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Expansión de energías limpias en México tiene sus víctimas

IPS - Mér, 15/02/2017 - 23:02

En México, los campos eólicos generan polémica por denuncias de tratos injustos, despojos de tierras, falta de consulta previa, libre e informada y exclusión de la electricidad generada. En la imagen, los aerogeneradores enmarcan el horizonte de la norteña ciudad de Zacatecas. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
KIMBILÁ, México, Feb 15 2017 (IPS)

Los crecientes proyectos de generación eólica y solar en el estado de Yucatán son parte de un cambio positivo en la matriz energética de México. Pero en las comunidades afectadas esa expansión no se percibe igual, por la falta de información y consulta y por lo que altera sus vidas. 

“No tenemos información. Tenemos ciertas dudas, hay gente que dice que es bueno y otra que es malo. Hemos escuchado lo que se dice en otros estados”, dijo a IPS el campesino Luís Miguel.

Este indígena maya reside en Kimbilá, una localidad del municipio de Izamal que es la sede de un hasta ahora fallido emprendimiento privado de eoloenergía, frenado por la oposición de sus 3.600 habitantes y en particular de un ejido (tierra pública adjudicada para su explotación comunitaria), sobre cuyas tierras se instalaría el parque eólico.“Existe falta de información hacia las comunidades, que no conocen el alcance de los contratos, no les explican los problemas que van a surgir. Se genera una serie de conflictos bastante fuertes y condiciones de manipulación para obtener las licencias. Aplican ingeniería social y dividen a la comunidad”: Romel González.

“Tememos que perjudiquen nuestros cultivos”, enfatizó Miguel, cuyo padre es uno de los 573 integrantes del Ejido de Kimbilá, situado en el norte de la península de Yucatán, a unos 1.350 kilómetros al sureste de Ciudad de México.

La obra cuestionada, a cargo de la empresa española Elecnor, que incluye la instalación de 50 aerogeneradores para la obtención de 159 megavatios hora al año.

La corporación instalaló una torre anemométrica en 2014, pero la población local, que vive del cultivo de maíz y hortalizas, la cría de pequeña ganadería y la cosecha de miel, apenas supo del proyecto hasta enero de 2016.

Desde entonces, en el ejido se organizaron dos asambleas y otra más se suspendió, sin llegar a un acuerdo para dar su aval al arrendamiento por 25 años de las tierras necesarias para el proyecto.

Entre tanto, en febrero de ese año, ejidatarios presentaron una queja contra la Procuraduría Agraria por su apoyo a los intereses de la empresa, impulsando asambleas contrarias a la legalidad para estos instrumentos comunitarios.

El parque tendría una vida útil de 30 años, incluidas las fases de preparación, construcción y operación, y para las cuales necesita 77 hectáreas de las 5.000 del ejido.

La empresa ofreció entre cinco y 970 dólares anuales por hectárea, según la utilidad de la tierra para la granja eólica, una propuesta que causó malestar entre los ejidatarios. Además, les daría 1,3 por ciento de la facturación por la energía generada. Pero la electricidad no atendería la demanda local.

“No hemos tenido información. A quienes trabajan la tierra no les conviene. Se va a destrozar el monte y 30 años es mucho tiempo”, señaló el apicultor Victoriano Canmex a IPS.

Este ejidatario, también  maya, expresó su temor por el posible daño a las abejas, “porque se abrirían caminos con maquinaria pesada”. “Dijeron que podían reubicar los apiarios y no saben nada de apicultura. No es justo, nos vamos a quedar sin nada”, se quejó.

Canmex, quien posee ocho apiarios, revisa las colmenas dos veces por semana, junto a cuatro de sus seis hijos. Colecta anualmente unos 25 tambos de 30 kilogramos, que terminan en las mesas europeas. La miel yucateca es altamente apreciada en el mundo, por su calidad y naturaleza orgánica.

Luís Miguel, un campesino maya de Kimbilá, en el suroriental estado de Yucatán, en México, teme que la instalación de un parque eólico en su comunidad perjudique sus cultivos de maíz y vegetales. Emilio Godoy/IPS

Yucatán, antiguo emporio maya que mantiene un alto porcentaje de población indígena,  se ha convertido en una nueva frontera energética en México, por su gran potencial eólico y solar.

Este estado adoptó la meta de uso de energías renovables y no convenciales de 9,3 por ciento en 2018. En Yucatán, la incorporación anual de nueva capacidad de generación totalizaría 1.408 megavatios en 2030.

Excluyendo las grandes centrales hidroeléctricas, las fuentes renovables  aportan  un escaso ocho por ciento de la matriz eléctrica de México. Según estadísticas oficiales, en diciembre de 2016, la hidroelectricidad tuvo una capacidad instalada de 12.092 megavatios, la geotermia de 873, la eólica, 699, y la solar fotovoltaica, seis.

De acuerdo con la empresarial Asociación Mexicana de Energía Eólica, en México existen al menos 31 parques ubicados en nueve estados, con una capacidad instalada total de 3.527 megavatios de energía limpia para las regiones del noreste, el oeste, el sur y el sureste de este país de 122 millones de personas.

Además de la falta de información, de consulta libre, previa e informada, como obligan la ley y convenios internacionales, los indígenas denuncian impactos a las aves migratorias, incremento de temperatura en zonas con paneles solares y contaminación del agua por derrames de las torres eólicas.

Para Romel González, miembro del no gubernamental Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, una localidad situada en el vecino estado de Campeche, el proceso de desarrollo energético sufre de lagunas jurídicas, relacionadas con modelos de contrato y estudios de impacto ambiental superficiales.

“Existe falta de información hacia las comunidades, que no conocen el alcance de los contratos, no les explican los problemas que van a surgir. Se genera una serie de conflictos bastante fuertes y condiciones de manipulación para obtener las licencias. Aplican ingeniería social y dividen a la comunidad”, aseguró González a IPS.

En la región, a su juicio,  hay recursos naturales que “no se habían tocado y ahora quieren aprovecharlos”, cuyo manejo se vuelve “atractivo para despojar a las comunidades”.

El estado vive una fiesta energética porque en  su territorio se proyectan  cinco centrales solares, con 536 megavatios de capacidad total y otros cinco parques eólicos, con capacidad de 256 megavatios, que funcionarían hasta 2030 y que ya fueron adjudicados a empresas locales y extranjeras.

En la primera subasta nacional de generación eléctrica organizada por el gobierno, en marzo de 2016,  ganaron cuatro proyectos eólicos y cinco solares, mientras en la segunda, en septiembre siguiente, se seleccionaron dos nuevos proyectos de viento.

El cambio de la matriz eléctrica se asienta en la reforma energética de México, vigente plenamente desde agosto de 2014, que abre al sector privado, nacional y extranjero, la explotación, refinación, distribución y comercio de hidrocarburos, así como la generación y venta de electricidad.

Las autoridades locales proyectan que en 2018 la generación eólica sea de 6.099 megavatios, 478 de ellos provenientes de Yucatán, para subir dos años después a 12.823 megavatios, de ellos 2.227 aportados por este estado.

Para ello, Yucatán captaría 52 millones de dólares en 2017 y 1.584 millones en 2018.

La Ley de la Industria Eléctrica, vigente desde 2014, estipula que cada proyecto requiere una evaluación de impacto social, pero los críticos de los proyectos eólicos no tienen constancia de su realización en el estado, mientras solo existen evidencias de dos consultas públicas en las comunidades afectadas, en el caso de dos parques.

“La electricidad no será para nosotros y no sabemos qué pasará más adelante (con el proyecto instalado), por eso nuestras dudas”, recalcó Miguel.

Para la población local, el “modelo Oaxaca” es la invocación de malos presagios, pues ese estado del sur de México alberga la mayor cantidad de eologranjas, envueltas en denuncias por tratos injustos, despojos territoriales y falta de consulta libre, previa e informada. Nadie quiere replicar ese modelo.

“Las autoridades quieren hacerlo por todos los medios, solo tratan de que los proyectos sean aprobados”, cuestionó Canmex.

González criticó que el gobierno no haya exigido las evaluaciones. “Las hemos pedido y nos han respondido que no hay. Las respuestas de las comunidades a los proyectos dependerán del grado de conciencia y organización social. Algunas comunidades reaccionarán tarde, cuando el proyecto esté en construcción”, expuso.

Editado por Estrella Gutiérrez

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Representante de Togo dirigirá lucha contra pobreza rural

IPS - Mér, 15/02/2017 - 18:02

Gilbert Fossoun Houngbo será el nuevo presidente del FIDA a partir del 1 de abril de 2017. Crédito: Cortesía FIDA.

Por Corresponsales de IPS
ROMA, Feb 15 2017 (IPS)

Un representante de Togo, un país africano que logró la autosuficiencia alimentaria pese a sus adversas condiciones climáticas, estará al frente en los próximos años del organismo que encabeza la lucha contra la pobreza rural en el mundo.

El ex primer ministro togolés Gilbert Fossoun Houngbo fue elegido este miércoles 15 como el sexto presidente del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), una agencia especializada de la ONU y una institución financiera dedicada a erradicar la pobreza rural en los países del Sur en desarrollo.

“Vengo del mundo rural. Conozco de primera mano las dificultades de ese tipo de vida”, subrayó Houngbo, designado por los países miembro del FIDA en la reunión anual del Consejo de Gobernadores, realizada el martes 14 y este miércoles 15 en Roma.

Houngbo asume en un momento en que cambian las prioridades del gobierno del organismo y cuando las necesidades inmediatas generadas por las crisis humanitarias, como desastres naturales, conflictos y aumento pronunciado del número de refugiados, amenaza o se lleva los fondos destinados al desarrollo a largo plazo.

Con la creciente demanda global de alimentos, la mayor migración hacia las ciudades y el impacto del cambio climático, las inversiones en agricultura y desarrollo rural serán fundamentales para lograr la meta de terminar con el hambre y la pobreza, prevista en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

“Tenemos que seguir siendo ambiciosos y, al mismo tiempo, ser realistas y pragmáticos”, indicó. “Tenemos que demostrar que cada dólar invertido rinde al máximo”, subrayó.

Houngbo tiene más de 30 años de experiencia en asuntos políticos, de desarrollo internacional, diplomáticos y de gestión financiera.

Desde 2013, el togolés se desempeñó como director general adjunto de la Organización Internacional del Trabajo. Y antes, fue secretario general adjunto de la ONU, director para África y jefe de personal del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Por haber nacido y vivido en la zona rural de Togo, Houngbo considera que nunca debe aceptarse la desigualdad actual y que el FIDA desempeña un papel crucial en la creación de oportunidades para las personas más pobres y excluidas.

“El privilegio de haber logrado una educación de alta calidad me ayudó a tener un fuerte sentido de responsabilidad para logar mejorar la situación de quienes no tuvieron oportunidades similares”, respondió el funcionario al cuestionario del organismo durante el proceso de designación.

“Considero que mediante un liderazgo dinámico del FIDA, puedo contribuir a un cambio visible en la difícil vida que llevan los pobres rurales en todo el mundo”, aseguró.

Togo, con sus 57.000 kilómetros cuadrados, es una de los estados más pequeños de África. La principal actividad económica en ese país, de ocho millones de habitantes, es la agricultura de subsistencia.

Los cultivos comestibles y los comercializables emplean a la mayoría de la fuerza laboral y contribuyen con 42 por ciento al producto interno bruto (PIB).

Tradicionalmente, Togo ha exportado café y cacao, pero en la década de los años 90, los cultivos de algodón aumentaron rápidamente alcanzando unas 173.000 toneladas en 1999.

Tras una cosecha desastrosa en 2001, cuando solo se produjeron 113.000 toneladas, la producción se recuperó al año siguiente, cuando se recolectaron 168.000 toneladas.

Las pequeñas y medianas haciendas de Togo producen la mayoría de los cultivos alimentarios. Un terreno promedio tiene entre una y tres hectáreas.

En el sector industrial, los fosfatos son el principal producto de Togo, y se estima que tiene unas 60 millones de toneladas de reservas.

En la década del 90, Togo atravesó una crisis política y social, un retroceso económico y una disminución de la asistencia pública e internacional, lo que hizo que 62 por ciento de la población quedara en la pobreza.

El desafío actual para ese país es generar condiciones para el crecimiento económico, y el gobierno cree que la mejor manera de lograr un crecimiento sostenido es aumentando la producción y la productividad en la agricultura.

Houngbo fue uno de los ocho candidatos, entre los que había tres mujeres, que aspiraban al máximo cargo del FIDA. Cuando asuma el 1 de abril, reemplazará a Kanayo F. Nwanze, quien se desempeñó durante dos mandatos, desde abril de 2009.

El FIDA invierte en las poblaciones rurales, ofreciéndoles oportunidades para reducir la pobreza, mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición y fortalecer su resiliencia mediante préstamos y créditos a largo plazo y a una baja tasa de interés.

Desde 1978, ese órgano de la ONU, al que llaman “banco de los pobres”, lleva otorgados 18.500 millones de dólares para proyectos que beneficiaron a unas 464 millones de personas.

Traducido por Verónica Firme

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