Los sindicatos de funcionarios piden garantías en su evaluación

Los sindicatos de funcionarios piden garantías en su evaluación
Fidalgo apoya que se incentive la eficiencia en la función pública

Los sindicatos de funcionarios pidieron ayer al Gobierno garantías a la hora de hacer las evaluaciones periódicas para comprobar cómo desempeñan su trabajo. Por eso, para dar el visto bueno al Estatuto de la Función Pública, tienen que pactar cómo será el reglamento que ponga en marcha la ley.

Los sindicatos de funcionarios pidieron ayer al ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, garantías a la hora de materializar la evaluación periódica en la que se comprobará cómo desarrollan su trabajo.

Según el Estatuto Básico de la Función Pública, de estas evaluciones dependerá parte de sus retribuciones y su continuidad en el cargo que ocupan. Por eso, temen que si no existen las garantías suficientes, los cargos políticos utilicen estas evaluaciones para premiar o castigar a los funcionarios que les sean más o menos afines. Esto, según afirman, supondría desvirtuar la figura del funcionario público, como profesionales que tienen que estar al margen de la lucha partidista.

En este contexto, las federaciones de servicios públicos de CC. OO. UGT y CSIF han transmitido al ministro dos mensajes. En primer lugar, que termine las negociaciones sobre el anteproyecto ya que hay aspectos que siguen por concretar. En segundo lugar, quieren conocer el reglamento que desarrollará esta ley antes de dar su conformidad.

De forma paralela pretenden obtener una cierta garantía por parte de los responsables del sector público, que van a seguir avanzando en la reducción de los contratos temporales y la actual bolsa de interinos, que supone en conjunto en torno al 24% de los contratos de empleados públicos. El objetivo sería reducir este tipo de contratos precarios al 8%, que es el volumen que se considera necesario para atender a los casos de interinidad que se pueden registrar en el funcionamiento de la Administración Pública.

Para la federación de servicios públicos de CC.OO. el ministro presentó ayer el anteproyecto del estatuto como si ya hubiera sido consensuado con los funcionarios, cuando aún es necesario concretar algunos aspectos clave. Sin embargo, existe un consenso generalizado de que por fin en esta legislatura se pueden aprobar unas reglas de juego que serían las equivalentes al Estatuto de los Trabajadores.

En este sentido se recuerda que los sindicatos habían pactado con el gobierno del PP un texto muy similar cuando Ángel Acebes era ministro de Administraciones Públicas. Aun así no prosperó en el Parlamento por las malas relaciones de este partido con el resto de los grupos políticos, lo que impidió el consenso necesario para que saliera adelante. En esta ocasión afirman que el Gobierno socialista mantiene unas relaciones fluidas con los grupos vasco y catalán, lo que permitiría alcanzar el consenso siempre que se pula el texto eliminando las suspicacias mostradas por los portavoces de CiU y ERC.

Por su parte, el secretario general de CC.OO., José María Fidalgo, respaldó el texto al afirmar que "no está mal que se incentive a los funcionarios para que sean más eficaces". El Estatuto Básico de la Función Pública es una vieja reivindicación de los trabajadores. En su opinión, lo más relevante del texto no es tanto el modelo de vigilancia y control del rendimiento que se instaura como la capacidad de promoción profesional.

La Vanguardia, 31/03/06