Rodrigo Ruiz E.: La universidad que nos dejó la dictadura. La Transformacion neoliberal de la educación superior en Chile

Rodrigo Ruiz E.: La universidad que nos dejó la dictadura. La Transformacion neoliberal de la educación superior en Chile

Sabida es en América Latina, la situación por la que pasan en la actualidad Augusto Pinochet y otros activos generales de su círculo. Las violaciones a los derechos humanos que sobrevinieron al 11 de septiembre y la suspensión de los derechos políticos son parte de lo más conocido y cuestionado de la dictadura de Pinochet. Menos conocida es la profunda refundación de nuestra sociedad que constituyó el contenido principal del gobierno pinochetista. El Golpe de Estado de 1973 dio origen a una dictadura que en 17 años de gobierno autoritario, impulsó con el imperio puro y simple de la fuerza la transformación neoliberal de la sociedad chilena.

Una lectura sobre la situación actual de la educación superior en Chile debe partir de reconocer dicha transformación y de las consecuencias que acarreó para el sistema universitario. Partir de ello implica reconocer además, que 10 años de transición democrática no han cambiado el carácter que la transformación neoliberal le signó a la universidad chilena. Ese es un segundo punto de partida.

Prácticamente desde que se inauguró en 1989 la transición a la democracia los estudiantes universitarios chilenos han estado protagonizando movilizaciones. En este mismo momento, poco antes de comenzar el año lectivo 2001, se discute en el movimiento estudiantil la forma de enfrentar nuevas alzas de aranceles decretadas y el intento del gobierno por introducir el viejo sistema de créditos estatales para la educación en la maquinaria del mercado. Matices más, matices menos, la democracia chilena ha sostenido por ya una década el desastroso sistema de educación superior que heredó de la dictadura. Más aún, lo ha perfeccionado, llevándolo más allá de la condición en que lo recibió.

Pero ese no es un rasgo particular de la educación superior. El pacto sobre el que se fundó la llamada transición a la democracia partía del acuerdo de las fuerzas políticas de la Concertación de Partidos por la Democracia con el Pinochetismo sobre la mantención del modelo neoliberal. Así, los dos gobiernos democratacristianos y el actual gobierno socialdemocrata de la Concertación, han sido fieles continuadores del régimen neoliberal, perfeccionando en muchos casos debilidades políticas que la dictadura no supo enfrentar más que por la vía represiva.

La promulgación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación en 1981 consumó la destrucción de la antigua universidad pública. Aquella eficiente “revolución silenciosa” que removió a fondo las bases de la sociedad en plena dictadura, consumaba tempranamente la transformación neoliberal de la educación superior chilena. Hoy los estragos están a la vista.

De modo que la situación de la educación superior comenzando el 2001, responde tanto al rol fundacional de la dictadura militar en la dirección a la destrucción de la universidad nacional y pública y la implantación de un modelo privatizador y fragmentador; como al rol continuador y profundizador de un régimen democrático de clara inspiración neoliberal.

La universidad después de la dictadura neoliberal

La transformación neoliberal comenzada en 1981 significó, en primer lugar, la destrucción de antiguo modelo nacional y público de universidad. Salvo en el caso de la Pontificia Universidad Católica -dados sus altísimos resguardos-, ello se consumó en la reducción y fragmentación de las principales instituciones, la completa eliminación de la universidad nacional, y la brusca introducción de una lógica de mercado a la educación superior con mínimos niveles de regulación, lo que significó la proliferación de instituciones privadas de diversa calidad, algunas de las cuales han debido ir cerrando sus puertas con el tiempo ante la clara constatación de sus deficiencias.

La dictadura impulsó la descentralización del antiguo sistema universitario, reorganizándolo en unidades menores. Se buscaba eliminar la universidad nacional que desde los años 60’s venía presentando serios problemas de gobernabilidad a los regímenes políticos, constituyéndose en espacios de construcción de una reflexión bastante independiente del poder central, permitiendo la conformación de amplios sujetos sociales con sentido critico. Para el esquema conservador que la dictadura impulsaba urgía desmontar aquella institución y sustituirla por un sistema fragmentado. Surgió entonces un sistema de universidades pequeñas, autónomas entre si, muchas de las cuales pasaron a control privado, convirtiéndose directamente en empresas.

Según cifras del Ministerio de Educación, de un total de 66 universidades existentes en el país en 1998, sólo 16 son estatales. De las restantes, sólo 9 cuentan con aportes financieros estatales (dado en atención a su supuesto “carácter público”).

Junto a la desconcentración de conflictos que el nuevo sistema impuso, se avanzó en un proceso de elitización del acceso a la educación superior, cerrando casi totalmente estos espacios de formación y desarrollo del pensamiento a las clases populares y en medida importante también, a importantes franjas de las capas medias. Hoy, la universidad pública casi no se diferencia en cuanto al valor de los aranceles de las universidades privadas.

La impresionante carestía de los estudios universitarios en Chile constituye el aspecto más debatido en los 90, tanto por las organizaciones estudiantiles como por las autoridades de las diferentes universidades. El propio rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, declaraba hace poco a un diario santiaguino: “Si yo hubiese tenido que estudiar con este sistema no habría podido, porque mis padres no habrían podido pagarme”.

Como parte de esta transformación, se impone una creciente mercantilización de la producción del conocimiento, negando el acceso a sectores imposibilitados de pagarlo. Bajo una política de “autofinanciamiento” que invade cada vez más las áreas universitarias destinadas a la investigación, las temáticas y el carácter de la investigación quedan cada vez más sujetos a la demanda establecida principalmente la gran empresa. De este modo, la política de investigación realmente resultante -y más allá de los discursos sobre la independencia del intelectual tan manoseados para intentar justificar una separación entre la construcción de conocimientos y la política-, está dictada en medida creciente por las necesidades y consideraciones del gran capital. Muchas problemáticas de interés nacional quedan entonces excluidas de la investigación universitaria. Va desapareciendo así la universidad que construía conocimientos, que permitía fundar opinión, pensamiento independiente y crítico sobre los problemas del país, sobre el desarrollo social, económico, de la infraestructura nacional, del manejo del medio ambiente, de la cultura y otros ámbitos.

Dicha expropiación de la capacidad critica de la universidad se origina además en el desplazamiento de esos roles hacia instituciones privadas generalmente controladas por sectores de la clase política, grupos empresariales o incluso las propias fuerzas armadas. Es así como un importante rango de estudios y propuestas acerca de los problemas nacionales que, desde diversos campos científicos se producían tradicionalmente en las universidades, hoy se concentran en ONG, institutos privados, fundaciones políticas, empresas consultoras, etc. Es más, cuando una repartición de gobierno lo requiere, abre concursos para la adjudicación de estudios en los que compiten sin privilegios las entidades de servicios que han debido ido construyendo las universidades públicas para generar financiamiento con las instituciones privadas.

Pero además del mencionado proceso de disgregación de los espacios universitarios y la expropiación de muchos de sus roles tradicionales, la transformación neoliberal de la educación superior se expresó políticamente con la forma de una violenta reestructuración en dirección a establecer un modelo de decisión autoritario. En los años 80, en plena dictadura de Pinochet, la universidad era gobernada directamente por oficiales de las fuerzas armadas o por civiles designados por ellos. Luego, bajo la democracia, sin bien cambian los personajes y las banderas, tales modelos son mantenidos intactos, permitiendo el enquistamiento de nuevos grupos de poder que toman el lugar dejado por los pinochetistas. La lógica es la misma. La democracia, después de 11 años de una “transición” que no termina, no ha llegado a la universidad.

Los nuevos grupos de poder, ahora de signo concertacionista, hacen la vista gorda al carácter autoritario de la estructura de gobierno universitario heredada. En muchos casos, fueron movilizaciones estudiantiles a principios de los 90 las que les permitieron catapultarse a rectorías y decanaturas. El estudiantado de esos años cumplía la tarea de expulsar de la universidad pública las autoridades designadas por la dictadura que aún persistían en sus cargos.

Puestos en su nuevo rol gobernante, los grupos de poder instalados buscaron una gobernabilidad basada en la habilidad y la manipulación política. Ahora el movimiento estudiantil no enfrentaba al enemigo dictatorial y los primeros años de la democracia fueron para la comunidad universitaria, como para el resto del país, tiempos de confianza en el nuevo gobierno, tiempos en los que no se veían con claridad aún el carácter antipopular de la democracia que llegaba. Aquello favoreció su instalación y contribuyó a despolitizar un movimiento estudiantil que había sido especialmente activo en la lucha contra la dictadura.

El discurso democrático que permeaba todo cubría con falsos velos la mantención de la estructura autoritaria de los espacios de decisión universitarios. Y aunque hoy ello es más visible, la transformación política de la universidad implantada por la fuerza por la dictadura militar prevalece sin correr mayores riesgos.

Ideológicamente, la mantención del autoritarismo político ha traído junto el conservadurismo académico. La transición chilena no tuvo “destape”, lo que no sería muy preocupante sino indicara una clara voluntad de las clases en el poder por dejar intactos muchos de los cimientos conservadores que en 17 años asentó la dictadura en la cultura, en la política, y en toda la actividad intelectual. Así, el que creyó que con la llegada de la democracia se abrirían amplios espacios de librepensamiento, se reabrirían las viejas cátedras clausuradas, se encontrarían espacios para el estudio y el cultivo de las perspectivas prohibidas se llevó una gran decepción. Ahora no es la bota militar la que prohíbe, no se queman libros en las calles, sencillamente se argumentan razones de oferta y demanda, de recursos y contratos, o incluso nuevas modas intelectuales de Estados Unidos o Europa que habrían descubierto, siempre por caminos intrincados e inaccesibles, la inviabilidad de toda búsqueda de igualdad y libertad. En la universidad pública se mantienen, matices más matices menos, similares niveles de oscurantismo académico.

El movimiento estudiantil

El estudiante universitario chileno ha sido, desde temprano en la historia social del siglo XX, protagonista impulsor de transformaciones en nuestra sociedad. Fue desde el balcón de la sede de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) que Salvador Allende se dirigió al pueblo cuando ganó la contienda presidencial de 1970. Ese hecho simboliza el peso histórico del movimiento estudiantil.

Los años de la dictadura no fueron excepción. Las universidades fueron espacios para la fragua de un espíritu y una práctica antidictatorial que permitió sostener en pie de lucha al movimiento estudiantil casi toda la década del 80. Se luchaba por la democracia, por expulsar a Pinochet, se luchaba contra los rectores designados y las políticas neoliberales en la universidad. No se logró, obviamente, ninguna transformación importante de la institucionalidad universitaria, pero aquel movimiento contribuyó en medida importantísima a las luchas antidictatoriales del pueblo chileno.

En los 90, los estudiantes universitarios tempranamente se desilusionan de la democracia que había llegado. Sus expectativas eran claramente muy superiores. Es así como las iniciales victorias de dirigentes afines al gobierno, principalmente socialistas, dieron paso a un período de sólida conducción de las federaciones estudiantiles por una tendencia mayoritaria de izquierda opositora la gobierno, articulada principalmente en torno a los dirigentes del Partido Comunista, que se mantuvo fuerte hasta finales de la década.

Aquel movimiento estudiantil supo enfrentar con temprana claridad la mantención del esquema mercantil de financiamiento universitario, elevando principalmente la demanda de la baja en los aranceles y otros beneficios de carácter económico. Así, tras las primeras luchas por expulsar a las autoridades designadas, luchas con sentido político de contenido democrático, el movimiento estudiantil pasa a una nueva fase, de gran masividad ciertamente, centrada como se ha dicho en reivindicaciones económicas. Ello marca los 90.

Esas conducciones del movimiento estudiantil no logran sin embargo articular una concepción alternativa de universidad que enfrente globalmente la transformación neoliberal de la educación superior, no consigue elaborar una política universitaria más allá de lo económico que se asiente en el estudiantado, no logra, en definitiva, impulsar una lucha por la verdadera democratización de la universidad. Esa es su debilidad principal y es, con seguridad, la mayor urgencia en la actualidad para todo sector -no sólo estudiantil- interesado en recuperar una universidad verdadera más allá del negocio de la producción de profesionales.

Hay hoy fuerzas estudiantiles que avanzan en esa perspectiva, colocando un cuestionamiento al carácter antipopular de la institución universitaria, convocando a luchas de poder desde la base, levantando ,de acuerdo a las realidades heterogéneas de un sistema universitario fragmentado, demandas cuya forma puede ser distinta pero que están articuladas en torno a la vocación de construir un real movimiento estudiantil masivo y politizado que tome en sus manos el esfuerzo por democratizar la universidad, por abrir los espacios de toma de decisiones a todos los estamentos como era la realidad hasta el Golpe de 1973. Dicha corriente avanza, pero aún no se logra articular como una alternativa para el conjunto de los estudiantes.

Pero el modelo permanece intacto. La transformación de la institucionalidad, el esquema autoritario implantado, la expropiación de buena parte del sentido de la universidad producen un sujeto social despolitizado, de conciencia fragmentaria, de escasa claridad de la potencia creativa y critica que la vida universitaria tuvo y es necesario que vuelva a tener. Hoy, hay alumnos, pero cada vez menos estudiantes. Hay profesores apresurados impartiendo horas dispersas y mal pagadas en varias universidades. Hay trabajadores y funcionarios mal organizados. Hay autoridades con las puertas cerradas.

Así, la transformación neoliberal de la universidad no es un mero artilugio burocrático de conveniencias mercantiles, es también una estrategia política de dominación, es el esfuerzo por impedir que la universidad sea un espacio donde se gesten vocaciones democráticas, de pensamiento crítico y libertad creativa. Es ello lo que la educación superior de nuestro país demuestra.

Memoria, Junio 2001