que cuestionan los métodos de investigación, atropellos a los derechos y garantías constitucionales, deficiencias de la prueba, actitudes totalitarias de los tribunales, selectividad y politización de la justicia. Esa polarización es instrumental y busca ocultar justamente varios atropellos del órgano judicial, tanto cuando actúa como cuando se rehúsa a hacerlo.

El guion mediático de la demonización del PT es tan obsesivo cuanto grotesco. Consiste en la siguiente ecuación: corrupción=Lula=PT. Cuando se sabe que la corrupción es endémica, alcanza a todo el Congreso e incluso supuestamente al actual presidente de la República. El Estado de São Paulo del 7 de abril es paradigmático al respecto. Concluye el guion con la siguiente diatriba: “al igual que lo que sucedió con Al Capone, el célebre gánster americano que fue encarcelado no por sus innumerables actividades criminales, sino por evasión de impuestos, el caso del tríplex1, que provocó la orden de prisión contra Lula, está muy lejos de resumir el papel del expresidente en el petrolão2”. Esta narrativa omite lo fundamental: en el caso de Al Capone, los tribunales probaron de hecho la evasión de impuestos, en tanto que en el caso de Lula da Silva, los tribunales no probaron la adquisición del departamento. Por increíble que parezca, de la lectura de las sentencias se concluye que la supuesta prueba es mera presunción y convicción de los magistrados. Las campañas antipetismo hacen recordar las campañas antisemitismo de los tiempos del nazismo. En ambos casos, la prueba para condenar consiste en la evidente no necesidad de probar.

Los demócratas y muchos magistrados brasileños que con probidad cívica y profesional sirven en el sistema judicial sin servirse de él, tienen una tarea exigente hacia adelante. ¿Cómo salir con dignidad de este pantano de atropellos con fachada legal? ¿Qué reforma del sistema judicial se impone? ¿Cómo organizar a los magistrados dispuestos a levantar trincheras democráticas contra la viscosa propagación de un fascismo jurídico-político de nuevo tipo? ¿Cómo reformar la enseñanza del derecho a fin de que las perversidades jurídicas no se transformen, por su recurrencia, en normalidades jurídicas? ¿Cómo deben autodisciplinarse internamente las magistraturas para que los sepultureros de la democracia dejen de tener empleo en el sistema judicial? La tarea es exigente, pero contará con la solidaridad activa de todos aquellos que en todo el mundo tenemos los ojos puestos en Brasil y nos sentimos involucrados en la misma lucha por la credibilidad del sistema judicial como factor de democratización de las sociedades.

 

1 Según el caso conocido como “tríplex de Guarujá”, Lula supuestamente aceptó que la constructora OAS le reformase un departamento de lujo de tres pisos en Guarujá, en la costa de San Pablo, a cambio de favorecer a la empresa en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras. No hay ninguna evidencia al respecto, pues Lula nunca fue dueño ni residió en el departamento (nota de traducción).

2 Petrolão es el nombre con el que se conoce un esquema de corrupción y desvío de fondos que ocurrió en Petrobras, la mayor empresa estatal brasileña (nota de traducción).

Traducción: Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez.

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Urge recuperar en España una democracia sin rebajas ni autoritarismos

Mér, 18/04/2018 - 06:00

Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid

En los últimos días ha ocupado portadas y sumarios de medios informativos el escándalo de las notas falsificadas en la concesión de un máster universitario a la presidenta del gobierno autónomo de la región de Madrid, Cristina Cifuentes. Por lo publicado, más allá de falsear notas y otras irregulariades destapadas que han engrosado esa bola de nieve, como han denunciado algunos medios, el caldo de cultivo de tan impropia actuación podría ser que ese instituto de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que organizaba el máster engordaba la lista de alumnos para sacar más beneficio económico, llegó a hacer convalidaciones en grupo, retocar calificaciones y falsificar firmas, como ha demostrado la documentación aportada por el periódico digital eldiario.es, el que más a fondo ha denunciado ese escándalo.

El partido Popular quería tener su propia universidad y ésa fue la Rey Juan Carlos. Como han denunciado algunos profesores y alumnos de la misma, ésta se habría convertido en área de colocación para dirigentes del PP tras tener que dejar algún cargo público. Un dato esclarecedor al respecto es que el número de profesores visitantes (figura flexible que permite dar clases en una universidad sin pasar por oposiciones o ser profesor titular) suele ser cuanto más un 1% del cuerpo docente, pero en la Rey Juan Carlos ese porcentaje asciende al 25%.

Parece haberse cumplido el refrán de que cuando el río suena, agua lleva y la URJC ha suspendido al responsable del máster que dice haber hecho la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, Cristina Cifuentes, y expedientado también a la funcionaria que cambió sus notas, además de plantearse retirar el máster a Cifuentes.

El escándalo de los notables atribuidos a Cristina Cifuentes en dos asignaturas del máster, sin siquiera haberse examinado como ha informado eldiario.es, no sorprende demasiado, porque el Partido Popular y los gobiernos que sostiene (central o regionales) nos han acostumbrado a portadas de los medios informativos por sus diversas presuntas corrupciones, algunas ya demostradas. Tanto es así que hoy hay un millar de cargos públicos y dirigentes de diversos rangos del PP acusados, procesados o incluso ya condenados en inacabables causas por corrupción.

La desvergüenza de un máster otorgado sin haber asistido ni un solo día a clase ni haber podido mostrar nunca el trabajo de fin de máster, estalla unas cuantas semanas después de que Guardia Civil, fiscales y jueces de instruccción hicieran público, tras la investigación de los casos Gúrtel, Púnica y derivados, que el Partido Popular ha financiado ilegalmente campañas electorales desde hace décadas.

Por lo publicado, esa financiación ilegal habría utilizado el viejo método de conseguir dinero contante y sonante de empresarios por adjudicarles obras y contratos públicos por comisiones del 3% del total adjudicado ilegalmente. Tal financiación habría pagado actos electorales de las elecciones generales que ganó Aznar en el año 2000, Francisco Camps las regionales de la comuidad autónoma de Valencia y Rita Barberá las del ayuntamiento de esa capital.

No es preciso insistir en el volumen y gravedad de la corrupción (que afecta al PP y sus gobiernos, pero de ningún de modo exclusivamente) por ser un tema harto conocido. Pero sí cabe señalar que el deterioro de la vigente democracia (obra del régimen político surgido de la Constitución de 1978) ha aumentado, por ejemplo, con ataques contra la libertad de expresión por la llamada Ley Mordaza, aprobada el 30 de marzo de 2015. ¿Por qué recordar ahora la ley Mordaza? Porque aunque corrupción es soborno y cohecho, también es perversión según el Dicionario de la Lengua española. Y esa ley Mordaza, denunciada por Amnistía Internacional, y Jueces y Juezas por la Democracia y profesores de derecho penal, ha corrompido la normal vida democrática de este Reino y provocado situaciones tan kafkianas como meter en la cárcel a raperos y escritores de tuits por palabras escritas o dichas, no por verdaderos delitos, mientras juzgados y condenados por corrupción (Iñaki Urdangarín, cuñado del Rey, por ejemplo), no van por ahora a la cárcel y, como Urdangarín puede vivir en Suiza gozando de libertad, con las únicas condiciones de presentarse ente el juez una vez al mes y deber comunicar si sale de Europa.

Si estuviera entre nosotros don Quijote, hoy parafrasearía “con la ley Mordaza hemos topado, amigo Sancho”. Como será esa ley Mordaza que un editorial del estadounidense diario The New York Times instó a la Comisión Europea a condenar esa ley, basándose en el informe del relator de Naciones Unidas para derechos humanos, quien también pidió a los legisladores españoles que derogaran esa ley.

Pero ahí está, autoritaria e intocable la ley Mordaza, al tiempo que aumentan las sentencias por delitos que no son tales en países democráricos, pero que encierran a los procesados en la cárcel con penas que no son precisamente leves. Y eso es corromper la democracia. Aunque aún más preocupante sea el encarcelamiento desde hace medio año de dirigentes independentistas catalanes, acusados de rebelión.

Sobre el delito de rebelión, del que se acusa kafkianamente a dirigentes catalanes independentistas para justificar su prisión, cabe recordar que, según el Código Penal español, “son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente”. Y no ha habido ningún alzamiento violento en Cataluña, ni siquiera violencia digna de ese nombre. Al respecto vale la pena reproducir las palabras del profesor de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo: “El delito de rebelión que el Juez Instructor ve en la conducta de los ex-miembros del gobierno catalán no lo ve ningún juez europeo. Y no lo ve, porque no existe, como ya dijeron más de cien profesores de Derecho Penal de las Universidades españolas. El delito de rebelión de la euro orden del juez instructor es un delito imaginario, un delito que solo existe en la imaginación del Juez”.

No hay duda de que en los últimos años, al tiempo que la llamada crisis empeoraba la vida de la ciudadanía española, ha habido un innegable avance del autoritarismo, de agresiones contra las libertades, como la de expresión. Sin embargo renace alguna esperanza tras la confortadora sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de la Unión Europea, que ha condenando al Reino de España por imponer una pena de carcel de dos años a unos jóvenes que quemaron fotos del Rey. El Tribunal de Derechos Humanos de la Unión ha afirmado sin el menor resquicio de duda que esa acción fue un ejercicio de libertad de expresión. Si la máxima autoridad judicial europea en derechos dice que quemar una fotografía del Rey es libertad de expresión, ¿qué hacen en la cárcel raperos y tuiteros por haber dicho o escrito da igual qué? Como tampoco hay rebelión que valga en la actuación de los independentisas catalanes encarcelados o imputados. Por eso tampoco puede seguir la actuación injusta y prepotente del gobierno Rajoy y de otros poderes polícos. Una actuación que erosiona y deteriora día tras día el sistema democrático.

Urge recuperar en España una democracia, digna de tal nombre, sin rebajas ni la menor interpretación autoritaria.

¡Por razones!

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Sobre el papel del ICO y en defensa de la banca pública

Mar, 17/04/2018 - 06:00

José Santos Pulido Mancebo – ATTAC Madrid

El pasado 28 de marzo el diario digital El Confidencial publicó un artículo del economista Juan Ramón Rallo sobre la elevada proporción de acreditados morosos y dudosos a 31 de diciembre del 2016 en los préstamos concedidos en 2010 y 2011 por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Una situación conocida por el reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre la actividad del ICO.

Ese hecho ha servido de excusa al profesor Rallo para demonizar al sector de Cajas de Ahorro, además de elucubrar sobre las nefastas consecuencias para el Estado de haber una Banca Pública, cargando de paso contra el partido Podemos que apoya ese proyecto.

No cabe entrar en una discusión con el señor Rallo sobre las teorías económicas que sustentan o reniegan de un sector financiero público, pero sí cabe rebatir las inexactas afirmaciones del artículo citado y el tendencioso titular: 83% de morosidad: así sería la banca pública, que en modo alguno corresponde a los datos reales.

Es indiscutible que en 2011 comenzó una profunda crisis del sistema financiero español que aún colea. No voy a entrar en su origen, pero es cierto que esa crisis afectó a todas las entidades de crédito en mayor o menor medida, aunque no todas hayan recibido ayudas significativas del Estado por tal motivo.

También asumo que la solución del Gobierno, con el conocimiento del Banco de España, apoyando a algunas entidades y las medidas aplicadas estarían debidamente sustentadas técnicamente. Y considero que, al margen de este artículo, esa solución era mejor que dejarlas caer para liquidarlas, porque el Estado hubiera tenido que devolver los depósitos garantizados por los Fondos correspondientes.

Pero no estoy de acuerdo en que se llegara a situaciones de crisis porque las entidades involucradas fueran las Cajas de Ahorros, ni que, según dice Rallo, las Cajas fueran el “tramo público del sistema financiero”, un nuevo concepto creado. Otro dato que apunta Rallo sobre la maldad de las Cajas de Ahorro es que el 70% de su cartera crediticia estaba ligada al sector inmobiliario frente a un 50% de los bancos. Pero eso ha sido así tradicionalmente y las Cajas han sido más activas que los bancos en ese ámbito.

Pretender que las Cajas son banca pública no se ajusta a la verdad y nunca ha sido así, pues estaban definidas como fundaciones privadas, aunque alguna en el pasado gozara de la garantía de ente público. Tampoco les confiere a las Cajas de Ahorros carácter público la intervención de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en la designación de algunos miembros de sus Órganos de Gobierno, pues otras entidades (Iglesia, sindicatos e impositores) también designaban sus representantes en los órganos directivos.

Además, una vez designados los miembros concretos de los Órganos de Gobierno, recae en esas personas la responsabilidad de la gestión de la entidad. Así se ha puesto de manifiesto en los procedimientos judiciales que afectan a miembros de algunas entidades financieras, pues en ellos se ha investigado (y en algún caso se ha condenado) a los miembros de los Órganos y no a los partidos políticos que propusieron su nombramiento: se juzga a Rodrigo Rato y no a Mariano Rajoy, por ejemplo. Por tanto, cabe concluir que la crisis de las Cajas de Ahorros ha sido por las actuaciones de personas concretas, por acción u omisión, y no por la personalidad jurídica de las Cajas. Entre esos responsables también estarían los miembros de la Alta Dirección de las Cajas y no solo sus Órganos colegiados.

Además, si hubiera sido determinante ser una Caja de Ahorros para entrar en crisis también hubieran caído La Caixa, Unicaja, Ibercaja y las tres Cajas vascas. Pero no ha ocurrido, han salido reforzadas y han aumentado su tamaño. Además de que las antiguas Cajas, salvo dos pequeñas, han acabado como bancos privados. Las personas aficionadas a las conspiraciones pensarán que, con decenas de miles de millones de euros por medio, se ha logrado lo que algunos siempre han querido en el sector financiero: la desaparición de las Cajas de Ahorros de las finanzas españolas.

También quiero recordar que en junio de 2017 el Banco Popular fue intervenido por el FROB e inmediatamente vendido al Banco de Santander por un euro. Por ahora esa operación no ha costado nada a las arcas del Estado, pero ya se verá qué sucede cuando arranque el aluvión de demandas judiciales de antiguos accionistas y bonistas del Banco Popular en España y otros países.

Veamos ahora el papel del ICO, que Juan Ramón Rallo utiliza como ariete contra la banca pública. En primer lugar, cabe señalar que el ICO, definido como Agencia Financiera del Estado, actúa como banco de inversión bajo la supervisión del Banco de España, según las directrices del Gobierno. Pero el ICO no capta fondos entre el público en general ni dispone de medios para operaciones de activo a acreditados corrientes. Lo que implica su absoluta dependencia de las entidades de crédito privadas para desarrollar su tarea crediticia.

El informe del Tribunal de Cuentas sobre el ICO se ciñe a los saldos de los préstamos en vigor a 31 de diciembre de 2016; lo que los acreditados deben en esa fecha descontados los importes devueltos. Este matiz es importante al analizar qué se pretende, pues la cifra de morosidad que se cita más adelante puede ser muy superior a la real de la línea.

No obstante, a partir de los datos del informe, se puede avanzar que de los 34.237 millones de euros de los préstamos en vigor del ICO a 31 de diciembre del 2016, solo 749,9 millones corresponden a operaciones efectivamente aprobadas por este, es decir el 2,2%. Ahora, y después de un farragoso camino por las páginas de informe, se puede llegar al resultado de que, de esos 749,9 millones de euros, el saldo contable de la línea ICO Directo es 54,4 millones. Cifra a la que se llega partiendo de 211,5 millones de saldo vivo más ajustes; esta última cifra es la que se utiliza como denominador para calcular la ratio de impagados y fallidos del 83% citada en el artículo.

Pues bien, Rallo coge el rábano por las hojas cuando afirma que la excesiva morosidad presentada en la línea ICO Directo (que además es insignificante tanto en el organismo como en el sistema financiero español en su conjunto) supone que todas las operaciones concedidas por cualquier entidad financiera pública llevarían el mismo camino. Es tan absurdo que basta simplemente con recordar la ejecutoria del Banco Hipotecario de España sin ir más lejos. Lo más adecuado sería preguntarse cómo se ha llegado a esa anómala situación, para demandar responsabilidades o para evitarla en un futuro.

En el sentido de lo expuesto más arriba hay que entender que la decisión de crear esa línea le vino impuesta al ICO por el Gobierno, y se hizo ante la sensación de que las entidades de crédito privadas abandonaban apresuradamente la financiación de PYMES y autónomos. La causa más plausible de esa elevada morosidad es que la calidad crediticia de casi la totalidad de las solicitudes era pésima y no deberían haber sido atendidas, y esos errores se explicarían por la falta de experiencia de los empleados del ICO.  Sin embargo, resulta que, como han publicado los medios, el ICO contrató exempleados de banca como analistas para revisar las solicitudes.

Ante la carencia de medios para atender las instrucciones recibidas, el ICO en 2010 contrató la comercialización de ese producto con dos grandes bancos (BBVA y Santander, según los medios). Eso significa que fueron esos bancos los que presentaron a los candidatos de la línea ICO Directo.

En las alegaciones del ICO al informe se menciona que sus analistas rechazaban el 87% de las solicitudes que revisaban, lo que significa que se aceptaba aproximadamente una de cada diez. Si a posteriori hubo incidencias en la mayoría de las concedidas, huelga decir cómo serían las rechazadas. Sin entrar en como BBVA y Santander hicieron la selección previa de los candidatos presentados al ICO, lo inconcebible es que en ese tipo de operaciones hubiera esa falta de calidad crediticia en esos bancos, y ahí lo dejo.

Siempre hay que sacar partido a cualquier circunstancia, y ello me hace pensar que el error del Gobierno al plantear la línea ICO Directo fue creer que el ICO sería capaz de llevar a cabo el plan. Pero de haber habido una banca pública de proximidad, hubiera sido el vehículo ideal para la inyección urgente de fondos en la economía real, ante una situación desesperada.

Plataforma por una Banca Pública

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Porqué el socialismo es republicano

Lun, 16/04/2018 - 06:00

Carlos Martínez García – Consejo Científico de ATTAC España

 

 

El día 10 de Abril se presentó en Granada un colectivo de socialistas republicanos y republicanas (Asociación socialismo y república). Es una iniciativa de debate  ideas en el seno de una izquierda fraccionada y despistada. Es un proyecto asociativo de intervención política desde el encuentro y el análisis, que no un nuevo partido.

Socialismo y República son dos conceptos que no pueden ir por separado, no deben hacerlo, pues un ideal que aspira a la igualdad total y el reparto de la riqueza, no puede sostener a nada que no haga a todas las mujeres y hombres iguales ante la ley y una monarquía no cumple tal finalidad pues deja la jefatura del estado en manos de una familia concreta y por razón de nacimiento que no de libre elección democrática a otro u otra igual.

No estuvo nunca en mente de los iniciadores del socialismo el sacralizar las monarquías. Sus principios fundacionales estaban muy condicionados por una clase obrera sin derechos y sin pan. Sus condiciones de lucha eran muy duras, pero en todas las revoluciones democráticas finales del siglo XIX y del XX las fuerzas socialistas aparecen siempre en ellas apoyando ideas republicanas de democracia total y plena y sustentando el republicanismo.

En el estado español, la cuestión republicana sigue latente. Una familia distante, envarada y sin conexión real con las gentes y sus preocupaciones sigue en el poder gracias al marketing, la publicidad más descarada y el apoyo del establishment que no por méritos propios, incluida su llegada al trono de la mano de un sanguinario dictador.

La crisis del estado español, muy profunda, exige medidas ya y una de ellas es poner sobre el tapete una constitución no mediatizada por el poder heredado. La monarquía esta pues en el debate.

Por otro lado las ideas democráticas de ciudadanas y ciudadanos libres e iguales son republicanas.

 

Politólogo, de la plataforma socialista pro PSF

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España debe aprobar este año una nueva lista de Paraísos Fiscales

Dom, 15/04/2018 - 06:00

Plataforma por la Justicia Fiscal

La Plataforma por la Justicia Fiscal urge a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en un acto en el Congreso de los Diputados a elaborar una nueva lista de paraísos fiscales que sustituya a la actual de 1991.

En el acto han participadolos portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión de Hacienda del Congreso Ana Madrazo (PP), Patricia Blanquer (PSOE) y Francisco de la Torre (Ciudadanos), junto con Eduardo Gutiérrez (Portavoz adjunto Podemos CAM). Para abordar la perspectiva europea de lucha contra los paraísos fiscales han intervenido los eurodiputados Ramón Jáuregui (PSOE) y Ernest Urtasun (Iniciativa per Catalunya Verds).

Madrid, 13 de abril de 2018- La necesidad de poner en marcha cuanto antes la Subcomisión parlamentaria que proponga medidas para luchar contra el fraude y la elusión fiscal, así como actualizar lo antes posible la lista española de paraísos fiscales han sido algunos de los compromisos adquiridos hoy en el Congreso de los Diputados por las distintas fuerzas políticas durante la jornada “Lista Española de paraísos fiscales: Un Parlamento Responsable” organizada por la Plataforma por la Justicia Fiscal.

Necesitamos mayor voluntad política para poner en marcha listas negras con criterios objetivos, que incluyan también sanciones, y una mayor transparencia financiera para que las multinacionales tributen en los países en los que operan” señalaba Susana Ruíz, portavoz de la Plataforma por la Justicia Fiscal.

Francisco de la Torre (Ciudadanos) insistía en la necesidad de incluir en la lista negra a los Estados que no cooperan con la Administración Tributaria española, mientras Ana Madrazo (PP) abogaba por la importancia del intercambio de información. Desde la oposición, Patricia Blanquer (PSOE) subrayaba la urgencia de poner en marcha la Subcomisión parlamentaria que su partido ha impulsado e insistía en que la lucha contra el fraude está estancada; Eduardo Gutiérrez (Podemos CAM) exigía incrementar la dotación presupuestaria de la Agencia Tributaria para hacer frente al fraude de las grandes fortunas.

Desde la perspectiva europea tanto Ramón Jauregui (PSOE) y Ernest Urtasun (Iniciativa per CatalunyaVerds) han reconocido avances en la lucha contra la evasión fiscal pero queda aún mucho por hacer. “Los europeos somos pocos. Estados Unidos ha impulsado iniciativas fiscales que pueden resultar injustas para muchos países en esta materia, por lo que se hace muy necesaria una gran Convención en el marco de Naciones Unidas, el G20 y la OCDE para construir una lucha global contra los paraísos fiscales” señalaba Jauregui. Por su parte, Urtasun insiste en que “deben desbloquearse aún muchos temas en el Consejo y es prioritario fijar una base común imponible del impuesto de sociedades”.

Más información:

Carlos Cruzado 686 71 08 15 y Susana Ruiz 663 78 76 32 (Portavoces de la Plataforma por la Justicia Fiscal)

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Streaming Asamblea General de ATTAC España

Sáb, 14/04/2018 - 21:15

Enlace directo al Streaming Asamblea General de ATTAC España:

https://www.attac.es/asamblea-2018/

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Draghi y el G-30: el lobismo financiero global

Ven, 13/04/2018 - 06:00

Juan Hernández Vigueras – Consejo Científico de ATTAC España

La excesiva influencia y peso de los lobbies corporativos, en particular los lobbies financieros, sobre las instituciones comunitarias ha consolidado la expresión lobicracia europea; y se ha demostrado que el BCE no quedaba excluido. Tras una investigación de un año de duración, la Defensora del Pueblo en la Unión Europea, la irlandesa Emily O’Reilly, ha recomendado que el presidente del BCE, Mario Draghi, suspenda su pertenencia al Grupo de los 30 (G30) durante el tiempo que resta de su mandato (hasta octubre de 2019), con el fin de proteger al  Banco y a su Presidente de cualquier percepción de que su independencia pudiera verse comprometida; según reza el comunicado de prensa del 18 de enero de 2018. Asimismo el Defensor del Pueblo recomienda que en adelante los futuros presidentes del BCE no se conviertan en miembros del G30.

Un club privado llamado el  Grupo de los 30 

El G-30 se autodefine como una entidad privada sin ánimo de lucro, de carácter consultivo en asuntos monetarios y económicos internacionales a la que se accede por invitación, con sede en Washington D.C., curiosamente en la calle K, muy conocida por acoger la domiciliación de las agencias de relaciones públicas, de estrategia y comunicación política. Y es que en realidad es que se trata de un distinguido lobby financiero global, que agrupa a un reducido número de presidentes de bancos centrales, altos ejecutivos de destacados grupos bancarios y relevantes académicos; y cuyas deliberaciones secretas abordan asuntos de trascendencia mundial. El G30 fue creado en 1978 por grandes corporaciones financieras, oficialmente como un grupo de expertos y un foro para intercambios informales entre líderes de las finanzas, públicas y privadas. Sin embargo, el grupo pronto ofreció signos de su actuación como lobby en el mundo financiero global, presionando intelectual y políticamente en favor de un tipo de regulación que favorece a los grandes actores en los mercados de capitales, casi siempre con representantes de los grandes bancos como voceros.

Al frente del G 30 se encuentra Jacob Frenkel como presidente de consejo de fideicomisarios (the Board of Trustees), labor que compatibiliza con su dedicación de presidente de JP Morgan Internacional. Y el Grupo está presidido por Tharman Shanmugaratnam, vice primer ministro del gobierno de Singapur, ministro coordinador de las políticas económicas y sociales y asimismo presidente de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), de su Banco central y del Regulador financiero. Como tesorero del G-30 hallamos a Guillermo Ortiz que es el actual presidente del BTG Pactual Latin America ex-Brazil, un gran banco financiero y de gestión de patrimonios en Latinoamérica. Entre los restantes miembros del selecto grupo, hemos de destacar también a Axel Weber, ex presidente del Banco central alemán y actual presidente del grupo  bancario suizo UBS y presidente del Instituto Internacional de  Finanzas, primer lobby de la gran banca con sede asimismo en Washington D.C.

Mario Draghi se unió al G30 en 2005 cuando aún era un alto ejecutivo del banco de inversión Goldman Sachs. En aquel momento, el entonces presidente del BCE, Jean-Claude Trichet estaba integrado en dicho Grupo; y cuando Draghi reemplazó a Trichet en el Banco de Fráncfort, ambos permanecieron como miembros. Y en los últimos años, ha habido muchos indicios de que el BCE estaba intensificando su participación, con varias personas de los órganos rectores que aparecen en eventos del G30 y participando en sus grupos de trabajo.

La independencia del BCE y Supermario

Conviene recordar que el Banco Central Europeo es el único banco del mundo cuyos poderes no dependen de un Estado y que su independencia está garantizada jurídicamente nada menos que por un tratado internacional. Lo que hace que esta vinculación del Presidente del BCE con el Grupo de los 30, un club exclusivo que ejerce de lobby financiero, resulte más odiosa y más inaceptable aún, es que esa vinculación ha tenido lugar en paralelo a una expansión del mandato del BCE. Tras la crisis financiera de 2008, y al asumir la supervisión de los bancos más grandes de Europa, el BCE ha consolidado y fortalecido su relación con muchos de ellos en el G30, suscitando la preocupación de que esos grandes bancos hayan podido ejercer una influencia indebida sobre las políticas del Banco, detrás del escenario de crisis y recesión económica en la UE, como fuente de consenso tácito. Y en estos cambios ha jugado un papel decisivo Mario Draghi.

Ya en 2011, cuando Mario Draghi llegó al BCE suscitó inquietudes en Alemania sobre la política que seguiría con el euro. Pero ciertamente Draghi no se quedó en la política monetaria estricta sino que, además, aplicó una batería de medidas no convencionales que han revolucionado el papel del Banco Central del euro en la economía y en la política comunitaria. A finales de julio de 2012, cuando la conocida como prima de riesgo de España estaba por las nubes, con el bono español a 10 años por encima del 7% y con el Ibex 35 cayendo 6 puntos por sesión, Draghi pronunció la frase que sirvió de apoyo para giro en las políticas del BCE cuyos límites no han tocado techo hasta hoy: «El BCE está dispuesto a hacer todo lo necesario para salvar el euro. Y, créanme, será suficiente».  (“the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough”). Incluso quienes le pusieron entonces el apodo de «Supermario» no sospechaban siquiera que llegaría a realizar compras mensuales de activos públicos y privados por valor de 80.000 millones de euros, rescatando a la banca  europea de modo soterrado. Muchos analistas le acusan hoy de haber convertido el BCE un el gran «banco malo» de Europa, sufragando la socialización de pérdidas de la banca de los Estados deficitarios que se encontraron con dificultades para ajustarse a la nueva realidad económica con cargo al sufrido contribuyente.

La decisión del Defensor del Pueblo Europeo de pedir al presidente del Banco Central Europeo que cancele su vinculación a un club opaco y exclusivo, dominado por las corporaciones financieras, es un paso significativo hacia el fin de una cultura de colusión secreta entre los reguladores y los grandes bancos. Aunque esta decisión no supone el final de la Europa opaca de las finanzas.

La decisión del  Ombudsman europeo: mala administración

A juicio del Defensor del Pueblo de la UE la vinculación del BCE al G-30, a un lobby de banqueros y financieros de alto rango, se considera contraria a las normas del BCE en sí misma; y el hecho de que esto se haya permitido durante tanto tiempo, equivale a “mala administración”, según razona este órgano supranacional europeo; algo que “podría socavar la confianza pública en la independencia del BCE“.
Los razonamientos de citada recomendación del Ombudsmaneuropeo resultan aplicables a las demás instituciones europeas:

“Los principios de la buena administración requieren que el desempeño objetivo e imparcial de quienes ejercen un cargo público no se vea influido, o incluso parezca estar influido, por las relaciones privadas. El hecho de que los propios miembros del BCE puedan considerar que no es así, y que su independencia no está en algún modo comprometida por la pertenencia al G30, de ninguna manera mitiga el riesgo de que la confianza pública en el BCE pueda verse socavada por la percepción de que existe tal alcance de influencia. Por lo tanto, las situaciones que podrían dar lugar a la aparición de cualquier tipo de influencia indebida deben evitarse. Esto es aún más importante después de la crisis financiera, con la preocupación pública continua sobre la relación entre la industria financiera y los reguladores. Como resultado, el Defensor del Pueblo considera que sin duda ayudaría a reforzar la confianza pública en el BCE si su Presidente suspendiera su pertenencia al G30”

La cercanía implícita de la relación a través de la condición de miembro (del G30), particularmente entre un banco supervisor y aquellos que supervisa, no es compatible con la obligación de independencia de una institución como el BCE para la cual la independencia es el sello distintivo de sus operaciones.

La independencia operacional y política se otorga intencionalmente al BCE para que pueda llevar a cabo sus funciones vitales sin interferencia, incluida la interferencia tanto política como industrial. El grado de independencia otorgado al BCE en el interés público subraya su obligación de proteger esa independencia, incluso desde la percepción de que una persona o entidad podría buscar de manera inapropiada influir en su toma de decisiones.”

Sin duda ha resultado acertado en este caso recurrir al Defensor del Pueblo Europeo como institución destinada a investigar las reclamaciones acerca de los casos de mala administración en las instituciones y órganos de la Unión Europea; a la cual pueden recurrir los ciudadanos o residentes de un Estado miembro de la Unión, así como las empresas, asociaciones y otras entidades con domicilio legal en la Unión, que ofrece un medio rápido, flexible y gratuito de resolver problemas con la gestión de las instituciones de la UE.

La decisión del Defensor del Pueblo no solo le pide a Mario Draghi que renuncie al G30, sino que hace hincapié en que ningún miembro de los órganos rectores, o el personal del BCE, deberían unirse como miembros. También exige que, en la medida en que el BCE tenga la intención de participar en las actividades del G30, las reuniones tendrán que realizarse bajo condiciones de fuertes salvaguardas. En algunos casos, esto requeriría un fortalecimiento de los protocolos del banco central, como en el caso del Consejo de Supervisión del BCE, cuyas reglas éticas son demasiado vagas en la actualidad para asegurar los más altos estándares cuando se trata del sector financiero.

La fundación ciudadana el Observatorio de Europa Corporativa(Corporate Europe Observatory) de Ámsterdam, promotora de la investigación y resolución del Ombudsman (Ombudswoman) europeo, además de mostrar su satisfacción con la decisión tras el trabajo de seis años, resalta la necesidad de seguir actuando para desterrar la cultura que se ha desarrollado en el BCE y en las demás instituciones europeas, que implica una relación estrecha y opaca de la tecnocracia y los dirigentes electos con los líderes de la gran banca y los grupos financieros. Con demasiada frecuencia, la necesidad de ‘mantenerse informado’ se usa como pretexto para adoptar un enfoque estrecho de consulta con el mundo exterior, en el que los responsables de la toma de decisiones del BCE y de la Comisión se codean con los ejecutivos de las mismas entidades financieras que han de ser reguladas para proteger y promover el interés público.

En ese sentido, la decisión del Defensor del Pueblo abre la puerta a renovados esfuerzos para eliminar otros elementos de las iniciativas de consulta del BCE, especialmente sus grupos asesores, que el Observatorio Corporativo de Europa ha demostrado que están dominados de forma masiva por la industria financiera. Después de todo, este tema no es solo sobre el G30, se trata de la captura corporativa de la toma de decisiones que se supone que se está haciendo en interés del público.

 

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Otro gravísimo error: marginación de la ciencia

Xov, 12/04/2018 - 06:00

Federico Mayor Zaragoza – Comité de Apoyo de ATTAC España

Los nuevos presupuestos no deberían aprobarse sin un replanteamiento muy atinado de las cantidades destinadas a ciencia, educación, sanidad, atención social y medio ambiente. El gobierno se ha precipitado, sin permiso del Parlamento, a anunciar incrementos portentosos en defensa (¡80%!) al tiempo que la ayuda a la cooperación (solidaridad), la “competitividad” y el cumplimiento de los ODS y Acuerdos de París sobre Cambio Climático siguen por los suelos.

Son los “mercados” los que siguen marcando las pautas de la economía occidental y, así, siguiendo los designios del insólito Trump se aumentan todavía los ya inmensos caudales destinados a la seguridad militar territorial (4000 millones de dólares al día, al tiempo que mueren de hambre miles de personas, las mayoría niñas y niños de uno a cinco años de edad) en detrimento de los fondos que deberían dignificar la vida de quienes los habitan.

Las prioridades sociales han quedado relegadas y la “competitividad” se intenta lograr con sueldos bajísimos y contratos temporales en lugar de aportar nuevos conocimientos y patentes.

Cada vez menos ayuda a la ciencia y a los OPI (Órganos Públicos de Investigación) y cada vez mayor intervención fiscal, burocrática y administrativa. Con la progresiva robotización, importada pronto la “competitividad” será exclusivamente digital y dependiente de los países que siguen atendiendo sin falta a las atractivas sirenas mercantiles.

“Bruselas sitúa a España entre los países con peores niveles de innovación”, en virtud de la disminución de los presupuestos en I+D. El apoyo privado no es prioridad en el sistema mercantil-monetario actual. El resultado ha sido una reducción muy importante de puestos de trabajo y la emigración de más de 30,000 investigadores.

La comunidad científica, académica, artística y literaria, intelectual en suma, debería liderar una gran movilización, presencial y en el ciberespacio, para asegurar el desarrollo científico español, tan directamente vinculado al bienestar social. España había logrado, junto a su liderazgo en trasplantes, una excelente “clasificación” internacional en biomedicina, que tanto influye en la salud, el bien social primordial. Ahora no podemos guardar silencio.

Ha llegado el momento de “los pueblos”, de la voz del pueblo –prematuramente asignada en la Carta de las Naciones Unidas, en 1945- que ahora ya puede expresarse libremente.

Las universidades en la vanguardia de la responsabilidad social. Y todos los científicos promoviendo que no sólo se aumenten las dotaciones presupuestarias sino que se simplifiquen –sin perder rigor administrativo- las tramitaciones y uso de las mismas.

El devenir de la humanidad está en grave riesgo, porque si no se aplican a tiempo las medidas relativas al cambio climático y un desarrollo sostenible, las futuras generaciones tendrían que hacer frente a condiciones muy adversas de habitabilidad de la Tierra. El espectáculo de los líderes europeos consintiendo los altibajos de aranceles y de recortes puramente mercantiles cuando está en juego la calidad de vida de las futuras generaciones, es detestable. “Vergüenza de haber perdido la vergüenza”, dijo el Papa Francisco al final del Viacrucis del Viernes Santo (30 de marzo de 2018).

En consecuencia, impidamos que se aprueben unos presupuestos que siguen unos esquemas que conducen al deterioro medioambiental. Procuremos –con asesores parlamentarios, por ejemplo, como propone el Prof. Luis Serrano- que los representantes del pueblo sepan exactamente cómo abordar con rigor temas que requieren un conocimiento profundo de la realidad.

El Prof. Emilio Muñoz –miembro del Club de Roma y ex Presidente del CSIC- viene abogando por la reconsideración del papel central que la I+D+i desempeña en un momento histórico en el que, como establece la Carta de la Tierra, “la humanidad debe elegir su destino”.

Son de aplaudir también los esfuerzos desplegados por la COSCE (Confederación de Sociedades Científicas de España) cuyo papel en el futuro tratamiento de este tema tan crucial debería ser muy relevante. La COSCE agrupa 40,000 científicos pertenecientes a 79 sociedades.

Los profesores Mariano Barbacid y Vicente Larraga, ambos de gran prestigio, preconizan un gran pacto de Estado entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria para la I+D+i. El PSOE ha concretado recientemente la propuesta de alcanzar rápidamente el 2% del PIB (actualmente menos del 1.2%) con un plan de reincorporación y regreso de científicos hoy en el extranjero.

También los directores de importantes centros de investigación pública, el CSIC incluido, presentaron en diciembre de 2017 sus reivindicaciones, sobre todo para evitar la intervención previa. La inversión pública ha caído desde el 2009 a la mitad en educación y un 37% en sanidad. “La investigación en España se  encuentra a un paso del colapso”: así se inicia un importante artículo de Nuño Domínguez y Manuel Ansede, en la primera página de “El País”, ampliada después en el interior, el 17 de diciembre de 2017. También Matilde Mas se lamentaba del “castigo” a la I+D. Y Miguel Delibes Castro, en un excelente escrito, con propuestas muy acertadas… Está claro que ha existido, especialmente en los últimos meses, un notable despliegue de los medios de comunicación llamando la atención sobre la situación progresivamente preocupante de la investigación científica en España: “El gobierno sólo gastó tres de cada 10 euros presupuestados para I+D” se lee en una página entera del mismo  periódico.

La respuesta del gobierno: silencio.

El presupuesto nacional –que el año pasado se aprobó gracias a sabrosas prebendas ofrecidas por el gobierno a comunidades autónomas proclives  busca este año iguales subterfugios en lugar de atender tan apropiadas y apremiantes solicitudes. Lo dicho: las comunidades científica, académica, artísticas, intelectual… deben ponerse al frente de un gran clamor popular que obligue a un rápido cambio de las previsiones en I+D+i. De otro modo, el daño –no sólo económico- sería irreparable.

¿Cómo pueden explicarse tan feroces recortes presupuestarios en los pilares del contrato social y, en cambio, formidables incrementos en armas y gastos militares? Por la razón de siempre: “Si vis pacem, para bellum”, si quieres la paz, prepara la guerra… Pero ahora, por primera vez en la  historia, si no preparamos la paz pueden alcanzarse puntos de no retorno. Las amenazas son globales y potencialmente irreversibles. Sería una traición histórica a nuestras responsabilidades intergeneracionales.

Sin violencia, pero con firmeza, ¡no! No al incremento de los gastos en armas. No al detrimento de los gastos en conocimiento. Los centros universitarios y científicos no seguirán callados.

Delito de silencio.

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Lula, sin crimen, ni pruebas y sin habeas corpus

Mér, 11/04/2018 - 06:00

Emir Sader – La Jornada

En días recientes la derecha brasileña ha entrado en estado de desesperación. Después de lograr poner como tema central de la agenda política la posibilidad de la prisión de Lula, contando con la decisión que creían segura del Supremo Tribunal Federal de Brasil, sus sueños habían empezado a debilitarse. Una primera resolución del STF era favorable a Lula, apuntando a una quiebra del consenso de Curitiba, que se había impuesto hasta ese momento. Un consenso absurdo jurídicamente, de la condena sin crimen, ni pruebas, configurando claramente una persecución política, basada en el lawfare –el uso de las leyes de forma unilateral, para la persecución a adversarios políticos. Nadie tiene dudas de que el juez Sergio Moro es un oponente político feroz de Lula, que le ha negado todo tipo de recursos, que le trata de forma racista y discriminatoria, que frequenta, de forma amigable, a fiestas con dirigentes de los partidos de derecha, ninguno siquiera acusado por el juez y sus colegas.

El clima era de gran expectativa. Revista semanal de derecha decía que, si Lula recibiera el habeas corpus se terminaba la Lava Jato, como que confesando que esa operación dependía de la violación de la Constitución que, expresamente, dice que la prisión de un acusado sólo se daría una vez concluidos todos los recursos. Pasa que el mismo STF, involucrado en el clima de arbitrariedades que la Lava Jato había impuesto al país, había decidido, en varios casos, por la prisión antes que se agotaran todos los recursos. Pero, rompiendo con esa práctica, en el caso de Lula, volvería a hacer valer el precepto constitucional, concediendo el habeas corpus.

En los días previos al nuevo juicio, los medios han usado todos los recursos para intentar crear un clima de presión sobre el STF, desde anunciando movilizaciones de docenas de personas como si fueran de miles, hasta publicar editoriales exigiendo la prisión de Lula, aún basado en un proceso sin ningún fundamento de realidad. Era claro que consideran que sólo por la vida judicial pueden impedir que Lula vuelva a ser Presidente de Brasil.

Como elemento nuevo, oficiales de las fuerzas armadas pasaron a manifestar abiertamente sus posiciones por la prisión de Lula, hasta que el mismo comandante en jefe del Ejército se sumó a ellas, diciendo que la institución no aceptaría tolerancia con la corrupción. Representa la repolitización de las fuerzas armadas, que se han otorgado una amnistía, al final de la dictadura, que representa precisamente la tolerancia total con todos los crímenes que los militares han cometido en los 20 años de dictadura. Intolerancia significaría ahora anular esa amnistía y pasar a juzgar a todos por sus atropellos. Pero ahora se trata de sumarse a la persecución política de Lula y nada más.

Las reacciones negativas han venido de varios lados, incluso de la Globo en su editorial, del comandante en jefe de la Fuerza Aérea y de otros sectores formadores de la opinión pública, indignados de que ese militar hubiera aceptado la impunidad respecto a políticos de derecha, como Michel Temer, Aecio Neves, entre otros y, súbitamente, muestra preocupación con el caso de Lula.

El clima ha vuelto a ser tenso en en todo el país fomentado por los medios, en particular la Globo, que actuó como si se estuviera en las vísperas del golpe de 1964, cerrando su principal noticiario con la amenaza del comandante en jefe del Ejército –antes de decir lo contrario al día seguiente.

Fue en ese clima que se ha vuelto a reunir el STF, empezando por el voto del relator que, Edson Fachin –que, hay que recordar, había sido abogado del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) durante mucho tiempo, habiendo recibido el apoyo de éste para su nombramiento para cambiar radicalmente de posición una vez nombrado– en contra del habeas corpus y el de Gilmar Mendes, en favor. Todo transcurrió hasta el voto decisivo de la jueza Rosa Weber, sobre quien habían recaído más fuertemente las presiones de la derecha. Incluso del mismo Sergio Moro, que no contento en hablar todo el tempo fuera del foro –lo cual es prohibido por ley– estuvo en un largo programa de entrevistas en una Tv de derecha y centró su fuego en contra de esa jueza.

El efecto terminó siendo decisivo. Ella cambió la posición que había tenido en la sesión anterior, votó en contra del habeas corpus, lo cual permitió que la votación terminara en empate, con lo cual la presidenta del STF, Carmen Lucia, militante en contra de Lula, desempatara y así fuera rechazado el habeas corpus a Lula.

Caben todavía recursos y, aún siendo rechazados, como deben ser, queda la decisión política en manos de Sergio Moro, de definir si decreta la prisión de Lula. Lo cual produciría una inmensa conmoción por ser el único líder político nacional en Brasil, por tener 40 por ciento de apoyo en las encuestas con la perspectiva de triunfar en primera vuelta y el enorme apoyo popular, como lo han confirmado sus caravanas por todo el país.

Una fantástica farsa jurídica, alrededor de un departamento que nunca fue de Lula, que recién fue a subasta, con los rendimientos para la empresa que es la real propietaria del inmueble, generó un proceso absurdo, sin pruebas, con condena en base a las convicciones de los que lo acusan como enemigo político. Se pasaría a un periodo todavía más turbulento de la vida política brasileña. De ahí que, a lo mejor, no se atreven, manteniendo lo que más importa a la derecha brasileña –tratar de impedir que Lula sea candidato a la Presidencia del país.

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Unión de gorrones (UE) y prestamistas (Eurozona)

Mar, 10/04/2018 - 06:00

Es necesario contar con unas políticas de gastos y de ingresos públicos a escala europea que legitimen la nueva UE ante sus ciudadanos, como escudo protector ante las tendencias que alimentan la globalización cosmopolita de las élites mundiales

Albino Prada – Comisión JUFFIGLO de ATTAC España

Malagón 6 de Abril de 2018 En su discurso de agradecimiento del premio Hannah-Arendt el pasado diciembre, el filósofo Étienne Balibar discrepaba del actual proyecto franco alemán de reforzar el núcleo europeo por aquellos países que acepten dedicar una mayor parte de sus recursos a los fondos comunes del presupuesto europeo y con una disciplina reforzada de deuda pública.Un proyecto de geometría variable del que se distanciaba por, en su opinión, no cumplir cinco condiciones políticas que debieran ser la base de una necesaria refundación del proyecto europeo.Entre esas cinco condiciones señalaba la reducción de todas las formas de desigualdad así como la necesidad de dotarse de poderes colectivos supranacionales eficaces contra la evasión fiscal. En definitiva, políticas de gastos públicos y de ingresos públicos a escala europea que legitimasen la nueva UE ante sus ciudadanos, como escudo protector ante las tendencias y conflictos que alimenta la globalización cosmopolita de las élites mundiales.Gorrones: ¿fondos comunes o ingresos europeos?Una política de ingresos y gastos públicos a escala de la UE –como la que parece tener en mente Balibar- tiene muy poco que ver con la idea de que cada Estado aporte más recursos al presupuesto europeo.En este sentido, he analizado no hace mucho tiempo (con Santiago Lago) lo que en la actualidad aporta cada Estado al presupuesto común. Nos encontrábamos con tres anomalías: que el resultado agregado es ridículo para una estructura cuasi federal con moneda propia (un 1% del PIB europeo), que lo que aporta cada Estado nada tiene que ver con su nivel de riqueza y que no existen ingresos públicos europeos de entidad, pues casi todos los recursos son cedidos por los Estados.En una gráfica, que reproducimos aquí, visualizábamos la segunda anomalía. El lector puede comprobar cómo dos países con semejante nivel de riqueza aportan un 0,9% o un 1,2%; y, al mismo tiempo, que países por debajo del 80% de riqueza media de la UE aportan porcentajes superiores a países que superan el 120% de riqueza media.Una estructura de ingresos plagada de gorrones que aportan igual (o menos) que otros socios menos ricos. Y que sobre la base de ese gorroneo a los fondos comunes capturan, en la unión de mercado resultante, unos superávits comerciales multimillonarios (como sucede con Alemania, Bélgica o los Países Bajos).

Relación entre la riqueza de cada país (ue=100) y las aportaciones al presupuesto europeo como porcentaje del pib respectivo (2012). Fuente: Lago, S. y Prada, A. (2014)

Para corregir dicho gorroneo, no se trataría tanto de que algunos países aportasen más a unos fondos comunes que seguirían siendo regresivos, sino de contar con ingresos propios europeos que tuviesen un carácter progresivo (basados en figuras impositivas para las que las bases imponibles de los países más ricos aportasen más ingresos en relación a su PIB que en los menos ricos).

Defendíamos un tramo del Impuesto de Sociedades gestionado a escala de la UE (con otro tramo mínimo obligado para cada Estado y para así evitar competencia fiscal) entre otras opciones (IVA europeo, transacciones financieras, etc). Propuestas que no solo garantizan un fuerte (y progresivo) impulso de los ingresos públicos europeos (no cedidos por los Estados) sino que, al tiempo, necesitarían de un andamiaje institucional que dificultase la actual tela de araña intraeuropea de evasiones fiscales.

Por su parte, T. Piketty propone avanzar en una imposición global, sobre el capital y el patrimonio, que permita redistribuir la riqueza y las rentas que la megatécnica concentra en cada vez menos manos, y que se sustraen de los ámbitos estatales de recaudación. En El capital en el siglo XXI (2014) defiende para ello un impuesto mundial progresivo sobre el capital (por encima de un millón de euros) que, junto a los recursos del tramo del impuesto de sociedades europeo, podría estar asociado a una prestación por desempleo europea o a una renta de mínimo vital contra la pobreza extrema. Un impuesto que, para empezar a escala europea y con tipos inferiores al dos por ciento, en sus estimaciones arrojaría una capacidad recaudatoria por encima del actual presupuesto europeo (con un 2% PIB de la UE).

Por ambas vías se podría afirmar que la UE contaría por primera vez con recursos fiscales propios (hasta ahora son básicamente cedidos por los Estados), y que dichos recursos tuviesen carácter progresivo (frente a la arbitrariedad actual del esfuerzo realizado por cada Estado mienbro respecto a su PIB). Recursos que duplicasen o triplicasen los actuales fondos cedidos, permitiendo en consecuencia financiar políticas sociales (desempleo o pobreza) que se enfrenten a los shocks cíclicos, y asimétricos, de los mercados.

Que, en suma, en su forma de recaudación y en sus programas de gasto concretasen un mensaje inequívoco del carácter de la nueva UE a la ciudadanía europea.

Prestamistas y deudores: ¿disciplina para quién?

La bola de nieve de gastos fiscales (gorroneo interno) y de rescates de deudores privados más el pago de intereses (a prestamistas temerarios) ha ido generando un volumen de deuda pública galopante –y asimétrico– que, pese a ser impagable, condena a interminables recortes de servicios públicos en países obligados a atender a los intereses acreedores.

También coloca a esos países a los pies de los caballos de la prima de riesgo (respecto del bono alemán como paradigma del prestamista), y ha obligado al BCE a mutualizar por la puerta de atrás buena parte de dichas deudas con compras masivas en los mercados secundarios para evitar la expulsión de los mercados financieros. Compras que para el caso español habrían alcanzado los doscientos mil millones a mediados del pasado año.

Mientras todo esto sucede en la eurozona de los prestamistas, y mientras no pocos países tienen que destinar a pago de intereses –para refinanciar la deuda que va venciendo y los nuevos déficits– lo mismo que gastan en sanidad (caso de España), otros países se permiten ingresar dinero a cuenta del que quiera comprar su deuda (caso de Alemania). Esta es la situación en época de vacas gordas con tipos de interés rondando el cero, imagínense ustedes que regresamos a una fase “normal” de tipos de interés.

La eurozona de los prestamistas nos conduce bien a un abismo social al que ya se asomó Grecia, o bien a una devaluación interna que iguala por abajo el deterioro, la precarización o los mini-jobs

La eurozona de los prestamistas (como sucedía con la UE de los gorrones en el apartado anterior, con la que en más de un caso coincide) nos conduce bien a un abismo social al que ya se asomó Grecia, o bien a una devaluación interna (laboral y social, en Portugal o España) que iguala por abajo el deterioro, la precarización o los mini-jobs; presionando a la mercantilización monetaria y exclusión social de servicios que estaban fuera del mercado.

Y por si todo lo anterior fuera poco, conviene recordar aquí que una de las formas más eficaces de reducir para el deudor el peso de la deuda (aunque para el prestamista sea al revés) sería el anotar una inflación por encima del 2%. Y aunque el BCE tiene esa referencia como único objetivo (lo que excluye todo lo relativo al empleo como en los EE.UU.), lo cierto es que la ha incumplido sistemáticamente en los últimos años como bien se observa en el siguiente gráfico. Y debe recordarse también que prestigiosos economistas han defendido que dicho objetivo debiera elevarse para situarse por encima del 2%.

 

Fuente: elaboración propia con datos de Eurostat

En su conjunto, cabe decir que la disciplina exigida a los deudores convive con la indisciplina de los prestamistas (pues nadie los obligó a serlo, menos sin asumir riesgos y menos aún a ignorar el mandato de inflación del BCE). Indisciplinas disculpables para unos y disciplinas obligadas para otros.

Conclusión

Para superar una moneda que se gestiona así, es necesario que el BCE cumpla su mandato de inflación al menos igual al 2%, que modifique sus estatutos para incorporar el empleo como un objetivo central y que pueda comprar deuda soberana europea en el mercado primario. Para lo cual es imprescindible que el Tesoro de la zona euro tenga una dimensión triple de la actual como se propuso en la primera parte de este análisis.

Todo lo que precede son herejías para el ordoliberalismo extremo del Bundesbank y para la cibernética económica que profesa su actual presidente Jens Weidmann, del que se habla como próximo presidente del BCE (un Bundesbank Central Europeo en vez de una Reserva Federal norteamericana), cuando dice: “Hemos procurado que las políticas económicas nacionales queden deliberadamente expuestas a la tutela normalizadora de los mercados financieros, y no queremos que las intervenciones del BCE relajen esta sana disciplina bajando artificialmente los tipos de interés”.

Pero escapar de esa tutela no es antisistema: es justo lo que hace el banco central de una unión como los Estados Unidos. Eso, y rendir cuentas de sus actividades a un Parlamento soberano de la Unión. Lo que a su vez obligaría a que el Parlamento Europeo y la Comisión no sean de cartón. Pues a día de hoy el auténtico poder está en órganos a-democráticos (federalismo ejecutivo se le ha llamado) como el Consejo de la UE o el del BCE.

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Artículo publicado en CTX

Albino Prada. Autor de “El despilfarro de las naciones” (2017) (Clave Intelectual).

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Matanza en Gaza

Lun, 09/04/2018 - 12:41

Alberto Piris - Comité de Apoyo de ATTAC España

Las recientes imágenes televisadas de las muchedumbres de indignados ciudadanos de Gaza acercándose el pasado viernes a la frontera con Israel, guarnecida por el ejército reforzado por un centenar de francotiradores autorizados a disparar sin contemplaciones, no pueden dejar impasible a quien observe tan escalofriante situación.

Y es que las armas israelíes no eran solo disuasorias: escupieron fuego y allí mismo murieron 15 palestinos, uno de ellos tiroteado por la espalda cuando huía, en una espectacular secuencia televisada en todo el mundo. Otros 750 palestinos sufrieron heridas de bala (dos fallecieron poco después) y todos contemplamos atónitos lo que el presidente israelí Netanyahu justificó como “la defensa de las fronteras nacionales” mientras que otro presidente de la misma región, el turco Erdogan, calificaba de terrorista a su colega y de “Estado terrorista” a Israel.

Pero la pregunta que debe plantearse no es saber por qué los palestinos mueren ametrallados mientras se mueven libremente por su propio territorio sin cruzar la frontera que les separa de Israel. Esto es una anomalía más de las muchas a las que nos tiene acostumbrados el ya de por sí “anómalo Estado” de Israel. Los controles de carreteras, los muros de separación, la expansión de los asentamientos ilegales y las expulsiones de la población local, la perpetua ocupación militar de Cisjordania, etc., son simples muestras de un Estado que vive en una situación tan anómala como anómalas fueron las circunstancias que lo hicieron nacer hace 70 años.

Lo que hay que preguntarse es qué es lo que mueve a tantas personas a arriesgar su vida de modo casi suicida; cuál es su grado de desesperación, cómo puede ser su vida cotidiana en la Gaza permanentemente bloqueada y asfixiada. Cómo pueden sobrevivir casi dos millones de personas, con una de las más altas densidades de población de todo el mundo, rodeadas por una alambrada en tierra y una zona costera de acceso vigilado. Un territorio donde escasea el agua potable, apenas existen recursos sanitarios, abunda el desempleo e Israel controla todo lo que en él entra y sale por tierra, mar o aire.

Por mucho que se intente atribuir a Hamás la organización de la protesta que produjo tal derramamiento de sangre, ante los ojos del mundo la acción del ejército israelí envuelve al Gobierno de Netanyahu en un manto de barbarie del que habrá de librarse para atenuar el negativo impacto de un Estado militarizado y racista al que la comunidad internacional se ve obligada a contener y moderar.

La resolución del conflicto palestino sigue pendiente. La diplomacia israelí parece satisfecha con la idea de mantener el statu quo indefinidamente. Esto pondría a Hamás en una situación ventajosa si fuese capaz de abandonar el terrorismo duro y explotar la situación de víctima que busca pacíficamente una solución a la ocupación territorial y a la expulsión del pueblo palestino de sus hogares ancestrales.

Netanyahu desea el apoyo de Trump, cuyo reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel fue visto por aquél como un acto amistoso. Pero la amistad de Trump puede ser un arma de doble filo, un peligro en ciernes. Cuanto más apoye EE.UU. las acciones impopulares del Gobierno israelí, más fácil le será a la opinión pública internacional poner a ambos Gobiernos al mismo nivel y menores serán las expectativas de que Israel pueda beneficiarse del decadente y deteriorado prestigio de la Casa Blanca. Y esto si Trump no sorprende al mundo con uno más de sus bruscos cambios de rumbo, fruto de su personal y atrabiliario modo de asumir la política exterior de EE.UU.

Mientras tanto, las invocaciones paralelas del Secretario General de la ONU y de la Unión Europea para investigar lo ocurrido en Gaza el pasado viernes serán meros brindis al sol; el pueblo palestino seguirá acumulando nuevos sentimientos de odio y venganza e Israel continuará basando su seguridad en la fuerza de las armas. ¡Nada nuevo bajo el sol!

República.com

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Criminales paraísos fiscales

Dom, 08/04/2018 - 06:01
JORNADA GLOBAL CONTRA LOS PARAÍSOS FISCALES

Los paraísos fiscales se definen por un implacable secreto bancario a prueba de bombas y por la garantía de oscuridad administrativa y contable totales.

Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid

El movimiento social global ATTAC, cuyo objetivo es la justicia fiscal, define los paraísos fiscales como “lugares, países, islas o enclaves geográficos con regímenes jurídicos oscuros y reglas fiscales muy laxas que ofrecen al capital financiero y a la actividad financiera en general exenciones y beneficios en el pago de impuestos. Esos lucros se ofrecen a extranjeros no residentes y a las sociedades y empresas domiciliadas legalmente en el lugar, aunque muy a menudo solo sean una dirección postal sin actividad económica que merezca tal nombre”.

Los paraísos fiscales o guaridas financieras (como ese prefiera) no ponen de hecho impuestos a movimientos y operaciones financieras ni beneficios, mantienen en la oscuridad esas transacciones, aseguran el anonimato de sus titulares y beneficiarios y no facilitan información financiera y fiscal aunque la pida una legión de jueces. Formalmente, el intercambio de información financiera y fiscal ha mejorado en algunos paraísos fiscales que simulan no serlo (Suiza, por ejemplo), pero el resultado final es que las agencias tributarias y los jueces que se ocupan del fraude fiscal no tienen fácil ni rápido acceso a esa información. Eso supone que millones de delincuentes fiscales no pagan lo que deberían y no son sancionados por ello.

Paraísos fiscales y deuda pública

La justicia fiscal es la adecuada y correcta redistribución de la riqueza para disminuir la desigualdad por medio de la fiscalidad, los impuestos. El sistema fiscal debe ser justo y progresivo (se pagan impuestos según se ingresa y se tiene). Y suficiente para recaudar lo necesario y atender un gasto público justo. Nada más lejos de la realidad en el Reino de España donde la fiscalidad no es ni justa ni progresiva ni suficiente. Ahí está para demostrarlo ese billón de euros de deuda pública que no hay manera de reducir y cuyo pago anual de intereses oscila de 25.000 a 30.000 millones de euros.

Las políticas fiscales pueden reducir las desigualdades, pero tienen enfrente a los paraísos fiscales.

Los paraísos fiscales que se definen por un implacable secreto bancario a prueba de bomba y la garantía de oscuridad administrativa y contable totales. Esas características convierten esas guaridas financieras que son los paraísos fiscales en colaboradores y cómplices necesarios para evadir y blanquear enormes cantidades de dinero ilícito, tanto de impuestos evadidos como de beneficios del crimen organizado o el que manejan los grupos terroristas para disponer de vías seguras de blanqueo y financiar sus letales crímenes. Pero, junto a la reducida o nula fiscalidad de los paraísos fiscales (no se pagan impuestos o son muy bajos), lo destacable de la actuación de los paraísos fiscales es que contribuyen a reducir la recaudación de ingresos de los estados, lo que empobrece a los países en vías de desarrollo y a las clases trabajadores de los países desarrollados.

Miles de millones de euros españoles van a los paraísos

En el Reino de España, según el informe de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía, los envíos de dinero a paraísos fiscales aumentaron un 34% en los últimos años. En 2016, último año con datos de esa comisión, hubo más de 414.000 transferencias superiores a 30.000 euros de España a paraísos fiscales. Ésas operaciones con esas cantidades son comunicadas de modo automático por bancos, notarios, abogados, registradores de la propiedad, asesores fiscales y promotores inmobiliarios, entre otros. Qué ocurre con ese dinero en el paraíso fiscal se desconoce por la opacidad propia de los paraísos.

Partiendo de datos oficiales, se deduce que ese dinero enviado desde España a unos treinta paraísos fiscales es superior a los 12.500 millones de euros. Mucho dinero. Y, si los paraísos fiscales se caracterizan por esconder patrimonios, depósitos, cuentas corrientes y movimientos financieros, asegurando el anonimato de sus titulares, ¿qué buscan quienes envían miles de millones a paraísos fiscales? Por supuesto, pagar menos impuestos o no pagarlos.

Según Gestha, sindicato de Técnicos de Hacienda, de todo el fraude fiscal en España, más del 70% lo perpetran grandes empresas y grandes fortunas. Y, cuando se reduce la recaudación por fraude fiscal, cuando los estados ven como sus ingresos por impuestos se reducen, cargan la mano en impuestos al consumo (IVA por ejemplo), que encarecen precios, y se apoyan más en los impuestos sobre la renta de los asalariados.

De la evasión de impuestos al terrorismo

Es una ecuación diáfana. Menos impuestos, menor recaudación, recurrir a préstamos y déficit  público. Y como la Unión Europea pierde el tino ante el déficit, entonces se reduce el gasto, lo que significa recortes sociales y de satisfacción de derechos que aumentan la desigualdad y el consiguiente riesgo de exclusión social.

El resultado final del papel de los indeseables paraísos fiscales afecta a la gente común, que no solo es la que paga impuestos (IVA, IRPF), que  no paga la minoría rica sino que paga también con la pérdida de derechos por los recortes en sanidad, educación y protección  social entre otros servicios públicos.

Además, los paraísos fiscales son ideales para esconder comisiones ilegales de políticos corruptos y empresarios corruptores. Por activa o por pasiva, los paraísos fiscales hacen posible el impune pago de comisiones por adjudicación de obra pública y otros beneficios ilícitos de empresas y partidos gobernantes. La corrupción sería menos factible de no haber paraísos fiscales. Pero están ahí y alimentan un mundo de corrupción que, según la Comisión del Mercado de Valores y la Competencia, supone la pérdida anual de 90.000 millones de euros.

Y, ya puestos, recordemos que los paraísos fiscales o guaridas financieras (como gusten) esconden otras actividades ilícitas. Narcotráfico, tráfico de armas, trata de seres humanos, delincuencia organizada y todo tipo de actividades delictivas, encuentran en los paraísos fiscales lugares seguros para su dinero. Incluso las organizaciones terroristas mueven su dinero con tranquilidad gracias a los paraísos fiscales.

Por todo eso cabe insistir en que es muy adecuado tachar de criminales a los paraísos fiscales o guaridas financieras.

Publicado en nuevatribuna.es

¡Por razones!

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Las consecuencias de la Transición inmodélica: las crisis social y nacional

Sáb, 07/04/2018 - 19:41

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

España está hoy experimentando dos de las mayores crisis que haya tenido en su período democrático (1978-2018). Una es la crisis social, que aun cuando no tiene mucha visibilidad mediática, es enorme y queda reflejada en el último informe del European Trade Union Institute (Bad jobs revovery? European Job Quality Index 2005-2015), que muestra que las condiciones del mercado de trabajo en España (de donde la gran mayoría de la población adulta adquiere su sustento) son de las peores de los 28 países que constituyen la Unión Europea, informe que ha pasado desapercibido en los mayores medios de información españoles y que apenas ha llamado la atención en los fórums del establishment político de España, incluyendo Catalunya (ver mi artículo España es el país de la Unión Europea con peores condiciones de trabajo” en Público, 22.02.18).

A nivel de calle, sin embargo, la realidad que presenta tal informe es ampliamente conocida, pues es la gente normal y corriente la que está sufriendo tal crisis. Y ello explica cómo, según señalan las encuestas, para la mayoría de la población, los temas que se consideran más importantes y que son percibidos como más preocupantes son precisamente los relacionados con el trabajo y con la calidad de vida y bienestar de las personas y sus familias, tales como el desempleo, la precariedad, los bajos salarios, preocupaciones que también incluyen el deterioro de los servicios del subfinanciado Estado del bienestar tales como la sanidad, las transferencias públicas como las pensiones (ver, entre otros, los barómetros del CIS, estudios número 3.198 y 3.205).

El otro gran problema que tiene España y que sí que tiene una gran visibilidad es el tema nacional, definido por el establishment político-mediático español como el “problema catalán”, que es en realidad uno de los problemas más graves que tiene el Estado español, habiendo alcanzado unas dimensiones desconocidas en el período democrático y que están preocupando al Estado español por la inestabilidad que le genera y por el gravísimo problema de imagen que le está creando a nivel internacional. Tal debate nacional es el que centra la atención del establishment político-mediático del país. Los mayores partícipes en este debate son las élites de los establishments políticos a los dos lados del Ebro (el español y el catalán). Y lo que es interesante constatar es que a pesar de las grandes cajas de resonancia que los mayores medios les ofrecen, tal tema no ha aparecido a nivel de calle como un problema grave para la gente normal y corriente. Los porcentajes de la población que expresan preocupación sobre el tema nacional y las tensiones entre Catalunya y España son muy bajos. En ninguna encuesta de opinión popular tal tema aparece una preocupación alta a nivel popular (ver, entre otras, las mismas encuestas del CIS mencionadas anteriormente). Esta enorme distancia entre la opinión de la gran mayoría de la población (y muy en especial entre las clases populares) sobre qué temas son más importantes y lo que los establishments políticos y mediáticos del país así definen está creando un problema grave de legitimidad de los segundos desde el punto de vista de los primeros, surgiendo una distancia enorme entre la calle y tales establishments que explica el creciente grado de desconfianza de las clases populares (que son la mayoría de la población) hacia las clases políticas gobernantes y hacia los medios de información, habiéndose alcanzado uno de los niveles más elevado de desafección en la Unión Europea. A modo de ejemplo, y según el último Eurobarómetro del otoño de 2017, en España solamente un 22% de los encuestados respondió que “tendía a confiar” en el gobierno (el sexto porcentaje más bajo de la UE-28, solo por detrás de Grecia, Croacia, Italia, Eslovenia y Rumanía), y solo un 8% afirmó tender a confiar en los partidos políticos (el segundo porcentaje más bajo de la UE-28, solo por detrás de Grecia, y al mismo nivel que Francia, Chipre y Eslovenia). En cuanto a los medio de comunicación, en sus distintas variantes, España registró también algunos de los niveles más bajos de confianza en la UE-28; en el caso de la televisión (36% de confianza), la prensa (40% de confianza) y la radio (52% de confianza) los españoles tenían, respectivamente, la segunda, la séptima y la sexta confianzas más bajas del conjunto de países de la UE-28.

Cómo los establishments político-mediáticos explican tales crisis

A primera vista parecería que las dos crisis -la crisis social y la crisis nacional- no están relacionadas. La gravedad de la primera crisis -la social- constantemente se relativiza por voces del establishment político-mediático del país diciendo que en todos los países de la UE se ha dado tal crisis y que no hay nada prácticamente nuevo en la manera como se ha presentado en España que pueda atribuirse a los factores internos dentro de este país. De ahí que se atribuya la crisis a factores externos, tales como la integración europea y/o la globalización, sobre los cuales poco se puede hacer. De hecho, la externalización de responsabilidades siempre ha sido una característica de la respuesta de las estructuras de poder a situaciones y políticas impopulares. El establishment español traslada las responsabilidades a Bruselas y/o Frankfurt, y el establishment catalán a Madrid.

Y en cuanto al supuesto “problema catalán”, el establishment político-mediático lo atribuye al insaciable apetito por el poder del nacionalismo catalán, que “siempre quiere más”, y que ha alcanzado tal nivel intolerable de demandas que debe ser parado. El ¡Basta ya! del establishment españolista es la respuesta del Estado a las demandas del independentismo, al que, aun cuando se le permite expresar sus ideas, no se le permite desarrollarlas, pues las leyes que el Estado español ha dictado no lo autorizan.

Las dos crisis tienen, en realidad, una causa común: la Transición inmodélica

Las enormes crisis social y nacional están, sin embargo, íntimamente relacionadas, aunque en signo opuesto al que, por lo general, se considera. Las dos crisis están enraizadas en una realidad común: el hecho de que el Estado democrático español no se construyera sobre las bases de una ruptura con el Estado dictatorial anterior, sino sobre una cierta continuidad, muy acentuada en los aparatos encargados de la seguridad y del mantenimiento y reproducción del orden y de la ley. Es parte de la narrativa oficial su énfasis en el respeto a la Ley y al Orden, a los cuales se interpreta sistemáticamente con un sesgo que favorece los intereses de los vencedores de la Guerra Civil, que fueron los que dominaron el proceso de Transición de la dictadura a la democracia y que dejaron su imprimátur en el orden jurídico del Estado, incluyendo la Constitución.

Como he documentado en escritos anteriores, la transición distó mucho de ser modélica. El gran dominio en aquel proceso de las fuerzas conservadoras, enraizadas en la dictadura, dejó su huella en el “nuevo” Estado, de manera que las cámaras legislativas y los aparatos de la seguridad y del orden estaban y continúan estando sesgados a favor de mantener el orden y las coordenadas de poder económico, financiero, político y mediático que existían y continúan existiendo en el país (ver mi libro Bienestar insuficiente, democracia incompleta: sobre lo que no se habla en nuestro país, Anagrama, 2009). No hubo una purga del personal de las altas esferas del Estado como ocurrió en otros países que habían sufrido dictaduras semejantes, como fue el caso de Alemania, Francia e Italia. El funcionariado continuó imbuido de la ideología del régimen puesto que no se cambió ni al personal ni a la ideología del Estado, el cual continuó centrado en la Monarquía borbónica, que pasó a ser un símbolo del continuismo. El nivel de servilismo a la Corona (como las ceremonias de besamanos en cada visita del Monarca) es el típico de un sistema profundamente jerárquico, autoritario, radial, uninacional e intolerante, que define como anti-España cualquier alternativa que pudiera considerarse a la Monarquía. España y Monarquía borbónica son consideradas conceptos y realidades idénticas.

Uno de los elementos de continuismo es la dureza y represión no solo física, sino ideológica y cultural, a la que se ha sometido a cualquier intento de cambiar la ideología dominante en el Estado, la borbónica uninacional, radial y excluyente, intentos que han sido siempre reprimidos duramente. Tal represión y dureza es fácil de demostrar, catalogando como delitos mayores hechos que no se definirían como tal en otros países de la UE. Para ello se utiliza un sesgo profundamente conservador (de ultraderecha) para interpretar leyes a su antojo. De esta manera su supuesta defensa de la ley y/o de la Constitución es solo aplicable a algunos componentes que afectan sus intereses. Así la corrupción, que significa una ruptura de la ley, es ignorada sistemáticamente. Y lo mismo ocurre con la Constitución, siendo esta ignorada sistemáticamente en los apartados en los que exige la realización de los derechos sociales, algo que continuamente es violado en la práctica legalista de los supuestos partidos constitucionalistas. En realidad, algunos de los partidos españoles que se autodefinen como constitucionalistas son los que sistemáticamente ignoran con mayor frecuencia los mandatos constitucionales que exigen, como derechos de ciudadanía, el acceso al trabajo o a la vivienda, entre otros. De estos sesgos en las leyes y en su lectura y aplicación, dos han sido particularmente importantes. Uno es el clasismo, es decir, la continuación del dominio de clase existente en España, reproducido a través de las instituciones del Estado, incluyendo la Ley (y la Constitución). Y el otro es el uninacionalismo, intrínseco al aparato y a la ideología del Estado.

El clasismo del Estado español y sus consecuencias: la crisis social

La dictadura se caracterizó por la exigencia de sumisión de la clase trabajadora al poder del Estado. Los sindicatos verticales, conocidos por su ideología nacional sindicalista, negaban la existencia de intereses opuestos entre la patronal y los trabajadores. Suponían, en la práctica, el control y dominio de la clase trabajadora por parte de la patronal. Ello implicó un enorme dominio de las élites económicas y financieras sobre la clase trabajadora a través del Estado, lo cual explica que una de sus características fuese el maridaje y la complicidad entre Estado y Patronal. De ahí que la corrupción en los aparatos del Estado sea sistemática y estructural. Pero tan o más importante que la corrupción ha sido el sesgo propatronal (y a favor de la propiedad) de las políticas públicas del Estado, causa del gran retraso social de España con la enorme subfinanciación del Estado del Bienestar. Incluso antes que empezara la crisis (2007), las transferencias (como las pensiones) y los servicios del Estado del bienestar (como sanidad, educación, vivienda y servicios sociales) estaban entre los menos financiados de la UE-15, el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo económico al español. España, por ejemplo, empleaba en 2015 solo el 4,1% del PIB en gasto público en educación, solo el 6,2% en sanidad, solo el 8% en pensiones de jubilación (según Eurostat), etc., porcentajes menores que el promedio de la UE-15 (4,8%, 7,3% y 9,5% respectivamente). Tal subfinanciación ha aumentado todavía más como consecuencia de las políticas de austeridad, las más duras entre los países de la UE-15. Es precisamente el todavía persistente clasismo del Estado la mayor causa de la enorme crisis social en España (ver mi libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante, Anagrama, 2015).

El uninacionalismo del Estado español: la causa del problema nacional

Otra característica del Estado español (junto con el clasismo) ha sido la continuidad de una visión hegemónica uninacional que excluía las otras naciones existentes en España. Ello fue facilitado por la falta de corrección de la historia de España (lo que se llama la memoria histórica) por parte de los establishments político-mediáticos del país, incluyendo el PSOE. No ha habido un compromiso ni por parte de las derechas ni por parte de las izquierdas gobernantes (PSOE) de plantearse realizar tal corrección al pensamiento hegemónico borbónico uninacional. Tal como indicó en una declaración el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, “los republicanos nos sentimos muy bien representados en esta monarquía parlamentaria”. De ahí que indicara que el PSOE votaría en contra de juzgar los crímenes franquistas para no tocar la Transición.  Desde la continuidad del Valle de los Caídos al silencio sobre el mayor porcentaje de personas desaparecidas por motivos políticos (después de Camboya) muestran la falta de compromiso con el cuestionamiento del dominio y hegemonía de la ideología del régimen en España.

Los problemas acarreados por el olvido histórico

Esta resistencia a recuperar la historia aparece también en amplios sectores de las izquierdas, debido a su temor a ser acusados de “guerracivilistas” o de “nostálgicos”. Pero hay que ser conscientes que esta resistencia a recuperar el pasado ha facilitado la persistencia de la cultura hegemónica borbónica. Tal debilidad ha aparecido últimamente a raíz de la utilización de la bandera borbónica como el símbolo de las personas españolas opuestas al secesionismo catalán. No se ha reconocido que hay otra bandera -la española republicana- que tenía más credibilidad y validez para representar los intereses de las clases populares españolas. Al olvidarse de la bandera republicana, los españoles de izquierdas no pudieron enarbolar este símbolo alternativo al borbónico, del cual consciente o inconscientemente las izquierdas son herederas. En realidad, a no ser que se recupere la historia real de España y de la República, las izquierdas estarán huérfanas de símbolos y puntos de referencias. Es notable acentuar, por cierto, que una realidad muy visible, tanto en la marcha feminista del 8 de marzo como en la de los pensionistas, fue que las banderas republicanas aparecieran de nuevo como alternativa a la bandera borbónica (y en Catalunya a la bandera estelada).

Este Estado uninacional es el mismo Estado instrumentalizado por los poderes económicos y financieros dominantes en España, responsables de su enorme subdesarrollo social. En realidad, la centralización del Estado, uninacional, era una necesidad para poder instrumentalizar el Estado. De ahí deriva el gran error de sectores importantes de las izquierdas uninacionales, que defienden el centralismo como necesario para aplicar medidas redistributivas y así disminuir las desigualdades regionales. Tal supuesto asume erróneamente que este Estado uninacional borbónico tiene una voluntad redistribuidora, algo que los hechos –las altamente regresivas políticas fiscales y presupuestarias- muestran que no es cierto. No hay, ni en España ni en Europa, evidencia de una relación entre poder del Estado central y nivel de desigualdades del país. En contra de lo que se dice en España, el Estado está muy centralizado. En este país, por ejemplo, ni los ayuntamientos ni los gobiernos autonómicos tienen el poder de regular el precio de los alquileres. Solo el Estado central puede hacerlo. Y como consecuencia, las dificultades y desigualdades en el acceso a la vivienda han alcanzado dimensiones extremas. Esta centralización del poder es una de las principales causas de las grandes desigualdades en el país. Por paradójico que parezca, no es necesario que exista una centralización del poder estatal para reducir las desigualdades en un país. Depende de quién controle tal Estado. Suecia, por ejemplo, tiene una gran descentralización en las políticas presupuestarias y fiscales, y es el país con menores desigualdades sociales y regionales.

La interdependencia entre el uninacionalismo centralista de España y el secesionismo: los dos se necesitan

Frente al Estado español, el movimiento de mayor visibilidad mediática en Catalunya ha sido el movimiento independentista, que desde el principio debió su crecimiento a la intolerancia y oposición a la diversidad nacional por parte del Estado central. La historia es conocida. La resistencia a aceptar el Estatuto de Catalunya, aprobado por el Parlament, por las Cortes Españolas y por un referéndum por el pueblo catalán, creó el gran crecimiento del independentismo. La existencia de esta realidad explica la estrategia del “procés” independentista, que ha tenido como objetivo beneficiarse de las tensiones con el Estado central a fin de que su represión movilice el mayor apoyo popular. La estrategia del crecimiento de las tensiones fue uno de los motores del “procés”, y así lo han reconocido dirigentes del movimiento independentista.

Esta estrategia de tensionamiento es coherente pero sumamente arriesgada, pues parece construirse sobre una serie de supuestos altamente cuestionables. Uno de tales supuestos es asumir que el Estado, frente a la continua presión, aceptaría el diálogo y el debate. Parte de este supuesto ha sido creer que Europa añadiría su voz y presión. Esta visión que parece existir en sectores del sector independentista transmite un enorme desconocimiento o una ingenuidad de lo que es el Estado español. Existe, por otra parte, una variante más radical de esta estrategia que asume que la tensión en sí haría colapsar tal Estado, denunciado o presionado también por la Comunidad Internacional (véanse las declaraciones de Carles Riera, portavoz de la CUP, en diario digital independentista El Nacional el 27.03.2018). En ambos casos, la estrategia reconoce que el deseado fin –el independentismo- es a largo plazo. Ni que decir tiene que esta estrategia basada en la dualidad tensión-represión conlleva un coste elevado para el Estado español, pues, a nivel internacional, este está apareciendo más y más como el Estado heredero de la dictadura. Ahora bien, en una España claramente derechizada es muy cuestionable que el elemento de presión fuera suficiente para que tal Estado aceptara la secesión. Mientras, la situación social de la población en Catalunya se está deteriorando, situación que gran número de dirigentes independentistas parecen desconocer, ignorar u ocultar. Contribuye a esta ocultación el que la formación política que hegemoniza el independentismo (Convergència) es la que ha dominado la vida política y mediática de Catalunya durante la mayor parte del periodo democrático, siendo en gran parte responsable de las políticas neoliberales que han afectado muy significativamente el bienestar de las clases populares.

¿Qué se podría haber hecho?

La respuesta era y es fácil de ver: relacionar la lucha para cambiar Catalunya con la de cambiar España, estrategia que nunca fue considerada por parte del bloque independentista, pues su estrategia necesitaba de una visión de España como algo incambiable, fea, explotadora y antipática. Esta visión era esencial para desarrollar su estrategia. En realidad, el bloque independentista siempre sintió hostilidad hacia En Comú Podem, pues veían que el crecimiento de una vía alternativa, con la posibilidad de cambio de España amenazaba su estrategia. No es por casualidad que desde el principio, cuando Pablo Iglesias se presentó (el 20.12.2014) en la Vall d’Hebron, el independentismo mostrara una gran agresividad hacia Podemos, presentándolo como anticatalanista. Joan B. Culla, el intelectual orgánico del pujolismo, escribió maliciosamente en el artículo “Vino viejo en odres nuevos” (El País, 24.12.2014) que el presidente Pasqual Maragall, que asistió al evento, había sido abucheado en dicho acto (noticia errónea y también maliciosa presentada por El País el 21.12.2014, ya que en realidad recibió una enorme ovación en el estadio). El independentismo siempre presentó gran hostilidad hacia las nuevas izquierdas catalanas.

En realidad, En Comú Podem ha sido objeto de hostilidad constante por parte de diarios digitales independentistas como Vilaweb, Nació Digital y otros, que lo perciben como el mayor peligro para el independentismo pues su éxito implicaría un descenso del independentismo. La reconversión de Albano Dante, el ex Secretario General de Podem Catalunya, en uno de los mejores aliados de la política de los independentistas (acercamiento que creó un rechazo por parte de los inscritos de Podem Catalunya, lo que originó su dimisión) hizo que pasase a ser ampliamente utilizado –mediante mentiras y manipulaciones- por parte de instrumentos del independentismo, citados anteriormente, para desacreditar a Podem y a Podemos, transformándose en su mayor atacante en los mayores órganos del establishment independentista catalán (TV3, RAC1 o Catalunya Ràdio) y convirtiéndose para algunos de estos medios en su “periodista”, pagándole así sus servicios.

La única posibilidad de cambio en Catalunya es que haya cambio también en España. Pero que haya cambio en España también preocupa a los independentistas, pues necesitan de una España “incambiable” para poder movilizar a más gente. Y de ahí las constantes tensiones entre los partidos independentistas y En Comú Podem, y las falsas acusaciones de “equidistancia”, “ambivalencia” u otras frivolidades de las que los primeros acusan a los segundos. En realidad, si la estrategia del independentismo fuera el soberanismo (que es un concepto distinto al independentismo, y qe consiste en defender el derecho a decidir –y por lo tanto a escoger– por parte de la población catalana) entonces su estrategia habría cambiado sustancialmente, no intentando instrumentalizar –como lo han estado haciendo– los movimientos que existen en Catalunya para recuperar y extender los derechos políticos, sociales y laborales del pueblo catalán. Su constante deseo de controlarlos, siguiendo prácticas antidemocráticas (y que siempre han impedido el surgimiento de un movimiento amplio más transversal que el independentismo), dificulta una amplia alianza con otras fuerzas políticas en Catalunya y en España, deseosas de establecer un Estado republicano y plurinacional que podría favorecer un cambio mayor y más posible en Catalunya. De momento, esta posibilidad está todavía lejana, pero es la única salida al “problema catalán” que es (como siempre fue) el problema español. Así de claro.

Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España).

Ha sido también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 48 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España.

Es uno de los investigadores españoles más citados en la literatura científica internacional en ciencias sociales

http://www.vnavarro.org/

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Putin, Trump y el endemismo recurrente de la Guerra Fría

Ven, 06/04/2018 - 19:50

Germán Gorraiz López – ATTAC Navarra-Nafarroa

El padre de la Constitución argentina, Juan Bautista Alberdi en su libro “El Crimen de la Guerra “ escrito en 1872 afirma que “las guerras serán más raras a medida que la responsabilidad por sus efectos se hagan sentir en todos los que las promueven y las incitan”. Con ello se anticipa en casi un siglo al final de la escalada nuclear que tuvo su punto de inflexión en la Crisis de los Misiles de Cuba y que culminó con la firma por Kennedy y Jrushchov del Acuerdo de Suspensión de Pruebas Nucleares (1962) y la implementación de la Doctrina de la Coexistencia Pacífica, continuando el estigma de la Guerra Fría hasta finales del siglo XX con la caída del Muro de Berlín. Sin embargo, la palindromía de la Historia podría hacer que dos presidentes del siglo XXI (Putin y Trump) quedaran hermanados por el retorno a escenarios ya olvidados de Guerra Fría tras casi medio siglo, teniendo de nuevo a la Crisis de los Misiles como ojo palindrómico.

Antecedentes de la nueva Guerra Fría

La irrupción mediática de Edward Snowden, ex-técnico de Booz Allen, sub-contrata de la CIA, confesando ser el autor material de las filtraciones a The New York Times y The Guardian sobre el programa PRISM (espionaje de las telecomunicaciones a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), habría desatado todas las alarmas en la CIA ante el peligro evidente de destapar los secretos inconfesables de los sótanos secretos del establishment.
Putin habría jugado con maestría sus bazas y tras conceder a Snowden el asilo temporal, apareció ante el Mundo como adalid de la defensa de los Derechos Humano, diluyendo de paso su imagen de represor en el conflicto checheno, aunque consciente de la nueva dinámica acción-reacción propia de escenarios de Guerra Fría en la que verán envueltas las relaciones ruso-estadounidenses a partir de este momento.

La división de Ucrania en dos mitades casi simétricas (quedando el Sur y Este del país (incluida Crimea) bajo la órbita rusa mientras el Centro y Oeste de la actual Ucrania navegarán tras la estela de la UE), significó “de facto” el retorno al endemismo recurrente de la Guerra Fría Rusia-EEUU basado en el principio de “acción-reacción”, produciéndose por parte de EEUU la implementación de la estrategia kentiana en el plano económico con el objetivo confeso de asfixiar a la economía rusa. En este contexto, asistimos a la imposición de sanciones comerciales por parte de EEUU y la UE contra Rusia tras la crisis de Ucrania que supusieron una aumento en las partidas de gasto en la compra de equipos, componentes y electrónica occidentales aunado con la jugada maestra del hundimiento del precio de los hidrocarburos hasta los 40 $/barril, medida que contó con Arabia Saudí como colaborador necesario y que significó un misil en la línea de flotación de la supervivencia económica del Gobierno de Putin así como serias dificultades para conseguir financiación externa a pesar de la subida de tipos de interés del Banco Central Ruso hasta la barrera ionosférica del 10,5%.

En cuanto al contencioso sirio, consciente de que jugaba con ventaja ante la incapacidad de EE UU y sus aliados europeos de marcar la iniciativa en los conflictos de Oriente Medio y Próximo (Egipto, Siria, Palestina e Irán), Putin aprovechó la gran oportunidad que se le presentó de recuperar la influencia internacional que Rusia había perdido en los últimos años para fijar su posición como colaborador ineludible en la búsqueda de acuerdos internacionales con Siria e Irán. Así, la jugada maestra de Putin convenciendo a Assad para que entregara todo su arsenal de armas químicas, el escaso apoyo internacional recibido por Obama para iniciar su operación militar contra Siria y el decidido apoyo militar ruso a all-Asad, forzará a las partes implicadas a una nueva Conferencia de Ginebra que levantará acta de la división “de facto” de Siria en dos partes ( rememorando la Guerra de Laos y los Acuerdos de Ginebra de 1.954 con Jruschov), con lo que la crisis siria se limitaría de momento a una puesta en escena en la que los actores participantes usarán el escenario sirio como banco de pruebas para un posterior conflicto a gran escala que englobará a Israel, Irán, Egipto y Arabia Saudí y que podría reeditar la Guerra de los Seis Días.

¿Dejará un día Europa de ser un vasallo de EEUU?

Según explicaba Brzezinski en la revista National Interest en el año 2.000, “los europeos estarán más inmediatamente expuestos al riesgo en caso de que un imperialismo chauvinista anime nuevamente la política exterior rusa”, con lo que esbozó un plan que pasaría por la expansión de la OTAN hasta límites insospechados en la década de los 90 y la implementación del nuevo sistema europeo de defensa anti-misiles,( European Phased Adaptative Approach (EPAA). Dicho sistema en realidad se trata de un escudo anti-misil global en el que los misiles interceptores emplazados en plataformas móviles pueden abatir blancos en un espacio común (a base de datos transmitidos por todos los radares y sistemas de reconocimiento opto-electrónico) , con el fin maquiavélico de tras un primer ataque sorpresa de EEUU que destruiría el potencial nuclear ruso en su propio territorio, neutralizar posteriormente la réplica rusa por medio de los misiles estacionados en Polonia. Tras los desacuerdos surgidos entre EEUU y Rusia por la declaración unilateral de independencia de Kosovo, Agfasia y Osetia del Sur, Barack Obama habría aparcado el proyecto del Escudo de Misiles Antibalísticos (NDM), sustituyéndolo por “un nuevo sistema de defensa anti-misil móvil” con la intención de convertir a Rusia en colaborador necesario en la salvaguarda de la paz y estabilidad mundiales.

Sin embargo, en septiembre de 2009 el presidente Obama ( presionado por el establishment o poder en la sombra de EEUU), aprobaba la implementación del nuevo sistema europeo de defensa anti-misiles,( European Phased Adaptative Approach (EPAA), que en realidad se trata de un escudo anti-misil global en el que los misiles interceptores emplazados en plataformas móviles pueden abatir blancos en un espacio común (a base de datos transmitidos por todos los radares y sistemas de reconocimiento opto-electrónico). En un principio, Rusia y la OTAN acordaron cooperar en la creación del escudo anti-misiles para Europa en noviembre de 2010 en la Cumbre Bilateral de Lisboa, pues para Moscú era vital que la OTAN ofreciera garantías reales de que ese sistema no apuntaría a Rusia y disponer de un documento jurídicamente vinculante al respecto, pero la Administración Trump siguiendo la inercia mimética de las Administraciones Bush y Obama de ningunear a Rusia,ha rehusado hasta el momento ofrecer dichas garantías por escrito.

El “Affaire Skripal” y la Nueva Crisis de los Misiles

La irrupción del affaire Skripal tuvo como efectos colaterales la reciente expulsión de diplomáticos rusos de EEUU y los países de su órbita y su correspondiente contra-réplica por el Kremlin, tras lo que es previsible que EEUU utilice las peticiones de Polonia como excusa para completar la quinta fase del despliegue del escudo antimisiles en Europa (Euro DAM), lo que tendría como réplica por parte rusa la instalación en Kaliningrado del nuevo misil balístico inter-continental de 100 Tm, (“el asesino del escudo antimisiles de EEUU” en palabras del viceprimer ministro ruso Dmitri Rogozin) así como la reactivación de la carrera armamentista entre las dos grandes potencias.

El cese del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, exigido por vigésimo quinto año consecutivo en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y aprobado de forma abrumadora por 191 votos a favor y 2 abstenciones ( EEUU e Israel), reafirma la libertad de comercio y navegación ante un bloqueo anacrónico instaurado por Kennedy en 1.962 y que habría supuesto para la Isla unas pérdidas directas e indirectas estimadas en 110.000 millones $ según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y más de un Billón $ según el Gobierno cubano.

Moscú es actualmente el noveno socio comercial de la Habana con intercambios valorados en 224 millones de dólares en 2011 y y como prólogo a su visita, la Duma rusa habría ratificado la condonación de la deuda de Cuba con la URSS estimada en 35.200 millones $ y el resto (3.520 millones $ será abonado por Cuba en diez años y reinvertido por Rusia en la economía cubana. Putin se reunió con Raúl y Fidel Castro para abordar temas concernientes a la cooperación técnico-militar entre Moscú y La Habana y tratar asimismo temas como la cooperación energética, transporte, aviación, espacio y salud además de firmar varios acuerdos.

Rusia estaría negociando instalar sus bases militares con Cuba, Venezuela y Nicaragua con el objetivo inequívoco de ampliar el radio militar rusoy tras el retorno al endemismo recurrente de la Guerra Fría con EEUU, Putin ha empezado a mover las piezas para desestabilizar el llamado “patio trasero” de EEUU. Así,la renovación automática por parte de EEUU por un año más del embargo comercial a Cuba (edulcorada con medidas cosméticas como la relajación de las comunicaciones y el aumento del envío de remesas a la isla así como el posible inicio de una ronda de conversaciones sobre temas de inmigración), podría suponer para Cuba pérdidas estimadas en cerca de 50.000 millones de $ , por lo que caso de no superarse el endémico y anacrónico embargo de EEU a Cuba, podríamos asistir a la firma de un nuevo tratado de colaboración militar de Cuba con la Rusia de Putin (rememorando el Pacto Secreto firmado en 1.960 en Moscú entre Raúl Castro Y Jruschov). Dicho acuerdo incluiría la instalación de una base de Radares en la abandonada base militar de Lourdes para escuchar cómodamente los susurros de Washington y la instalación de misiles Iskander y podría concluir con la firma de un nuevo Tratado de Fuerzas Convencionales en Europa (FACE) , reviviendo la Crisis de los Misiles de Cuba y la posterior firma con Jrushchov del Acuerdo de Suspensión de Pruebas Nucleares (1962).

¿Prepara Georges Soros un complot contra Putin?

EEUU quiere evitar a toda costa que Putin se perpetúe por lo que procederá a la gestación de una trama endógena con el objetivo confeso de debilitar el otrora poder omnímodo de Putin en el Partido y en la Administración y posteriormente lograr su defenestración política mediante un golpe de mano incruento. La paternidad de dicha trama sería atribuible al llamado “Club de las Islas” con activos cercanos a los 10 trillones € y cuya cabeza visible según el espía ruso Daniel Estulin,sería el financiero y experto diseñador de “revoluciones de colores”, George Soros y estará pilotado por Soros y al exiliado ex-empresario petrolero Jodorkovski (Rusia Abierta). Además, contará con la colaboración desde el interior del multimillonario y amigo personal de Putin, Arcady Rotenberg quien moverá a sus peones estratégicamente situados en puestos claves de la Administración, Mass Media, FSB y Ejército para tras una intenta campaña mediática contra Putin, lograr que el Tribunal Supremo ruso lo acuse formalmente de los mismos cargos con los que decapitó a la camarilla oligarca: abuso de poder, corrupción y delitos fiscales, culto a la personalidad y errores políticos, reviviendo el golpe de mano contra Jruschov y su sustitución por Leoniv Brézhnev (1.964).

Analista internacional

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EL FSM vive… pero, sin horizonte (claro)

Ven, 06/04/2018 - 06:00

María Elena SaludasCADTM

“Resistir es crear, resistir es transformar” fue el lema del XIII FSM que se realizó en Salvador de Bahía (Brasil) del 13 al 17 de marzo, de 2018. Tomando al verbo “resistir” en su carácter transitivo, se resiste a “algo” o a “alguien”. Etimológicamente, viene del latín “resistire” que significa “tolerar, combatir una fuerza”…

¿Qué es preciso “combatir” y no “tolerar” en los tiempos que corren? ¿A qué estamos resistiendo, hoy, y es preciso transformar, radicalmente?

Los pueblos del mundo entero sufrimos los efectos del agravamiento de una profunda crisis del capitalismo, en la cual sus principales sujetos (bancos, empresas transnacionales (ETNs), conglomerados mediáticos, Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) y gobiernos consustanciados con el modelo político representado por la ideología neoliberal) buscan potenciar sus beneficios a costa de un modo de producción que concentra y centraliza riqueza y poder, intensificando sus mecanismos de explotación del trabajo y devastación de la naturaleza y la Vida.
Guerras, ocupaciones militares, migraciones y muros; Tratados de Libre Comercio y Deudas Pública y Privadas; “medidas de austeridad”, privatización de los bienes comunes y los servicios públicos, desempleo y salarios a la baja, reducción de derechos, aumento de la sobrecarga del trabajo de las mujeres, ocultamiento de su rol en las esferas de la reproducción y producción… profundización de la brecha salarial (ganan entre 31 y 75% menos que los hombres)…

Desigualdad extrema: ocho hombres, entre los que destacan Bill Gates, Carlos Slim, Mark Zuckerberg poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas a nivel mundial. Compañías como Apple, Alphabet, Microsoft, Exxon Mobil y Facebook registraron más ingresos que 180 países juntos. 69 de las 100 mayores entidades del mundo son empresas, no Estados. Y, podemos seguir…


¿Fueron abordados estos temas en el marco del FSM? ¿Regresamos a nuestros países con una Declaración debatida que denuncie esta profunda crisis que caracterizamos como una Crisis Civilizatoria…¿Trabajamos y compartimos Alternativas, logramos consensuar una Agenda común de luchas a nivel internacional?

La respuesta a estos interrogantes permitirá hacer un evaluación de hacia dónde marcha el FSM.

¿Cuál es el espíritu que anima hoy, al FSM? Los 19 ejes temáticos que se presentaron en esta nueva edición, eran sumamente ambiguos. Basta dar una leída a los mismos en: https://wsf2018.org/es/forum-social-mundial-2018-abre-inscricoes/
Esto dio lugar a que de las 2100 actividades auto-gestionadas inscriptas muchas se caracterizaran por su carencia de profundidad. Al menos sus títulos así lo indicaban:
“Mujeres del Hip-Hop en el FSM” o “Taller creativo de turbantes realizado por la ABAM – Asociación de las Bahianas de Acarajé”. Se puede acceder para tener una noción más acabada a:https://wsf2018.org/es/todas-atividades/

Es decir, que en la mayoría de los talleres no se plantearon cuestiones de fondo, tan necesarias en tiempos de confusión como los que atravesamos.

Aun así, podemos decir que el FSM vive, como señala el título.
Vive porque hay militancia…

Que se puso en evidencia frente al notable esfuerzo realizado por los grupos de trabajo de Bahía y en general de Brasil. Fue un logro haber realizado el FSM en un solo lugar, Campus de Ondina, Universidad Federal de Bahía (UFBA), que facilitó el desplazamiento, de las, aproximadamente, 80 mil personas que circularon por los diferentes territorios de la Universidad. Que hubiera 1200 voluntarios involucrados que acogieron a los participantes de forma muy solidaria, dando indicaciones, repartiendo agua potable gratuitamente, asistiendo a todo el que lo necesitase. Todo esto se realizó en condiciones adversas, con un gobierno ilegítimo pero, con el apoyo de la Alcaldía, de la Cámara Municipal de la Asamblea Legislativa de Salvador de Bahía.

El FSM vive… porque como siempre la marcha de apertura contagió alegría y esperanza, allí estuvieron bahianos/as y miles de brasileños venidos de diferentes Estados, si bien, la mayor presencia fue de América Latina, hubo representantes de los 5 continentes.

Y, también podemos decir que el FSM vive, porque a pesar de la fragmentación del campo popular hay un acumulado histórico de luchas, sobre todo en Nuestramérica que permite la realización de talleres temáticos y encuentros de estrategias organizativas que se desarrollaron durante el transcurso del FSM. Esto demuestra que muchas redes continentales e internacionales, también, están vivas y existe la voluntad de trabajar conjuntamente.

Se pudieron articular, así, estrategias en relación a la Campaña contra la Impunidad del Poder Corporativo y el Tratado Vinculante, se denunció y propusieron acciones en relación a la posibilidad inminente de la firma de TLC UE/Mercosur (detenido desde hace varios años), se fijaron fechas de encuentro para llevar adelante el rechazo a la Cumbre de Presidentes del G20 y contra las reuniones previas que ya se están realizando, en Argentina, en el marco de los grupos de trabajo y de afinidad de este antidemocrático espacio (Club de los Poderosos). Como así, también, se logró la articulación de movimientos y organizaciones que vienen trabajando la problemática de la Deuda Pública y Privada y la necesidad de Auditorías Integrales y participativas. Entre otras actividades.

Lo que indica que el Foro Social Mundial sigue siendo un espacio de re-encuentro de los movimientos y organizaciones, que permite articular campañas y estrategias comunes a nivel continental e internacional. Es decir que puede seguir cumpliendo un rol clave. Tenemos experiencia al respecto, sabemos lo que es potenciar campañas y determinar estrategias comunes de lucha como fue la que llevamos adelante contra el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), que articulamos, también, desde el FSM y que nos permitió detener este tratado propuesto por el imperio.

El FSM vive porque al unísono gritamos: Somos todas Marielle!, el miércoles 15 de marzo cuando nos enteramos de la ejecución de la Concejala Marielle Franco, en la ciudad de Río de Janeiro ( bajo intervención militar). Quedamos destrozados como el cuerpo de esta mujer guerrera, militante de izquierda, negra, feminista y “favelada”. Los tiros nos alcanzaron a todos/as por eso su lucha, también, se multiplica en el Foro.


Pero, por qué si el FSM vive, también, planteamos que el FSM no tiene horizonte (claro).

Ensayamos algunas respuestas.

El contexto global del 2001, cuando surge este proceso de encuentro de luchas y búsqueda de alternativas, que es el FSM, se ha modificado sustancialmente.
Recordemos que no nació como un fin en sí mismo, sino como un instrumento, una herramienta de lucha para la construcción de lo que se llamó “otro mundo posible” al que luego fue necesario incorporar “necesario y urgente”, cuyo objetivo era hacer frente al hegemonismo neoliberal, al pensamiento único, al tan publicitado “fin de la historia”.

Por eso, es necesario rever la Carta de Principios o, tal vez, incorporarle Anexos que permitan que surjan propuestas para transitar hacia alternativas que acaben con la exclusión y desigualdad social que el proceso de globalización capitalista, con sus dimensiones imperialistas, neocolonialistas, racistas, sexistas y destructoras de la naturaleza, imponen a la mayoría de la humanidad.

En necesario Re- Politizar el FSM. No hay que tener miedo a la POLÍTICA con Mayúscula!

Cada edición del FSM debería lograr golpear el sistema, sobre todo a partir de la “batalla de ideas”.

El problema es que hay un peso desproporcionado de redes de ONGs en las decisiones estratégicas, que en, cierta forma, controla la organización del FSM, que no son proclives a los posicionamientos políticos y que han hecho que movimientos, realmente, anti-sistémicos hayan tomado distancia del Foro, como Vía Campesina, incluso el MST (cuya presencia fue mínima), la MMM que contribuyeron y contribuyen, junto a nuevas organizaciones populares, a denunciar y combatir al sistema capitalista.

Las “marcas” de las ONGs se ven reflejadas, como al comienzo se mencionó, en la atomización, fragmentación e incluso banalización de temas de debate sin prioridad alguna. Este no relacionamiento de las temáticas hace que sea imposible debatir sobre la actual coyuntura y sobre los caminos a seguir.

Se proponen, entonces, las llamadas actividades, “autogestionadas”, que en este Foro superaron las dos mil… si cada una de ellas lleva al “Ágora de los Futuros”, como era la propuesta, sus conclusiones es imposible llegar a mínimos consensos.
No creemos que el “Ágora de los Futuros” aporte a una nueva propuesta metodológica para la continuidad de las discusiones que se abren en el FSM. No funcionó ni en el FSM de Montreal ni en este realizado en Salvador de Bahía. Incluso se realizó sin que hayan terminado los talleres y actividades programadas. Lo que no permitió la participación de gran cantidad de asistentes al Foro.

Para que el FSM tenga un horizonte y pueda caminar hacia él es preciso, entre otras cosas, que se revea la metodología. Debe reducirse el número de actividades autogestionadas (en donde cada organización se limita a su reivindicación) y priorizar las Asambleas de Convergencia. En esta oportunidad fue un ejemplo la Asamblea Mundial de Mujeres que aprobó por aclamación 10 puntos no negociables, en su empeño de unir todas las luchas por la emancipación social, económica y cultural y construir una agenda internacionalista impostergable. El decálogo de la Asamblea Mundial de Mujeres se manifestó, en su último punto, “contra la guerra, a favor de la justicia climática y contra el capitalismo, el neoliberalismo, el colonialismo y el imperialismo que nos explotan alrededor del planeta”

Esto nos demuestra, que la metodología de implementar Asambleas de Convergencia que aborden las problemáticas vinculadas a las diferentes facetas de la crisis capitalista: económica y financiera, alimentaria, climática, energética, migratoria…en fin civilizatoria es una manera de profundizar los debates y relacionar los temas. Permitiendo vincular la coyuntura internacional y con la local y trabajando las alternativas (algunas ya en marcha). Estos espacios deberían confluir en una Asamblea Final que pueda emitir una Declaración y una Agenda Común que podrá trabajarse y articularse con las luchas en cada territorio.

Recordemos que, desde el primer Foro, de enero 2001, en cada ocasión se reunió una Asamblea de los Movimientos Sociales (AMS) – vease mas de 20 documentos de la AMS sobre http://www.cadtm.org/AMS,794?lang=es -. Donde se aprobaba una declaración final, redactada por los representantes de los movimientos sociales. Estas declaraciones eran, fundamentalmente, un catálogo de los temas que los movimientos sociales percibían como claves y una lista de las principales acciones a realizar. Los movimientos sociales y las diferentes campañas presentaban allí los encuentros más importantes de sus movilizaciones. Recordemos, también, la declaración aprobada en Belem do Pará (2009) con un posicionamiento de fondo en términos de diagnóstico de la crisis del sistema capitalista y de posicionamiento sobre la salida de esta crisis (ver http://www.cadtm.org/No-vamos-a-pagar-por-la-crisis-que http://www.cadtm.org/Declaracion-de-la-Asamblea-de-los ).

A pesar de la gravedad de los tiempos que corren lejos estamos de un posicionamiento cercano a la mencionada declaración. Por eso, nos atrevemos a decir que el FSM no tiene Horizonte (Claro). Lo que no significa que no pueda encontrarlo…


Qué tal si deliramos por un ratito, qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar ese “otro mundo posible, necesario y urgente” que marque el futuro del FSM.

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Comunicado de la Campaña #FueraParaísosFiscales

Xov, 05/04/2018 - 10:46
Ayer 3 abril, Día Internacional de Lucha contra los Paraísos Fiscales en muchas ciudades del Estado Español se realizaron diversos actos para denunciar la injusticia que suponen las guaridas fiscales donde las multinacionales y grandes fortunas ocultan su dinero para eludir el pago de los impuestos que les corresponden.
Hoy, como continuación de esos actos, estaba programada una mesa redonda organizada por la Plataforma por la Justicia Fiscal titulada “Cuando Decir la Verdad es Heroico” en la que iban a intervenir diversos periodistas y alertadores del fraude fiscal a nivel internacional. Para subrayar la heroicidad del título, la policía española se ha presentado en la puerta del evento y ha detenido a Hervé Falciani a petición de las autoridades suizas.
Suiza es uno de estos paraísos fiscales que la Unión Europea y el Gobierno Español han eliminado reiteradamente de la lista de países que no ofrecen información fiscal, y esto permite que cada vez más defraudadores utilicen allí cuentas opacas. Es inaceptable que quienes denuncien a los defraudadores y hacen el ejercicio democrático de denunciar el robo de impuestos mediante el uso de paraísos fiscales como Suiza sean injustamente perseguidos.
La llamada “Lista Falciani” ha servido para poner en evidencia a defraudadores de toda Europa y la información sobre evasores fiscales permitió recuperar cientos de millones en impuestos impagados. En concreto a la Hacienda Pública le ha servido para recaudar más de 264 millones de euros de personas que escondían sus ganancias en la guarida fiscal suiza del banco HSBC.
Las organizaciones que componemos esta campaña contra los paraísos fiscales y a favor de la justicia fiscal reclamamos la inmediata puesta en libertad de Hervé Falciani. Consideramos que denunciar un delito, como es el fraude a la hacienda pública, nunca debería ser castigado.
Denunciamos asimismo la falta de voluntad política de la UE y el Gobierno español para actuar contra los defraudadores fiscales y los países que acogen cuentas opacas en sus paraísos fiscales.
La sociedad global está siendo cada día más consciente de la importancia de los filtradores o lanzadores de alertas como Falciani o Julian Assange de Wikileaks porque se han convertido en un elemento importante de la lucha contra la corrupción y a favor de la democracia. Es cada vez más necesario proteger jurídicamente a estas personas que nos destapan las incómodas verdades acerca de cómo las élites económico-financieras y los estados más poderosos gobiernan el mundo.
De mantenerse la detención de Falciani, la campaña convocará acciones reclamando su libertad, el cierre de los paraísos fiscales y una verdadera persecución de los delitos fiscales.
Categorías: Alterglobalización

El colonialismo insidioso

Xov, 05/04/2018 - 06:04

Boaventura de Sousa Santos - Público.es

Para Marielle Franco, in memoriam

El retrato de Marielle Franco dibujado por un artista callejero en un muro del ayuntamiento de Rio de Janeiro. REUTERS/Ricardo Moraes

El término alemán Zeitgeist se utiliza actualmente en diferentes lenguas para designar el clima cultural, intelectual y moral de una determinada época, literalmente, el espíritu del tiempo, el conjunto de ideas y creencias que componen la especificidad de un periodo histórico. En la Edad Moderna, dada la persistencia de la idea del progreso, una de las mayores dificultades para captar el espíritu de una determinada época reside en identificar las continuidades con respecto a épocas anteriores, casi siempre disfrazadas de discontinuidades, innovaciones y rupturas.

Para complicar aún más el análisis, lo que permanece de períodos anteriores siempre se metamorfosea en algo que simultáneamente lo denuncia y disimula y, por eso, permanece siempre como algo diferente de lo que fue, sin dejar de ser lo mismo. Las categorías que usamos para caracterizar una determinada época son demasiado toscas como para captar esta complejidad, porque ellas mismas forman parte del mismo espíritu del tiempo que supuestamente deben caracterizar desde fuera. Siempre corren el riesgo de ser anacrónicas, por el peso de la inercia, o utópicas, por la ligereza de la anticipación.

Vengo defendiendo que vivimos en sociedades capitalistas, coloniales y patriarcales, en referencia a los tres principales modos de dominación de la modernidad occidental: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado o, más precisamente, el heteropatriarcado. Ninguna de estas categorías es tan controvertida entre los movimientos sociales y la comunidad científica como la de colonialismo. Hemos sido tan socializados en la idea de que las luchas de liberación anticolonial del siglo XX pusieron fin al colonialismo, que casi resulta una herejía pensar que al final el colonialismo no acabó, sino que apenas cambió de forma o ropaje. Nuestra dificultad radica sobre todo en nombrar adecuadamente este complejo proceso de continuidad y cambio.

Es cierto que los analistas y los políticos más perspicaces de los últimos cincuenta años tuvieron la aguda percepción de esta complejidad, pero sus voces no fueron lo suficientemente fuertes como para cuestionar la idea convencional de que el colonialismo propiamente dicho acabara, con la excepción de algunos pocos casos, siendo los más dramáticos posiblemente el Sáhara Occidental, la colonia hispano-marroquí que continúa subyugando al pueblo saharaui, así como la ocupación de Palestina por Israel. Entre esas voces cabe destacar la del gran sociólogo mexicano Pablo González Casanova con su concepto de “colonialismo interno” para caracterizar la permanencia de estructuras de poder colonial en las sociedades que emergieron en el siglo XIX de las luchas de independencia de las antiguas colonias americanas de España. Y también la voz del gran líder africano Kwame Nkrumah, primer presidente de la República de Ghana, con su concepto de “neocolonialismo” para caracterizar el dominio que las antiguas potencias coloniales seguían ejerciendo sobre sus antiguas colonias, convertidas en países supuestamente independientes.

Una reflexión más profunda sobre los últimos sesenta años me lleva a concluir que lo que casi terminó con los procesos de independencia del siglo XX fue una forma específica de colonialismo, y no el colonialismo como modo de dominación. La forma que casi terminó fue lo que se puede designar como colonialismo histórico, caracterizado por la ocupación territorial extranjera. Sin embargo, el modo de dominación colonial continuó bajo otras formas. Si las consideramos de esta forma, el colonialismo es tal vez hoy tan vigente y violento como en el pasado.

Para justificar esta afirmación es necesario especificar en qué consiste el colonialismo como forma de dominación. El colonialismo es todo aquel modo de dominación basado en la degradación ontológica de las poblaciones dominadas por razones etnorraciales. A las poblaciones y a los cuerpos racializados no se les reconoce la misma dignidad humana que se atribuye a quienes los dominan. Son poblaciones y cuerpos que, a pesar de todas las declaraciones universales de los derechos humanos, son existencialmente considerados como subhumanos, seres inferiores en la escala del ser. Sus vidas tienen poco valor para quien los oprime, siendo, por tanto, fácilmente desechables. Originalmente se los concibió como parte del paisaje de las tierras “descubiertas” por los conquistadores, tierras que, a pesar de ser habitadas por poblaciones indígenas desde tiempos inmemoriales, fueron consideradas como tierras de nadie, terra nullius. También se consideraron como objetos de propiedad individual, de los que la esclavitud es prueba histórica. Y hoy continúan siendo poblaciones y cuerpos víctimas del racismo, de la xenofobia, de la expulsión de sus tierras para abrir el camino a los megaproyectos mineros y agroindustriales y a la especulación inmobiliaria, de la violencia policial y las milicias paramilitares, del trabajo esclavo llamado eufemísticamente “trabajo análogo al trabajo esclavo” para satisfacer la hipocresía biempensante de las relaciones internacionales, de la conversión de sus comunidades de ríos cristalinos y bosques idílicos en infiernos tóxicos de degradación ambiental. Viven en zonas de sacrificio, en todo momento en riesgo de convertirse en zonas de no ser.

Las nuevas formas de colonialismo son más insidiosas porque se producen en el núcleo de relaciones sociales, económicas y políticas dominadas por las ideologías del antirracismo, de los derechos humanos universales, de la igualdad de todos ante la ley, de la no discriminación, de la igual dignidad de los hijos e hijas de cualquier dios o diosa. El colonialismo insidioso es gaseoso y evanescente, tan invasivo como evasivo, en suma, astuto. Pero ni así engaña o aminora el sufrimiento de quienes son sus víctimas en la vida cotidiana. Florece en apartheids sociales no institucionales, aunque sistemáticos. Sucede tanto en las calles como en las casas, en las prisiones y en las universidades, en los supermercados y en las estaciones de policía. Se disfraza fácilmente de otras formas de dominación tales como diferencias de clase y de sexo o sexualidad, incluso siendo siempre un componente de ellas. Verdaderamente, el colonialismo insidioso solo es captable en close-ups, instantáneas del día a día. En algunas de ellas surge como nostalgia del colonialismo, como si fuese una especie en extinción que debe protegerse y multiplicase. He aquí algunas de tales instantáneas.

Primera instantánea: uno de los últimos números de 2017 de la respetable revista científica Third World Quarterly, dedicada a los estudios poscoloniales, incluía un artículo de autoría de Bruce Gilley, de la Universidad Estatal de Portland, titulado “En defensa del colonialismo”. Este es el resumen del artículo: “En los últimos cien años, el colonialismo occidental ha sido muy maltratado. Ha llegado la hora de rebatir esta ortodoxia. Considerando de manera realista los respectivos conceptos, el colonialismo occidental fue, en regla, tanto objetivamente benéfico como subjetivamente legítimo en la mayor parte de los lugares donde ocurrió. En general, los países que abrazaron su herencia colonial tuvieron más éxito que aquellos que la despreciaron. La ideología anticolonial impuso graves perjuicios a los pueblos sujetos a ella. Y continúa impidiendo, en muchos lugares, un desarrollo sostenido y un encuentro productivo con la modernidad. Hay tres formas en las que Estados fallidos de nuestro tiempo pueden recuperar hoy el colonialismo: reclamando modos de gobernanza colonial, recolonizando algunas áreas y creando nuevas colonias occidentales”. El artículo causó una indignación general y quince miembros del consejo editorial de la revista dimitieron. La presión fue tan grande que el autor terminó por retirar el artículo de la versión electrónica de la revista, aunque permaneció en la versión impresa. ¿Fue una señal de los tiempos? Al final, el artículo fue sujeto a revisión anónima por pares. La controversia mostró que la defensa del colonialismo estaba lejos de ser un acto aislado de un autor desvariado.

Segunda instantánea: el Wall Street Journal del pasado 22 de marzo publicó un reportaje titulado: “La búsqueda de semen americano se disparó en Brasil”. Según la periodista, la importación de semen americano por mujeres solteras y parejas lésbicas brasileñas ricas aumentó extraordinariamente en los últimos siete años y los perfiles de los donantes seleccionados muestran la preferencia por bebés blancos y con ojos azules. Y añade: “La preferencia por donantes blancos refleja una persistente preocupación por la raza en un país en el que la clase social y el color de piel coinciden con gran rigor. Más del 50% de los brasileños son negros o mestizos, una herencia resultante del hecho de que Brasil importó diez veces más esclavos africanos que los Estados Unidos; y fue el último país en abolir la esclavitud, en 1888. Los descendientes de colonos y migrantes blancos –muchos de los cuales fueron atraídos a Brasil a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando las elites de gobierno buscaban explícitamente ‘blanquear’ a la población– controlan la mayor parte del poder político y de la riqueza del país. En una sociedad tan racialmente dividida, tener descendencia de piel clara se percibe muchas veces como un modo de brindar a los niños mejores perspectivas, sea un salario más elevado o un tratamiento policial más justo”.

Tercera instantánea: el pasado 24 de marzo, el diario más influyente de Sudáfrica, Mail & Guardian, publicó un reportaje titulado “Genocidio blanco: cómo la gran mentira se propagó en Estados Unidos y otros países”. Según el periodista, los Suidlanders, un grupo sudafricano de extrema derecha, han venido estableciendo contacto con otros grupos extremistas en Estados Unidos y en Australia, fabricando una teoría de la conspiración sobre el genocidio blanco, con el objetivo de conseguir apoyo internacional para los sudafricanos blancos. El grupo, que se autodescribe como “‘una iniciativa-plan de emergencia’ para preparar una minoría sudafricana de cristianos protestantes para una supuesta revolución violenta”, se ha relacionado con varios grupos extremistas (alt-right) y sus influyentes contactos mediáticos en Estados Unidos para instalar una oposición global a la alegada persecución de blancos en Sudáfrica. La semana pasada, el ministro australiano de Asuntos Interiores dijo al Daily Telegraph que estaba considerando la otorgación de visas rápidas para agricultores sudafricanos blancos, los cuales –argüía el ministro– necesitaban “huir de circunstancias atroces” a “un país civilizado”. Según el ministro, tales agricultores “merecen atención especial” debido a la ocupación de tierras y la violencia… “Estos agricultores sudafricanos blancos también han recibido atención en Europa, donde políticos de extrema derecha con contactos en la extrema derecha estadounidense han solicitado al Parlamento Europeo que intervenga en Sudáfrica. Agentes políticos contra los refugiados en el Reino Unido están igualmente ligados a la causa”.

La gran trampa del colonialismo insidioso es dar la impresión de un regreso, cuando en realidad lo que “regresa” nunca dejó de existir.

Boaventura de Sousa Santos es sociólogo. Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra. Sus últimos libros en español: Si Dios fuese un activista de los derechos humanos (Madrid, Trotta 2014) y, de próxima aparición, con Maria Paula Meneses, Epistemologías del Sur (Madrid, Akal)

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La impunidad de los poderosos

Mér, 04/04/2018 - 06:00

Juan Carlos Monedero – Consejo Científico de ATTAC España

En 1999, Rigoberta Menchú―premio Nobel de la Paz― presentó cargos de tortura, genocidio, detención ilegal y terrorismo de Estado contra el Presidente de Guatemala Ríos Montt. Bajo su gobierno, miles de personas fueron masacradas. En sus asesinatos se apoyó en grupos paramilitares. Fue condenado por genocida, pero no llegó a cumplir la pena por sus amistades en la judicatura. El primer militar acusado de genocidio de América Latina ha muerto impune, como Franco. Herencia de la madre patria. La impunidad en América Latina siempre ha estado avalada por los Estados Unidos que formó en la Escuela de las América a los militares de todas sus dictaduras. Juan Pablo II, en su gira anticomunista, tampoco dejó fuera de su gira a la Guatemala de Montt, pero regañó a Ernesto Cardenal por estar en el gobierno sandinista. Que el Señor le tenga en su gloria, que será diferente de la de Monseñor Óscar Romero, asesinado por aquellos a los que dio la comunión.

Acaban de asesinar en Colombia la líder campesina María Magdalena Cruz Rojas, activista de derechos humanos que se enfrentó a los paramilitares que creó el ex Presidente Uribe. Un narcopresidente. Su Ministro de Defensa era el actual Presidente Santos. En el proceso de paz en marcha en Colombia, las FARC están cumpliendo su parte del trato, pero el gobierno no. Siguen todos los días asesinando a líderes sociales. Los asesinos no tienen miedo porque gozan de impunidad. Tienen el apoyo de las oligarquías y armas nunca les faltan.

Hace unos días paramilitares asesinaron en Brasil a la concejala del PSOL y activista Marielle Franco después de un acto por los derechos de las mujeres negras. El Presidente de Brasil, Temer, lo es por un golpe de Estado organizado por el poder judicial y un parlamento atravesado por casos de corrupción. La Presidenta legítima, Dilma Roussef, sigue fuera del cargo. EEUU y la UE apoyan al corrupto Temer. La derecha, que es la misma que participó del proceso dictatorial latinoamericano y nunca pagó culpa alguna, está ahora mismo intentando encarcelar a Lula sin pruebas. Lula saca más de veinte puntos de diferencia en las encuestas al candidato de la derecha. Por eso quieren meterle en la cárcel. Felipe González, que era tan amigo de Lula, guarda silencio. No vaya a ser que pierda alguna comisión.

En Israel, con apoyo de los EEUU y de la UE, el gobierno ha asesinado con francotiradores del ejército a 16 palestinos y herido a más de mil. Los colonos israelíes, como el ejército, tienen impunidad y pueden asesinar a niños siempre y cuando sean palestinos. La UE y los EEUU apoyan a Israel. En Naciones Unidas hay multitud de sentencias condenatorias contra Israel. Pero se siente impune porque Trump nunca haría un bloqueo contra ese país. Eso sólo se hace con los países que no son amigos.

Hoy hemos sabido que la quebrada empresa semipública DEFEX ha defraudado más de 20 millones de euros en ventas de armas a Angola, Arabia Saudí, Brasil, Camerún o Egipto. Uno de los implicados es un coronel de infantería de marina retirado. En el listado, el que más cobró fue un tal King. De momento, los procesado no quieren desvelar la identidad del tal King, que significa Rey en inglés, quizá porque creen que llegado el caso podrán negociar con ella. Los Reyes en España siempre tienen inmunidad. En España, hasta el Rey emérito tiene inmunidad, aunque no podamos explicar ese privilegio dentro de una lógica democrática. ¿Quién pensó en el PSOE, responsable de la ley que le regaló esa situación, que el Rey Emérito iba a necesitar seguir siendo irresponsable?

La impunidad suele tener garantías jurídicas y llegado el caso militares. Salvo que puedas lograrla mientras miras al techo y silbas. Eme Punto Rajoy gobierna y la notable Cristina Cifuentes sigue en la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Algunos sinverguenzas, desde la impunidad, creen que en el Parlamento pueden sortearse los votos para que salga el Presupuesto ya que a Rajoy no le salen las cuentas. Bueno, algunas sí, porque pactaron con Ciudadanos una serie de gastos que no se ejecutaron. ¿Quién la está regalando la impunidad al PP? Que cada cual saque sus conclusiones.

Comiendo tierra

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