Editorial: Katrina: negocio redondo

Editorial: Katrina: negocio redondo

Más lacerante que la devastación misma causada en Luisiana, Mississippi y Alabama por el huracán Katrina es la irresponsabilidad y el desdén hacia la vida con que reaccionaron las autoridades estadunidenses ante la catástrofe. Día con día se han ido revelando situaciones que ilustran hasta qué punto las acciones oficiales han profundizado y multiplicado el desastre: soldados enviados a cazar a quienes buscaban comida, agua y medicinas en tiendas abandonadas; efectivos policiales que, en vez de ayudar a los afectados, se dedicaron a impedir que grupos de damnificados transitaran por barrios ricos; torpeza y burocracia sin límites en el manejo de la asistencia nacional e internacional.

Una nota difundida ayer daba cuenta del hallazgo de 45 cadáveres en el Memorial Medical Center, hospital que quedó inicialmente rodeado por las aguas desbordadas y fue abandonado sin más trámite por los equipos de rescate. Más de una semana después, el domingo pasado por la noche, pacientes que posiblemente estaban vivos después del paso del Katrina fueron descubiertos, ya fallecidos, en el establecimiento.

Más allá de episodios como el referido, que exponen la criminal falta de interés de las autoridades ante la población en peligro, hay datos sólidos para pensar que la tragedia presente en la costa norte del Golfo de México está siendo convertida en una perspectiva de negocio multimillonario por las mafias empresariales que rodean al presidente George W. Bush. En la edición de ayer de este diario se consignó información de agencias internacionales según la cual la empresa Halliburton ­dirigida hasta hace cuatro años por el ahora vicepresidente Dick Cheney, que ha sido favorecida por el gobierno con cuantiosos contratos en el contexto de la "reconstrucción" de Irak, incluso desde antes de que la Casa Blanca iniciara la invasión, la destrucción y el sometimiento de ese país­ es señalada en la Bolsa de Valores de Nueva York "como la más factible beneficiaria de los principales contratos de reconstrucción de Nueva Orleáns", lo que ha impulsado al alza las acciones de la compañía.

Se espera, dice la nota referida, "que Halliburton utilice en los próximos días su legendario poder de cabildeo y sus relaciones cercanas con funcionarios de la Casa Blanca ­vía Cheney­ para atraer contratos derivados de la reconstrucción de Nueva Orleáns". De hecho, los beneficios del desastre ya empezaron a percibirse en las oficinas del consorcio, pues desde el pasado 3 de septiembre una de sus subsidiarias "fue contratada por la Marina estadunidense para restablecer la energía, reparar techos y remover desechos en tres instalaciones navales dañadas por Katrina".

Por si no fuera suficiente la inmoralidad de las intenciones gubernamentales de otorgar la parte del león de los contratos de reconstrucción a empresas del primer círculo presidencial, el jueves de la semana pasada Bush decretó, con el pretexto infame de reducir costos fiscales, que las compañías constructoras escogidas por su gobierno que participen en la restauración de Nueva Orleáns no estarán obligadas a pagar los salarios promedio locales ­obligación establecida por la Ley Davis-Bacon, vigente desde los años 30 del siglo pasado­ a los trabajadores que contraten. Semejante medida ha sido denunciada en un editorial de The New York Times como "una proclama vergonzosa" y maniobra "inaceptable en cualquier criterio de decencia humana", orientada a "condenar a muchos que de por sí son pobres, y ahora desposeídos, a salarios por debajo del tabulador, con lo que se perpetúa su pobreza".

No debe olvidarse que uno de los saldos más devastadores de la destrucción causada por el reciente huracán es, junto con la pérdida de vidas y bienes, desempleo masivo en la región afectada y, por consiguiente, demanda desesperada de trabajos, así sean temporales. En tal circunstancia, el gobierno de Bush pretende servir la mesa para que Halliburton y otros consorcios ligados a la Casa Blanca consigan ganancias astronómicas y hagan negocios redondos con los presupuestos federales ­es decir, con dinero de los contribuyentes­ y pagando retribuciones ínfimas a los pobres de siempre o a los que quedaron reducidos a la miseria por el paso de Katrina. Es difícil imaginar que un gobierno pueda llegar a semejante extremo de indecencia.

La Jornada, 13/09/05