Alejandro Teitelbaum: Naciones Unidas: ¿Reformarla o reconstruirla? (III-Final)

Alejandro Teitelbaum: Naciones Unidas: ¿Reformarla o reconstruirla? (III-Final)

IV. La progresiva privatización del financiamiento de las Naciones Unidas

El artículo 17 inciso 2 de la Carta de las Naciones Unidas establece que los Estados Miembros sufragarán los gastos de la Organización. Es decir que la Carta excluye implícitamente la financiación de fuente privada, u originada en donaciones voluntarias de los Estados, de las Naciones Unidas.

El presupuesto anual ordinario de la ONU asciende a unos 1400 millones de dólares, es decir un monto prácticamente insignificante si se tiene en cuenta, a modo de comparación, que en el mundo se gasta anualmente en armamentos 600 veces esa cifra y que el presupuesto de los bomberos de Tokio es de unos 1800 millones de dólares anuales.

Los gastos extraordinarios, por ejemplo las operaciones de mantenimiento de la paz, implican un gasto anual de unos 12 mil millones de dólares.

Estados Unidos es el principal contribuyente, con una cuota del 22 por ciento del presupuesto ordinario (16) y también el principal deudor, pues llegó a deber mil millones y actualmente tiene un año de atraso en sus pagos. Muchos Estados Miembros, salvo los de la Unión Europea, están atrasados en sus pagos, pese a que sus contribuciones son ínfimas. Por ejemplo los 43 Estados Miembros que pagan la cuota mínima aportan cada uno un promedio de 11.000 dólares anuales (17).

El resultado de esta situación es que, contrariamente a lo establecido en la Carta de la ONU, los distintos órganos del sistema reciben fondos privados o contribuciones voluntarias de varios Estados, lo que constituye otro factor contrario a la independencia del sistema, además del papel dominante de las grandes potencias y de la influencia decisiva que ejerce el poder económico transnacional sobre la ONU.

Ya se ha examinado más arriba el presupuesto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que está en sus dos terceras partes financiado por contribuciones voluntarias de Gobiernos, de organizaciones no gubernamentales, de fundaciones y de otros donantes privados (18).

En distintos órganos especializados del sistema de las Naciones Unidas (OMS, FAO, CNUCED, UNESCO, OIT, etc.) se manifiesta de diversas maneras este viraje más o menos acentuado hacia posiciones neoliberales, motivado, entre otras cosas, por su penuria presupuestaria: a veces ese aggiornamiento le permite obtener fondos de algunos Estados o de fuentes privadas, si no para su presupuesto general, por lo menos para programas determinados en los que están interesados los donantes.

En octubre de 2002 la UNESCO y la Sociedad Suez (antes Lyonnaise des Eaux) firmaron un acuerdo de cooperación con vistas a mejorar el acceso del agua potable para todos. A cambio de unos centenares de miles de dólares, el gigante transnacional, que avanza a grandes pasos en la privatización del agua y obtiene concesiones de explotación de los recursos hídricos en todo el mundo corrompiendo a los funcionarios públicos, ha adquirido el derecho de intervenir en el programa hidrológico internacional de la UNESCO que comporta estudios científicos y educativos para mejorar la gestión de los recursos hídricos en todos los países del mundo.

El 20 de noviembre de 2002, decimotercer aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, se celebró como 'McDonald's World Children's Day'. Fue como resultado de un convenio celebrado en julio de ese año con el respaldo de Kofi Annan por Carol Bellamy, Directora Ejecutiva de UNICEF y la transnacional Mc Donald’s.

Las protestas de diversas organizaciones, de especialistas en salud infantil y nutricionistas, que sostuvieron que la UNICEF no podía aparecer asociada al símbolo por excelencia de la mala alimentación infantil, no lograron convencer a la señora Bellamy de que cancelara el acuerdo con McDonald’s. Así fue como la UNICEF vendió su imagen a McDonald’s por un puñado de dólares. Un dato adicional: la entonces directora de la UNICEF, Carol Bellamy, es ciudadana de Estados Unidos, uno de los dos países del mundo (el otro es Somalia) que no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño (19).

También la esperanza de obtener fondos del Banco Mundial (en general frustrada) lleva a los órganos especializados de Naciones Unidas a realizar actividades conjuntas con la entidad financiera internacional.

Actualmente se puede decir sin temor a equivocarse que todo el sistema de las Naciones Unidas está contaminado por la influencia que tienen las sociedades transnacionales en las decisiones de los organismos que lo componen. Así puede verse por ejemplo a los representantes del Banco Mundial discutiendo temas de educación en reuniones convocadas por la UNESCO.

Se organizan reuniones sobre las cuestiones más diversas donde el tema central es la participación del sector privado y las empresas son los invitados de honor: Seminario sobre los pueblos indígenas y las empresas privadas (Ginebra, 5 a 7 de diciembre de 2001), debate general en el Comité de los Derechos del Niño sobre la participación del sector privado en la realización de los derechos del niño (Ginebra, 20 de setiembre de 2002), etc.

La Organización Mundial de la Salud debería desempeñar un papel independiente y decisivo frente a las epidemias que asuelan el planeta. Su entonces directora, Gro Harlem Bruntland, dijo en Davos el 29 de enero de 2001: 'Debemos proteger el derecho de las patentes…La industria ha hecho un esfuerzo admirable para cumplir con sus obligaciones con sus donaciones de medicamentos y sus reducciones de precios'. Y su director de gabinete explicaba esa profesión de fe por la necesidad de obtener financiación privada, pues los Estados les proporcionan pocos fondos, y de hacer buena figura ante Estados Unidos, que tiene los 'cordones de la bolsa' mundial (20). En situación similar se hallan todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas: búsqueda de financiación privada y tendencia a ocuparse de programas que interesen a las empresas y a los Estados Unidos.

V. La incapacidad de la ONU para resolver conflictos

El cogobierno de hecho de las Naciones Unidas que ejercen las grandes potencias lideradas por Estados Unidos y el poder económico transnacional tiene por resultado que los conflictos internos e internacionales en general no se resuelven, muchas veces se agravan y si por excepción se resuelven, siempre es en función de los intereses de ese poder de facto.

Esto lo confirma con claridad meridiana un texto de la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para la Cooperación Internacional (USAID): ' La Agencia mantiene el compromiso de desarrollar estrategias preventivas adicionales para países y/o regiones con el fin de atender las causas profundas de los conflictos violentos y de las crisis políticas y económicas siempre y cuando éstas supongan una amenaza para los objetivos estratégicos de USAID o para los intereses generales de Estados Unidos… (nuestro el subrayado) (21).

Entre los numerosos ejemplos que podrían citarse están los de Ruanda, Kosovo, Congo, Sáhara Occidental, Palestina, Irak, Darfur, etc.

En 2004, en el décimo aniversario del genocidio en Ruanda, Kofi Annan entonó su mea culpa y otros dirigentes se refirieron también al ' fracaso de la ONU ', pero lo cierto es que en vísperas del genocidio, el general Romeo Dallaire, jefe de las fuerzas de la ONU en Ruanda, advirtió acerca de lo que se avecinaba a Kofi Annan, entonces jefe de las operaciones de mantenimiento de la paz. Y éste guardó en un cajón de su escritorio el informe de Dallaire.

En el caso de Kosovo la ONU como tal fue dejada de lado y la intervención de las grandes potencias para poner fin a las violaciones de los derechos humanos desembocó en los acuerdos de octubre de 1998 que permitieron el despliegue de 1300 observadores civiles, lo que se reveló insuficiente para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Pero estaba previsto el despliegue de una cantidad mayor de observadores.

Así se llegó a la reunión de Rambouillet de principios de 1999, donde las negociaciones para una solución pacífica, impulsadas por los miembros europeos de la OTAN, parecían avanzar hasta que se hizo presente en la reunión Madeleine Albright, entonces Secretaria de Estado del Presidente Clinton, quien impuso que las grandes potencias presentaran a Yugoslavia cinco condiciones no negociables.

Las condiciones de la OTAN incluían cláusulas reservadas (el 'anexo militar') que conferían total libertad de circulación en todo el territorio de Yugoslavia a las tropas de la OTAN y su inmunidad jurisdiccional frente a los tribunales locales. Es decir Yugoslavia debía aceptar la ocupación de todo su territorio sin límite en el tiempo y el beneficio de la extraterritorialidad penal para las tropas de ocupación (22).

Yugoslavia tenía que elegir entre verse reducida a la condición de una colonia africana del siglo XIX o la guerra.

Era evidente que Estados Unidos no quería resolver la cuestión humanitaria en Kosovo sino agredir y doblegar a Yugoslavia.

Finalmente la UCK, que intervenía como parte en las negociaciones, pese a que la propuesta de la OTAN no incluía su principal reivindicación, la independencia de Kosovo, firmó el documento y así quedó un sólo recalcitrante, el Gobierno yugoslavo y la vía abierta a la guerra de agresión, que comenzó pocos días más tarde, generándose una enorme catástrofe humanitaria.

En el caso de la guerra contra Irak en 2003, ni el Consejo de Seguridad, ni el Secretario general de la ONU, ni la Asamblea General hicieron lo que estaban facultados para hacer a fin de tratar de impedir la agresión (23). Incluso Kofi Annan, por propia iniciativa y sin una decisión del Consejo de Seguridad, retiró el personal de Naciones Unidas de Irak, allanando así el camino a la agresión angloestadounidense.

Ahora Estados Unidos amenaza con agredir militarmente a Irán. Si se aplicara la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, ante estas amenazas a la paz, debería intervenir para poner freno a esas amenazas pero, por el contrario, está allanando el camino a la agresión estadounidense planteando exigencias ilegítimas al Gobierno iraní, como es el caso de la Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad del 29 de marzo de 2006.

A la fecha de la redacción definitiva de este trabajo (principios de mayo), Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia tratan de hacer aprobar en el Consejo de Seguridad una resolución en el marco del Capítulo VII de la Carta (amenazas a la paz) exigiendo a Irán que abandone su programa nuclear, incluida la investigación, y que suspenda la construcción de un reactor nuclear. Se está siguiendo el mismo camino que culminó con la agresión a Irak, pues la invocación del Capítulo VII abre la vía a una escalada de medidas que puede culminar en una guerra de agresión.

Esta eventual complicidad del Consejo de Seguridad con una futura guerra de agresión podría ser desbaratada con iniciativas de grupos de Estados en el mismo Consejo de Seguridad o en la Asamblea General, como las que se han indicado en la nota 23. Pero el temor reverencial de la gran mayoría de los Estados hacia la superpotencia prevalece, por ahora, sobre toda otra consideración.

VI. El intento, fracasado en 2005, de reformar la ONU. El nuevo Consejo de Derechos Humanos

Hace tiempo que se habla de la necesidad de introducir reformas en el sistema de las Naciones Unidas, entre ellas la reforma del Consejo de Seguridad. Ha habido incluso resoluciones de la Asamblea General al respecto (24).

A principios de 2005 un grupo de 'notables' designado por Kofi Annan formuló propuestas de reformas. En marzo de 2005 el Secretario General produjo su propio documento en el que sólo tocó de manera superficial los grandes problemas socioeconómicos que afligen a la humanidad, propuso legitimar la guerra preventiva y la supresión de la Comisión de Derechos Humanos para reemplazarla por un Consejo restringido formado por personas 'reconocidamente democráticas'.

Estas propuestas se presentaron a la Asamblea General, en la 'cumbre' de setiembre de 2005.

Tres grupos de Estados presentaron propuestas a la Asamblea General, pero ninguna de ellas incluía la supresión del estatuto de miembro permanente y la eliminación del llamado derecho de veto en el Consejo de Seguridad.

Finalmente no hubo acuerdo y la única reforma que se aprobó fue la sustitución de la Comisión de Derechos Humanos por un Consejo de Derechos Humanos.

La idea de suprimir la Comisión de Derechos Humanos y sustituirla por un Consejo de Derechos Humanos se originó en Suiza, fue retomada por el Gobierno de Estados Unidos y la promovió el Secretario General Kofi Annan.

Mientras la ahora disuelta Comisión de Derechos Humanos se ocupó exclusivamente de criticar y acusar a los países 'periféricos', en muchos casos bajo la intensa presión de los Estados Unidos, no se escucharon críticas a la misma provenientes del 'eje del bien' y de sus satélites no gubernamentales. Pero en los últimos años se notaron dos cambios importantes en la Comisión: varios de sus relatores comenzaron a ocuparse de las violaciones a los derechos humanos en y por Estados Unidos, tendencia que culminó este año con el informe de cinco relatores miembros de la Comisión sobre las torturas y malos tratos en el campo de concentración de Guantánamo (E/CN.4/2006/120). Dicho informe no pudo examinarse a causa de la suspensión arbitraria del último período de sesiones de la Comisión de marzo-abril de este año.

El otro cambio importante fue el creciente interés demostrado en la Comisión por los derechos económicos, sociales y culturales, temas que siempre encontraron una cerrada oposición a su tratamiento por parte de Estados Unidos, el que se encontró aislado en la Comisión en esa postura.

Esto no fue en absoluto del agrado de Estados Unidos. Entonces se elevó el coro bienpensante de críticas a la Comisión, que pasó a llamarse en los medios de comunicación, en los discursos de Kofi Annan, de las 'grandes' ONG y de otros satélites del Gobierno de los Estados Unidos, ya no 'Comisión de Derechos Humanos', sino 'Desacreditada Comisión de Derechos Humanos', como si la palabra 'desacreditada' formara parte del nombre oficial de la Comisión.

El objetivo de Estados Unidos y sus asociados era crear un Consejo de Derechos Humanos de unos 20 Estados miembros, de 'probada actuación democrática' según la entiende y la aplica cotidianamente la gran potencia. Esta agregó que debían ser miembros permanentes de dicho Consejo los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Como se puede apreciar, se trataba de un modelo de democracia, de representatividad y de igualdad soberana de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

Esta propuesta fue afortunadamente rechazada por la gran mayoría de los Estados y finalmente se aprobó (25) la creación de un Consejo de Derechos Humanos que no difiere mayormente de la Comisión.

Caben destacar algunas novedades positivas en el Consejo:

1) Es, de conformidad con el artículo 22 de la Carta, un órgano subsidiario (pero no principal, artículo 7 de la Carta) de la Asamblea General, es decir de mayor jerarquía que la Comisión y sus miembros, de acuerdo a una equitativa repartición regional, son elegidos por la Asamblea General por mayoría simple de votos

2) El mandato de los Estados Miembros dura tres años y no pueden ser reelegidos sino con un intervalo de dos periodos, lo que facilitará una efectiva rotación de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y evitará que haya Estados 'miembros permanentes' de hecho.

3) La Asamblea General, por el voto de los dos tercios de sus miembros presentes y votantes, puede suspender como miembro del Consejo de Derechos Humanos a un Estado que comete graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Consideramos que es un avance el hecho de que, mediante una mayoría calificada de dos tercios, es decir unos 128 Estados, (lo que constituye en cierto modo una garantía de que no sea una medida discriminatoria de un grupo de Estados contra otro) la Asamblea General, previo un debate público, pueda sancionar a un Estado que se ha demostrado que comete graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Es una sanción moral necesaria que en muy raras ocasiones ha adoptado la Asamblea General. Lo hizo en el caso de Africa del Sur en la época del apartheid, que fue suspendida como miembro de las Naciones Unidas. Esta disposición va más allá del artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas que establece que la Asamblea General podrá expulsar de la Organización a todo Estado miembro que haya violado repetidamente los principios contenidos en la Carta. Pero sólo puede hacerlo 'a recomendación del Consejo de Seguridad', es decir que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que tienen el poder de veto, son 'inexpulsables'. En cambio, la suspensión como miembro del Consejo la decidirá la Asamblea General sin intervención del Consejo de Seguridad.

Pero hay varios aspectos negativos u obscuros

a) La disolución de la Comisión ha tenido como consecuencia la disolución de su órgano subsidiario, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos formada por expertos independientes o más o menos independientes de los Estados, y la consiguiente interrupción de todos sus trabajos. La liquidación de la Subcomisión es un viejo anhelo de no pocos Estados, molestos con sus veleidades de enfocar con cierta independencia y objetividad los problemas relativos a los derechos humanos.

Y que, por añadidura, en los últimos años tuvo la mala idea de ocuparse de los efectos de las actividades de las sociedades transnacionales sobre el goce de los derechos humanos, temática particularmente irritante para algunas potencias y para el influyente poder económico transnacional.

No se sabe si el nuevo Consejo creará una nueva Subcomisión o restablecerá la preexistente, para que continúe con los trabajos y estudios de la que ha quedado disuelta, o prescindirá de los servicios de un órgano auxiliar de ese tipo, quedando de ese modo definitivamente enterrados esos trabajos y estudios.

b) No está claro cuál será el destino, que debe ser decidido por el nuevo Consejo, de los Grupos de Trabajo y de los Relatores Especiales y otros relatores de la Comisión, los que constituyen un aspecto esencial del trabajo de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos (26).

c) Ofrece dudas cuál será el estatuto de las organizaciones no gubernamentales. Estas últimas, de conformidad con el artículo 71 de la Carta, tienen estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social, del cual dependía la Comisión de Derechos Humanos pero carecen de estatuto ante la Asamblea General, de la que depende el nuevo Consejo de Derechos Humanos.

d) El párrafo 5 (e) de la Resolución de la Asamblea General que creó el Consejo se refiere a un mecanismo de revisión periódica, en el seno del mismo Consejo, del cumplimiento por los Estados Miembros del Consejo de sus obligaciones en materia de derechos humanos, pero no da ninguna precisión sobre cómo se medirá dicho cumplimiento y en base a qué fuentes de información, lo que deja abierta la puerta a evaluaciones arbitrarias.

Se puede agregar que la eliminación de la Comisión de Derechos Humanos contraviene el artículo 68 de la Carta, que dice que 'El Consejo Económico y Social establecerá comisiones de orden económico y social y para la promoción de los derechos humanos…' (destacado agregado).

El Gobierno de Estados Unidos, descontento con el nuevo Consejo, no presentó su candidatura en la primera elección de los miembros. Quizás también por precaución, pues dado que el voto en la Asamblea General para elegir los miembros del Consejo es secreto y por lo tanto difícil de controlar, quiso evitar encontrarse en la situación de que le faltaran los votos necesarios para ser elegido.

Pero si bien Estados Unidos no logró su objetivo máximo: sustituir a la Comisión por una marioneta a su servicio, ha logrado, por un lado, un tiempo de espera que puede durar un año, hasta que el nuevo Consejo comience a ocuparse de las cuestiones de fondo y, por el otro, que se abra un vacío en una parte importante del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, vacío que es difícil predecir por el momento cómo lo va a llenar el nuevo Consejo, sometido, aunque no forme parte del mismo, a la intensa presión de Estados Unidos.

VII. Algunas Ideas Sobre Como Salir Del Impasse Para Poder Reformar (O Reconstruir) La ONU

No poca gente supone que las reformas a la Carta de la ONU pueden adoptarse y entrar en vigor con el voto afirmativo de al menos dos tercios de los Estados Miembros de la Asamblea General, donde no existe el derecho de veto.

Pero en realidad no es así: para entrar en vigor, las reformas a la Carta de la ONU, una vez adoptadas por la Asamblea General por una mayoría de por lo menos dos tercios de votos, deben ser ratificadas en el ámbito nacional por 'las dos terceras partes de los Miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad ', como dice en las frases finales del artículo 108 y del segundo párrafo del artículo 109 de la Carta de las Naciones Unidas.

Dicho de otra manera, cualquiera de los cinco miembros permanentes puede VETAR DE HECHO la reforma no ratificando la misma en el ámbito nacional.

Por ejemplo basta que el Senado de Estados Unidos rechace las reformas a la Carta de la ONU, aunque hayan sido aprobadas por la gran mayoría de los Estados Miembros, para que éstas no entren en vigor.

De modo que se está frente a dos posibilidades: o todos los Estados se pliegan a las exigencias de Estados Unidos (y eventualmente de otros miembros permanentes) y en ese caso la reforma de la Carta solo servirá para que todo quede igual o peor, o se busca una vía para salir del 'impasse '.

Una vía posible es la siguiente

La Asamblea General tendría que hacer lo que no hizo en 1991: declarar caducos los artículos 23.1, 27.3 y las partes relacionadas de los artículos 108 y 109, por ejemplo por una mayorías de dos tercios de votos, y de esa manera abrir la puerta para una reforma realmente democrática de la ONU, superando así el obstáculo del posible veto de los miembros permanentes.

La desintegración de la URSS convirtió en obsoletos los artículos 23.1 de la Carta, donde la URSS figura como miembro permanente del Consejo de Seguridad y el 27.3 que habla del voto afirmativo (llamado derecho de veto, en realidad regla de unanimidad) de los cinco miembros permanentes.

Desaparecida la URSS, esta ya no podía votar y la unanimidad de los cinco Miembros permanentes resultaba imposible de lograr.

Lo mismo ocurre con la última parte del artículo 108 y la última parte del párrafo 2 del artículo 109, que requieren la aprobación de todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad para que entren en vigor las reformas de la Carta (27).

Declarados caducos los artículos 23.1, 27. 3 y las partes pertinentes de los artículos 108 y 109 por una mayoría calificada de la Asamblea General, lo que implicaría la supresión automática del 'derecho de veto' y del estatuto de miembro permanente del Consejo de Seguridad, podría comenzarse un auténtico proceso de democratización de las Naciones Unidas, aumentando el número de miembros del Consejo de Seguridad, estableciendo el control de legalidad de sus actos (28) y recortando sus poderes mediante la transferencia de la competencia en materias fundamentales a una mayoría calificada de la Asamblea General.

En lo que se refiere a la Asamblea General, podría comenzarse por incorporar con voz consultiva a representantes de los parlamentos, de las asociaciones profesionales, del medio académico y de otros sectores sociales a las delegaciones de los Estados, como se puede interpretar que lo permite el artículo 9.2 de la Carta de las Naciones Unidas, al establecer que cada Estado Miembro puede tener hasta cinco representantes en la Asamblea General (29).

Habría que conferir también una representación a los entes locales y regionales.

El proceso de mundialización ha socavado la autodeterminación de los Estados nacionales llevando a las elites de los Estados más débiles a someterse frente al poder (económico, político, militar, cultural) de las grandes potencias. Paralelamente se han desarrollado las reivindicaciones autonómicas o independentistas territoriales dentro de numerosos Estados.

Estos movimientos autonómicos son, o pueden ser, aunque no siempre, una respuesta cultural, económica y política al proceso de cosmopolitización de los Estados nacionales.

Sea como fuere, las autonomías son una realidad de la sociedad contemporánea que debe poder expresarse en el ámbito internacional, por lo menos en alguna medida, sin la mediación de los Estados nacionales.

Así lo ha entendido la Unión Europea cuando instituyó en 1994 el Comité de las Regiones (CDR), que permite a los entes locales y regionales manifestarse en el seno de la Unión.

Los Tratados europeos obligan a la Comisión y al Consejo a consultar al Comité de las Regiones siempre que se presenten nuevas propuestas en áreas que tengan repercusión a escala local o regional. Así, el Tratado de Maastricht estableció cinco ámbitos de consulta obligatoria: cohesión económica y social, redes de infraestructuras transeuropeas, salud, educación y cultura. El Tratado de Amsterdam añadió otros cinco ámbitos a esta lista: política de empleo, política social, medio ambiente, formación profesional y transporte, quedando así cubierta la mayoría de las actividades de la UE.

Fuera de estos ámbitos, la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo también tienen la posibilidad de consultar al Comité de las Regiones cuando consideren que una propuesta pueda tener repercusiones importantes a escala local o regional. El CDR también puede elaborar dictámenes por iniciativa propia, lo que significa que puede introducir temas en la agenda de la UE.

Todo indica entonces, que la representación de los entes locales y regionales debe ser también uno de los objetivos de las reformas del sistema de las Naciones Unidas.

Conclusión

La idea de establecer una organización internacional que no fuera una simple sumatoria de Estados, sino una comunidad internacional con personalidad propia, representativa de los pueblos del mundo, ha naufragado totalmente y ha sido reemplazada en los hechos por la dictadura mundial de un puñado grandes potencias y del poder económico transnacional (30).

Actualmente, las Naciones Unidas no es más que un figurante en la escena internacional que sirve para mantener la ilusión de que existe un sistema internacional capaz de ir remediando los graves problemas que afligen a la humanidad.

Es preciso, entonces, pensar en la reconstrucción de la ONU sobre bases realmente democráticas y respetuosas del principio de igualdad soberana de todos los Estados a fin de que la frase liminar de la Carta: ' Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas '…, comience a tener una significación.

Para eso hace falta que la mayoría de los Estados abandonen su política de temor reverencial hacia las grandes potencias y asuman plenamente sus responsabilidades como Estados soberanos miembros de las Naciones Unidas.

Y, por cierto, hace falta que los pueblos tomen conciencia de la necesidad de reformas profundas en el sistema internacional.

Notas:

15) a escala de contribución actualmente vigente fue aprobada en diciembre de 2003 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y será de aplicación para los años 2004-2006. Los tres mayores contribuyentes de las Naciones Unidas, los Estados Unidos (22%), Japón (19,468%) y Alemania (8,662%) cargan con más del 50% de los gastos de las Naciones Unidas, mientras que los 134 Estados miembros del Grupo de los 77 aportan menos del 10% al presupuesto. Estos últimos Estados deberían asumir sus responsabilidades y aumentar sustancialmente sus aportes a fin de tratar de poner remedio a la privatización del presupuesto de las Naciones Unidas.

16) La cuota de contribución mínima es del 0,001%.

17) Véase “supra”: II. LA SECRETARIA GENERAL Y LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS.

18) Desde enero de 2005, la nueva directora del UNICEF es Ana Margaret Veneman, también estadounidense. En 1993 Veneman entró a trabajar en la firma de abogados y “lobbystas” Patton, Boggs & Blow y también estuvo en el Directorio de Calgene, una de las más grandes empresas de alimentos genéticamemnte modificados. Uno de los clientes de Patton, Boggs & Blow fue Dole Foods, el mayor productor mundial de frutas y legumbres. En 2001 Veneman fue nombrada Secretaria de Agricultura por Bush y en enero de 2005 dejó ese cargo para asumir como Directora del UNICEF.

19) Jean-Loup Motchane, Quand l'OMS épouse la cause des firmes pharmaceutiques, en Le Monde Diplomatique, julio 2002, p. 10.

20) Cita extraída de Bernardo García Izquierdo, Una nueva oportunidad para la prevención de conflictos, Edición del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, Bilbao, 2002, pág. 45.

21) El capítulo VII de los acuerdos, en el que se habla del 'cuerpo militar de paz en Kosovo', tiene un apéndice B, cuyo artículo 8 reza así: 'El personal de la OTAN, con sus vehículos, navíos, aviones y equipamiento, deberá poder desplazarse, libremente y sin condiciones, por todo el territorio de la Federación de Repúblicas Yugoslavas, lo que incluye el acceso a su espacio aéreo y a sus aguas territoriales. Se incluye también el derecho de dichas fuerzas a acampar, maniobrar y utilizar cualquier área o servicio necesario para el mantenimiento, adiestramiento y puesta en marcha de las operaciones de la OTAN'.

22) El artículo 7 del mismo apéndice dice: 'El personal de la OTAN no podrá ser arrestado, interrogado o detenido por las autoridades de la República Federal de Yugoslavia. Si alguna de las personas que forman parte de la OTAN fuera arrestada o detenida por error deberá ser entregada inmediatamente a las autoridades de la Alianza'. Los artículos 9 y 10 precisan que, durante su presencia en territorio yugoslavo, la OTAN no estará obligada a pagar tasas ni impuesto alguno, ni podrá ser sometida a ningún control aduanero. El artículo 15 aclara que, cuando se habla de servicios utilizables por las fuerzas de la OTAN, se entiende el pleno y libre uso de las redes de comunicación, lo que incluye la televisión y el derecho a utilizar el campo electromagnético en su conjunto. El artículo 20 dice que el personal local eventualmente empleado por la OTAN 'estará sujeto, única y exclusivamente, a las condiciones y términos establecidos por la propia OTAN'. El artículo 21 afirma que la 'OTAN quedará autorizada a detener a personas y a entregarlas lo más rápidamente posible a las autoridades competentes'. Estas cláusulas la gran prensa jamás las hizo públicas.

23) El Secretario General puede llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre cualquier situación que, en su opinión, amenace la paz y la seguridad internacionales (art. 99 de la Carta). El Consejo de Seguridad puede convocar a la Asamblea General a una sesión especial con el voto afirmativo de nueve cualesquiera de sus miembros (arts. 20 y 27.2 de la Carta de las Naciones Unidas). Si éste no lo hace, pueden pedir la convocatoria de la A.G. la mitad de los Estados Miembros de las Naciones Unidas (artículo 20 de la Carta). La Asamblea General puede 'discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que presente a su consideración cualquier miembro de las Naciones Unidas…' (artículo 11, párr. 2, y artículos 34 y 35 de la Carta de las Naciones Unidas); 'La Asamblea General podrá recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualesquiera situaciones…' (artículo 14); El 3 de noviembre de 1950 la Asamblea General adoptó la resolución 377 (V) 'Unión para el mantenimiento de la paz', más conocida como 'resolución Dean Acheson', donde se establece que cuando se reúnen ciertas condiciones (impotencia del Consejo de Seguridad, decisión de reunir a la Asamblea General, etc.), la Asamblea general 'examinará inmediatamente la cuestión a fin de hacer a los miembros las recomendaciones apropiadas sobre las medidas colectivas a adoptar'… La Asamblea General ha utilizado el 'procedimiento Acheson' en varias oportunidades y en distintas épocas: intervención militar en Egipto (1956), en Hungría (1956), Líbano (1958), conflicto indo-pakistano (1971), Jordania (1980), Afganistán (1980), Namibia (1981), Bosnia- Herzegovina (1992), etc. En el caso de Egipto (agresión de Israel e invasión anglofrancesa), la Asamblea General creó el 5 de noviembre de 1956, a iniciativa del Secretario General Dag Hammarskjold, una fuerza de interposición de 6000 hombres, la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas (FENU), que permaneció en el terreno hasta 1967.

24) La cuestión de la representación equitativa en el Consejo de Seguridad y del aumento del número de sus miembros lo plantearon en la Asamblea General en 1979 Argelia, Argentina, Bangladesh, Bhután, Guyana, India, Maldivas, Nepal, Nigeria y Sri Lanka. El tratamiento del tema se fue postergando hasta que en 1992 la Asamblea General incorporó a su orden del día la 'Cuestión de una representación equitativa y del aumento del número de miembros del Consejo de Seguridad'. En 1993 la Asamblea General estableció un Grupo de Trabajo de composición abierta para ocuparse del tema, que recibió todo tipo de propuestas y sugerencias de los Estados, muchas de ellas contradictorias o irreconciliables. Estados Unidos no tardó en fijar los límites a las posibles reformas, en particular su oposición a admitir como miembros permanentes a Estados del Tercer Mundo.

25) El proyecto fue adoptado por 170 votos a favor, 4 en contra, los de Estados Unidos, Israel, Palau y las Islas Marshall, y tres abstenciones, Irán, Belarús y Venezuela.

26) Grupos de Trabajo (sobre desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y mercenarios, este último de reciente creación), relatores temáticos (educación, alimentación, poblaciones indígenas, salud, torturas vivienda, ejecuciones sumarias, desechos tóxicos, etc.) cuya función era investigar sobre el terreno, recibir denuncias, interpelar a los gobiernos, realizar acciones urgentes, etc. y relatores sobre países, en todos los casos sobre países pobres. Pareciera que a los países ricos no hubiera nada que reprocharles en materia de violación de los derechos humanos.

27) Véase Cap. I, párrafo 2, supra.

28) Quién y cómo se debe ejercer el control de legalidad de las decisiones del Consejo de Seguridad, es un tema sujeto a discusión entre los juristas especializados, incluso en el seno mismo de la Corte Internacional de Justicia, que parece ser el organismo más indicado para ejercer dicho control. Véase nota 6.

29) En esos términos lo sugería el profesor Benedetto Conforti en un artículo publicado en el Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye en 1988, (V, T. 212), en el cual el autor llamaba a «luchar por conseguir que se propague la idea de la democratización de las organizaciones internacionales”.

30) Esto se pretende ocultar con una perversión del lenguaje utilizada por los medios de comunicación, que se refieren continuamente a la «comunidad internacional” cuando en los hechos se trata de un puñado de Estados, absolutamente minoritarios a escala planetaria.

* Alejandro Teitelbaum es Abogado (Universidad de Buenos Aires). Diplomado en relaciones económicas internacionales en el Instituto de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Universidad de París I.

Argenpress, 25/05/06