Internacional de la Educación: Educación vs. Comercio nº 8

Internacional de la Educación: Educación vs. Comercio nº 8
Intensificación de las negociaciones sobre el AGCS: la IE organiza la presión sobre la OMC en Ginebra

Nueva Zelanda encabeza la petición colectiva del AGCS sobre servicios “privados” en la enseñanza superior

El gobierno de Nueva Zelanda es la punta de lanza de las tentativas para ejercer presión sobre ciertos miembros de la OMC para que abran su “mercado” de enseñanza superior privada durante las negociaciones en curso sobre el AGCS.

La petición colectiva, presentada a principios de marzo como parte de un nuevo y polémico enfoque “plurilateral” a las negociaciones aprobadas en la reunión Ministerial de Hong Kong el pasado mes de diciembre, también cuenta con el apoyo de Australia, Estados Unidos, Malasia, Taipei-China y Japón. Los países en la mira incluyen a Argentina, Brasil, Chile, China, la Unión Europea, Hong Kong, India, Indonesia, Corea, Malasia, México, Omán, Filipinas, Singapur, Paquistán, Arabia Saudí, Sri Lanka, Suiza, Tailandia, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

Hasta la fecha, la mayoría de los países se han mostrado renuentes a concluir compromisos en el marco del AGCS en la educación, preocupados ante la posibilidad de ver afectadas las regulaciones que rigen a las escuelas e instituciones públicas. La petición plurilateral intenta paliar estas preocupaciones pidiendo que los miembros acepten compromisos únicamente para la enseñanza superior “privada” y otros servicios educativos.

Sin embargo, en una reunión organizada por el grupo solicitante a finales de marzo, los países afectados continuaron manifestando su malestar ante la ambigüedad existente entre los servicios educativos públicos y privados. La preocupación se debe a que el límite entre servicio público y privado es cada vez más borroso, y que los compromisos relativos a los servicios privados de la enseñanza superior en el marco del AGCS expongan por inadvertencia el sistema público a todas las repercusiones de las reglas del AGCS.

Además, varios miembros indicaron que su renuencia a concluir compromisos incluía la preocupación por la calidad de los prestatarios educativos externos. No queda claro, afirmaron, si los compromisos del AGCS debilitarían su capacidad para proteger a los estudiantes contra la entrada de proveedores de enseñanza superior de poca calidad.

La IE se reúne con negociadores y responsables clave de la OMC

El 27 de marzo, al iniciarse las negociaciones plurilaterales sobre servicios, la IE organizó varias reuniones con los países y responsables clave. La delegación de la IE, encabezada por Monique Fouilhoux, coordinadora de educación y empleo de la IE, incluyó representantes de las afiliadas de Australia, Canadá y Dinamarca. Se celebraron reuniones con los negociadores de servicios de Estados Unidos, la UE, Brasil y altos responsables de la OMC. Además, se celebró una reunión especial con el embajador mexicano Fernando de Mateo, que también preside el Consejo del Comercio de Servicios, órgano que se ocupa de facilitar las negociaciones del AGCS.

La UE, México y Brasil, todos blanco de la petición plurilateral, señalaron que no accederán a las demandas del grupo encabezado por Nueva Zelanda. La UE considera que sus compromisos actuales en servicios educativos privados ya exceden los de la petición. La UE manifestó firmemente que no está dispuesta a suprimir las exenciones específicas que sus Estados miembros han tomado para proteger del alcance del AGCS las normas y regulaciones específicas a la educación.

Del mismo modo, el embajador de Mateo, de México, señaló que su país no hará más compromisos en servicios educativos y mantendrá todas las reservas existentes. Brasil, que no tiene ningún compromiso vigente en los servicios educativos, no tiene ningún interés en hacerlo en esta ronda.

En tela de juicio las reglas de la reglamentación nacional

Como parte de la actual ronda de negociaciones de la OMC, los países también están negociando nuevas reglas sobre la reglamentación nacional. En el AGCS, ésta se refiere a las reglas que gobiernan los requisitos de cualificación, los procedimientos de concesión de licencias y las normas técnicas de las personas o empresas que presten un servicio. La finalidad de las nuevas reglas sería pedir a los países que garanticen que sus reglamentaciones nacionales sean transparentes, pertinentes y objetivas.

El alcance de las reglas propuestas sobre reglamentación nacional es muy amplio y podrían afectar a numerosos tipos de medidas gubernamentales sobre educación y otros servicios públicos.

Por ejemplo, los responsables de la OMC explicaron a la delegación de la IE en Ginebra que en caso de desarrollarse las reglas sobre los requisitos de licencias, la interpretación que les darían sería amplia. Las reglas se aplicarían no solamente a las licencias profesionales sino también la acreditación de las escuelas, así como las licencias para instalaciones sanitarias y laboratorios.

Del mismo modo, según la Secretaría de la OMC, las normas técnicas se aplicarían, entre otros, “a las reglas según las cuales debe prestarse el servicio”. Una vez más, los responsables de la OMC concedieron que podría aplicarse a las normas relacionadas con los requisitos de garantía de calidad de las escuelas, así como las reglamentaciones en materia de salud y seguridad, prácticas medioambientales sostenibles y otras reglamentaciones importantes para el interés público.

¿Cuál es el problema con las reglas propuestas sobre la reglamentación nacional?

  • Las reglas interferirían indebidamente con el derecho de los gobiernos a regular sus sistemas educativos. Sencillamente es inaceptable que la OMC pueda cuestionar posteriormente las reglamentaciones en materia de educación.
  • Las reglas ignoran la realidad de cómo se elaboran las reglamentaciones, incluidas las que atañen a la educación. Las reglas y las normas se concluyen mediante compromisos cuya finalidad no es imponer ni mayores ni menores obligaciones a las empresas y otros prestatarios de servicios.
  • El requisito de que las reglamentaciones se basen en criterios “objetivos” también plantea preocupaciones. El motivo es que numerosas reglamentaciones legítimas a menudo se fundamentan en juicios “subjetivos” sobre la calidad de un servicio.
  • Todos los gobiernos, pero los países en desarrollo en particular, requieren flexibilidad para conservar y ampliar su reglamentación sobre la educación. A medida que los sistemas educativos se desarrollan, puede surgir la necesidad de una reglamentación adicional.

Hasta la fecha, la mayoría de las negociaciones en torno a la reglamentación nacional se han centrado sobre cuestiones de transparencia, es decir, garantizar que las reglamentaciones estén disponibles al público y sean claras. Sin embargo, hay desacuerdo sobre cómo debe entenderse el término.

Para algunos miembros, como Brasil, la transparencia significa solamente que se pida a los miembros publicar todas sus reglamentaciones relativas a los requisitos de cualificación, para la concesión de licencias y las normas técnicas. Otros, como los EE.UU. y la UE, están presionando a favor de una noción más amplia de la transparencia, que incluye avisar con antelación toda reglamentación nueva o modificada, dando la oportunidad de que otros países hagan comentarios. En su reunión con la delegación de la IE, los responsables brasileños indicaron que su país, y muchos otros países industrializados, nunca aceptarían la definición más amplia de la transparencia. El requisito del aviso previo y de consulta crearía una obligación indebida para ellos y daría pauta a presiones para que retiren o restrinjan las medidas reguladoras.

Otros países quisieran que las nuevas reglas de reglamentación nacional exijan que los gobiernos demuestren que las medidas reguladoras que adopten, inclusive si se aplican por igual a prestatarios externos y nacionales de un determinado servicio, “no son más restrictivas de lo necesario".

No se precisa decir que esta supuesta “prueba de necesidad” es sumamente polémica. El representante de los EE.UU. dijo a la delegación de la IE que su gobierno no podría aceptar la prueba de necesidad. Los gobiernos estatales y los reguladores de los Estados Unidos se oponen enérgicamente a esta disposición.

Asimismo, Brasil está planeando presentar una propuesta sobre la reglamentación nacional que “suprima o diluya” el requisito de una prueba de la necesidad.

Perspectivas futuras

Las negociaciones del AGCS se han reanudado en serio, y los responsables esperan poder llegar a un acuerdo final para octubre de este año. La IE continuará supervisando e interviniendo en las negociaciones siempre que sea necesario con la finalidad de garantizar que se tengan en cuenta los intereses de los docentes y demás trabajadores y trabajadoras de la educación.

Entre tanto, la IE alienta a sus afiliadas a continuar ejerciendo presión sobre sus gobiernos para mantener a la educación al margen del AGCS y oponerse a nuevas reglas sobre la reglamentación nacional.


EDUCACION VS. COMERCIO ha sido preparado por el equipo del Departamento de Educación y Empleo de la IE integrado por Elie Joven y Monique Fouilhoux, con la ayuda de David Robinson. Para mayor información, póngase en contacto con la Secretaría de la IE en Bruselas. Tel.: +32 2 224 0611, Fax: +32 2 224 0606, E-mail: mailto:elie.jouen@ei-ie.org, Internet : www.ei-ie.org