Rafael Feito Alonso: La rebelión de los privilegiados: La polémica sobre la LOE

Nada más y nada menos que cerca de medio millón de personas han pedido en las calles de Madrid la retirada de la Ley Orgánica de Educación. ¿Cómo es posible que una movilización basada en la mentira haya sido capaz de movilizar a tanta gente?

Dado que pienso que la gente no es tonta, me pregunto qué es lo que en realidad ha sido capaz de movilizar a tantas personas. Decía Max Weber que la escuela es una institución hierocrática: al igual que la Iglesia, la escuela dispensa bienes de salvación. En el caso de la primera sería el paraiso y en el caso de la segunda serían las credenciales educativas, las cuales permiten ocupar una mejor posición en el mercado de trabajo.

Las leyes educativas que ha aprobado el PSOE han ido en la misma dirección: garantizar una educación de calidad para todos. Esto se ha traducido en el llamado principio de comprehensividad: en la educación obligatoria -la primaria y la secundaria obligatoria- todos los niños y niñas estarán en las mismas aulas y cursarán básicamente el mismo currículo.

Pese a que no hay ningún dato o investigación que así lo atestigüe, los grupos conservadores se ha apresurado a propalar la falacia de que juntar a los “buenos” y a los “malos” alumnos redundará en un empeoramiento de los niveles educativos. Lo sensato, según estos planteamientos, sería escolarizar –antes de los 16 años- a los alumnos más académicos en itinerarios orientados hacia la universidad y a los menos identificados con la escuela llevarlos a itinerarios de corte profesional-manual. Sin embargo, muy sensatamente el PSOE y las fuerzas progresistas han optado, al igual que hacen países que salen muy bien parados en los informes PISA, por mantener a todo el alumnado junto hasta el final de la educación obligatoria.

Desde hace algunos años se ha detectado una masiva huida de buena parte de lo que grosso modo se puede llamar clase media –profesionales universitarios, trabajadores de cuello blanco, pequeños propietarios- hacia la escuela concertada y privada. Esta especie de white flight (huida de los blancos) guarda estrecha relación con la idea de que una escuela pública que no diferenciase socialmente, en la que sería posible que buena parte de los hijos de las clases trabajadoras manuales y de los gitanos e inmigrantes obtuvieran buenos resultados escolares, sería una escuela que restaría posibilidades de que solo los hijos de los ya privilegiados obtuvieran las titulaciones educativas que facilitan el acceso a los mejores empleos.

Los datos que aporta el último informe PISA son contundentes. No sólo hay una gran correlación entre el nivel socioeducativo de la familia y el rendimiento escolar, sino que también lo hay con el nivel socioeducativo medio de las familias del centro. En la medida, como ocurre, que los padres y madres con mayor nivel educativo se vayan a la privada y a la concertada el nivel de la pública descenderá. Esto daría lugar a un efecto de “sálvese quien pueda”, de que hay que abandonar el barco de la pública, la cual quedaría relegada a una especie de beneficencia pública para quienes no puedan permitirse otra cosa.

Todo esto es lo que subyace a las proclamas que la LOE no permitiría la libertad de elección de centro. Es sabido que los centros concertados gozan de una elevada capacidad no tanto para ser elegidos como para elegir a su clientela. La LOE, que en esto no hace más repetir lo que ya dice la legislación vigente, plantea que si estos son centros sostenidos con fondos públicos han de respetar unos criterios universalistas de escolarización. No es de recibo que haya centros concertados que exijan cuotas para impartir horas extras de materias obligatorias o cuyo comedor –incluso con la misma contrata que el público que tienen al lado- sea más caro que el de los centros públicos –a veces, como denunciaban algunos directores de centros públicos del madrileño distrito de Fuencarral carecen de comedor pero están concertados con un restaurante que cobra una cantidad considerable-.

¿Dónde está la libertad de elegir de quienes no tienen un nivel de renta que les permita afrontar estos pagos? ¿No es lógico que exista una comisión zonal de escolarización que vele para evitar fuertes desequilibrios sociales o étnicos entre los centros? ¿Sería acaso la libertad de elección de centro un valor que impidiera garantizar la cohesión social?

En la carta modelo que los centros católicos han distribuido a las familias con motivo de la manifestación del 12 de noviembre se dice, nada más y nada menos, que la ley “no exige la aceptación de los alumnos/as y de sus familias” el ideario y el proyecto educativo. Ahí es nada. ¿Podemos tolerar esta violación de nuestro ordenamiento constitucional? ¿Cuándo un padre o madre acuda a un centro católico a escolarizar a su hijo deberá declarar sobre sus creencias y además sobre las de su hijo? Por otro lado no tiene desperdicio la posible confusión entre los términos ideario –la legislación habla de carácter propio- y proyecto educativo. El ideario-carácter propio lo oferta la entidad titular –habitualmente una orden religiosa. Sin embargo, el proyecto educativo lo elabora y aprueba el consejo escolar de centro. Si en ese consejo los padres tienen suficiente fuerza como para convencer a otros estamentos de la comunidad educativa el proyecto se modificará democráticamente. Es decir, el ideario es inamovible, mientras que el proyecto educativo debe someterse a revisión periódica.

De todos modos la iglesia es consciente de los escasos réditos de la labor evangelizadora de sus centros. La gente lo que quiere, en realidad, son centros educativos relativamente baratos –no del todo gratuitos- que garanticen que sus hijos van a ser educados con niños parecidos a los suyos. Esto significa entrar en el terreno de la tribalización social. Si algo debe hacer la escuela, sobre todo en una sociedad tan atomizada como esta, es garantizar el conocimiento del otro, del que es distinto a mí. Es algo similar al tabú del incesto: para que exista una sociedad no queda más remedio que formar familia con quien no pertenece a la tuya. A la hora de elegir centro escolar cada padre/madre debe ser consciente de que si elige la pública opta por una sociedad más integrada, más cohesionada y más democrática. Por el contrario –y soy consciente de que hay excepciones-, si prefiere un centro concertado o privado opta por una sociedad elitista, fragmentada y menos democrática.

* Rafael Feito Alonso. Profesor de Sociología de la UCM.

Rebelión, 15/11/05