Eduardo Ibarra Colado: ¿Estamos preparados para gobernar a la universidad?

Eduardo Ibarra Colado: ¿Estamos preparados para gobernar a la universidad?

1. México, marzo de 2004. Los acontecimientos recientes muestran la urgencia y relevancia de la discusión en torno a nuestras capacidades de gobierno. La evidencia creciente de las arbitrariedades del poder, relacionadas con el escándalo, la amenaza y la corrupción, muestran las dificultades de la transición mexicana a la democracia. El paso de un régimen autoritario, basado en el poder discrecional del gran Tlatoani, a un régimen democrático sustentado en la edificación de instituciones de regulación que produzcan gobernabilidad, parece encontrarse todavía lejos de ser una realidad. Sin duda, en las dos últimas décadas se han producido cambios y verificado avances muy importantes, pero sin llegar a concretarse aún en la edificación de un nuevo régimen, cuya ausencia mantiene latente la amenaza de restaurar aquello que pensábamos superado. En una interpretación que sin duda llamará al debate, nos atrevemos a caracterizar al neoliberalismo como una forma transicional que permitió subordinar el despotismo del poder del Estado para implantar como forma dominante el despotismo del poder del mercado, y que habrá de dar paso, esa es nuestra apuesta y nuestra utopía, a un régimen social en el que las reglas pactadas fortalezcan a las instituciones, obligado a los agentes a actuar asumiendo sus responsabilidades frente al futuro.

2. La constante entre estos despotismos es, sin duda, la ausencia de gobernabilidad, la inexistencia de reglas de convivencia que posibiliten la acción social sobre una base justa, equitativa y sustentable. Los poderes del Estado, en lugar de operar con la fuerza que otorga el respeto de la Ley, han actuado muchas veces en interés propio y siempre pensando sólo en su instante presente; las prácticas clientelares y los arreglos privados se instituyeron como normas de comportamiento, dando lugar a privilegios y exclusiones basados en intereses económicos y políticos ilegítimos. Esta realidad, que asociábamos con el viejo régimen, sigue estructurando hoy los comportamientos, aunque ahora se muestre más visible y estrepitosa. Su gravedad es tal, que implica que los órganos del Estado encargados de propiciar la gobernabilidad mediante la defensa de las instituciones, la dinamiten para favorecer intereses privados inmediatos, de algunos, en detrimento de los intereses públicos mediatos, de todos.

3. Por su parte, la acción de los mercados, es decir, de las empresas y sus directores, que se orientan a la creación de valor para los accionistas en el menor plazo posible y a cualquier costo, han desfigurado a la sociedad para reducirla a simple conjunto de átomos, ingobernable campo de batalla en el que vencerá el más hábil, el más fuerte, el de menores escrúpulos, en una sociedad amoral en la que sólo cuentan el consumo y sus simulacros. Mercado es dinero; el dinero permite el consumo; el consumo es un acto centrado en sí mismo como acto en ausencia del otro; cuando el otro no aparece, la sociedad se disuelve y con ella sus finalidades sustantivas y su sentido de cuerpo; esta disolución hace del mercado una zona ingobernable, irresponsable y egoísta.

4. La derrama de los actos del poder y los mercados en la sociedad es evidente, aunque pocas veces reconocida, asumida y cuestionada: el acto individual o el grupal se apegan, más de lo que creemos, a este pragmatismo utilitarista, convirtiendo los comportamientos cotidianos de una inmensa masa social, en reiteraciones de escala menor del egoísmo y los intereses oportunistas, que hemos apreciado en los horarios estelares frente a nuestro televisor. Nuestro trabajo, estudio, esparcimiento, acción política o, incluso, nuestras relaciones amorosas, se realizan en ámbitos organizados de difícil sobrevivencia en los que las reglas, si es que existen, poco importan, prevaleciendo la voluntad impuesta por alguna fuerza. De esta manera, política y mercados han sido hasta ahora espacios que carecen de reglas legítimas que cobijan la arbitrariedad y la corrupción, destruyendo la convivencia, impidiendo la gobernabilidad. El presente mezquino del interés en primera persona sigue dominando la vida social, lo que obstaculiza, sin duda, la edificación de un futuro en el que quepamos todos.

5. La construcción de un nuevo régimen supone, en lo político, la defensa de un orden institucional negociado y la consolidación de la democracia, entendida ésta como modo de existencia que desborda el acto electoral. Su fundamento se encuentra en la potencialidad social del diálogo y la reflexión, pues permite edificar y re-edificar sistemas de reglas y acuerdos que posibiliten la convivencia y la cooperación. En lo económico, por su parte, supone el abandono del neoliberalismo salvaje al que nos hemos acostumbrado, para pactar un sistema de reglas de intercambio que encuentre sus límites en la sustentabilidad y la responsabilidad que tenemos frente al futuro. El principio es simple: ninguna actividad humana, política o económica, individual o de grupo, puede atentar contra la preservación de la vida y sus espacios de relación, pues ella les pertenece a quienes nos sucederán, si es que les heredamos alguna oportunidad.

6. Esta visión general, apenas esbozada, resulta indispensable para ubicar en su justa dimensión, los retos que confronta la universidad para constituirse como una institución gobernable, que preserve los valores del conocimiento, la cultura y el sentido social de la existencia humana. Esta aspiración pública inalienable, es condición indispensable para defender los proyectos y utopías de la sociedad, en su búsqueda incesante por mejores opciones de futuro. Debemos discutir si estamos preparados para edificar una universidad gobernable que permita cerrar el ciclo de transformaciones que esta institución fundamental ha experimentado, en nuestro país y en el mundo, en los últimos 20 años. Hoy la universidad en México es otra muy distinta de la que apreciamos en las épocas del despotismo político; hoy debemos conducir a la universidad a ser otra muy distinta de la que ha emergido impulsada por los excesos de la anarquía neoliberal; hoy la universidad nos convoca a repensar a la universidad, para diseñar desde sus territorios ese futuro del que debemos hacernos cargo, futuro que encuentra como uno de sus fundamentos clave, la edificación de instituciones cimentadas en la consolidación de sus comunidades académicas y en la gobernabilidad.

7. ¿Qué cambió? En tan sólo tres lustros la universidad ha experimentado una de las transformaciones más significativas de su historia. Los cambios operados en estos años han impactado como nunca antes las prácticas y formas de organización y gobierno de cada universidad, modificando con ello, de manera sustancial, su significado como institución social. La universidad fue por mucho tiempo una institución cerrada, volcada en sí misma y para sí misma, entregada en su encierro a cultivar saberes que posibilitarían a sus depositarios una mayor movilidad social, y a funcionar como válvula de escape de las presiones políticas de un régimen autoritario. Sustentada en la AUTONOMÍA, así con mayúsculas, ha dependido siempre de las decisiones financieras del Estado, que, impuestas o negociadas, limitaron la libertad de acción de las instituciones. Esta universidad “autónoma” permanecería sujeta, jugando sólo sus juegos interiores: en ella se reprodujo esa lógica decisoria que, impuesta o negociada, distribuyó poderes y recursos sin claridad ni sentido. La ausencia de comunidades académicas consolidadas facilitó un modelo centralizado y vertical, en el que la autoridad gozó de altos grados de discrecionalidad, sólo limitados por las presiones de grupos de interés que exigían su parte del botín.

8. Hoy estamos frente a una institución distinta, abierta a la economía y a la sociedad, que depende de sus relaciones e intercambios en un medio muy dinámico, debiendo negociar sus grados de libertad con los agentes con los que desea asociarse y trabajar. La autonomía interna, antes acotada por las decisiones financieras del Estado, se encuentra hoy liberada de sus viejas ataduras, aunque deba ahora negociar sus recursos con agencias que le exigirán demostrar, mediante sus productos, que cumple con lo que se compromete. La evaluación de sus resultados, la certificación de sus programas y proyectos, y la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos que recibe, se incrustan como triángulo estratégico en su nueva lógica de operación, debiendo interactuar con distintas agencias, dependencias y organismos, para negociar y obtener los recursos que le permitan realizar sus proyectos. Esta nueva autonomía, así con minúsculas, se desplaza del texto a la práctica, de los ordenamientos normativos a las decisiones y actos, pues encuentra sus posibilidades de realización en la capacidad para definir libremente los proyectos específicos que la institución desea emprender y los términos de su realización. La sujeción se desplaza del Estado a la economía y la sociedad, pues su viabilidad como proyecto dependerá en adelante de la efectividad y los impactos de sus propias realizaciones.

9. Sin embargo, la definición de los proyectos de la universidad y su realización eficaz no son tareas sencillas y comportan grandes desafíos. Exigen, en primer lugar, el reconocimiento de las nuevas condiciones sobre las que opera la universidad, mostrando que sus mayores dificultades provienen de un medio abierto muy complejo y cambiante, que escapa a su control. Se requiere, además, de la consolidación de sus comunidades académicas, que deben asumir un papel activo al proponer y ejecutar los programas y proyectos como su razón de ser en la institución. Ello supone la definición y operación de estrategias y políticas de las universidades y las agencias del Estado, para favorecer la integración de grupos y fortalecer el trabajo colegiado, propiciando con ello un cambio de mentalidades que haga realidad este ejercicio de autodeterminación, con lo que se superaría finalmente el trabajo atomizado y rutinario que por mucho tiempo asumieron la mayoría de los universitarios. En tercer lugar, la operación en estos medios abiertos implica la edificación de un sistema de reglas que permita dirimir las diferencias, preservando espacios de realización para todos. La norma fundamental se encuentra en el respeto escrupuloso a la normatividad que, habiendo sido negociada y acordada por todos, se reconoce como legítima; no puede haber lugar a las excepciones, pues ellas contravienen la transparencia y socavan la credibilidad. Finalmente, las nuevas condiciones exigen que sus comunidades construyen un nuevo contrato social que propicie la unidad interna y los consensos mínimos para procesar las diferencias, bajo un orden negociado por todos que se traduzca en eficacia institucional. Este acuerdo es condición indispensable para confrontar las amenazas externas, posibilitando, entre otros aspectos cruciales, la defensa de la autodeterminación sustantiva de la institución, la negociación de los recursos necesarios para llevar a cabo sus proyectos, la participación en la definición de los modos de regulación relacionados con la evaluación, la acreditación y el financiamiento, y la intervención en el establecimiento de los términos de la competencia con instituciones privadas o internacionales que no se encuentran sujetas aún a los mismos modos de regulación. Hay que enfatizarlo, una comunidad dividida y poco cohesionada dará lugar a una universidad debilitada, viendo reducidas sus posibilidades para enfrentar con éxito los grandes desafíos de sus nuevas realidades.

10. Dado que las universidades son, cada vez más, las responsables de sus propias acciones, la gobernabilidad institucional se constituye como eje fundamental para operar bajo las nuevas condiciones. Si las instituciones no se asumen como agentes activos que deben operar en espacios abiertos para producir ciertos efectos, difícilmente podrán funcionar bajo las nuevas reglas del juego, poniendo con ello en entredicho su viabilidad. La discusión en torno a las capacidades de buen gobierno de las instituciones, y a las prácticas administrativas y formas de organización que las favorecen, va adquiriendo una importancia creciente, pues se constituye como el núcleo desde el que las comunidades pueden edificar ese sistema de reglas que produzca gobernabilidad. Supone problemas que tienen que ver con el diseño de un modo de organización desde el que se procesan y ejecutan decisiones para apoyar ciertos proyectos, y en consecuencia, para determinar los términos de la participación de los grupos que conforman su comunidad. En este terreno los extremos del continuum se encuentran en los tradicionales modelos burocráticos basados en la centralización y la jerarquía de inspiración empresarial, y los modelos más flexibles que se fundamentan en el trabajo colegiado y el reconocimiento de las fortalezas de la autodeterminación académica, que ha dado lugar a las denominadas “anarquías organizadas”. La solución que cada comunidad alcance en esta cuestión será esencial en la construcción de la gobernabilidad.

11. La gobernabilidad universitaria es el resultado o efecto de una capacidad práctica de sus comunidades para conducirse a sí mismas. Esta capacidad se apoya en el conocimiento y auto-re-conocimiento de las fortalezas de sus grupos para, sobre tal base, negociar proyectos institucionales que incidan positivamente en los ámbitos económicos y sociales con los que se relacionan. Supone también la capacidad de actuar con eficacia, y de sumar voluntades en torno a proyectos que reunifiquen la diversidad institucional, acrecentando su fortaleza frente a otras instituciones con las que se colabora y/o compite. Ella se expresa tanto en las normas y reglas que conducen las acciones de sus comunidades, como en las relaciones que la universidad mantiene con su medio. Es aquí donde se encuentra la mayor responsabilidad de las instancias colegiadas y personales de dirección de la institución, pues ellas deben garantizar un orden institucional muy dinámico que permita la participación y el trabajo de los individuos y grupos sobre una base clara, equitativa y transparente. La legitimidad de las reglas del juego, y su constante hechura y re-negociación, son cimiento y fundamento de la universidad gobernable. El fortalecimiento de ese sistema de reglas acordado y compartido, es la única vía para desterrar prácticas fundadas sólo en el interés personal, o en el aliento de proyectos individuales alejados de la razón de ser y de existir de la universidad, y en un olvido inadmisible de que ellas existen gracias a la sociedad que les concede los recursos para su operación.

12. Una universidad gobernable es, por tanto, una institución edificada por sus comunidades a partir del diálogo y la reflexión, con la finalidad de acordar un sistema de reglas que haga posible la participación de todos en la definición de sus proyectos y en su realización. Como ya hemos indicado, tres son sus condiciones de posibilidad: primero, la defensa de la autonomía universitaria, entendida como esa capacidad de una comunidad plural y diversa para definir su rumbo y operarlo con independencia, esto es, conservando el control sobre la determinación de sus finalidades y proyectos; segundo, la garantía de contar con los recursos económicos requeridos para asegurar su plena realización, aunque bajo esquemas claros de toma de decisiones y rendición de cuentas; finalmente, el establecimiento de un nuevo contrato social entre los integrantes de su comunidad, que permita normalizar la vida interna de la institución, incrementando con ello su capacidad de negociación ante agentes externos que la limiten o amenacen. Estas tres condiciones, hay que reconocerlo, se mantienen aún como una aspiración. Su realización requiere de una gran fuerza en la que participemos todos los universitarios, por encima de nuestras diferencias y más allá de nuestros intereses específicos. Sólo así estaremos en condiciones de refundar a la universidad como institución de la sociedad. La tarea que nos aguarda es inmensa: ¿estamos preparados?

Riseu, 2004