Julio Pimentel Ramírez y Abdallán Guzmán Cruz: La mercantilización de la política

Julio Pimentel Ramírez y Abdallán Guzmán Cruz: La mercantilización de la política

El modelo neoliberal, impuesto durante los últimos 25 años a la sociedad mexicana, ha tenido múltiples efectos sobre todas las esferas de la vida de la nación, tanto en la economía como en las relaciones sociales y la cultura y, por supuesto, en la política.

El sistema político mexicano, como es obvio, no es ajeno a las consecuencias de esta nueva fase del desarrollo del capitalismo y en la actualidad se encuentra inmerso en profundas contradicciones que para ser superadas demandan la amplia participación social, consciente y organizada.

Las intenciones de los grupos de poder es la de «privatizar» la política, concentrando las campañas electorales a través de los medios de comunicación, especialmente la televisión que, por cierto se apropia de alrededor del 80 por ciento del enorme gasto de los partidos políticos.

La imposición de criterios de mercado en la actual contienda electoral tiende a convertir a los candidatos a la Presidencia de la República en mercancías y a sus propuestas en spots que buscan llegar al sentimiento y no a la razón.

En la televisión, los noticieros, los programas de análisis y otros de comedia y alto raiting en su mayoría manipulan, trivializan, banalizan la política dejando en claro sus simpatías por el aspirante de la derecha, quien es el que mejor garantiza la continuidad de sus intereses.

Para comprender cómo se llegó a la situación mencionada, hay que señalar que la sociedad mexicana de principios del siglo XXI se caracteriza por su gran desequilibrio: por un lado un puñado de multimillonarios, entre ellos la cuarta fortuna del planeta, y del otro de los poco más de cien millones de habitantes, la mitad vive en la pobreza y de ésta 25 millones de personas sobreviven con un ingreso diario de un dólar, según datos del Banco Mundial, una de las instituciones financieras promotoras del modelo neoliberal.

Durante los últimos cuatro sexenios en México se ha impuesto el proyecto neoliberal que incluye el predominio de criterios de mercado en paralelo con debilitamiento del Estado, sobre todo en lo que se refiere a su función económica y social.

En nuestro caso, la supeditación a los intereses económicos de las transnacionales se concretó, y se acelera cada vez más, con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) que ha significado, entre otras nefastas consecuencias, el desmantelamiento de la planta industrial nacional y una profunda crisis de la producción agraria.

La administración foxista presume que bajo el esquema del TLC la economía mexicana se encuentra entre las diez más grandes del mundo, sin explicar que la producción se concentra en manos de unas cuantas empresas, la mayoría estadounidenses, y que se orienta a la exportación. Sin olvidar el predominio de los sectores terciarios de la economía: servicios y comercio.

La debilidad del mercado interno se explica, entre otros factores, por la alta tasa de desempleo y subempleo existente (el gobierno de Fox estuvo lejos de cumplir su promesa de generar un millón de empleos al año) y el consecuente éxodo de millones de mexicanos hacia Estados Unidos en busca de la subsistencia familiar; el bajo poder adquisitivo de los trabajadores asalariados.

En síntesis, se puede afirmar que en la situación actual de la economía mexicana destacan los rasgos y efectos impuestos por el predominio del proyecto neoliberal: inflación y déficit presupuestal bajos, apertura comercial acorde con los intereses de las transnacionales, contracción del mercado interno, alta concentración de la actividad económica; incremento desmedido del desempleo y la consecuente caída en el nivel de vida de la mayor parte de la población.

Ahora bien, como parte indisoluble de la actual fase de desarrollo del capital se encuentra el desmantelamiento del llamado Estado benefactor. En nuestro país el proceso privatizador, iniciado hace casi cinco lustros, entregó importantes empresas estatales, muchas de ellas rentables y estratégicas para el desarrollo nacional, en manos de voraces grupos empresariales nacionales y extranjeros.

En esta ola privatizadora se incluyeron destacadas industrias (siderúrgicas, mineras, automotrices), empresas como Teléfonos de México, bancos, ferrocarriles. En fin, centenas de unidades económicas que fueron rematadas a precios de ganga y que enriquecieron a unos cuantos empresarios y funcionarios corruptos (entre éstos ex presidentes de la República).

La estrategia privatizadora amenaza con extenderse a la seguridad social y a los energéticos (Pemex, CFE), últimos reductos de la propiedad estatal. Por lo pronto se han introducido modificaciones al régimen de pensiones del IMSS, con lo que se entregan cuantiosos recursos en manos de financieras privadas y se limitan prestaciones sociales a millones de trabajadores. En la mira se encuentran trabajadores adscritos al ISSSTE y otras instituciones.

Es más, la pretensión es avanzar en la privatización de los esquemas de salud pública, de ahí que se escatimen recursos destinados a las dependencias del sector. El Seguro Popular es, en los hechos, un instrumento ineficaz dado que se encuentra inmerso en la visión neoliberal de atención a las necesidades sociales.

En fin, oculta por la superficialidad de los spots televisivos y la guerra sucia electoral desatada por el partido de la derecha, se confrontan dos proyectos de nación: por un lado el que pretende continuar por la senda marcada por el neoliberalismo y concluir el proceso privatizador emprendido hace 25 años, sometiendo definitivamente a la nación a los designios del imperio estadounidense; y por el otro el que aspira a construir un México distinto, una nación verdaderamente democrática, equitativa y justa en la que se ponga fin a la impunidad y en la que el desarrollo beneficie a los que actualmente se encuentran excluidos, es decir a la mayor parte de la población: indígenas, mujeres, ancianos, niños, jóvenes y hombres, que demandan trabajo y dignidad.

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Cambio de Michoacán, 05/06/06