Editorial: EU: la barbarie penal

Editorial: EU: la barbarie penal

Los organismos humanitarios Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) unieron sus voces ayer para denunciar la situación de 2 mil 225 personas que cumplen sentencias de cadena perpetua en cárceles estadunidenses por delitos cometidos cuando eran menores de edad. De ellas, 356 ­16 por ciento­ delinquieron cuando tenían entre 13 y 15 años. En el resto del mundo, las organizaciones de derechos humanos referidas sólo encontraron un total de 12 individuos en situación semejante. En el país vecino, el índice de menores de raza negra condenados a prisión de por vida es 10 veces mayor que el de blancos.

Alison Parker, de HRW, señaló que "si son muy jóvenes para votar o comprar cigarrillos, son también muy jóvenes para pasar el resto de su vida tras las rejas". Por su parte, David Berger, abogado de AI, dijo que "los menores que cometen delitos graves tienen todavía la capacidad de cambiar y mejorar su vida".

Esta situación judicial y penitenciaria se traduce en graves atropellos a instrumentos de la legalidad internacional, como la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por todos los países, con excepción de Somalia y del propio Estados Unidos; es, además, un agravio al sentido común, pues poner en prisión por el resto de su existencia a un ser humano que no ha terminado de formarse ­y de quien, por eso mismo, no debiera exigirse un grado de responsabilidad equiparable al de los adultos­, implica desconocer nociones básicas de la humanidad y de la vida.

Más allá de esas consideraciones, el panorama de los reclusos condenados a cadena perpetua por delitos de juventud e infancia presenta un retrato fiel de la percepción que las instituciones del país vecino tienen de la justicia: el propósito final de ésta no es, en su perspectiva, prevenir y erradicar el delito y hacer más viables las relaciones entre los individuos de una comunidad, sino funcionar como una maquinaria punitiva para que la autoridad pública se cobre venganza, en nombre de la sociedad, por los agravios de los infractores.

Demás está decir que en semejante concepción no hay cabida para las ideas de rehabilitación y readaptación social de los transgresores, independientemente de la edad que tengan al momento de delinquir. La etiqueta de "compasivo" que se cuelga el conservadurismo gobernante, de raíz integrista cristiana, revela, cotejada con esta realidad, toda su hipocresía. Por coincidencia o no, el trato judicial que Estados Unidos otorga a los menores infractores encaja a la perfección con los rudimentos de ideología que manifiesta el gobierno de George W. Bush, el más significativo de los cuales es una visión del mundo maniquea, inmutable y elemental, en la cual todo se reduce a una lucha entre el bien y el mal.

Es revelador, por otra parte, que la nación que se reclama como adalid mundial de la democracia, la libertad y los derechos humanos, mantenga en celdas vitalicias a individuos que cometieron delitos cuando eran niños o jóvenes, y que apenas en marzo de este año la Corte Suprema de Justicia de Washington prohibió, en una votación dividida y muy ajustada (cinco votos en favor, cuatro en contra), aplicar la pena de muerte en tales circunstancias. Es significativo, también, que ese país, con 59 ajusticiamientos en 2004, ocupe el cuarto sitio en la lista de países que recurren con mayor frecuencia a ese castigo inhumano, bárbaro y degradante, sólo por debajo de China (3 mil 515 ajusticiamientos, el año pasado), Irán (159) y Vietnam (64). Es revelador, asimismo, que en Estados Unidos haya más jóvenes negros en las cárceles que en las universidades, y que 46 por ciento del total de los reclusos sean afroestadunidenses, frente a 36 por ciento de blancos, lo que representa una desproporción en un país cuya población se compone en 82 por ciento de blancos y 13 por ciento de negros.

En suma, la justicia y el sistema penitenciario en Estados Unidos son entidades que se ceban no contra los delincuentes más peligrosos, sino contra los más débiles: niños, jóvenes y negros.

La Jornada, 13/10/05