Julio Picatoste: Guantánamo, la barbarie

Julio Picatoste: Guantánamo, la barbarie
Julio Picatoste es magistrado de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo y hace años estuvo destinado en Asturias

Tras el monstruoso atentado del 11-S es evidente que el clásico debate acerca de la delicada tensión entre libertad y seguridad se ha resuelto en EE UU enfebrecidamente a favor de la segunda, y a costa de la legalidad internacional y de los derechos y libertades individuales. Su reacción en el orden político y jurídico ha sido harto expresiva. En el exterior, haciendo gala de un neoimperialismo preventivo belicista, vulnerador de las leyes de la guerra. Y en el interior, recurriendo a la adopción de medidas excepcionales desdeñosas con los derechos civiles. El ejemplo lo tenemos en la Usa Patriot Act aprobada por el Senado y promulgada mes y medio después del 11-S; en su virtud se confieren al Gobierno poderes extraordinarios para luchar contra el terrorismo; y así: sin necesidad de la justificación previa de una sospecha razonable de actividad delictiva, se podrán realizar investigaciones secretas en domicilios particulares o escuchas telefónicas indiscriminadas, investigar correos electrónicos, detener libremente a extranjeros con el único motivo de considerarlos una amenaza, grabar conversaciones entre abogados y clientes...

En suma, todo un arsenal de medidas con especial capacidad de acometimiento contra las libertades ciudadanas. Ese exceso ya ha producido indeseables consecuencias: el propio Departamento de Justicia puso de manifiesto que la aplicación de la Patriot Act ha dado lugar a la vulneración de derechos fundamentales sin relación alguna con la guerra contra el terrorismo; dicho de otro modo: ciudadanos inocentes y libres de sospecha han visto agredidos sus derechos constitucionales. Afortunadamente, se abortaron posteriores intentos legislativos de semejante jaez (TIA y Patriot Act II). Dworkin no tardó en denunciar que en la sociedad americana se había alterado el equilibrio entre libertad y seguridad.

Completa este panorama la indigna e ilícita situación de los presos de Guantánamo; sobre ellos, en artículo publicado en nuestro país («Claves», 146), ha dicho el citado profesor de Derecho y Filosofía de la Universidad de Nueva York, que la actual política de la Administración estadounidense muestra un desprecio intolerable por los derechos y la dignidad de sus víctimas.

La utilización de la base de Guantánamo en Cuba por los EE UU tiene su origen en un contrato de arrendamiento celebrado en 1903 entre ambos gobiernos; más tarde, en 1934, se estipuló que su duración dependería de la voluntad del primero; se reconocía la continuidad de la soberanía cubana sobre aquel territorio, si bien los EE UU se reservaban sobre el mismo el control y la plenitud de jurisdicción.

Durante la guerra de Afganistán se construye en Guantánamo un campo de detenidos. Al no ser territorio sometido a la soberanía de los EE UU, la situación de quienes permanecían allí privados de libertad no podía ser enjuiciada por los tribunales estadounidenses. Se creaba así un ámbito de opacidad jurídica en relación con el estatus de los presos, un gueto umbroso adonde no debe llegar la luz de la ley; es un espacio de no-derecho destinado a aislar a quienes se quiere tratar como no-personas. Se convierte así Guantánamo en una suerte de incontrolado apartamiento de personas (peligrosas o tenidas por tales), inicua expresión de la vertiente procesal del derecho penal del enemigo. Como pone de relieve Jakobs, la ambigua posición de los prisioneros -no se sabe si se trata de delincuentes o prisioneros de guerra- permite al Estado actuar al margen del proceso penal ordenado. En efecto, se acota lo que viene a ser un territorio jurídicamente de nadie donde ni se aplican las garantías procesales ni el Convenio de Ginebra. De hecho, se ha conocido una declaración secreta (7/2/2002) firmada por Bush en la que decide -quia nominor leo- que ninguno de los preceptos de la Convención de Ginebra sea relevante en el conflicto con Afganistán.

Dos alentadoras noticias de los últimos días dieron cuenta de significativos progresos en la reacción contra la ignominiosa situación en que la Administración norteamericana mantiene a los presos en Guantánamo. Primero fue el informe elaborado por expertos de la ONU en el que solicitan al Gobierno de los EE UU el cierre inmediato de aquel centro de detención, donde los derechos humanos son desvergonzadamente violados y las leyes internacionales groseramente vulneradas. El documento insta al Gobierno norteamericano a la liberación de los prisioneros y su sometimiento a un juicio justo. Por la segunda noticia, publicada hace escasos días, conocemos una nueva batalla ganada a la Administración Bush en la lucha que por la situación jurídica de aquellos presos se viene librando ante los tribunales norteamericanos con distinta fortuna y diverso alcance, pero con representativos logros que, por pequeños que parezcan, no son desdeñables.

Son conocidas las tres sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de los EE UU: Rumsfeld vs. Padilla, Hamdi vs. Rumsfeld, y Rasul vs. Bush (28/6/2004). La primera de ellas resuelve sobre una petición de habeas corpus de un ciudadano estadounidense de religión musulmana acusado de pertenecer a Al Qaeda, al que Bush declara «combatiente enemigo» de los EE UU. El Tribunal Supremo declara la incompetencia del tribunal inferior para conocer del asunto, pero en el voto particular que, con otros miembros del tribunal, firma el juez Stevens se recuerda que garantizar al ciudadano el derecho a un abogado que le ampare de las ilegalidades y arbitrariedades del poder es característica del derecho al proceso debido. Si esta nación -añade- quiere permanecer fiel a los ideales que simboliza su bandera, no debe emplear procedimientos propios de tiranos, ni siquiera para defenderse del ataque de las fuerzas de la tiranía.

La de mayor interés es la tercera de las sentencias citadas porque logra socavar uno de los presupuestos que servían a la Administración Bush. Según doctrina precedente del Tribunal Supremo, los ciudadanos extranjeros detenidos por autoridades norteamericanas fuera del territorio de EE UU no podían acudir al procedimiento del habeas corpus; pues bien, en esta sentencia se afirma que Guantánamo se equipara a territorio estadounidense, por lo que reconoció el derecho de estos presos a que su solicitud de habeas corpus fuese conocida por un tribunal.

Hay otras decisiones de tribunales inferiores cuyos pronunciamientos inquietarán a los gobernantes estadounidenses, por ejemplo, la del Tribunal de Distrito de Columbia que declara la inconstitucionalidad de los tribunales militares ad hoc, lo que de momento ha dado lugar a que Bush -que ha recurrido la sentencia- haya suspendido la tramitación de los juicios militares en Guantánamo. También el tribunal se pronuncia en contra de la peculiar facultad de Bush para decidir quiénes son «combatientes enemigos» (calificación que aboca a una infame situación jurídica); el presidente -dice el tribunal- no es un jurado y, por ello, carece de facultades para decidir sobre la situación jurídica de los presos.

A la última batalla ganada a la barbarie se refiere la más reciente noticia a que aludí líneas atrás; como consecuencia de una demanda formulada por la «Associated Press», un tribunal federal ha obligado al Gobierno de los EE UU a hacer públicos varios documentos relativos a la situación de presos de Guantánamo, rompiendo así con un interesado e indecente ocultismo.

Celebremos que la acción de los tribunales, aunque lenta y esforzadamente, como tantas veces ocurre en la difícil lucha por el derecho, vaya logrando que éste se alce y prevalezca sobre la arbitrariedad. Frente a la iniquidad del poderoso queda siempre aquel esperanzado «todavía hay jueces en Berlín» que clamó el molinero ante el abuso y desafuero que con él cometía Federico II de Prusia. Pero, entre tanto, el camino se habrá ido poblando de sangre, sudor y lágrimas.

La Nueva España, 26/03/06