México: Escuelas `patito` corrompen la abogacía

México: Escuelas `patito` corrompen la abogacía
Imparten Derecho con reconocimiento oficial, pero sin recursos de calidad. Se aprovechan del poco espacio en instituciones reconocidas y sus egresados propician la corrupción de poderes judiciales por su incapacidad para representar a sus clientes, a quienes ponen en riesgo

Impartir la carrera de Derecho se ha convertido en un negocio en el que miles de jóvenes son defraudados al pagar a escuelas particulares por una educación deficiente que por lo general los lleva, cuando egresan como supuestos abogados, al subempleo o a engañar a las personas que ponen en sus manos su libertad, honor o patrimonio.

Pero lo más grave es que este tipo de escuelas han proliferado en la última década sin que las autoridades educativas, tanto federales como estatales, hayan hecho algo para impedirlo, de acuerdo con estudios, análisis y opiniones de las universidades más reconocidas del país, catedráticos, jueces y organizaciones de abogados.

Por el contrario, el problema se ha acrecentado por las amplias facilidades que otorgan las autoridades educativas para que operen este tipo de escuelas sin cubrir con los requisitos mínimos indispensables como sería contar con planes de estudios que garanticen la formación integral de un abogado, una planta docente de calidad e instalaciones adecuadas para el aprendizaje y en buen estado.

En el país existen aproximadamente 800 escuelas que ofrecen la carrera de Derecho, ubicada como la de mayor demanda en todo el territorio nacional, pero se estima que sólo alrededor de 20 por ciento de estas instituciones cuenta con un nivel de calidad educativo considerado suficiente para impartir esta profesión.

Los datos son más alarmantes, de acuerdo con estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la más antigua y reconocida de México, si se toma en cuenta que de este 20 por ciento de escuelas aptas para impartir la carrera de Derecho únicamente la mitad alcanzan el nivel de "altamente calificadas", rango en el que sólo pueden estar las que disponen de estudios de postgrado o programas avalados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Un secreto a voces

Oficialmente no existe alguna lista que permita identificar a las escuelas que imparten la carrera de Derecho sin reunir con los requisitos mínimos que permitan garantizar la formación de abogados aptamente calificados para el desempeño de su función.

Pero en la vida cotidiana de los poderes Judiciales del país, de las universidades de reconocido prestigio, de los colegios de abogados, en fin, de los diversos sectores del mundo jurídico, son conocidos los casos de supuestos abogados con una formación deficiente que terminaron dedicándose a otra actividad o que afectaron la libertad o el patrimonio de alguno de sus clientes.

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconocen que abogados con una formación deficiente o considerados como "malos" los hay egresados de todas las universidades, inclusive de las de mayor prestigio.

La diferencia es que los "malos abogados" egresados de universidades con altos niveles de calidad educativa son los menos, mientras que los que se salen de universidades de bajo nivel educativo son, a veces, "la mayoría". Y eso se detecta, actualmente, sólo en la práctica.

El profesor de Derecho Penal y magistrado federal, Ricardo Ojeda Bohórquez, platica tan sólo uno de los casos que le ha tocado vivir de cerca.

"Un joven, dice que estudió en una escuela no reconocida presumía haber terminado la carrera de abogado en tan sólo tres años, y en alguna ocasión su familia le encomendó un asunto; él, en secreto, contrató a otro abogado, previo pago de honorarios; por lo que, posteriormente, desilusionado, se olvidó de la profesión".

"Ahora recuerda el magistrado, aquel joven es un buen cantante en un trío".

Loretta Ortiz, titular del área de Derecho de la Universidad Iberoamericana, reporta que tan sólo en la ciudad de México hay cerca de 175 facultades, escuelas o similares en las que se ofrece formar a abogados, en algunas de ellas, hasta en dos años.

Víctor Manuel Muñoz Cervantes, uno de los catedráticos de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle dedicados al estudio de este tema, asegura que "la situación actual es preocupante, toda vez que estas `escuelas` prácticamente están defraudando a sus estudiantes, ya que les ofrecen licenciaturas al `vapor` y a bajos costos, lo que las hace atractivas a los jóvenes, quienes tienen la esperanza de obtener un `título` casi de inmediato, que les de la posibilidad de encontrar un trabajo, y al final se dan cuenta que no están debidamente preparados para ejercer una profesión, lo que al final se traduce en un rotundo fracaso".

El director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Fernando Serrano Migallón, también coincide en este punto, si estas escuelas, dice, en muchos casos ni siquiera cuentan con instalaciones que garanticen seguridad, higiene y condiciones de docencia, obviamente el resultado será que a la mayoría de sus egresados les será difícil insertarse en un campo laboral cada vez más competitivo, aún cuando su "inversión" les proporcione su título y cédula profesional.

De defraudados a defraudadores

Pero este no es el principal problema que propicia este tipo de escuelas, conocidas como patito. Desde mayo del 2003, en un foro organizado en la UNAM, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios del país, Diego Valadés, advertía que la educación que se imparte en este tipo de universidades privadas acaba también por ser un "muy mal negocio para la justicia mexicana".

"Porque explicaba muchos egresados de esas escuelas salen sin saber, sin tener nociones de derecho mexicano y salen con el propósito de corromper a los funcionarios del Poder Judicial Federal, de los poderes judiciales estatales, de los agentes del ministerio público".

Por eso, advertía que "ahí tenemos uno de los problemas más serios que hay en este momento en el país y que no hemos atendido en cuanto al mejoramiento de la impartición de justicia".

El presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Fabián Aguinaco, coincide en denunciar que un abogado con una formación deficiente afecta la impartición de justicia desde el momento en que engaña a sus clientes, a quienes no puede representar adecuadamente, poniendo en riesgo su patrimonio, su libertad y su honor.

La profesora Loretta Ortiz recuerda que "una mala preparación de los abogados incide necesariamente en la impartición de justicia y en todas aquellas áreas donde se requiere de un abogado".

Un abogado con estas características, afirma Jorge Nader, director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, representa un riesgo "muy grave, sobre todo tomando en cuenta que la actividad que desempeña se basa en la confianza frente a sus clientes, quienes ponen en manos de un abogado sus bienes y, lo más valioso que puede tener una persona, su libertad".

El magistrado del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en la ciudad de México, Ricardo Ojeda Bohórquez, opina que un litigante con una preparación deficiente representa "un fraude para quien requiera sus servicios e ineficacia para las instituciones que los contraten".

Por eso, dice, la sociedad debe saber que hay escuelas que no preparan adecuadamente a los abogados y que, en consecuencia, corren un riesgo al contratarlos.

El origen del problema

De acuerdo con los análisis que ha hecho la UNAM sobre este tema, este problema se origina "fundamentalmente debido a la falta de espacio en las universidades públicas existentes, y escuelas privadas de reconocido prestigio. En los últimos años, ha sido escasa la apertura de nuevas ofertas públicas de educación superior, y esto ha provocado una excesiva apertura de establecimientos a los que los jóvenes acuden desesperados porque cobran poco y quedan cerca de su casa o del trabajo".

"Estas escuelas aprovechan un sector del mercado identificado con bajos ingresos y deficiente educación preparatoria que le impide acceder a la educación pública de calidad y a la educación privada cuyo costo es superior a sus capacidades económicas".

El profesor Víctor Manuel Muñoz Cervantes asegura que los factores que han propiciado este problema son variados, pero estima que el principal es que las autoridades educativas federales, estatales e incluso las universidades autónomas no son lo suficientemente estrictas para verificar que las escuelas a las que les otorgar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (Revoe) cumplan con todos los requisitos para impartir una educación de calidad.

José Roldán Xopa, catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), también concluye que el origen del problema radica, principalmente, en que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las universidades autónomas que otorgan el Revoe no exigen que una institución cuente, por ejemplo, con una planta de profesores de tiempo completo.

Lo cual, dice, se conjuga con el hecho de que es una carrera a la que las escuelas no le tienen que invertir mucho dinero, porque para que comiencen a operar en ocasiones sólo ocupan unos cuantos salones y unos cuantos profesores que impartan todas las materias, incluso, sobre la base de apuntes de libretas en lugar de libros.

Todo esto acarrea desprestigio contra una de las carreras más dignas, la de abogado, lamenta Fernando Serrano Migallón, quien recuerda que este tipo de escuelas están proporcionando una pobre educación a los sectores que en sus inicios tenían en la Facultad de Derecho de la UNAM, "uno de los mejores elementos de movilidad social".

El Universal, 19/11/05