Declaración de la Asociación de Personal Investigador en Formación (APIF) de la UCM sobre el proceso de Convergencia Europea

Declaración de la Asociación de Personal Investigador en Formación (APIF) de la UCM sobre el proceso de Convergencia Europea

“Las ciencias aplicadas no existen, sólo las aplicaciones de la ciencia” Louis Pasteur.

Hay dos aspectos del actual proceso de construcción del “espacio europeo de educación superior” que obligan a todos los colectivos académicos de las universidades (estudiantes, investigadores y profesores) a reflexionar y tomar una posición. El primero de esos aspectos es su sorprendente celeridad: todas las reformas se implantarán a lo largo de los próximos cuatro o cinco años. El segundo es la profundidad de estas reformas: nadie duda de que este nuevo modelo de universidad será muy diferente del actual. Los Investigadores en Formación de la UCM pensamos que sería una irresponsabilidad permitir que estas transformaciones se nos impongan sin una reflexión y discusión pública por parte de los colectivos interesados. Por eso queremos sumarnos con esta declaración a las iniciativas de los estudiantes y profesores de la UCM a favor de un debate sobre las consecuencias de este proceso.

Si se toma al pie de la letra los objetivos generales que se propone lograr esta reforma, apenas hay nada que objetar. Según el Proyecto Tuning, por ejemplo, el espacio europeo de educación superior pretende favorecer la movilidad de profesores, investigadores y estudiantes entre los países de la Unión. La homologación de las titulaciones ampliaría notablemente las expectativas laborales de los estudiantes en el mercado de trabajo y de los investigadores en las universidades e instituciones científicas de toda Europa. Tampoco parece rechazable, en principio, el propósito de abrir la universidad a “la sociedad”, ni siquiera si esta expresión un tanto imprecisa se concreta en el sentido de actualizar algunas titulaciones y ajustarlas a las condiciones reales en las que los licenciados tendrán que desenvolverse a la hora de buscar un empleo. Del mismo modo, en los documentos referidos específicamente a los investigadores sólo se encuentran declaraciones de buenas intenciones: la Recomendación de la Comisión Europea sobre la Carta Europea para los Investigadores (publicada el 11 de marzo de este año) [1], un documento que comparte el espíritu del proyecto Tuning y otros parecidos, señala la necesidad de crear un Área de Investigación Europea que confiera una estructura unitaria a las políticas de investigación y desarrollo en Europa, y de definir una carrera investigadora que convierta la investigación en una opción profesional más precisa, más atractiva y con más garantías que en la actualidad. El documento recomienda “crear un mercado de trabajo abierto a los investigadores”, desarrollar “una cultura de trabajo en la que los investigadores individuales y los grupos de investigación sean valorados, alentados y apoyados”, articular “un sistema de contratación más transparente, abierto, equitativo e internacionalmente aceptado”, o mejorar las condiciones laborales de los investigadores en lo tocante a sus “derechos de seguridad social”, es decir, seguros médicos, subsidios por desempleo, etc.

Todas éstas son recomendaciones con las que, naturalmente, los investigadores estamos de acuerdo. Coinciden, además, con reclamaciones que nuestras asociaciones vienen haciendo desde hace tiempo. Las universidades europeas, y desde luego las españolas, están muy necesitadas de reformas, y sería un error oponerse en bloque a un proceso de modernización, homologación internacional y fomento de la transparencia en la universidad, como pretende ser éste. Sin embargo, también sería un error, aparte de una ingenuidad, atender sólo a estas declaraciones de intenciones, obviando así el contexto más amplio en el que se inscribe esta reforma y pasando por alto los otros objetivos a los que también sirve.

La construcción del espacio universitario europeo es indisociable de la extinción del Estado social, un proceso del que forman parte muchas otras transformaciones sociales profundas a las que asistimos desde hace años. La universidad pública de masas, típica de la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, supone un gasto que el Estado ya no puede asumir, como tampoco puede asumir el coste de muchos otros servicios que hoy quedan, cada vez más, en manos de iniciativas privadas empresariales o individuales. La necesidad de convertir la universidad en una institución económicamente rentable está detrás de las actuales reformas, y es el reverso de objetivos tan irreprochables y cabales como el de convertir a Europa en “la más competitiva y dinámica economía del conocimiento de todo el mundo”, según declara la Recomendación antes citada. En la medida en que forma parte de este proceso más amplio, es obvio que la actual reforma universitaria tiene una importante dimensión política; pero nosotros, como colectivo de investigadores, no vamos a referirnos a ella. Tampoco es necesario: las reformas propuestas presentan aspectos preocupantes ya sólo desde la perspectiva de la actividad investigadora.

En el Documento-Marco del MECD de febrero de 2003 sobre “La integración del sistema universitario español en el espacio europeo de enseñanza superior” se afirma que los estudios de doctorado en España deben mejorar y alcanzar los niveles de exigencia reconocidos internacionalmente, pero también lograr “un mayor reconocimiento (...) por parte de empresas e instituciones no académicas”. El Proyecto Tuning aclara perfectamente cuál es el procedimiento a seguir para lograr ese objetivo: se trata, ante todo, de diseñar los perfiles profesionales y académicos en función de las demandas de la sociedad y del mercado. Desde nuestra perspectiva de investigadores, estos principios generales resultan inquietantes. Si la financiación de los proyectos de investigación con fondos públicos depende de su grado de correspondencia con las “demandas de la sociedad y del mercado”, y más aún si los fondos proceden directamente de fuentes externas a la universidad (es decir, de empresas privadas), sucederá que sólo obtendrán financiación, y por tanto sólo podrán desarrollarse, los proyectos que prometan resultados económicamente rentables para quienes los financian. En el caso de algunas disciplinas técnicas, como las Ingenierías, este modelo de financiación de la investigación tiene muchas ventajas. Pero en otras áreas, como las Humanidades, buena parte de las Ciencias Sociales, e incluso las ramas teóricas (es decir, sin una aplicación tecnológica directa) de las Ciencias de la Naturaleza, la financiación dependiente de intereses empresariales o de criterios estrictamente mercantiles supondría una amenaza muy grave para la investigación. Sencillamente, los departamentos dedicados a estas materias no dispondrían de fondos para sus proyectos, y tendrían que abandonar sus programas de doctorado.

Cabe imaginar que, para evitar esta situación, los departamentos más amenazados intentasen ajustar sus proyectos a las supuestas “demandas de la sociedad y del mercado” (como, por lo demás, exigen expresamente los artífices de la reforma). Pero esta estrategia no sólo no garantizaría la calidad o el interés de los proyectos, sino que en algunos casos, especialmente en las Humanidades y las Ciencias Sociales, casi puede preverse lo contrario: proliferarían los proyectos de investigación ideados ad hoc para obtener una financiación que responde a criterios completamente ajenos a los problemas y los métodos propios de estas disciplinas. También podría aparecer una competencia entre departamentos y universidades, tanto a nivel nacional como dentro de las propias Comunidades Autónomas, en la que cada universidad se esforzarse no tanto por ofrecer programas de doctorado interesantes desde el punto de vista científico, sino por ajustarse lo más posible a los criterios impuestos por las empresas. De este modo, y contra lo que pretende la reforma, se produciría una pérdida de calidad de las investigaciones en estos campos, como consecuencia de la imposición de criterios de evaluación y financiación inadecuados y de una exigencia de mercantilización de los contenidos que en ciertos casos, por razones internas a las disciplinas mismas, es sencillamente imposible de acometer (¿Cómo articular un programa de doctorado en, por ejemplo, Historia de la Literatura Medieval adaptado a las “demandas de la sociedad y del mercado” sin desfigurar los contenidos de esta materia?).

Este tipo de distorsiones de la actividad investigadora en determinadas áreas es tanto más previsible cuanto que, en realidad, los propios becarios de investigación de los departamentos de Humanidades ya están sufriendo los desajustes entre las materias de investigación y los criterios de financiación. En los últimos años, la concesión de las tres becas de investigación que existen en la Universidad Complutense (FPU, FPI y UCM) depende cada vez más de criterios como la pertenencia del director de la tesis a un proyecto de investigación dotado de financiación. Ésta es una exigencia totalmente pertinente y razonable tratándose de investigaciones de ciencia experimental, puesto que de la incorporación a un proyecto de investigación financiado depende, por ejemplo, la posibilidad de que el doctorando acceda a determinados recursos materiales o tecnológicos que pueden ser imprescindibles para su trabajo. En cambio, en todas aquellas áreas en las que la investigación no requiere otra cosa que recursos bibliográficos, el peso que se concede a un criterio como éste en los procesos de concesión de las becas es excesivo e injusto, pues en último término parecen decidir la concesión de las becas las circunstancias académicas de los directores de tesis o de los departamentos, en lugar de los méritos de los propios doctorandos. Esta situación afecta a la libertad de los aspirantes a becarios para elegir los departamentos, los directores e incluso los temas de sus investigaciones, y a nuestro juicio anticipa muchos otros problemas, derivados del modelo de financiación de la investigación que propone esta reforma. El problema que hoy tienen quienes solicitan una beca de doctorado lo tendrán más adelante los profesores, los departamentos y las facultades cuya actividad no resulte rentable.

Como investigadores, estamos a favor de toda reforma de la universidad que mejore la calidad académica, la movilidad, la transparencia y las oportunidades de promoción de estudiantes, investigadores y profesores. Creemos, además, que la universidad necesita reformas de este tipo. Pero nos preocupa la orientación de un proyecto que, como el actual, tiende a conceder un poder excesivo a instancias extraacadémicas, especialmente a la empresa privada, en la organización interna de los estudios universitarios y en la financiación de los proyectos de investigación [2]. Lo que se presenta como un medio para resolver los problemas financieros de la universidad y para abrir esta institución a la sociedad, podría convertirse finalmente en una verdadera colonización de la universidad pública por intereses privados. Como investigadores, estamos obligados a defender la autonomía de la investigación científica. Por eso no podemos estar de acuerdo con el actual proceso de convergencia europea.

[1] C(2005) 576 final (11.3.2005) [2] El diario El País del 28.3.2005 recoge la protesta de los profesores de Filología Inglesa, que ven amenazada su titulación propia (quedará integrada en una titulación general en Filología Moderna) mientras se mantienen las titulaciones de Filología Gallega, Catalana y Vasca. Esto significa que, además de los intereses empresariales, también las coyunturas políticas podrían invadir la autonomía de las universidades.

UCM, s.d