La guerra sucia de Bush

La guerra sucia de Bush
Los derechos humanos y las libertades civiles son las grandes víctimas de las directrices de Washington contra el terrorismo
La Casa Blanca está atrincherada en los superpoderes que consiguió tras el 11-S

El presidente de Estados Unidos, George Bush, advirtió, tras los atentados del 11-S en Nueva York y Washington, de que la guerra contra el terrorismo iba a ser larga. Lo que no dijo es que también se iba a librar en la sombra y que iba a ser sucia. Tan sucia como que desde entonces, ya hace más de cuatro años, miles de estadounidenses han sido espiados sin autorización judicial, se ha recluido indefinidamente a inmigrantes sin cargos, se han legitimado la tortura y los malos tratos, se ha secuestrado a sospechosos de terrorismo, se les ha trasladado en vuelos secretos y se les ha encerrado en cárceles clandestinas por todo el mundo.

La Casa Blanca nunca ha reconocido oficialmente estos hechos, pero sí los ha justificado indirectamente, amparándose en el argumento de la defensa propia en tiempos de guerra.

LA LEY PATRIOT: Un Gobierno dotado de poderes excepcionales

El 26 de octubre del 2001, sólo seis semanas después de los atentados de Nueva York y Washington, y en una clima de psicosis por temor a otra masacre terrorista, el Congreso estadounidense aprobó a toda prisa y apenas sin debate la ley Patriot, un conjunto de 150 disposiciones que ampliaron los poderes del Gobierno sobre los ciudadanos.
La normativa, todavía en vigor, tipifica de forma muy genérica el delito de terrorismo y amplía las categorías de apoyo al terrorismo. Bajo su cobertura, los agentes federales están facultados para intervenir correos electrónicos y comunicaciones telefónicas, y para allanar en secreto los domicilios de sospechosos de terrorismo, así como para acudir a un tribunal secreto que les autorice a acceder a documentos privados de los ciudadanos: historiales médicos, fichas bibliotecarias, actividades empresariales y datos bancarios.

El Departamento de Justicia ha reconocido que los poderes que concede esta legislación se han usado en más de 30 ocasiones para conseguir información sobre estancias en hoteles, permisos de conducir, contratos de alquiler de viviendas y tarjetas de crédito.

Las 16 cláusulas más controvertidas de la ley expiran el próximo viernes y la Administración de Bush pretende extenderlas por otros cuatro años. Con el voto de algunos republicanos, el Senado ya frenó el pasado diciembre esa prórroga.

EL ESPIONAJE: Intromisión en la vida privada de los ciudadanos

Con sus nuevos superpoderes, en los últimos cuatro años, el Gobierno estadounidense ha irrumpido masivamente en el ámbito privado de los ciudadanos. Todas las agencias de espionaje han sido facultadas para escrutar la vida de los estadounidenses, en un "Gran Hermano totalmente incontrolado", como denunció recientemente el senador demócrata Edward Kennedy.

En el año 2002, Bush firmó una orden por la que autorizó a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) a intervenir, sin autorización judicial, las conversaciones telefónicas y por internet realizadas en Estados Unidos. Mediante sofisticados medios electrónicos, la NSA ha espiado las comunicaciones de al menos 500 personas, según The New York Times. Se trata de una operación secreta de la que sólo han estado al corriente los líderes republicano y demócrata del Congreso, altos miembros del Gobierno, la cúpula de la NSA, la CIA y el Departamento de Justicia.
También en mayo del 2003, y bajo instrucciones directas del entonces subsecretario de Defensa, el halcón Paul Wolfowitz, el Pentágono montó su propio programa de espionaje doméstico, bautizado como TALON, con el objetivo de recoger información sobre "incidentes sospechosos" amenazantes para la "seguridad nacional". Una manifestación pacifista ante el cuartel general de la empresa petrolera Halliburton, en junio del 2004, fue objeto de este seguimiento, según publica en su último número la revista Newsweek.

Organizaciones ecologistas y religiosas, defensoras de los animales, mezquitas, militantes anarquistas y activistas antiguerra han estado también en el punto de mira del FBI. La frontera entre lo que es una actividad terrorista y actos de desobediencia civil o protestas legales es más difusa que nunca.

LA BASE DE GUANTÁNAMO: Detenidos en la más absoluta indefensión

El 11 de enero del 2002, un avión militar de carga C-141, con la bandera de Estados Unidos pintada en el fuselaje, partió de Afganistán rumbo a la base de Guantánamo, en Cuba. A bordo viajaban una veintena de "combatientes enemigos irregulares", un limbo jurídico inventado por Washington para negar a esos detenidos los derechos que las convenciones de Ginebra exigen para los prisioneros de guerra.

Según Human Rights Watch, más de 500 presos, capturados en su mayor parte en Afganistán o en Irak, siguen encerrados actualmente en la base. Algunos llevan allí más de cuatro años pero hasta el momento sólo contra nueve de ellos se han formulado cargos, entre ellos un canadiense que tenía 15 años cuando fue detenido en Afganistán.
Tribunales especiales militares deben juzgar a estos presos, pero su legalidad está siendo examinada por el Tribunal Supremo, cuyo pronunciamiento se espera para mediados de año. El Senado aprobó el pasado noviembre una enmienda que niega a los detenidos de Guantánamo el acceso a los tribunales civiles estadounidenses para protestar por sus condiciones de detención, un derecho que previamente sí les había concedido el Supremo.

En agosto del 2005, al menos 131 detenidos iniciaron una huelga de hambre; más de dos decenas fueron alimentados a la fuerza, encadenados a la cama y sondados por la nariz. Amnistía Internacional ha presentado diversos testimonios de torturas y malos tratos en Guantánamo. El Pentágono niega que torture a sus presos, pero nunca ha permitido que una misión de la ONU mantenga en privado entrevistas con ellos para verificar esas denuncias.

LAS TORTURAS: Legitimación de los malos tratos a presos

Las infames fotografías de las torturas a presos en la cárcel iraquí de Abú Graib, divulgadas en la primavera del 2004, destaparon la caja de Pandora de los abusos a los que eran sometidos los presos bajo custodia de Estados Unidos. Pero a pesar del escándalo, los malos tratos no cesaron. Desde el 2002 se han conocido más de 300 casos de "abusos graves" contra detenidos y al menos 68 presos han muerto bajo custodia de Estados Unidos, según recoge el informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo de la organización Human Rights Watch.

Una investigación interna del Pentágono puso al descubierto en verano que ya desde antes de la guerra de Irak (marzo del 2003), en Guantánamo se aplicaron técnicas de interrogatorio "agresivas y creativas" (privación de sueño, empleo de perros para asustar o exhibición de los presos desnudos para humillarles) que luego fueron exportadas a Abú Graib.

Human Rights Watch sostiene que los malos tratos a detenidos son producto de "una política deliberada impulsada desde lo más alto de la Administración". El propio Bush amenazó el año pasado con el veto al presupuesto de Defensa si incluía una enmienda en la que se condenaban "los tratos crueles, inhumanos y degradantes" a los detenidos. El vicepresidente, Dick Cheney, presionó para eximir de esta enmienda a los agentes de la CIA, mientras que el director de la agencia, Porter Goss, definió el método del submarino (inmersión del preso en agua hasta que está a punto de ahogarse) como una "técnica profesional de interrogatorio". El fiscal general, Alberto Gonzales, defendió que la tortura era legal siempre si se ejercía fuera del territorio estadounidense.

LAS OPERACIONES DE LA CIA: Secuestros y encierros en cárceles secretas

Buena parte de estas políticas impulsadas desde la Casa Blanca no habrían sido posibles sin el brazo ejecutor de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Sólo seis días después del 11-S, Bush firmó una orden secreta para reforzar las agencias de espionaje. La CIA montó entonces su mayor ofensiva de operaciones encubiertas desde las crisis de la guerra fría, conocida bajo las siglas GST.

Al abrigo de esa operación, la agencia de espionaje ha secuestrado a sospechosos de terrorismo, los ha trasladado en aviones por todo el mundo, los ha encerrado en cárceles secretas y los ha enviado a terceros países conocidos por torturar a sus detenidos. Son los llamados "presos fantasma", unos 3.000 capturados desde el 11-S, según denunció el diario The Washington Post citando a fuentes de la CIA. Por tratarse de operaciones encubiertas, el sistema judicial estadounidense no tiene jurisdicción sobre estas detenciones, al menos 40 de las cuales se han revelado ya como erróneas.

El Consejo de Europa consideró probado la semana pasada que más de un centenar de estos "presos fantasma" han transitado por Europa (incluida España) con destino a países como Egipto, Jordania y Marruecos, entre otros. Dos casos han salido plenamente a la luz. El clérigo egipcio Abú Omar fue secuestrado en junio del 2003 en Milán en plena calle y traslado primero a la base estadounidense de Ramstein (Alemania) y luego a El Cairo, donde fue torturado. Jaled al Masri, alemán de origen libanés, fue detenido por error en Macedonia y trasladado luego a Kabul para ser interrogado.
La investigación del Consejo de Europa no ha podido dar con "pruebas irrefutables" sobre la existencia de una red de cárceles secretas en varios países de la Europa del Este, que en documentos clasificados estadounidenses aparecen reflejadas como "agujeros negros".

LOS INMIGRANTES: Encerrados durante meses en Brooklyn

En las semanas que siguieron a los atentados del 11-S, cientos de inmigrantes musulmanes fueron detenidos por irregularidades con sus visados. Considerados "individuos de interés" para los investigadores antiterroristas, fueron trasladados a un centro federal de detención en Brooklyn. Allí estuvieron encerrados meses, sufriendo abusos físicos, como palizas y humillaciones sexuales, y malos tratos psicológicos sin que se formularan cargos en su contra. Muchos fueron luego deportados y unos pocos han vuelto ahora a EEUU para denunciar al Gobierno ante la justicia.

"Las torturas, interrogatorios y detenciones abitrarias que asociamos con Guantánamo y las cárceles secretas de la CIA empezaron aquí, en Brooklyn", denunció la semana pasada a The New York Times la abogada Rachel Meeropol, del Centro para los Derechos Constitucionales. La política del entonces fiscal general, John Ashcroft, era retener a los detenidos --algunos arrestados al azar-- bajo cualquier pretexto legal hasta que el FBI dilucidara sus presuntos vínculos terroristas. En muchos casos pasaron meses presos sin razón.
Porque justicia y razón es lo que le falta a la guerra sucia de Bush.

El Periódico, 30/01/05