Andrés Sanguinetti: Empresarios avalan el arancel universitario

Argentina
Andrés Sanguinetti: Empresarios avalan el arancel universitario
Fue a raíz de una propuesta de J.J. Llach para que los graduados abonen una especie de “contribución” que permita incrementar los ingresos de las facultades estatales

A pesar de que el presidente Néstor Kirchner ya advirtió que no está en sus planes, la visión del mundo de los negocios se basa en lo que sucede en las playas de estacionamiento de las facultades públicas: llenas de autos de estudiantes que usan la enseñanza oficial para aprender.

Mientras que muchos de los docentes viajan en transporte público y reciben sueldos que no están acorde a la responsabilidad que han asumido en la sociedad. “Si los que estudian en la universidad estatal tienen para comprar un auto, también pueden pagar una cuota en la facultad”; es el pensamiento-conclusión que más adeptos tiene entre los ejecutivos.

Es que para los hombres de negocios es urgente que la escuela pública mejore el nivel profesional y la calidad de sus egresados porque la mayoría de quienes terminan trabajando en sus empresas proviene de esas casas de estudio.

Por eso consideran que la aplicación de límites monetarios al ingreso puede contribuir al desarrollo de mejores profesionales, más capacitados y preparados para la demanda de personal especializado que hoy evidencia el sector industrial, que prevé un sombrío panorama futuro si no se resuelve la falta de mano de obra o de recursos intelectuales calificados que permitan sustentar el crecimiento actual de la economía.

En la iniciativa de Llach encontraron una punta de lanza para volver a instalar en el seno de la sociedad la discusión sobre el proyecto educativo que debería adoptar el Estado. El ex ministro de Educación propuso que la contribución de los graduados con las universidades públicas se debe realizar cuando con sus ingresos superen el mínimo no imponible de Ganancias.

Aunque con diversos matices, los ejecutivos presentes en el Precoloquio Cuyo, que ayer organizó IDEA en el Centro de Convenciones del Shopping Palmares, respaldaron la propuesta de Llach, quien ya la había presentado ante la sociedad cuando estuvo al frente del Palacio Pizurno, durante la presidencia de Fernando de la Rúa.

En aquel momento, el actual director de economía del Instituto de Altos Estudios (IAE), había enviado al Congreso un proyecto de ley denominado de “solidaridad intergeneracional”; cuyo objetivo era que los graduados le devolvieran a la sociedad los servicios que ésta les había brindado en educación y que se iba a implementar con la sanción de un impuesto que sostuviera la enseñanza gratuita mediante una especie de arancel poseducación.

“En la Argentina debemos poder encontrar recursos humanos preparados para las inversiones, y por eso hay que apostar fuerte a la educación y construir escuelas, no con tenedores sino con exigencias y con excelencia”, sostuvo, por su parte, Alfredo Coto.
El titular de la cadena de supermercados y también presidente del 41º Coloquio Anual de IDEA, recordó que en su empresa abrió una escuela de capacitación por la cual ya pasaron más de 6.000 jóvenes “que aprendieron el oficio en un lugar privado porque en el sector público no hay capacidad para que lo puedan hacer”.

Pero no es sólo Coto quien forma personal que luego va a emplear. Ya el propio presidente Kirchner había calificado como “suicidio colectivo” la eliminación de la educación técnica que fue suprimida en la década pasada y que hoy se refleja en la falta de operarios requeridos por el mercado del trabajo y por las compañías de primera línea.

Movilidad

Según un estudio privado, seis de cada diez chicos que ingresan en la vida universitaria provienen de sectores medios y altos y son los que más rápido se gradúan. En cambio, los jóvenes de bajos recursos sufren más para egresar.

Es un dato que se repite en la mayoría de los países de América latina, pero en la Argentina tiene una peculiaridad y es que con 40,2% de la población bajo el límite de pobreza, se considera como clase media a una familia que tiene ingresos mensuales de por lo menos 1.200 pesos.

Los datos surgen de una estadística realizada en doce países de la región por el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América latina (Siteal), de la Unesco. En el trabajo se establece que la mayor parte de los que acceden a la educación superior pertenece a 40% de los hogares con mayores ingresos familiares.

Esta falta de movilidad social es preocupante para un país como la Argentina, donde 85,6% de los estudiantes asiste a universidades públicas. De los casi 1,5 millón de universitarios que hay en el país, 1.278.284 asisten a institutos públicos. La proporción es similar cuando se mira a los graduados. En el país egresan por año unos 75.000 profesionales; 75,4% sale de universidades públicas.

Aunque la educación superior latinoamericana ha sido tradicionalmente selectiva –a mediados del siglo XX, sólo cinco de cada cien jóvenes ingresaban en la universidad–, en los últimos treinta años vivió un inédito proceso de expansión.

Los estudiantes pasaron de 1,6 millones en 1970 a los actuales 8 millones, que asisten a más de 800 universidades y unos 4000 institutos. Se ha convertido, además, en un sistema fuertemente “privatizado”: de las universidades, 60% son privadas.

En este aspecto, la Argentina comparte con Uruguay una particularidad: la existencia de un sistema público y gratuito de universidades.

Forn, Devoto y Del Sel apoyan la idea

La recuperación de la actividad en los últimos años se topa con restricciones de infraestructura, crediticias y fiscales y con algo que no deja de sorprender: no contar con recursos humanos preparados para los desafíos productivos. Según Santiago del Sel, de Zurich Argentina, “la falta de capacidad es básica. Hay problemas de conocimiento tecnológico, técnicos, pobreza en el uso del lenguaje y trabajar con otros”. Para Enrique Pescarmona, es “fundamental” la educación para igualar a la sociedad, tener más empresas exitosas y mejor equilibrio en las oportunidades.

Por su parte, Juan Forn agregó que “es indispensable recuperar la enseñanza técnica y que la ley de financiamiento educativo propuesta por Filmus sea sancionada porque es un punto vital para el futuro de las inversiones”. Agregó que “debería haber voluntad de las personas de mayores ingresos de hacer un aporte voluntario a la universidad y se tome como experiencia piloto”.

Al respecto, Pescarmona indicó que “incrementar la excelencia de la educación no es una función que hay que poner en una ley. Yo he becado a muchos chicos por la empresa y en forma particular porque he tenido la necesidad de devolver lo que la universidad me dio a mi. Si tenés moral o decencia, lo tenés que hacer”. Tomás Hess, de Esso y egresado de la universidad pública, aseguró que la educación pública es de excelente calidad y que “hoy no sólo egresan argentinos sino también de otros países que vienen a estudiar acá. De alguna manera hay que devolver lo que la universidad pública da al estudiante”.

Pablo Devoto consideró que la educación es vital para el desarrollo del mundo empresario y sostuvo que “debe ser una política de Estado” que apunte a la excelencia y genere profesionales. Para el ejecutivo, el tema del arancelamiento debería adoptarse para evitar que “haya superpoblación de estudiantes que no aprendan nada. El arancel debería pasar por la excelencia y calidad más allá de que el que estudia tenga o no plata”.

INFOBAE, 02/09/05