Lluís Bassets: El azufre de Carl Schmitt

Lluís Bassets: El azufre de Carl Schmitt

Habrá que acudir de urgencia a los filósofos del Derecho, a doctos y eminentes juristas, para que nos expliquen lo que está pasando en la democracia más notable del mundo y país por lo demás amigo y aliado de España y de la Unión Europea. Un puñado de juristas -desde el fiscal general, Alberto Gonzales, hasta el candidato a ocupar una vacante en el Supremo, Samuel Alito- se ha convertido en una factoría de argumentos con apariencia de constitucionalidad para situar al presidente de Estados Unidos por encima de la ley y de los otros poderes. Esta deferencia no es gratuita, sino que responde a objetivos tan precisos como inquietantes: cubrir legalmente actividades tan poco edificantes como mantener indefinidamente en detención y sin juicio a sospechosos de terrorismo, someter a tortura a los detenidos, encarcelarlos e interrogarlos en mazmorras clandestinas situadas en países donde no hay garantías ni controles, o realizar escuchas y grabaciones telefónicas sin permiso ni control judicial alguno.

La presidencia de George Bush, ahora en su sexto año, no puede ofrecer más lamparones ante la opinión pública. Las manchas y churretes que la adornan son más de los que caben y se pueden contar en una simple columna: desde la desastrosa invasión de Irak hasta la gestión de la catástrofe del huracán Katrina, pasando por los escándalos protagonizados por sus colaboradores en la Casa Blanca, como Scooter Libby o Karl Rove, o en su partido, como el ex líder republicano en el Congreso Tom DeLay o el lobbista Jack Abramoff. Aunque no ha podido siquiera iniciar la aplicación del programa electoral con el que obtuvo su segundo mandato -reforma del sistema de pensiones o nueva bajada de impuestos-, hay que reconocer que Bush y su equipo siguen avanzando impasibles. Quieren ampliar los poderes presidenciales, tener manos libres para recortar derechos civiles, sortear la acción de los tribunales, evitar el control del Congreso, copar el Tribunal Supremo con magistrados conservadores y, antes de que el viento cambie de dirección, alcanzar con el poco oxígeno que les queda la cumbre de las elecciones de noviembre de 2006, en las que estará en juego la doble mayoría republicana.

Samuel Alito, el candidato a ocupar una plaza vitalicia en el Supremo, es el autor de la teoría del Ejecutivo unitario, una forma peculiar de defender la concentración de poder y convertir al presidente en el intérprete de la Constitución. Gracias a la invención de unas extrañas "declaraciones firmadas" (signing statements), el presidente puede corregir el contenido de una ley mediante la introducción posterior de su peculiar interpretación. Es lo que hizo Bush, el 30 de diciembre, con la ley en la que se prohíbe la tortura, mofándose así del senador McCain, autor de la enmienda antitortura, y en cierta forma de los amigos de la UE que le habían transmitido su preocupación por los derechos humanos. También Alberto Gonzales, promotor de los informes sobre la legalización de los interrogatorios violentos, acaba de fabricar otro papel que justifica los poderes presidenciales para ordenar las escuchas y grabaciones telefónicas sin control judicial.

Estos genios sin escrúpulos del malabarismo jurídico parecen salidos del mismo patrón. Sus escritos tienen un tufillo sulfuroso que les emparienta con Carl Schmitt, el jurista magistral que proporcionó herramientas conceptuales a la dictadura de Hitler, entre las que se cuentan la preponderancia absoluta del Ejecutivo, la exaltación de la decisión política por encima de la norma y la figura del soberano como quien decide el estado de excepción. No es la primera vez que se suspenden derechos constitucionales en Estados Unidos, pero nunca se había hecho con vocación de permanencia. La base legal que ahora se utiliza para dar tantos poderes al presidente hasta convertirlo en dueño de la vida y la muerte, la libertad y la privacidad es el mandato que recibió del Congreso el 18 de septiembre para librar la guerra contra el terrorismo. Sin fecha de caducidad, porque el propio presidente ha reconocido que se trata de una guerra que no tendrá fin. Y de consecuencias tan tristes como evidentes. "Nuestro diseño constitucional está en peligro", declaró Al Gore hace escasos días. Y el veterano columnista William Pfaff fue todavía más lejos: "El presidente y sus consejeros están avanzando una doctrina americana de la dictadura presidencial".

El País, 26/01/06