En el fondo, el 'caso Google' no va sobre la intimidad

En el fondo, el 'caso Google' no va sobre la intimidad
Las empresas de Internet entregan de forma habitual información personal en respuesta a órdenes judiciales y citaciones

El Departamento de Justicia estadounidense acudió hace poco a los tribunales para intentar obligar a Google -con diferencia el mayor motor de búsqueda de Internet del mundo- a entregar el equivalente a una semana de búsquedas. La medida, a la que Google se opone, ha alarmdo a sus usuarios, enfurecido a los defensores del derecho a la intimidad, cambiado los hábitos de búsqueda de los internautas y abierto un debate subre cuánta intimidad se pude esperar en la Red.

Pero este caso no tiene casi nada que ver con la intimidad. Se centra, por el contrario, en cuestiones serias pero rutinarias sobre secretos comerciales y procedimiento civil.

Como demostraron hace poco las revelaciones sobre la vigilancia llevada a cabo por la Agencia Nacional de Seguridad y las investigaciones secretas amparadas en la Ley Patriótica, la Administración pública está recogiendo activamente información para combatir el terrorismo.

Incluso en las causas penales ordinarias y en los pleitos civiles, las empresas de Internet, Google incluida, entregan de forma habitual información personal en respuesta a órdenes judiciales y citaciones.

Pero "esta citación concreta no plantea preguntas serias sobre el derecho a la intimidad", afirma Timothy Wu, profesor de Derecho en la universidad de Columbia. "Estos registros son totalmente inconexos. Meras ristras de palabras".

En una amplia justifiación de sus razones para incumplir la citación, un abogado de Google declaró al Departamento de Justicia en octubre que obedecer sería malo para el negocio. "Google objeta", escribió el abogado Ashok Ramani, "porque cumplir con la solicitud podría poner en peligro sus secretos comerciales más preciados".

La carta de cinco páginas de Ramani sólo mencionaba la intimidad una vez, al final de la cuarta página, y principalmente en el contexto de la percepción más que de la realidad. "Si Google accediera a la solicutd, indicaría que está dispuesta a revelar información sobre quién usa sus servicios", escribía. "Esa es una percepción que Google no puede aceptar".

Hasta los aliados de Google rechazan los argumentos jurídicos basados en el derecho a la intimidad. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, por ejemplo, afirmó que presentaría documentos para apoyar a Google, pero no basándose en el derecho a la intimidad.

"No es probable que presentemos ese argumento, afirma Aden J. Fine, uno de los abogados de la Unión. Las cuestiones que plantea la nueva citación, aunque numerosas, son bastante técnicas, según el profesor Wu. "El argumento jurídico aquí es cuál es el criterio de importancia de las citaciones", dice. "Es interesante para los especialistas en procedimiento, y nadie más".

Otros motores de búsqueda como Yahoo, America Online y MSN han cumplido con la misma citación del Departamento de Justicia, que también exigía una muestra aleatoria de un millón de direcciones de Internet. Todas las empresas dijeron que no estaban en juego cuestiones relacionadas con el derecho a la intimidad.

Un portavoz del Departamento de Justicia, Brian RoehrKasse, se mostraba de acuerdo. "En nuestras solicitudes establecimos específicamente", dice, "que no queríamos los nombres, ni cualquier otra información relativa a los usuarios de Google".

Esto no quiere decir que las situaciones para buscar registros referentes a indivíduos sean inconcebibles. Google mantiene información que podría usarse de ese modo, y una citación podría exigirla. Pero en este caso, no. El problema de la citación, dice Fine, es más general. "Es un ejemplo más de cómo la Administración excede sus límites", declara.

El principal argumento de Google es que podrúan ponerse en peligro secretos comerciales "muy relacionados con el derecho de propiedad". Marc Rotenberg, director general del Centro de Información sobre el Derecho a la Intimidad Electrónica, un grupo defensor de las libertades civiles que frecuentemente ha criticado a Google, afirma que el de los secretos comerciales es un argumento serio.

En otros contextos, Google y otras empresas de Internet afirman que protegen con celo el derecho a la intimidad. Pero en sus políticas de intimidad reconocen que atenderán las solicitudes válidas de litigantes públicos y privados.

La política de Google, por ejemplo, es que puede compartir la información personal de los usuarios si "cree de buena fe" que revelarla "es razonablemente necesario para satisfacer cualquier ley, normativa, proceso judicial o solicitud pública de obligado cumplimiento". Nicle Wong, defensora general asociada de Google, señalaba en una entrevista que la empresa "cumple con los procesos judiciales válidos".

De acuerdo con una sentencia emitida en 2004 por un tribunal federal de Virginia, America Online responde por sí sola a unas 1.000 órdenes judiciales penales cada mes. AOL, Google y otras empresas de Internet también reciben citaciones en causas de divorcio, difamación, fraude y otros tipos de causas civiles. Con limitadas excepciones, la ley obliga a cumplirlas.

Rotenberg considera que los registros de búsquedas en Internet, si se recogen y relacionan con indivíduos concretos, podrían dar lugar a una profunda invasión de la intimidad. "Es como la sombra de los pensamientos que tienes en la cabeza: tus intereses, tus deseos, tus pasatiempos, tus temores", dice.

La situación es más complicada fuera de EE UU. Las empresas de Internet cumplen con las leyes locales, como tienen que hacer para ejercer una actividad comercial en el extranjero. Yahoo, por ejemplo, proporcionó información que ayudó a CHina a condenar a 10 años de cárcel a un periodista acusado de filtrar secretos de Estado a un sitio de Internet extranjero.

En todo caso, la actual citación a Google, afirman los expertos jurídicos, ha suscitado un importante debate, independientemente de que los hechos relacionados con la causa sea o no válidos.

Selección semanal de The New York Times, realizada por El País, 09/02/06