Edward S. Herman: La soberanía de las empresas y la ciencia basura

Edward S. Herman: La soberanía de las empresas y la ciencia basura
Título original: Corporate Sovereignty And (Junk) Science
Autor: Edward S. Herman
Origen: Z Net
Traducido por Mateu Llas y revisado por  Germán Leyens, febrero de 2001

La afirmación de que los consumidores son soberanos, ya que, en último término, son sus demandas las que gobiernan el sistema, con unos productores que se dedican únicamente a satisfacer sus deseos y necesidades es uno de los grandes mitos y principales justificaciones ideológicas del capitalismo. En realidad, gracias a su inmenso poder y cantidad de recursos, los soberanos son los productores y no los consumidores.

Todo esto se hace dramáticamente evidente si se examina la historia reciente de la industria química, cosa que nos lleva a afirmaciones como que "se ha permitido que los intereses de las empresas dicten la política nacional", como se reconocía en un informe excepcional de 1965 del Comité Científico Consultivo del Presidente  titulado La restauración del nivel de calidad del medio ambiente, realizado justo después de la aparición del libro de Rachel Carson  Primavera Silenciosa (1962). De acuerdo con estos intereses, los productos químicos  se pueden introducir en el mercado sin ninguna comprobación de su seguridad y es responsabilidad de consumidores y público demostrar sus peligros. Aquellos que han sufrido lesiones o muerto como consecuencia de productos químicos, o sus allegados, pueden demandar por los perjuicios, pero no sólo es que, injustamente, quede en sus manos la responsabilidad de aportar las pruebas, sino que los individuos afectados se encuentran con una enorme desventaja para encontrar apoyo, debido a las dificultades en demostrar las acusaciones y el desequilibrio entre los recursos del demandante y los de los productores. Estas dificultades se deben principalmente a las estrategias legales y las tácticas informativas  de los productores e incluso se tienen presentes en las políticas comerciales de las empresas. Así, por ejemplo, una memoria hecha pública en una demanda contra la Ford por los daños producto del depósito de combustible de un Ford Pinto defectuoso demostraba que la compañía era perfectamente consciente del defecto, pero que calculó que el coste de las mejoras necesarias era, probablemente, más grande que los gastos en las demandas por daños y perjuicios que tendría que pagar la compañía como consecuencia del mal estado del depósito.

Si la soberanía fuese de los consumidores, o si ésta fuese una comunidad verdaderamente democrática, los principios aplicables a derechos y obligaciones en la producción estarían centrados en la precaución y las responsabilidades apuntarían en sentido inverso. Es decir, los productos no llegarían al mercado sin una cuidadosa evaluación de su seguridad, basada en un completo y escrupuloso examen (principio de precaución); y la responsabilidad por los fallos en asegurar la seguridad recaerían en los productores (el principio de responsabilidad invertida). Bajo la soberanía de los productores, estos principios son rechazados en favor del principio de "que se cuide el comprador " (el comprador debe preocuparse de los riesgos), y tal selección se basa en  la habilidad de los poderosos de institucionalizar los derechos que les convienen.

El derecho a envenenar de la industria química

Los fabricantes de productos químicos deben superar, por supuesto, un examen de mercado - que los productos sean competitivos – pero puede que sus productos hagan aquello para lo que se diseñaron (por ejemplo, matar mosquitos) a costa de unos efectos secundarios extremamente perjudiciales. Obviamente, si los trabajadores o los consumidores que usan un producto enferman y mueren por estar en contacto con él, el artículo no se venderá, pero si los efectos dañinos sobre los usuarios, sobre terceras personas o sobre el medio ambiente en general, no son evidentes desde el primer momento, los fabricantes pueden ser capaces de venderlos con gran provecho durante largo tiempo y, con un efectivo uso de la ciencia basura  empresarial y una sucesión de pleitos, pueden conseguir mantener indefinidamente los beneficios por encima de los costes generados por la demandas legales por los daños causados.

En economía, a los efectos perniciosos se les califica de "externalidades", es decir, casos en los cuales los costos que comporta un negocio se imponen a terceros, e incluso en casos en que, de acuerdo con la economía ortodoxa, el mercado "falla". Si la revolución científica química (y biológica) ha traído consigo la invención de muchos productos con potenciales efectos negativos externos sutiles y a largo plazo, los efectos de un sistema de soberanía de los productores pueden ser catastróficos. Incluso puede llegar a constituir una seria violación de los derechos humanos, si el dolor, la enfermedad y la muerte se imponen sobre grandes números de personas tratando de mantener bajos los costes, sustrayendo información al público y eludiendo la obligación de responder de los perjuicios y asumir responsabilidades.

La industria de los productos químicos creció rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial, basada en gran parte en el desarrollo de compuestos orgánicos sintéticos basados en el petróleo, compuestos que incluyen productos "milagrosos" como el DDT y los plásticos basados en el cloruro de vinilo (VC). Como estos maravillosos productos mataban mosquitos y otras plagas de insectos con gran efectividad (DDT) o constituían materiales primarios baratos (VC), se vendieron agresivamente y se usaron ampliamente, sin preocuparse de los efectos secundarios.

Antes de que estos efectos secundarios empezasen a recibir una atención significativa amenazando las prácticas de la industria, se había construido una gigantesca estructura de intereses, centrada en los productores químicos, con unas ventas en 1997 de 247.000 millones y unos beneficios de 19000 millones de dólares, que incluyen clientes industriales, granjeros dependientes de los pesticidas, científicos al servicio de la industria y los departamentos de agricultura estatales y federales. Cuando en los 70 se promulgó una cierta regulación, esta estructura de poder no tuvo problemas para obtener derechos "retroactivos" para continuar produciendo las decenas de millares de productos químicos que ya estaban en el mercado sin ninguna garantía de seguridad, y para los nuevos productos, la única obligación de los productores era informar de cualquier efecto pernicioso a la EPA (Agencia de Protección Ambiental) - pero no al público.

Lo que esto significa, y una de las lecciones de Primavera Silenciosa de Rachel Carson, así como de los convincentes trabajos de Samuel Epstein (La política del cáncer, 1978), Sandra Steingraber Arrastrados por la corriente, 1996), Dan Fagin y Marianne Lavelle Engaños tóxicos, 1996) y Theo Colborn, Dianne Dumanoski y John Myers (Robando nuestro futuro, 1997), es que los soberanos fabricantes de productos químicos han sido capaces de poner en peligro a la población entera y al sistema ecológico, convirtiéndoles en conejillos de indias de un gigantesco experimento para comprobar los efectos de un inmenso aluvión de productos químicos posiblemente venenosos. Como muchos de los productos químicos tienen consecuencias a largo plazo, con diferentes efectos complicados enmascarados por las interacciones con otros de estos productos, y gracias al poder de la industria química para suprimir pruebas y entorpecer investigaciones contrarias a sus intereses, el gran experimento - o, "la epidemia de baja velocidad"- continúa en pleno florecimiento cuando han pasado 36 años de la publicación de Primavera Silenciosa.

¿Cómo se aseguran los productores su continuado derecho a envenenar? Operan a través de cinco procesos interrelacionados: (1) control y limitación de la información; (2) uso de la ciencia como instrumento de relaciones públicas; (3) entorpecen en todo lo posible los intentos de establecer una regulación, ya sea directamente o a través de la influencia política; (4) uso estratégico de demandas y pleitos y (5) utilización de los medios de comunicación para presentar como normal y natural su derecho a envenenar.

En cada fase de sus ejercicios de control la industria hace uso de la intimidación, amedrenta a los científicos, a las instituciones reguladoras, a los medios de comunicación y a las editoriales que permiten la expresión de puntos de vista que no sean pro-industria e incluso a los que se anuncian en publicaciones que la industria quiere disciplinar.  Ataques personales, intentos de ensuciar la imagen y libelos y difamaciones son algunas de las tácticas intimidatorias de una industria que no se detendrá ante nada para proteger su libertad de acción y sus intereses básicos.

En un sistema bajo la soberanía de los consumidores o en una verdadera democracia , obtener y hacer pública información detallada y no sesgada sobre cualquier efecto perjudicial de los productos químicos sería una de las principales prioridades nacionales. En el mundo real de la soberanía de los productores, los fabricantes  son responsables de examinar los posibles peligros. Pero su interés primario se centra en el uso comercial del producto, no en sus efectos secundarios, que para los productores son una molestia y una potencial barrera para las ventas. Teniendo en cuenta que todo esto causa un grave conflicto de intereses a la hora de comprobar e informar sobre los posibles peligros, permitirles controlar el proceso de reunir información sobre los riesgos que comportan sus productos viola todas las reglas de una política razonable.

Un sistema democrático y orientado a los consumidores pondría estas comprobaciones en manos de la EPA o de alguna agencia independiente (nunca financiada por las empresas). Pero los productores consiguen evitarlo con acierto. Se muestran reacios a invertir dinero a fondo perdido para exámenes independientes -quieren que se dejen las comprobaciones bajo su responsabilidad, para asegurarse un sesgo apropiado.

Manteniendo el control, proporcionando información selectivamente, con frecuentes ocultaciones y demoras, patrocinando una investigación pobre y a su servicio y, en general, creando incertidumbres informativas, los productores pueden torpedear las demandas por perjuicios y entorpecer acciones reguladoras, algunas veces indefinidamente. Así, la industria plástica estadounidense no realizó estudio alguno sobre los posibles efectos cancerígenos del VC (cloruro de vinilo) durante 20 años, a pesar de las diferentes  evidencias de que había causado cáncer de hígado en los trabajadores. Cuando, en los primeros setenta, toxicólogos italianos encontraron evidencia muy convincente que el VC es un potente cancerígeno, la industria estadounidense, que había llegado a un acuerdo con los productores europeos para compartir información que  no se haría pública sin previo acuerdo, evitó, durante 15 meses,  comunicarlo a la FDA (Agencia gubernamental para el control de la alimentación y los fármacos) o al Instituto Nacional para la Salud y la Seguridad Ocupacionales. De acuerdo con la Asociación Americana para el Progreso de la Ciencia, esta omisión significó que "decenas de millares de trabajadores fueron expuestos, sin aviso, durante quizás dos años, a concentraciones tóxicas de cloruro de vinilo".

Entre otros ejemplos, los efectos tóxicos de Kepone fueron descubiertos por Allied Chemical en los primeros sesenta, pero se mantuvieron en secreto hasta que un grupo de trabajadores desarrollaron, una década después, severas afecciones neurológicas  y otras enfermedades. Como ejemplo ilustrativo de la enorme cantidad de anuncios retrasados y omisiones, cuando la EPA en 1991 garantizó una amnistía a las industrias que se habían mostrado incapaces de desvelar pruebas de posibles riesgos, la industria hizo públicos más de 10000 estudios, los cuales, de un modo u otro, había desatendido anteriormente.

Una de las tácticas dilatorias es sugerir que es necesaria más información, pero los productores tratan de impedir, regularmente, que se reúna tal información por parte de individuos o grupos fuera de su control. Cuando el Dr. Irving Selikoff quiso acceder al registro de trabajadores  para estudiar los efectos del amianto, se le denegó el acceso. En un caso destacado, después de la muerte por cáncer de pulmón de 14 trabajadores relativamente jóvenes que habían trabajado con BCME, un potente cancerígeno, Rohm and Haas rechazaron cooperar con un investigador independiente porque insistió en su derecho a publicar cualquier descubrimiento. A otro investigador se le denegó información sobre la plantilla de trabajadores basándose en que no existían tales registros, aunque tal información apareció más tarde en un juicio de compensación a un trabajador. R & H negaron los efectos cancerígenos del  BCME, echando la culpa de las muertes de los trabajadores a su condición de fumadores y a la contaminación, manteniendo en marcha el mortífero proceso abierto de fabricación durante 18 años; Dow, que produjo BCME durante muchos años en un recinto cerrado afirmó que sólo un trabajador, fumador empedernido, sufrió cáncer de pulmón.

Los productores han luchado siempre a brazo partido  contra cualquier revelación de los riesgos para sus trabajadores, para los usuarios de sus productos y para la comunidad. Bajo la intensa presión de la industria, la EPA, en los primeros noventa, no hizo públicas las estimaciones del riesgo para los trabajadores y para los residentes cercanos a algún establecimiento de limpiado en seco que use el altamente tóxico percloroetileno. Después del desastre de 1984 provocado por el vertido  químico de la Union Carbide en Bhopal, India, en que la naturaleza y el carácter del destructivo producto químico no se había hecho público, poniendo difícil la asistencia médica, el congreso aprobó el Plan de Emergencia y la enmienda para El Derecho a Saber de la Comunidad  en 1986, por lo que por primera vez la industria química tuvo que revelar los miles de millones de libras de vertidos tóxicos de 654 productos químicos en el aire, el agua y la tierra. Después de estas medidas legislativas, miembros de la industria admitieron que estas revelaciones tuvieron un profundo efecto en su política de emisiones, pero la ley apenas pudo superar la furiosa oposición de la industria.

Con los republicanos y los nuevos demócratas en el poder, la industria está acabando con el derecho a saber bajo las llamadas Leyes de Privilegio para la Auditoría  - también conocidas como las Leyes para el Derecho a No Saber Nada - que permiten a las empresas que informen de violaciones de las leyes medioambientales y que tomen unas medidas "razonables" de cara a cumplir las leyes en un futuro quedar libres tanto del castigo como de la obligación de revelar información ya sea al público o en un procedimiento legal. Estas leyes, que para su cumplimiento requieren una vez más de la bondad de la industria, se han aprobado en 21 estados y la administración Clinton las ha aceptado. Actualmente, se está promoviendo una versión federal  bajo el orwelliano encabezamiento "Consorcio para la protección del medio ambiente".

La industria combate la revelación de sus datos por la necesidad de proteger los secretos de los propietarios y el deseo de evitar temores injustificados - no se trata, por supuesto, de su interés en tapar temores justificados o de evitar responsabilidades legales  y demandas por daños y perjuicios. Que, regularmente, puedan combatir y violar los principios sobre total revelación de información cuando la salud está en juego y no sufrir ningún castigo importante, una regulación agresiva y hostil y un ostracismo social, demuestra su poder soberano.

La Ciencia como herramienta de relaciones públicas

La industria usa la ciencia de dos maneras: para desarrollar productos y para proteger sus intereses por medio de las relaciones públicas y las demandas judiciales. La primera forma es la tradicional ciencia aplicada que usa los estándares científicos, hecho que subestima la importancia de la segunda forma del uso de la ciencia. Si llamamos "ciencia basura" al uso político, oportunista y de relaciones públicas de la ciencia, entonces podemos afirmar que la ciencia basura empresarial domina por completo este terreno. Sin embargo, el poder de las empresas en los medios de comunicación ha provocado que el término ciencia basura se aplique principalmente a la ciencia que usan los ecologistas y los abogados que demandan a las empresas por sus productos y sus abusos medioambientales.

(1) Hegemonía de los abogados por encima de la ciencia empresarial. La ciencia que se hace en las empresas se encuentra a menudo controlada o fuertemente influenciada por los abogados. Se sabe ahora que la ciencia que se desarrollaba en las compañías tabaqueras era escrupulosamente controlada por los abogados de las firmas siempre con el ojo puesto en una potencial demanda. Los estudios científicos importantes a menudo se realizaban en el extranjero, fuera del alcance de posibles problemas legales, los abogados vetaban algunas veces proyectos de investigación que podrían sugerir que los cigarrillos causaban perjuicios, dedicándose muchos esfuerzos para  "mantener alejada de la opinión pública la información sobre los posibles peligros del tabaco para la salud "  (WSJ, 23 de Abril, 1998). Un juez acusó a la industria de financiar secretamente "Proyectos Especiales" escogidos por los abogados "para promover un fraude de relaciones públicas." (Wall Street Journal, 22 de marzo, 1996).

El control sobre la ciencia por parte de los abogados no está ni mucho menos restringido a los cigarrillos. Una emisión accidental de documentos sobre las presiones y demandas judiciales de la industria de los formaldehídos mostraba que "los fabricantes de formaldehídos se han cuidado bien de asegurarse que los abogados firmasen en todos sus documentos, incluyendo los trabajos científicos y los comunicados de prensa" (Fagin y Lavelle). Se dio el caso de una compañía verificadora que descubrió que los formaldehídos producían cáncer en las ratas, pero un encuentro de miembros de la industria concluyó que la afirmación de que las pruebas se habían realizado "de la manera apropiada" y que los resultados  "parecían válidos", se debían de omitir desde un punto de vista legal. Documentos secretos de la DuPont, hechos públicos en un procedimiento judicial que incluía el fungicida Benlate, demostraron que los científicos de la compañía informaron directamente a los departamentos legales de ésta, y un abogado de la compañía afirmó que "en los tribunales no nos veremos obligados a admitir que hemos encontrado una posible causa y que es culpa nuestra".

     (2) Ciencia basura empresarial. La industria química proclama regularmente su devoción a la "buena ciencia", pero la historia muestra claramente que el criterio es estrictamente pragmático: la buena ciencia es aquella que produce los resultados apetecidos, independientemente de su calidad científica. El oportunismo de la industria en este punto es ilimitado. En cierta ocasión, en relación con el estudio de la sacarina, aunque la metodología se aprobó previamente y resultados preliminares "favorables" se acogieron con entusiasmo, como los resultados finales no satisfacían los deseos de la industria la misma metodología fue atacada rápidamente (Epstein). La industria presenta regularmente los experimentos con animales como una prueba de la seguridad del producto para los humanos, pero cuando dan resultados desfavorables este uso de los animales deja de ser "buena ciencia".

La industria ha realizado numerosas falsas afirmaciones supuestamente científicas, directamente o a través de portavoces controlados estrechamente. Estas actuaciones vienen de lejos. En 1925, poco después de un conferencia en la cual numerosos científicos y autoridades en salud pública proporcionaron pruebas sobre los efectos perniciosos del uso de plomo en la gasolina, el Dr. Emery Hayhurst, un experto  contratado por la Ethyl Corporation, manifestó que la evidencia científica demuestra que la gasolina con plomo es "completamente segura por lo que respecta a salud pública".  Los líderes de las compañías tabaqueras han declarado bajo juramento que creen que los cigarrillos no crean adicción, mientras que en documentos internos encontramos afirmaciones como "estamos ... en el negocio de la venta de nicotina, una droga que crea adicción". En 1996, Borden afirmó, falsamente, que  "varios estudios realizados durante un periodo de varios años demuestran que los formaldehídos ni causan  asma ni tienen efecto alguno sobre los asmáticos que difiera de sus efectos sobre personas que no lo sean"

Más grave que las mentiras individuales es el hecho de que la rica industria química pueda llegar a controlar la parte de la ciencia más relacionada con sus intereses comprando a la mayoría de los expertos. El 85 por ciento de los científicos que trabajan en insecticidas lo hacen para la industria, un 4 por ciento para el gobierno y un 11 están en universidades sin contratos industriales. Este hecho permite a la industria definir sobre qué se trabaja, siendo gran parte de este trabajo encontrar defensas para lo que la industria quiere vender. En un grado más que notorio, los científicos que trabajan para la industria llegan a las conclusiones que interesan a los que les dan trabajo. Incluso un estudio de la Universidad de Louisville en el marco del Proyecto Cloruro de Vinilo financiado por la industria llegó a afirmar que el VC era seguro (Epstein). Fagin y Lavelle afirman que de 43 estudios sobre la seguridad de los cuatro principales insecticidas financiados por la industria, 32 (el 74 por ciento) determinaron que eran seguros, mientras que de 118 estudios sobre los mismos productos químicos que no fueron financiados por la industria sólo 27 (23 por ciento) obtuvieron resultados favorables en un sentido parecido (71, el 60 por ciento, eran indiscutiblemente desfavorables). Un estudio de 1997 hecho por investigadores canadienses sobre unos bloqueadores del calcio en los canales, un fármaco para la hipertensión y la angina de pecho, encontraron una notable correlación entre la financiación por parte de la industria y el hecho de afirmar que la droga era beneficiosa.

La industria química, como la del tabaco, ha constituido sus propios institutos investigadores para producir "buena ciencia". Uno de ellos, el Instituto de Investigación sobre Sensibilidades Medioambientales (ESRI), se fundó para estudiar el fenómeno de la sensibilidad química múltiple (MCS), una dolencia  con un gran número de afectados y que saltó a un primer plano a causa de su posible aplicabilidad a los síntomas de los veteranos de la guerra del golfo y a mujeres con implantes de silicona en los pechos. Una de las teorías respecto al MCS es que una exposición tóxica prolongada provoca una pérdida de tolerancia química (Nicholas Ashford y Claudia Miller, Exposiciones químicas: Bajos niveles y altas apuestas, 1998). Otro punto de vista es que las pruebas "sugieren fuertemente explicaciones psicogénicas y ligadas al comportamiento para estos síntomas". No debería sorprendernos que esto último es la "buena ciencia" a la que está dedicado el ESRI.

Para ilustrar el descarado uso de mentiras  en la investigación, sirve el estudio de Monsanto de 1979-80 sobre los trabajadores que habían sufrido exposición a la dioxina mientras fabricaban el Agente Naranja, que no encontró ninguna relación con las muertes de los trabajadores. Pero durante el proceso contra Monsanto a causa de la demanda de uno de los trabajadores en 1984, los abogados de la defensa pusieron al descubierto que cuatro trabajadores clasificados como "no expuestos" en el estudio sobre la dioxina fueron clasificados como "expuestos" en otro estudio de la Monsanto.  Este cambio, como confirmó bajo juramento uno de los autores, afectó a los resultados del estudio - corrigiéndolo, la conexión con la dioxina resultaba tener efectos significativos en las muertes de los trabajadores. La investigación de la industria ha empleado otros trucos sucios, como usar un número demasiado bajo de animales, dejar pasar demasiado poco tiempo para que apareciesen los síntomas o comprobar sólo uno de los numerosos posibles efectos negativos (como en las pruebas sobre los implantes de silicona en los pechos), con la pretensión que el examen de este único efecto daba la respuesta definitiva. Ya en 1969, una comisión sobre pesticidas, que reconsideraba 17 estudios financiados por la industria sobre el potencial cancerígeno del DDT, concluyó que "catorce de estos estudios eran tan inherentemente defectuosos como para imposibilitar  cualquier determinación de posibles efectos cancerígenos". Pero tales estudios son muy útiles para la industria.

(3) Escándalos en los laboratorios de investigación. Ha habido un buen número de escándalos importantes en los cuales se ha descubierto que laboratorios de investigación que sirven a la industria estaban envueltos en grandes fraudes. En 1976 se descubrió que la agencia toxicológica más importante del país, Industrial Bio-Test Laboratories, que había realizado entre un 35 y un 40 por ciento de todos los tests con productos químicos y fármacos enviados a la EPA y a la FDA, había falseado pruebas en centenares de estudios. Un empleado de Monsanto había trabajado en Industrial Bio-Test durante 18 meses, antes de regresar a Monsanto en calidad de gerente de toxicología, y existe evidencia significativa que Monsanto sabía del fraude en estudios enviados a la EPA. En otro caso se demostró que Craven Laboratories, uno de los  principales laboratorio de investigación de residuos para la Monsanto, DuPont y otros fabricantes de pesticidas,  había falseado estudios de 20 pesticidas. Las compañías informaron de este caso, pero con un considerable retraso.

En 1997 se hizo público que muchas compañías farmacéuticas habían confiado en dos investigadores clínicos para realizar estudios sobre fármacos relacionados con la salud mental, a pesar del hecho que uno de ellos se había visto envuelto diez años antes en un importante fraude en un proyecto de investigación (en que se afirmaba que  un fármaco de la SmithKline era superior a los genéricos). En 1997, los trabajos acerca de los riesgo de unos fármacos realizados por este equipo se revelaron falsos o tremendamente  deficientes, pero se tardó mucho en hacer tal descubrimiento, a pesar de los señales de alarma y de la supuesta gran influencia de las compañías farmacéuticas. Y, de hecho, uno de los inspectores de la compañía, sospechoso de fraude, había sido apartado de la inspección cuando la compañía que cometía el fraude se quejó (WSJ, 15 Agosto, 1997).

 (4) Críticas a la "mala ciencia". La industria ha usado un buen número de estratagemas oportunistas y faltas de rigor científico  para desacreditar a la ciencia que no se ajustaba a sus necesidades. Uno de los trucos ha consistido en cuestionar las pruebas con animales en general o la utilidad de algunos animales concretos como evidencias significativas con respecto a los efectos en humanos, aunque, como ya hemos dicho, cuando las pruebas proporcionan  las respuestas apetecidas no se cuestionan en absoluto. Un segundo truco es cuestionar la validez de hacer pruebas con altas dosis, especialmente útil en la propaganda ya que se pueden presentar como estúpidas, aunque su validez científica es generalmente aceptada por los investigadores serios. Un último truco es centrar la atención en cómo el cáncer u otros desórdenes son producidos por el producto químico en cuestión - que mecanismos actúan – para conseguir desviar la atención científica de los resultados reales y concretos y proporcionar una base para retardar la regulación del producto en cuestión.

 (5)  Intimidación. A la vez que proporciona un flujo constante de ciencia basura empresarial, la industria ataca cada estudio (y autor) que contradiga la verdad de las compañías con indignación y virulencia.  Primavera Silenciosa, de Carson, inmensamente  superior en espíritu científico al 99 por ciento de los trabajos populares financiados por la industria, fue atacada calificándola de "emocional", "sensacionalista", un "engaño", un producto de una moda caprichosa, "pro-curanderos" y "promovida por grupos de intereses especiales" (según el jefe de una fundación financiada por la industria) y basada en "la creencia que  ni es sensato ni responsable usar pesticidas para controlar enfermedades provocadas por insectos" (falsedad manifiesta que afirmó un científico). Un gran compañía química trató de impedir la publicación de Primavera Silenciosa amenazando con plantear demandas por difamación contra la editorial y Audubon.

Los portavoces de la industria asisten regularmente a las presentaciones de los científicos críticos y les atacan duramente. La industria también persigue a estos científicos en sus puestos de trabajo: cuando científicos de la Universidad de Florida hicieron públicos datos sobre los efectos perniciosos de Benlate, DuPont trató de presionar a la administración universitaria "vía legisladores" . Peter Breysse, un profesor de salud medioambiental en la Universidad de Washington que realizó un trabajo crítico sobre los efectos de los formaldehídos sobre la salud, vio como sus charlas eran estrechamente controladas por la industria y como agentes de la industria contactaban con la administración de su institución "para discutir los estándares empleados por Mr. Brysse para llevar a cabo sus experimentos y publicar sus descubrimientos acerca de los formaldehídos ..."

La industria también demandará y amenazará a los investigadores desafiando sus intereses. En 1987, la Monsanto amenazó con demandar a Karim Ahmed, un bioquímico del Consejo de Defensa de los Recursos Nacionales, que había sido un testigo muy efectivo contra la compañía en audiciones sobre su pesticida alacloro, afirmando que había hecho pública información privilegiada sobre el producto, información obtenida en calidad de miembro del Comité Consultivo Científico  de la EPA- En 1991, Peter Montague, editor del impagable Semanario de Rachel sobre Medioambiente y Salud, y la Fundación para la Investigación en Medioambiente, fueron demandados por difamación por Bill Gaffey, el investigador de Monsanto que había falseado las pruebas que relacionaban dioxinas y Agente Naranja. Gaffey no tenía argumentos, y el caso acabó con la muerte de Gaffey en 1996, pero supuso una lección excelente y muy costosa para los portavoces de la "mala ciencia".

Las tácticas más brutalmente intimidatorias de la industria son las usadas contra las víctimas de sus productos, las cuales no han de sorprenderse de ver como todos sus problemas e historia personales se hacen públicos en el intento de demostrar, por parte de la industria, que no podían ser los formaldehídos, atracina, alacloro o cualquier otro de sus totalmente seguros productos los que expliquen sus dolorosos síntomas.

Para controlar la regulación es básico limitar los fondos dedicados a ésta, pero casi tan importante es introducir en las instituciones reguladoras "responsables", y adecuar  la ley reguladora y las reglas de manera que permita que se produzcan demoras y se limite la acción reguladora. Uno de los clásicos de la historia legal es como la ICC (Comisión de Comercio Interestatal) fue generosamente financiada durante muchas décadas porque servía muy bien los intereses de los ferrocarriles regulados; mientras que  aquellas que aún no han sido "puestas bajo control" se encuentran bajo una constante presión por parte de las industrias sometidas a regulación, con la intención de forzarlas a adoptar posturas amistosas o conseguir convertirlas en inofensivas a través del recorte de sus recursos.

El recorte de los presupuestos dedicados a tareas reguladoras y el nombramiento  de legisladores pro-industria de Ronald Reagan y la victoria de la cohorte de Gringrich en 1994 y el subsiguiente ataque sobre la EPA y la FDA fueron la respuesta a las demandas de la industria química entre otras y encontraron el entusiasta apoyo de éstas. Se trataba de la soberanía de los productores mostrando todo su poderoso músculo adecuando la regulación a sus intereses a través del proceso político.

Reagan recortó notablemente el presupuesto de la EPA y Bush y Clinton lo han devuelto al nivel pre-Reagan, a la vez que han aumentado notablemente el número de responsabilidades de la EPA. Esto les va de perlas a los productores: una EPA sujetada con correa (por falta de financiación) no puede hacer mucha investigación, no puede investigar muchos de los abusos, no puede permitirse muchas demandas legales y debe cooperar con la industria para obtener información esencial para cualquier modesta política de respuesta. Tampoco dispone de los recursos para presionar fuertemente a la industria. No puede examinar los millares de productos químicos liberados retroactivamente de sospecha bajo el acta de 1976 y obligará a la industria a comprobar sus peligros sólo cuando se vea fuertemente desafiada. Cuando pasa esto, la industria saca tajada de la débil posición legal de la EPA (y de los entes públicos), así como de sus limitados recursos y de la excesiva influencia de la industria en la propia EPA.

A la ineficiencia  de la EPA contribuyó considerablemente el requerimiento  de la ley de 1976 que requería que la EPA sopesase costes frente a beneficios y buscase la vía reguladora que fuese "la menos gravosa" para la industria. Estos gigantescos agujeros legales  funcionan de maravilla para la industria química ya que le permite la presentación de interminables estudios que prueban las cargas excesivas sobre las empresas y los beneficios de sus venenos, con el resultado que "la EPA ha sido capaz de reunir evidencia suficiente para superar la prueba coste-beneficio sólo para nueve productos químicos en los 20 años de historia de la ley" (Fagin-Lavelle, quienes proporcionan detallados análisis de cómo la industria ha sido capaz de mantener en el mercado alacloro, atracina, formaldehídos y  percloretileno durante muchas décadas). En 1991 un tribunal incluso anuló la prohibición de la EPA de los productos que contenían amianto, aún después de un esfuerzo de investigación de más de una década de la EPA, basándose en otro supuesto fracaso de la agencia en satisfacer el baremo coste-beneficio.

Cuando las quejas por daños de los ciudadanos o estudios independientes que muestran efectos perniciosos desafían a la industria, ésta lleva a cabo su propia investigación, y, por las buenas o por las malas, su "buena ciencia" demuestra que sus productos son seguros. Y su poderosa capacidad de ejercer presión, los agujeros legales que puede explotar, y las incertidumbres que crea su propia investigación le permiten paralizar a la EPA. Cuando estudios independientes contradicen sus afirmaciones sobre la seguridad de sus productos, como en una serie de convincentes informes italianos y húngaros que mostraban los riesgos de la atracina, Ciba-Geigy presentó una montaña de críticas de estos estudios, poco convincentes según científicos ajenos a la agencia, pero otra vez suficientes para desarmar a la EPA y mantenerla bajo control.

Los pesticidas están supuestamente regulados por unos límites en los "niveles de tolerancia" impuestos por la EPA, los cuales, como destacó Rachel Carson en 1962, equivalen a "deliberadamente envenenar nuestra comida, para después controlar el resultado". Pero estos niveles de tolerancia no se fijan mirando exclusivamente ni tan siquiera en primer lugar la salud pública, sino que dan un gran peso a medidas de campo de residuos que procedían de prácticas agrícolas. No se han hecho estudios de los efectos sobre la salud, ya sean acumulativos o interactivos a la hora de fijar los niveles de tolerancia y sólo a partir de 1993, cuando un Comité Nacional para la Investigación publicó un informe sobre Pesticidas en las Dietas de Bebés y Niños, se prestó una más seria atención al hecho que los niveles de tolerancia ignoran los altos niveles de ingestión y la sensibilidad  de los niños. Estos problemas puede que se pasen por alto cuando interfieren con los intereses de los verdaderos soberanos, los productores.

Junto con la desactivación de la regulación, el poder de la industria también se manifiesta a través de su  influencia directa e  indirecta sobre los legisladores. Éstos obtendrán el apoyo de la industria en los presupuestos y volverán a ser nombrados si se muestran cooperativos, disfrutando de una vida mucho más placentera si no se cruzan en el camino de la industria (tal como hizo David Kessler como responsable de la FDA). También llenarán el buche a cargo de la industria y encontrarán trabajos muy bien pagados después de las bajas remuneraciones que obtenían  en el gobierno. Fagin y Lavelle informan que 18 de 40 funcionarios de la EPA que abandonaron cargos de responsabilidad relacionados con productos tóxicos y pesticidas en los últimos 15 años se incorporaron a compañías químicas y "que prácticamente todos los principales productores del sector químico tienen empleados a antiguos funcionarios relacionados con el tema", viajes de ida y vuelta que "son quizás el arma más importante de la industria química en sus intentos de torpedear  la regulación".

Otros órganos del gobierno, como los comités y departamentos de agricultura también han estado muy cercanos a la industria química y altamente receptivos con sus demandas. Ralph Nader tachó una vez el Departamento de Agricultura de los EE.UU. de Departamento de Negocios Agrícolas. Durante mucho tiempo, ese departamento, y los correspondientes de cada estado, ha  sido uno de los grandes promotores de los pesticidas y su hostilidad hacia Rachel Carson fue tan intensa como la de la misma industria química. Otro ejemplo de sumisión a la industria, que podemos observar en todo el gobierno, así como ampliamente extendido en la ciencia dependiente de la industria, ha sido el señalar y centrarse en el "estilo de vida" y el comportamiento personal como el camino de prevenir el cáncer, "epidemia de baja velocidad". En las recomendaciones para la investigación y política a seguir, "parece que el medio ambiente sigue sin estar presente en el tema del cáncer", en palabras de Steingraber. Todo esto cuadra perfectamente con un modelo de soberanía de los productores.

La Ciencia Basura Empresarial en los Medios de Comunicación. La protección de la industria química por parte de los medios de comunicación convencionales, 2ª parte
Título original:
Corporate Junk Science in the Media, part II
Autor:
Edward S. Herman
Origen:
Z Magazine, febrero de 1999
Traducido por
Mateu Llas y revisado por Germán Leyens

El derecho a introducir en el ambiente productos químicos sin que se hagan pruebas independientes es el sello distintivo del control que ejerce la industria sobre la política ambiental y continúa sin ser puesto en duda incluso hoy en día. Su hegemonía es tan completa que sólo un pequeño grupo marginal de ecologistas cuestionan esta prerrogativa de la industria. Los ecologistas más convencionales dan por sentada la soberanía de los productores y únicamente persiguen cambios marginales percibidos como pertenecientes al reino de lo políticamente posible.

Después del revuelo originado por Primavera Silenciosa [NT] en los primeros sesenta, no hubo disminución alguna ni en la producción ni en el uso de pesticidas ya sea aquí o en otros países. El uso de pesticidas en este país se dobló en los 30 años siguientes, de 540 millones de libras en 1964 a cifras notablemente superiores a los mil millones en 1993; la intensidad de la aplicación por acre de tierra cultivada ha crecido en más de un 100% y el uso de pesticidas en el ámbito familiar y en el cuidado del césped se ha disparado. Algunos venenos como el DDT y el PCB finalmente fueron prohibidos, pero otros ocuparon su lugar y docenas de productos químicos cancerígenos o con conocidos efectos perniciosos en los sistemas inmunológico y neurológico continúan usándose ampliamente en diversos ámbitos.

La atrazina, altamente sospechosa de ser cancerígena para los humanos, es uno de los pesticidas más utilizados en el sector agrícola estadounidense y ha contaminado reservas de aguas subterráneas prácticamente por todo el país. En Engaños tóxicos, Fagin and Lavelle describen como Ciba-Geigy ha sido capaz de mantener la atrazina en el mercado durante 30 años, a pesar de la creciente evidencia de sus peligros, manipulando a la ciencia, la EPA (Agencia de Protección Ambiental), el sistema político y los medios de comunicación. Estamos ante una muy destacable historia de corrupción en los ámbitos político, legislativo y científico, con serias consecuencias para la salud pública. Los medios de comunicación convencionales no han mostrado ningún interés, ya que como miembros del sistema empresarial, el papel de los medios consiste en proteger los derechos de la poderosa industria química, evitar y desviar críticas que fuesen al fondo del asunto y normalizar los acuerdos recientes. Como en el caso del presupuesto militar, algunas veces encontramos breves informaciones, habitualmente en la última página, sobre los perjuicios causados y los escándalos que han salido a la luz, pero la mayor parte de la información es silenciada y debates serios con cuidadosos análisis acerca de los abusos de la industria, sus métodos de auto-protección, los costes sociales y las alternativas al envenenamiento están completamente fuera de la agenda.

El actual derecho a envenenar de la industria lo ilustran dramáticamente en años recientes la introducción por parte de Monsanto de la hormona recombinante de crecimiento bovino (rBGH) y un par de docenas de cultivos modificados genéticamente. Como en el caso de los productos químicos, todo se hizo casi por entero sobre la base de las garantías de seguridad de la industria, sin comprobaciones detalladas o una evaluación independiente seria de potenciales efectos indirectos o a más largo plazo . Como dice Peter Montague, "Poner en el ambiente plantas y animales modificados genéticamente significa jugar con fuego- uno con potenciales consecuencias mucho mayores que los previos calamitosos experimentos de Monsanto con bifenilos policlorinados y Agente Naranja" (Rachel's Environment & Health Weekly, 29 de octubre, 1998). El genetista de Harvard Richard Lewontin afirma que "Me sorprendería que no nos encontrásemos con una desagradable sorpresa tras otra" bajo un régimen de plantas modificadas genéticamente. Actualmente ya es una preocupación para los granjeros orgánicos de los Estados Unidos el hecho que la incorporación, por parte de Monsanto, en sus semillas de patata, de un gen de la bacteria bacillus thuriengensis (Bt) - que mata a los escarabajos de la patata de Colorado - traerá rápidamente como consecuencia la aparición de insectos resistentes, perjudicando de esta manera a los granjeros orgánicos que usan Bt con moderación. Un estudio reciente de los efectos de cultivos modificados genéticamente a una escala comercial en Gran Bretaña, encargado por el gobierno británico, concluyó que no existían garantías suficientes de impedir la creación de plantas híbridas y multiresistentes y que tal desarrollo representaba un gran peligro para los setos, pájaros y plantas autóctonas británicas. (Este informe, que permanece sin ser publicado a causa de su naturaleza "controvertida", se describe en "Nuevas revelaciones: Riesgos de la Comida Genética" de Marie Woolf, The Independent, 12 de Diciembre, 1998).

Monsanto y sus camaradas han invertido vastas sumas en investigación biológica y quieren un beneficio inmediato en el mercado. No ha sido nunca la principal preocupación de la industria química los efectos sobre la ecología y la seguridad a largo plazo y, de acuerdo con esta línea de pensamiento, no es de extrañar que Phil Angell, director de Relaciones Públicas de Monsanto, reconociera recientemente que la seguridad no es asunto o responsabilidad de su compañía: "Nuestro interés se centra en vender tanto producto como sea posible. Certificar su seguridad es el trabajo de la FDA [Agencia Gubernamental para el Control de la Alimentación y los Fármacos]" (New York Times, 25 de Octubre, 1998) (Naturalmente, cuando la FDA (o la EPA) se muestra demasiado agresiva en lo tocante a seguridad, la industria dedica un buen esfuerzo a debilitar y captar a la agencia, para hacerla más sensible a sus demandas. Si tiene éxito, como sucede a menudo, la industria puede producir y vender sin demasiados impedimentos basados en posibles amenazas a la seguridad, mientras proclama que la FDA (o la EPA) se ocupa de la seguridad y el interés público).

El uso de rBGH no ha sido aceptado en Canadá, entre otras razones, porque nunca se exigieron a su fabricante estudios toxicológicos a largo plazo y los evaluadores científicos de Canadá concluyeron que tanto Monsanto como la FDA no habían informado de manera apropiada del único estudio toxicológico a corto plazo y que realmente demostraba que la hormona de crecimiento "no había sido y no podría ser absorbida en el flujo sanguíneo". Así, a pesar del soborno de 1 a 2 millones de dólares ofrecido por Monsanto para tratar de conseguir el apoyo de los altos funcionarios de la rama sanitaria del cuerpo legislativo de Canadá y acelerar la aprobación, los esfuerzos de la Monsanto continúan revelándose infructuosos (Richard Lloy, "Científicos de Sanidad de Canadá forzados a servir a las compañías farmacéuticas", CCPA Monitor, Diciembre 1998-Enero 1999).

A pesar del contratiempo en Canadá y del hecho que las autoridades europeas y muchos científicos tienen serias dudas acerca de los efectos de la ingeniería genética sobre la salud humana y la ecológica, tales prácticas siguen adelante en los Estados Unidos. Sin impedimento regulativo serio ni debate público en los medios de comunicación. Una excepción fue un artículo crítico de Michael Pollan sobre "Jugando a ser Dios en el jardín" (Revista del New York Times, 25 de Octubre, 1998), pero este artículo se quedó solo. Tanto la controversia canadiense, que incluyó el espectacular intento de soborno por parte de Monsanto como las revelaciones recientes de un informe fuertemente crítico, subvencionado por el gobierno británico, sobre los riesgos de la comida genéticamente modificada fueron ignorados por los medios de comunicación convencionales estadounidenses.

Otra manifestación del control de la industria la encontramos en el selectivo tratamiento que reciben en los medios los libros sobre medio ambiente. Existe la tendencia a ignorar aquellos que desafían seriamente a la industria, mientras que los que son compatibles con la agenda de la industria y atacan a los enemigos de las empresas reciben un tratamiento mucho más generoso. El New York Times, por ejemplo, nunca ha hecho reseña del libro de Samuel Epstein La política del cáncer (1978), del de Marc Lappe Engaño químico (1991), el Después de la Primavera Silenciosa de Jennifer Curtis y Tim Profeta (1993), Engaño Tóxico de Fagin y Lavelle (1995) o la elocuente memoria personal y científica de Sandra Steingraber, Living Downstream (1996) [NT]. El libro de Theo Colbourn, John Peterson Myers y Dianne Dumanoski Nuestro futuro robado (1996) recibió en el Times una reseña hostil y deshonesta por parte de Gina Kolata.

El libro de Joe Thornton Ciencia a la venta (1990), publicado por Greenpeace y que describe el abuso de la ciencia que hace Monsanto en sus estudios sobre las dioxinas, no fue ni reseñado y ni siquiera mencionado por el New York Times, el Washington Post o el Los Angeles Times. Por otra parte, el La Ciencia en tela de juicio de Marcia Angell (1996), que comparte el mismo concepto de ciencia basura de la industria, fue comentado en dos ocasiones en el New York Times (como también en el Washington Post y ampliamente en muchas otras publicaciones). El libro de Gregg EasterBrook Un momento sobre la Tierra (1995), que elogiaba los éxitos del ecologismo, regañaba a los ecologistas tachándoles de negativistas y que sugería que las cosas estaban bajo control - un libro que, según la descripción del científico Peter Raven, presentaba "una visión del mundo a la Pangloss, en la cual se nos propone una endulzada invitación a la inacción" - fue recibido calurosamente en todos los medios convencionales. También fue muy bien recibido por la industria química al ajustarse a su crucial demanda de afirmaciones tranquilizadoras, junto con una mínima crítica de la industria o del sistema regulador.

Normalizando los perjuicios

Sandra Steingraber, en Living Downstream pone el énfasis en el hecho que mientras la tasa de cáncer se ha incrementado de manera constante y en paralelo con la creciente contaminación química del medio ambiente y que cientos de pequeños estudios han mostrado la relación existente en casos particulares, esta conexión "no se ha seguido estudiando de forma exhaustiva y sistemática. El medio ambiente sigue sin aparecer en un primer plano en los estudios sobre el cáncer". Lo ilustra, entre otras formas, el hecho que cuando se instituyó el Registro del Cáncer del Estado de Illinois en 1984 para controlar los efectos sobre la salud de sustancias peligrosas, el registro sobre el cáncer recibió financiación, pero no así el registro de sustancias peligrosas (al cuál la industria se opuso vigorosamente). Steingraber destaca como, regularmente, las autoridades públicas y las campañas educativas relacionadas con el tema ponen de relieve las causas de cáncer que tienen que ver con el "estilo de vida" y no con los datos medioambientales relacionados con los productos y los residuos industriales. Insinúa lo que creo que es obvio: que la industria química, que deseaba minimizar la importancia de las causas ambientales, ha tenido éxito en arrastrar por este mismo camino a gobernantes y educadores convencionales.

Exactamente lo mismo ocurre con los medios de comunicación convencionales, que han tenido cientos de oportunidades de abrir la caja de Pandora - pero con cada informe que sugiere perjuicio químico, encontramos que, en general, como mucho proporcionan hechos locales, con el "adecuado equilibrio"; en el peor de los casos, ignoran o malinterpretan esos informes. No se permite nunca que provoquen una investigación más concienzuda. Así, un informe típico de las noticias nos dirá que la EPA ha decidido permitir el uso continuado del alacloro "a pesar del potencial riesgo de causar cáncer y contaminación de las reservas de agua potable en comunidades agrarias", a causa de los "beneficios substanciales" que "compensan con creces los riesgos". Los ecologistas están indignados ante esta decisión, mientras que Monsanto declara que refleja la "buena ciencia"; y este informe superficial acompañado de un equilibrado debate aparece en un pequeño artículo en la página 25 del Washington Post (16 de Diciembre, 1987). Una campaña de Greenpeace contra el uso de vinilo en juguetes, incluyendo sonajeros y chupetes, basada en las evidencias que este compuesto causa tumores en hígado y riñones, también recibió una atención "proporcionada y equilibrada" con un solitario comentario de última página sin ninguna apostilla editorial (New York Times, 13 y 18 de Noviembre, 1998).

A la Comisión Conjunta Internacional (IJC), una empresa conjunta de Estados Unidos y Canadá que se remonta a 1978, se le encomendó la formidable tarea de tratar de detener los constantes vertidos de productos químicos tóxicos en los Grandes Lagos. Cada año informa que ha fracasado en ponerle freno a este proceso, que el número de vertidos tóxicos continúa incrementándose y que está perjudicando seriamente la salud de las personas. Desde 1992 en adelante, los informes anuales de la IJC afirman que debe acabarse con el uso industrial de cloro como requisito esencial para conseguir lo que pretende tal comisión. Manifiestan, cosa que no es ninguna sorpresa, que la industria no está interesada en reducir el uso de cloro. Pero los medios de información nacionales también tratan los informes anuales de la IJC con extremada brevedad y sin ningún seguimiento. El co-presidente norteamericano de la IJC, Gordon Durnil, ha remarcado que "tenemos un problema social) sobre cómo manejar esto, pero un 90 por ciento de la población ni siquiera sabe que haya algo de qué preocuparse".

Normalizando el fracaso regulador

En conformidad con el dominio de la agenda por parte de la industria, los medios dibujan a la EPA como una organización dinámica, posiblemente demasiado agresiva y desfavorable a la industria en su búsqueda del interés público. La realidad - una organización seriamente huérfana de recursos, incapaz de realizar adecuadamente su cometido, acorralada en algunas ocasiones y a menudo dirigida hacia compromisos favorables a la industria - sólo puede ser medio intuida, y a veces ni siquiera esto, por un estudio muy atento, muchas veces leyendo entre líneas, de los informes de la prensa. Ésta no publica el hecho que, al contrario de lo que afirmaba el Acta de Control de Substancias Tóxicas de 1976, la EPA no ha conseguido acabar con el aluvión de productos químicos tóxicos, estimándose que entre un 70 y un 75 por ciento de los productos químicos de amplio uso aún no han pasado las comprobaciones sobre toxicidad.

Tampoco los medios tienen en cuenta otra evidencia del fracaso del sistema, la que consiste en dejar en manos de la industria las pruebas sobre la seguridad de sus productos. Por ejemplo, a lo largo de la lucha con Monsanto acerca del derecho de la compañía a introducir Santogard entre 1986 y 1990, la EPA descubrió que algunos años antes Monsanto había descubierto efectos negativos de Santogard en un estudio que la compañía no hizo llegar a la EPA, incurriendo en un delito. Monsanto fue multada con 196000 dólares, aunque según la ley la multa debería haber ascendido a 19,7 millones. Se autorizó entonces a la empresa a buscar otros estudios de toxicidad "desconocidos", apareciendo 164, por lo que fue multada con otros puramente nominales 648000 dólares. Al hacerse evidente que probablemente otras empresas químicas también ocultaban estudios, la EPA arregló una "amnistía" para la industria, prometiendo multas puramente nominales durante los tres años siguientes a cambio que la industria sacase a la luz los estudios que previamente había ocultado. Bajo esta amnistía la industria produjo cerca de 11000 documentos. Aunque las multas nominales y la demostración del masivo incumplimiento de la industria a la hora de proporcionar evidencias de los efectos de los productos como requiere la ley demostraron las enormes insuficiencias en los métodos de evaluación de los riesgos químicos, los medios consideraron esta historia como de un interés muy relativo.

Igualmente sensacional, e incluso más reveladora de la debilidad reguladora de la EPA y de su frecuente connivencia con la industria, fue la sucesión de sucesos relacionados con la regulación de las dioxinas entre 1986 y 1993. La industria papelera produce dioxinas y se preocupó por la amenaza reguladora en los 80. En su libro Sin margen de seguridad, publicado por Greenpeace en Agosto de 1987, Paul Merrell y Carol Van Strum demostraron cómo la EPA se confabuló con la industria papelera para mantener la información alejada del dominio público, calificando de "preliminario" cualquier informe que se viesen obligados a hacer público y fijar los estándares de dioxinas en niveles políticamente aceptables. Después de la publicación del libro, un ejecutivo de la industria papelera filtró 300 páginas de documentos a Greenpeace, los cuales confirmaban plenamente las afirmaciones de Sin margen de seguridad, demostrando la planificación conjunta de la EPA y la industria para rebajar la evaluación de riesgo de las dioxinas y mitigar la alarma pública con nuevas promesas de seguridad y etiquetando como "preliminares" los resultados de los estudios.

Este sensacional material confidencial se ofreció primero al New York Times como una exclusiva, pero el artículo que se basaba en este material no vio la luz. El artículo del Times que apareció finalmente (el 24 de Septiembre de 1987) se limitaba a observar que "los ejecutivos de la industria estaban preocupados por la respuesta popular cuando la contaminación de los productos de la industria papelera se hiciese pública". No sólo se suprimió toda la evidencia acerca de la confabulación entre EPA e industria, el artículo también afirmaba que la EPA había "encontrado menos contaminación de la que esperaban los funcionarios", lo cual, teniendo en cuenta la supresión de los documentos internos que prueban el acuerdo de la EPA para ayudar a mitigar el impacto público de los descubrimientos, nos descubre un periodismo excepcionalmente deshonesto. El Washington Post, a partir de un artículo que informaba del descubrimiento de la EPA que los niveles de dioxinas "no eran vistos como un peligro para la salud" (25 de Septiembre de 1987), finalmente dedicó una nota a la campaña de relaciones públicas de la industria y sus intentos de influenciar a la EPA, con la sugerencia que esta campaña era un éxito (Michael Weiskopf, 25 de Octubre de 1987). Pero el artículo fue colocado en la página 23 y no se dio ningún seguimiento al asunto.

Igualmente ilustrativo ha sido el tratamiento dado por los medios a las pruebas de la falsificación de datos por parte de la industria. El establecimiento de los niveles de tolerancia de las dioxinas de la EPA se han basado en parte en estudios de Monsanto y BASF sobre accidentes que involucraban a dioxinas. Finalmente se demostró que ambos estudios, que concluían que no había serio peligro para las personas, se habían basado en una manipulación de los datos; cuando fueron corregidos los trucos usados (principalmente inapropiadas inclusiones y exclusiones de trabajadores), se encontraron resultados significativamente negativos para la salud.

Las falsificaciones de la Monsanto y sus implicaciones por lo que respecta a la regulación de las dioxinas se hicieron llegar a los funcionarios de la EPA - así como por parte de ecologistas y grupos de veteranos que se habían visto seriamente afectados por la ciencia basura de la industria - por la química de la EPA Cate Jenkins en 1991. La EPA inició una investigación criminal del fraude de Monsanto, procedimiento que se abandonó con total discreción, a causa de las presiones de Monsanto y a intercambios privados entre la compañía y los funcionarios de la EPA. Por otro lado, Cate Jenkins, la delatora, fue acosada y sometida a una serie de procedimientos legales internos (todos los cuales fracasaron).

Ni el New York Times ni el Washington Post mencionaron nunca los fraudes de Monsanto y BASF, la abortada investigación criminal de Monsanto por parte la EPA, Cate Jenkins y sus memorias sobre los fraudes sobre las dioxinas y la regulación, así como su persecución como delatora. Lo que convierte esta ocultación en especialmente importante es el hecho que tanto el Post como el Times se alinearon con la industria papelera durante este periodo afirmando que la "buena ciencia" estaba probando que la antigua Némesis de las dioxinas había sido inflada. Así que tan pronto como Monsanto y BASF falsificaron las pruebas, asimismo los principales periódicos adulteraron las noticias, omitiendo toda evidencia en contra de la "buena ciencia" y la confabulación EPA-industria (con la excepción parcial del tratamiento por parte del Post del escándalo de la conspiración de 1986-1987) y burlándose de la "alarma" de las dioxinas.

El informe del Consejo Nacional de Investigación del año 1993 sobre Pesticidas en las Dietas de los Bebés y los Niños dejaba claro que cuando la EPA y la FDA establecieron los "niveles de tolerancia" de pesticidas usaron a los adultos como estándar, olvidándose de tener en cuenta el hecho que los niños eran mucho más vulnerables. Otra vez, el manifiesto sesgo a favor de la industria en los estándares reguladores pasó desapercibido para los medios convencionales. Más recientemente, Monsanto pidió con éxito a la EPA que incrementase los niveles de residuos permitidos para el glifosato, el ingrediente activo en su semilla de soja modificada genéticamente, Roundup Ready, de 6 a 20 partes por millón. Como destacan Marc Lappe y Britt Baily, lo que era "seguro" en 1987 "se consideraba "seguro" ocho años después con tres veces el nivel de tolerancia original" (Contra el Grano: Biotecnología y el Control Empresarial de Nuestros Alimentos). Esto no se ha discutido en los medios convencionales.

Normalizando el Derecho a Saber

Durante décadas la industria química ha luchado en contra de los intentos de obligarla a revelar los efectos de sus productos, sobre la base de que era "información privada" y de una particular libertad de expresión basada en el derecho a estar callado. Aunque proporcionar información detallada parecería especialmente urgente en el caso de productos que pueden dañar a las personas y las víctimas potenciales necesitan saber todo cuanto sea posible para poder enfrentarse con sus perjudiciales consecuencias, la industria ha tenido notable éxito en preservar su derecho al silencio y el derecho a no saber del público.

Sólo después de décadas de lucha se consiguió que se informase a los trabajadores sobre los efectos de los productos químicos utilizados en su lugar de trabajo, y no fue hasta 1986, después de Bhopal (y de una fuga del mortífero producto de Bhopal en West Virginia), que el Congreso finalmente aprobó un Plan de Emergencia y una Acta para el Derecho a Saber de la Comunidad. Esta acta se aprobó a pesar de la furiosa oposición de la industria y por un único voto.

Bajo esta Acta, se obligó a las empresas químicas más grandes a hacer pública la información sobre sus emisiones en el medio ambiente de unos 654 productos químicos. Los medios de comunicación convencionales no consideraron de gran interés esta resistencia de la industria a informar al público, o la aprobación del acta y la misma acta, o sus efectos. Steingraber cita la confesión de la industria que esta obligada publicación provocó que los miembros de la industria tuviesen que prestar atención a qué productos químicos vertían en el medio ambiente, un punto que parecería de gran significación para la salud pública. El Inventario de las Emisiones Tóxicas recoge estadísticas alarmantes- varios miles de millones de libras de productos químicos tóxicos cada año - teniendo en cuenta la limitada cobertura de productos y compañías, auto-denuncia y numerosas negativas a cumplir con la ley. En vano puedes buscar algún reportaje detallado sobre estas emisiones, peticiones de mejores datos, discusiones de las consecuencias de estas emisiones para la salud o indignación ante un sistema que permite emisiones de venenos a tan gran escala.

Del año 1993 en adelante, el mundo de los negocios ha conseguido que diferentes estados aprobasen "Leyes de Privacidad en las Auditorías", que dan a las compañías el derecho a hacer sus propias revisiones ambientales, a informar de este hecho a las autoridades estatales junto con la promesa de solucionar deficiencias notorias y posteriormente quedar exentos de cualquier otro requerimiento de dar a conocer información medioambiental ya sea al público o en procedimientos judiciales. El funcionario de la EPA Steven Herman afirma que tales leyes son "contrarias al control del cumplimiento de la ley, impiden ejercer al público el derecho a saber y pueden representar penalizaciones para los empleados que informen de actividades ilegales a las autoridades en cargadas de velar por el cumplimiento de las leyes. Interfieren con la capacidad del gobierno para proteger la salud pública y la seguridad. Impiden que el público obtenga información potencialmente crítica sobre peligros medioambientales (National environmental Enforcement Journal, febrero de 1998). Pero 24 estados han aprobado tales leyes y una vez más los medios de comunicación convencionales se han mostrado extremadamente cautos sobre este proceso regresivo, con algunos artículos de última página, pero sin informar casi nada de este desarrollo o proporcionarle atención al nivel de editoriales críticas.

Existe también una cuestión relacionada con el derecho a saber muy importante que tiene que ver con los nuevos productos biotecnológicos. Muchos consumidores y también muchos ecologistas insisten en que la leche producida por vacas a las que se ha suministrado hormonas para el crecimiento de Monsanto, así como soja y otros productos agrícolas que son modificados genéticamente, deberían etiquetarse como tales. Vermont y otros estados han intentado legislar el etiquetaje, y un buen número de países europeos se han mostrado preocupados por la entrada y posterior venta de tales productos sin el correspondiente etiquetaje. Están en juego en este caso problemas más profundos que la información a los consumidores, pero es notorio que los medios convencionales de los EEUU no consideren a ninguno de estos asuntos de gran importancia. A estos asuntos le han dedicado comentarios de última página como mucho, y no ha habido la más mínima crítica editorial en los medios de alcance nacional. El New York Times condenó en su editorial las leyes de "desprecio por la alimentación" en el caso del pleito entre Oprah Winfrey y los rancheros de Tejas ("Libertad de Expresión en relación con la Alimentación", 19 de enero de 1998), pero ni el Times ni tampoco los otros periódicos nacionales han hablado a favor del etiquetaje de productos modificados genéticamente(o en contra de las "leyes de inmunidad de las auditorías"). Todo parece indicar que en estos casos la soberanía de los productores arrolla cualquier preocupación por los riesgos biológicos o la libertad de elección de los consumidores.

"Alarmismos" provocados por la ciencia basura

Como ya se ha dicho anteriormente, los medios usan la expresión "ciencia basura" generalmente en el mismo sentido en que la usa la industria, esto es, para referirse a la ciencia no particularmente partidaria de las empresas, y nunca para calificar a la ciencia próxima a DuPont, Ciba-Geigy o Monsanto, a pesar del extenso catálogo de fraudes científicos relacionados con la industria y de su uso como herramienta de relaciones públicas. Análogamente, los medios suelen subirse al tren de la industria cada vez que ésta denuncia que se pone en duda algún producto afirmando que se trata de un "alarmismo" exagerado basado en mala ciencia.

El caso del Alar. Un buen ejemplo de este comportamiento nos lo proporciona el programa de la CBS "60 Minutos" de Febrero de 1989 que puso de relieve el riesgo de cáncer del Alar, un producto químico usado con las manzanas para evitar la caída prematura y mejorar su color. La EPA estuvo dando largas con el asunto sobre el Alar durante 16 años, después de unas pruebas de laboratorio de 1973 que demostraban que el Alar producía cáncer en los ratones. Pruebas posteriores confirmaron este resultado. En Mayo de 1989 la EPA prohibió finalmente el Alar por producto cancerígeno, y en 1992 la Academia Nacional de las Ciencias confirmó la seriedad de este riesgo. El Alar debería haber sido prohibido en 1973 según la cláusula Delaney, que prohíbe el uso de cualquier producto cancerígeno en los productos alimenticios.

Sin embargo, después que el programa de la CBS causase una súbita caída de las ventas de manzanas, la industria y sus servicios de relaciones públicas junto con sus aliados mediáticos, inicialmente con el apoyo de la EPA, denunciaron una "alarma Alar" supuestamente basada en insinuaciones de la ciencia basura. Esta afirmación devino rápidamente institucionalizada por parte de los medios de comunicación, y así Jane Brody, Walter Goodman y Gina Kolata en el New York Times se han referido repetidamente a este supuesto alarmismo como si fuese una verdad establecida. Más recientemente, el artículo de Brody titulado "Alarmas sanitarias que no son tan alarmantes" (18 de Agosto de 1998) cita Alar como el caso más destacado. Brody usa como su única fuente incontestable sobre ésta y otras alarmas un documento hecho público por el Consejo Americano de la Salud, una operación propagandística financiada por la industria, identificada por Brody sólo como "basada en Nueva York". Brody afirma falsamente que la EPA no encontró el Alar inaceptable por cancerígeno, y daba a entender que las altas dosis proporcionadas a los ratones en los tests de los laboratorios convertían en inútiles a estas pruebas (una jugada habitual de la industria -cuando las pruebas no comportan las conclusiones adecuadas). El 5 de septiembre de 1998, unas "Correcciones" en el Times reconocían el error de Brody con su inapropiada identificación del Consejo y admitían que la EPA había considerado el Alar cancerígeno y prohibido su uso.

"Alarmismo" con las dioxinas

Como se ha dicho, tanto el New York Times como el Washington Post pasaron por alto mencionar las revelaciones de 1990-1991 que los estudios sobre dioxinas de Monsanto y BASF fueron fraudulentos y el Times nunca informó de las convincentes pruebas que existían en 1987 de la confabulación entre la EPA y la industria papelera para restar importancia a la amenaza de las dioxinas. Estas omisiones son coherentes con la línea seguida por ambos periódicos, pero especialmente el Times, que se ha alineado de forma agresiva con la línea de la industria en los 90, sosteniendo que la amenaza de la dioxina se sobreestimó, y que en realidad, en palabras del reportero del Times Keith Schneider, la exposición a dioxinas "actualmente algunos expertos la consideran no más peligrosa que pasar una semana tomando el sol" (15 Agosto, 1991).

En una devastadora crítica del reportaje de Schneider (See No Evil [NT] Reseñas de Periodismo Americano, 1993), Vicki Monks mostró, primero, que la analogía con tomar el sol se la inventó Schneider y que fue rechazada incluso por su experto favorito Vernon Houk. En un informe posterior (26 de Septiembre, 1993) , supuestamente basado en los descubrimientos de un equipo de científicos independientes reunidos por la EPA, Schneider afirmaba que el equipo había encontrado que "el riesgo para el americano medio expuesto a dioxinas es más bajo de lo que anteriormente se creía". Schneider no citaba a equipo científico alguno para corroborarlo, y Monks citó a varios que decían que su conclusión no tenía ninguna base en los descubrimientos del equipo. Los miembros del equipo y otros estudios científicos del mismo periodo sugerían que las dioxinas son incluso más peligrosas que lo que se había reconocido anteriormente; que representaban una amenaza a los sistemas reproductivo e inmunológico en niveles como los que ya se encuentran en los cuerpos de las personas. Schneider nunca informó de este descubrimiento tan importante. Cuando Monks le preguntó sobre su posterior afirmación del 21 de Marzo de 1993 que "nuevas investigaciones indican que las dioxinas puede que no sean tan peligrosas después de todo", le dijo que se refería sólo al potencial cancerígeno de las dioxinas, pero su artículo nunca aclaraba este extremo y Monks demostró que el consenso científico también contradecía la afirmación de Schneider sobre la amenaza cancerígena de las dioxinas.

En su artículo del 21 de Marzo de 1993, Schneider afirmaba que existía una nueva "tercera ola" de un ecologismo más razonable basado en la "ciencia" y no arrastrado por el "pánico popular". No citó a ningún científico que apoyase tal tercera ola pero incluyó el movimiento por un buen uso en la vanguardia (sin mencionar que estaba financiado por la industria) y citó la observación del alto ejecutivo de Monsanto David Mahoney sobre que el pueblo finalmente estaba reconociendo las verdades que la industria ha estado promoviendo. En todos sus escritos sobre dioxinas, el principal portavoz científico (casi exclusivamente) de Schneider fue Vernon Houk, quien en Mayo de 1991 expresó la opinión que los residentes en Times Beach, Missouri, que habían sido evacuados en 1982 de una ciudad contaminada por dioxinas, nunca deberían haber sido trasladados. Schneider y el Times lo publicaron en primera página y Schneider afirmó que este "cambio" de Houk también era un reflejo de la nueva ola. Pero Houk no había cambiado su postura para nada -y Vicki Monks mostró que Schneider lo sabía de sus propios reportajes anteriores. Houk había sido desde hacía tiempo un defensor de las dioxinas, responsable del sabotaje de un estudio de los efectos del Agente Naranja sobre veteranos del Vietnam y finalmente acabó como portavoz de la industria papelera (de todo esto el Times no publicó una palabra).

El infumable reportaje de Schneider recibió una calurosa acogida en los medios y fue adaptado y reciclado - tanto en el Times como en todos los demás. Se afirmó repetidamente que las dioxinas no eran más dañinas que el tomar el sol y, como encontramos en una editorial del Chicago Tribune, "las dioxinas se han convertido en un asunto sin importancia por lo que hace a los seres humanos". Este el proceso por el cual la ciencia basura de la industria se institucionaliza y amenazas químicas reales se transforman en "alarmas".

Nuestro Futuro Robado, Kolata y la política del Times. Peter Montague han mostrado de forma convincente que la hostil reseña en el Times de Gina Kolata sobre Nuestro futuro robado de Theo Colbourn (et al) fue un crítica feroz, incompetente y extremadamente sesgada (Rachel's Environmental & Health Weekly , núm. 486, 21 de marzo, 1996). Nuestro Futuro Robado, con su mensaje de posibles serios daños ambientales atribuibles al status quo de la industria, tampoco gustó a otros periodistas del Times. En su artículo en Nation sobre "Qué va mal con la información sobre ciencia del New York Times" (6 de Julio, 1998), Mark Dowie informa que cuando Colbourn y sus co-autores visitaron el Times para hablar sobre su libro, Nicholas Wade, el jefe de Kolata en aquel entonces montó en cólera, denunciándoles como "creadores de alarmas medioambientales sin pruebas". Wade no había leído el libro, pero su reacción en contra de la "mala (es decir, crítica con la industria) ciencia" fue automática. Es evidente que Kolata, a la que Dowie califica de "fiel apologeta de la ciencia empresarial", refleja la política del New York Times. Dowie recuerda que el periódico ha rechazado repetidas veces publicar correcciones de las citas erróneas y los errores de Kolata y la ha mantenido en su puesto para llevar a cabo su servicio a la industria durante una década. Keith Schneider también ha estado casi una década como reportero en temas ambientales y según Dowie, editores importantes de Nueva York llamaron a Schneider para felicitarle por su serie sobre las dioxinas. Mientras, a Philip Shabecoff, Philip Hilts y Richard Severo se les apartó de la información sobre el medio ambiente por ser demasiado críticos. Shabecoff recuerda que su jefe le dijo "Nueva York se queja. Eres demasiado pro-ecologista y me dicen que estás ignorando los costes económicos de la protección ambiental".

Otras alarmas

Junto con el Alar, las dioxinas y las alarmas del sistema inmunológico se han producido las alarmas relacionadas con los vertederos tóxicos, las relacionados con el asbesto en las escuelas, con los riesgos de leucemia de las líneas de alta tensión, preocupación con los implantes de silicona, entre otros. Los medios convencionales han informado de todas ellas con un entusiasmo que raramente muestran cuando de trata de perjuicios impuestos por las prácticas industriales o con las malas prácticas reguladoras, y con una remarcable credulidad, como en los casos de las alarmas con el Alar y las dioxinas. Cuando Brody, Schneider o Wade del Times mencionan la alarma con los asbestos en escuelas, nunca mencionan a la larga historia de negativas de la industria sobre posibles perjuicios provocados por el asbesto. Evitan de forma continuada preguntarse sobre cómo el poder de la industria constriñe, influencia y algunas veces domina la política reguladora. Nunca en alguno de sus informaciones sobre alarmas, riesgos y balances coste-beneficio sugieren que el principio de precaución debiera tener el control o que los riesgos y los costes deberían recaer sobre aquellos que imponen un producto a la sociedad. Han interiorizado la agenda oculta que sirve a las necesidades de la industria y promueven los intereses de la industria, a menudo con entusiasmo y pasión.

Conclusiones

El movimiento ecologista ha comportado importantes beneficios, tanto educativos como en acciones políticas. Sin embargo, no ha alterado el derecho de la industria a introducir productos químicos en el ambiente sin pruebas independientes previas al uso general y sólo proporcionando información pública de forma limitada. Incluso existe actualmente un fuerte movimiento regresivo que intenta reducir la disponibilidad de información a través de las leyes de privacidad en las auditorías. La regla sigue siendo que se preocupe el consumidor, así como que se responsabilice de aportar pruebas de los perjuicios, es decir, no exigir tests previos por precaución y responsabilidad invertida; los productores continúan siendo soberanos y los medios de comunicación convencionales, normalizando los derechos de la industria y su agenda oculta, ayudan a preservar la soberanía de los productores.

[NT] Hemos decidido traducir los títulos de los libros si parecen bastante obvios y resulta informativo para el texto. De todas formas, es posible que no existan las traducciones al castellano de estos trabajos, y si existen, el traductor de este texto las desconoce. En dos casos hemos dejado el original en inglés por no tener una traducción obvia. Se trata de Living Downstream (que podría referirse a Verse arrastrados por la corriente, pero también hay que tener en cuenta que efectos Downstream viene a significar efectos a largo plazo o indirectos) y a See No Evil (que parece referirse a evitar ver el peligro)

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