Crista Wiese Vargas: La evaluación como política, discurso y práctica en la educación superior boliviana

Crista Wiese Vargas: La evaluación como política, discurso y práctica en la educación superior boliviana
Directora de Planificación Académica, Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia
Revista de la Educación Superior, Vol. XXXIV(1), No. 133, Enero-Marzo de 2005.

Resumen

Se hace una reflexión teórica sobre el significado de lo político y sobre la construcción de las políticas en el contexto actual, sobre todo el de la educación superior boliviana. Para ello se utiliza algunas categorías propuestas por Beck como la diferenciación entre políticas y subpolíticas y entre política simple y política reflexiva. La evaluación como política y subpolítica en Bolivia es a la vez política simple y política reflexiva, la universidad ha pretendido cambiar las reglas del juego, dejándose dirigir y jugando dentro del sistema de reglas, cayendo así, inevitablemente, en la ambivalencia y en el desgaste de sus propias iniciativas que finalmente parecen haber sido derrotadas, constituyéndose en una política simple “fachadista”, es decir, una política que cambia los nombres pero que en el fondo sirve para mantener por detrás los contenidos. La evaluación, por tanto, cumplió una función legitimadora pero no transformadora.

Palabras clave: Evaluación, políticas públicas, Bolivia.

Abstract

This paper focuses on a theoretical reflection upon the meaning of political issues and on the construction of policies in a real context, particularly in Bolivian higher education. In order to do so, categories suggested by Beck –including differentiation between policies and subpolicies, and between simple and reflexive policy– are used. In Bolivia, evaluation as policy and subpolicy is both simple policy and reflexive policy. The University has intended to change the rules of the game by following them and playing within such set of rules, therefore, inevitably falling into an ambivalence and the wearing out of its own initiatives, which seem to have become only a façade –this is, the name of the policy changes while contents are kept the same. Evaluation, therefore, met a legitimating while not transforming task.

Key words: Evaluation, public policies, Bolivia.

La evaluación como política

Hablar de la evaluación como política en primer término incita a hacer una reflexión sobre el significado de lo político y sobre la construcción de las políticas en el contexto actual. Para ello utilizaré algunas categorías propuestas por Beck (1998), como la diferenciación entre políticas y subpolíticas y entre política simple y política reflexiva.

En principio, la evaluación es parte de las políticas en el sentido de políticas como contenido de los programas políticos para la formación de relaciones sociales (policys) (Beck, 1998) donde los actores sociales aptos son los actores colectivos, ubicados en la esfera de la política formal. Pero al mismo tiempo es en sí misma una actividad política o pertenece al campo de las subpolíticas, que tomando a Beck se caracterizan por el hecho de que los actores aparecen en el escenario de la formación social, fuera de la estructura del sistema político o corporativo y por el hecho de que no sólo los actores sociales y colectivos, sino también los individuos compiten con ellos y entre si por el emergente poder de estructuración de lo político. (Beck,1998: 141). Las subpolíticas significan, por lo tanto, la estructuración de la sociedad desde abajo.

Se trata, entonces, de nuevas formas de estructuración y de construcción de alternativas de solución a problemas sociales de cada vez más diversa índole. En el Estado nación moderno dichas respuestas eran construidas y administradas, básicamente, desde el poder político formal, desde el Estado, sin embargo, hoy estamos frente a un descentramiento del poder estatal. Hay entonces una nueva relación Estado-mercado que plantea la reinvención del gobierno en un espacio social sin centro. Desaparece la lógica centralista y aparece un conjunto de lógicas y de subsistemas. Hay un descentramiento de la política, una relación distinta entre la política y su estructura (Lechner, 1997). Prevalece la lógica autónoma de los subsistemas entrecruzados por sus relaciones jerárquicas e interpuestas, donde se generan diversidad de modelos de integración (Lechner, 1997) y en los cuales un factor fundamental es la auto organización.

El análisis de la evaluación como política abarca las dos puntas, como política y como subpolítica, pues ésta ha ido construyéndose en ambas dimensiones de manera simultánea con diferentes énfasis y también con aspectos comunes y contradictorios.

En un intento de aplicar las categorías anotadas al análisis de las políticas de evaluación en Bolivia quisiera desarrollar algunas ideas.

La evaluación como política

En primer lugar, en cuanto al análisis de la evaluación como política, tenemos como actores centrales al Estado y los organismos internacionales que han promovido en América Latina –a la par de las reformas estructurales y los programas de ajuste– los procesos de reforma educativa y los procesos de reforma universitaria.

En tanto las medidas de ajuste tocan el centro de la organización estatal, su relación con las universidades públicas es modificada; tanto Estado como universidades se encuentran comprometidos con las agendas propuestas por estos organismos en materia de política universitaria.

Dichas agendas proponen al menos estos elementos comunes:

  • Reducción del financiamiento estatal a la educación superior o diversificación de las fuentes de financiamiento

  • Vinculación de las universidades al mercado y el sistema productivo

  • Selectividad en el acceso

  • Expansión del sector privado y diversificación institucional

  • Control, regulación y evaluación por parte del Estado, transparencia (accountability) por parte de las universidades.

  • Reforma institucional vinculada a los criterios de productividad, eficiencia y eficacia como componentes de la calidad.

En la implantación de estas políticas los procesos de evaluación y acreditación ocupan un lugar estratégico, convirtiéndose en el eje central de las mismas. Estos procesos generan una polémica que manifiesta el giro que han tomado los Estados con relación a la educación superior configurándose un nuevo conjunto de relaciones de poder y composición de fuerzas que empuja, progresivamente, a las instituciones a cumplir las expectativas de productividad, eficiencia y transparencia.

El Estado se desplaza, entonces, desde el cómodo lugar de la financiación incremental sin regulación, al intento progresivo de regulación tocando el intocable principio de la autonomía, sin discutirlo directamente, pero tratando de instrumentar acciones de reforma tendientes a un mayor control y un menor peso económico para el Estado en la financiación de la educación superior.

Sin una exacta correlación con estos fines, aparece la evaluación como el instrumento multicomprensivo de la política planteado como generador de calidad y capaz de introducir la “reforma universitaria”, cuya discusión sin embargo ocupa un segundo plano.

Hasta fines de los ochenta el Estado se caracterizó por una completa ausencia en materia de política universitaria, restringiendo su accionar al tema presupuestario, salvo en los periodos de intervención durante las dictaduras militares de esa década.

Una importante señal de la tradicional ausencia estatal en materia de construcción de políticas universitarias es la dependencia de éstas del Ministerio de Planeamiento, no así el de Educación y la inexistencia de una instancia gubernamental que trate los temas universitarios.

En un primer intento de construcción de políticas, en de los noventa se crea la UDAPSO que dedica una importante porción de sus esfuerzos al tema universitario, generando debates de diversa índole.

De este proceso es importante señalar algunos hitos que tienen que ver con las transformaciones propias del campo de la educación superior, pero también directamente con la intencionalidad estatal respecto al curso que éste debía tomar, desde la perspectiva neoliberal predominante en el periodo y que muestran su recorrido hasta hoy.

Al respecto podemos anotar lo siguiente:

  • La aparición y expansión del sector privado bajo el manto estatal, aunque sin una regulación clara.

  • La creación de instancias estatales directamente responsables de los temas universitarios incluyéndola como parte de su agenda de reformas.

  • La inclusión de temas universitarios en la Ley de Reforma Educativa 1565 emitida en 1994, donde el eje central, como se adelantó, es la evaluación y acreditación, además del tema financiero.

  • El desarrollo de una serie de procesos conjuntos (universidades públicas Estado) de formación de cuadros y desarrollo de procesos de evaluación y acreditación. Cabe señalar sin embargo, que éstos se desarrollaron en un marco de constantes tensiones, contradicciones y ambigüedades por ambas partes.

  • El estancamiento de las relaciones universidad pública Estado.

  • El desplazamiento de la atención estatal hacia el sector privado, orientada a la regulación, una vez más liderizada por los procesos evaluativos, en este caso de las universidades privadas.

Respecto a los puntos anteriores cabe anotar algunas observaciones.

El Estado canaliza las propuestas de las agendas internacionales a través de su agenda local, poniendo en el tapete la discusión sobre la necesidad de regular, evaluar y acreditar las instituciones de educación superior. Intenta instrumentarla incluyendo en la Reforma Educativa la creación de un Consejo Nacional de Medición de la Calidad, fuertemente resistido por la universidad pública boliviana que impugna los artículos (23 y 51) que hacen referencia a ello.

En un escenario cargado de tensiones y conflictos, finalmente el Estado opta por no aplicar dichos artículos, siendo débil su capacidad de instrumentar la evaluación y acreditación mediante otras alternativas, por lo que su accionar aparece como poco consistente, desarrollando iniciativas aisladas, tales como la evaluación de la UMSS dirigida por UDAPSO, seminarios, encuentros y una serie de evaluaciones externas y acreditaciones de algunas facultades, en realidad solicitadas por estas últimas. No fue posible, en esta etapa, constituir una Ley de Educación Superior, ni crear un organismo de evaluación y acreditación; mucho menos trabajar sobre la función social de las universidades públicas o las características de la reforma universitaria, temas evidentemente ausentes en la mente de los actores estatales.
Finalmente el Estado, ante la imposibilidad de actuar sobre las universidades públicas y, en tanto, a sus ojos aparece el crecimiento de la educación superior privada como la tendencia deseable, reorienta sus esfuerzos hacia ella, que hasta entonces había pugnado por ocupar un lugar de mayor relevancia y que se había expandido enormemente sin regulación alguna, ante los ojos pasivos del Estado.

Se inicia, así, la primera ola de evaluaciones a las universidades privadas, promovida e impuesta por el MECyD que apunta a la verificación de condiciones mínimas de funcionamiento ocasionando el cierre de algunas de ellas dadas las desastrosas condiciones institucionales e infraestructurales en las que funcionaban.

Mas adelante, sin limitar la apertura de nuevas instituciones privadas, se establecen reglamentaciones para ellas (RGUP) y para la apertura y funcionamiento de las carreras de medicina en este tipo de instituciones que incluyen importantes apartados dedicados a la evaluación y la acreditación, definiendo indicadores, criterios y estándares, cuyos referentes son extraídos del modelo institucional de las mismas carreras en la universidad pública. Sobre la base de estos reglamentos, viene una segunda ola de evaluaciones con un fuerte énfasis en la regulación y control, actualmente en curso, sin dejar de sucederse decisiones y acciones erráticas por parte del Estado.

Finalmente, el Banco Mundial (BM) introduce un importante fondo para reforma universitaria, poco discutida en el ámbito local y siempre bajo los parámetros de la agenda internacional, cuyos componentes son: la creación de un Fondo Concursable de Mejoramiento de la Calidad (Foncalidad); la Creación del Consejo Nacional de Acreditación y Evaluación de la educación Superior (CONAES); la implantación de pruebas piloto de aptitud nacionales para Bachilleres y acciones de formación en gestión institucional que abarca tanto la gestión de las universidades privadas como la gestión de los organismos estatales. Estos son presentados como componentes de una primera etapa de reforma, que sentaría las bases para ella; sin embargo, no existen aun lineamientos de lo que será esta reforma futura.

En síntesis, la evaluación en Bolivia como política tiene las siguientes características:

  • Es una política de regulación sin regulación formal, que deja vacíos y se impone por presión a través de pactos y alianzas entre burocracias ministeriales y universitarias.

  • Pone énfasis en la acreditación y la evaluación burocrática cuantitativa lejos de la perspectiva de mejoramiento.

  • Enfatiza la regulación y el ajuste pero hay ausencia de políticas de mejoramiento que definan hacia donde se orienta el desarrollo del sector.

  • Está cargada de componentes políticos y pensada desde el paradigma empresarial privatizador propio del periodo neoliberal.

  • Se sustenta en un análisis económico de la problemática de la educación superior y demuestra ausencia de un enfoque académico y social en la construcción de la misma.

  • Tiene una visión cortoplacista modernizante, con ausencia de reflexión sobre la función de las universidades más allá de la profesionalización.

La evaluación como “subpolítica”: construcción del discurso y práctica de la evaluación en las instituciones universitarias

Como se indicó, la construcción de la política evaluadora implica una dinámica entre la política y la subpolítica. En esta segunda dimensión, los actores principales son los actores universitarios, autoridades de los diferentes estamentos:docentes, alumnos, equipos técnicos, que si bien son parte de una misma institución, no actúan de manera homogénea y su participación tiene pesos relativos en la construcción del discurso y la práctica evaluadora.

Para hacer este análisis nos guiamos en los tres componentes de las “subpolíticas” propuestos por Beck (1998: 144).

  1. Cómo está institucionalmente organizada la “subpolítica”: sus fuentes de poder, posibilidades de resistencia, potencialidades estratégicas de acción, sus puntos de cambio y límites de influencia.

  2. Con qué objetivos, contenidos, programas, es conducida y en qué campos de acción: (oficios profesiones, sindicatos) ¿cómo se materializa (se restringe, se implementa) y se impulsa la subpolítica en una no-política? ¿Qué estrategias son utilizadas y por parte de quién?

  3. Qué formas y foros de organización de las subpolíticas están surgiendo: hay polémicas en las instituciones sobre ello? Se construyen coaliciones informales a favor o en contra de determinadas opciones estratégicas, surgen grupos de trabajo especializados dentro de los grupos profesionales? ¿qué grado de organización muestran éstos?

Trataré de describir algunos de estos aspectos a lo largo del texto.

Retomando la idea central de este apartado, la evaluación como subpolítica se genera y se instala desde los espacios técnico burocráticos universitarios de la universidad pública y es visible a partir de dos elementos, la construcción del discurso evaluador y el desarrollo de prácticas evaluadoras en el seno de las instituciones.

La construcción del discurso evaluador al cual hoy aludimos, procede de una serie de transformaciones, de cambio de sentido del término evaluación y de sus alcances. Se han dado un conjunto de movimientos que hacen que la evaluación hoy tenga connotaciones diferentes a la que aludíamos hace un par de décadas atrás. Esta transformación se caracteriza por los siguientes elementos.

  • Desplazamiento de la dimensión didáctica a la dimensión de acción administrativa.

  • Desplazamiento de la dimensión institucional interna, a la dimensión pública.

  • Desplazamiento de su sentido de propiciadora de información hacia el sentido de regulación y control.

  • Vaciamiento de su contenido pedagógico hacia la inclusión de un fuerte contenido administrativo empresarial vinculado con los valores de la calidad, excelencia, eficacia, efectividad, etcétera.

  • De componente de la política micro institucional a componente central de las políticas nacionales en el marco de las políticas de ajuste.

  • Desplazamiento de la evaluación como proceso autónomo a la evaluación como insumo para la acreditación.

  • De objeto restringido, la acción pedagógica se ha transformado hacia la constitución de una arena política de negociación y conflicto.

Con esos elementos comienza, entonces, a constituirse un nuevo discurso evaluador que se introduce en el discurso universitario llenando los vacíos que deja el discurso contestatario “basista” característico de los setenta. Paulatinamente se sobreponen los valores de la calidad, la excelencia, la eficiencia, la eficacia ante los valores de igualdad, justicia, libertad, compromiso con el pueblo, etcétera. Se constituye en la nueva bandera de los directivos universitarios, sinónimo de modernización, de excelencia e innovación (Weise, 1998).

Sin embargo, los viejos valores no desaparecen, conviven en la ambigüedad y se reacomodan, apareciendo y desapareciendo al son de las necesidades políticas. Dentro del sistema universitario, se puede percibir una doble lógica que, en gran medida, es resultado de la propia ambigüedad característica de la universidad boliviana. En ella perviven: la identificación con su rol político, popular y revolucionario, ligado a los valores de la autonomía, el co-gobierno paritario, la libertad de cátedra, la igualdad social, el ingreso libre, característico de los setenta; junto al rol impulsor del desarrollo tecnológico, modernizante y productivo ligado a los valores de calidad, eficiencia, eficacia y equidad –casi tal cual aparecen en los documentos del Banco Mundial– propio de los noventa. Esa doble lógica se expresa tanto en importantes documentos universitarios (estatutos, reglamentos, planes) como en la discusión particular sobre la evaluación y acreditación (Weise, 1998).

Ahora bien, la manera en que se da este desplazamiento de la evaluación en el sistema de la universidad boliviana no es llana y tampoco es producto de una total imposición externa; al mismo tiempo, la construcción del discurso evaluador en el campo de la subpolítica tiene un efecto sobre el nivel de la política formal.

Al existir un vacío en la regulación y en la capacidad técnica del Estado, es la propia universidad la que articula el discurso y desarrolla la instrumentación para la concreción de la política general, sin embargo, lo hace en una posición de confrontación frente a este Estado, que a su vez, pretende desarrollar la política. Esta confrontación es, no obstante, aparente pues al mismo tiempo que se declara oposición frontal, se desarrollan acciones conjuntas y se realizan acuerdos paralelos.
Así, es la propia universidad que reproduce los elementos discursivos externos, los introduce a la cultura universitaria, los desarrolla desde sus espacios técnicos y lo emplea como carta de negociación frente al Estado y frente a los grupos de poder interno.

Esto es visible en hechos tales como:

  • El mandato del CEUB a todas las instituciones de crear instancias de evaluación y acreditación propias.

  • El rechazo a la creación del CONAMED dispuesto por la reforma educativa; la interposición de una demanda de inconstitucionalidad de dichos artículos y la consecuente creación del Sistema Nacional de Evaluación y la CNEA-UB que, sin embargo, no se puso en funcionamiento por la falta de apoyo de las instituciones.

  • Participación en foros debates y seminarios organizados por el gobierno en una primera etapa, dando luego instrucciones a los equipos técnicos de no participar en las actividades relativas a la evaluación, acusándo al gobierno de no tomar en cuenta a las universidades públicas.

  • El éxito de muchas fórmulas electorales de los diferentes estamentos universitarios que utilizan como base de sus propuestas el discurso de la calidad y muestran como grandes logros de gestión las evaluaciones realizadas y las acreditaciones logradas (independientemente de su efecto real en la calidad).

  • El evidente predominio de los temas relativos a la evaluación y acreditación, siendo el tópico central en todos los eventos universitarios de importancia.

  • El desarrollo de procesos de evaluación y acreditación, en acciones conjuntas con el Ministerio de Educación sin haber consensuado los procedimientos ni criterios para hacerlo.

  • La utilización de dichas acreditaciones como supuestas garantías de calidad y, por lo tanto, como parte del fortalecimiento de su imagen pública.

  • La evaluación como elemento identitario importante dentro de la cultura universitaria, principalmente hacia fuera de la institución.

Vale la pena explicar un poco algunos de estos puntos.

El tenor de la construcción del discurso evaluador es la contradicción permanente producida por las tensiones dentro-fuera, viejo y nuevo, oportuno y peligroso. De ello, la universidad logra una combinación conveniente para sí en el corto plazo, aunque no necesariamente apropiada para sus fines institucionales.

Por una parte, la universidad boliviana asume una postura defensiva y combativa de rechazo a la Ley de Reforma Educativa en nombre de los sectores populares, centrándose en el tema polémico de la evaluación; por otra, traslada el tema al interior de la universidad para responder a la presión estatal y lo hace utilizando el mismo discurso proveniente del gobierno. Así, aparentemente queda por sentado que la universidad no se opone a la evaluación, que por el contrario, le interesa promoverla desde dentro. De hecho las autoridades universitarias realizan una serie de acciones, en una franca competencia interinstitucional para llevar adelante procesos evaluativos logrando inclusive “acreditar” algunas carreras. Sin que –como dijimos– se hayan convenido instancias o procedimientos de acreditación.
Así se buscó, sin medir las consecuencias posteriores, jugarle al Estado en su propio escenario discursivo. No se discute el valor de la evaluación en sí, sino dónde se sitúa como instrumento regulador, quién la maneja y controla y quizá con qué criterios.

De esta manera, en medio de contradicciones y negociaciones, se van estructurando respuestas y generando modificaciones al interior del sistema universitario en estrecha relación con el discurso dominante de evaluación.

Tanto desde el gobierno como desde la opinión pública, la agenda respecto a la educación superior se halla restringida, además del presupuesto, al tema de la evaluación y acreditación. Los asuntos relacionados con el mejoramiento o la reforma no se discuten con la misma vehemencia.

La evaluación como práctica

El desarrollo y paulatina identificación con el discurso evaluador genera la aparición de nuevos actores: asesores; especialistas; técnicos ubicados en diferentes espacios universitarios, que de alguna manera encabezan el desarrollo de los procesos de evaluación.

Aparece, consecuencia de este énfasis de una no-política, como una actividad académica que, sin embargo, ha sido ya vaciada de su componente académico.

Las instituciones del sistema de la universidad pública de manera dispareja en cuanto a recursos destinados, invierten enormes esfuerzos estructurando organismos de evaluación, muchas veces postizos, y desarrollando todo tipo de procesos de evaluación cuya finalidad –más allá de la acreditación inmediata, o el cumplimiento del requisito– no queda clara.

Se identifican las siguientes características en dichos procesos:

  • Enfoque anclado en las coordenadas del paradigma hegemónico: calidad-excelencia-eficiencia-eficacia-efectividad.

  • Enfoque basado en la corriente empresarial que apunta al nivel institucional, a la gestión, administración de recursos, cumplimiento de metas, etc.

  • Equiparación de los términos medición, evaluación e inclusive acreditación.

  • Desarrollo de prácticas diversas, aisladas en algunos niveles institucionales, no conectadas con los niveles de planificación y ejecución.

  • Ausencia de reflexión colectiva y de compromiso de los actores para viabilizar los resultados de las mismas.

  • Predominio de evaluaciones burocráticas con fuerte énfasis en la evaluación para la acreditación

  • Procedimientos generalmente cuantitativos que además resultan en una visión general, pero formal y superficial de las características institucionales.

  • La mayoría de las veces no posibilitan visiones de fondo de problemas básicos que hacen a la calidad de los procesos como tampoco permite aproximarse a todo aquello que es complejo y no matematizable.

  • Simplificación y homogeneización de la realidad, para que esta pueda ser medida, cuantificada, comparada y quepa en los parámetros predeterminados. La realidad plural y compleja de la universidad no es considerada (Dias Sobrinho, 1989).

  • Énfasis en la legitimidad que otorga el desarrollo en sí del proceso y pérdida de interés en el mejoramiento o la transformación.

La evaluación, con esas características, actúa principalmente como legitimadora y no como transformadora. Al contrario de consolidar lazos entre las universidades del sistema de la universidad pública, poco estructurado, genera competencia entre las instituciones que lo componen, alrededor de qué se evalúa, de qué tan rápido se acredita y no así alrededor del mejoramiento de la calidad.

Se refuerza el discurso evaluador defensivo, legitimador, reactivo; útil para la universidad hacia afuera pero conservador hacia adentro. En suma, no está siendo empleada como una verdadera herramienta interna de autorreflexión, mejoramiento o transformación.

Los pocos cambios que pueden observarse tienen un carácter parcial, restringido a programas o unidades académicas y son justamente aquellas que contaban previamente con mejores condiciones organizacionales.

En definitiva, los beneficios más importantes que ha proporcionado la evaluación a la universidad, tienen que ver con el fortalecimiento de su imagen pública a través del manejo de un discurso que la coloca en buenas condiciones de negociación con el Estado, el reconocimiento social, el afianzamiento de una identidad de permanente mejoramiento, búsqueda de la calidad y modernidad, independientemente de lo que se haya encontrado mediante los procesos de evaluación o de la situación real de las instituciones.

En medio de las tensiones entre tradición y modernización, entre la historia de las instituciones y la necesidad de cambio, la evaluación surge como una respuesta no anclada en la identidad institucional, que a su vez muestra en su seno la coexistencia de paradigmas opuestos, generando impactos disarmónicos en el sistema universitario y sus instituciones. Por un lado crea fuertes mecanismos de competencia interinstitucional y, por otro, produce un silencioso rediseño institucional (Leite, 2000) que se orienta cada vez más hacia la adaptación a los paradigmas dominantes, y por ser justamente poco visible, de consecuencias inadvertidas e inclusive no deseadas para la universidad pública.

La evaluación como política simple y como política reflexiva

Beck entiende a la política simple como aquella política que juega dentro de las reglas de juego, mientras que la política reflexiva es una política modificadora de estas reglas y apunta a una política de la política, una metapolítica que concreta, por un lado, el cambio de sistemas de reglas de juego y por el otro lado la cuestión de qué sistema de reglas de juego debe elegirse.

En algunos casos se da una acción simultánea de la política simple y la política reflexiva generando situaciones de ambivalencia.

Al mismo tiempo de participar en el juego intentan, inventar e implantar nuevas reglas, con lo cual se ha perdido la perspectiva de qué es lo que se estaba jugando. Es un cruce de lo normal y absurdo (Beck, 1998) al que nos enfrentamos en todas partes.

Al parecer, la evaluación como política y subpolítica en Bolivia es al mismo tiempo, política simple y política reflexiva. La universidad ha pretendido cambiar las reglas de juego, dejándose dirigir por ellas y jugando dentro de este sistema, cayendo así, inevitablemente, en la ambivalencia y en el desgaste de sus propias iniciativas que finalmente parecen haber sido derrotadas, constituyéndose en una política “fachadista” (Beck, 1998), es decir, una política que cambia los nombres pero que en el fondo sirve para mantener los contenidos. La evaluación, por tanto, cumplió una función legitimadora pero no transformadora.

Esto, sin embargo, no es atribuible a un imperativo estatal, el Estado sigue sin concretarse como actor claro en la definición de las políticas, pues aparece como quien intenta poner en marcha sucesos que de todos modos están ocurriendo a pesar de él. En lugar de un estado de acción autoritario, surgió un estado de negociación que canalizó los discursos e intentó tener cierto control sobre los sucesos, que de todas maneras, se imponen desde abajo o desde afuera.

Sin embargo, el espacio de la subpolítica y, por tanto, de la política reflexiva, deja grietas suficientes como para pasar de la reflexividad a la reflexión, desmarcarse de las reglas de juego y quizás elegir otro sistema de reglas apropiado a las necesidad de generar verdaderas políticas de conocimiento y autoconocimiento ancladas en la identidad institucional.

En el caso concreto de la evaluación me animo a proponer al menos los siguientes movimientos, así como terminar con algunos cuestionamientos que nos ayuden a destruir para autoconstruir, es decir, para generar políticas reflexivas auto transformadoras.

  • Desvinculación de la evaluación respecto a la acreditación.

  • Cambio de la mirada centrada en la evaluación a una mirada centrada en el mejoramiento.

  • Redimensionamiento de los alcances de la evaluación como eje transformador hacia la evaluación como uno más de los medios necesarios.

  • Desplazamiento del eje de discusión sobre cómo evaluar la calidad hacia la discusión sobre qué es calidad para nosotros.

  • Desplazamiento de la atención respecto a cómo acreditar las instituciones hacia qué tipo de instituciones queremos y qué tipo de función social de la universidad pública deseamos priorizar.

  • Cambio de la mirada de la evaluación desde una visión económica empresarial, hacia la construcción de un discurso evaluador con una mirada educativa, pedagógica, a partir de un paradigma de lo humano y social.

Esto viene de la mano, por supuesto, de una serie de cuestionamientos compartidos en otros países (Mollis, 2001; Leite, 2001) que nos permiten el derecho a la duda, a la apertura hacia una mirada propia del discurso y la práctica evaluadora.

  • ¿Cuál es el sentido de la evaluación hoy, después de una década de procesos evaluativos?

  • ¿Cuáles son los valores implícitos en las políticas de evaluación y acreditación y qué valores dejaremos que sigan presentes en estas políticas, que nosotros mismos impulsamos y desarrollamos reproduciendo el discurso evaluador dominante?

  • ¿En qué medida las políticas de evaluación resultan pertinentes para mejorar la calidad de la educación universitaria?

  • Es posible pensar el concepto de evaluación sin el de calidad, y a su vez, ¿es posible construir un concepto de calidad que no nos refiera a la eficacia, la efectividad y la eficiencia?

  • ¿Cuál es el o los modelos de evaluación que conducirán a un verdadero cambio dentro de las instituciones? ¿Cuánto es realmente el aporte que se puede esperar de la evaluación como instrumento de cambio? Junto a esto, qué otras políticas se necesita generar, que sean capaces de remover la anquilosada estructura universitaria y orientar hacia la clarificación del tipo de institución que se desea ser?

Quizá la reflexión y discusión sistemática sobre estas preguntas permita definir la especificidad de las universidades públicas en cuanto tales, al servicio de un verdadero interés público y así poder trazar coordenadas propias de calidad con un sustento pedagógico, cultural y social.

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