Juan Carlos Argüelles: Otra Universidad... ¿es posible? (I)

Juan Carlos Argüelles: Otra Universidad... ¿es posible? (I)

La inauguración de un nuevo curso académico constituye ocasión propicia para reflexionar, en profundidad, sobre la situación de la Universidad española y sus perspectivas de futuro, asunto siempre viejo y siempre de actualidad. Tal reflexión parece pertinente porque la implantación obligatoria e inminente de la Convergencia europea amenaza con causar una revolución sin precedentes en nuestro sistema académico. Dicha convergencia ha motivado una proliferación de informes que, desde distintos ángulos se ocupan del problema universitario. De su lectura, se extrae la conclusión meridiana de que la Universidad actual es una institución manifiestamente mejorable; empero -y en mi modesta opinión- queda sin despejar la incógnita fundamental: saber si en la coyuntura actual otra Universidad es posible y qué cualidades deberían adornar el hipotético nuevo modelo universitario de este siglo XXI.

Cualquier análisis diagnóstico de la Universidad ha de partir necesariamente de las siguientes premisas básicas: (I) La Universidad es un estamento siete veces centenario que atesora una larga y compleja historia, que explica su presente y, tal vez, condicione su futuro; (II) La enseñanza superior es la culminación del proceso formativo que se inicia en la familia y abarca sucesivamente la educación primaria y secundaria. La evaluación reciente de dicho proceso -efectuada con parámetros internacionales- ha arrojado un resultado negativo, con déficits y carencias muy graves; (III) La evolución de la vida universitaria constituye un reflejo fiel de la propia evolución experimentada por la sociedad española en el último cuarto de siglo; (IV) Las posibles modificaciones de la Universidad estatal, deben partir de su tradicional configuración napoleónica como un servicio público, donde sus integrantes son funcionarios de la Administración del Estado con carácter vitalicio.

El marasmo intelectual vivido en las aulas universitarias españolas desde 1939 y durante la dura posguerra, experimentó un cierto despertar coincidiendo con el comienzo de la transición democrática de 1975, en el seno de una sociedad mucho más avanzada de lo que su anquilosado régimen presuponía. Dos circunstancias contribuyeron a este tímido renacer: el acceso masivo de los jóvenes a los estudios superiores y el desbloqueo en la convocatoria de plazas de profesorado. La masificación universitaria obedece a un conjunto complejo de razones socio-económicas y culturales, entre las que no hay que desdeñar el supuesto lustre social que proporciona colgar un título en la pared, aunque no garantice colocación profesional; este concepto burocrático relega la función de la Universidad a una mera expendedora de certificaciones académicas. A su vez, la resolución de las nuevas oposiciones propició, en muchos casos, luchas intestinas entre las grandes escuelas o clanes, presididas por catedráticos de renombre. La composición de los tribunales tendía a determinar la designación del profesor electo y los criterios de afinidad de grupo, la relación académica paterno-filial, o la dependencia feudal del vasallaje, prevalecía sobre otros méritos intrínsecamente docentes o investigadores.

Legitimado por la mayoría absoluta de 1982, el gobierno socialista desarrolló la Ley de Reforma Universitaria (LRU de 1983), que permitió resolver el viejo contencioso de los profesores no numerarios (PNNs), normalmente postergados en las tremebundas oposiciones; y concedió una amplia autonomía a las universidades para que elaborasen sus titulaciones y plantillas propias. En la práctica, la LRU ha fomentado la selección localista del profesorado, traducida en la manida endogamia universitaria, así como la utilización perversa de algunas figuras académicas, caso de los profesores asociados. Además, los equipos de gobierno se han convertido en gerentes de un complejo entramado, que abarca desde organizar la actividad académica hasta la gestión de infraestructuras, tipo edificios, zonas deportivas o red viaria. Las elecciones del 14-M de 2004, han dejado varada en dique seco la Ley Orgánica de Universidades (LOU) del Gobierno anterior, estando a la espera de que se concreten las modificaciones anunciadas por los nuevos responsables.

En paralelo, la asunción de competencias en materia educativa por las comunidades autónomas, ha auspiciado la proliferación de nuevas universidades, atendiendo con frecuencia a razones de conveniencia política, más que a necesidades estrictamente universitarias, aunque se hayan esgrimido argumentos de aspiraciones educativas, tamaño de población o demandas profesionales de áreas geográficas concretas. Si esos criterios podían ser ciertos en el pasado, no parecen sostenibles en la realidad actual; ni razones de índole cultural, exceso de matrícula o distancia geográfica, justifican el enorme costo de fondos públicos destinado a las nuevas universidades. Máxime cuando no se han seguido razones de excelencia y mérito objetivo en la elección de los docentes, y la oferta de enseñanzas se ha improvisado sobre la marcha. Ejemplo conspicuo de este último aserto, lo proporciona la última reforma de los planes de estudios en muchas carreras. Al socaire de adecuar los perfiles de los títulos a las necesidades del mercado laboral, se han diseñado programas de dudosa racionalidad académica y pedagógica, con nula coordinación interna, que acentúan los viejos vicios de la enseñanza memorística y repetitiva. Sí ha sido queja unánime que los alumnos sólo estudiaban pensando en el aprobado, ahora les condenamos a seguir esta estrategia pedagógica tan perniciosa. A menudo, los planes han servido de excusa para que los departamentos de mayor tamaño, impongan un exceso de sus materias que sirva de excusa para justificar la petición de nuevas plazas. Por otra parte, no es inhabitual que apenas exista sintonía entre los contenidos docentes de un mismo título impartido por dos universidades distintas.

La Verdad, 03/10/05