EEUU: Universidades pierden batalla contra reclutadores militares

EEUU: Universidades pierden batalla contra reclutadores militares

El fallo del Tribunal Supremo a favor del Departamento de Defensa, en que ratificó que el Congreso tiene la facultad de exigir que las universidades acepten la presencia de reclutadores militares, ha sacudido el sistema universitario.

Con un voto de 8 contra 0, ya que el recién nombrado juez Samuel Alito no participó, el Tribunal Supremo rechazó los alegatos de una coalición de escuelas de derecho, que argumentó que viola la Constitución el condicionar la concesión de fondos federales al acceso de reclutadores militares a las universidades.

El Tribunal Supremo falló que el Congreso no excedió sus límites constitucionales al aprobar la enmienda Solomon, una ley que permite al gobierno negar fondos federales a las universidades que prohíben o limitan el reclutamiento militar en sus recintos.

Entre otros, la coalición sostuvo que los reclutadores representaban una entidad "que discrimina contra los homosexuales y las lesbianas", en referencia a la política de "no preguntes, no digas" del Departamento de Defensa.

Según la coalición, la presencia de los militares en los predios universitarios constituye una violación de la libertad de expresión de las facultades miembros de la liga, que consideran discriminatoria la práctica de las fuerzas armadas de expulsar de sus filas a las personas abiertamente homosexuales.

Decenas de grupos presentaron argumentos de apoyo a la coalición, entre ellos la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP), que sostuvo que la ley Solomon interfiere con la autonomía académica.

Sin embargo, la opinión redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, rechaza todo lo anterior y sostiene que no hay prueba que la presencia de reclutadores viola los derechos garantizados en la primera enmienda de la Constitución.

El escrito de 21 páginas concluye que "la enmienda Solomon ni limita lo que las facultades de derecho pueden decir ni les obliga a decir nada, pues (éstas) no se están expresando cuando son sede de entrevistas o recepciones militares".

El fundador de la coalición de escuelas de derecho, Kent Greenfield, de Boston College, dijo que estaba decepcionado con la decisión, pero expresó "esperanzas de que esto sea parte de una batalla mucho más grande (...) sobre el derecho de todos nuestros estudiantes a servir a nuestro país", en alusión a la veda del Pentágono a los homosexuales.

Por otra parte, varios analistas admitieron que se habían equivocado al pensar que los argumentos constitucionales presentados por las escuelas de derecho iban a persuadir a los jueces más liberales, según un reportaje de la revista "The Chronicle of Higher Education".

La decisión unánime del los magistrados refleja un cambio de actitud y una particular "deferencia de la corte a las necesidades de los militares, especialmente, en tiempos de guerra".

Mark C. Rahdert, un experto en ley constitucional de Temple University, indicó que no le sorprendió que la corte dictase a favor de los militares, pues el Supremo "ha tomado medidas más restrictivas sobre los derechos de la primera enmienda cuando esos derechos chocan con las necesidades de los militares".

Sin embargo, Rahdert dijo estar sorprendido que la corte mantuviese que el Congreso tiene el poder para obligar el acceso de reclutadores militares a las universidades, "ya no simplemente como condición para recibir fondos federales".

Dicha postura deja la puerta abierta para que el Congreso apruebe una ley que obligue a todas las universidades, aun aquellas que renuncien al dinero federal, a aceptar a los reclutadores militares.

De hecho, bajo la enmienda Solomon, el gobierno puede retirarles los fondos a todos los departamentos y programas de una universidad, aun cuando si es sólo la facultad de derecho la que prohíbe el acceso a los reclutadores militares.

El Sentinel, 08/03/06