O PSOE gañou as Eleccións Xerais do 14 de marzo de 2004. Este é o Capítulo 5 do seu programa electoral, referido á educación 

(O programa completo pode descargarse en PDF)

La educación, nuestra prioridad básica

INTRODUCCIÓN

Para los socialistas la Educación es un derecho constitucional básico que los poderes públicos deben garantizar y el primer factor de progreso individual y de bienestar social. Su extensión a todos los ciudadanos en condiciones de calidad es el fundamento más sólido para construir una sociedad económicamente avanzada y social y territorialmente cohesionada. Sólo garantizando una educación de calidad para todos, podremos conseguir una verdadera sociedad justa, de ciudadanos libres y responsables, que consolide el progreso de España en la convivencia democrática. Por eso, la Educación ha sido y será siempre el patrimonio más preciado por el Partido Socialista. Además, la educación es tanto más importante en esta sociedad del conocimiento en permanente y vertiginoso cambio, en un mundo que está viviendo una de las mayores transformaciones de toda la historia de la humanidad, que está introduciendo cambios que exigen una formación de la ciudadanía a lo largo de toda la vida. Hay que educar no sólo para aprender, sino también para seguir aprendiendo.

Los socialistas queremos garantizar, al mismo tiempo, el mayor grado de calidad en la enseñanza y la mayor igualdad de oportunidades para acceder a ella, porque creemos que sin igualdad no hay calidad éticamente defendible y sin calidad no puede hacerse efectiva la igualdad. Pero la mejora de la calidad exige el compromiso y apoyo de los poderes públicos, especialmente en la enseñanza pública. La consideración de ésta como eje vertebrador del sistema educativo, exige que las Administraciones educativas le otorguen una atención prioritaria que permita ofrecer una enseñanza de calidad contrastada.

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I. LA POLÍTICA DE LOS GOBIERNOS DEL PP: DESIDIA Y CONTRARREFORMA

El Partido Popular ha llevado a cabo una política educativa regresiva, injusta y autoritaria, que nos aleja de nuestro entorno europeo e introduce graves desigualdades.

Si la primera legislatura de este ciclo se caracterizó por la despreocupación por la Educación y la descapitalización del sistema educativo, en la segunda legislatura el Partido Popular ha utilizado su mayoría absoluta para dar paso a una auténtica contrarreforma educativa mediante la aprobación de tres leyes que ha impuesto contra la opinión de las Comunidades Autónomas, de las Administraciones Locales, de la comunidad educativa y de los sindicatos, y practicando el insulto y la descalificación contra quien discrepa, ya sean los estudiantes, los rectores o los agentes sociales.

LA LOU fue una Ley preocupada por el control del poder interno de las Universidades, sin medidas reales ni eficaces sobre la calidad de la formación universitaria y la mejora de la investigación y la gestión de nuestras universidades públicas; que inauguró un mal sistema de habilitación para el profesorado; que no ha supuesto financiación adicional; que olvida justamente lo fundamental que es mejorar la formación inicial y permanente del profesorado de todos los niveles educativos y los procesos de formación del alumnado; que no cree en la autonomía universitaria; que consagra una doble selectividad para entrar en la Universidad.

La Ley de Formación Profesional fue una Ley alicorta e insuficiente pues ni integra los tres subsistemas de formación (Reglada o Básica, Ocupacional y Continua), ni aporta financiación para su puesta en práctica ni satisface las demandas de empresas, jóvenes y trabajadores.

En cuanto a la Ley de Calidad, supone una verdadera contrarreforma de graves consecuencias educativas, personales y sociales pues segrega a los alumnos con dificultades, no prevé medidas eficaces y realistas de apoyo a los que tienen necesidades específicas; siembra de obstáculos la progresión escolar; conculca la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa minimizando el papel de los Consejos Escolares; recupera la religión como asignatura del currículo a todos los efectos; y, de nuevo, acrece de previsiones financieras.

Al tiempo, los recursos destinados a Educación han disminuido -mientras en 1996 el gasto suponía el 4,9 % del PIB, ahora supone sólo el 4,4%- y se ha retrocedido en la igualdad de oportunidades –se ha reducido el número de becas, su cuantía media y su duración-.

II. LA ALTERNATIVA EDUCATIVA DE LOS SOCIALISTAS

Los socialistas otorgaremos a la educación la prioridad política y presupuestaria básica en nuestra acción de gobierno.

Impulsaremos una política educativa que persiga una sociedad más moderna, más justa, más culta, más rica y más cohesionada ; que nos incorpore de forma activa y creativa a la sociedad del conocimiento; que ponga las bases para una educación más cosmopolita, que prime la formación en los valores universales de los derechos humanos; que sea capaz de responder a los nuevos servicios que demandan las familias como consecuencia de la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, y que defina un modelo respetuoso con la diversidad cultural de la sociedad española y con la pluralidad del Estado Autonómico.

Para ello nos trazamos los siguientes objetivos generales:

• Garantizar los más altos niveles de calidad para todos, con suficiencia e igualdad de medios y obligaciones de toda la enseñanza sostenida con fondos públicos.
• Transmitir y enseñar a vivir, a niños, adolescentes y jóvenes, los valores de la ética constitucional, centrando su atención tanto en el respeto de los derechos individuales y sociales, como en la asunción de los deberes personales y colectivos.
• Potenciar los valores y atender las necesidades de una Escuela pública y laica en los términos del art. 27 de la CE.
• Fortalecer los principios de exigencia académica y disciplina moral para la convivencia, el respeto mutuo, el trabajo formativo, la autoestima y el pleno desarrollo personal y social.
• Articular estructuras funcionales, en diferentes niveles, en las que estén presentes profesores, estudiantes, padres, Administración, Medios de Comunicación y Expertos interdisciplinares que orienten, con directrices claras y explícitas, las responsabilidades de cada uno en los procesos de aprendizaje y formación.
• Fomentar la escolarización temprana a través de una oferta pública de plazas (de 0-3 años) en escuelas infantiles (con la corresponsabilidad de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) como instrumento básico de compensación de las desigualdades de origen, que permita conciliar la vida laboral y familiar e incrementar el empleo de la mujer.
• Ponderar los saberes científicos, humanísticos y sociales fundamentales que se deben organizar en la Enseñanza General Obligatoria y Bachillerato, que exige hoy la sociedad del conocimiento, desde el consenso de instancias académicas interdisciplinares y sociales relevantes, otorgando la prioridad debida a nuestras lenguas, a las matemáticas y el aprendizaje efectivo de idiomas extranjeros, principalmente comunitarios.
• Fomentar la atención y orientación de todos los estudiantes, y de modo singular a quienes presenten necesidades educativas específicas, para conseguir una enseñanza personalizada.
• Determinar los medios que garanticen las tasas de escolarización que queremos lograr tras el nivel obligatorio, de tal modo que toda persona alcance un nivel de cualificación que le permita la realización de su vida laboral y social.
• Realizar la integración de los subsistemas y otorgar una prioridad fundamental a la Formación Profesional para asegurar las cualificaciones que precisa el sistema productivo con la adaptación permanente de los profesionales para asegurar su empleabilidad.
• Formalizar un Contrato con el Profesorado de todos los niveles educativos, que garantice un sistema de incentivos salariales y profesionales, que propicie la dignidad que exige su trabajo, incremente su reconocimiento social y conlleve un compromiso eficaz con la calidad de la enseñanza.
• Avanzar hacia una educación que responda a los retos de la sociedad del conocimiento, a un mundo cada vez más globalizado desde una perspectiva cosmopolita. Para ello integraremos las TIC en las aulas como una herramienta educativa más, y aseguraremos el conocimiento efectivo de al menos dos idiomas extranjeros, principalmente los de mayor uso en la UE.
• Promover una Universidad que lidere la sociedad del conocimiento desde su servicio público y señale las pautas científicas y éticas para que los poderes públicos puedan propiciar un progreso sostenible y solidario en una sociedad crecientemente cohesionada.
• Consagrar el derecho a la Formación Permanente de los ciudadanos de España, como desarrollo de su realización personal e instrumento fundamental para lograr la adaptación constante a las demandas y necesidades cambiantes de la nueva sociedad del conocimiento.
• Incrementar el gasto por alumno en todos los niveles del sistema educativo hasta alcanzar la media de la UE al final de la Legislatura, así como el aumento progresivo en la inversión y gasto de las Políticas de I+D para alcanzar el 2% del PIB en 2010.

Basándonos en la colaboración mutua, la lealtad institucional y la corresponsabilidad, propiciaremos un diálogo con todos, en primer lugar con las Comunidades Autónomas, con Ayuntamientos, Comunidad Educativa, CRUE, agentes sociales, organizaciones educativas y escolares, científicas y de comunicación para lograr un consenso básico sobre los cambios necesarios para lograr los objetivos comunes.

Mejor educación para una sociedad moderna, culta, plural, más justa y socialmente cohesionada

La necesidad de potenciar el conocimiento, de socializarlo y aprovecharlo en condiciones de mayor igualdad es un rasgo básico de las sociedades más modernas, dinámicas y avanzadas de nuestro mundo.

Para lograrlo es preciso incrementar la formación de más alto nivel de los jóvenes y las personas adultas. El incremento de la tasa de titulados de bachillerato y ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional, por un lado, y de Universidad y ciclos formativos de grado superior, por otro, se convierte en objetivo irrenunciable, con la perspectiva de alcanzar en el año 2010 una tasa del 85% de titulados a los 22 años, conforme a los objetivos de la Unión Europea. Asimismo, el aumento y la mejora de la formación permanente de las personas adultas para perfeccionar sus conocimientos, mejorar su cualificación profesional y promocionar una plena participación ciudadana se convierte en otra de nuestras más importantes metas.

Nos proponemos, para ello, actuar en los siguientes ámbitos:

Mejorar los resultados del sistema educativo

Desarrollaremos, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, un conjunto de medidas para prevenir el fracaso escolar y mejorar la formación de todo el alumnado:

• La Educación Infantil será considerada como una etapa educativa, de 0 a 6 años, con finalidades y objetivos propios, independientemente del centro donde se imparta, Escuela de Educación Infantil o Colegio de Educación Infantil y Primaria.
• El Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y la FEMP, establecerá un marco regulador básico para la oferta de plazas de primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años), a través de una Red Pública de Escuelas Infantiles, con el fin de garantizar una oferta educativa de calidad a toda la población infantil independientemente de la Comunidad Autónoma en la que vivan.
• Estableceremos una oferta común en el conjunto de la educación obligatoria, aplicando las medidas necesarias para que todo el alumnado llegue a desarrollar las capacidades básicas planteadas en estas etapas educativas.
• Restableceremos el carácter voluntario y no evaluable de la enseñanza de la religión.
• Ofreceremos en todos los centros que impartan la Educación Secundaria Obligatoria programas de apoyo y refuerzo, como los Programas de Diversificación Curricular, que permitan al alumnado alcanzar los objetivos de esta etapa y, por tanto, el título de Graduado.
• Avanzaremos hacia una enseñanza más individualizada, para dar una respuesta adecuada a la diversidad de intereses y motivaciones del alumnado, fruto de situaciones y proyectos familiares diversos.
• Crearemos mejores condiciones para el desarrollo de la función tutorial en la Educación Secundaria Obligatoria, incrementando el tiempo específico destinado a la misma para que el profesorado preste mayor atención tanto a las tareas de coordinación docente como a la relación con las familias.
• Potenciaremos la orientación educativa en los Centros de Educación infantil, primaria y secundaria, dotándoles de los recursos necesarios, en función del número de unidades escolares y las características y necesidades del alumnado que atiendan.
• Dotaremos a los centros públicos de Primaria de los medios necesarios para que puedan ofertar una hora diaria de actividades educativas complementarias, dirigidas a reforzar el dominio de los aprendizajes instrumentales básicos, tales como la lectura, la escritura y el cálculo; adquirir las destrezas y las habilidades básicas de trabajo y estudio; y realizar actividades relacionadas con las capacidades expresivas y creativas de los niños y niñas.
• Dotaremos a los centros públicos que imparten Educación Secundaria Obligatoria de los medios necesarios para que puedan ofrecer tres horas semanales de actividades complementarias que faciliten, a aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje, la superación de las mismas, y la ampliación y profundización de sus conocimientos para el alumnado que así lo desee.
• Garantizaremos una oferta suficiente de puestos escolares en las enseñanzas postobligatorias, para aumentar significativamente los porcentajes de escolarización en estas etapas educativas, conforme a los objetivos establecidos por la Unión Europea.
• La superación de los cursos de bachillerato dará lugar al título correspondiente, que habilitará para acceder a los ciclos formativos de grado superior o la prueba de acceso a la Universidad.
• Promoveremos el interés de los jóvenes por la lectura, mediante dotaciones adecuadas en las Bibliotecas y el fomento del libro de lectura como apoyo al desarrollo del currículo de las diferentes materias.
• Consolidaremos las Zonas Escolares Rurales, potenciando su papel crucial en la supervivencia y desarrollo de los pueblos, ofreciendo una educación de calidad que atienda a las necesidades específicas de la Escuela Rural, facilite la coordinación y formación y estímulos específicos del profesorado para su permanencia y potencie las experiencias de innovación educativa y de integración y progreso social de su medio.

Crear condiciones para el desarrollo de mayor autonomía de los centros educativos

Crearemos las condiciones necesarias para que los centros dispongan de mayor autonomía para organizar la mejor respuesta social y educativa al alumnado que tienen escolarizado. Para ello, proponemos potenciar los siguientes aspectos:

• Autonomía en el desarrollo del currículo, en la organización y funcionamiento de los centros, en la gestión económica y en la gestión de personal.
• Organización de los centros de acuerdo con sus objetivos y características propias y con las decisiones que haya adoptado su Consejo Escolar.
• Autonomía en el diseño de agrupamientos, organización del tiempo, conexión interdisciplinar del currículo y en la gestión de los recursos humanos, para desarrollar proyectos propios y globales de innovación, investigación y experimentación educativa.
• Refuerzo de los equipos directivos, más apoyo de la administración educativa, mejor delimitación de responsabilidades y mayor implicación de la comunidad educativa para aumentar la autonomía de los centros. En este sentido, es necesario recuperar la elección democrática de los mismos como factor de calidad y mejora de la participación.
• Mayor nivel de control social correlativo al mayor grado de autonomía. Los Consejos Escolares, máximos órganos de representación de la comunidad educativa, deben garantizar la participación e intervención del profesorado, los padres y las madres y el alumnado en la gestión de los centros educativos. Los Consejos Escolares tienen la función de ejercer el control social en la gestión de los centros y la Administración ha de adoptar las medidas necesarias para promover y facilitar la participación en ellos.
• Normas que regulen y promuevan la participación de los estudiantes en las instituciones académicas.
• Desarrollo de sistemas de evaluación, interna y externa, con el fin de detectar los principales problemas y adoptar las medidas necesarias para garantizar la calidad del servicio educativo.
• La inspección educativa para que, desde una intervención en los centros respetuosa con la autonomía de los mismos, quede configurada como un factor real de mejora de la enseñanza.

Desarrollar estrategias para progresar hacia un mayor grado de igualdad

Nuestro sistema educativo debe establecer los mecanismos necesarios para prevenir y compensar las desigualdades de origen que presentan determinados sectores de la población, cualquiera que sea el motivo que las origine, contribuyendo eficazmente a la superación de las mismas y sin ser él mismo fuente de discriminaciones.

Para la consecución de este objetivo proponemos las siguientes medidas:

• Educar a todos entre todos. Nuestro propósito es conseguir que todos los centros sostenidos con fondos públicos garanticen un servicio educativo sin discriminación alguna y con un nivel de calidad satisfactorio, disponiendo los medios necesarios para ello. Con dicho fin se elaborará la normativa necesaria que asegure que todos los centros privados que se acojan al régimen de conciertos cumplan los requisitos de:
  • Atender a todo el alumnado sin ningún tipo de discriminación explícita o implícita, de acuerdo con una normativa de admisión del alumnado que evite la configuración de una doble red educativa. Se asegurará la escolarización equitativa, entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, del alumnado con necesidades educativas especiales, con especiales dificultades de aprendizaje, inmigrante o procedente de minorías étnicas o culturales.
  • Hacer efectivo el principio de gratuidad en todos los centros, públicos y concertados, diferenciando claramente las actividades académicas y obligatorias de aquellas complementarias y voluntarias.
  • Llevar a cabo una gestión transparente y controlable socialmente.
• Programas integrales de compensación educativa. Los poderes públicos determinarán los centros y las zonas de atención preferente en los que resulte necesario establecer actividades o planes específicos de actuación en los que figurarán, entre otras, las siguientes medidas:
  • Reducción de la ratio a 15 alumnos por aula, en aquellos niveles, materias y situaciones concretas de déficit que lo precisen.
  • Incremento de los recursos económicos para gastos de organización y funcionamiento de los centros.
  • Ampliación de la dotación de profesores y establecimiento de acuerdos con los Ayuntamientos para que los trabajadores sociales, mediadores culturales y otros profesionales puedan asesorar al profesorado, trabajar tanto con el alumnado que lo requiera como con sus familias.
  • Fomento de la estabilidad de los equipos de profesorado mediante el establecimiento de planes de actuación plurianuales, que incluirán la garantía de estabilidad de los equipos docentes, así como los oportunos incentivos salariales y el reconocimiento de los méritos que procedan, a los efectos de facilitar la movilidad de aquellos profesores que lo deseen una vez finalizados los mencionados planes.
• Implantación de actividades de apoyo familiar que faciliten la participación de los padres y/o madres del alumnado en su proceso educativo y en la vida de los centros.

Planes Integrales para la prevención y control del absentismo escolar. Estos Planes exigirán la actuación coordinada de las Administraciones con competencias en la materia e incluirán medidas tendentes a mejorar las condiciones de escolarización del alumnado con problemas de absentismo, a apoyar a las familias respectivas y a facilitar el tránsito de este alumnado desde el sistema educativo a su integración laboral.

Programas para el alumnado con necesidades específicas.

• Mejoraremos las condiciones de escolarización, facilitando la integración del alumnado y la sectorización de la respuesta educativa en función de las discapacidades, y estableceremos las enseñanzas, los apoyos, la adecuación de los centros y las adaptaciones curriculares necesarias para garantizar que cada cual desarrolle al máximo sus capacidades.
• Aumentaremos la dotación de profesorado especialista en Educación Especial en los Institutos de Educación Secundaria, con objeto de asegurar la continuidad de la atención educativa recibida por el alumnado durante la Educación Infantil y Primaria.
• Impulsaremos programas específicos de atención al alumnado con sobredotación de sus capacidades personales, de forma que se potencie el pleno desarrollo de las mismas, de manera coordinada con la familia, al tiempo que se garantiza su integración con el resto del alumnado.

Atención educativa del alumnado inmigrante.

• Reforzaremos la atención educativa del alumnado inmigrante, desde una perspectiva integral procurando una adecuada escolarización, su mejor integración en el sistema educativo a través de programas y actuaciones de adaptación lingüística, y el disfrute, en caso de que lo precise, de los servicios educativos complementarios.
• Impulsaremos la escolarización del alumnado inmigrante adulto, con objeto de facilitar su integración en la sociedad y su plena inserción laboral.
• Estableceremos convenios con las Administraciones locales y otras instituciones para garantizar la intervención de trabajadores sociales y mediadores culturales en las tareas de coordinación educativa del centro con las familias.
• Firmaremos convenios con los países de procedencia de los alumnos inmigrantes para incorporar profesores nativos de apoyo y para el desarrollo de programas de intercambio que faciliten su mayor integración en el sistema educativo.

• Avanzar en la igualdad de género.

• Promoveremos la coeducación incorporando la perspectiva de género en el currículo ordinario de las distintas etapas del sistema educativo e introduciremos nuevas materias que aborden los cambios sociales que exige el principio de igualdad entre hombres y mujeres.
• Aseguraremos el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo en la admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos.
• Garantizaremos la presencia paritaria de hombres y mujeres en la representación de la Administración Educativa en los órganos consultivos, de participación y de asesoramiento. Impulsaremos la paridad en la composición de dichos órganos.

Un nuevo contrato con el profesorado

Es preciso mejorar las condiciones en las que el profesorado desarrolla su trabajo, revisar su estatus profesional, modular su dedicación a partir de cierta edad y reformar la formación inicial de maestros y profesores de secundaria. La promoción profesional de los docentes no debe estar ligada al cambio de etapa educativa sino al status y reconocimiento en la misma etapa. Para alcanzar estos objetivos proponemos un Estatuto de la función docente que establezca los incentivos necesarios para reconocer tanto el trabajo en el aula como el desempeño de otros puestos necesarios para el buen funcionamiento de los centros, y que ordene y precise los derechos y las correspondientes responsabilidades.

Por todo ello, nos proponemos los siguientes objetivos:

Desarrollo profesional del profesorado y mejora de las condiciones de trabajo.

• Dispondremos un sistema que asegure la promoción del profesorado en su nivel educativo a través del diseño de la carrera docente, y se regulará la movilidad entre los diferentes niveles educativos.
• Estableceremos un sistema de licencias por estudios ágil y flexible que facilite al profesorado su actualización científica y didáctica.
• Reduciremos las horas lectivas de la jornada del profesorado mayor de 55 años, sin merma de sus retribuciones, y se incentivará la jubilación voluntaria a los 60 años.
• Garantizaremos al profesorado de los centros públicos la asistencia jurídica necesaria en relación con las actividades realizadas en su ejercicio profesional.
• Adecuaremos los baremos de acceso, promoción y mérito para primar el compromiso con la mejora de la práctica docente así como el desempeño de diferentes funciones y programas.

Formación del profesorado.

• La formación inicial requerida para los maestros y maestras de Enseñanza Infantil y Primaria será, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, el correspondiente Título de Grado, equivalente en todo caso a las actuales licenciaturas.
• Abordaremos el diseño, experimentación e implantación de una formación inicial del profesorado de educación secundaria adecuada a las exigencias de una educación moderna y de calidad, que dote al profesorado novel de la formación teórica y práctica necesaria para la función educadora que debe desempeñar.
• Modificaremos las pruebas de acceso a la función pública docente a fin de adecuarlas al perfil y nivel profesional que requiere una educación moderna de calidad.
• Estableceremos acuerdos entre las Administraciones educativas para elaborar planes de formación permanente para el profesorado con el fin de facilitar su actualización científica y didáctica así como su promoción profesional.

Impulso y mejora de las enseñanzas artísticas

Es más necesario que nunca destacar la importancia de las enseñanzas de música y de la danza, del arte dramático, de las artes plásticas y de diseño, que los socialistas siempre hemos valorado y defendido para el desarrollo educativo, cultural y artístico de los ciudadanos. En consecuencia,

• Elaboraremos una Ley de Bases que extienda la enseñanzas artísticas a la mayoría de la población, democratizando el acceso a las mismas, con independencia de la edad o la formación previa, y facilite y mejore la formación de los futuros profesionales en estas especialidades.
• Ordenaremos y potenciaremos las enseñanzas artísticas en las enseñanzas de régimen general.
• Ordenaremos las enseñanzas artísticas en las de régimen especial.
• Impulsaremos, dentro de las enseñanzas no regladas, la creación de escuelas de música y danza.
• Estableceremos un sistema para que los artistas profesionales, de reconocido prestigio, puedan desempeñar funciones docentes en música, danza, arte dramático y artes plásticas y diseño con carácter excepcional.

Formación de las personas adultas

La necesidad de garantizar la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida requiere la adopción de medidas específicas dirigidas a toda la población más allá de la edad obligatoria de escolarización. Por ello, nuestros compromisos son:

• Realizar una oferta suficiente de enseñanza para las personas adultas con horarios, metodología, curriculum y recursos específicos.
• Desarrollar programas de enseñanza a distancia, facilitando que las personas adultas tengan acceso a los mismos y puedan compatibilizar el horario de estudio con el laboral.
• Promover la creación, dentro de las instituciones penitenciarias, de centros de educación permanente como un elemento más a favor de la recuperación para la sociedad de los internos durante el tiempo de permanencia en las mismas.

Una educación más cosmopolita y tolerante en una sociedad globalizada

Garantizar una educación de mayor calidad para todos supone adecuar los contenidos de la enseñanza con el fin de que se imparta una sólida formación para el desarrollo de la persona en el mundo actual abierto y en cambio, cada vez más globalizado y cosmopolita. Eso implica ofrecer una educación en valores que permita al alumnado integrarse en una sociedad multicultural y respetuosa con los derechos humanos. De ahí la necesidad de que además de las lenguas propias de su Comunidad Autónoma tengan un conocimiento fluido de al menos dos idiomas extranjeros, fundamentalmente los de mayor uso en la Unión Europea. Así mismo, en el marco del desarrollo del Estado de las Autonomías, se impulsará desde el sistema educativo el conocimiento de las diferentes lenguas recogidas en la Constitución Española como patrimonio común de todos los españoles.

La actualización de los currículos escolares

• Se actualizarán los contenidos básicos de las distintas etapas educativas a la luz de las exigencias formativas generadas por la sociedad de la información y la comunicación, en lo que se refiere en especial a: la adquisición de destrezas y habilidades relacionadas con la búsqueda, selección, análisis y organización de la información; el dominio funcional de las tecnologías de la información y la comunicación; la formación en valores en un mundo globalizado.
• Se priorizarán en los currículos escolares aquellos aspectos de las distintas áreas del conocimiento que sean fundamentales para que el alumnado disponga de las herramientas básicas para aprender a aprender a lo largo de toda la vida.

La enseñanza eficaz de los idiomas extranjeros más usuales

Uno de los déficit más importantes de la población española es el relativo al dominio de los idiomas extranjeros. Muchas familias hacen un gran esfuerzo por complementar este tipo de enseñanzas con clases y programas paralelos al sistema educativo para que sus hijos dominen algún idioma extranjero. Por ello, nos proponemos:

• Implantar progresivamente centros bilingües. Para ello se desarrollarán en inglés, o en el idioma comunitario correspondiente, una parte de las actividades escolares de la educación obligatoria.
• Incorporar progresivamente la enseñanza del idioma extranjero en el segundo ciclo de la Educación Infantil. En las Comunidades Autónomas con lengua propia, esta incorporación se hará de acuerdo con el proyecto lingüístico del centro.
• Implantar un segundo idioma extranjero en todos los centros docentes públicos a partir del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.
• Disminuir la ratio alumnado/profesorado en las clases de lengua extranjera.
• Propiciar la creación y puesta en funcionamiento de nuevas Escuelas Oficiales de Idiomas y establecer convalidaciones de sus títulos con otros títulos europeos.
• Establecer convenios con otros países para reforzar la formación permanente del profesorado de idioma extranjero, fundamentalmente del idioma inglés, y la incorporación de profesorado nativo de apoyo como lectores.
• Favorecer las estancias formativas del alumnado y del profesorado en otros países para el aprendizaje de idiomas.
• Conceder licencias retribuidas al profesorado para el aprendizaje de idiomas, con compromiso de impartir clases de su asignatura en esta lengua una vez concluida la licencia.
• Reconocer académicamente la formación acreditada con garantías de calidad obtenida fuera del currículum oficial.
• Desarrollar programas de aprendizaje de lenguas extranjeras “on line” por Internet y en las cadenas de televisión y radio públicas.

La escuela intercultural

Uno de los retos de la Europa del siglo XXI es el de aprender a vivir juntos en una sociedad cada vez más multicultural. Por ello,

• Impulsaremos programas y acciones educativas que favorezcan un clima social de convivencia, respeto y tolerancia, en especial en aquellas zonas que acogen inmigrantes, transformando el centro docente en un lugar de encuentro y difusión de las diferentes culturas presentes en el mismo.
• Suscribiremos Convenios con los países de procedencia del alumnado inmigrante con objeto de incorporar a los centros docentes profesorado nativo de apoyo, para facilitar el aprendizaje de la lengua materna del mismo.
• Formalizaremos convenios con entidades sin ánimo de lucro para implantar la figura del mediador intercultural.
• Favoreceremos que los centros elaboren Proyectos de Centro interculturales que faciliten y promuevan procesos de intercambio, interacción y cooperación entre las culturas.

Una educación que contribuya a la formación de la ciudadanía europea

• Reforzaremos la dimensión europea en los currículos de las diferentes materias a lo largo de todo el sistema educativo.
• Favoreceremos la participación del profesorado en proyectos europeos de innovación docente y experimentación educativa.
• Facilitaremos los intercambios de alumnado y profesorado con el de otros países de la Unión Europea, para el desarrollo de proyectos educativos conjuntos y para completar su formación.
• Impulsaremos la elaboración de un sistema de convalidaciones, válido en todos los países de la Unión Europea, de los títulos correspondientes a las diferentes etapas educativas.
• Agilizaremos los procesos de homologación y convalidación de todos los titulados procedentes de otros países.

Los valores universales de los derechos humanos

• Promoveremos el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos educativos encaminados a promover la cultura de paz y no violencia en los centros docentes.
• Impulsaremos la educación en valores desde todas las áreas o materias, promoviendo el respeto a los derechos humanos y a las formas democráticas de convivencia.
• Propondremos a los medios de comunicación un gran pacto para su colaboración e implicación en la educación, con el fin de garantizar que la defensa de los valores propios de una sociedad democrática sea una responsabilidad compartida por todos.

Plena incorporación de las tecnologías de la información y comunicación al sistema educativo y a la práctica docente

 Acometer la modernización del sistema educativo implica poner a su servicio ese nuevo potencial, teniendo en cuenta los cambios que ello provoca y va a provocar en los sistemas de enseñanza y aprendizaje tradicionales.

Para ello llevaremos a cabo las siguientes medidas:

Incorporación e integración de las tecnologías de la información y comunicación a la práctica educativa

 Elaboraremos y desarrollaremos, en colaboración con las CCAA, un Plan de Implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con dotación de equipamiento, apoyo técnico especializado a los centros y un programa de formación del profesorado, que consiga, entre otros, los siguientes objetivos:

• Dotar a todos los centros docentes públicos de conexión en banda ancha a Internet.
• Dotar a todos los centros de Primaria y Secundaria de los ordenadores necesarios para la informatización progresiva de todas las aulas.
• Un ordenador por cada dos alumnos, con conexión gratuita a Internet, a partir de primero de ESO.
• Impulsar la implantación de software libre de código abierto en el sistema educativo.
• Impulsar un amplio programa para elaborar, recopilar y difundir materiales curriculares y de apoyo al profesorado en soporte informático y software libre.
• Conectar en red las bibliotecas escolares, de forma que se consiga una optimización de los recursos disponibles.
• Desarrollar planes y programas en colaboración con el profesorado, las empresas del sector y las editoriales, para la elaboración de materiales aprovechables en el desarrollo del currículum.

Plan de apertura de los centros educativos a través de Internet

• Impulsaremos un Plan de apertura de los centros educativos a través de Internet, que permita una mayor cercanía de las familias y la sociedad a los mismos.
• Ofreceremos medios y oportunidades para el uso público de las infraestructuras y dotaciones escolares y ofreceremos lugares públicos para el uso general.

Plan de alfabetización digital de la población adulta

• Impulsaremos, en colaboración con las Comunidades Autónomas, un Plan de acercamiento y utilización de las nuevas tecnologías a la población adulta, para contribuir a su desarrollo personal, social y profesional.
• Desarrollaremos programas de enseñanza a distancia on-line, facilitando que las personas adultas se familiaricen con las nuevas tecnologías.
• Desarrollaremos programas de formación en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los centros para la educación de personas adultas.

Un compromiso con las familias para mejorar la calidad de la educación y extender los servicios educativos

Los rendimientos escolares, la convivencia en los centros, la educación en valores, son temas todos ellos que afectan al alumnado, al profesorado y a las familias. Lejos, pues, de separar escuela y familia, lo que procede es buscar vínculos, cada día más estrechos, de trabajo en común. Por ello proponemos:

Impulso de la vinculación de las familias con los centros docentes

• Establecer mecanismos para lograr una mayor implicación y corresponsabilidad de los padres y madres en el funcionamiento y gobierno de los centros docentes.
• Facilitar la conexión de las familias con los centros educativos a través de Internet, Impulsar las escuelas de padres y madres para favorecer acuerdos sobre los principios generales del sistema educativo y los objetivos educativos de cada centro.
• Realizar actividades de formación que estimulen la existencia de contratos pedagógicos entre las familias y la escuela, en los que se consignen las actividades que padres y profesores se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos y fomentar la elaboración de documentación de apoyo que ayude a transmitir que la familia y la escuela tienen responsabilidades compartidas y complementarias

Extensión de los servicios que prestan los centros docentes

Ante las nuevas demandas de servicios complementarios y la infrautilización de las bibliotecas, pistas deportivas y otras instalaciones de los centros docentes fuera de la jornada escolar nos comprometemos a impulsar, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas y la Federación de Municipios y Provincias, las siguientes medidas:

• Dotación a los centros docentes, mediante el incremento de plantillas imprescindible, de los medios necesarios para que permanezcan abiertos durante once meses al año, siete días a la semana y doce horas al día, para hacer de cada Escuela e Instituto un centro de extensión del conocimiento para todos los miembros de la comunidad local.
• Dotación a los centros de los servicios de aula matinal, para atender al alumnado desde las siete y media de la mañana hasta el inicio de la jornada lectiva, de comedor escolar y de actividades extraescolares por las tardes y durante los periodos de vacaciones escolares.
• Ofrecimiento, en el marco de las actividades extraescolares, de una oferta de actividades relacionadas con el deporte, las enseñanzas artísticas, las tecnologías de la información y la comunicación, los idiomas extranjeros, etc.
• Organización, en los periodos vacacionales, especialmente durante el mes de julio, de intercambios de alumnado con otros países de la Unión Europea, para reforzar en los alumnos tanto el conocimiento de los idiomas extranjeros como su sentimiento de pertenencia europea.
• Este conjunto de actividades serán sufragadas por el Gobierno, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y las familias que lo soliciten. Estableceremos un fondo estatal de ayudas para facilitar la participación en estas actividades a las familias que lo necesiten.

Extensión progresiva de la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria

Con objeto de avanzar en el principio de gratuidad de la enseñanza, estableceremos un fondo estatal para extender progresivamente la gratuidad de los libros escolares para todo el alumnado que cursa la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos.

La Formación Profesional: una prioridad de carácter estratégico

La Formación Profesional es el instrumento necesario para la inserción y progreso profesional y para el aumento de la competitividad de las empresas. Ninguna persona debe abandonar el sistema educativo sin una cualificación que le permita esa inserción. Por otra parte, queremos conseguir que la oferta de formación permanente sea tal a lo largo de la vida para dar respuesta tanto a las necesidades de la población como a las demandas del sistema productivo. Para ello:

• Procederemos a establecer un modelo de Formación Profesional Integrado, para atender todas las demandas del sistema productivo y de la población, dirigido tanto a los jóvenes que inician su formación como a la población activa ocupada y desocupada.
  • Formación Profesional asociada al sistema de cualificaciones profesionales. Esta formación estará dirigida a toda la población y conducirá a la acreditación de competencias y cualificaciones profesionales, con las correspondientes titulaciones y certificaciones profesionales.
  • Formación Profesional de especialización o actualización, dirigida a adaptar los conocimientos a los avances tecnológicos que se produzcan en las empresas que, junto con la experiencia laboral, tendrá el correspondiente reconocimiento.
• Garantizaremos el derecho a la formación profesional y al aprendizaje a lo largo de toda la vida de todos los ciudadanos procediendo a:
  • Cohesionar e integrar la Formación Profesional en torno a un referente común para toda la población demandante, insertándose los tres subsistemas actuales en un único sistema integrado de cualificaciones y formación profesional.
  • Elaborar el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Paralelamente se confeccionará el Catálogo Modular de Formación Asociada, por lo que toda la formación profesional tendrá en cuenta este Catálogo independientemente de la situación laboral de las personas a las que va dirigida.
  • El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología será el encargado de dirigir todas las políticas de Formación Profesional, implantar el Sistema Integrado de Cualificaciones y Formación Profesional, garantizando la coherencia de las actuaciones y la optimización de recursos destinados al desarrollo del sistema. Contará en su estructura con los instrumentos necesarios para coordinar las políticas de la Administración General del Estado y de las CCAA garantizando su corresponsabilización en el desarrollo de todas las actuaciones.
  • Establecer los mecanismos necesarios para evaluar y acreditar las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral y aprendizajes informales. El Gobierno, en colaboración con las CCAA y los agentes sociales, definirá los procesos de evaluación y acreditación de las competencias, establecerá y autorizará, en colaboración con las CCAA, los centros donde se llevarán a cabo dichos procesos.
• Establecer el derecho individual a un crédito de tiempo e instrumentar los medios que posibiliten su ejercicio efectivo por los trabajadores, para poder realizar tanto formación asociada al catálogo de cualificaciones profesionales, como formación permanente dirigida a adaptar los conocimientos a los cambios tecnológicos que se produzcan y a las nuevas necesidades de la sociedad del conocimiento.
• Crear, de común acuerdo con las CCAA y con las Administraciones Locales, una Red Pública de Centros Integrados de Formación Profesional. Estos centros dispondrán de la autonomía necesaria para adaptar la oferta a las demandas de la población y a las necesidades generadas por el sistema productivo, participarán en la planificación de su formación y ofrecerán formación a toda la población demandante.
• Ampliar la colaboración de las empresas en el Sistema de Formación Profesional. Se potenciarán los acuerdos con las empresas y los agentes sociales que favorezcan la realización de prácticas profesionales (tanto del alumnado como del profesorado), el intercambio de tecnologías y de personal experto y la utilización de infraestructuras y medios técnicos y materiales. Se establecerá un distintivo para las empresas colaboradoras, que les suponga un reconocimiento social y un valor añadido a la hora de las contrataciones públicas.
• Establecer, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, convenios de colaboración con países de la Unión Europea para fomentar las prácticas profesionales en el extranjero mediante programas destinados a financiar esta medida, tanto para el profesorado como para el alumnado.
• Fortalecer el papel del Consejo General de la Formación Profesional, como foro de encuentro y debate, entre las administraciones y los agentes sociales, para la definición, seguimiento y evaluación de las políticas de formación profesional.
• Potenciar el funcionamiento del Instituto Nacional de las Cualificaciones y crear el Instituto Nacional de Evaluación de la Formación, que evalúe la formación profesional ofertada en sus distintas modalidades y haga informes con propuestas de mejora.
• Incrementar la participación de la Administración Local en las políticas de Formación Profesional. Entre otras, se impulsarán en coordinación con las Administraciones Locales:
  • La creación de servicios de información y orientación dirigidos a facilitarlas a los ciudadanos en relación con la oferta de formación profesional y con el mercado laboral.
  • La organización de campañas de información de formación profesional, dirigidas tanto a los jóvenes en edad escolar como a los trabajadores en activo o desocupados.
  • La organización de programas de formación específicos dirigidos a personas con necesidades especiales que tengan dificultades para su inserción profesional.
• Facilitar los mecanismos necesarios para impulsar una mayor participación de las empresas, especialmente en las prácticas (formación en el centro de trabajo), uso de las instalaciones y en la planificación y desarrollo de las ofertas de formación inicial y permanente.

Una Universidad que lidere la sociedad del conocimiento

El sistema universitario demanda mayor calidad, más equidad y una relación más próxima con la sociedad. Los socialistas queremos adoptar las medidas necesarias para que toda la ciudadanía pueda ejercer su derecho a recibir una Educación Superior de calidad, tanto de las enseñanzas regladas (de grado o postgrado), como de la formación permanente, que les permita acceder a los niveles más altos de la sociedad del conocimiento, sin ningún condicionamiento extraacadémico, sin ningún tipo de discriminación.

Para ello, adoptaremos una serie de medidas que se basan en los siguientes principios:

• Asegurar el mayor grado de excelencia de la enseñanza e investigación de las universidades públicas y la igualdad de oportunidades de todas las personas capacitadas que quieran realizar estudios universitarios y superiores, porque creemos que calidad y equidad deben ser objetivos inseparables e irrenunciables.
• Garantizar la formación más cualificada y adecuada de los profesionales que necesita hoy la sociedad global, así como extender el avance científico y tecnológico y el desarrollo social para conseguir un modelo de desarrollo cultural y material sostenido y sostenible, en el que generar empleo sea una prioridad relevante.
• Reforzar la autonomía universitaria, garantizar su responsabilidad ante la sociedad, facilitar sus mecanismos de gestión, establecer sistemas de evaluación para estimular la competencia en las tareas docentes e investigadoras del profesorado universitario, así como flexibilizar y adecuar la estructura de las plantillas docentes a las necesidades reales.
• Impulsar y colaborar con el resto de los países de la Unión Europea en la definición y el desarrollo del Espacio Europeo de la Educación Superior en condiciones crecientes de calidad y equidad para todos sus ciudadanos. Este proceso debe constituir una ocasión para mejorar las enseñanzas, sus contenidos (conocimientos y competencias), métodos docentes, evaluación y rendimiento.
• Propiciar que la Universidad juegue un papel de liderazgo en la definición de criterios y en la elaboración de propuestas en torno a las mejores soluciones a los retos, problemas y conflictos de nuestro siglo. Todo ello, desde la mayor seguridad científica que asegure el desarrollo sostenible, preserve el medio ambiente y la diversidad biológica y cultural y aumente la cohesión social y la dignidad humana.
• Otorgar prioridad política, económica y social a los objetivos del Plan de I+D+i de tal modo que se consiga incrementar el capital humano cualificado que debe corresponder a nuestro desarrollo potencial. Aumentar sustancialmente el esfuerzo en I+D que nos sitúe en la media europea y permita la consecución de unos niveles que logren superar los dramáticos déficits que ahora poseemos en la transferencia tecnológica de nuestro país.

A). Para conseguir avanzar en ese objetivo, se adoptarán las siguientes medidas:

• Modificación de la legislación actual sobre la Educación Superior y la Universidad en colaboración con las CCAA y las propias Universidades, que tendrá en cuenta tanto el ámbito competencial de cada una de ellas como los principios de autonomía, cooperación y corresponsabilidad, y que
  • Marcará los objetivos básicos para desarrollar las iniciativas europeas de la Educación Superior.
  • Sentará los principios generales para ordenar el servicio público que presta la Universidad con criterios de calidad, cohesión y respeto al patrimonio científico y cultural de las mismas.
  • Modificará el sistema de selección del profesorado a través de un Modelo de Acreditación que valore, sin límite previo, la capacidad, el mérito y la competencia de los aspirantes, tras el que las Universidades escogerán libremente a su profesorado entre los acreditados.
  • Garantizará un marco de suficiencia financiera y estímulos institucionales a través de los acuerdos de financiación ligada a objetivos, tanto docentes como investigadores, en los diferentes niveles de competencias y gestión.

B). Impulso y desarrollo de los siguientes Programas:

• Redefinición de la estructura, composición y competencias de la ANECA, garantizando en todo caso su naturaleza pública.
• Establecimiento de un nuevo sistema de ayudas para el estudio, que propicie los mayores rendimientos académicos desde la suficiencia financiera de los estudiantes. Revisión de los requisitos económicos y académicos de las becas, así como sus procedimientos de gestión. Diversificación de la gama de ayudas ofrecidas a estudiantes con características y necesidades diversas.
• Establecimiento de programas que faciliten la movilidad geográfica de los alumnos, con especial atención a las necesidades de residencia, acceso a viviendas en alquiler y otras alternativas que hagan efectivo el derecho de elección de centro.
• Incentivación y desarrollo de Programas de Formación Inicial y Permanente del Profesorado que propicien la reforma de programas y metodologías docentes. Dotación a las Universidades Públicas de los medios necesarios para completar las bibliotecas, las infraestructuras tecnológicas y los equipamientos científicos necesarios para el trabajo conjunto de profesor-alumno. Las redes tecnológicas y bibliotecas estarán a plena disposición todos los días del año.
• Impulso de un programa para establecer redes de profesorado y personal investigador, internacional, especialmente europeos, que fomenten la movilidad y el intercambio entre las Universidades y los OPIS para favorecer los programas de enseñanza y la preparación de los proyectos de investigación transnacionales.
• Establecimiento de un programa para estimular la Formación Permanente desde las Universidades a todas las personas adultas que acrediten la capacitación educativa o laboral exigible y a los sectores productivos y colectivos profesionales, autónomos, sociales y culturales que lo requieran.
• Impulso de un acuerdo entre Gobierno, CCAA y CRUE para mejorar la Formación Especializada de todas las profesiones superiores que mayoritariamente satisfacen a los sistemas públicos: salud, educación, justicia, servicios sociales, etc.
• Implantación de un programa sobre movilidad internacional, tanto de profesores como de alumnos, para incrementar los recursos humanos de más alta cualificación.
• Realización de un análisis riguroso de las remuneraciones de todo el personal investigador, de las universidades y los OPIS. Un modelo de remuneración que garantice los ingresos adecuados para atraer al personal más cualificado e incentivar su producción docente e investigadora.

Para desarrollar las diferentes medidas señaladas, es necesaria la cooperación, colaboración y corresponsabilidad entre el Gobierno, las Comunidades Autónomas y las propias Universidades Públicas, que propicie un marco presupuestario estable que garantice la suficiencia financiera de nuestras Universidades. Dicho marco establecerá, asimismo, un conjunto de incentivos para mejorar la calidad de sus actividades docentes e investigadoras, que serán formalizados a través de los correspondientes contratos-programa.

Ello implica nuestro compromiso de fijar un incremento en la financiación pública de las Universidades Públicas que alcance al término de la legislatura el 1'5% del PIB.

Un sistema de becas y ayudas al estudio más eficiente y solidario

En los países desarrollados, los sistemas de becas y ayudas al estudio juegan un papel central para garantizar la igualdad de oportunidades en los niveles educativos obligatorios y postobligatorios.

En los últimos años se ha producido una clara reducción en el porcentaje de alumnos becarios. En el Bachillerato se ha pasado de un 19% en el periodo l993-96 a sólo el 14% en el curso 2001-02. En la Formación Profesional de Grado Medio se pasa del 18% al 12% y en la de Grado Superior del 24%, a mediados de los noventa, al 18% reciente. En la Universidad del 20% al 16%. En lugar de acercarnos nos alejamos cada vez de la media europea del 40%.

El programa de becas requiere una revisión profunda tanto de los requisitos económicos, que son muy restrictivos actualmente, como de la cuantía de las ayudas (que deben cubrir los costes reales), y del proceso general de gestión. Ello implica:

• Aumentar el umbral necesario para poder recibir una beca
• Aumentar la cuantía media de las becas tanto de las enseñanzas no universitarias, como de las becas universitarias.
• Establecer diferentes cuantías para las becas, en función del nivel de renta de la unidad familiar a que pertenezca el alumno. Las becas de mayor cuantía deben permitir la independencia económica del beneficiario, de forma que no suponga un gasto adicional para su familia.
• Establecer para los estudiantes de los dos últimos cursos universitarios un programa de préstamos-renta, a devolver una vez iniciada la vida laboral del beneficiario y siempre que se haya alcanzado un nivel de renta superior a la media.
• Abrir, asimismo, programas de movilidad nacional e internacional y programas específicos de ayuda financiera que posibiliten la iniciación en la investigación a estudiantes de último curso de los estudios de segundo ciclo. Se ampliaráel número y las cuantías de las becas correpondientes a los programas ERASMUS y SÉNECA, para garantizar la movilidad de los estudiantes entre instituciones españolas y europeas.

Daremos prioridad a la expansión de las ayudas que incentivan la elevación de la escolarización y la graduación en las etapas post-obligatorias de educación secundaria. Para ello, proponemos alcanzar un 50% de alumnos becarios en estas enseñanzas.

Además, para la mejora de los programas de ayuda a los estudiantes de educación superior, proponemos una subida del 10% real de gasto en las becas aplicadas en estos niveles.

Impulsaremos un programa de becas y ayudas para cursar estudios de tercer ciclo y realizar tesis doctorales en nuestro país, con el objetivo de fomentar la cooperación académica internacional, especialmente con los países iberoamericanos.

Un modelo educativo común y solidario para una España plural

Finalizado el proceso de transferencias educativas a las Comunidades Autónomas, hay que adaptar la Administración educativa del Estado, redefiniendo el papel de las distintas instituciones dependientes de dicha Administración para garantizar la coordinación y la cooperación en todo el sistema educativo. Nuestros compromisos son:

Un Estado solidario con todos sus territorios

Es necesario garantizar a todos los ciudadanos una oferta educativa de calidad independientemente de la Comunidad Autónoma en que vivan. Para ello, nos comprometemos a:

• Garantizar la evaluación anual de los niveles de financiación educativa de los diferentes territorios y niveles de enseñanza. Presentación de los resultados de esa evaluación a los órganos de coordinación entre administraciones educativas para la adopción de las medidas necesarias en aras a garantizar la calidad del servicio en todo el territorio nacional.
• Crear unos fondos específicos de compensación interterritorial en educación para el desarrollo de programas en las zonas que lo necesiten.

Adecuar las instituciones dependientes de la Administración Central al Estado de las Autonomías

Las líneas fundamentales de la política educativa deben establecerse de común acuerdo entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas. Para avanzar hacia un modelo que favorezca la corresponsabilidad de todas las Administraciones educativas nos comprometemos a:

• Dotar a la Conferencia Sectorial de Educación y al Consejo de Coordinación Universitaria de los medios y regulación necesarios para que se conviertan en los órganos de debate, coordinación y evaluación de las líneas generales de la política educativa.
• Actualizar, para dar mayor participación a las Comunidades Autónomas, la composición y funciones del Consejo Escolar del Estado. Redefinir las competencias y funciones de la Alta Inspección.
• Reestructurar el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo. Reforzaremos el papel de su Consejo Rector para potenciar el papel de las Comunidades Autónomas y le dotaremos de los medios adecuados para que pueda realizar el seguimiento de los indicadores de calidad del sistema.
• Un mayor protagonismo de las Administraciones Locales

Es necesario que el Gobierno, las Comunidades Autónomas y la Federación de Municipios y Provincias analicen con detenimiento las competencias educativas que deben asumir progresivamente las Administraciones Locales para ofrecer un servicio educativo de mayor calidad para todos los ciudadanos.

Por ello, nos comprometemos a propiciar un debate tras el que el Gobierno, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas y la Federación de Municipios y Provincias, establecerá las competencias educativas que corresponda asumir progresivamente a las Administraciones Locales, así como los mecanismos de coordinación que habrán de establecerse entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales para asegurar el mejor funcionamiento del sistema educativo.

Para avanzar en esa dirección, nos comprometemos a adoptar las medidas necesarias para que el Gobierno, las Comunidades Autónomas y la Federación de Municipios y Provincias promuevan la elaboración de Planes Educativos Municipales que contemplen, entre otras, las siguientes líneas de actuación:

• La participación en la planificación de la Educación Infantil, la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria, y la educación de las personas adultas.
• La creación de servicios de información y orientación dirigidos a facilitar a los ciudadanos la información y la orientación necesaria sobre la oferta de formación profesional y sobre el mercado laboral.
• La coordinación y gestión, en colaboración con las Administraciones educativas y con otras organizaciones sociales, de la apertura de los centros públicos fuera del horario escolar y la oferta de actividades para los alumnos del centro y para sus familias.
• La coordinación de todos los recursos comunitarios, de los trabajadores sociales y mediadores culturales, así como de las instituciones de bienestar social, para la atención de los alumnos y sus familias.

Financiación: una sociedad comprometida con la formación de sus ciudadanos

Lograr una educación y una formación de calidad para todos los ciudadanos requiere el esfuerzo del Gobierno, de las Comunidades Autónomas, de los agentes sociales. Requiere, en definitiva, un esfuerzo de la sociedad que se debe plasmar en una mayor y mejor inversión en educación, en la formación del conjunto de la población. Por ello:

• El Gobierno, con el objetivo de garantizar tanto el ejercicio del derecho a la educación como una educación de calidad para todos los alumnos establecerá, cada cuatro años, los objetivos que deberá alcanzar el sistema educativo español, habilitando a tal fin las correspondientes partidas presupuestarias.
• El Gobierno incluirá en las respectivas Leyes de Presupuestos las cantidades correspondientes a cada uno de los cuatro años con el fin de que todas las Comunidades Autónomas dispongan de los recursos financieros necesarios para alcanzar dichos objetivos.
• El Gobierno, de acuerdo con las CCAA, establecerá un Modelo de Financiación Universitaria que asegure la suficiencia financiera de todas las Universidades Públicas, así como las Bases de Contratos Programa para la mejora de la calidad universitaria.
• El Gobierno dotará a la formación profesional, en sus diferentes modalidades, de los recursos necesarios para responder a las nuevas demandas de formación de las personas y a las que se deriven de las necesidades del sistema productivo.

III. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO: NUESTRO FUTURO

El sistema español de ciencia y tecnología presenta unas acusadas carencias ligadas fundamentalmente a su bajo nivel de inversión pública y privada en I+D, lo que provoca un elevado déficit de su balanza tecnológica, la escasez de patentes de alta tecnología o el insuficiente desarrollo de la Sociedad de la Comunicación. Nuestro compromiso es avanzar decididamente en la convergencia europea en estas materias, para propiciar que nuestro país esté en condiciones de construir un brillante futuro.

Ciencia y tecnología

Frente a la política de abandono a que el PP ha condenado al sistema español de investigación e innovación, proponemos un modelo alternativo. Un sistema de I+D fortalecido en sus posibilidades de producir conocimientos científico-técnicos en el sector público, y reforzado en su relación con las empresas para facilitar la transferencia del conocimiento generado a las mismas.

Coordinación y gestión: Una mejora imprescindible

• Crearemos el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología para mejorar la coordinación entre Administraciones Públicas y el conjunto de agentes del sistema de ciencia y tecnología e incorporar administrativamente las Universidades al mismo.
• Constituiremos una Agencia de Financiación de la Investigación, que incorpore la flexibilidad y la agilidad de gestión del sector privado y la transparencia y la evaluación propia de una actividad sostenida con fondos públicos.
• Reforzaremos la importancia de la evaluación, a través de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) que pasará a formar parte de la Agencia de Financiación.
• Aprobaremos la creación de una Conferencia Sectorial de Ciencia y Tecnología con las Comunidades Autónomas, que estudie la distribución de las responsabilidades y actuaciones en los ámbitos estatal y regional. Se promoverán las capacidades científico-técnicas en las CCAA cuyo esfuerzo en I+D esté por debajo de la media española, para permitir la competencia en términos de igualdad de oportunidades. La política de centros estratégicos y la de recursos humanos tendrá en cuenta las desigualdades de la distribución territorial.
• Adoptaremos medidas organizativas y estructurales que permitan el aumento de la autonomía y flexibilidad de gestión administrativa, presupuestaria y del personal al servicio de los Organismos Públicos de Investigación, (OPIS), singularmente el CSIC, y la definición de sus líneas de actuación. Promoveremos de forma especial la creación de Centros del CSIC Mixtos con las Universidades y otros agentes del sistema de I+D y reforzaremos los Organismos de carácter sectorial, fomentando su conexión directa con los sectores productivos.

Recursos humanos: Una apuesta decidida

Colocaremos la política de recursos humanos como centro de las políticas de ciencia y tecnología, a través de las siguientes medidas:

• Creación sostenida de plazas de investigadores, tecnólogos y personal de apoyo en los OPIS y Universidades.
• Apoyo a los jóvenes investigadores con la incorporación inmediata de los becarios predoctorales de primer y segundo año al Régimen General de la Seguridad Social, así como la transformación inmediata de las becas de tercer y cuarto año y las post doctorales al régimen de contratación laboral.
• Ampliación de los programas de contratación de doctores y tecnólogos, Ramón y Cajal en el sector público y Torres Quevedo en el sector privado, aplicando medidas para facilitar su inserción laboral definitiva. Financiación del Programa Torres Quevedo con fondos del Presupuesto para permitir su ampliación a las zonas no beneficiarias de fondos europeos.
• Aplicación de un programa específico para incorporar jóvenes doctores a grupos de investigación consolidados, evitar la fuga de cerebros y recuperar científicos españoles que estén fuera de nuestro país.
• Fomento de la movilidad de los investigadores entre los distintos organismos, Universidades, administraciones y países favoreciendo la creación de “pasarelas temporales” específicas para investigación.
• Refuerzo del papel del personal dedicado a la investigación (científico, de apoyo y administrativo) aprobando un Estatuto específico, fomentando su promoción interna y mejora retributiva para reconocer su importancia social y dignificar y hacer atractiva la carrera científica.
• Impulso de la contratación de investigadores y tecnólogos por las empresas. Reconocimiento del papel de los investigadores y tecnólogos del sistema público, que trabajen en investigación aplicada.

Plan nacional de I+D+i: Un instrumento mejorable

• Revisaremos y aprobaremos definitivamente el Plan Nacional, recuperando la herencia positiva del programa de Promoción General del Conocimiento dirigido a promover la investigación básica y reforzando las acciones estratégicas emergentes. Se desarrollarán actuaciones de apoyo y financiación a los grupos consolidados evaluados positivamente por paneles nacionales e internacionales y se estimulará la financiación de los grupos jóvenes emergentes de las universidades y OPIS. Diseñaremos un Plan de Renovación de Infraestructuras, con especial atención a las de tamaño medio, así como medidas dirigidas a la formación de técnicos especializados. Así mismo, impulsaremos el desarrollo de las Grandes Instalaciones de nuestro país y la creación de otras nuevas, previo informe de la Comisión de Grandes Instalaciones.
• Promoveremos políticas proactivas para favorecer la participación de los investigadores españoles en el Programa Marco europeo y aumentar los retornos, así como para la construcción del Espacio Europeo de Investigación y el cumplimiento de los objetivos de las cumbres de Lisboa y Barcelona. Se estudiará el apoyo a la creación de un Consejo Europeo de Investigación como agencia financiadora de la investigación básica que complemente las actividades del Programa Marco de I+D. Así mismo, se impulsará de modo singular la colaboración y cooperación en ciencia y tecnología con los países iberoamericanos.

Innovacion: El incremento de la productividad

Impulsaremos políticas que fomenten la cultura de la innovación en las empresas, con el objetivo de equilibrar nuestra balanza tecnológica y reducir la enorme diferencia existente con los países de nuestro entorno. El conjunto de medidas de promoción de la innovación, así como las de carácter financiero o fiscal, conformarán un Programa de Innovación con las Comunidades Autónomas, basado en la colaboración de todas las Administraciones y avalado con un acuerdo social con Sindicatos y Empresarios. Las estrategias a aplicar deberán tener en cuenta, no sólo la oferta científica y tecnológica existente, sino también la demanda de los diversos sectores creando y desarrollando estructuras de intermediación.

Ciencia y sociedad: Un acercamiento necesario

Acercaremos la ciencia a la sociedad a través de un Plan de Ciencia y Sociedad, que tenga como referencia el europeo, en el que se contemplarán medidas como:

• Creación de un Consejo Español de Ética de Ciencia y Tecnología y de una Oficina de Evaluación de Tecnologías, que realicen estudios y elaboren informes para el Parlamento sobre los temas que preocupen a la sociedad (transgénicos, cambio climático, biodiversidad, nuevas enfermedades, gestión de catástrofes y de riesgos...). Así mismo, estableceremos, una Red de Asesoramiento Científico- en colaboración con las Universidades y los OPIS- a los poderes públicos y responsables de servicios públicos básicos en los campos científicos, tecnológicos y culturales de mayor impacto y repercusión social.
• Diseño y realización de políticas dirigidas a avanzar en la igualdad de géneros para favorecer la presencia de la mujer en el sistema de ciencia y tecnología a través de un Programa de Mujer y Ciencia
• Realización de un programa de “Divulgación Científica” para fomentar las vocaciones científicas y difundir los avances de la ciencia y la tecnología al conjunto de la ciudadanía.
• Impulso y desarrollo de la investigación con Células Madre Embrionarias, con estrictos controles públicos.

Financiación: Necesidad de su aumento

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos señalados, incrementaremos los fondos públicos de investigación y desarrollo, referidos a los gastos no financieros (capítulos 1-7), en un 25% anual. Sólo se contabilizarán como gastos de I+D los que realmente sean utilizados para estos fines, reubicando los correspondientes a Gastos Militares destinados a la fabricación de unidades de armamento en el lugar adecuado, e impulsando y aumentando los fondos para investigación con fines sociales, económicos y culturales.

Sociedad del conocimiento

Desgraciadamente hay un gran retraso de nuestro país en el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Venimos asistiendo a un clamoroso fracaso del gobierno del PP, que ha tenido diversas consecuencias: el mantenimiento de una gran brecha digital entre España y los países de nuestro entorno, entre nuestros territorios y entre nuestros ciudadanos; una insuficiente productividad en las empresas por la escasa incorporación de las nuevas tecnologías a sus procesos productivos; una caída del empleo en las empresas del sector TIC, cuyo valor añadido representa el valor más bajo de la UE y una disminución del gasto privado de I+D en este sector, que hipoteca el futuro del mismo.

La educación, nuestra prioridad básica 188 La ausencia de políticas por parte del gobierno del PP, su falta de diálogo con las CCAA, con los Ayuntamientos y las empresas, exigen actuaciones decididas, que los socialistas concretamos en los siguientes compromisos:

• Redactar un Plan de Convergencia, que formule una política que nos permita alcanzar el nivel medio de desarrollo de la Sociedad del Conocimiento de los países de nuestro entorno. El Plan contendrá un sistema de indicadores y especificará los tiempos y los recursos necesarios para conseguir los objetivos marcados, así como los mecanismos de evaluación del mismo.
• Definir un marco estable que proporcione seguridad jurídica y perspectivas de crecimiento a las empresas y agentes, e impulsar un nuevo modelo de política de telecomunicaciones que conjugue derechos sociales e inversión y competencia, para proporcionar más oportunidades y bienestar. Para ello, promoveremos:
  • Asegurar el acceso de los ciudadanos, independientemente de su procedencia social o territorial, a las nuevas tecnologías garantizando infraestructuras de calidad y a precios razonables, facilitando la adquisición de ordenadores en los hogares con bajo nivel de renta, impulsando la aplicación de las nuevas tecnologías a la discapacidad, acordando con las administraciones locales la existencia de servicios públicos de acceso a las telecomunicaciones avanzadas y promoviendo la creación de redes ciudadanas, económicas y sociales.
  • Convertir las telecomunicaciones en un derecho de los ciudadanos, redefiniendo el ámbito y modelo del Servicio Universal. Garantizaremos el acceso a servicios básicos de voz y conectividad a Internet a precios asequibles a los colectivos más vulnerables (jubilados, parados de larga duración, unidades familiares de baja renta y discapacitados), extenderemos la conectividad a Internet en banda ancha a los centros asistenciales, educativos y culturales, y suministraremos servicios básicos a los discapacitados. La financiación de estas políticas se realizará a través de un Fondo para la igualdad en el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, que contará con financiación mixta: pública y privada. Con cargo a este Fondo se financiará el Bono para la igualdad de acceso a la Sociedad de la Información.
  • Defender a los usuarios con la creación de una Oficina de Atención al Usuario de las Telecomunicaciones.
  • Desarrollar, en competencia, los nuevos servicios y redes de telecomunicación e Internet, reforzando las infraestructuras de banda ancha, a través de un Plan de implantación de estas infraestructuras, reimpulsando sobre bases tecnológicas y realistas los nuevos servicios móviles y desarrollando Internet y los servicios relacionados
  • Elaborar políticas industriales para el sector de las TIC, que permitan superar nuestro déficit tecnológico, apoyando la creación de nuevas empresas con medidas de fomento de la innovación, impulsando la demanda en aquellos campos en los que hay mayor potencial nacional y modernizando el modelo de protección de la propiedad intelectual.
  • Realizar una política de formación de los ciudadanos en las nuevas tecnologías, generalizando la incorporación de las TIC al sistema educativo, formando al profesorado, impartiendo cursos de formación a los universitarios y promoviendo iniciativas de alfabetización tecnológica en todo el territorio.
• Desarrollar la administración electrónica ofreciendo un catálogo de servicios bien estructurado y racionalizado (sirva a modo de ejemplo, que la Administración no podrá solicitar a un ciudadano documentos suyos de los que ya disponga), mejorando la transaccionalidad y funcionalidad de los Portales públicos y generando una información accesible, comprensible y relevante para el ciudadano. A estos efectos, se incrementarán los mecanismos de cooperación y coordinación de las distintas Administraciones.
• Mejorar la seguridad de los medios de pago a través de la red mediante la implantación del DNI electrónico.
• Configurar Internet como un espacio de libertad y seguridad, desarrollando medidas que hagan compatibles el derecho a la libertad de expresión con la defensa de los interese de los más débiles y con el respeto a los derechos a la intimidad y a la privacidad y seguridad de las comunicaciones para todos.
• Impulsar los mecanismos de cooperación entre todas las Administraciones (Conferencias Sectoriales, Consorcios, Entes Mixtos…) y de participación del sector privado para contribuir a mejorar relaciones y servicios.