Reino Unido: Escuelas públicas de Toshiba, Institutos de Vodafone

Reino Unido: Escuelas públicas de Toshiba, Institutos de Vodafone

El proyecto de ley para reformar las escuelas públicas británicas alentado por Tony Blair necesitó para su aprobación del total apoyo del partido conservador, ninguno de cuyos parlamentarios emitió un voto en contra. No ocurrió así en las filas laboristas: 58 miembros del partido del Primer Ministro se negaron a validar la propuesta en sede parlamentaria.

El proyecto, que debe aún ser estudiado en comisión antes de su aprobación final, apuesta por solucionar los problemas educativos de los alumnos profundizando en la autonomía pedagógica y administrativa de los centros. Siguiendo las recomendaciones de los think-tanks liberales, la reforma pretende fomentar la competencia entre las escuelas. Si éstas pugnaran entre sí por alcanzar mejores resultados, estaríamos, dicen, ante la mejor vacuna contra el empobrecimiento en la formación. El objetivo primero es que los padres tengan una amplia oferta de modelos educativos y, al tiempo, que puedan participar activamente en la creación de esos mismos modelos.

Además, y como novedad estrella, el proyecto prevé que los centros escolares que así lo deseen realicen sus actividades con total autonomía respecto de las autoridades locales, implantando un sistema de financiación pública y gestión privada. Podrán ser gestionados por un trust (un club deportivo, una fundación de empresa, una asociación, entidades confesionales) que impondrá el sello pedagógico que estime adecuado. Empresas como Toshiba, Honda, Vodafone, bancos como UBS y un buen número de asociaciones han manifestado ya su intención de patrocinar estas escuelas.

Los centros educativos podrán, si así lo acuerda su consejo de gobierno, adoptar el estatuto jurídico de fundaciones, como paso legal previo para la nueva gestión, que permitirá mayor libertad en el presupuesto, pero también en los criterios educativos y en la contratación de personal, así como en la elección de materias en las que el colegio pueda especializarse. Asimismo, las escuelas podrán agruparse para gestionar mejor recursos comunes, materiales y humanos. A su vez, se estipula un mayor peso en las decisiones educativas de los padres de alumnos, ya sea a la hora de otorgar o retirar la confianza a la dirección del colegio o de confeccionar los planes de estudio.

Las City Academies

En el proyecto también se incluyen modelos como las City Academies, centros de nueva construcción financiados en un 90% por el Estado, y un 10% por el patrocinador (empresa, asociación, entidad confesional, etc), quien también ejerce de gestor del centro. Según el consejero de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid, Luis Peral, “los resultados de estos centros son espectaculares, tanto en lo que se refiere a la mejora académica como al ambiente de respeto y disciplina”. Peral, que ha podido visitar algunas de esas academias, señala cómo se están construyendo en “zonas de población desfavorecida con un bajísimo nivel material y educativo. Y en ese entorno están dando grandes resultados”.

Las críticas al proyecto de Blair, no obstante, han sido numerosas, y tendían a subrayar su carácter discriminador, asegurando que la reforma segregaría a los hijos de los emigrantes y de las clases socialmente más desfavorecidas, consiguiendo separarles en centros de segunda clase. La ley establece algunas prohibiciones para limitar estos peligros. Los centros, que deberán sujetarse a un código de conducta y que no podrán contar entre sus fines el de la realización de beneficios realizar beneficios, tampoco podrán seleccionar a sus alumnos en función de sus aptitudes escolares, de sus recursos materiales o mediante la imposición de cualquier clase de criterios discriminatorios de selección.

Pero estas medidas no han tranquilizado a los críticos, que alegan la existencia de numerosas formas de ignorar las prescripciones legales, estableciendo, por ejemplo, la obligación de realizar prácticas extraescolares costosas o simplemente introduciendo medidas de selección encubiertas, a través de test de aptitud psicológica. Igualmente, criticaban que la responsabilidad no estuviera en manos de los cargos elegidos democráticamente sino en el sector privado.

Neoliberalismo y gestión escolar

Para Carlos López, secretario de la Federación de Enseñanza de UGT, (que celebra unas jornadas sobre Neoliberalismo, autonomía y gestión escolar en Madrid los días 29 y 30 de marzo) esta clase de reforma no podría llevarse a cabo en España “aunque hay indicios que nos preocupan”. Según López, “hay diferentes versiones del concepto autonomía educativa. A nosotros nos preocupan las connotaciones negativas que puede llegar a tener una gestión ajena al centro educativo: deberíamos ver cómo se gestionan sus fondos y qué se hace con los contenidos curriculares”.

Sin embargo, el consejero de Educación de la CAM asegura que serían experiencias altamente recomendables para nuestro país y recuerda que esta clase de fórmulas, que aquí podrían representar una pequeña revolución, ya se están llevando a cabo en el ámbito de la educación infantil. “Estamos haciendo escuelas infantiles públicas cuya gestión se adjudica a entidades privadas. En realidad, sólo se trataría de llevar a la educación primaria y secundaria lo que ya estamos desarrollando en la infantil”.

¿Políticas de integración o políticas segregacionistas?

Según el secretario general de FETE- UGT, estas fórmulas serían notablemente perniciosas. Para Carlos López, el futuro está representado “por las políticas de integración y no por las segregacionistas. Los países que han obtenido mejores resultados en materia educativa, según el informe PISA, son aquellos que tienen un mayor gasto en educación, que aportan más materiales y más personal a las escuelas y no los que han introducido el mercado en el ámbito educativo”. Y una de las fórmulas que nos dirigirían hacia esa educación segregadora es la competencia entre centros. “La competitividad debe estar en los materiales y en el desarrollo de las políticas, no entre centros. Si siguiésemos ese camino, llegaríamos a una división jerarquizada de los centros, según las zonas en que los centros se ubican y donde, lógicamente, las zonas de mayores recursos tendrían también mejores resultados”.

Para Luis Peral, las consecuencias finales de esta clase de reformas serían justamente las opuestas. “Blair decía que en Inglaterra siempre había habido posibilidades de elección pero sólo para los ricos y que ahora se trataba de que las hubiera para todos, también para los más pobres. Y eso es lo que se conseguirá con este proyecto”. Según el consejero, “hay una enorme coincidencia entre las políticas educativas de Blair y de Esperanza Aguirre, ya que ambos apuestan por la calidad, la eficiencia, la transparencia y por el derecho de las familias a elegir el centro más adecuado para la educación de sus hijos”.

El Confidencial, 30/03/06