José Ovejero: Mano dura para todo

José Ovejero: Mano dura para todo

Hubo un tiempo en el que los ciudadanos, escarmentados por la experiencia de dictaduras recientes, se negaban a aceptar que el Estado estuviese más informado sobre ellos de lo imprescindible. También, sabedores de que la tendencia natural de todo Gobierno es la de utilizar su poder en provecho propio, exigían una gran transparencia a sus actos y que sus funciones represoras se limitaran al mínimo.

Los tiempos cambian; de pronto los poderes policiales y represores del Estado parecen renacer de sus cenizas como únicos garantes de nuestra seguridad y de la estabilidad de nuestros sistemas políticos. Y el Ejecutivo ejerce de vigilante armado que coacciona a legisladores y jueces para que aprueben sus actos, y si no lo logra, se salta la ley escudándose en que sólo quiere protegernos.

Los signos que reflejan esa tendencia se multiplican en los países occidentales. Empezando por el malo habitual de las películas europeas, Estados Unidos, y aparte de las graves infracciones contra los derechos humanos y el derecho internacional cometidos al socaire de la guerra contra el terror, nos encontramos con que aprovechan la atmósfera de temor para meter a sus servicios de información en las viviendas: el presidente autoriza el control de conversaciones sin mandato judicial --sin ver en ello motivo para disculparse--, y ahora el Ministerio de Justicia pretende también fiscalizar las consultas realizadas por los usuarios de internet.

Si nos volvemos hacia el otro sospechoso habitual, Tony Blair no se queda a la zaga en la construcción del nuevo Estado policial: pretende intervenir las conversaciones de los diputados, meter a sospechosos de terrorismo durante años en la cárcel sin juicio, controlar los desplazamientos de millones de vehículos y, entre otras lindezas, encarcelar a los padres de hijos que hagan novillos.

TAMPOCO parece que países en principio menos sospechosos tengan las manos muy limpias. Ahora nos vamos enterando de que los gobiernos europeos preferían mirar hacia otro lado mientras aviones de la CIA usaban nuestros aeropuertos, e incluso Alemania, opuesta a la guerra de Irak, colaboraba con los servicios de información estadounidenses y omitía informar sobre el secuestro de un ciudadano alemán supuesta y erróneamente implicado en actividades terroristas.

En la misma Alemania se discute la introducción de controles regulares a todos los niños para prevenir los malos tratos y se afirma la tendencia a reducir la financiación de medidas de rehabilitación de los presos, al tiempo que en algunos länder como Hamburgo se endurecen las condiciones de internamiento; lo cual no deja de ser llamativo en un país cuyos índices de delincuencia están bajando.

Por su lado, Berlusconi quiere convertir Italia en un escenario de espagueti-western: los italianos podrán disparar a quien entre en su vivienda o tienda a robar, no sólo para defender la propia vida, sino también "los bienes propios y ajenos". Y, sin ánimo de ser exhaustivo, en España se prepara la reforma de la ley del menor, endureciéndola, por supuesto, para responder a la "preocupación social", aunque, en la explicación de motivos se dice que, "no han aumentado significativamente los delitos de carácter violento".

Así, da la impresión de que la inseguridad, justificada o no, a que han dado lugar los atentados terroristas de los últimos años está permitiendo que actividades que no hace tanto habrían provocado un escándalo, hoy se acepten con un encogimiento de hombros: si la larga mano del Estado se mete en nuestra esfera privada o si actúa ilegalmente, mejor cerrar los ojos. Para curarnos en salud, identificamos como enemigo no sólo a quien nos agrede, también al sospechoso de desearlo, y se le declara una guerra sin cuartel.

NO CABE duda de que las instituciones del Estado deben perseguir el crimen, prevenir el terrorismo y proteger a los ciudadanos. Pero parece que la represión se está convirtiendo en el arma principal de nuestros gobiernos: sólo la violencia se considera una respuesta eficaz a la violencia, cualquier promesa de tolerancia cero y castigos ejemplares arrancan aplausos del público, y los derechos de los ciudadanos pasan a segundo plano. Endurecer las penas, castigar, reprimir, vigilar son valores en alza. Aunque en muchos casos sea contraproducente porque absorben recursos escasos que se deberían dedicar a planes a largo plazo --integración, rehabilitación, mejora de los servicios sociales--, los políticos, hipnotizados por las encuestas, prefieren mostrar mano dura, por inútil que resulte. Y cada vez que lo hacen, el público aplaude, así que para qué buscar soluciones más complejas o a largo plazo. Se prefiere calmar la "alarma social", aunque sea con actos ineficaces, a la ingrata tarea de informar.
Por cierto, ¿para cuándo la pena de muerte?

José Ovejero es escritor

El Periódico, 09/02/06