Manuel Riesco: Educación superior: ¿Quién paga la cuenta?

Manuel Riesco: Educación superior: ¿Quién paga la cuenta?
Manuel Riesco es economista del Cenda (mriesco@cep.cl)

El debate actual acerca del financiamiento de la educación superior aparece todavía prisionero de las concepciones privatizadoras que han inspirado la política educacional chilena durante los últimas tres décadas.

El sistema de crédito de estudios, aprobado recientemente, es un ejemplo. Consiste principalmente en la extensión del aval del Estado a créditos bancarios para financiar los estudios de alumnos de educación superior, cualquiera sea el tipo de institución en que estudien. Ello proporciona un cierto alivio a los alumnos de universidades y otros centros privados, que hasta ahora carecían del mismo, a pesar de requerirlo con urgencia en la mayoría de los casos. Sin embargo, se mantiene y acentúa, el criterio de hacer recaer la responsabilidad del financiamiento de la educación superior sobre las familias de los alumnos y los profesionales egresados de la misma.

Se fundamenta esta política diciendo que ella obedece a criterios focalización del gasto público en los más pobres y necesitados – que estarían en los niveles pre escolar, básico y medio. Por otra parte, se afirma, los principales beneficiados con la educación superior serían los propios profesionales, quiénes obtendrían un sustantivo incremento de salarios en su vida laboral. El asunto se conceptualiza como un negocio, como una inversión privada, altamente rentable, de los alumnos de educación superior y sus familias. Seguramente, más adelante, dicho razonamiento se hará extensivo a la enseñanza media, básica y preescolar –las que ciertamente presentan 'retornos' de este tipo, bastante mayores, en muchos casos. El financiamiento compartido en la educación subvencionada es un “avance” en esa dirección.

No es del todo cierto lo que se afirma majaderamente, que el gasto público esté hoy en día más focalizado que antes en los niveles básico y medio. El 2003, la educación superior recibió el 14.4% del gasto público en educación de ese mismo año, mientras en 1972, dicho porcentaje ascendía al 13.4%. Lo que ocurre, es que el gasto público en educación en su conjunto, así como el sistema público de educación, todavía no se recuperan del brutal desmantelamiento realizado por la dictadura. Se ha mencionado en estas columnas que el gasto público total en educación bajó a una tercera parte, en los años inmediatamente posteriores al golpe de 1973.

Todavía en 1989, se mantenía en menos de la mitad de los niveles alcanzados durante el gobierno del Presidente Allende. La matrícula en el conjunto del sistema bajó en cien mil alumnos durante la primera década de dictadura y en el sistema público siguió bajando en otro medio millón, a partir de 1981, -compensado ahora por un crecimiento de los colegios privados.

El gran esfuerzo realizado a partir de 1990, que ha significado más que cuadruplicar el gasto público en educación entre ese año y el 2004 (4.4 veces), ha beneficiado principalmente a la industria de educación privada, que han matriculado a cuatro de cada cinco alumnos adicionales ingresados al sistema educacional en este período. (Ver Malos resultados educacionales y desmantelamiento del Sistema Público, en El Mostrador, http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=151284).

Por otra parte, el razonamiento que asume que la educación es un negocio privado de los propios alumnos, es altamente cuestionable, al menos desde el punto de vista teórico. Incurre en el conocido error de extender un concepto, que tiene una definición y pertenece a un ámbito, precisos, para intentar analizar materias que salen de ese marco.

El concepto de rentabilidad es aplicable estrictamente a actividades comerciales que crean valor, de una u otra forma. Ello, en último término, descansa siempre sobre actividades que emplean trabajo y producen riquezas. Por ejemplo, es perfectamente aplicable a la inversión que realizan las empresas y negocios al contratar el trabajo de profesionales universitarios. Esa tiene que ser una inversión rentable. Desde luego, no los contratarían si no obtuviesen de ello retornos muy superiores a la remuneración que les pagan. Sin embargo, no es aplicable a los profesionales mismos, sin incurrir en serias distorsiones.

La rentabilidad no es un concepto aplicable al valor de la fuerza de trabajo, que depende, como otras mercancías, de su costo de reproducción. Este incluye, a su vez, el tiempo y la manutención dedicados al estudio y entrenamiento y desde luego el que se destina a los estudios superiores en el caso de los profesionales. Por lo mismo, el valor de la fuerza de trabajo es más alto en el caso de los profesionales. Si las remuneraciones reflejan adecuadamente ese valor, serán más elevados, sin que ello implique un centavo de “ganancia” o “rentabilidad” para el profesional. Simplemente se le paga lo que vale su fuerza de trabajo, nada más.

Si se pretende cargar adicionalmente al mismo profesional por el costo de sus estudios –el pago del crédito universitario equivale actualmente a un impuesto de 5% sobre las remuneraciones de los profesionales que tuvieron que recurrir al mismo– el resultado será un encarecimiento de la mano de obra. Ello sube el costo promedio de la mano de obra calificada y, tarde o temprano, se traducirá en un alza de los salarios respectivos, en promedio. Sin embargo, dado que dicho impuesto sólo se aplica a los profesionales cuyas familias no pudieron pagar las matrículas y mensualidades, resulta en definitiva altamente distorsionador, en este importante mercado laboral. Además de horriblemente injusto, para con los profesionales afectados.

El razonamiento aludido, no parece más que un subterfugio ideológico para subir los impuestos a los profesionales de clase media. Parece extraño, por lo mismo, que algunos de sus más entusiastas defensores - como un conocido senador de la plaza -, se presenten al mismo tiempo como ardientes paladines de la clase media. Los montos involucrados son pequeños, además. Muchos se solazaron y presentaron como un éxito extraordinario de la equidad –inclusive una ex dirigente estudiantil– cuando el SII retuvo devoluciones de impuestos por alrededor de 5.500 millones de pesos a los profesionales deudores del crédito universitario, en la operación renta 2005. Ello equivale a alrededor de un 1.8% de los aproximadamente 300.000 millones de pesos que sumó el gasto público en educación superior el año 2004.

En la misma operación renta, sin embargo, el SII concedió franquicias tributarias por un valor total de alrededor de 1.8 billones de pesos (1.8 millones de millones), que equivalen a unas seis veces el gasto público en educación superior. Como se ha denunciado, dichas franquicias tributarias beneficiaron principalmente a empresas y personas de altos ingresos. Como los que lucran de la industria de arriendos de habitaciones DFL2, o los que ahorran voluntariamente en las AFP con cargo a descuentos tributarios, además de muchos otros casos, muchos de ellos escandalosos.

Los pagos que realizan las familias de altos ingresos que no necesitan recurrir al crédito universitario, muchas veces se ven reembolsados, con creces, con este tipo de franquicias tributarias, que los benefician principalmente a ellos y por montos muchísimo mayores. Pocas de estas franquicias benefician, en cambio, a los deudores del crédito universitario, la mayor parte de los cuales vive estrechamente de su salario. Los problemas reales del financiamiento de la educación superior radican principalmente en que el gasto público por alumno de educación superior ($522.340 por alumno-año al 2003), es todavía la mitad de lo que llegó a ser a principios de la década de 1970 ($1.175.708 por alumno-año, en 1971, en $ del 2002).

Adicionalmente, el Estado todavía no asume en plenitud el desarrollo del sistema de universidades públicas, el que fuera desmantelado por la dictadura, con verdadera saña y que sigue debatiendo en una crisis permanente. El Estado permanece maniatado, entre los intereses de la industria de educación privada y el sesgo privatista aludido, que predomina en la oposición de derecha y en sectores del mismo gobierno. Actúa casi como si se quisiera desprender de la responsabilidad de las universidades que son de su propiedad, en lugar de buscar desarrollarlas a todo vapor, que es lo que el país necesita.

El Mostrador, 04/07/05