Editorial: Corrupción sanitaria

Editorial: Corrupción sanitaria

El mundo gasta unos 2,5 billones de euros (3,1 billones de dólares) al año en servicios sanitarios. Según ha puesto de relieve el Informe Global de la Corrupción 2006, elaborado por la ONG Transparency International, presentado ayer en Madrid, una parte importante de estas cantidades se va en corrupción, tanto en el mundo rico como en el pobre. Y se produce especialmente a través de unos sobreprecios en la factura farmacéutica que superan el 5% del presupuesto sanitario en EE UU o en Camboya. Como se indica en el informe, "la corrupción en la cadena farmacéutica puede ser fatal", no sólo porque se desvíe una parte de los gastos que hubieran podido salvar vidas, sino también porque lleva a la adulteración de medicinas y a otras prácticas reprobables e incluso criminales.

Transparency International, que este año se ha centrado en el análisis de este problema, propone unos códigos de conducta. Un buen ejemplo a seguir es el del Reino Unido, cuya unidad antifraude del Servicio Nacional de Salud ha reducido la corrupción en el sistema en 300 millones de dólares desde 1999. El sistema español, más plagado de corruptelas que de corrupción, también deja mucho que desear. En 2003, el gasto farmacéutico en el mercado español, el séptimo del mundo, supuso el 30% del total del Sistema Nacional de Salud, y creció más rápidamente que éste y que el PIB, tendencia que en los últimos dos años se ha invertido. España gasta en farmacia aproximadamente el 1,2% de su PIB, frente a una media del 0,9% en la UE. El informe apunta correctamente a agresivas técnicas de mercadotecnia (los laboratorios dedican ingentes sumas a este capítulo en España) y a un polémico sistema de visitas e invitaciones a los médicos que, pese a la autorregulación que proclama el sector, obligará al Gobierno a corregirlo mediante la aprobación de normas legales específicas.

Transparency International valora los pasos que se han dado en el último año y medio en la lucha contra la corrupción en España, con la Ley de Regulación de Conflictos de Intereses de Altos Cargos y otras medidas comprometidas desde el Gobierno central. Pero apunta a que la corrupción, de la mano del urbanismo y la especulación, es mayor en el ámbito local, especialmente en las zonas costeras. Y, efectivamente, si se ha descentralizado mucho el poder en España, no se ha hecho lo propio con los sistemas de control y ha terminado por dispersarse la corrupción.

El País, 26/02/06