Carlos Arturo Monje Álvarez y Gonzalo Arango Jiménez: Arremetida contra la universidad pública. Nuevos rumbos en la descentra

Carlos Arturo Monje Álvarez y Gonzalo Arango Jiménez: Arremetida contra la universidad pública. Nuevos rumbos en la descentralización

El ministerio de Hacienda y Crédito Público suscribió el 3 de diciembre de 1999 el Acuerdo extendido de Colombia con el Fondo Monetario Internacional, comprometiéndose a adelantar la descentralización fiscal bajo el supuesto de aumentar la eficiencia del gasto público. Entre las medidas contempladas figura un severo ajuste fiscal que implica la ampliación de la base tributaria, el fortalecimiento de la recaudación de impuestos, el freno al gasto público diferente al pago de intereses de la deuda, la descentralización fiscal, la modificación al régimen pensional y una fuerte reducción del gasto central, principalmente el destinado al sector social. Como resultado de este acuerdo con el FMI, el país tendrá que disminuir drásticamente las transferencias a las regiones, elevar los recaudos, recortar los gastos públicos y -sobre todo- descentralizar la responsabilidad de financiar el gasto social, la salud, la educación, la ciencia y la cultura. En este contexto se enmarcan las últimas determinaciones en materia de política educativa, las cuales están sintetizadas en el documento del ministerio de Hacienda "Nuevos rumbos para la descentralización", el cual recoge las ´recomendaciones´ de los organismos financieros internacionales. A continuación se analiza la expresión de dichas políticas en la educación pública superior y los efectos que acarreará para su supervivencia.

Con la expedición de la Constitu-ción de 1991 se introdujo formalmente la política privatizadora al consagrar que "El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación..." y "La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos" (C. P. C., 1991, Art. 67).

El Plan de Apertura Educativa 1991-1994 formuló los lineamientos básicos para el último decenio del siglo, constituyéndose en el derrotero seguido por los pasados gobiernos de Gaviria y Samper y el actual de Pastrana en lo que respecta a la política para la educación superior. Allí se determinó

...Reorientar el gasto público en educación hacia los grupos más pobres de la población. Ello significa un mayor esfuerzo estatal en la financiación de la educación primaria y secundaria y un mayor esfuerzo de las familias en la financiación de la educación superior. Los mayores recursos de las universidades provendrán de la recuperación de costos académicos, de la diversificación de fuentes de ingreso y de los ajustes administrativos e institucionales (P. 28).

La forma que adopta la tendencia del Estado hacia el abandono de su responsabilidad en materia de financiación de la Educación Superior Pública, se esconde tras la teoría de "orientar la financiación a la demanda en lugar de la financiación a la oferta", reemplazando paulatinamente los aportes directos a las universidades por un sistema de crédito para los estudiantes, quienes, mediante el pago de matrículas elevadas financiarán a las universidades, bajo el engañoso supuesto de promover "...la emulación entre las instituciones públicas y privadas para ofrecer mejores servicios... " (P. 28). El Plan recomendó al ministerio de Educación Nacional el "...Incremento progresivo de las matrículas en las universidades públicas de tal manera que los nuevos estudiantes cubran la tercera parte de sus costos en un plazo de diez años, siempre y cuando se creen sistemas de financiación para los estudiantes más pobres..." (p. 28). También sugirió al Departamento Nacional de Planeación y al ministerio de Educación "...conjuntamente con el ICETEX, proponer a la Junta Monetaria el diseño de líneas de crédito para financiar los costos de matrícula y sostenimiento para los estudiantes de las universidades públicas" (p. 46-47) ".

Seguidamente se expidió la Ley de Educación Superior (Ley 30/92), que en aplicación de los mandatos de la Constitución de 1991, concreta la política preconizada por el Plan de Apertura Educativa para encausar a las universidades públicas hacia su total privatización. Los elementos establecidos en dicha Ley para este propósito son: sistema de información (para orientar la demanda), sistema de acreditación (para certificar la oferta), reforma del sistema de crédito educativo (para financiar a los estudiantes mediante préstamos) y la introducción, en el artículo 87, del criterio del "mejoramiento de la calidad de las instituciones" para la asignación de recursos directos a las universidades públicas (abrirle paso al sistema de indicadores de gestión y desempeño).

El papel del Estado en materia financiera para la universidad pública se reduce al establecimiento de un sistema de crédito, que incrementa gradualmente la participación del sector financiero privado, así como a la creación de estímulos a la generación de recursos en las instituciones, conduciendo inexorablemente hacia su privatización.

Descentralización: abandono de la responsabilidad estatal de financiar la educación superior

Recién producido el cambio de milenio se conoció el documento del ministerio de Hacienda y Crédito Público Nuevos rumbos para la descentralización, ajustado a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, el cual, luego de analizar los principales problemas de la universidad pública, formula las correspondientes recomendaciones, recogiendo lo planteado en diversas propuestas contenidas en proyectos y estudios, que han circulado después de la expedición de la Ley 30, cuya autoría se adjudicaba a funcionarios técnicos de entes gubernamentales, evadiendo el alto gobierno su paternidad (Comisión de Racionalización del Gasto y las Finanzas Públicas (1997), Proyecto de reforma a la Ley 30/92 (1998), entre otros).

La principal consideración consiste en que la actual estructura de financiamiento de la universidad incluye un subsidio a la educación superior que ha distraído exagerados recursos públicos. Estima que la Ley 30 de 1992 ha demostrado ser ineficaz para regular adecuadamente la autonomía universitaria en sus implicaciones académicas, financieras y administrativas y que dicha Ley garantizó a la universidad estatal una financiación automática sin relación con los resultados y en ausencia de evaluaciones independientes. Las principales recomendaciones implican:

Cambio en la estructura de financiamiento de la universidad y control financiero. El nuevo modelo significa la asignación de recursos basados en indicadores de desempeño y evaluación de resultados; la competencia entre las instituciones; la gestión, productividad, generación de recursos propios, eficiencia, y no en patrones históricos e inerciales como se viene haciendo hasta ahora. El nuevo modelo de financiamiento asociado con indicadores de desempeño, está orientado a contener la expansión de los gastos públicos del modelo anterior de financiamiento, que preconizaba la ampliación constante de los fondos públicos. La tendencia es a disminuir el peso del financiamiento automático representado por el aporte fiscal.

La implantación de indicadores de gestión y evaluación de desempeño será la base para acceder a los recursos. Se condicionará el volumen de las dotaciones presupuestarias a la calificación y productividad del cuerpo docente, a los índices alumno/profesor, a la racionalidad de la gestión de sus propios recursos y a la implantación de un sistema de financiamiento por formula, para estimular la competencia por los recursos gubernamentales. Según Salami y Alcalá (1998: 28),

"...se pueden distinguir dos métodos de asignación de recursos, uno basado en los productos, como por ejemplo el número de egresados y/o el número de publicaciones científicas. ...A finales de los años 70, el gobierno militar de Chile, enfrentado a una crisis financiera de su sistema universitario, emprendió una serie de reformas estructurales y financieras y puso a un lado la autonomía política de sus universidades y el sistema gratuito de educación superior. A principios de los años 80, el gobierno, entre otras medidas, impuso el cobro de matrícula a las universidades públicas, incrementó el número de matrículas cobradas en el sector privado e implementó un sistema de préstamo para los estudiantes en instituciones públicas. Los principales objetivos de esa reforma eran incrementar el ac ceso a la educación a través de la educación privada, diversificar las instituciones, diversificar las fuentes de financiamiento e incrementar la competencia entre las instituciones para mejorar la calidad y eficiencia. Esta reforma se tradujo, desde el punto de vista del financiamiento de la educación superior, en una disminución del aporte fiscal directo a las universidades públicas para suscitar un esfuerzo de búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento y un uso más eficiente de los recursos disponibles. La otra innovación ha sido un intento de vincular la contribución presupuestaria del Estado al desempeño de las universidades, a través de un sistema de aporte fiscal indirecto y competitivo. Esto corresponde a un monto diferenciado por alumno matriculado, en base a su puntaje en la prueba nacional de ingreso a la educación superior. Las instituciones con mejor funcionamiento, es decir las instituciones que logran atraer a los mejores estudiantes, reciben un aporte fiscal indirecto mayor. El acceso a los fondos públicos para la investigación científica en las universidades está también organizado en base a un sistema de asignación competitivo ligado a la calidad de las solicitudes presentadas por las distintas instituciones de educación superior. Este modelo está siendo estudiado actualmente en Colombia y Ecuador".

El ministerio de Hacienda recomendó la "Revisión de la Ley 30 de 1992 para que la asignación de recursos por parte de la Nación se efectúe a través de indicadores de eficiencia, cobertura, calidad y desempeño financiero". Esto equivale a hacer efectiva la derogatoria de los artículos 86 y 87 de dicha norma, que obligan al Estado a proveer recursos incrementados para cada vigencia a las universidades públicas. Los aportes de la nación representan, en promedio, el 82% para las universidades nacionales y el 51,8% de los ingresos correspondientes a las universidades del orden territorial. Del total de gastos solo el 12,4% se destina a inversión. Para la vigencia fiscal de 1999 el déficit previsto ascendió a la suma de $187,9 mil millones.

Sustitución de los subsidios a la oferta por subsidios a la demanda (incremento de matrículas). El rubro de recursos propios lo conforman inscripciones, matrículas de pregrado, postgrado y cursos de extensión, investigaciones, venta de servicios, recursos por estampilla, etc., y representa el 36,7% del total de los ingresos para las universidades públicas. Los derechos de matrícula que se cobran a los estudiantes equivalen al 30% de los recursos propios y aproximadamente al 6% del total de las fuentes de financiación de las universidades públicas; esto es, los ingresos por matrícula sólo financian el 6% del gasto total. Mientras que en la universidad privada el 70% de sus ingresos proviene de las matrículas, en la universidad pública sólo alcanzan el 6% (ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2000: 122)

Del valor casi simbólico cobrado por matrículas se pasó a su incremento progresivo. El citado informe del ministerio de Hacienda (2000: 128) recomienda explícitamente "Cambiar de forma gradual la asignación de recursos por el mecanismo de créditos blandos a través del ICETEX y las entidades financieras. Es decir, que el subsidio se dé al estudiante y no a la universidad".

Crédito educativo a estudiantes de menores ingresos. Según el ministerio de Hacienda y Crédito Público (2000: 201) es necesario "...establecer un mecanismo de financiación que haga énfasis en la solución de los problemas de demanda que afectan a las personas de menores recursos. Tal mecanismo puede ser un sistema de crédito educativo que se alimente paulatinamente con los aportes que hace la nación a las universidades públicas. Se requiere reformar el esquema de asignación de recursos de la educación superior, de manera que las carreras profesionales con altos retornos privados sean autofinanciables, comprometiendo ingresos de las familias con capacidad de pago y financiando con crédito educativo a los estudiantes de menores ingresos". Esto contradice lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 1999-2002 que señala: Los dineros destinados para este subprograma constituyen un recurso adicional y no sustitutivo de los aportes directos de la nación para las instituciones públicas de educación superior. (La negrilla es nuestra)

Rendición de cuentas y evaluación de resultados. Tiene el propósito de incluir mecanismos de control financiero a las universidades y ante todo evitar su germinación sin sostenibilidad. Establece que la asignación de dineros públicos se realice mediante procedimientos que consulten la disponibilidad real de recursos por parte de la Nación y ajustándose a indicadores de eficiencia, cobertura, calidad y desempeño financiero. "El Estado sólo debe proporcionar recursos globales, razonables y en función de indicadores de eficiencia, bajo el principio general de que el creador del gasto debe ser el financiador del mismo, es decir, que cada universidad debe responder financieramente por sus decisiones" (ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2000: 127).

"...desde el punto de vista de la gestión financiera, cabe mencionar la importancia de un manejo eficaz de los recursos disponibles en base a instrumentos modernos de control de gestión. Eso empieza con el establecimiento de un buen sistema de información que produzca datos detallados sobre los gastos y los costos de los distintos programas y departamentos. A partir de estos datos se pueden definir y aplicar reglas precisas de gestión combinando los aspectos académicos y las dimensiones financieras... Además de una mayor autonomía, las instituciones de educación superior deben rendir cuentas por su funcionamiento. Esto implica el control de la calidad de los productos de las instituciones de educación superior en términos de docencia e investigación, la adecuación de sus programas y la eficiencia en la utilización de los recursos públicos" (Salami y Alcalá, 1998: 29).

Diversificación de las fuentes de financiación y venta de servicios. Se propone diversificar las fuentes de recursos instaurando mecanismos de financiamien-to múltiples, lo cual significa poner en práctica la venta de servicios a través de ofertas educativas de pregrado y post-grado, investigación contratada, asesorías, consultarías, prestación de servicios de laboratorios, etc. Está contemplado también que las instituciones compartan fortalezas y recursos en función de racionalizar y optimizar el uso de la infraestructura docente, investigativa, de equipos y locativa.

Ampliación de cobertura sin recursos adicionales. Otra recomendación del ministerio de Hacienda y Crédito Público (2000: 128) señala que "La estructura de financiación de la educación superior debe modificarse. Considérese, por ejemplo, que la suma que se asigna actualmente a las universidades, $900 mil millones, es suficiente para ampliar la cobertura en educación primaria en casi 2.700.000 niños adicionales, con lo que se lograría cobertura total en esta área". Esto atendiendo a la política del Banco Mundial de otorgar prioridad a los niveles básicos de la educación, en desmedro de la superior.

Territorialización de cesantías y pensiones. El monto de cesantías asciende a $61,6 mil millones y el de pensiones a $26,8 mil millones en el primer semestre de 1998 y $42,7 mil millones en el segundo semestre de 1998. El pasivo pensional a 31 de diciembre de 1997 ascendía a $2.671,7 mil millones. La tendencia es a transferir esta responsabilidad a los entes territoriales y reducir el monto a partir de los cambios previstos a la Ley 100.

Restricción a la autonomía universitaria. Se juzga que la autonomía ha sido indebidamente utilizada para crear el gasto sin ningún control por parte de la Nación, la cual financia el 70% de ese gasto, y que existe un divorcio entre quien tiene la capacidad de comprometer el recurso y quien lo asigna, generando déficits recurrentes cada año. También se formulan reparos por el uso incondicional de la autonomía para establecer cualquier oferta educativa, para organizarse administrativamente sin control y rendición de cuentas a la sociedad, para -en muchos casos- designar autoridades académicas sin academia y para elegir sin responsabilidad, etc. Salami y Alcalá (1998: 28) estiman que:

"Una mayor autonomía institucional es la clave del éxito de estas reformas, especialmente aquellas reformas que tienen como objetivo principal la diversificación de los recursos". ...La autonomía no solo implica que las instituciones puedan retener los recursos adicionales que han podido reunir para mejorar la calidad en lugar de transferirlos al Ministerio de finanzas, sino también que puedan controlar los principales factores que determinan los costos; en particular, el número de los estudiantes que ingresan y el nivel de los salarios para el personal académico y administrativo".

Nuevo régimen regulatorio de la educación superior. Con el fin de frenar las tendencias críticas creadas a partir de lo que se considera la proliferación de empresas comerciales productoras de cupos, situación que es más propia del sector privado, pero que limitará el crecimiento de las instituciones públicas, sujetas a mayor control del Estado.

Recortes a la remuneración del profesor universitario. De los gastos de funcionamiento de las universidades públicas se considera que los gastos de personal son los más representativos como consecuencia de los regímenes especiales salariales y del modelo de remuneración establecido para los docentes en el Decreto No. 1444 de 1992, el cual se establece con base en un sistema de puntos asignados teniendo en cuenta los siguientes factores: títulos universitarios, categoría académica, experiencia calificada, productividad académica y actividades de dirección académico-administrativas. Estima el ministerio de Hacienda que los docentes gozan de condiciones salariales superiores a otros profesionales de similares niveles de preparación y que el incremento del salario anual supera lo decretado por el Gobierno Nacional, si se tienen en cuenta los reconocimientos por experiencia calificada y evaluación del desempeño docente, así como la productividad académica, que en el año representan como mínimo entre 5 y 10 puntos porcentuales adicionales para cada docente (ministerio de Hacienda, 2000: 123). El falso credo de los altos niveles de remuneración de los docentes pasará a ser la excusa perfecta para descargar la crisis también sobre los trabajadores de la cultura.

Restricción a la productividad académica. Se cuestiona el otorgamiento de puntos salariales indefinidos en el tiempo por el ejercicio de actividades coyunturales como el desempeño transitorio de un cargo académico-administrativo o por la publicación de un artículo, que a veces no logra tener impacto en la comunidad científica y académica. También se señala la inadecuada proporcionalidad entre los puntos que se dedican a pregrado y los que se dedican a postgrado, y el alto peso de la antigüedad en la estructura salarial en contraposición al de la categoría. Asímismo, pone de presente la laxitud en la asignación de puntajes por productividad académica, ante la falta de evaluación rigurosa y el reconocimiento automático de la experiencia calificada. De este razonamiento se deriva la "Revisión del Decreto 1444 de 1992, especialmente en lo relacionado con la asignación de puntos por productividad académica y experiencia administrativa. Esto debe se cambiado por un sistema de bonificación por cada producción y no de manera permanente". También la "Creación de un Comité Nacional de Asignación de puntajes para no dejar en cabeza de cada universidad la asignación de manera indiscriminada e irresponsablemente, como sucede actualmente".

Estatuto de méritos. Que tiene que ver con la redefinición de las categorías del escalafón docente, de tal manera que se discrimine según función, actividad y productividad de los profesores y los reconocimientos parciales en puntos por productividad académica se incorporen a la categoría. El ascenso entre categorías quedará sujeto a concursos, a sustentación y evaluación por pares académicos de la producción académica requerida. Además la permanencia en cada categoría estará sujeta a evaluación. De esta manera se atenta contra la estabilidad laboral de los docentes.

Fusión de universidades y cambio en el nombramiento de rectores. La recomendación consiste en estudiar la fusión de algunas universidades, de tal manera que se conviertan en seccionales. También se prevé la revisión del sistema de nombramiento de rectores de las universidades.

Efectos del neoliberalismo en la educación pública superior

La educación se convirtió en una mercancía, al tenor de lo definido en la Constitución de 1991, respondiendo a la norma de que la educación la pagan aquellos que la puedan sufragar. Las instituciones de educación superior se tornan homologables a una empresa privada, con un gerente al mando, en donde las normas de administración se regulan solamente por el rendimiento del dinero y cuya tarea fundamental se reduce a la captación de recursos. La excelencia académica pierde relevancia, siendo el lucro lo que rige la universidad colombiana, en un país donde el gasto público en educación superior en 1998 fue de 4,3% del PIB y la cobertura de este nivel educativo apenas alcanzó el 12%.

La implementación de las políticas señaladas implican que la autofinanciación es hoy la única fórmula de supervivencia. De la consecución de recursos propios depende cada vez más el menguado aporte del fisco nacional. La autonomía financiera se aplica a la consecución de recursos propios, de modo que las universidades para poder subsistir deben convertirse en empresas prestadoras de servicios. Desde esta perspectiva, sostener profesorado de tiempo completo resulta muy costoso. Y la investigación se supedita principalmente a contratos para captar recursos. Por el mismo motivo proliferan los postgrados sin rigor científico y técnico, mientras suben las matrículas en forma permanente y desmedida. Las universidades se dedican al cabildeo.

La autonomía universitaria fue adulterada al confundirse con la autonomía financiera con el propósito de obligar las instituciones a autofinanciarse. La conocida sentencia C-220/27 de la Corte Constitucional representa para las universidades un aspecto positivo al poder realizar autónomamente traslados y adiciones presupuestales, agilizando y flexibilizando el manejo financiero de las instituciones, cosa que antes era más complicada debido a que se requería autorización del ministerio de Hacienda. No obstante, ocurre en el marco de la política de privatización y autofinanciación, lo cual significa que el ejercicio de dicha autonomía contribuye a facilitar la realización de contratos y convenios orientados a la captación de recursos. La política trazada por el Banco Mundial señala al respecto:

"Una mayor autonomía institucional es la clave del éxito de la reforma de la enseñanza estatal de nivel superior, especialmente a fin de diversificar y usar los recursos más eficientemente... Si se ha de aspirar a la diversificación de los ingresos, las instituciones deberán tener un incentivo para generar y utilizar un superávit financiero. Deberá permitírseles conservar los recursos adicionales que generen... En algunos países -como el Brasil- varias universidades tienen prohibido por la ley cobrar matrículas, y en Indonesia y otros países estas se establecen solamente con la aprobación del gobierno. Estas restricciones crean rigidez e ineficiencia en la administración. A la inversa, una base diversificada de recursos es la mejor garantía de autonomía institucional. La autonomía resulta ser en gran medida un conjunto vacío mientras las instituciones dependan de una fuente única de financiamiento fiscal."

"Las instituciones deberían tener, igualmente, la facultad de contratar y despedir personal, dado que representa una partida importante de gastos en la mayoría de instituciones de enseñanza superior Esta flexibilidad es esencial para que las universidades puedan establecer programas que respondan a las nuevas demandas del mercado laboral y controlar los costos reduciendo personal docente cuando la proporción entre profesores y estudiantes esté por debajo de los niveles de eficiencia. Las escalas de sueldos deberían fijarse de manera independiente en las diversas instituciones, de modo que puedan atraer a profesores de buena calidad" (La enseñanza superior. Las lecciones derivadas de la experiencia. Banco Mundial, 1995: 71).

Así las cosas, se promueve la autonomía administrativa orientada al auto-financiamiento. Es la desviación de la autonomía hacia la generación de recursos, manteniendo el control burocrático centralizado ejercido por entes gubernamentales externos. Este proceso privatizador se ha profundizado con la desaparición de la educación gratuita en la universidad pública y el alza desmedida de matrículas. Cada día se va perdiendo más la diferencia entre la universidad privada y la universidad pública. A las dos las envuelve el mercantilismo más desembozado.

Sometida a este régimen oprobioso, a la universidad pública se la puso a competir con la privada por la captación de recursos. Esa competencia ha trastocado su sentido: es por el dinero, no por la ciencia y la educación. Esto ha tornado la educación en una empresa meramente profesionalizante, dirigida por entero a la preparación profesional bajo un credencialismo que valora excesivamente el diploma de nivel universitario que da derecho al ejercicio profesional.

El país registra la expansión de instituciones y programas que obedecen a la lógica del mercado, que han merecido en el país el mote de "Universidades de garaje". Por tal razón, los pregrados se estiman carentes de rentabilidad. Se reemplazan por programas a distancia que reportan altos beneficios y no requieren profesorado, ni laboratorios, ni dotación de alto nivel, o quedan reducidos a una mínima expresión. Los postgrados, bajo la ilusión de que se está fomentando la investigación, la más de las veces carente de toda altura científica, van suplantando la educación de pregrado. Presenciamos el crecimiento inusitado de maestrías, doctorados, diplomados y actividades de extensión, la mayoría de ellos de baja calidad y montados sin los estudios pertinentes, todo ello para la captación de recursos propios dadas las altísimas matrículas que por estas actividades se cobran. Se va apoderando de la universidad un no disimulado desprecio por la tarea docente en los pregrados para dedicarse a contratos de servicio. La juventud colombiana y el país están siendo sometidos a un inmenso engaño por parte de las universidades: en el pregrado, porque se ha abandonado toda preocupación por su contenido, y en el postgrado, porque no responde a criterios de calidad científica. Tenemos un sistema ajeno al ideal de universidad como centro de investigación propio de los países desarrollados.

A medida que la universidad pública pierde profesorado, parte de él es absorbido por la universidad privada en la modalidad de contrato y no de tiempo completo. Igualmente, las malas condiciones salariales y académicas en las entidades públicas han empujado los docentes a contratarse por horas en las entidades privadas, rebajando la calidad de su función docente en el alma mater y disminuyendo su consagración al estudio, a la investigación y a la atención de los estudiantes.

La calidad de la docencia y de la investigación se ha deteriorado como resultado del hacinamiento, falta de personal adecuado, deterioro de los edificios, bibliotecas obsoletas e insuficiencia de equipos científicos y pedagógicos. El desarrollo de la investigación es más un objeto de retórica que un objetivo perseguido en forma permanente. Los grupos de investigación constituyen islas o pequeños archipiélagos, en instituciones básicamente dirigidas a la enseñanza.

Con la nueva arremetida se entierra definitivamente la gratuidad de la educación universitaria y se reemplaza por matrículas upaquizadas en el mejor de los casos; el acceso a la universidad no es para los más preparados y capaces, sino para los que puedan pagarla; la financiación a la demanda es el crédito educativo, de "estudie ahora y pague después"; el criterio de administración no es la mejor educación, sino el mayor rendimiento de los recursos conseguidos por autofinanciación; el profesorado de tiempo completo y dedicación exclusiva se considera muy costoso y se reemplaza por profesorado de contrato y ocasional; la tarea fundamental de la universidad y el profesorado dirigida a la docencia y la investigación se supedita a la venta de servicios; desaparece el bienestar universitario para los estudiantes que quedan desprotegidos para adelantar sus carreras; el salario de los profesores se deteriora progresivamente y sus reivindicaciones prestacionales y sociales van siendo conculcadas; el sistema de acreditación queda sometido a la competencia por la consecución de recursos, no por la calidad educativa; el crecimiento del presupuesto nacional para la universidad no corresponde a las necesidades de aumento de la cobertura.

La continuidad y el cumplimiento cabal de las medidas anunciadas a partir del Acuerdo Extendido de Colombia con el Fondo Monetario Internacional y vertidos por el ministerio de Hacienda y Crédito Público en el documento Nuevos Rumbos para la Descentralización, acentuarán las anteriores tendencias y terminarán por cerrar el ciclo que comenzó hace más de treinta años en un periplo proceloso, de privatización, antidemocracia y autofinanciación, con el único propósito de someter la universidad a las políticas económicas definidas por el imperialismo norteamericano.

Las consultas para la elección de rectores: sofisma de distracción y caos

En medio de la peor crisis de la educación pública superior, ha aflorado recientemente una crisis de orden político-administrativo relacionada con la escogencia de los rectores, asunto que se ha caracterizado por la intensa politización de la vida académica, en el peor sentido de la politiquería, doblegando las instituciones ante la rapiña burocrática y el clientelismo parroquial.

Los rectores, a pesar del signo democrático que pueda tener una consulta a los estamentos universitarios para su elección por parte de los Consejos Superiores Universitarios, se convirtieron en honestos y angustiados gestores de recursos o, en su defecto, en instrumentos de aplicación de la política neoliberal en las universidades. ¡Qué ejemplo más notorio de esto último es el caso de la Universidad del Valle, en donde el rector y sus asesores, embriagados por los cánticos del modelo neoliberal para la universidad, convirtieron el alma mater en una especie de empresa de producción que la condujo a un desastre financiero de más de ochenta mil millones de pesos de deuda! Más aún, la descentralización financiera de las universidades, entregándole toda la responsabilidad de su manejo a las entidades territoriales, en medio de la quiebra casi total de éstas, las condena a la desigualdad regional y a la politiquería parroquial de efectos desastrosos, como sucedió ya en las épocas de los años cincuenta y sesenta.

La crisis relacionada con la designación de rectores no es ajena a la intromisión de las costumbres clientelistas, la politiquería tradicional, la corrupción, los vicios electoreros y la intervención de las maquinarias burocráticas que desvirtuaron su naturaleza académica; al padrinazgo ejercido velada o abiertamente por politiqueros tradicionales ajenos a la vida universitaria; a la inversión de fuertes sumas de dinero de los aspirantes y sus seguidores; a la demagogia, el populismo y la oferta de prebendas para ganar adeptos; a la compra encubierta de votos; a la intervención directa de altos directivos en las campañas y la utilización indebida de recursos institucionales, etc. Jefes políticos –senadores, representantes, concejales– muestran su interés por la universidad, no propiamente para apoyar su desarrollo académico sino como botín burocrático y electorero apetecible en lo poco que va quedando del descaecido aparato estatal por efectos de la privatización. El botín representa no solo prestigio por su función social, sino un presupuesto llamativo para cualquier campaña política como en la Universidad del Cauca ($40.000 millones) o en la Universidad Surcolombiana ($25.000 millones), dos instituciones donde ha hecho particular eclosión la crisis, como bolsas burocráticas con amplias plantas paralelas que distribuyen contratos y prebendas.

La pugnas por el poder han conllevado a la judicialización de los procesos académicos en detrimento de la menguada autonomía universitaria, en medio de la incompetencia de los entes directivos para resolver los problemas institucionales básicos y el asedio de los sectores externos que batallan por tomarse las universidades. La revista Cambio en su edición de 28 de febrero de 2000 tituló: "¿Academia o locademia? Una guerra política por la Universidad del Cauca, que incluyó hasta el secuestro del rector, enfrenta al departamento con el gobierno en medio de graves actuaciones de corrupción". La Universidad Surcolombiana representa un caso patético donde los jueces y los estrados judiciales determinaron el curso en el proceso de la designación de rector en medio de las múltiples confrontaciones de intereses con proliferación de demandas, tutelas, acciones de cumplimiento, incidentes de desacato, etc. Entretanto se pierde la confianza en los organismos y directivos universitarios para trasladarla a tribunales y jueces. Se ha llegado al peligroso extremo de considerar que la autonomía universitaria le quedó grande a la universidad.

Las pugnas politiqueras entre caciques y gamonales locales es patente, a veces en contradicción con el gobierno central o con sectores enfrentados por el poder estatal. Tanto en la Universidad Surcolombiana como en la Universidad del Cauca, el ministro de Educación cambió a sus delegados para incidir directamente en las decisiones de los Consejos Superiores. "El ministro Germán Bula, en un claro ejemplo de clientelismo, cambió a su delegado para asegurarse de que votara en contra del candidato del gobernador. Pero el estamento universitario, no el gobernador ni mis herederos políticos –expresa el gobernador Negret– lo eligió y el gobierno no pudo deslegitimar a las autoridades locales". En la Universidad Surcolombiana ocurrió lo contrario, la decisión se inclinó a favor de la candidata que goza de la aceptación y el apoyo ministerial. Como resultado de las confrontaciones entre poderes la universidad del Cauca, terminó con un rector "secuestrado", debiendo quedarse callado pues "el puesto es lo de menos, el problema es que aquí cualquier cosa se paga con la vida" (Revista Cambio); por su parte en la universidad Surcolombiana el rector culminó su periodo con medida de aseguramiento y detención domiciliaria preventiva. Al momento de concluir este escrito se supo del resultado de la designación de rector en la Universidad Nacional de Colombia, donde el gobierno forcejeo hasta el último momento tratando de desconocer la voluntad mayoritaria de los estamentos universitarios. Allí triunfó el candidato respaldado por la mayoría de la comunidad académica, en contra del aspirante pastranista que pretendió imponer el Ministro Germán Bula.

Con el fin de contrarrestar tan fuertes pugnas políticas que arruinan la vida universitaria se requieren transformaciones de fondo. La comunidad académica no debe perder la perspectiva ni renunciar a las transformaciones estructurales. Los organismos de dirección deben cambiar su composición para que sean los estamentos básicos de las universidades los que determinen el rumbo de las instituciones. Justamente porque los miembros externos que representan al presidente de la República, al ministro de Educación, al gobernador, al sector productivo, a los exrectores y a los egresados actúan, salvo causales excepciones, en función de los intereses de sus nominadores, de sus padrinos políticos o personales, antes que por el interés académico e institucional. La dirección universitaria debe estar a cargo de organismos colegiados integrados por mayoría de profesores y estudiantes, democráticamente elegidos por sus estamentos. La política universitaria debe ser determinada con total autonomía por cada institución sin injerencia del Estado, el cual debe limitar su papel a proporcionar recursos adecuados y suficientes para las necesidades educativas, determinados con base en sus propios planes de desarrollo y a fiscalizar su ejecución. Todo ello debe enmarcarse dentro del propósito estratégico de luchar por una educación nacional libre de injerencias foráneas, científica y al servicio de toda la población.

En medio del grotesco espectáculo desentonan rectores como el de la Universidad del Atlántico, Ubaldo E. Meza. "Creo que ...si los estudiantes y los profesores participan en la escogencia de sus autoridades, estamos diciendo que estos no están cogobernando, sino gobernando porque toman la decisión fundamental de quiénes deben ser sus directivos internos". Vana ilusión, pues en los Consejos Superiores –que por ley tienen la función de designar o destituir rector– por su naturaleza y composición quienes deciden son las fuerzas externas a la universidad y a la academia. En la Universidad del Cauca, por ejemplo, la correlación fue: "Nueve delegados: uno del presidente de la República, uno del gobernador del Cauca, uno de los gremios del departamento, uno de los ex rectores, uno de los decanos, uno de los 700 profesores, uno de los siete mil (7000) estudiantes y uno de los Ex alumnos" (Revista Cambio). Situación que se repite en similar proporción en el resto del país. Continúa el rector Ubaldo E. Meza: "...debemos garantizar que los rectores sigan siendo designados de esta manera. Habría que reglamentar dichos procesos para evitar brotes de populismo, porque la universidad, fundamentalmente, es una institución que por su misión busca la excelencia académica e investigativa". "...La expresión concreta del poder en la universidad es la rectoría, las decanaturas, las decisiones presupuestales". No hay duda que estamos frente a un proceso espurio que debe ser modificado radicalmente y no propiamente reformado y maquillado como lo pretende el iluso rector. El idealismo reformista y el acomodo neoliberal del rector Meza se expresa en la siguiente cita de una entrevista concedida para la revista Nueva Gaceta:

"NG: El país observa que los rectores están jugando un papel muy activo en la defensa de la universidad pública. ¿Esto a qué obedece?

UEM: Hay una especie de inversión de papeles. En el 71 el desempeño y la acción los lideraban los estamentos mayoritarios de la universidad, que son, en primer lugar, los estudiantes, después los profesores y en tercer lugar los trabajadores y directivos. Ese es el orden que corresponde realmente a una época de movilización y ascenso revolucionario. Esta no es una época que se pueda caracterizar así; por eso digo que hay una especie de inversión de ese orden. En este momento, a pesar de que hay avances y parece que hay síntomas de cambio, no se puede decir que la gran mayoría estudiantil tenga un papel de impulsar las movilizaciones y las luchas democráticas. Lo que ha habido es una gran dispersión, una atomización, una situación de reflujo del que apenas se está saliendo. Los profesores han podido hacer alguna labor, pero definitivamente el segmento que está en una posición más organizada, más consciente, más homogénea, en este momento, es el de los rectores."

Fue precisamente el rector Meza, quien reclama para sí y los demás rectores el papel de avanzada en la defensa de la universidad pública, quien en asocio con el ministerio de Educación, entró a saco la iniciativa que se gestó en el Consejo Nacional de Rectores para la realización de un Congreso Nacional Universitario, el cual tuvo lugar en Barranquilla en el mes de diciembre pasado, bajo su dirección ejecutiva y el generoso patrocinio del gobierno nacional. En éste se pretendió validar la política universitaria gubernamental mediante la suscripción de una declaración por parte de todos los participantes. Lejos de ello ocurrir y no obstante el despliegue de atenciones por parte de los anfitriones y el cabildeo de los funcionarios del ministerio y los asesores del rector Meza, los participantes, en su mayoría profesores y estudiantes, calaron la encerrona.

En último término, para lo que ha servido la "elección de rectores" en las universidades públicas en las actuales circunstancias es para tender una cortina de humo frente a los más agudos problemas financieros y académicos y a la crisis que padece el sistema estatal de universidades. El caos generado por los enfrentamientos internos desvía profundamente la atención y causa graves heridas a la posibilidad y necesidad de mancomunar esfuerzos para enfrentar la política estatal y el neoliberalismo.

Crear un frente amplio para defender y salvar la universidad pública

Sin universidad, sin educación e investigación científica y sin desarrollo tecnológico autónomo, resulta imposible resguardar la soberanía nacional. El abandono de la universidad y su privatización ha sido un golpe a la soberanía del país asestado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y agenciado por los gobiernos de Misael Pastrana, López, Turbay, Belisario, Barco, Gaviria, Samper y Andrés Pastrana. Son casi treinta años de esta política imperialista contra la universidad colombiana. A ello se suma la política neoliberal de apertura económica y apertura educativa que se introduce desde el gobierno de Barco, es institucionalizada por Gaviria y profundizada por Samper. Pastrana se propuso llevarla a extremos nunca imaginados con el Plan Nacional de Desarrollo, el más combatido en la historia reciente de Colombia.

Ya no se trata de la asfixia presupuestal a la que vienen sometidas las universidades públicas; está en juego su supervivencia. Las reformas previstas eliminan las partidas obligatorias del presupuesto nacional y las condiciona a los indicadores de gestión. Convierten los rectores en gerentes, sometidos, a riesgo de perder su puesto o ser llevados a juicio, a las normas de administración empresarial de producción y venta de bienes y servicios. Eliminan la autonomía universitaria, al establecer un Consejo Superior controlado por los organismos financieros del Estado, como el ministerio de Hacienda y Planeación Nacional. Profundizan la autofinanciación no como una alternativa mezclada con recursos del Estado, sino como la única forma de supervivencia.

Así las cosas, el panorama que se vislumbra es desalentador, a no ser que se configure un vigoroso movimiento de resistencia, estudiantil, profesoral y ciudadano, que detenga y haga reversar el funesto modelo neoliberal para la educación superior que amenaza seriamente la supervivencia misma de la universidad pública.

El profesorado de las Universidades Públicas, aglutinado alrededor de la Federación Nacional de Profesores Universitarios y de ASPU, ha venido confrontando esta política, tanto en los espacios de discusión como en las calles, movilizándose conjuntamente con los trabajadores organizados en Sintraunicol y con el movimiento estudiantil, que aunque disperso y carente de una organización nacional que lo unifique, ofrece resistencia a esta ofensiva privatizadora.

La alternativa es conformar el más amplio frente por la salvación de la educación pública estatal que congregue a estudiantes, profesores, trabajadores, administrativos, rectores y personal directivo, a quienes el gobierno les endosa la responsabilidad de autofinanciarla. Al igual que la salud, la vivienda y el trabajo, la educación hace parte de todo el entramado social y de la estructura del Estado, frente a lo cual es necesario articularnos a las luchas que libran el resto de los trabajadores organizados y los sectores populares que coinciden en el mismo llamado y se enfrentan a la arremetida neoliberal haciendo un llamado por la salvación nacional.

Los universitarios debemos luchar no solo por los intereses culturales y científicos, que constituyen pilar fundamental del verdadero desarrollo nacional y garantía del avance hacia nuestra autonomía, sino también contra las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y la superpotencia hegemónica, por la soberanía e independencia nacional, por liberar al país del oprobioso régimen de explotación y dominación, por la liberación social y por la constitución de una nueva democracia de los oprimidos y explotados.

 

Bibliografía

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- Banco Mundial. La enseñanza superior. Las lecciones derivadas de la experiencia. Publicación del Banco. Washington, D.C., 1995.

- Departamento Nacional de Planeación. Plan de Apertura Educativa 1991-1992. Bogotá Marzo 19 de 1991.

- Ministerio de Hacienda y Crédito Público. "Acuerdo extendido de Colombia con el Fondo Monetario internacional". Banco de la República. Bogotá. Dic. 3 de 1999.

- Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nuevos rumbos para la descentralización. Bogotá, 2000.

- Monje, Carlos; Machado, Edgar; Vanegas, Evelio y Moreno, Guillermo. "Hacia la desaparición de la universidad pública estatal. La reforma de la ley de educación superior". Deslinde, Revista de Cedetrabajo, Nº 24. Mayo/Junio de 1999. P. 100-107.

- Plan Nacional de Desarrollo. Cambio para construir la paz. Ley 508 de Julio 29 de 1999, "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo para los años de 1999-2002". Imprenta Nacional de Colombia, ministerio de Justicia y del Derecho. Bogotá. Agosto de 1999.

- Revista Cambio. "¿Academia o locademia?". Nº 41, 28 de febrero de 2000.

- Revista Nueva Gaceta. Entrevista: Ubaldo E. Meza, rector Universidad del Atlántico. "Estamos recuperando la misión que le inspiró su fundador". Año 1, Nº 0. Bogotá, 2000.

- Salami, Jamil y Alcalá, Gabrielena. "Opciones para reformar el financiamiento de la enseñanza superior". Human Development Department, LCSHD Paper Series No. 35. The World Bank. Latin America and the Caribbean Regional Office. Diciembre de 1998.

-UDS-DNP. Comisión de Racionalización del Gasto y las Finanzas Públicas. "Racionalización del gasto público en educación superior". Bogotá, febrero 17 de 1997.

Deslinde, nº 26, mayo-junio 2000