El Gobierno evaluará a los funcionarios para determinar si cumplen con su trabajo

El Gobierno evaluará a los funcionarios para determinar si cumplen con su trabajo
El Gobierno quiere que los empleados públicos sean sometidos a evaluaciones periódicas y hacer depender de ellas una parte de sus retribuciones y su continuidad en el puesto de trabajo. En el caso de que no rindan en los puestos que tienen asignados, se les podría apartar de los mismos y cambiarles a una nueva tarea, sin perder por ello su condición de funcionarios.

Con esta filosofía, se trata de terminar con la presunción de que la función pública garantiza un puesto de trabajo de carácter vitalicio, hagan lo que hagan quienes los ocupan.

Así lo ha expicado el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, durante su comparecencia en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso para presentar el anteproyecto del Estatuto de la Función Pública, una legislación que regula los aspectos básicos de la función pública, pero que deja potestad a las comunidades autónomas en su desarrollo.

Sin embargo, Sevilla ha insistido en que aunque este estatuto haga desaparecer la creencia de que los puestos de funcionarios son "para toda la vida", no tiene por objetivo "despedir" a los empleados públicos.

Bajar el nivel de temporalidad

"Yo no me quedo satisfecho con un modelo de función pública en el cual los funcionarios, hagan lo que hagan, sean inamovibles. Y tampoco que sean removibles en función de intereses políticos. La categoría de funcionario te garantiza el trabajo, pero no el puesto de trabajo si no se cumplen sus funciones", ha subryado Sevilla.

No obstante, el titular de Administraciones Públicas ha precisado que el anteproyecto del estatuto, que próximamente será aprobado en Consejo de Ministros, no determina qué mecanismos de evaluación se emplearán ni quién se encargará de realizar dichas evaluaciones, un aspecto que aún se tiene que desarrollar.

Un aspecto destacado es que el texto obligará por ley a los ayuntamientos a rebajar su nivel de temporalidad actual, situado en el entorno del 30%, hasta por debajo del 10%. También estarán obligadas a hacerlo las comunidades autónomas, con las que ya existe un compromiso para avanzar en la reducción de su tasa de temporalidad.

UGT, en contra

La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) ha advertido de que no admitirá que en el futuro Estatuto Básico de la Función Pública se incluyan sistemas de evaluación que "premien o castiguen discrecionalmente" a los empleados públicos. El sindicato ha abogado en su lugar por introducir en el texto métodos que permitan a los funcionarios desarrollar una verdadera carrera profesional.

"Los procedimientos de evaluación deberán estar directamente relacionados con el puesto de trabajo que se desempeñe y con niveles de medición verificables, transparentes", ha afirmado UGT, que ha añadido que con estas medidas podría acabarse la actual falta de oportunidades para los trabajadores de la Administración.

El Periódico, 29/03/06