Eduardo Ibarra Colado: Revisión salarial en la UAM: ¿negociación sin daños colaterales?

Como cada año, se acerca el mes más traumático para la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). El primero de febrero, los académicos y estudiantes sintonizarán los noticieros para saber si autoridades y sindicato lograron un acuerdo o, por el contrario, si se inicia el largo peregrinar de una nueva huelga que pondrá en vilo a la institución. A ocho días de conocer el desenlace de una nueva negociación bilateral, vale la pena revisar qué ha sucedido en el pasado y reflexionar sobre lo que podríamos esperar en el futuro.
Etapas y huelgas en la UAM
La UAM se fundó en 1974, hace ya 36 años. Tan sólo dos años después, el 16 de junio de 1976, se registró el primer movimiento de huelga que resultó, tras 33 días de paro, en el reconocimiento del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM). Desde entonces se han registrado en la institución otras 15 huelgas, nueve de ellas por revisión de contrato y seis por revisión salarial. Si analizamos estos conflictos en su conjunto, es posible identificar tres etapas claramente delimitadas.
La primera etapa, que puede ser denominada como de establecimiento de la relación bilateral, comprende de 1976 a 1981. En estos años el SITUAM obtiene la titularidad de la representación de la relación laboral y negocia los términos de las condiciones generales de trabajo. Es una etapa de fortaleza del movimiento sindical universitario que derivó en la conquista de derechos laborales que representaron beneficios claros y concretos para sus agremiados. En esta etapa se registraron cinco huelgas, cuatro relacionadas con la negociación de las condiciones generales de trabajo –incluido el salario– y sólo una con la negociación del incremento salarial. En su conjunto, estas huelgas implicaron la suspensión de labores durante 67 días, lo que representa un 16.8% del total de días en los que la UAM ha visto cerradas sus puertas por conflictos de índole laboral. Esta etapa concluye con el conflicto por el laudo de 1981, que hizo valer las reformas mediante las cuales se elevó la autonomía universitaria a rango constitucional, lo que derivó en la eliminación de un amplio número de cláusulas del contrato colectivo que invadían la materia académica, la cual es de competencia exclusiva de los órganos de gobierno de la institución.
La segunda etapa, que comprende de 1982 a 1987, es distinta en su naturaleza. La relación bilateral se centra en la negociación del incremento salarial en el marco de la profunda crisis económica que enfrenta el país, en lo que se ha denominado comúnmente como la década perdida. Es una etapa en la que se va perfilando el cambio de modelo económico, pues el gobierno adopta una conducción basada en la aplicación de las reglas del mercado y la competencia, modelo que perdura hasta el día de hoy. Los avances que logró el sindicalismo universitario en los años setentas al negociar contratos colectivos muy ventajosos para sus agremiados, contrastan con la reducida capacidad de negociación que mostraron en los años ochentas y que se limitó en buena medida al aspecto salarial. Se trata de una etapa en la que el sindicalismo universitario pierde buena parte del terreno ganado en el pasado, ante la efectividad de las reformas legislativas en materia laboral, que evitaron la formación de un sindicato universitario nacional. Durante esta etapa se registraron cinco huelgas, cuatro de las cuales fueron por aumento salarial de emergencia. En total, estos conflictos implicaron la suspensión de actividades durante 100 días, lo que representa el 25.1% del total.
Finalmente, la tercera etapa encuentra en la negociación del contrato colectivo de trabajo su objeto primordial y comprende los últimos 25 años, aspecto que no deja de resultar paradójico si consideramos que se trata de una época dominada por políticas de corte neoliberal, que tratarían de desmontar el modo de regulación laboral burocrático y corporativo del pasado. Este desmontaje, que operó en otros sectores, sólo se ha producido en el sector universitario de manera parcial. Una de sus características primordiales se encuentra en la implementación de las políticas de deshomologación salarial, que dieron lugar a una serie de programas de estímulos y becas que siguen operando actualmente. En esos años se fue fraguando, precisamente en la UAM, un modelo de carrera académica que, basado en la diferenciación de la remuneración en función de la productividad individual, operaría más adelante en el resto de las universidades del país. Este modelo impactó fuertemente a los sindicatos, toda vez que la remuneración académica dejó de depender en los hechos de la negociación bilateral del salario.
Aquí apreciamos una segunda paradoja, ya que este modelo de carrera académica, claramente inspirado en el credo neoliberal, pues fomenta el individualismo, la competencia y la fragmentación del cuerpo académico, es hoy férreamente defendido por el sindicato y sus voceros históricos, que muestran que su rechazo al neoliberalismo es tan sólo un juego retórico. Aunque se trata de un modelo en crisis, éste es defendido porque otorga muy buenos dividendos. Ya nos ocuparemos de este tema, con el detalle debido, en futuras entregas.
Durante esta última etapa se registraron en la UAM seis huelgas, las cuales resultaron de procesos fallidos de revisión contractual. Cinco de estas seis huelgas tuvieron una duración de entre 31 y 64 días, sumando en total 231 días de paro, lo que representa el 58% del total. A diferencia de las etapas anteriores, en ésta se manifiesta un serio problema de gobernabilidad institucional.

Condiciones para fortalecer la gobernabilidad
Es necesario reflexionar por qué se ha visto atrofiada la capacidad de negociación y acuerdo entre el sindicato y las autoridades de la UAM, contrastando con la experiencia de otras instituciones universitarias en las que la huelga ha sido generalmente una situación excepcional.
Entre otros factores cabe destacar uno que en mi opinión resulta primordial y que tiene que ver con la existencia o no de un sindicato fuerte que permita equilibrar la vida institucional y fortalecer la gobernabilidad. Es importante lo que señalo. Las universidades, para funcionar con normalidad, requieren de un diseño institucional en el que el equilibrio de fuerzas se constituya como el mecanismo que indica los límites del accionar de cada sector de la comunidad; rebasar tales límites implica una reacción de la contraparte que permita restituir el equilibrio perdido. Por ello, para cimentar un funcionamiento adecuado de la institución en el largo plazo, se requiere que autoridades, sindicato y sectores de la comunidad se apeguen a la normatividad institucional y, en consecuencia, que desempeñen sus responsabilidades siempre respetando dicho marco, con la mayor transparencia y ejerciendo oportunamente la rendición de cuentas.