Luis Pásara: La mercantilización de la educación universitaria

Perú
Luis Pásara: La mercantilización de la educación universitaria

Investigador del Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal de la Universidad de Salamanca (España)

Síntesis: La oferta universitaria se ha masificado al costo de una sensible rebaja en su calidad. Se ofrecen mayores facilidades para graduarse, a cambio de un pago del alumno. Éste sólo desea un título, pues ciertas astucias e importantes contactos le resultarán más rendidores que el saber académico alcanzado. Al final, los estafados serán los clientes que irán a buscar sus servicios profesionales y no recibirán casi nada a cambio de lo que paguen.

El fenómeno es, hasta cierto punto, mundial. Pero los niveles que alcanza en el Perú son llamativos, dado que la oferta universitaria se ha masificado al costo de una sensible rebaja en su calidad. En otras palabras, el país no tiene las condiciones para producir el número de profesionales que se gradúan pero, como en otras materias, la consecuencia desemboca en el terreno del “todo vale”.

No me refiero sólo a los casos escandalosos: filiales universitarias, sin ningún control académico, se multiplican a lo largo del país, ofreciendo no formación profesional sino títulos. El asunto no engaña a las partes. De un lado, se ofrece las mayores facilidades posibles para graduarse, a cambio de un pago del alumno. De otro, el alumno no espera aprender y ser formado: apenas requiere el título con el que saldrá a la selva del ejercicio, en el conocimiento de que ciertas astucias e importantes contactos le resultarán más rendidores que los saberes académicos.

Los estafados son los clientes que, indefensos, irán algún día a buscar los servicios de un profesional y no recibirán casi nada a cambio de lo que paguen. De este modo, la altísima “imperfección del mercado”, sin controles de calidad ni entidades regulatorias ocasiona al consumidor un daño mucho más grave en la educación universitaria que en otros terrenos.

Detrás de esa perversión está un marco normativo que ha consagrado la educación universitaria como un negocio. Ciertos inversionistas se reúnen –mejor si alguno de ellos es congresista–, ubican un nicho de mercado y crean una universidad. Los requisitos que deben cumplir, según la ley, no les serán exigidos en los hechos, medien o no coimas para ello. Después de un periodo de funcionamiento provisional, la universidad se integrará a un régimen institucional, en el que hará lo que sus dueños decidan, amparados en la autonomía universitaria y el principio de la libre empresa.

Ésas no son todas las universidades del país, pero algo de ese espíritu parece sí haber contagiado a todas. Cuando una universidad –de las tradicionales y que gozan de cierto respeto– decidió duplicar sus vacantes en la Facultad de Derecho, por razones exclusivamente presupuestales, se demostró que el virus había llegado lejos. Porque en esa facultad no había –y no hay– profesores competentes para mantener seis secciones con un nivel académico aceptable. No importa: los alumnos pagan y, como educar en derecho es barato, los ingresos resultan muy rendidores. Se beneficia así sólo a las finanzas de la universidad.

Es verdad que, a una primera mirada, este caso real, podría no considerarse grave en un contexto en el que hay alumnos que “bajan” trabajos de Internet todos los días, cierto número de profesores cobran o acosan sexualmente por dispensar notas aprobatorias, las tesis pueden ser encargadas y hasta se fabrica títulos profesionales. Pero que las universidades que creímos reserva de calidad académica y cierta ética institucional hayan entrado al juego de la mercantilización, indica en qué punto estamos.

Es difícil depositar esperanza en los actuales mecanismos externos a cada universidad. La Asamblea Nacional de Rectores es un mercado donde se intercambian favores y silencios. Nadie tira piedras en techo ajeno para que no le quiebren el propio. Y así la fiesta sigue en paz. El reciente nombramiento, por la Asamblea y con una votación abrumadora, de un representante ante el Consejo Nacional de la Magistratura –¡que designa a todos los jueces y fiscales del país!– de una persona que tiene dos procesos penales en curso es suficiente para saber lo que puede esperarse de esa instancia.

Palestra, Abril 2005