Milagrosa Carrero: Una cuestión de valores

Milagrosa Carrero: Una cuestión de valores

En esta ocasión, le ha tocado al vicepresidente de la Conferencia Episcopal y cardenal de Toledo, Antonio Cañizares , despotricar contra el sistema educativo, lo que resulta cuando menos inconcebible, si tenemos en cuenta que sólo los sueldos pagados por las administraciones a los profesores de Religión suman más de 500 millones de euros. Para un Estado, que a pesar de su aconfesionalidad, financia a la Iglesia con más de 3.000 millones de euros al año de las arcas públicas, y cuyo Gobierno la ha favorecido, desde la llegada al mismo de José Luis Rodríguez Zapatero , con una aportación extra de 35 millones anuales, además de subvencionar con 2.500 millones anuales más a los colegios privados, un 70% de los cuales son católicos, la agresiva postura del clero, dinamitando desde sus púlpitos cada uno de los derechos conquistados por los ciudadanos españoles, como el divorcio, el aborto, o la libertad religiosa, resulta perniciosa.

Esta vez el vicepresidente de la Conferencia Episcopal y cardenal de Toledo se ha permitido, en sus últimas declaraciones, insultantes juicios de valor contra la nueva asignatura prevista en la LOE, Educación para la Ciudadanía, a la que curiosamente considera un ataque a su doctrinal concepto de familia, absolutamente desajustado de nuestra realidad social, e irrespetuoso con la concepción legal de la misma, puesto que niega, en cierta manera, tal consideración a muchas que lo son de hecho, y de derecho.

SEGUN PALABRAS textuales de la ministra Mercedes Cabrera la "educación para la ciudadanía y los derechos humanos trata de educar a los niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos y de sus libertades", lo que para Cañizares es sinónimo de "adoctrinamiento, relativismo moral, atentado a la familia, e incita a la desobediencia y a la objeción". ¡Se me ponen los pelos como escarpias, ante tan sórdido pronóstico! Ya estoy viendo a nuestros niños y adolescentes sufriendo los devastadores efectos de tan peligrosa materia que se atreve a educar en la convivencia, y en el respeto, dentro del marco de la Constitución, con riesgo de que se note que la moral no es patrimonio de la Iglesia --ni de una religión determinada-- y acabemos cambiando los mandamientos de la santa madre Iglesia por los objetivos del milenio, y las recomendaciones de la última encíclica por la declaración de los derechos humanos .

Acaso la jerarquía eclesiástica tenga un motivo para desconfiar de esos futuros ciudadanos familiarizados con los fundamentos de la democracia, los valores constitucionales, los problemas sociales del mundo actual y la igualdad entre hombres y mujeres, acostumbrados desde pequeños a respetar los planteamientos del contrario, educados para aceptar las opciones sexuales, religiosas o políticas de sus vecinos, y compañeros, dispuestos incluso a considerar igual al hijo de una divorciada, o al niño que no ha hecho la comunión, que al nacido en el seno de matrimonios católicos practicantes. Porque por mucho que pese a algún sector de la iglesia, la evolución de nuestra familia, que adaptada a las actuales formas de vida presenta una numerosa pluralidad de tipos más o menos alejados del modelo católico, es ya una realidad, previa a la introducción en el currículo educativo de la nueva materia, sobre todo útil para enseñar a convivir en una sociedad que se pretende plural y tolerante, y en la que ya nadie se escandaliza de una madre soltera, de unos padres divorciados, o de complicadas redes familiares donde segundas o terceras uniones dan lugar a novedosas estructuras familiares igualmente válidas para educar a los hijos.

Y si la jerarquía eclesiástica se escandaliza por los hábitos de conducta, y las formas de vida, que no se ajustan a sus mandamientos, a la mayor parte del pueblo nos parece una inmoralidad el despilfarro de medios previsto, con motivo de la próxima visita del Papa a Valencia los días 8 y 9 de julio, para clausurar el Encuentro Mundial de la Familia, y que va a costarle al erario público la desmesurada cantidad de casi 30 millones de euros --que le arreglarían la vida a muchas familias-- aportados por el Estado, el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación valenciana, y la Generalitat, desencadenando la campaña de protesta nosotros/as no te esperamos : Una cuestión de valores.

*Profesora de Secundaria

El Periódico de Extremadura, 18/06/06