Anahí Fernández: La lógica neoliberal en las Universidades Nacionales

Anahí Fernández: La lógica neoliberal en las Universidades Nacionales
Anahí Fernández, Secretaria General CONADU
Federación Nacional de Docentes Universitarios (Argentina)
anahif@citynet.net.ar

Las políticas neoliberales que estrecharon la condición ciudadana y atacaron el concepto de lo público, generaron una dinámica que empujó a la universidad pública a la privatización encubierta. Así entonces, cualquier intento de limitar el debate de la universidad a un proceso interno de reordenación no es nada más que enterrar en un debate burocrático y burocratizante lo que es un debate político.

En este sentido entendemos con Gentili (1) que la privatización que se abrió camino en el ámbito universitario no se agota en la reducción del gasto público destinado al financiamiento de los servicios educacionales ya que la privatización de las políticas sociales avanzó incluso con un aumento relativo de recursos que fueron “reasignados” básicamente a políticas de evaluación, programas especiales relacionados con la producción científica, reformas curriculares, procesos de modernización periféricos, etc.

El escenario en el que el Estado “Malefactor” se tornó una instancia promotora de la privatización del campo social implicó una redefinición en la que, tanto en el campo económico como en el social, los organismos financieros internacionales desempeñaron una función central. En términos de Mollis (2) , hubo un cambio de la propia política pública universitaria - la del Estado de Bienestar - hacia otra en el contexto global del Estado empresarial.

El espacio universitario fue invadido por conceptos que pasaron a ser “normales”, fruto de la extrapolación del campo de estándares de la gestión empresarial: evaluación, eficiencia, desarrollo de áreas de negocios, acreditación de postgrados, evaluación de productos, internacionalización de la oferta y la demanda, globalización educacional, restricción al ingreso, (exámenes de ingresos que implican cupos encubiertos), técnicas de gestión sesgadas hacia perfiles administrativistas y de costos, financiamiento “alternativo” (aranceles encubiertos a través de contribuciones “voluntarias”, bonos, aportes a Cooperadoras, etc.), etc.

La privatización del campo social implicó para el servicio educativo profundizar las condiciones históricas de denegación de acceso a los sectores populares mediante su exclusión lisa y llana o a través de perversas segmentaciones con subsistemas heterogéneos en cuanto a la calidad que profundizaron las desigualdades.

En nuestro ámbito, los argumentos fundantes del ataque político al concepto de lo público y a la funcionalidad de la intervención estatal para suministrar servicios sociales alimentaron concepciones que muchos actores universitarios reprodujeron de manera absolutamente dependiente y acrítica.

Así la universidad pública resultaba atacada desde el punto de vista de su burocracia, su derroche, y su falta de eficiencia; apelaciones todas que traen los ecos de los argumentos que se utilizaron contra el Estado de bienestar y contra lo público (3).

En este contexto se produjo un deslizamiento hacia el discurso de la universidad como responsable de la formación de los cuadros funcionales de media o alta cualificación de cara al mercado (4).

Mientras el Estado retrocedió en su injerencia directa sobre las universidades, por la vía del desfinanciamiento general y de mecanismos de “descentralización" engañosos, también demandó del cuerpo académico un mayor grado de “responsabilidad”, y las cuentas a rendir pasaron a menudo a través de los mecanismos del mercado. Se enfatizaron medidas regulatorias del sistema buscando ordenar y regular aunque en el discurso se abrieran las líneas de descentralización en una reorientación hacia el mercado enfatizando el concepto de eficiencia externa e interna. De este modo se abrió paso otra cara del aspecto neoliberal de las reformas de la educación superior intensificando y dando forma a la enorme estratificación que caracteriza hoy a la profesión académica.

De la mano de estas reformas se desvaneció cualquier pretensión de tomar la universidad como un espacio con pretensiones humanísticas, de debate social, de lugar de pensamiento, de ámbito libre para la prospectiva de modelos alternativos de gestión social, de búsqueda de valores democráticos o de fortalecimiento de la ciudadanía.

En 1993, al compás de la reforma educativa impulsada por la Ley Federal de Educación (5) se creó la Secretaria de Políticas Universitarias desde donde se desplegaron políticas inscriptas internacionalmente con el apoyo de organismos financieros internacionales institucionalizando los mecanismos de evaluación de las universidades, de curriculas de postgrados y aún de grado a través del accionar de la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria - CONEAU (6) . Al mismo tiempo fue puesto en discusión el financiamiento del sistema y se implantaron programas que promovieron nuevas maneras de asignar los recursos, tales como el Programa de Incentivos para docentes - investigadores (1994) y el Fondo de Mejoramiento de la Calidad Universitaria FOMEC (1995)

La universidad pública. Un Jano bifronte.

Este proceso disparó una dinámica de dualización en nuestro propio entorno universitario dando lugar a un progresivo proceso de separación y alejamiento de una universidad-masa, cada vez más precarizada y empobrecida, de su complementaria, una universidad restringida - aún dentro de la universidad pública - que encubre objetivos privados y que aprovecha a la vez que refuerza la crisis de la sociedad del pleno empleo para generar mayor alto grado de diferenciación social interna y externa.

Más allá de que el sector universitario privado es relativamente poco importante todavía (7) , se favoreció su desarrollo, pero además se acrecentó el uso de fondos públicos para fines privados en el seno de la propia universidad pública. Creció el financiamiento de actividades que producen beneficios a particulares (servicios a empresas a bajo coste o retribuciones desmesuradas de cierto personal universitario o ministerial) o actividades que sólo se orientan en beneficio de quienes integran en cada momento la comunidad universitaria o grupos internos de ella y/o funcionariado intra o extrauniversitario.

La estrategia implicó una lenta e implacable consolidación de una universidad pública que en una pequeña parte es rica y casi opulenta, destinada a determinados círculos que manejan postgrados, investigaciones costosas y promociones aseguradas, adaptada a la meritocratización individualista provocada por la mercantilización social. Del otro lado quedaba la universidad estrictamente pública, cada vez más abandonada, sin capacidad de gestionar administrativamente la complejidad inducida por su masificación, con menos recursos, con salarios congelados y condiciones de trabajo precarizadas, envuelta en una tendencia a reproducir viejos esquemas de enseñanza masificada y con muy pocas renovaciones pedagógicas.

En esta dualizada realidad se instituye un sector de docentes que constituyen los bolsones de “excelencia” en que confían los modernizadores. Este sector, que en sus números está totalmente sobrepasado por el conjunto, se erige en un factor clave para la reproducción del modelo a través de una gran estratificación dentro de la profesión académica. Los cargos docentes de dedicación exclusiva, la buena capacitación o la función como investigadores —si tales indicadores son aceptables para la inclusión en dicho sector— no alcanzan a cubrir al 20% del total en el estrato superior, mientras la mayoría resultaron especialmente vulnerables a las políticas de modernización dirigidas a recompensar las performances valiosas y recortar los sectores “improductivos”.

Una fragmentación adicional que complementa la privatización al interior de las universidades deriva de la proliferación de centros privados de investigación desde los que muchos trabajan mediante consultorías, programas de capacitación o a menudo ocupando altos cargos oficiales. Como estos docentes no viven de salarios fijos del Estado sino mediante subsidios para proyectos y contratos, ellos lideran el movimiento de la educación superior hacia el mercado, fenómeno que puede leerse, según el énfasis de cada uno, como responsabilidad o como dependencia (8).

Esta universidad privatizada ayuda a renovar las elites, sirviendo a su vez como base de beneficio para ciertos cuerpos universitarios y funcionariales mientras la universidad pública residual, con un cierto tono de estigmatización, queda para los que no pueden acceder a lo privatizado y sirve, además, de legitimador social, de reproductor de las zonas más precarizadas y vulnerables de los mercados laborales orientados a la sociedad de los servicios.

Príncipe y mendigo

La situación de segmentación y neoestamentalización social generó al interior de cada una de nuestras universidades grupos estables y funcionarizados que pueden llegar a ser profesionales de altísimo poder, honor estamental y reconocimiento social, con ingresos muy superiores, con representación política asegurada, conviven con un volumen cada vez más fuerte de actores con salarios por debajo de la línea de pobreza, o que trabajan como mano de obra gratuita (docentes ad honorem), o en condiciones de pseudocontratación o subcontratación que sirve para mantener el volumen de docencia e investigación y atender la masividad sin el refuerzo presupuestario imprescindible para ello, muchos de ellos sin participación política o con una participación restringida y distorsionada. (docentes de niveles preuniversitarios – docentes interinos- auxiliares docentes) (9)

Ya sea a través del financiamiento, la privatización o las funciones cambiantes de la educación superior, hubo una fuerte presión destinada a cambiar la vida de los académicos hacia una mayor sintonía con el modelo y estratos vitales dentro del cuerpo docente comenzaron a operar en buena medida dentro de estos términos. Favorecidos por los intereses estatales y privados a quienes sirven con capacidad, se vuelven cada vez más importantes dentro de la educación superior marginando a la mayor parte del cuerpo docente

La maldición de los incentivos

Y aquí queremos agregar algunas reflexiones en relación a la lógica derivada de la implantación del modelo neoliberal en las Universidades Nacionales a través del Programa de Incentivos para docentes-investigadores.

Señala Sanllorenti (10) que en un trabajo realizado poco antes de la primera recategorización (1998) se vio que a cuatro años de funcionamiento del sistema no se habían incrementado ni el número de publicaciones, ni el número de investigadores, ni el número de dedicaciones exclusivas. Según los autores “el aumento en el número de publicaciones se produjo en los bordes del sistema de investigación académica. En efecto, en las universidades “científicas” no se registraron variaciones significativas en las magnitudes de artículos publicados por investigadores de disciplinas duras y grupos de investigación consolidados, que tuvieron un crecimiento “natural”. En algunas disciplinas con baja tradición académica, y algunos investigadores de las ciencias naturales y tecnológicas de pobre trayectoria científica, se volcaron a la publicación en revistas con referato dudoso o sin referato”.

Durante este proceso, las plantas docentes de las universidades permanecieron invariables, y poco o nada se hizo para incentivar las mayores dedicaciones. El principal obstáculo para resolver la cuestión sigue siendo la falta de recursos y la ruptura del nomenclador salarial en el año 1992. El número de investigadores no varió; simplemente los docentes que tenían esa tarea se fueron “adaptando” a los caprichos del sistema para poder cobrar los incentivos ya que con sueldos congelados desde 1992 en más del 80% de los casos les resulta imposible alcanzar la canasta de básica de subsistencia (11).

Sanllorenti refiere a otro trabajo (12) en el que se señala que además el Programa produjo la estratificación de los docentes en categorías que definen su identidad más allá de sus alcances estrictos. Se produjo así una “fuerte modificación en la “escala de valores” vigente, ubicando a la investigación en la cima. A estos efectos académicos y “socioculturales”, podemos agregar los efectos “políticos”. A un “nivel micro”, el nuevo actor creado por el Programa es un docente cuya actividad central transcurre en la universidad; eso aumenta sus chances de “elegir y ser elegido” para los órganos del cogobierno universitario o para los cargos de gestión, emparejando su situación con la de investigadores del CONICET que “viven” en la universidad. A un “nivel medio”, los secretarios de investigación de las universidades tienen en sus manos el no despreciable poder de poner en práctica los complejos proceso de evaluación requeridos por el Programa, distribuyendo curriculum vitae, proyectos e informes de investigación entre los miembros del Banco de Evaluadores; también a este “nivel medio”, los miembros del Banco, una suerte de "oligarquía académica", tienen fuerte influencia sobre gran parte de las carreras de los docentes universitarios”.

En la implementación de estos programas hubo una fuerte participación de quienes adhirieron o fueron cooptados por las ideas prevalecientes. Todo ello apoyado por el Banco Mundial que al tiempo que criticaba la “politización” de docentes y estudiantes en las universidades de la región y la falta de “eficiencia”, impulsaba ajustes presupuestarios y promovía el arancelamiento universitario.

Coincidimos con el diagnóstico de Sanllorenti en cuanto a la caracterización de esos actores de una elite que decidió preservarse y participar activamente en el rediseño de las políticas de ciencia y técnica generando condiciones en las que ellos mismos fueron adjudicatarios de los beneficios, tanto en sus ingresos cuanto en la concentración de los subsidios de investigación y en el control de las políticas de ciencia y técnica.

La competencia, la salida individual y los proyectos de investigación aislados, se privilegiaron por sobre la cooperación, el avance del conjunto y el desarrollo de un sistema universitario y de ciencia y técnica, al servicio del país y las mayorías. Así, mientras el Estado se desentendía de las universidades y el inefable ministro Cavallo mandaba a lavar los platos a los investigadores, un grupo de amigos del gobierno y sus políticas pergeñaba este y otros engendros. “El perfil de los diseñadores del sistema era: pertenencia al CONICET -u organismos similares-, una enorme vocación por salvar el pellejo y encasillar en la futura categoría A de Incentivos (13)”

Encontramos así que la actividad investigadora adquirió una importancia decisiva en la promoción académica, mientras la docencia se fue transformando en poco relevante y empezó a ser considerada una actividad de poco prestigio, un incidente molesto de la vida académica que interrumpe por unas horas la investigación. Se concentraron recursos humanos "calificados" y por consecuencia recursos económicos, tendiendo a conformar estructuras piramidales y reforzando la existencia de "cátedras-feudo". Ante la necesidad y para no quedar fuera del sistema - que implica un mínimo mejoramiento de salarios vergonzosos - los docentes-investigadores comenzaron a descuidar su labor académica resintiendo la calidad de la educación y formación que deben brindar. Asimismo, la exigencia de volcarse a la comunidad científica internacional fue acreciendo una creciente desvinculación con la sociedad por cuanto las actividades de extensión y vinculación tecnológica carecen de valor.

Postgrados

En esta lógica se inscribió también el tema de la formación de postgrado. Efectivamente, lo que se muestra como un elemento para mejorar la calidad en la formación académica - los postgrados - se exige sin que las universidades se hayan hecho cargo de su deber institucional de garantizar la posibilidad de formación.

Por otra parte, la extensión de los postgrados es relativamente reciente y esto se puso de manifiesto en las sucesivas categorizaciones del Programa de Incentivos cuando muchos docentes debían explicar a sus pares universitarios que oficiaban de evaluadores - lo de pares es una licencia - que no habían tenido la posibilidad de cursar maestrías o doctorados.
Y ello por varias razones. Una de ellas es la consignada en cuanto a que estos cursos son de reciente creación y se fueron expandiendo a través de los últimos años. Sumado a lo expuesto, y a pesar de estar consagrada en el acuerdo paritario nacional de 1998 fruto de la negociación colectiva, y consagrado en el Decreto Nº 1470/98, la gratuidad de la formación de los docentes está lejos de ser una realidad. Es más, prácticamente nada se ha avanzado en este sentido a pesar de ser una obligación a partir del citado convenio.

At last but not least, más allá de tener que hacer frente al pago de su formación con salarios indignos, la carga del trabajo pone otro límite fuerte a la posibilidad de la formación de postgrado que se realimenta en razón de los bajos ingresos que obligan a acumular muchas horas de trabajo (el día sigue teniendo 24 horas).

Estos dos últimos factores forman un cóctel letal.

Sin embargo, a la hora de las instancias evaluativas de las tareas docentes en relación a la carrera docente, concursos, etc. y ante la falta de reglas claras escalafonarias en los casos de suplencias o interinatos, los postgrados pretenden erigirse en muchos casos en un ítem prioritario para valorar a los docentes.

Y permítasenos una nueva digresión en lo que hace a los objetivos de los Doctorados convertidos hoy en un desideratum ineludible para aspirar a una evaluación importante en la docencia universitaria (recursos humanos).

Efectivamente, los Doctorados - los buenos, claro está- tienen como objetivos básicamente la alta capacitación para la investigación (14).

Deberíamos entonces preguntarnos si este tipo de formación aporta específicamente a la valoración de la tarea docente o si para avanzar en su mejoramiento debe hacerse mediante una formación que profundice en lo específico sin dejar de lado la actualización de conocimientos disciplinares. Sin embargo y curiosamente contradiciendo lo que debería ser su práctica, las universidades acríticamente consideran que la alta capacitación para la investigación cubre las necesidades del perfeccionamiento docente.

Cabe advertir que de tomarse en cuenta este aspecto, la deuda institucional para con los docentes es mucho mayor ya que la oferta de perfeccionamiento específicamente docente es muy escasa y por supuesto, los obstáculos siguen siendo los señalados en cuanto a costos y tiempo.

El hilo de Ariadna

Tenemos una universidad dual. Por un lado, sectores vinculados al manejo de postgrados, investigadores e investigaciones costosos y promociones aseguradas, adaptada a la meritocratización individualista provocada por la mercantilización social. Por el otro, queda la universidad estrictamente pública, cada vez más abandonada, sin capacidad de gestionar administrativamente la complejidad inducida por su masificación, cada vez más precarizada, con menos recursos y con una tendencia a reproducir viejos esquemas de enseñanza masificada y con muy pocas renovaciones pedagógicas.

Y esta universidad cada vez más segmentada, con menos coherencia general, sigue careciendo de un sentido de inserción social democráticamente definido. La universidad pública que debe ser un espacio fundamental de desarrollo de crítica social activa, de formación de mentalidades progresivas, de debate sobre modelos técnicos y sociales, de elaboración de propuestas para resolver problemas del país, continúa en estado de adormecimiento y repliegue sin atreverse a pensarse y sin generar alternativas políticas substantivas, siendo estas cuestiones sustituidas por una simple alternancia de modelos de gestión tecnocrática o burocrática.

La universidad tiende así a sustituir los elementos colectivos por elementos de promoción individual replegándose en un individualismo metodológico, ontológico y hasta teleológico que representando la consolidación de los valores mercantiles de la competitividad individual en nuestra vida cotidiana universitaria -dada la escasez de recursos y la falta de controles democráticos y de auténtica libre concurrencia-, acaba produciendo efectos de refeudalización, tribalización y corporatización alejados de la democracia, la distribución del conocimiento y el sentido que la universidad pública debe tener como herramienta estratégica de un país independiente.

Resulta paradójico que la universidad pública que se pretende democrática y autónoma acabe instalando, por deseo u obligación, formas de comportamiento filisteas, acomodaticias y acríticas, en franca sintonía con el modelo que destruyó el país y los dictados de los organismos financieros internacionales.

En razón de lo expuesto e inspirados en la defensa de las universidades nacionales públicas, de gestión democrática, gratuitas y de calidad académica, con financiamiento integral por parte del Estado, y en defensa del patrimonio público del pueblo argentino, desde CONADU exhortamos al esfuerzo de un debate de fondo que deberá tramitarse contemporáneamente con la atención a la deplorable situación salarial docente y con una profundización de la democracia al interior de nuestras universidades para que sean instrumento de democratización del saber y constructoras de la ciudadanía y de la soberanía nacional.

La universidad pública deber ser un ámbito de formación y de producción intelectual en favor de un modelo productivo sustentable de inclusión por lo que hemos propuesto que en el año 2004 el Instituto de Capacitación en Políticas Universitarias de CONADU (INCAPU) trabaje alrededor de tres ejes, a saber

1. Reforma política

2. Políticas de Docencia

3. Políticas de investigación, extensión y vinculación tecnológica

1.- Reforma política:

La meta de una reforma política debería centrarse en la reforma en torno a la representación. Si bien nuestras universidades en la década del ’80 recuperaron el cogobierno, en los ’90, producto del embate del neoliberalismo, produjeron en su estructura modificaciones sustantivas generando un empobrecimiento en la formulación de políticas, transformando el cogobierno en un sistema de representación elitista.

Por ello es necesaria una reforma política y no sólo una actualización administrativa. La tarea estará orientada a la búsqueda de aquellos recursos institucionales que le permitan al gobierno de la universidad gestionar y al mismo tiempo brinde a los ciudadanos universitarios capacidad efectiva para participar y controlar la gestión de gobierno. Nuestra participación no puede quedar restringida a la elección de los colegios electorales, nuestra información tampoco puede depender de lo que la gestión quiera divulgar. Las implicancias institucionales son obvias: hacen falta agencias estadísticas independientes; fiscalización presupuestaria; recursos de participación directa como la iniciativa popular universitaria; plebiscito y consulta; presupuesto participativo. Y también cambiar el régimen electoral instituyendo el voto directo ponderado para Rector y Vice como así también para Decanos y Vice Decanos, padrón único de docentes y representación política en el cogobierno de los docentes de las escuelas de niveles preuniversitarios.

Algunas de estas reformas ya han sido instrumentadas parcialmente por un número pequeño de universidades nacionales, a partir de la experiencia política de la década del ’70, mientras que las universidades grandes continúan con el modelo de la reforma del ’18 con los ajustes ordenados por la ley de educación superior vigente.

2.- Políticas de Docencia:

Concursos Ordinarios: Debemos diseñar mecanismos que hagan efectivo el ejercicio del derecho de los docentes al acceso a los Concursos ordinarios. En la práctica lo que es un derecho se ha transformado en una prerrogativa de las distintas gestiones universitarias, quienes deciden la oportunidad de hacerlos efectivos.

Carrera Docente: El trabajo docente no debe seguir precarizado. Ningún trabajador en esas condiciones puede dar garantía de compromiso y capacitación. El diseño de la carrera docente debe garantizar la estabilidad y la promoción revalorizando la docencia en pos de su jerarquización.

Perfeccionamiento docente: El perfeccionamiento gratuito es un derecho de los docentes garantizado normativamente pero en la práctica se ha convertido en una obligación exigible por parte de las universidades sin el cumplimiento de la obligación institucional de garantizar la formación.

3.- Política de investigación, extensión y vinculación tecnológica:

Discutir estas políticas es reivindicar el espacio público, reconciliarse con la sociedad, recuperar uno de los objetivos principales de nuestras universidades públicas Deben alentarse proyectos sobre inclusión social a través de propuestas productivas sustentabais, y promover una adecuación de los contenidos curriculares en función de esta prioridad nacional

3.1.-Política de investigación: Poner en discusión el Programa de incentivos. Promover su reforma privilegiando la cooperación, el avance del conjunto y el desarrollo de un sistema universitario de ciencia y técnica al servicio del país y de las necesidades regionales

3.2.-Política de extensión y vinculación tecnológica: Priorizar problemáticas nacionales y/o regionales en pos de la creación de programas de intervención social dirigidos a dar respuestas a las múltiples problemáticas sociales.

Febrero 2004


(1) Gentili, P.: Proyecto neoconservador y crisis educativa. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1994a

(2) Mollis, Marcela. Biografías recientes de nuestras universidades latinoamericanas. En Las miradas de la Universidad. II Encuentro Nacional. La universidad como objeto de investigación. (Pedro Krotsch compilador). Ediciones al Margen, La Plata 2003, pág. 111.

(3) Recordemos el proyecto del BID, en 1996. El "Plan estratégico para universidades de América latina y el Caribe" señalaba que las universidades eran arcaicas, incapaces, demasiado dependientes del Estado. Ante ello, en lugar de reaccionar y defender su espacio y significado social la universidad pública ha afrontado un proceso de doble moral, poniéndose vergonzantemente del lado del mercado entrando así por un camino de privatización informal y encubierta.

(4) Hoy en este proceso de privatización se pretende incorporar los servicios educativos al “libre comercio” estando la educación superior en la mira de proveedores que responderían a un modelo de consumo dirigido por la demanda. En mayo de 2000 se desarrolló en Vancouver el “Mercado Mundial de la Educación” en el que se diseñó un espacio que reunió a los compradores y vendedores del servicio educativo internacionales, evento en el que tuvo una destacada participación el Banco Mundial. Los acuerdos de Libre comercio crean reglas que permiten abrir las fronteras para la inversión y el comercio en servicios. La preocupación por el rumbo que está tomando la Organización Mundial del Comercio con el GATS y el ALCA, además de la posibilidad de acuerdos similares a nivel regional llevó a adoptar en reuniones internacionales la posición de que la educación debe ser excluida de los acuerdos comerciales.

(5) Un estudio realizado por el Centro de implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) que reúne estadísticas del período 1993-2002 revela que la ley profundizó las desigualdades socioeconómicas de las distintas regiones acentuando la diversidad de salarios docentes, en los contenidos de la enseñanza y de los recursos disponibles.

(6) El control del Estado Evaluador se ejerce sobre los productos y no sobre los procesos, con lo que aumenta la fragmentación sin importar la heterogeneidad sustantiva de los modelos mientras se sometan a parámetros de regulación externa. Esta fragmentación arroja las más diversas especificidades en cada universidad y este desanclaje respecto de cualquier referente sustantivo es tanto o más importante que el deterioro presupuestario.

(7) El sistema de educación superior en la Argentina ha sido tradicionalmente administrado y apoyado por el Estado. Hasta 1958, la totalidad del sistema era responsabilidad del Estado. A partir de ese año se autoriza la extensión de títulos universitarios reconocidos legalmente a las universidades privadas, momento que marca el comienzo del crecimiento de las mismas. Originariamente impulsadas por la Iglesia Católica y por grupos católicos laicos, las universidades privadas no lograron concretar sus aspiraciones sino hasta el mencionado año de 1958, poco tiempo después del derrocamiento del gobierno del General Perón. El marco legal dictado ese año, con las modificaciones realizadas en 1967, continuó siendo el válido durante muchos años. Un decreto de 1973 suspendió la acreditación de universidades privadas indefinidamente y, aunque parcialmente modificado años después, hasta 1990 no se otorgaron nuevas autorizaciones.

(8) La Educación Superior dentro de las transformaciones políticas y económicas de los años noventa. Informe del Grupo de Trabajo sobre Educación Superior de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. (El informe está basado en los trabajos originalmente presentados en el XVII Congreso Internacional de LASA, Los Angeles, 24-27 de septiembre de 1992. Traducción al castellano de Augusto M. Trombetta, revisada por Jorge Balán, CEDES, Buenos Aires, 1994).

(9) La mayoría de los docentes universitarios han resultado fuertemente afectados por el proceso de pauperización y sus niveles salariales son los más bajos de la docencia en todos los niveles y jurisdicciones. En la actualidad más del 86% de los cargos perciben salarios por debajo de la línea de pobreza, más del 75% por debajo de la línea de indigencia y aún en la hipótesis de trabajar 40 horas semanales más del 80% de los docentes caerían bajo la línea de pobreza. Por otra parte, miles de docentes universitarios se encuentran en situación precaria respecto a su estabilidad, otros tantos trabajan ad honorem sin tener siquiera cobertura de salud, o realizan funciones de cargos de mayor jerarquía sin percibir el reconocimiento económico por tal tarea, y otros muchos no perciben adicional por las tareas riesgosas ni por las asistenciales

(10) JC Carullo y LS Vaccarezza: El Incentivo a la investigación universitaria como instrumento de promoción y gestión de la I+D, http://venus.física.unlp.edu.ar/redcyt/segunda.htm, 1998 citado en Sanllorenti Pedro. El Modelo Neoliberal en las Universidades Nacionales: La Maldición de los Incentivos a los Docentes Investigadores, agosto 2003, pág. 4.

(11) Con la gigantesca caída de los salarios, los ingresos adicionales se convirtieron no en estímulos ocasionales, sino en pesos y centavos destinados a la subsistencia y se tornaron necesarios. Los docentes se vieron obligados a cambiar o al menos, a hacer de cuenta de que se cambia para no quedar fuera del nuevo escenario económico y de distribución de estatus. Se modificaron las condiciones generales de trabajo en su trayectoria laboral y con el desplome de las condiciones salariales y la reducción de la ya de por sí poca regulación interna para la permanencia, debieron enfrentar la necesidad de reconversión de sus actividades y perfiles, en muchos casos, con el fin de ajustarse a las condiciones de la deshomologación de los ingresos, reguladas de una manera puntual y precisa en el sentido tabular del término.

(12) Prati, Marcelo Daniel: El programa de Incentivos a los Docentes Investigadores: Formulación, Implementación y visiones sobre su impacto. Universidad Nacional de La Plata, citado en Sanllorenti, op. cit. ídem

(13) Sanllorenti. op.cit.

(14) A título ejemplificativo transcribimos las formulaciones de los Doctorados de Ciencias Económicas y Psicología de la UBA. “Reglamento General del Doctorado en la UBA (Res.(CS) 2850/88 Objetivos del Doctorado ARTÍCULO 1.- Objetivos del Doctorado El Doctorado de la UBA en la Facultad de Ciencias Económicas es de carácter académico y está orientado, en las disciplinas que le competen, a la investigación y el desarrollo según las metas fijadas por la Universidad y la Facultad de Ciencias Económicas. El objetivo fundamental es la formación de docentes e investigadores para diseñar y conducir una investigación independiente en organizaciones de todo tipo, con el fin de crear teorías y modelos que aporten soluciones más satisfactorias o novedosas a los problemas o para seleccionar y adoptar la tecnología ya existente a la realidad nacional”. “La aprobación del Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Psicología mediante Resolución Nº 2815/92 (CS), se orienta a la formación de recursos humanos altamente capacitados. La promoción de la investigación en diferentes áreas de la Psicología es central para el avance de la disciplina, así como la investigación interdisciplinaria lo es para el progreso del conocimiento científico”