Alejandro Teitelbaum: Naciones Unidas: ¿Reformarla o reconstruirla? (II)

Alejandro Teitelbaum: Naciones Unidas: ¿Reformarla o reconstruirla? (II)

II. El control de las grandes potencias sobre la Secretaria General y la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos

El artículo 97 de la Carta de la ONU establece que 'el Secretario General será nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad'.

El candidato recomendado por el Consejo de Seguridad debe contar con la aprobación de los miembros permanentes, que pueden ejercer el derecho de veto. Ninguno de ellos ha vetado formalmente una propuesta pero siempre los candidatos han pasado por el filtro de la aceptación por parte de los Estados Unidos y los otros miembros permanentes. Por ejemplo, la reelección de Butros Ghali fue bloqueada por Estados Unidos.

El resultado es que el Secretario General sabe que debe su cargo al visto bueno sobre todo de Estados Unidos y se empeña en mostrar su reconocimiento con reiterados gestos de sumisión y obediencia, en los que el actual Secretario General ha mostrado un celo particular.

Kofi Annan, en todos sus pronunciamientos y en su actuación concreta, siempre toma partido por un neoliberalismo sin fisuras. Su última manifestación en este sentido son sus declaraciones contra la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia.

En el Capítulo III (La creciente influencia del poder económico transnacional sobre las Naciones Unidas), nos referiremos más en detalle a esta línea de conducta del Secretario General.

Otros aspectos de la gestión del Secretario General. En una resolución adoptada en marzo de 1992, la Asamblea General, llamó a una 'aplicación más efectiva del principio de que la contratación de funcionarios se haga sobre una base geográfica lo más amplia posible'.

La resolución estableció también que, 'como regla general, ningún ciudadano de un Estado miembro debe suceder a otro ciudadano del mismo Estado en un puesto alto', y que 'no puede haber un monopolio de los cargos superiores por parte de ningún Estado ni grupo de Estados'.

En la Secretaría General ocurre exactamente lo contrario: el cargo de Subsecretario general para Administración y Gestión ha sido ocupado sólo por estadounidenses en los últimos decenios: Melissa Wells, Richard Thornburg, Joseph Connor, Catherine Bertini, y actualmente Chris Burnham, ex funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Todos estos nombramientos fueron hechos por sucesivos secretarios generales, los dos últimos por el actual, Kofi Annan.

Como regla general, los cargos más altos de la Secretaría General son monopolizados por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia.

Recientemente Kofi Annan nombró vicesecretario general al británico Mark Malloch-Brown, lo que dio lugar a las protestas del Sindicato del personal de la ONU en Nueva York, que acusó al Secretario General de 'falta de transparencia' (6).

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos

La idea primigenia que existió en los años 70, de crear el cargo de Alto Comisionado para los Derechos Humanos para que fuera ocupado por una personalidad internacional independiente y con amplias facultades, nombrada directamente por la Asamblea General de la ONU, se diluyó en las negociaciones entre los Estados que llevaron a la Resolución de la Asamblea General 48/141 de 1993 que creó el cargo tal como existe actualmente:

… ' será el funcionario de las Naciones Unidas que tendrá la responsabilidad principal respecto de las actividades de la Organización en materia de derechos humanos bajo la dirección y la autoridad del Secretario General. Dentro del marco general de la competencia, la autoridad y las decisiones de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la Comisión de Derechos Humanos, las funciones del Alto Comisionado serán:

a) Promover y proteger el disfrute efectivo de todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales por todos;

b) Desempeñar las tareas que le asignen los órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos y formularles recomendaciones con miras a mejorar la promoción y la protección de todos los derechos humanos (párr. 4 de la Resolución 48/141);

Al Alto Comisionado (o Alta Comisionada) lo(a) nombra el Secretario General, con la aprobación de la Asamblea General y actúa bajo la autoridad de aquél. Es decir que mantiene la 'cadena de mandos' que comienza en los hechos por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y continúa en el Secretario General.

Un especialista comenta : 'Es de resaltar el carácter a la vez amplio y ambiguo de sus funciones…En ese sentido, la profesora Escobar Hernández ha calificado con acierto de ' cláusula residual de competencia ', la que figura en el párrafo 4 (b) de la resolución 48/141 '… (Carlos Villán Durán, Curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, primera edición, Editorial Trotta, Madrid 2002, pág. 151).

A estas características de la función, más bien burocráticas y carentes de independencia, es decir bastante lejanas de la idea original, se suma el hecho de que el presupuesto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está en sus dos terceras partes financiado por contribuciones voluntarias de Gobiernos, de organizaciones no gubernamentales, de fundaciones y de otros donantes privados, lo que la hace inevitablemente vulnerable a las presiones, en particular del Gobierno de los Estados Unidos, que es el principal donante (7).

Están lejos los tiempos en que el Director del entonces Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas rechazaba una donación de computadoras de un Gobierno porque su aceptación podía comprometer su independencia y era contraria a las normas de las Naciones Unidas.

La actual Alta Comisionada, la señora Louise Arbour, quizás creyendo que 2005 era el año en que culminaría la tarea de desmantelamiento del sistema internacional de los derechos humanos en que está empeñado Estados Unidos, quiso aportar su contribución lanzando la idea (8) de fusionar en uno sólo todos los Comités de los Pactos y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos (9).

La unificación de los Comités en un sólo órgano sería la manera más expeditiva de reducir a la impotencia el control de la aplicación de los siete Pactos y Convenciones fundamentales de derechos humanos, es decir se trataría de un ataque en regla contra uno de los núcleos centrales del sistema internacional de derechos humanos.

En efecto, actualmente cada Comité debe examinar los informes periódicos de los Estados, discutir con éstos dichos informes, formularles recomendaciones, en algunos casos hacer el seguimiento de dichas recomendaciones, estudiar permanentemente el respectivo Pacto o Convención y formular observaciones generales sobre el contenido del mismo. Cinco de los siete Comités tienen a su cargo procedimientos para recibir y diligenciar denuncias.

Manifiestamente, realizar tal cúmulo de tareas sería imposible para un sólo Comité, aunque fuera numeroso y aunque funcionara de manera permanente, como propone la Alta Comisionada (teóricamente 52 semanas por año), sobre todo si se compara con los 115 miembros y 57 semanas anuales de reunión que totalizan los siete Comités existentes.

Ya resulta muy difícil llenar su cometido a cada uno de los siete Comités y los retrasos son considerables, sobre todo porque carecen de recursos humanos y materiales suficientes, lo que les impide, entre otras cosas, tener períodos de sesiones más prolongados o reunirse más veces por año.

Por otro lado, se parte del supuesto de que los miembros de cada Comité tienen competencias específicas con relación al Tratado internacional correspondiente. Frente al carácter específico de cada Tratado, de las condiciones de su aplicación, etc. es irrelevante el argumento de que habría que tratarlos de manera unificada porque forman parte del sistema interdependiente de derechos humanos.

Además, para unificar los Comités, habría que modificar seis Pactos y Convenciones internacionales porque, salvo el Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los otros seis Comités están previstos en los respectivos Pactos y Convenciones.

En todo caso, no cabe duda alguna que la primera prioridad, antes de alcanzar algún sistema ideal, es aumentar drásticamente los recursos humanos y materiales de los Comités existentes.

III. La creciente influencia del poder económico transnacional sobre las Naciones Unidas

En 1978 la organización no gubernamental ' Declaración de Berna ', publicó un folleto titulado L’infiltration des firmes multinationales dans les organisations des Nations Unies , donde se explicaba de manera muy documentada las actividades desplegadas por grandes sociedades transnacionales para influir en las decisiones de diversos organismos del sistema de las Naciones Unidas.

Ahora ya no se trata de 'infiltración ', sino que se le han abierto de par en par las puertas de la ONU a las sociedades transnacionales, a las que se las llama 'actores sociales' o 'sociedad civil', siguiendo la tendencia mundial generalizada a ceder el poder de decisión a los grandes conglomerados económicos y financieros en detrimento de los Estados, los gobiernos y los pueblos.

El 'Global Compact'

La idea de incorporar a los 'actores sociales' o 'sociedad civil' a la cúpula de la ONU inspira a la Secretaría General de las Naciones Unidas desde hace algunos años y se adoptó oficialmente con el lanzamiento del Global Compact, el 25 de julio del 2000, en la sede de la ONU en Nueva York, con la participación de 44 grandes sociedades transnacionales y algunos otros 'representantes de la sociedad civil'. Entre las sociedades participantes en el Global Compact, se encuentran entre otras, British Petroleum, Nike, Shell, Río Tinto y Novartis, con densos 'curricula' en materia de violación de los derechos humanos y laborales o de daños al medio ambiente; la Lyonnaise des Eaux (ahora Suez), cuyas actividades en materia de corrupción de funcionarios públicos con el fin de obtener el monopolio del agua potable son bien conocidas en Argentina y en Francia y más recientemente en Chile. Participaron también en dicha inauguración cinco asociaciones patronales y nueve ONGs, entre las cuales Amnesty International (que tiene en su sede en Londres una sección 'business ', fundada en 1991 y dirigida hasta 2001 por sir Geoffrey Chandler, ex director de Shell International) y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres.

Cuando se habla de la participación de los 'actores sociales' o de la 'sociedad civil', se pretende hacer creer que es una forma de participación ciudadana o popular, cuando en realidad se trata de lo que Gramsci, siguiendo a Hegel y a Marx, denominó sociedad civil: el gran capital, los medios de comunicación controlados por aquél, la parte de la intelectualidad y de las diferentes organizaciones sociales al servicio del sistema dominante, funcionando junto al Estado pero fuera de él como aparatos de dominación económica, hegemonía ideológica y control social. Hegel emplea la expresión bürgerliche Gessellschaft (sociedad burguesa), que ha sido traducida como 'sociedad civil ', como opuesta a sociedad política.

Esta alianza entre la ONU y grandes sociedades transnacionales crea una peligrosa confusión entre una institución política pública internacional como la ONU, que según la Carta representa a 'los pueblos de las Naciones Unidas...' y un grupo de entidades representativas de los intereses privados de una elite económica internacional. Dicha alianza va pues, en sentido exactamente opuesto al necesario proceso de democratización de las Naciones Unidas. La presencia de algunas ONGs, así tengan una gran reputación internacional, no cambia el contenido profundamente antidemocrático y contrario a la Carta de las Naciones Unidas del Global Compact.

El Gobal Compact fue anunciado en 1998 por el Secretario General de la ONU en un informe destinado a la Asamblea General titulado 'La capacidad empresarial y la privatización como medios de promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible'(A/52/428).

El Secretario General decía en ese informe que... ' la desregulación...se ha convertido en la consigna para las reformas de los gobiernos en todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo ' (párr. 50 del Informe) y propugnaba la venta de las empresas públicas confiando... ' la propiedad y la gestión a inversionistas que tengan la experiencia y la capacidad necesarias para mejorar el rendimiento, aunque ello suponga algunas veces vender los activos a compradores extranjeros ' (párr. 29). Al comienzo del mismo párrafo se pronuncia contra la 'amplia distribución del capital de las empresas privatizadas ', es decir contra la participación de los pequeños ahorristas. La propuesta es clara: todas las grandes empresas rentables deben estar monopolizadas por el gran capital transnacional.

Es un intento de legitimación de la política practicada a escala mundial de malvender las empresas públicas rentables (a veces mediante procedimientos francamente corruptos) para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.

El Secretario General, en su Informe, parece ignorar que el sector público ha contribuido al progreso y a la cohesión social y a la innovación tecnológica. Omite además tener en cuenta que, con frecuencia, imponer los criterios de gestión propios del sector privado, entre ellos el de ganancia, tiene un efecto negativo sobre las empresas públicas y socava los fines de las empresas públicas y la noción misma de servicio público.

Georg Kell, Director Ejecutivo del Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) escribía en 2004 en el prólogo a un documento titulado 'La ONG del Siglo XXI, en el mercado por el cambio', publicado por una organización llamada SustainAbility : 'Además, se hace necesario, dada la supremacía de las demandas en los mercados, que los agentes sociales se pongan al día en los fundamentos del mercado actual con el fin de alcanzar sus objetivos. El Pacto Mundial es un experimento ambicioso de colaboración de múltiples grupos de interés dirigido a incorporar los principios universales sobre derechos humanos, trabajo y medio ambiente a los mercados globales' (10). Manifiestamente, el mercado y no el ser humano está en el centro de las preocupaciones del Global Compact. Ahora la Secretaría General se empeña en potenciar esta cruzada neoliberal promoviendo la formación de sucursales del Global Compact, formadas por empresarios y Gobiernos, en distintos países.

En julio de 2005 el Secretario General Kofi Annan nombró representante especial para estudiar el tema de las sociedades transnacionales al señor John Ruggie, su asesor principal en el Global Compact. Nos referiremos a esto más adelante.

La puesta en práctica de la estrategia de conferir una cuota de poder cada vez mayor en el seno de las Naciones Unidas a las sociedades transnacionales comenzó en 1993 con la supresión de órganos de las Naciones Unidas que significaron en su momento un intento de establecer un control social sobre las actividades de dichas empresas.

Uno de dichos órganos fue la Comisión de Sociedades Transnacionales, creada por el Consejo Económico y Social en diciembre de 1974. Se dio como tareas prioritarias, entre otras, investigar sobre las actividades de las sociedades transnacionales y elaborar un Código de Conducta sobre las sociedades transnacionales, que nunca vio la luz.

El ECOSOC creó también en 1974 el Centro de Sociedades Transnacionales, organismo autónomo dentro de la Secretaría de la ONU, que funcionó como secretaría de la Comisión de Sociedades Transnacionales.

En 1993, el Secretario General de la ONU, a pedido del gobierno estadounidense según François Chesnais (11), decidió transformar el Centro de Sociedades Transnacionales en una División de Sociedades Transnacionales y de Inversiones Internacionales en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).

Por su parte, por resolución 1994/1 del 14 de julio de 1994, el Consejo Económico y Social (ECOSOC) decidió transformar la Comisión de Sociedades Transnacionales en una Comisión del Consejo de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD, teniendo en cuenta el 'cambio de orientación ' de la Comisión (consistente dicho cambio en haber abandonado los intentos de establecer un control social sobre las sociedades transnacionales y ocuparse, en cambio, de la 'contribución de las transnacionales al crecimiento y al desarrollo ').

Las 'cumbres' mundiales caen también cada vez más bajo la influencia de las grandes sociedades transnacionales, como es el caso de la Cumbre de Johanesburgo para un desarrollo sostenible de agosto-setiembre 2002, cuyo orden del día fue 'secuestrado' por las grandes empresas, como dice un artículo aparecido en The Guardian, de Londres del 9 de agosto 2002, citando a Christian Aid. Esta última comienza su documento diciendo: 'Las sociedades transnacionales han secuestrado el orden del día de la Cumbre…, mientras que las medidas destinadas a beneficiar a los pobres han sido aguadas' (12).

Otro tanto ocurrió con la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que se desarrolló en dos etapas: en Ginebra en 2003 y en Túnez en 2005. En el Comité preparatorio que se celebró en agosto 2002 en Ginebra, el sector privado corporativo estuvo doblemente representado, pues además de contar con representantes directos de las empresas (entre ellas, Sony, Alcatel, Deutsche Telecom, Japan Telecom, Swisscom) y de asociaciones empresariales de carácter internacional como el Foro Económico Mundial (que reúne a las 1000 corporaciones más grandes del mundo), la Cámara de Comercio Internacional, la Asociación Internacional de Radiodifusión, etc., acreditaron decenas de delegados bajo la denominación de 'organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil'.

Una prueba concluyente del peso del poder económico transnacional sobre las orientaciones de las Naciones Unidas es la suerte corrida por el Proyecto de ' Normas ' para las sociedades transnacionales aprobado por la Subcomisión de Derechos Humanos.

En 1998 la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución con el fin de estudiar la actividad y los métodos de trabajo de las STN en relación con el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho al desarrollo. En uno de los párrafos de dicha resolución señalaba que uno de los obstáculos que se oponen al ejercicio de esos derechos consiste en concentración del poder económico y político en manos de las grandes empresas transnacionales.

En la misma resolución, la Subcomisión decidió la creación y estableció el mandato de un Grupo de Trabajo para que realizara ese estudio.

El Grupo de Trabajo designado en 1998 tenía que realizar una labor de análisis e investigación de las actividades y los métodos de trabajo de las sociedades transnacionales, tema sin duda trascendente para unos y molesto e inoportuno para otros.

El miembro estadounidense de la Subcomisión se apresuró a presentar al Grupo de Trabajo un Proyecto, que llamó primero 'Principios', luego 'Directrices' y finalmente 'Normas' destinadas a las sociedades transnacionales.

El método era por lo menos equivocado, pues un proyecto de tal naturaleza requería previamente conocer las entidades a las que estaba dirigido. Es decir que primero había que estudiar las actividades y los métodos de trabajo de las STN y en todo caso después proponer directrices para limitar los abusos de aquéllas.

El primer Proyecto del representante estadounidense era una especie de código voluntario para las STN, que éstas podían adoptar o dejar de lado, lo que se suele llamar 'soft law' (derecho blando) o 'no derecho'. Era un intento de cambiar algo para que todo siguiera igual. Y también de desviar al Grupo de Trabajo de su tarea principal: estudiar las actividades y los métodos de trabajo de las STN en relación con el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho al desarrollo.

La Asociación Americana de Juristas, por nuestro intermedio, y el Centro Europa Tercer Mundo objetaron el método de 'poner el carro delante del caballo' es decir comenzar por lo que debería haber sido, en todo caso, la culminación de los trabajos del Grupo. Pero como el Grupo adoptó dicho método, ambas ONG se empeñaron en tratar de mejorar el Proyecto, proponiendo reformas de fondo al mismo a fin de que adquiriera cierta coherencia jurídica y alguna eficacia.

La AAJ y el CETIM, después de cuatro años de debates, de la organización de un seminario interdisciplinario (13) y de una reunión de dos días con los miembros del Grupo de Trabajo, lograron que se mejorara el Proyecto, pero muchas cuestiones esenciales no se incorporaron al mismo como, por ejemplo, la responsabilidad civil y penal de los dirigentes de las empresas, la responsabilidad solidaria de las sociedades transnacionales con sus proveedores y subcontratistas, la primacía del servicio público sobre el interés particular, la prohibición de patentar formas de vida, etc.

Es interesante destacar la actitud de algunas grandes organizaciones no gubernamentales, las que desde la primera versión del Proyecto, decididamente inaceptable, pidieron su aprobación inmediata por la Subcomisión, aparentemente sin importarles ni poco ni mucho la calidad y la eficacia del mismo y adoptaron la misma actitud todos los años con las nuevas versiones del Proyecto, que no eran mucho mejores que la primera. Quizás algunas de ellas decidieron adoptar un 'perfil bajo' para no enturbiar sus buenas relaciones con grandes sociedades transnacionales.

En sus sesiones de agosto 2003, la Subcomisión adoptó una resolución aprobando el proyecto y lo remitió, conforme al procedimiento correspondiente, a la Comisión de Derechos Humanos. Pero en dicha resolución, en lugar de pedirle a la Comisión que lo aprobara, como suele suceder en casos similares, le solicitó que recogiera las observaciones de los gobiernos, de los órganos de las Naciones Unidas, de las instituciones especializadas, de las organizaciones no gubernamentales, etc. sobre el Proyecto y que encarase la posibilidad de constituir un Grupo de trabajo abierto para revisar el mismo. Era el reconocimiento implícito de la validez de las críticas y objeciones de la AAJ y el CETIM al proyecto elaborado por el Grupo de trabajo de la Subcomisión.

En 2004, la Comisión de Derechos Humanos, para que nadie pensara que el Proyecto de la Subcomisión podía invocarse como una norma internacional vigente se ocupó de precisar en el último párrafo de su resolución 2004/116 que dicho Proyecto '…al ser un proyecto de propuesta, carece de autoridad legal y que la Subcomisión no debería ejercer ninguna función de vigilancia a este respecto'.

Pese a que el Proyecto aprobado por la Subcomisión estaba lejos de ser un logro en materia de control y encuadramiento jurídico de las sociedades transnacionales, éstas últimas publicaron un documento de unas 40 páginas a principios de 2005 contra el mismo, firmado por la Cámara Internacional de Comercio (ICC en inglés) y la Organización Internacional de Empleadores (IOE), instituciones que agrupan a las grandes empresas de todo el mundo. En dicho documento afirman que el proyecto de la Subcomisión socava los derechos humanos y los derechos y los legítimos intereses de las empresas privadas, que las obligaciones en materia de derecho humanos corresponden a los Estados y no a los actores privados, etc. En su argumentación contra el Proyecto explotan además las lagunas, incoherencias y deficiencias reales del mismo y terminan exhortando a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a rechazarlo (14).

Finalmente en sus sesiones de marzo-abril de 2005, la Comisión de Derechos Humanos ignorando por completo el Proyecto de normas adoptado en 2003 por la Subcomisión, aprobó la Resolución 2005/69 por la que invitó al Secretario General de la ONU a designar un relator especial para que se ocupara del tema de las sociedades transnacionales sugiriendo un mandato para el mismo inspirado en el Global Compact.

Al aprobar dicha resolución, prácticamente todos los Estados Miembros de la Comisión cedieron a las presiones de las empresas transnacionales, claramente formuladas en su documento (15).

En julio de 2005 el Secretario General Kofi Annan completó la claudicación de la Comisión de Derechos Humanos en esta materia nombrando representante especial para estudiar el tema de las sociedades transnacionales al señor John Ruggie, su asesor principal en el Global Compact.

En agosto de 2005, pese a todo, la Subcomisión aprobó una resolución por la que encomendó al Grupo de Trabajo sobre las sociedades transnacionales la preparación de dos documentos: uno sobre la función de los Estados en la garantía de los derechos humanos con referencia a las actividades de las empresas transnacionales y otro sobre los acuerdos económicos bilaterales y multilaterales y su repercusión en los derechos humanos. Esta resolución hubiera dado continuidad al tema de las sociedades transnacionales en dos cuestiones importantes, pero la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de remplazar a la Comisión de Derechos Humanos por un Consejo de Derechos Humanos, llevó en marzo de 2006 a la disolución de la Comisión y de su órgano subsidiario, la Subcomisión y, por consiguiente, a la interrupción de todos los trabajos de esta última.

Por su parte, en 2006 el señor John Ruggie escribió su primer informe para la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/2006/97), pero el mismo no se trató porque la Comisión se disolvió sin celebrar, como correspondía, su última sesión.

Los primeros párrafos del Informe del señor Ruggie son 'descriptivos', como él mismo escribe al comienzo del párrafo 13, y bastante objetivos, agregamos nosotros. Pero después va derivando hacia la atribución de un papel decisivo a las empresas en la sociedad: 'los agentes de la sociedad civil y los responsables de las políticas cada vez son más conscientes del hecho de que la participación de las empresas es un ingrediente social del éxito' (párr. 17). Y ya en el párrafo siguiente hace pasar el centro de gravedad de la sociedad política a la empresa: 'a los gobiernos les resultaba difícil, si no imposible, responder al aumento de las demandas internas de pleno empleo y de mayor equidad económica. Estos dos fracasos propiciaron la emergencia de horribles 'ismos' enemigos de la empresa , de los derechos humanos y, en última instancia, de la paz mundial. Por el contrario, los acuerdos institucionales posteriores a 1945 sobre las relaciones monetarias y comerciales conciliaron los compromisos de liberalización internacional con un amplio margen para crear redes de seguridad e inversiones sociales nacionales' (párr. 18). Y aquí ya estamos en pleno enfoque neoliberal: mitigar las demandas sociales y suprimir el conflicto y los 'horribles ismos' con 'redes de seguridad', es decir sustituir el poder político ejercido en representación de los ciudadanos, todos iguales ante la ley, por los 'actores sociales', algunos con mucho poder y otros sin poder alguno, para mitigar, no para satisfacer, las demandas sociales.

Es lo que se llama actualmente 'buena gobernanza', cuyo significado explica muy bien José Vidal Beneyto en los fragmentos de su artículo que hemos insertado al final de este trabajo.

El enfoque adoptado por el señor Ruggie le permite tener claro el 'macroobjetivo del mandato': 'anclar la mundialización de los mercados en los valores y las prácticas institucionales comunes'(fin del párrafo 18).

Pese a que la realidad mundial concreta y cotidiana e incluso las estadísticas socioeconómicas indican exactamente lo contrario, el señor Ruggie no tiene inconveniente en afirmar que la mundialización propicia los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales (párr.21). Y como, por falta una 'información general, coherente e imparcial' no se puede saber 'con certeza si con el tiempo aumentan o disminuyen los abusos en el ámbito de las empresas' (párr. 20) , el señor Ruggie, para cumplir con su mandato, va a recoger la información más objetiva e imparcial que pudo encontrar …en las 500 empresas más poderosas del mundo que figuran en la Revista Fortune (párrafos 4 y 32).

Finalmente, para criticar las normas aprobadas por la Subcomisión, que considera inaplicables, el señor Ruggie utiliza el mismo método empleado por la Cámara Internacional del Comercio y la Organización Internacional de Empleadores a que nos hemos referido más arriba: poner de manifiesto las lagunas, incoherencias y deficiencias del Proyecto.

Notas:

6) Información obtenida de un artículo de Thalif Deen, Nueva York, 5 de abril de 2006, Inter Press Service.

7) El ACNUDH recibe contribuciones de los gobiernos, de las organizaciones no gubernamentales, de las fundaciones y de otros donantes privados. Desde 1994 una media de aproximadamente 90 gobiernos contribuyen fondos al ACNUDH. Las contribuciones voluntarias han aumentado de 15 millones de dólares de los EEUU en 1994 a 60 millones de dólares de los EEUU en 2004, y se espera un nuevo aumento en 2005. Aunque el ACNUDH trabaja con ahínco para ampliar su base de donantes, la mayor parte de la financiación voluntaria del ACNUDH procede de un pequeño número de donantes. En 2003, 10 donantes importantes facilitaron el 79,4% del total de las contribuciones voluntarias al ACNUDH; los 20 donantes más importantes aportaron el 97,6% de esas contribuciones. En 2004 cinco contribuyentes aportaron más de 30 millones de dólares: algo más de 10 millones los Estados Unidos y entre 5,1 y 5,8 millones de dólares Noruega, el Reino Unido, los Países Bajos y la Comisión Europea, respectivamente. (Fuente: documentos del ACNUDH). Sobre 253 funcionarios con que cuenta la Oficina del ACNUDH, 166 reciben sus salarios de los gobiernos, vía contribuciones voluntarias. Para ellos no rige el principio de la distribución geográfica y 79 de los 166 son nacionales de 8 países ricos: Alemania, Austria, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Suecia. (Informe del Alto Comisionado E/CN.4/2004/100). Por regla general, los gobiernos pagan los salarios de sus propios nacionales. Todo ello contra lo que establece el artículo 101 de la Carta de la ONU.

8) Plan de Acción de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (A/59/2005/Add.3). Véase también Documento de exposición de conceptos sobre la propuesta de la Alta Comisionada relativa a un órgano permanente unificado creado en virtud de Tratados (HRI/MC/2006/2) 2 de marzo de 2006.

9) Se trata de siete Comités: de los dos Pactos Internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales y de las cinco Convenciones internacionales sobre la eliminación de la discriminación racial; sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer ; contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; sobre los derechos del niño ; sobre los trabajadores migrantes. Los siete Comités se reúnen dos veces al año para examinar los informes de los Estados Partes. Todos ellos, salvo los Comités de los derechos del niño y de derechos económicos, sociales y culturales, están facultados para recibir denuncias de las víctimas o de sus representantes. Hace diez años que se discute la posibilidad de establecer un procedimiento de denuncias ante el Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Una sexta Convención, contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, no tiene Comité.

10) www.ecodes.org/documentos/resumen_siglo_XXI.pdf. La ilustración que acompaña al documento es inequívoca en cuanto a la ideología de su contenido: una cantidad de relucientes carritos de los que se utilizan para hacer las compras en los supermercados. Un párrafo del documento despeja cualquier duda que pudiera subsistir : “Las ONG del siglo XX pasaron la segunda parte del siglo como outsiders, retando al sistema. Las ONG del siglo XXI se integrarán en él progresivamente. Las ONG del siglo XX se centraron en los problemas, considerados como síntomas del fracaso del mercado. Las ONG del siglo XXI se ocuparán de las soluciones que se logran a través de los mercados (y a menudo mediante su trastorno). Muchas ONG del siglo XX comenzaron como pequeñas instituciones, y más tarde se hicieron mayores. El crecimiento continuará, pero las ONG del siglo XXI invertirán fuertemente en redes. Gran parte de la financiación de las ONG del siglo XX tuvo como origen los sentimientos públicos de ira o culpa. Las ONG del siglo XXI tratarán de persuadir a los patrocinadores de que son buenas inversiones”.

11) François Chesnais, La mondialisation du capital, Editorial Syros, Paris, 1994, página 53, nota 2.

12) Terry Macalister y Paul Brown, en The Guardian, Londres, 09/08/0 y Christian Aid, www.christian-aid.org.uk

13) Asociación Americana de Juristas, Centro Europa-Tercer Mundo: “Las actividades de las sociedades transnacionales y la necesidad de su encuadramiento jurídico”. Seminario internacional e interdisciplinario celebrado en Celigny, Suiza, el 4 y 5 de mayo de 2001. Folleto publicado en Ginebra en junio de 2001.

14) International Chamber of Commerce, Organisation Internationale des Employers, Joint views of the IOE and ICC on the draft “Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights”. www.iccbo.org

15) La votación fue de 49 votos a favor, 3 en contra y una abstención. Votaron en contra Australia y Estados Unidos, que estimaron que la Comisión no debía ocuparse de las empresas transnacionales y Sudáfrica, que invocó otras razones. Se abstuvo Burkina Faso.

* Alejandro Teitelbaum es Abogado (Universidad de Buenos Aires). Diplomado en relaciones económicas internacionales en el Instituto de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Universidad de París I.

Argenpress, 24/05/06