Alfonso Conde Cotes: El Gobierno persigue la quiebra de las universidades públicas

Colombia
Alfonso Conde Cotes: El Gobierno persigue la quiebra de las universidades públicas

La universidad pública es considerada una competencia desleal (recibe “subsidios” del Estado) que debe eliminarse o “marchitarse”. No sólo es víctima de la represión oficial sino de la política de privatización de la educación.

Ya no es sólo el caso de la Universidad del Atlántico que se quiere conducir a la liquidación bajo la aplicación de la ley de quiebras. Se trata de otras varias en trance de ser cobijadas por esa ley 550 (Caldas, Cauca, Cartagena... ) y aquellas como la Universidad Nacional de Colombia que inician, por cuenta de las medidas arbitrarias del Ministerio de Hacienda, el camino hacia la inviabilidad financiera.

Se trata, en el proceso de adecuación de la situación colombiana a las exigencias del TLC con los Estados Unidos, aún sin la firma de ese tratado, de “reducir los efectos negativos de las leyes y reglamentos que puedan afectar la capacidad de competir de los servicios (educación superior)” (1), como afirmaba el Viceministro para la Educación Superior en un foro sobre TLC y Educación. Se trata de “Ofrecer a los servicios y proveedores de servicios... condiciones de competencia no menos favorables que las que ofrecen a sus propios servicios y proveedores...” (2). La universidad pública es considerada una competencia desleal (recibe “subsidios” del Estado) que debe eliminarse o “marchitarse” en el mercado de la nueva mercancía: la educación de los colombianos. De forma simultánea, se trata de desmontar la responsabilidad gubernamental de financiar la educación y ahorrar recursos que se destinarían
a la “sostenibilidad de la deuda pública”.

¿Cómo ha sido el proceso? De manera unilateral e ilegal, el Ministerio de Hacienda ha venido negando la validez de las pensiones que se han liquidado en las universidades públicas de manera que se rehúsa a aportar los recursos correspondientes y recarga, sobre los ingresos propios de las universidades para su funcionamiento, el peso de las pensiones de jubilación. Con el mismo argumento pretende que las instituciones devuelvan al Ministerio lo que ellas han pagado “en exceso” desde la vigencia de los actos administrativos de liquidación de las pensiones de profesores y empleados administrativos. Asimismo pretende hacer recaer los pasivos pensionales sobre las propias entidades de educación superior y deshacerse de su responsabilidad sobre ellos. Sin remedio, la aplicación de estas medidas conduciría a las universidades públicas a la inviabilidad financiera y a la quiebra.

Así, por ejemplo, en la Universidad del Atlántico, de $40 mil millones anuales que vale la nómina de pensiones el Gobierno aporta ahora sólo $ siete mil millones, causando un déficit estructural que de perpetuarse impediría definitivamente el funcionamiento de la institución (el aporte nacional al funcionamiento fue, en 2004, de $59.560 millones). Ello ya fue causa de la incorporación de la institución a la ley de quiebras, por iniciativa gubernamental, y el propio Ministerio ha sugerido su liquidación definitiva, sin importar el derecho a la educación de los colombianos.

El asunto fue motivo de tutelas interpuestas por los pensionados a quienes se les adeudan más de 10 meses de pensión. Los fallos se llevaron a la Corte Constitucional que, en sentencia T – 567 del 26 de mayo de 20053 resolvió: “ordenar a los entes accionados, Universidad del Atlántico, Departamento del Atlántico y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que, en el término de cuarenta y ocho horas... procedan a pagar... las mesadas pensionales adeudadas” indicando además “que resulta inadmisible para esta Corporación que pese a encontrarse incólume un acto administrativo (liquidación de pensiones) éste sea objeto de suspensión o diferenciación a partir de criterios interpretativos unilaterales...” (3).

A pesar de la sentencia, no sólo no se ha dado cumplimiento a los pagos ordenados, sino que, en fecha posterior (julio seis de 2005) el Ministro Carrasquilla reincidió en su comportamiento inconstitucional y conminó a la Universidad Nacional de Colombia en términos semejantes a los utilizados para la institución de Barranquilla. Quiere Carrasquilla, conducir al primer centro educativo colombiano a su quiebra inminente.

No se trata sólo de un problema de los jubilados que sufren o sufrirán suspensión o disminución de pagos de sus mesadas pensionales. Ello es grave. Pero lo más importante es la consecuencia que las medidas acarrearían sobre la existencia misma de las universidades públicas y sobre el derecho constitucional a la educación de los colombianos. El efecto recae sobre toda la población.

Para la Universidad del Atlántico se ha indicado, como ya se dijo, la necesidad de su liquidación, la suspensión de admisiones de nuevos alumnos y la elevación desmesurada de las matrículas de los alumnos antiguos, la reducción paulatina de su planta de profesores y de empleados administrativos, la desvinculación de la Universidad del Colegio Pestalozzi, sitio de prácticas pedagógicas de la Facultad de Educación, y otras medidas exigidas por el “promotor” de la quiebra, funcionario del Ministerio de Hacienda. Se ha indicado, en síntesis, su extinción. Para la Universidad Nacional de Colombia se inicia el proceso.

La defensa de la universidad pública no es tarea que corresponda, de manera exclusiva, a los universitarios, aunque a ellos les competa en primera instancia. Se trata de un bien público al servicio de toda la Nación y es tarea ineludible de todos los ciudadanos aportar su esfuerzo en esa dirección.

Notas:

(1) Intervención del Viceministro para la educación superior en Foro realizado en la Universidad del Cauca, marzo 3 de 2005

(2). Intervención de la Ministra de Educación sobre ALCA y Educación Superior, en reunión del CESU en febrero de 2003

(3). Sentencia T – 567/2005 de la Corte Constitucional. Sala Novena de Revisión. Firmada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Martha Victoria Sáchica Méndez.

Indymedia Colombia, 25/08/05