Francisco Sosa Wagner: La ANECA y la selección del profesorado universitario

Francisco Sosa Wagner: "La ANECA y la selección del profesorado universitario"

La ANECA ESTÁ siendo objeto de críticas muy severas y empieza a enojar a muchos. Para el lector no versado en los enredos de la política universitaria conviene aclarar que Aneca no es un diminutivo amistoso de Ana ni un hipocorístico cariñoso sino las iniciales de un severo organismo cuyo nombre completo reza de la siguiente forma: «Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación». El titulito no es precisamente un hallazgo poético ni un alarde de finura estilística pero todos sabemos que el Boletín Oficial del Estado carece de estro y que sus páginas no son lugar para perseguir exquisiteces líricas. Admitida esta realidad, tenemos pues que la Aneca se ocupa de lo referido a la calidad universitaria y a la acreditación.

Lo primero, lo de la calidad, es cuestión espinosa y por lo mismo hiere a quien la toca. Es mejor no abordarla hoy. Acaso otro día, aún a sabiendas de que está erizada de pinchos lacerantes. Acreditar, por su parte, significa «demostrar la verdad de cierta cosa», «atestiguar», «garantizar», «adquirir crédito o fama» y por ahí seguido. Pues bien, esta es la función de la Aneca que está generando críticas ya que la Agencia para la acreditación no acredita actuar con criterios razonables. Tales juicios negativos proceden de los partidos políticos de la oposición que han llevado el asunto a las Cortes, también aparecen en un escrito de un distinguido catedrático de derecho procesal (el doctor De la Oliva, amigo mío de la época juvenil, representantes estudiantiles como fuimos ambos, él en posiciones conservadoras, yo en las del rojerío mesocrático y socialdemócrata). Pero lo dicen también por los pasillos esos cientos de profesores, personas estudiosas y buenos profesionales, que soportan con galanura estoica y mosqueada desesperanza las ocurrencias de los autores de las sucesivas reformas universitarias.

Y ¿qué es lo que debe acreditar la Aneca? Pues la aptitud de aquellos docentes que aspiran a firmar con la Universidad un contrato laboral para explicar derecho civil, anatomía, historia contemporánea... Porque sépase que, en la actualidad, la relación de quienes enseñamos en la Universidad puede ser o bien la de carácter funcionarial tradicional (los actuales catedráticos y titulares ingresados con pruebas juzgadas por especialistas en las respectivas materias) o bien la nueva laboral, es decir, la que se articula en torno a la celebración de un contrato entre la Universidad y el aspirante. ¿Sin pruebas? preguntará algún impaciente lector. No. La ley, que no se fía ni un pelo -y con razones sobradas- de las promociones o los ascensos forjados por las autoridades locales, atribuye precisamente a la Aneca (organización nacional con sede en Madrid) la evaluación, a través del conocimiento de su currícula, de quienes aspiran a vincularse a la institución universitaria por esta vía laboral. Son justamente algunas de las valoraciones hasta ahora realizadas las que han suscitado el debate aludido.

Muchos estamos en contra de tal mecanismo por lo que tiene de banalización del proceso de selección del profesorado y porque, en aplicación de la ley de Gresham, la moneda mala expulsará a la buena. El asunto no es nuevo y quienes nos hemos obstinado en cumplir trienios recordamos que en los años setenta fue una reivindicación de parte del movimiento de los profesores no numerarios, amparados entonces por sectores de los partidos progresistas. Cuando uno de esos partidos, el PSOE, llegó al poder, hizo su ley de universidades sin que en ella se prestara acogida a la ocurrente propuesta del «contrato laboral». ¿Por qué? Porque tras ella estaba la pretensión de muchos no numerarios de perpetuarse en los escalafones universitarios sin pasar prueba alguna, muchos de ellos ¡incluso sin tesis doctoral!

Sin embargo, hace poco, para sorpresa de algunos que todavía nos sorprendemos, un partido conservador, de forma extemporánea, ha dado respuesta a aquella demanda y lo ha hecho estimándola. Vivir para ver y no creer. Es cierto que las circunstancias han cambiado y que, por las mutaciones vividas en la Universidad española, hay, entre quienes aspiran a uno de estos contratos laborales, personas de apreciable trayectoria docente e investigadora. Pero, como no se podía confiar a las Universidades la selección libre de sus «laborales» porque el espectáculo hubiera sido pieza cómica para interpretar en teatro de barrio, se ideó la intervención de una instancia central que garantizara la seriedad del proceso. Y ahí estaba la Aneca, limpia, impoluta y, sobre todo, distante, manos a la obra ella, con sus peregrinas siglas al viento, nombrando comisiones de expertos llamados a analizar y valorar los currícula presentados.

Pues bien, ha sido fácil enterarse de que tales comisionados son expertos en sus respectivas materias pero no necesariamente en la que cultivan aquellos que han de ser examinados. Es decir, un catedrático de Psicología enjuicia los libros y las publicaciones de un aspirante a profesor de derecho civil o un catedrático de Gestión de empresas las de un estudioso del derecho romano. ¿Alguien lo puede entender? Probablemente nadie, pero sépase que en este dislate estamos, pacientes y queridos lectores que hasta aquí habéis llegado. Y ello gracias a una reforma universitaria que ha empeorado la de los años ochenta, que ya es tener ambiciones y apuntar alto.

Obsérvese el razonamiento que ha conducido a esta grotesca situación: los cuerpos de catedráticos y titulares no estaban mal pero eran tributarios de un pasado que una modernidad luminosa como la que vivimos ha de arrumbar entre los trastos viejos de los antepasados. Junto a ellos, y para ir desplazándolos poco a poco, debía nacer el contratado laboral, una figura ágil y viva, un atrevido descubrimiento que había de enterrar para siempre la rutina del catedrático que dicta su lección con esa voz que resuena cansina en la bóveda del escalafón. Y a ese ser, todo dinamismo laboral, le franqueamos la entrada sin pruebas públicas y sometiéndole al juicio de un macedonia improvisada de especialistas que pueden no saber nada de la materia que enjuician y, por tanto, estar literalmente incapacitados para emitir una opinión fundada. Medítense por breves segundos las siguientes consideraciones: si una persona quiere conocer las reformas jurídicas del reinado de Carlos IV, ¿se le ocurrirá acudir a la obra de un especialista en contabilidad? Si alguien quiere entender la sociedad anónima, ¿acudirá a un distinguido pedagogo? Pues esto, que no lo haría nadie en sus cabales, es lo que se practica en la Universidad renovada. Y se practica para mejorarla, para depurarla de los viejos vicios.

Claro es que, al fin y al cabo, de lo que se trata es de seleccionar al profesorado universitario y de verdad, con la mano sobre los libros sagrados ¿hay alguien interesado en asunto tan enfadoso?

Diario de León, 22/11/03