Carta de Porto Alegre

Carta de Porto Alegre 

A continuación reproducimos un documento que nos parece fundamental en el debate sobre la cooperación al desarrollo y los efectos de la globalización que estamos viviendo en la actualidad.

La cooperación en el ámbito universitario es y puede ser cada vez más un vector trascendental para el desarrollo de las sociedades y los países menos desarrollados. Los principales defensores de la globalización económica basada en la doctrina neoliberal proponen privatizar los servicios educativos universitarios, hecho que ha provocado la reacción contraria de la comunidad docente, en este caso, sudamericana.

En tres bloques, reproducimos la citada Carta de Porto Alegre o “Llamamiento contra la transformación de la educación en mercancía”, con los comentarios críticos a renglón seguido, de la rectora de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Porto Alegre (Brasil), Wrana Maria Panizzi, y del organizador de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior y asistente especial del rector de la Universidad de Naciones Unidas, Marco Antonio Rodríguez Dias.

Llamamiento contra la transformación de la educación en mercancía

(Texto íntegro de lo que es conocido como Carta de Porto Alegre. III Cumbre - Reunión de Rectores de Universidades Públicas Ibero-Americanas. 25 a 27 de Abril de 2002. Rectorado de la Universidad Federal de Río Grande del Sur (UFRGS), Brasil).

Reunidos en Porto Alegre, en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, con ocasión de la III Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Públicas; los participantes: rectores, directores de instituciones y asociaciones de educación superior y autoridades académicas, manifiestan su profunda preocupación frente a las políticas impulsadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), que apuntan a favorecer la comercialización internacional de los servicios de educación, asemejándolos a comunes mercancías. Los poderosos intereses que se mueven detrás de esta política, presionan por la transformación de la educación superior en un lucrativo mercado de ámbito mundial, con la siguiente desregulación y eliminación de todo control de calidad, tanto de naturaleza legal, como política o fiscal.

La propuesta de entregar al libre comercio la educación superior se inscribe en un proceso sostenido de drásticos recortes del financiamiento público, de fomento a la globalización de la educación privada, y que pretende que los Estados abandonen su función política específica, de orientación, dirección y gestión en áreas de su responsabilidad social.

Estos planteamientos lesionan seriamente las política de equidad indispensables para el equilibrio social, en especial para los países en desarrollo, necesarias para corregir las desigualdades sociales, y tienen serias consecuencias para nuestra identidad cultural. Perturban igualmente la consolidación y transmisión de valores éticos y culturales y afectan nuestras aspiraciones de lograr una sociedad más democrática y justa a través de un desarrollo sostenible. Aspectos todos ellos a los que contribuye la educación superior, cuya misión específica se define en virtud de una concepción de bien social público, destinada al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pueblos. Función que en ningún caso puede cumplir si se la transforma en simple mercancía, u objeto de especulación en el mercado, a través de su comercialización internacional.

Por último, entre los graves problemas que esta circunstancia acarrea, tenemos que mencionar la uniformización acrítica de la educación y el grave daño que significa para la soberanía nacional y de los pueblos.

En consecuencia, los académicos iberoamericanos, aquí reunidos, reafirmando los compromisos asumidos por los gobiernos y por la comunidad académica internacional en octubre de 1998, en París, en la Conferencia Mundial de Educación Superior, considerando la educación superior como un bien público, alertan a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre las consecuencias nefastas de dichos procedimientos, y requieren a los gobiernos de sus respectivos países que no suscriban ningún compromiso en esta materia en el marco del Acuerdo General Sobre Comercio de Servicios (GATS) de la OMC.

Sobre la Carta de Porto Alegre

(Palabras pronunciadas por Wrana María Panizzi, rectora de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, con motivo de la celebración de la III Reunión de Rectores de Universidades Públicas Ibero-Americanas, publicadas posteriormente junto a la misma Carta de Porto Alegre en un libro de divulgación).

En este año, Porto Alegre y la Universidad Federal de Río Grande del Sur tuvieron el honor de organizar la III Reunión de Rectores de Universidades Públicas Ibero-Americanas o la III Cumbre, como es conocido el evento entre los colegas de la comunidad universitaria iberoamericana. Los participantes en este encuentro, dando continuidad a las reuniones realizadas en Santiago de Chile (1999) y Buenos Aires (2000), debatieron temas de una gran relevancia para el destino de la Universidad Pública. El contenido de las principales conferencias y de los debates que se realizaron serán, en breve, objeto de una amplia divulgación. Entre tanto, pensamos que la Carta de Porto Alegre, por la importancia de las cuestiones tratadas, desde luego ha representado un acontecimiento muy relevante para todos los que se interesan por el presente y por el futuro de la Universidad Pública. Con este propósito, organizamos la publicación de la Carta, incluyendo un resumen de la conferencia dictada por el profesor Marco Antonio Rodríguez Dias, que trata de las cuestiones relacionadas con la Organización Mundial de Comercio, la cual ha dado un trato “comercial” a la educación, tema que estuvo en el centro de los debates realizados en la III Cumbre.

Al publicar la carta de Porto Alegre, la Universidad Federal de Río Grande del Sur realiza, ante todo, una invitación a la reflexión. Es nuestra esperanza que la gravedad de sus términos y su llamamiento sensibilice a los gobernantes, parlamentarios, empresarios, autoridades universitarias, profesores, estudiantes y, principalmente, ciudadanos que se sienten comprometidos con la construcción de una educación pública de calidad.

Educación superior: ¿bien social o servicio comercial regulado por la Organización Mundial del Comercio?

Resumen de la conferencia pronunciada el día 26 de abril del año 2002 por Marco Antonio Rodríguez Dias, ex Director de la División de Educación Superior de la UNESCO (1981-1999); organizador de la Conferencia sobre Educación Superior, París 1998; asistente especial del rector de la Universidad de las Naciones Unidas.

En abril de 1994, los Estados-Miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) aprobaron el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, que tiene como objetivo la liberalización del comercio de todo tipo de servicios. Para este acuerdo existe sólo una excepción: estarían fuera del ámbito de los servicios comerciales reglamentados por la OMC aquellos que fueran ofrecidos por la acción de una autoridad gubernamental y, por consiguiente, no fueran concebidos bajo una base comercial, que permitiera desarrollar la competencia entre más proveedores del mismo servicio.

En 1978, a través de un documento considerado interno (WTO-1998, Council for Trade Services, Background Note by the Secretariat, SCW49, 23 de septiembre de 1998), el Secretariado de la OMC defendía la tesis –en realidad, un gran sofisma– según la cual desde que se permite la existencia de proveedores privados en el sector de la educación, y en particular en la educación superior, ésta puede ser tratada como un servicio comercial, y en consecuencia, debe ser regulada dentro del marco de la OMC. En realidad, la educación es un bien público, aunque los gobiernos soberanamente constituidos tienen el derecho de delegar esta función a instituciones de la sociedad civil, mediante normas y leyes, que representan la base para un sistema de concesión sometida a controles rígidos.

En 1999, el Secretariado de la OMC definió explícitamente cuáles eran los servicios reglamentados por el Acuerdo, incluida la educación superior (Introducción al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, de octubre de 1999). A partir del año 2000, esta organización inauguró las negociaciones pertinentes para iniciar la liberalización de estos servicios. En una operación bien articulada, los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, propusieron a los demás países una apertura prácticamente sin límites de sus “mercados” a los proveedores de todo el mundo y solicitaron que toda restricción a esta acción por parte de los gobiernos nacionales fuera condenada. Pese a todo, un país como Japón mantuvo serias restricciones a estas medidas, manifestándose a favor de la defensa de su educación ante el conjunto de Estados-Miembros de la OMC; con el objetivo de abrir el debate sobre la cuestión, se convocó, para finales de mayo del año 2002, una gran reunión en Washington, con la participación de la OCDE (el club de los países ricos con sede en París), el Banco Mundial, el Servicio de Comercio del Gobierno de los Estados Unidos, y diversas entidades europeas y americanas.

En septiembre de 1999, organizaciones universitarias de los Estados Unidos y de Europa enviaron a sus gobiernos informes contrarios a la propuesta de la OMC de “incluir la educación superior” como uno de los doce sectores de los servicios representados en el Acuerdo de que hablamos. En febrero del 2002, en el Foro Social Mundial, realizado en Porto Alegre, los participantes en la jornada “Ciencia y Tecnología, un instrumento para la paz en el siglo XXI” adoptaron una resolución proponiendo un pacto global que asegurara la consolidación de los principios de acción aprobados en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior promovida por la UNESCO, en París, en 1998, y la exclusión de la educación superior del Acuerdo sobre Servicios.

Cabe mencionar en este punto que más de 180 países reunidos en París en 1998 aprobaron la “Declaración Mundial sobre Educación Superior en el Siglo XXI, Visión y Acción”, en la cual, de manera inequívoca, definieron a la educación superior como un servicio o bien público, e indicaron que ésta debería basar sus orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades sociales, incluyendo el respeto a las culturas y la protección del medio ambiente. La aceptación de la propuesta de la OMC y de ciertos países de incluir la educación en el Acuerdo es contraria a la Declaración de París. En el caso que los países acepten la propuesta y se sometan a presiones realizadas por los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda u otros países, lo poco que quede de su soberanía nacional se evaporará. En lo que se refiere a la educación, pero también a las comunicaciones, el medio ambiente, los servicios financieros, los servicios sanitarios, los servicios culturales o el turismo, los transportes y, en definitiva, todo lo que pudiera ser definido como servicio, siguiendo las tesis de la OMC, nos preguntamos que decidirán al respecto los gobiernos que van a ser elegidos en Francia, Ecuador o Brasil. Conforme a esta propuesta, cualquier Estado que no ratifique los compromisos con la OMC en el sector de la educación superior podrá ser condenado en el futuro a pagar indemnizaciones a los empresarios de “las industrias de la educación” que se consideren perjudicados y estarán sujetos a represalias de los países proveedores de recursos educativos, en particular de recursos educativos vía internet.

De facto, billones de dólares están en juego, aunque, fundamentalmente, todo dependerá de la capacidad de los países de formar a sus ciudadanos, de forma consciente y con capacidad crítica. Éste es un aspecto importante de la disfunción en el seno de la globalización, ya que como está siendo conducido este tema por las agencias de financiamiento internacional, en particular el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, los países en vías de desarrollo se sienten agredidos. Es preciso buscar, sin duda, otro tipo de globalización, una nueva forma para el tratamiento de la deuda externa de los países subdesarrollados, la promoción al acceso en estos países a mercados de los países ricos que se muestran proteccionistas, el acceso de estos mismos países a tomar parte en las decisiones importantes de los organismos financieros internacionales, en el refuerzo de la colaboración en todos los niveles, entre países que tienen semejanzas culturales, económicas y geográficas. Estos son algunos de los puntos que deben ser considerados en la construcción de la nueva globalización.

En el caso de la educación superior, existe un cuadro teórico y conceptual que fue dado por la Conferencia de París de 1998, y es por ello que debe ser necesario, de inmediato, impedir que el sector sea invadido por la OMC, haciendo ver que la educación se ha transformado paulatinamente en un negocio comercial, teniendo en cuenta que la internacionalización de la educación superior significa, en primer lugar y ante todo, un reflejo del carácter mundial de la investigación y la cooperación, esencial en los días de hoy, que debe estar basado en una asociación auténtica de confianza mutua y solidaria.

La comunidad académica ibero-americana debe movilizarse contra este intento de comercialización de la educación, a la vez que tiene que mostrarse activa, beneficiándose de los avances que ofrecen las nuevas tecnologías. Debe prestar cuentas de su acción a la sociedad a través de procesos objetivos de evaluación y de acreditación, buscando resaltar su calidad, a través de un incremento de la inversión, democratizando su acceso y su financiamiento. Finalmente, debe participar en la discusión sobre estas cuestiones, que se desarrollan en organizaciones como pueden ser la UNESCO, y promover, de su parte, debates y análisis sobre el tema en cada país y en todo el espacio ibero-americano, que debe ser reforzado a través de acciones de cooperación solidaria.