México: Proponen universidades blindaje frente a los intereses partidistas

México: Proponen universidades blindaje frente a los intereses partidistas
Temen que tiempos electorales influyan en la distribución de recursos en 2006
Representantes de instituciones recomiendan impulsar el modelo de asignación de dinero elaborado por la ANUIES
Celebran la liberación de fondos congelados del presupuesto 2005

Para evitar que los intereses partidistas y electorales repercutan en el presupuesto de las universidades, rectores y líderes de esas instancias impulsarán el modelo de distribución de recursos propuesto por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

En el segundo foro nacional temático sobre la educación superior, con el tema Pertinencia y oferta educativa, organizado por la ANUIES, el director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Villa Rivera, señaló que de estos encuentros saldrá una propuesta sobre los principales retos educativos, la cual será presentada al próximo gobierno federal.

Con la participación de rectores, académicos y empresarios, manifestó que esa propuesta tiene el objetivo de contribuir a que se defina una política pública que vaya aparejada con acciones congruentes.

Por ejemplo, apuntó Villa Rivera, el Plan Sectorial de Educación de la administración foxista es bueno, pero si se analiza en congruencia con los presupuestos destinados ha habido dificultades.

Expresó que no ha sido posible aplicar el modelo de distribución presupuestal de la ANUIES, porque no ha habido recursos adicionales. En ese sentido, consideró necesario contar en 2006 con una bolsa con apoyos extraordinarios, con el objetivo de poner en práctica ese proyecto.

Ese modelo propone la asignación de fondos a instituciones de educación superior mediante criterios equitativos y transparentes, a fin de darles certidumbre presupuestal.

Villa destacó que si el próximo jefe del Ejecutivo retoma el compromiso de destinar 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) a la educación comenzarán a solucionarse algunos problemas, aunque, precisó, "no todo es recursos", puesto que se requiere una "restructuración del sistema".

El secretario general ejecutivo de la ANUIES, Rafael López Castañares, al igual que los representantes de las instituciones de educación superior, manifestaron su beneplácito por la liberación de los 6 mil millones de pesos del presupuesto 2005 para el ramo que se mantuvieron congelados por la controversia constitucional interpuesta por el ejecutivo ante la Corte.

En ese contexto, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Mario García Valdez, señaló que es fundamental que se tome en cuenta el modelo de la ANUIES para la distribución de los recursos.

Esto con el objetivo de que los intereses partidistas no repercutan de manera negativa en los fondos de las universidades y que ''no seamos parte de ese juego de un color o de otro'', porque el único interés que debe guiar a las universidades es el institucional.

Precisó que en el caso de la universidad que dirige los recursos extraordinarios liberados ascienden a 59 millones de pesos.

En ese sentido, se dijo satisfecho con la resolución, porque estos apoyos representan una inyección importante. Sin embargo, la falta "no nos hizo daño porque era una expectativa adicional".

En tanto, el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, José Antonio González Treviño, confió en que los fondos adicionales -270 millones de pesos en el caso de su institución- lleguen lo más pronto posible, porque esos apoyos son necesarios para proyectos de largo alcance, como el fortalecimiento de la red de bibliotecas y la conectividad de la universidad.

Fuera de la universidad, 8 millones de jóvenes

Roberto Rodríguez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtió por su parte que si no se crean 100 mil nuevos lugares al año para la educación superior y se fija uno por ciento de inversión del PIB para ese nivel de enseñanza México no alcanzará ni 25 por ciento de cobertura para 2010.

El especialista destacó que "los retos de la atención a la demanda educativa son de tal tamaño que si no nos ponemos de acuerdo se generará un caos".

La presión sobre la cobertura, alertó, se focalizará en el futuro mediato en las universidades públicas, porque si bien es cierto que las privadas han experimentado un incremento notable en su matrícula -representan 35 por ciento del total en licenciatura y 48 por ciento en el posgrado-, también lo es que actualmente parecen haber agotado sus posibilidades, en razón de la disminución de la capacidad adquisitiva.

Al dictar la conferencia magistral que dio comienzo al foro, Rodríguez precisó que de 2000 a 2005 la cobertura en educación superior aumentó de 18.1 a 21.7 por ciento; sin embargo, están fuera de ese nivel unos 8 millones de jóvenes.

El experto destacó que no se puede apostar a que la expansión de la matrícula se dará por la vía de las instituciones de educación superior privadas, y precisó que el crecimiento de ese sector disminuyó su intensidad desde hace tres años.

En relación con los recursos, señaló que el financiamiento público respecto del PIB presenta retrocesos.

El proyecto de presupuesto que la Secretaría de Hacienda presentó "es muy malo", porque equivale a tres puntos menos para la educación superior.

De manera que existe resistencia de las autoridades federales para mantener el subsidio y, por otro lado, la tentación de los diputados de distribuir los recursos con criterios "no académicos".

Por otro lado, el especialista manifestó que la oferta ha ido donde está la demanda, pero esto ha generado también un fenómeno de "pulverización" y la creación de opciones que no cumplen con requisitos mínimos de calidad.

En ese sentido, dijo que el Estado tendría que impulsar como políticas públicas la creación de una Ley de Educación Superior que tenga el objetivo, entre otros, de regular la calidad de las instituciones educativas privadas.

Al mismo tiempo, es necesario reconocer que las llamadas escuelas patito existen para reflexionar sobre la forma de establecer un fondo de aseguramiento de calidad con componente público y privado, sostuvo.

La Jornada, 07/10/05