Guerra contra la biopiratería

Guerra contra la biopiratería
Brasil inicia la lucha contra el uso indebido de recursos genéticos del Tercer Mundo
La falta de normativa genera múltiples litigios sobre patentes y biopiratería

La aduana de São Paulo se incautó esta semana de un sobre que contenía cincuenta escorpiones vivos que habían sido enviados por correo desde Belo Horizonte hacia Suiza para la investigación biomédica

Brasil, donde se concentra hasta el 20% de toda la biodiversidad del planeta, ha empezado a combatir la biopiratería, es decir, la apropiación indebida de sustancias, recursos genéticos o conocimientos atesorados por poblaciones locales o indígenas que son comercializados sin permiso. La Aduana de este país en São Paulo se incautó esta semana de un sobre con 50 escorpiones vivos en su interior que habían sido enviados por correo desde Belo Horizonte hacia Suiza para investigación biomédica. La intervención fue realizada por funcionarios del Instituto

Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), que combate ya estas prácticas. Los 50 escorpiones, de pequeño tamaño, habían sido colocados dentro de 26 tubos para película fotográfica, pero fueron detectados cuando el sobre pasó por un aparato de rayos X.

De hecho, la intervención llevada a cabo en São Paulo supone la segunda carga de arácnidos detectada en los últimos quince días en este puesto de control. El pasado 22 de marzo los fiscales del Ibama se incautaron de un paquete con 219 arañas de diferentes especies que igualmente habían sido colocadas en tubos para película fotográfica. El paquete había partido de Belo Horizonte y tenía como destino Alemania. Según el jefe regional del Ibama en São Paulo, Luís António Gonzalves de Lima, las arañas habían sido enviadas a laboratorios europeos para investigación por la misma organización.

El hallazgo de São Paulo demuestra cómo las redes de biopiratería están actuando en busca de curas, remedios y medicinas tradicionales conservados ancestralmente en países tropicales y subtropicales. El objetivo es aprovechar estas sustancias (brebajes, plantas, hongos, animales) como material genético de base para patentar fármacos o para comercializar artículos de higiene, cosmética o alimentación.

La falta de control sobre estas actividades irrita a los países que atesoran esta riqueza natural, que reclamaron con poco éxito en la conferencia de Curitiba (Brasil) acelerar una normativa internacional para regular el acceso a estos recursos a cambio de un reparto justo de los beneficios, según vino informando La Vanguardia la semana pasada. La falta de una normativa internacional hace ahora que ese control sea casi imposible. Los casos son difíciles de detectar y frecuentemente se tiene conocimiento de ellos cuando se ha llegado a la fase de comercialización del producto. Es entonces cuando surgen las protestas en los países de origen, pero a veces ya es tarde.

El problema se agrava porque la industria biotecnológica aprovecha estos conocimientos tradicionales locales o indígenas sobre los efectos beneficiosos de estas sustancias sin ni siquiera requerir para ello el permiso previo de los afectados y sin que haya reparto de los beneficios como ordena el convenio de biodiversidad, ratificado por 199 países. La OMS dice que un 75% de los fármacos que se comercializan en Estados Unidos son simples versiones de medicinas tradicionales.

Tras Brasil, otros países se han puesto también manos a la obra. Así, en Venezuela ha surgido la Iniciativa Andino Amazónica para la Prevención de la Biopiratería, que reúne instancias oficiales de varios ministerios y organismos representativos de los grupos indígenas para combatir la biopiratería. Entre sus funciones están la de recopilar información sobre los casos detectados y la de proponer acciones de prevención.

Mientras tanto, el Instituto Edmonds, en colaboración con el Centro Africano para la Bioseguridad, presentó con motivo de la conferencia de biodiversidad un informe en el que se da un repaso a casi 50 casos de sustancias tradicionales del continente africano convertidas en productos usados por empresas occidentales como fármacos, cosméticos, cultivos agrícolas o material de investigación sin contrapartidas económicas.

Los litigios por los casos de presunta apropiación ilícita de recursos genéticos han generado conflictos continuos. Uno de los más polémicos se derivó de la patente de la ayahuasca, una planta utilizada como bebida por los pueblos indígenas de Amazonia (Brasil, Perú) para sus ritos espirituales y curativos, y cuyos potentes efectos alucinógenos, exentos de efectos secundarios, son algunas de las propiedades más apreciadas por sus consumidores.

Sin embargo, un norteamericano, Loren Miller, patentó una variante de esta planta en 1986 con el ánimo de desarrollar nuevas medicinas en el campo psiquiátrico y cardiovascular. La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia conoció estos hechos años después, y acusó a Miller de ser enemigo de los pueblos indígenas amazónicos. Decenas de organizaciones ambientalistas expresaron su solidaridad con las poblaciones afectadas, puesto que no recibieron ninguna compensación económica. La coordinadora indígena solicitó la cancelación de la patente por no tener novedad inventiva; y lo logró en 1997, pero esta decisión fue revocada tras los nuevos argumentos presentados por Miller en el 2001.

Otro ejemplo representativo del tipo de conflictos que se generan se derivó de la patente de la cúrcuma de India, un remedio mágico extraído de una raíz que durante miles de años ha sido empleada para el tratamiento de esguinces, inflamaciones y tratamientos de heridas en la medicina ayurvédica.

En 1995, se otorgó la licencia de propiedad a dos científicos de la Universidad de Mississippi. Aunque en la solicitud ambos reconocían que "en India se ha usado la cúrcuma desde hace mucho tiempo como medicina tradicional", según argumentaron no existía ninguna investigación para su empleo como agente para sanar heridas externas. El Gobierno indio replicó y desafió la patente, que consideraba un robo descarado. Y presentó una amplia documentación que demostraba el uso de la cúrcuma específicamente para curar heridas. La oficina de patentes estadounidense no tuvo más remedio que dar la razón a India.

La solución a la biopiratería debería venir dada por una nueva normativa que regulara el consentimiento previo de un país para facilitar el acceso a sus recursos genéticos y el reparto equitativo de beneficios. Hasta ahora, los acuerdos entre empresas y países con este fin tienen un carácter voluntario, pero en el futuro se quiere que se sometan a un régimen obligatorio. En la conferencia de Curitiba (Brasil) se acordó que este sistema debía estar listo "antes del 2010". La idea es que los productos que procedan de recursos genéticos vayan acompañados de un certificado de origen (para adjuntar a la posible patente) y que estén etiquetados, pues la identificación permitirá rastrear su procedencia y comprobar si estuvieron precedidos de una autorización de acceso y un pacto para repartir beneficios.

Pero esta regulación tiene múltiples obstáculos. Margarita Clemente, catedrática de Botánica de la Universidad de Cordoba, explica, por ejemplo, que se debe aclarar el papel que cada gobierno concede a las poblaciones indígenas. Estas comunidades son las que conservan el conocimientos sobre el oro verde de estas sustancias perseguidas, pero cuando se trata de este asunto con ellas surgen viejos litigios territoriales y de derechos históricos sobre recursos naturales que complican el diálogo.

Y quedan muchas incertidumbres por despejar. ¿Cómo se distribuyen esos beneficios cuando el recurso genético pertenece a una comunidad indígena repartida entre varios estados?, ¿cómo se garantiza que el certificado de origen sobre una sustancia que da lugar a una patente es creíble si a lo mejor se extrajo de ese país hace diez años?

Henk Hobbelink, portavoz del grupo ambientalista Grain, critica que algunos países con gran diversidad biológica (India, Malasia...) hayan convertido el conocimiento indígena sobre sus recursos genéticos en una mera mercancía, cuando "el objetivo del convenio de diversidad biológica es reforzar ese conocimiento, potenciar su uso local y lograr un control sobre esos recursos al margen de las multinacionales".

Sin embargo, un norteamericano, Loren Miller, patentó una variante de esta planta en 1986 con el ánimo de desarrollar nuevas medicinas en el campo psiquiátrico y cardiovascular. La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia conoció estos hechos años después, y acusó a Miller de ser enemigo de los pueblos indígenas amazónicos. Decenas de organizaciones ambientalistas expresaron su solidaridad con las poblaciones afectadas, puesto que no recibieron ninguna compensación económica. La coordinadora indígena solicitó la cancelación de la patente por no tener novedad inventiva; y lo logró en 1997, pero esta decisión fue revocada tras los nuevos argumentos presentados por Miller en el 2001.

Otro ejemplo representativo del tipo de conflictos que se generan se derivó de la patente de la cúrcuma de India, un remedio mágico extraído de una raíz que durante miles de años ha sido empleada para el tratamiento de esguinces, inflamaciones y tratamientos de heridas en la medicina ayurvédica.

En 1995, se otorgó la licencia de propiedad a dos científicos de la Universidad de Mississippi. Aunque en la solicitud ambos reconocían que "en India se ha usado la cúrcuma desde hace mucho tiempo como medicina tradicional", según argumentaron no existía ninguna investigación para su empleo como agente para sanar heridas externas. El Gobierno indio replicó y desafió la patente, que consideraba un robo descarado. Y presentó una amplia documentación que demostraba el uso de la cúrcuma específicamente para curar heridas. La oficina de patentes estadounidense no tuvo más remedio que dar la razón a India.

La solución a la biopiratería debería venir dada por una nueva normativa que regulara el consentimiento previo de un país para facilitar el acceso a sus recursos genéticos y el reparto equitativo de beneficios. Hasta ahora, los acuerdos entre empresas y países con este fin tienen un carácter voluntario, pero en el futuro se quiere que se sometan a un régimen obligatorio. En la conferencia de Curitiba (Brasil) se acordó que este sistema debía estar listo "antes del 2010". La idea es que los productos que procedan de recursos genéticos vayan acompañados de un certificado de origen (para adjuntar a la posible patente) y que estén etiquetados, pues la identificación permitirá rastrear su procedencia y comprobar si estuvieron precedidos de una autorización de acceso y un pacto para repartir beneficios.

Pero esta regulación tiene múltiples obstáculos. Margarita Clemente, catedrática de Botánica de la Universidad de Cordoba, explica, por ejemplo, que se debe aclarar el papel que cada gobierno concede a las poblaciones indígenas. Estas comunidades son las que conservan el conocimientos sobre el oro verde de estas sustancias perseguidas, pero cuando se trata de este asunto con ellas surgen viejos litigios territoriales y de derechos históricos sobre recursos naturales que complican el diálogo.

Y quedan muchas incertidumbres por despejar. ¿Cómo se distribuyen esos beneficios cuando el recurso genético pertenece a una comunidad indígena repartida entre varios estados?, ¿cómo se garantiza que el certificado de origen sobre una sustancia que da lugar a una patente es creíble si a lo mejor se extrajo de ese país hace diez años?

Henk Hobbelink, portavoz del grupo ambientalista Grain, critica que algunos países con gran diversidad biológica (India, Malasia...) hayan convertido el conocimiento indígena sobre sus recursos genéticos en una mera mercancía, cuando "el objetivo del convenio de diversidad biológica es reforzar ese conocimiento, potenciar su uso local y lograr un control sobre esos recursos al margen de las multinacionales".

La Vanguardia, 08/04/06