México: Promueven dar marcha atrás a la reforma a Ley de Educación

México: Promueven dar marcha atrás a la reforma a Ley de Educación
La reforma que aprobó el Pleno de la LX Legislatura del Estado violenta las garantías individuales y los principios de equidad y proporcionalidad

La Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior, A.C. (FUIPES) promoverá que se dé marcha atrás a la reforma a la Ley de Educación vigente en la entidad veracruzana, la cual entró en vigor el 15 de agosto pasado, con la finalidad de evitar que la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) cobre refrendos anuales por los Registros de Validez Oficial de Estudios (REVOE) que se otorgan a las escuelas privadas.

Los representantes de las instituciones educativas afiliadas a la FUIPES manifestaron que la reforma que aprobó el Pleno de la LX Legislatura del Estado violenta las garantías individuales y los principios de equidad y proporcionalidad.

Incluso, los representantes de las instituciones educativas recriminaron a la Comisión de Educación y Cultura que no hayan sido tomados en cuenta para la reforma a la ley en cuestión, ya que “la decisión se tomó unilateralmente”.

“Nos interesa que no nos cobren lo que no se puede cobrar”, señaló el presidente de la FUIPES, Elías Galicia Bravo.

Ayer, la Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior A.C. celebró el primer congreso de la FUIPES bajo el lema “Análisis a las reformas a la Ley Estatal de Educación”, donde se analizaron las reformas que aprobó el Pleno del Congreso local a la legislación en la materia durante la sesión que se celebró el 29 de julio pasado.

Antecedentes

Cabe recordar que el Pleno de la Legislatura local aprobó reformas a los artículos 77, 78, 82 y 86 de la Ley de Educación vigente en la entidad.

Estas reformas, que presentó el diputado perredista Uriel Flores Aguayo, contribuirían a la ampliación de las ofertas educativas y al aprovechamiento de las posibilidades de inversión privada para mejorar la calidad de la educación.

De acuerdo con el dictamen que presentaron los diputados José Alejandro Montano Guzmán, Uriel Flores Aguayo y María del Carmen Pontón Villa, quienes integran la Comisión de Educación y Cultura, determinaron que la ausencia de mecanismos efectivos de control y la negligencia de autoridades responsables de la vigilancia de la ley, generaron el desprestigio tanto para la enseñanza particular como para las autorizaciones o el reconocimiento de validez oficial de estudios que otorgan las autoridades educativas.

Los legisladores de la Comisión de Educación y Cultura determinaron que: “El fraude educativo está presente en la entidad; con la intención de encontrar una válvula de escape al problema político que significa para las instituciones públicas tener anualmente un número creciente de rechazados se respondió con el indiscriminado reparto de autorizaciones y reconocimientos de validez oficial a un gran número de instituciones educativas que no reúnen los requisitos mínimos para cumplir su cometido, desde el punto de vista técnico pedagógico, se trata, obviamente, de la denominadas escuelas y universidades patito”.

Según los legisladores, hay “instituciones” que funcionan en bodegas, casas habitación, hasta departamentos, y que ofrecen servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y hasta universidades que ofrecen licenciaturas, postgrados en tiempos récord y titulaciones exprés.

Pero consideraron que también existe la modalidad del fraude educativo, donde el alumno invierte su tiempo, dinero y esfuerzo para descubrir con posterioridad, casi siempre al concluir los “programas”, que la escuela -a la que asistió- es inexistente legalmente porque carecía de la autorización correspondiente o del reconocimiento de validez de estudios.

En ese sentido, el párrafo segundo de la fracción tercera del artículo 78 quedó de la siguiente manera: “Los particulares deberán refrendar anualmente las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios que les hayan sido otorgados”.

Mientras que el artículo 82 establece que la SEC deberá “aplicar un programa anual de inspección y vigilancia de cada uno de los servicios educativos respecto de los cuales haya concedido autorizaciones o reconocimientos para verificar el cumplimiento de lo dispuesto por la ley; copia de este programa y de los resultados obtenidos será remitida a la Comisión Permanente de Educación y Cultura del Congreso, para su evaluación”.

Plantean contrarreforma a la ley de educación

No obstante, los representantes de las instituciones educativas se pronunciaron en contra de la reforma a la Ley Estatal de Educación por considerar que se trata de una observación legal que violenta las garantías individuales plasmadas en la Constitución Política federal y los principios de equidad y proporcionalidad.

Si bien el presidente de la FUIPES, Elías Galicia Bravo, se declaró en contra de la existencia de escuelas patito en la entidad veracruzana, también fijó su postura en torno a los refrendos anuales para las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios que les hayan sido otorgados por la SEC.

Al foro asistió el diputado local del PRD, Uriel Flores Aguayo, quien justificó la reforma a la ley, pero también reveló que el Congreso será más estricto con la SEC, ya que, dijo, la complicidad entre las autoridades educativas y los representantes de las instituciones privadas fomentan la existencia de las escuelas patito.

“Tenemos que ser muy estrictos con la SEC, fincarle responsabilidades y en caso de que no lo haga tenemos que cesar a los funcionarios que pudieran estar coludidos con este tipo de personas, porque no se puede seguir tolerando que se dé a los muchachos gato por liebre”, advirtió.

Según el legislador perredista, la sociedad veracruzana se encuentra ante un caso de flagrancia de la autoridad educativa que sabe en dónde se ubican las escuelas irregulares pero nada hace por solucionar la problemática.

No obstante, el rector de la Universidad de Las Américas, Arturo Mattiello Canales, quien formara parte de la LVII Legislatura del Estado, señaló que la reforma al artículo 78 de la Ley de Educación se convirtió de una ley imparcial en una ley discrecional.

Si bien reconoció que la reforma al artículo 82 de la Ley Estatal de Educación representa un esfuerzo loable para impedir la aparición de escuelas patito, el ex diputado local indicó que los refrendos representan una violación a las garantías individuales porque la aplicación de una ley no debe ser retroactiva.

Por su parte, el director del Centro de Estudios Superiores del Norte de Veracruz, Lauro Aguirre Guzmán, quien funge como vicepresidente de la FUIPES, reiteró que los diputados que integran la Comisión de Educación y Cultura nunca los convocaron para opinar respecto a la reforma que se realizaría ni para conocer los términos en que quedaría el texto legal.

Tras la exposición de ideas por parte de los participantes en el foro, el presidente de la FUIPES, Elías Galicia Bravo, mencionó que promoverán una contrarreforma a la ley con el objeto de que se derogue lo relativo a los refrendos anuales y se busque otro mecanismo de control para el otorgamiento de los REVOE a las instituciones de reciente creación.

“Se debe abrogar, derogar el párrafo del refrendo porque se trata de una violación al texto constitucional”, insistió Mattiello Canales.

Milenio, 15/10/05