La UE aprueba hoy la directiva para la retención de datos de las telecomunicaciones

La UE aprueba hoy la directiva para la retención de datos de las telecomunicaciones

El Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea aprobará hoy formalmente la propuesta de directiva sobre retención de datos telefónicos y de Internet en el marco de la lucha contra el terrorismo, después del acuerdo político alcanzado el pasado 2 de diciembre por los Veinticinco y el visto bueno del Parlamento Europeo.

La nueva normativa obligará a las operadoras a mantender el registro de las telecomunicaciones y los correos electrónicos durante un periodo de entre 6 y 24 meses, con el fin de hacer más eficaz el combate al terrorismo y el crimen organizado.

La medida no afectará al contenido de las comunicaciones, al cual sólo podrán acceder las fuerzas de seguridad con una orden judicial cuando se produzcan indicios de delito. Los Estados miembros dispondrán de un plazo de 18 meses, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la UE, para incluir la directiva en sus legislaciones nacionales.

100 millones de euros de inversión

Según los cálculos del Consejo, la creación de una base de datos con todas las llamadas efectuadas y recibidas por cada usuario le supondrá a cada compañía 100 millones de euros de inversión destinada a contar con la infraestructura necesaria, y 50 millones de euros anuales por su mantenimiento.

En cuanto al ámbito de la directiva, ésta se aplicará a los delitos considerados graves, y se centrará en la conservación de la información (hora, localización geográfica del origen, destino,...) relacionada con dos tipos de llamadas: las contestadas y las no contestadas siempre que la compañía ya las conserve. España ha sido una firme defensora de la conservación de las llamadas perdidas, puesto que fueron determinantes en las investigaciones de los atentados del 11-M.

Para el caso de Internet, las compañías deberán conservar los datos de los correos electrónicos, así como otros datos sobre la navegación en páginas web. La nueva directiva respetará a todos aquellos países que dispongan de legislaciones que permiten la retención de mayor cantidad de datos y por más tiempo, como es el caso de Irlanda, que conserva la información 3 años, o Polonia, que se dispone a guardarla durante 15 años. El texto recibió en su momento el voto en contra de Irlanda, Eslovaquia y Eslovenia.

Litigios transfonterizos

Además, en la agenda del Consejo que ha preparado la presidencia austriaca figura el debate sobre una propuesta de reglamento que ha puesto encima de la mesa el comisario de Justicia, Seguridad y Libertad, Franco Frattini, para aplicar la misma legislación en casos de litigios transfronterizos, asunto sobre el que los Veinticinco están profundamente divididos cuando se trata de casos de violación de la intimidad o la propia imagen cometidos por medios de comunicación.

A la vista de que, en este momento, las posturas parecen irreconciliables, es más que probable que el Ejecutivo comunitario opte por eliminar este controvertido punto del reglamento (el artículo 6 del mismo) para sacar adelante el resto de la normativa, según señalan fuentes diplomáticas.

El desacuerdo tiene su origen en la existencia de dos tradiciones jurídicas antagónicas: una que defiende aplicar la ley del país del demandante y otra partidaria del lugar donde el medio tiene su principal difusión.

Con su propuesta, la Comisión Europea pretende asegurar que los tribunales de todos los Estados miembros de la UE aplican la misma ley en casos de litigios transfronterizos surgidos a consecuencia de obligaciones no contractuales, iniciativa que se centra en la responsabilidad civil en caso de daños causados a otros, como los accidentes de tráfico o los productos defectuosos. La medida busca facilitar, en este sentido, el reconocimiento mutuo de decisiones judiciales dentro del territorio comunitario.

Frattini cree que esta propuesta es indispensable para conseguir un espacio de justicia europeo en el que la resolución de un litigio no dependa de la ubicación del tribunal que estudia el caso. La Comisión precisa, asimismo, que la propuesta de reglamento no prevé la armonización de la base de las diferentes leyes nacionales, sino asegurar el reconocimiento mutuo de sentencias y la aplicación de los mismos criterios por parte de los tribunales.