Editorial de ABC: Suspende la ANECA

Editorial de ABC: Suspende la ANECA

La reforma de la Universidad no está discurriendo por los cauces optimistas que se anunciaron con la aprobación de la LOU. En lo que se refiere al profesorado, las quejas se están extendiendo contra los dos principales sistemas previstos en la nueva Ley: la habilitación para acceder a los cuerpos de funcionarios docentes y la evaluación de los profesores contratados. El mensaje oficial con el que se adornaron ambos procedimientos hablaba de calidad científica y de superación de la endogamia. A tenor de las críticas de la Conferencia de Rectores -no siempre acertadas, ni mucho menos- y de destacados miembros de la comunidad docente, la Universidad se está cargando con nuevos problemas, que aumentarán si no hay una reflexión.

Durante las últimas semanas, ABC se ha hecho eco de los numerosos reproches a las decisiones de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (Aneca), dirigida por Ismael Crespo, sobre quien se centran críticas graves, de diferentes orígenes y contenidos. La respuesta no debería consistir en altanerías ni en la negación de unas realidades cada vez más evidentes. Harán bien los responsables de la Aneca y del Ministerio en separar los problemas y responder con la contundencia -y los documentos pertinentes- a las acusaciones lanzadas por PSOE e IU sobre la gestión económica de la Agencia. La oposición siempre procura pescar a río revuelto, pero sería un error que el Ministerio de Educación se refugiara en la teoría de la conspiración para eludir una revisión sincera del funcionamiento de la Aneca. Informes contrastados como los de Andrés de la Oliva, catedrático de Derecho Procesal de la Complutense, han puesto de manifiesto anomalías que tienen que ver con un ejercicio confuso, incluso arbitrario, de la evaluación del profesorado contratado, que han dado lugar a resoluciones negativas en algunos casos asombrosas. El futuro académico de muchos investigadores, dedicados en exclusiva a formarse en sus departamentos, con sueldos mínimos, contrataciones inestables y cargas docentes que no les corresponden, se halla en manos de una Agencia cuestionada tanto en la capacidad de algunos de sus miembros -la Federación de Asociaciones de Catedráticos cree que el nombramiento de Crespo conculcó «los principios de credibilidad, independencia y prestigio docente»- como en la objetividad de sus criterios de decisión.

Tomarse estos problemas como movimientos de transición hacia el modelo de la LOU o, peor aún, como actos de resistencia frente a las nuevas medidas es una manera de errar con la Universidad y no supondría más que agravar las deficiencias, aún corregibles, de una política que no ha logrado alcanzar sus objetivos principales.

ABC, 15/11/03