Noam Chomsky: Democracia de mercado en un orden neoliberal: doctrina y realidad

Noam Chomsky: Democracia de mercado en un orden neoliberal: doctrina y realidad
Conferencia Davie, Parte I, Universidad de Ciudad del Cabo, Mayo 1997

He sido invitado a hablar sobre algún aspecto de la libertad académica o humana, una invitación ésta que ofrece muchas posibilidades. Me limitaré a aquellas más simples. La libertad sin oportunidad es un regalo envenenado, y la denegación de tal oportunidad es un acto criminal. La fortuna de los más vulnerables ofrece una buena referencia para medir la distancia que hay desde el punto en que nos encontramos a algo que pueda ser llamado "civilización". Mientras hablo, 1.000 niños morirán a causa de enfermedades de fácil prevención, y casi el doble de mujeres morirán o desarrollarán graves taras durante el embarazo o el parto por falta de remedios y asistencia básicos. La UNICEF estima que para acabar con estas tragedias y garantizar acceso universal a los servicios sociales básicos se requeriría una cuarta parte del presupuesto militar anual de los "países en vías de desarrollo", lo que es lo mismo que el 10 por ciento del gasto militar de EE.UU.. Es sobre este telón de fondo sobre el que toda discusión seria acerca de la libertad humana ha de plantearse.

Está ampliamente aceptado que la cura para tan graves males está al alcance de la mano, y no sin fundamento. Los últimos años han sido testigos de la caída de tiranías brutales, de prometedores avances en el conocimiento científico, y de tantos otros motivos por los que podría esperarse un futuro mejor. El discurso de los privilegiados está teñido de confianza y triunfalismo: sabemos el camino a seguir y no hay otro. El lema que se escucha constantemente, fuerte y claro, es que "la victoria de los Estados Unidos en la Guerra Fría es la victoria de unos principios políticos y económicos: los de la democracia y el libre mercado". Estos principios son "el impulso para el futuro - un futuro del que los Estados Unidos son guardián y modelo". Estoy citando al principal comentarista político del New York Times, pero el enfoque es convencional, extensamente repetido en buena parte del globo, y aceptado como esencialmente correcto incluso por sus críticos. Ha sido también enunciado como la "Doctrina Clinton", la cual afirma que nuestra misión en el mundo es "consolidar la victoria de la democracia y el mercado libre" recién alcanzados. Existe cierto desacuerdo: en un extremo, para los "idealistas wilsonianos" [de Woodrow Wilson, presidente de los EE.UU. 1913-1921. N.del.T.] urge continuar la benévola misión tradicional; en el otro extremo, los "realistas" ponen en duda que poseamos los medios para llevar a cabo tales cruzadas de "progresismo global" ["global meliorism"], y que debamos sacrificar nuestros intereses en favor de los ajenos. Y entre estos dos extremos se encuentra el camino a un mundo mejor.

La realidad me parece a mí bastante diferente. El actual espectro del debate público sobre política tiene tan poca relevancia para la política real como sus numerosos antecedentes: ni los Estados Unidos ni ningún otro poder se han guiado nunca por el "progreso global". La democracia se encuentra amenazada mundialmente, incluso en los países más industrializados; al menos si con "democracia" queremos decir algo substancial que implique la capacidad de la gente para participar en el control sobre asuntos personales y colectivos. Lo mismo se podría decir del comercio. Los ataques contra la democracia y contra el mercado libre están relacionados. Estos ataques nacen del poder de entes corporativos cuya estructura interna es totalitaria, crecientemente entrelazados con y dependientes de estados fuertes, y en gran medida libres de toda obligación para con el público. Su inmenso poder sigue creciendo como resultado de una política social que globaliza el modelo estructural del Tercer Mundo, con sectores enormemente ricos y privilegiados frente a un incremento en "la proporción de aquellos que trabajarán con todos los agravios que impone esta vida, suspirando en secreto por una distribución más equitativa de las satisfacciones", como James Madison, el gran fundador de la democracia estadounidense, predijo hace 200 años. Estas preferencias políticas son más evidentes en las sociedades anglo-americanas, pero están extendidas mundialmente. No pueden atribuirse a las "decisiones hechas por el libre mercado en su infinita aunque misteriosa sabiduría", "la implacable marea de la 'revolución comercial'", "el duro individualismo Reaganita", o a la "nueva ortodoxia" que "otorga al mercado toda la autoridad", citas todas ellas que oscilan entre una postura liberal y una de izquierdas, en algunos casos con intención bastante crítica. El análisis es similar en el resto del espectro político, aunque por lo general con un tono eufórico. La realidad, por el contrario, es que la intervención estatal desempeña un papel decisivo, como en el pasado, y los términos generales en que se desarrolla la política apenas han cambiado. Las versiones actuales afirman la "clara subyugación de la clase trabajadora al capital" durante más de 15 años, en palabras de la prensa económica, la cual a menudo articula con franqueza las percepciones de una comunidad empresarial con gran conciencia de clase y dedicada a la lucha de clases.

Si estas impresiones son válidas, el camino a un mundo más justo y libre se encuentra bien alejado de los términos establecidos por el poder y el privilegio. No pretendo establecer esa conclusión aquí, tan sólo quiero sugerir que es lo suficientemente creíble como para merecer consideración. Y en especial afirmar que las doctrinas dominantes difícilmente sobrevivirían si no fuese por su contribución a "reglamentar el pensamiento público tan bien como un ejército reglamenta el cuerpo de sus soldados", por utilizar la frase del respetado Edward Bernays, liberal de la escuela de Roosevelt y Kennedy, en su manual clásico para la industria de las Relaciones Públicas, de la cual él fue uno de los fundadores y principales figuras.

Bernays se basaba en su experiencia en la agencia estatal de propaganda de Woodrow Wilson, el Comité de Información Pública. "El increíble éxito de la propaganda durante la guerra fue, por supuesto, lo que abrió los ojos de esa minoría inteligente, que existe en todas las esferas de la vida, a las posibilidades de la regulación del pensamiento público", escribió. Su objetivo era adaptar su experiencia a las necesidades de las "minorías inteligentes", principalmente líderes en el ámbito de los negocios, cuya tarea es "la consciente e inteligente manipulación de los hábitos y las opiniones de las masas". Tal "ingeniería del consentimiento" es la pura "esencia del proceso democrático", escribía Bernays poco antes de haber sido homenajeado por su contribución por la Asociación Americana de Psicología en 1949. La importancia de "controlar el pensamiento público" ha ido admitiéndose con mayor franqueza conforme las luchas populares han conseguido extender las modalidades de democracia, dando paso así a lo que las elites liberales dan en llamar "la crisis de la democracia", como en el caso de poblaciones normalmente pasivas y apáticas que se organizan con el objetivo de entrar en la arena política para hacer valer sus intereses y demandas, amenazando la estabilidad y el orden. Tal y como Bernays lo explicaba, con "el sufragio y la educación universales, (...) al final incluso la burguesía acabó temiendo a la gente común, puesto que por un momento pareció que las masas se convertirían en el soberano", una tendencia afortunadamente invertida - o en eso se ha confiado - gracias a los nuevos métodos diseñados e implementados "para moldear el pensamiento de las masas".

Para descubrir el verdadero significado de los "principios políticos y económicos" que han sido declarados "la ola del futuro", es necesario ir más allá de ejercicios retóricos y pronunciamientos públicos e investigar la verdadera práctica y los archivos documentales internos. El examen detallado de casos particulares es la opción más gratificante, pero han de ser elegidos cuidadosamente para proporcionar una descripción equilibrada. Existen ciertas reglas lógicas. Un acercamiento razonable es tomar ejemplos elegidos por los mismos proponentes de las doctrinas, aquellos que representan su "mejor argumento". Otra posibilidad es investigar los casos donde la influencia es mayor y la interferencia menor, para ver así los principios operativos en su forma más pura. Si queremos determinar qué quería decir el Kremlin con "democracia" o "derechos humanos", daremos poco crédito a las solemnes denuncias del Pravda sobre el racismo en los Estados Unidos o el terrorismo de estado en los estados satélites de éste, y menos aún a la proclamación enérgica de nobles motivos. Mucho más informativa es la situación en las "democracias populares" de Europa del Este. El razonamiento es elemental, y también es aplicable al auto-designado "guardián y modelo". Latinoamérica es el terreno de pruebas obvio, en particular la región de América Central y el Caribe. Allí Washington se ha enfrentado a pocos retos externos durante cerca de un siglo, por lo que los principios directores de la política, y el neoliberal "consenso de Washington" de hoy en día, se revelan más claramente cuando examinamos cuál es el estado de la región y cómo se alcanzó.

La "cruzada por la democracia" de Washington, como se ha dado en llamar, fue profesada con particular fervor durante la época de Reagan, siendo Latinoamérica el territorio elegido. Los resultados se ofrecen a menudo como la mejor ilustración de cómo los EE.UU. se convirtieron en "la inspiración para el triunfo de la democracia en nuestros días", por citar al editor de la principal revista intelectual del liberalismo norteamericano. El autor, Sanford Lakoff, considera al "histórico Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T.L.C.A.N.-N.A.F.T.A.)" como un potencial instrumento para la democratización. En la tradicional región de influencia de los EE.UU., escribe Lakoff, los países están avanzando hacia la democracia, habiendo "sobrevivido intervenciones militares" y "crueles guerras civiles".

Los principales "obstáculos a la implementación" de la democracia, sugiere Lakoff, son los "intereses creados" que buscan proteger los "mercados domésticos", es decir, impedir que las corporaciones extranjeras (mayormente estadounidenses) obtengan mayor control aún sobre la sociedad. Hemos de asumir, por lo tanto, que la democracia se refuerza a través de la transferencia de la toma de decisiones fundamentales a manos de tiranías privadas que no reconocen otra responsabilidad que ante sí mismas, la mayoría de ellas con sede en el extranjero. Simultáneamente la arena pública ha de seguir reduciéndose conforme el estado es "minimizado" de acuerdo con los "principios políticos y económicos" neoliberales que han emergido triunfantes. Un estudio del Banco Mundial advierte que la nueva ortodoxia representa "un dramático alejamiento del ideal político pluralista y participativo, y un acercamiento al ideal autoritario y tecnocrático", algo que está en consonancia con elementos fundamentales del pensamiento liberal y progresista del siglo veinte y, en otra interpretación, del modelo Leninista. Ambos son más parecidos de lo que se admite normalmente. Así, profundizando en los razonamientos tácitos, podemos lograr una mejor comprensión de los conceptos de democracia y de mercado en su sentido operativo.

Lakoff no se detiene en el "renacimiento democrático" de Latinoamérica, pero sí que cita una fuente académica que hizo una importante contribución a la cruzada de Washington durante los años ochenta. El autor es Thomas Carothers, quien combina el academicismo con el "conocimiento interno", habiendo trabajado en programas de "refuerzo de la democracia" en el Departamento de Estado con Reagan. Carothers considera el "impulso para promover la democracia" de Washington "sincero", aunque mayormente un fracaso. Es más, se trata de un fracaso sistemático: en el caso de Sudamérica, allí donde la influencia de Washington era menor, se dio un verdadero progreso hacia la democracia, al cual la administración Reagan por lo general se opuso, para después apropiárselo cuando el proceso ya era irreversible. Allí donde la influencia de Washington era mayor, el progreso fue menor, y cuando se dio, el papel de los EE.UU. fue marginal o negativo. Su conclusión es que los EE.UU. intentaron mantener "el orden básico de (...) sociedades no democráticas" y evitaron el "cambio de naturaleza populista", buscando "inevitablemente sólo aquellas formas de cambio democrático verticales y limitadas que no entrañaban el peligro de perturbar las estructuras de poder tradicionales, aliadas de los Estados Unidos durante mucho tiempo".

Esta última sentencia requiere ser desglosada. El término "Estados Unidos" se utiliza normalmente para referirse a estructuras de poder dentro de los Estados Unidos; el "interés nacional" es el interés de esos grupos, el cual se correlaciona muy tenuemente con los intereses de la población general. Así, la conclusión es que Washington buscó formulas verticales de democracia que no perturbaran las tradicionales estructuras de poder aliadas durante mucho tiempo a las estructuras de poder en Estados Unidos.

Para poder apreciar la significación de este hecho, conviene examinar atentamente la naturaleza de las democracias parlamentarias. Los Estados Unidos son el caso más relevante, no sólo por su poder, sino por poseer unas instituciones democráticas estables y duraderas. Además, los Estados Unidos son lo más parecido a un modelo que se puede encontrar. Los Estados Unidos pueden ser "tan felices como lo deseen", observaba Thomas Paine en 1776: "ya que tienen ante sí una página en blanco sobre la que escribir". Las sociedades indígenas fueron eliminadas casi en su totalidad. Quedaba poco residuo de previas estructuras europeas, una causa de la relativa debilidad del contrato social y de sistemas de protección social, los cuales tienen sus raíces por lo general en instituciones precapitalistas. Y, de una forma muy poco usual, el orden socio-político fue diseñado conscientemente. Cuando se investiga la Historia no se pueden confeccionar experimentos, pero los EE.UU. son lo más cercano que se puede encontrar a un "caso ideal" de democracia capitalista estatal.

Hay que añadir que el principal diseñador del sistema constitucional era un lúcido y astuto pensador político, James Madison, cuyos puntos de vista prevalecieron en gran medida. En los debates sobre la constitución, Madison señaló que en Inglaterra, si las elecciones "estuvieran abiertas a toda clase de gente, la propiedad de los terratenientes no estaría segura. Una ley agraria sobrevendría al momento", dando tierra a los sin tierra. El sistema que él y sus asociados estaban diseñando tenía que prevenir tal injusticia, según recomendaba Madison, y "asegurar los intereses permanentes del país", basados en el derecho a la propiedad. Es la responsabilidad del gobierno, declaró Madison, "proteger la minoría de los opulentos de la mayoría". Para conseguir este objetivo, el poder político debe descansar en las manos de "la riqueza de la nación", hombres que "simpaticen suficientemente" con el derecho a la propiedad y sean "firmes custodios del poder depositado en ellos", mientras que el resto han de ser marginados y divididos, ofreciéndoseles sólo una limitada participación en los asuntos públicos y políticos. Entre académicos madisonianos existe el consenso según el cual "la constitución fue intrínsecamente un documento aristocrático diseñado para poner freno a las tendencias democráticas de la época", otorgando el poder a los "mejores" y excluyendo a "aquellos que no eran ricos, bien nacidos, o prominentes en el ejercicio del poder político". Estas conclusiones normalmente se relativizan con la observación de que Madison, y el sistema constitucional en general, trataron de hallar un equilibrio entre los derechos de las personas y los derechos de la propiedad. Pero tal formulación es engañosa. La propiedad no tiene derechos. Tanto en la teoría como en la práctica, el término "derecho de la propiedad" significa "derecho a la propiedad", típicamente propiedad material, un derecho personal que ha de ser privilegiado sobre todos los otros, y que es crucialmente distinto a los otros en que la posesión del derecho por parte de una persona priva a otra del mismo. Cuando los hechos se exponen claramente, podemos apreciar la fuerza de la doctrina según la cual "la gente que posee el país tiene que gobernarlo", "una de las máximas favoritas" del influyente colega de Madison, John Jay, según su biógrafo.

Se puede afirmar, como hacen algunos historiadores, que esos principios perdieron su fuerza conforme el territorio nacional era conquistado y colonizado y la población nativa expulsada o exterminada. Cualquiera que sea la valoración de aquellos años, para finales del siglo XIX las doctrinas fundacionales habían tomado una nueva forma mucho más opresiva.

El desarrollo de la economía industrial y el nacimiento de formas corporativas de organización económica dieron un significado completamente nuevo al término. En un documento oficial actual, una "persona" es definida sobre una amplia base e incluye a todo "individuo, partido, sociedad, asociación, compañía, empresa, fortuna, monopolio, corporación u otra organización (organizada o no bajo las leyes de cualquier estado), o cualquier entidad gubernamental", un concepto que sin duda hubiera asombrado a Madison y a otros cuyas raíces intelectuales pertenecían a la Ilustración y el liberalismo clásico, precapitalistas y anticapitalistas en espíritu.

Este cambio radical en la concepción de los derechos humanos y la democracia no fue introducido fundamentalmente a través de legislación, sino por decisiones judiciales y comentario intelectual. Las corporaciones, que habían sido previamente consideradas entidades artificiales sin derechos, fueron investidas con todos los derechos de las personas, incluso más, puesto que son "personas inmortales" y "personas" de poder y riqueza extraordinarias. Por si fuera poco, ya no estaban limitadas a los términos impuestos por los estados, sino que podían actuar libremente, con controles mínimos. El trasfondo intelectual que permite garantizar esos derechos extraordinarios a "entidades legales colectivas" descansa sobre doctrinas neo-hegelianas también presentes en el bolchevismo y el fascismo: la idea de que ciertas entidades orgánicas tienen derechos sobre y por encima de las personas. Los juristas conservadores se opusieron frontalmente a estas innovaciones, percatándose de que socavan tanto la idea tradicional de que los derechos son inherentes a los individuos, como los principios del mercado. Pero las nuevas formas de derecho autoritario fueron institucionalizadas, y con ellas, la legitimación del trabajo asalariado, que era considerado poco mejor que la esclavitud en el pensamiento estadounidense de gran parte del siglo XIX, no sólo por el emergente movimiento obrero sino también por figuras como Abraham Lincoln, el Partido Republicano y los medios de comunicación oficiales.

Estos son asuntos con tremendas implicaciones para el buen entendimiento de la naturaleza de la democracia de mercado. El resultado material e ideológico ayuda a explicar cómo la "democracia" en el extranjero ha de reflejar el modelo seguido en casa: Formas de control verticales, con el público relegado a una función de "espectador", sin participación en los foros de decisión que han de excluir a esos "ignorantes y entrometidos intrusos", de acuerdo con la moderna teoría democrática convencional. Aquí estoy citando los ensayos sobre democracia de Walter Lippmann, uno de los intelectuales y periodistas estadounidenses más respetados del siglo. Pero las ideas generales son estándar y tienen sólidas raíces en la tradición constitucional, modificada radicalmente sin embargo, en la nueva era de entidades legales colectivas.

Volviendo a la "victoria de la democracia" bajo la tutela de los EE.UU., ni Lakoff ni Carothers se preguntan cómo Washington mantuvo la tradicional estructura de poder en sociedades altamente antidemocráticas. Los temas de su obra no son las guerras terroristas que crearon decenas de miles de cadáveres torturados y mutilados, millones de refugiados, y una destrucción de la que probablemente no haya vuelta atrás. Guerras contra la Iglesia en gran medida, ya que ésta se convirtió en el enemigo allí donde adoptó "la opción preferencial por los pobres" intentando que la gente que estaba sufriendo consiguiera un mínimo de justicia y derechos democráticos. Es más que simbólico que la terrible década de los ochenta se abriera con el asesinato de un arzobispo que se había convertido en "la voz de los sin voz," y se cerrara con el asesinato de seis importantes intelectuales jesuitas que habían tomado el mismo camino, en ambos casos a manos de fuerzas terroristas armadas y entrenadas por los vencedores en la "cruzada por la democracia". Deberíamos tomar debida cuenta del hecho de que los principales intelectuales disidentes de América Central fueron doblemente asesinados: muertos y silenciados. Sus palabras, de hecho sus mismas existencias, son poco conocidas en los Estados Unidos, al contrario que los disidentes en estados enemigos, quienes son festejados y admirados; otro universal cultural, supongo.

Pero estas cosas no forman parte de la historia tal y como la reescriben los vencedores. En el estudio de Lakoff, que no es atípico en este aspecto, lo que quedan son referencias a "intervenciones militares" y "guerras civiles", sin identificarse un factor externo. Sin embargo, estos casos no se olvidarán tan rápidamente por aquellos que buscan un mejor entendimiento de los principios que van a dar forma al futuro si las estructuras de poder logran sus objetivos.

Particularmente reveladora es la descripción que Lakoff hace de Nicaragua, de nuevo de acuerdo al estándar: "una guerra civil concluyó tras una elección democrática, y un gran esfuerzo está en marcha para crear una sociedad más próspera e independiente". En el mundo real, la superpotencia que estaba atacando a Nicaragua intensificó su ofensiva durante los primeros comicios democráticos del país: las elecciones de 1984, monitorizadas y reconocidas como legítimas por la Asociación de Estudios Latinoamericanos (L.A.S.A.), las delegaciones parlamentarias de Irlanda y Gran Bretaña, y otros, incluyendo una hostil delegación del gobierno holandés que era destacadamente admiradora de las atrocidades Reaganitas, así como la principal figura de la democracia centroamericana, José Figueres de Costa Rica, que a pesar de ser también un observador crítico juzgó las elecciones legítimas en ese "país invadido" y pidió a Washington que permitiera a los Sandinistas "acabar lo que empezaron en paz, se lo merecen". Los EE.UU. se opusieron vehementemente a la celebración de las elecciones e intentaron boicotearlas, preocupados por la posibilidad de que unas elecciones democráticas interfirieran con su guerra terrorista. Pero tal preocupación se desvaneció gracias al buen comportamiento del sistema doctrinal, que bloqueó la difusión de esos informes con remarcable eficacia, adoptando la línea oficial de la propaganda estatal según la cual las elecciones eran un fraude carente de todo valor.

También se ignora el hecho de que según se acercaba la fecha de las siguientes elecciones, Washington dejó muy claro que si los resultados no eran los adecuados, los nicaragüenses continuarían sufriendo la ilegal guerra económica y el "ilícito uso de la fuerza" que el Tribunal Internacional había condenado y ordenado que se pusiera fin, por supuesto en vano. Pero esta vez, el resultado fue aceptable, y celebrado en los EE.UU. con una explosión de euforia que es muy reveladora. Al límite de la independencia crítica, el columnista Anthony Lewis del New York Times se mostró desbordado con la admiración producida por el "experimento en paz y democracia" de Washington, prueba de que "vivimos en una era romántica". Los métodos del experimento no eran secreto alguno. Así, la revista Time, uniéndose a la celebración por el "estallido democrático" en Nicaragua, los describía con franqueza: "hundir la economía y sostener una larga y mortífera guerra indirecta hasta que los propios nativos, exhaustos, derroquen el gobierno no deseado", con un "mínimo" coste para nosotros, dejando a la víctima "con puentes destruidos, centrales eléctricas saboteadas, y plantaciones arrasadas", proveyendo al candidato de Washington con "un eslogan ganador" - acabar con el "empobrecimiento del pueblo nicaragüense" -, por no hablar del terror continuado, que es mejor dejar sin mencionar.

Los métodos de esta "era romántica", y la reacción que provocaron en círculos intelectuales, nos muestran los principios democráticos que han emergido victoriosos. También arrojan luz sobre por qué resulta un "esfuerzo tan difícil (...) crear una sociedad más próspera y soberana" en Nicaragua. Es cierto que se está haciendo todo lo posible y que está logrando cierto éxito para una minoría privilegiada, mientras que la mayoría de la población se enfrenta con un desastre social y económico, todo dentro de la conocida pauta seguida en las dependencias occidentales.

Sabremos más sobre los principios vencedores si tenemos en mente que esos mismos representantes del mundo intelectual liberal habían alentado a que las guerras de Washington se combatieran sin piedad, con apoyo militar a "fascistas de estilo latino, (...) sin importar cuántos sean asesinados", porque "los Estados Unidos tienen prioridades más importantes que los derechos humanos salvadoreños". El editor Michael Kinsley, representante de "la izquierda" en la prensa y televisión convencional, reprochaba asimismo la crítica irreflexiva a la política oficial de Washington de atacar objetivos civiles indefensos. Tales operaciones de terrorismo internacional causan "enorme sufrimiento civil", reconoció Kinsley, pero pueden ser "perfectamente legítimos" si "el análisis de costos y beneficios" demuestra que "la cantidad de muerte y miseria provocada" engendra "democracia", tal y como es definida por los soberanos mundiales. La opinión intelectual insiste en que el terror no es un valor en sí mismo, sino que ha de entenderse con un criterio pragmático. Kinsley observó más tarde que los fines deseados habían sido logrados: "empobrecer al pueblo nicaragüense era precisamente el objeto de la guerra de la Contra y de la política complementaria de embargo económico y veto a créditos internacionales para el desarrollo", que "devastó la economía" y "creó el desastre económico que permitió el que fuera posiblemente el mejor eslogan para la oposición vencedora". Tras esto, Kinsley se unió a la bienvenida dada al "triunfo de la democracia" en las "elecciones libres" de 1990.

Los estados satélites disfrutan de privilegios similares. Así, comentando uno más de los ataques israelíes contra el Líbano, el editor de asuntos internacionales del Boston Globe H.D.S. Greenway, corresponsal gráfico durante la primera invasión importante 15 años atrás, afirmaba que "si el bombardeo de aldeas libanesas, a pesar incluso del coste en vidas, y el desplazamiento de refugiados civiles hacia el norte puede consolidar la frontera de Israel, debilitando así a Hezbollah, y promoviendo la paz, yo diría que 'adelante', como lo harían muchos árabes e israelíes. Pero la historia no ha favorecido las aventuras de Israel en el Líbano. Éstas han solucionado muy poco y casi siempre han creado más problemas". Por lo tanto, según el criterio pragmático, el asesinato de numerosos civiles, la expulsión de cientos de miles de refugiados y la destrucción del sur del Líbano es a lo sumo una proposición cuestionable.

También fue reveladora la reacción a las alegaciones periódicas por parte de la administración Reagan sobre los planes de Nicaragua para obtener interceptores aéreos de la Unión Soviética (después de que los EE.UU. hubieran coaccionado a sus aliados para que no los vendieran). Los 'halcones' exigieron que Nicaragua fuera bombardeada inmediatamente. Las 'palomas' replicaron que las alegaciones deberían ser verificadas primero, y si resultaban ciertas, entonces los EE.UU. tendrían que bombardear Nicaragua. Aquellos observadores que estaban en sus cabales entendieron la razón por la cual Nicaragua podría querer los interceptores aéreos: para proteger su territorio de los aviones de la C.I.A. que estaban proveyendo las fuerzas leales a los EE.UU. y suministrándoles información actualizada que les permitiera ejecutar la orden de atacar todo "objetivo débil" expuesto. La premisa tácita es que ningún país tiene el derecho de defender a su población civil de un ataque estadounidense. La doctrina, que se ha mantenido indisputada, es interesante. Sería didáctico buscar equivalentes en otra parte.

El pretexto de las guerras terroristas de Washington era la autodefensa, típica justificación de casi cualquier acto monstruoso, incluso del holocausto nazi. Ronald Reagan, advirtiendo que "la política y acciones del gobierno de Nicaragua constituyen una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos", declaró "una emergencia nacional para hacer frente a la amenaza", sin que dicha medida pareciera ridícula. En otros lugares se reacciona de manera diferente. En respuesta a los esfuerzos de John F. Kennedy para organizar una acción colectiva contra Cuba en 1961, un diplomático mexicano afirmaba que México no podría participar, porque "si declaramos públicamente que Cuba es una amenaza contra nuestra seguridad, cuarenta millones de mexicanos se morirían de risa". La opinión ilustrada occidental toma una actitud más sensata hacia lo que supone una amenaza extraordinaria contra la seguridad nacional. Por la misma regla de tres, la U.R.S.S. tenía todo el derecho de atacar a Dinamarca, puesto que representaba un peligro mucho mayor a su seguridad, al igual que Polonia y Hungría cuando dieron los primeros pasos hacia la independencia. El mero hecho de que tales declaraciones puedan ser hechas regularmente añade un interrogante más sobre la cultura intelectual de los vencedores, y otra indicación de a qué nos enfrentamos.

El caso de Cuba es esclarecedor en lo que concierne a la substancia de los pretextos durante la Guerra Fría, como lo son los principios operativos reales. Éstos se han manifestado de nuevo con gran claridad en las pasadas semanas, tras la negativa de Washington a acatar un dictamen de la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.-W.T.O.) favorable a la disconformidad de la Unión Europea con el embargo, único en su severidad y que ya había sido condenado como una violación de la ley internacional por la Organización de los Estados Americanos (O.E.A.) y repetidas veces por las Naciones Unidas, con unanimidad casi total. El embargo ha sido recientemente ampliado con serios castigos para las terceras partes que desobedezcan los edictos de Washington, otra violación más del derecho internacional y los acuerdos comerciales entre países. La respuesta oficial de la administración Clinton, recogida por el Newspaper of Record, es que "Europa está desafiando a 'tres décadas de política norteamericana sobre Cuba que se remonta a la administración Kennedy' cuyo sólo objetivo es forzar un cambio de gobierno en La Habana". La administración Clinton también declaró que la O.M.C. "no tiene competencia para interferir" en un asunto de seguridad nacional estadounidense, y no puede "obligar a los EE.UU. a cambiar sus leyes".

El razonamiento sobre la O.M.C. recuerda a los argumentos oficiales de los EE.UU. para rechazar las sentencias del Tribunal Internacional sobre Nicaragua. En ambos casos, los EE.UU. cuestionaron la jurisdicción ante el previsible veredicto contra los EE.UU.. Siguiendo la misma lógica, por lo tanto, ninguno de ellos es un foro apropiado. El asesor legal del Departamento de Estado reveló que cuando los EE.UU. aceptaron la jurisdicción del Tribunal Internacional en la década de los cuarenta, la mayoría de los miembros de la O.N.U. "estaban alineados con los Estados Unidos y compartían sus puntos de vista sobre el orden mundial". Pero ahora "muchos de ellos no puede decirse que compartan nuestro punto de vista sobre la concepción original de la Carta de las Naciones Unidas", y "esta misma mayoría a menudo se opone a los Estados Unidos en importantes asuntos internacionales". En ausencia de la garantía de que se van a salir con la suya, los EE.UU. ahora han de "reservarse el poder de determinar si el Tribunal tiene jurisdicción sobre nosotros en cada caso particular", bajo el principio de que "los Estados Unidos no reconocen otra autoridad competente sobre ninguna disputa concerniente a materias que se encuentren esencialmente dentro de la jurisdicción doméstica de los Estados Unidos, tal y como es definida por los Estados Unidos". La "materia doméstica" en cuestión era el ataque de EE.UU. contra Nicaragua.

Los medios de comunicación, paralelamente a la opinión intelectual, convinieron en que el Tribunal se había desacreditado a sí mismo al fallar en contra de los Estados Unidos. Las partes cruciales de la sentencia no fueron divulgadas, entre ellas la resolución que afirma que toda ayuda estadounidense a la Contra es militar y no humanitaria. Siguió siendo "ayuda humanitaria" para todo el espectro de opinión respetable hasta que el terror, la guerra económica y la subversión diplomática de Washington provocaron la "victoria del juego limpio de EE.UU".

Volviendo al caso de la O.M.C., no nos demoremos más en la alegación de que los Estados Unidos se están jugando su propia existencia en la estrangulación de la economía cubana. Más interesante aún es la tesis según la cual los EE.UU. tienen todo el derecho de derrocar otro gobierno, en este caso a través de agresión, terrorismo a gran escala durante muchos años y estrangulación económica. Del mismo modo, la ley y acuerdos comerciales internacionales son irrelevantes. Los principios fundamentales del orden mundial que han emergido victoriosos resuenan de nuevo, alto y claro.

Las declaraciones de la administración Clinton nunca fueron cuestionadas, aunque fueron criticadas de un modo restringido por el historiador Arthur Schlesinger. Escribiendo "como alguien implicado en la política de la administración Kennedy sobre Cuba", Schlesinger mantuvo que la administración Clinton había malentendido la postura de Kennedy. El problema había sido el "conflicto en el hemisferio" provocado por Cuba y la "conexión soviética". Pero eso ahora forma parte del pasado, así que la política de Clinton es un anacronismo, aunque intachable por lo demás, hemos de deducir.

Schlesinger no explicó entonces el significado de los términos "conflicto en el hemisferio" y "conexión soviética", aunque lo hace en otra parte, en secreto. En un informe remitido al presidente entrante Kennedy sobre las conclusiones de una Misión Latinoamericana a principios de 1961, Schlesinger explicó en detalle el problema de la "creación de conflictos" por parte de Castro - lo que la administración Clinton ha dado en llamar el esfuerzo de Cuba "por desestabilizar grandes partes de Latinoamérica": es decir, "la propagación de la idea de Castro de llevar los asuntos por uno mismo", un serio problema, añade Schlesinger, cuando "la distribución de tierra y otras formas de riqueza nacional favorece inmensamente a las clases propietarias (...) [y] los pobres y desfavorecidos, estimulados por el ejemplo de la revolución cubana, están demandando ahora oportunidades para tener una vida decente". Schlesinger también explicó la amenaza de la "conexión soviética": "Mientras tanto, la silueta de la Unión Soviética se cierne sobre el panorama, ofreciendo grandes créditos para el desarrollo y presentándose a sí misma como el modelo para lograr la modernización en una sola generación." La "conexión soviética" era percibida en términos similares tanto en Washington como en Londres, desde los orígenes de la Guerra Fría hace 80 años.

A través de esas explicaciones (secretas) de la "desestabilización" y "la creación de conflictos en el hemisferio" de Castro y la "conexión soviética", podemos entender mejor la realidad de la Guerra Fría. No debería sorprendernos que las posturas básicas persistan a pesar de que la Guerra Fría pertenece ya al pasado, lo mismo que existían incluso antes de la revolución bolchevique: por ejemplo, en la brutal y destructiva invasión de Haití y de la República Dominicana, una ilustración del "progresismo global" bajo el lema del "idealismo Wilsoniano".

Habría que añadir que el objetivo de derrocar el gobierno de Cuba precede a la administración Kennedy. Castro tomó el poder en enero de 1959. En junio, la administración Eisenhower ya había tomado la decisión de que el gobierno tenía que ser derrocado. Los ataques terroristas desde bases estadounidenses comenzaron poco después. La decisión formal de destituir a Castro en favor de un régimen "más comprometido con los verdaderos intereses del pueblo cubano y más aceptable para los EE.UU." fue tomada en secreto en marzo de 1960, con la apostilla de que la operación tenía que llevarse a cabo "de tal manera que se evite toda apariencia de una intervención estadounidense", por la reacción que podía esperarse en Latinoamérica y la necesidad de quitarles un peso de encima a los ideólogos domésticos. En aquella época la "conexión soviética" y el "conflicto en el hemisferio" eran nulos, fuera de la versión de Schlesinger. La C.I.A. estimó que el gobierno de Castro disfrutaba del apoyo popular (la administración Clinton tiene evidencia análoga hoy en día). La administración Kennedy reconoció también que sus intenciones violaban la ley internacional y las Cartas de la O.N.U. y la O.E.A., pero estos puntos fueron dejados de lado sin mayor discusión, tal y como revelan los archivos desclasificados.

Conferencia Davie, Parte 2

Como mencioné en la primera parte de esta charla, la "cruzada por la democracia" adquirió especial fervor en Washington durante los años de Reagan, siendo Latinoamérica el campo de acción escogido. Los resultados obtenidos se presentan a menudo como ejemplo claro de que los EE.UU. se han convertido en "la inspiración para el triunfo de la democracia en nuestros días". El último estudio erudito sobre la democracia describe "la restauración de la democracia en Latinoamérica" como "impresionante" aunque no libre de problemas; los "obstáculos a la implementación" siguen siendo "formidables", pero quizá puedan ser superados mediante una mayor integración con los Estados Unidos. El autor, Sandor Lakoff, escoge el "histórico Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T.L.C.A.N. - N.A.F.T.A.)" como un potencial instrumento para la democratización, junto con otros ejemplos similares ya discutidos.

Un examen detenido del T.L.C.A.N. es muy revelador. El tratado fue aprobado por el Congreso con una fuerte oposición popular pero con el apoyo incondicional del mundo empresarial y los medios de comunicación, que prodigaban jubilosas promesas de beneficios para todos los implicados, promesas corroboradas con gran seguridad por la Comisión de Comercio Internacional de los EE.UU. y los principales economistas equipados con los más modernos modelos económicos (modelos que acababan de fracasar miserablemente con respecto a su capacidad de predecir las deletéreas consecuencias del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Canadá, pero que, sin embargo, esta vez iban a funcionar perfectamente). El detallado análisis de la Oficina de Peritaje Tecnológico (el departamento de investigación del Congreso) fue suprimido por completo. Este concluía que la planeada versión del T.L.C.A.N. perjudicaría a la mayor parte de la población norteamericana, y proponía modificaciones que podrían extender los beneficios del acuerdo más allá de los limitados círculos de inversión y finanzas. Aún más llamativa fue la supresión de la posición oficial del movimiento obrero estadounidense, fruto de un análisis similar, al mismo tiempo que el movimiento era severamente criticado por su perspectiva "retrógrada, ignorante" y sus "crudas tácticas intimidatorias", motivadas por "el miedo al cambio y el miedo a los extranjeros"; sigo remitiéndome a declaraciones originadas desde la extrema izquierda del espectro político oficial, en este caso, Anthony Lewis. Tales acusaciones eran demostrablemente falsas, pero estas fueron las únicas declaraciones que llegaron al público en este inspirador ejercicio de democracia. Hay otros detalles esclarecedores que fueron recogidos en la literatura disidente de entonces, pero que se han mantenido a resguardo del público. A estas alturas, los cuentos sobre las maravillas del T.L.C.A.N. han sido silenciosamente archivados, y los hechos han empezado a hablar por sí mismos. Ya no se habla más de los cientos de miles de nuevos trabajos y otros grandes beneficios que aguardan a las poblaciones de los tres países. Las buenas nuevas han sido reemplazadas por la "perspectiva económica marcadamente benigna" -la "opinión cualificada"- de que el T.L.C.A.N. no ha tenido efectos significativos. El Wall Street Journal nos informa de que ciertos "oficiales de la administración se sienten frustrados ante la incapacidad de convencer a los votantes de que no existe ningún peligro" y que la pérdida de puestos de trabajo es "mucho menor de lo que predijo Ross Perot", a quien le fue permitido participar en la discusión oficial (a diferencia de la O.T.A., el movimiento obrero, los economistas que no corearon la línea del partido, y los analistas disidentes) porque las declaraciones de Perot eran a veces exageradas y fáciles de ridiculizar". "Es difícil combatir las críticas diciendo la verdad, esto es, que el acuerdo comercial en realidad no ha conseguido nada", reconocía tristemente un oficial de la administración. En el olvido queda lo que "la verdad" se suponía que iba a ser cuando el impresionante ejercicio en democracia marchaba viento en popa.

Mientras que los expertos han restado importancia a un T.L.C.A.N. carente de "efectos significativos", arrojando la previa "opinión cualificada" al pozo del olvido, un punto de vista económico no particularmente "benigno" empieza a tomar forma si el "interés nacional" es ampliado para incluir en él a la población en general. En su testimonio ante el Comité del Senado para Asuntos Bancarios en febrero de 1997, el presidente del Consejo de la Reserva Federal, Alan Greenspan, se mostraba muy optimista sobre la "sostenible expansión económica" producida por una "moderación atípica en los incrementos salariales [que] parece ser fundamentalmente la consecuencia de una mayor inseguridad laboral", un factor obviamente deseable para una sociedad más justa. El Informe Económico del Presidente de febrero de 1997, enorgulleciéndose de los logros de la administración, hace referencia tangencialmente a ciertos "cambios en las instituciones y las prácticas del mercado laboral" como un factor en la "significante moderación salarial" que refuerza la salud de la economía.

Una de las razones para estos cambios benignos se explica en un estudio encargado por la Secretaría de Trabajo del T.L.C.A.N. acerca de "los efectos del cierre súbito de plantas sobre el principio de libertad de asociación y el derecho de los trabajadores a organizarse en los tres países". El estudio fue llevado a cabo bajo los auspicios del T.L.C.A.N. en respuesta a una demanda por parte de trabajadores de la industria de telecomunicaciones sobre prácticas laborales ilegales en las que había incurrido Sprint. La demanda fue confirmada en el Consejo Nacional de Relaciones Laborales de los EE.UU. que, como es habitual, dictaminó multas intrascendentes tras años de dilación. El estudio del T.L.C.A.N., firmado por la economista laboral Kate Bronfenbrenner de la Universidad de Cornell, fue autorizado para su difusión en Canadá y México, pero ésta fue retrasada por la administración Clinton. El estudio revela un impacto considerable del T.L.C.A.N. en el boicoteo de huelgas. Aproximadamente la mitad de los esfuerzos organizativos sindicales (gremiales) son desbaratados por las amenazas del empresario de trasladar la producción fuera del país; por ejemplo, colocando carteles que digan "Trabajos transferibles a México" frente a una planta donde haya tendencias organizativas. Las amenazas no son en vano: cuando los esfuerzos organizativos tienen éxito a pesar de todo, los empresarios cierran la planta, en su totalidad o en parte, tres veces más a menudo actualmente que antes del T.L.C.A.N. (aproximadamente un 15 por ciento de las veces). Las amenazas de cerrar plantas son casi el doble en las industrias más móviles (por ejemplo, manufacturas comparado con construcción).

Ésta y otras prácticas descritas en el estudio son ilegales -pero eso es un tecnicismo- y equiparables a las violaciones del derecho internacional y de los acuerdos comerciales que se dan cuando los resultados son inaceptables. La administración Reagan había dejado claro al mundo empresarial que las actividades antisindicales ilegales no serían obstaculizadas por el estado delincuente, y sus sucesores han mantenido la misma postura. Ha habido un efecto substancial en cuanto a la destrucción de sindicatos (gremios) -o en palabras más finas, "cambios en las instituciones y las prácticas del mercado laboral"- que contribuyen a la "significativa moderación salarial" dentro de un modelo económico ofrecido con gran orgullo a un mundo atrasado e incapaz todavía de comprender estos principios triunfales que abrirán el camino hacia la libertad y la justicia.

Aquello que fue denunciado continuamente desde el principio fuera de la discusión oficial sobre los objetivos del T.L.C.A.N. ahora se acepta discretamente: que el objetivo real era "atrapar a México dentro de las reformas" que lo habían convertido en un "milagro económico" en el sentido técnico del término, es decir, un "milagro" para los inversores estadounidenses y los mexicanos ricos, mientras la población se hunde en la miseria. La administración Clinton "olvidó que el objetivo subyacente del T.L.C.A.N. no era promover el comercio sino cementar las reformas económicas en México", declara ahora solemnemente el corresponsal de Newsweek Marc Levinson, olvidando añadir que fue justo lo contrario lo que se proclamó para asegurar la aprobación del T.L.C.A.N., mientras que los críticos que señalaban este "propósito subyacente" eran excluidos eficientemente del libre mercado de ideas por sus dueños. Quizá algún día las razones también sean aceptadas públicamente. Se esperaba que "atrapando a México" dentro de las reformas se ahuyentara el peligro detectado durante un Taller de Desarrollo Estratégico en Latinoamérica celebrado en Washington en septiembre de 1990, en el que se concluyó que las relaciones con la dictadura mexicana eran buenas, pero que existía un problema potencial: "una 'apertura democrática' en México podría poner a prueba esta relación especial si llegara a instaurar un gobierno interesado en desafiar a los EE.UU. por motivos económicos y nacionalistas", lo cual ya no representa un peligro ahora que México está "atrapado dentro de las reformas" por tratado.

La amenaza es la democracia, dentro y fuera del país, como ilustra el ejemplo. La democracia es permisible, incluso bienvenida, pero su valoración reside en los resultados, no en el proceso democrático. El T.L.C.A.N. era considerado un mecanismo eficaz para disminuir la amenaza de la democracia. Se impuso en EE.UU. a través de una efectiva obstaculización del proceso democrático, y en México por la fuerza, eludiendo la inútil protesta pública. Los resultados se presentan ahora como un esperanzador instrumento para dotar a los ignorantes mexicanos de una democracia al estilo estadounidense. Un observador bien informado y con tendencia al cinismo estaría de acuerdo con esta evaluación.

Una vez más, los ejemplos escogidos para ilustrar el triunfo de la democracia son los lógicos, a la vez que interesantes y reveladores, aunque no dan precisamente el resultado deseado.

Los mercados son siempre una construcción social, y en la forma específica en que están siendo diseñados por la actual política social tienen el objetivo de restringir el funcionamiento de la democracia, como queda demostrado por el T.L.C.A.N., los acuerdos de la O.M.C., y otros instrumentos de posible implementación en el futuro. Un caso que merece especial atención es el Acuerdo Multilateral sobre la Inversión (M.A.I.) que está siendo fraguado en la O.C.D.E., el club de los ricos, y la O.M.C. (de la que el M.A.I. forma parte). En principio se espera que el acuerdo sea adoptado sin el conocimiento público, como se esperaba que lo fuera el T.L.C.A.N., sin éxito, aunque el "sistema de información" logró mantener lo esencial del asunto en secreto. Si el plan esbozado en los borradores prospera, el mundo entero puede acabar "atrapado" por tratados que otorgan a las corporaciones transnacionales mecanismos aún más eficaces para restringir el espacio democrático, dejando las decisiones políticas mayormente en manos de gigantescas tiranías privadas que poseen además amplios medios para interferir en los mercados. Tales esfuerzos quizá sean bloqueados en la misma O.M.C. gracias a las fuertes protestas de los "países en vías de desarrollo", en especial India y Malasia, que no están dispuestos a convertirse en meras dependencias propiedad de grandes corporaciones extrajeras. Pero la versión de la O.C.D.E. quizá corra mejor suerte, al ser presentada al resto del mundo como un hecho consumado, con las consecuencias obvias. Todo esto se desarrolla en notable secreto, por ahora.

La proclamación de la Doctrina Clinton fue acompañada por un inapreciable ejemplo de los principios victoriosos puestos en práctica: los logros de la administración en Haití. Ya que éste vuelve a ser propuesto como el caso más convincente, parece apropiado examinarlo.

Es cierto que se permitió el retorno del presidente electo de Haití, pero sólo después de que las organizaciones populares hubieran sido víctimas durante tres años de unas fuerzas terroristas que mantuvieron firmes conexiones con Washington en todo momento. La administración Clinton todavía se niega a devolver a Haití las 160.000 páginas de los documentos sobre terrorismo de estado secuestrados por las fuerzas militares estadounidenses "para evitar revelaciones embarazosas" sobre la participación del gobierno de los EE.UU. en el régimen golpista, según Human Rights Watch. También fue necesario hacer pasar al Presidente Aristide por "un curso acelerado en democracia y capitalismo", en palabras de su principal partidario en Washington para describir el proceso de civilización de este problemático cura.

Como condición a su retorno, Aristide fue forzado a aceptar un programa económico que orienta la política del gobierno haitiano hacia las necesidades de "la sociedad civil, especialmente el sector privado, tanto nacional como extranjero". Es decir, los inversores estadounidenses están llamados a constituir el núcleo de la sociedad civil haitiana, junto con los haitianos ricos que apoyaron el golpe de estado, pero no los campesinos ni los habitantes de los suburbios haitianos que pusieron en pie una sociedad civil dinámica y vibrante hasta el punto de que les permitió elegir a su propio presidente, a pesar de tener todos los factores en contra, provocando así la inmediata hostilidad de los EE.UU. que se esforzaron por subvertir el primer régimen democrático de Haití.

Los inaceptables actos de los "ignorantes y entrometidos intrusos" de Haití fueron revocados violentamente con la complicidad directa de los EE.UU., no sólo a través de sus contactos con los terroristas de estado en el poder. La Organización de Estados Americanos declaró un embargo. Las administraciones Bush y Clinton lo quebrantaron desde el principio eximiendo a las compañías estadounidenses y autorizando en secreto a la Texaco Oil Company a suministrar al régimen golpista y a sus ricos defensores en violación de las sanciones oficiales, un hecho crucial éste que fue revelado el día antes de que las tropas estadounidenses desembarcaran con el fin de "restaurar la democracia", dato que todavía tiene que llegar al gran público, aunque es un candidato improbable a entrar en el registro histórico.

La democracia ha sido restaurada. El nuevo gobierno ha sido obligado a abandonar el programa democrático y reformista que tanto escandalizó a Washington y a adoptar la política del candidato de Washington en las elecciones de 1990, en las que recibió el 14 por ciento del voto.

Los haitianos parecen haber entendido la lección, aunque los ideólogos occidentales dan otra interpretación. Las elecciones parlamentarias de abril de 1997 registraron una "turbadora" participación del 5 por ciento, según la prensa, lo cual hizo surgir la siguiente pregunta: ¿"Ha decepcionado Haití las esperanzas de Estados Unidos"? Después de todos los sacrificios que hemos hecho para llevarles la democracia, han resultado ser desagradecidos e indignos. Es fácil ver por qué los "realistas" insisten en que nos mantengamos apartados de las cruzadas por el "progreso global".

Actitudes similares imperan en todo el hemisferio. Las encuestas muestran que en Centroamérica la política provoca "aburrimiento", "desconfianza" e "indiferencia" en mucha mayor proporción que "interés" o "entusiasmo" entre "un público apático (...) que se siente espectador en el sistema democrático" y que muestra "un pesimismo general sobre el futuro". La primera encuesta de este tipo en Latinoamérica, patrocinada por la Unión Europea, encontró más de lo mismo: "el mensaje más alarmante de la encuesta", comentaba el coordinador brasileño, era "la percepción popular de que sólo la elite ha salido beneficiada por la transición a la democracia". Los profesores universitarios latinoamericanos indican que la reciente ola de democratización coincidió con reformas económicas neoliberales, que han sido perniciosas para la mayoría y han dado lugar a una cínica valoración de los procedimientos formales democráticos. La introducción de programas similares en el país más rico del mundo ha tenido efectos similares. A principio de los noventa, tras 15 años de una versión doméstica de ajuste estructural, más del 80 por ciento de la población estadounidense consideraba el sistema democrático un fraude, con unas corporaciones demasiado poderosas y una economía "inherentemente injusta". Éstas son las consecuencias naturales del proyecto específico de "democracia de mercado" bajo los designios del mundo de los negocios.

Retomemos la doctrina vigente de que "la victoria de los Estados Unidos en la Guerra Fría" fue una victoria para la democracia y el libre mercado. En lo que respecta a la democracia, la doctrina es parcialmente verdadera, aunque es necesario tener en cuenta qué se entiende por "democracia": el control desde arriba para "proteger a la minoría de los opulentos contra la mayoría". ¿Y qué ha sido del libre mercado? En este caso también descubrimos que la doctrina se encuentra bien alejada de la realidad, como ha quedado demostrado por numerosos ejemplos.

Consideremos de nuevo el caso del T.L.C.A.N., un acuerdo cuya intención era comprometer a México con una disciplina económica que proteja a los inversores del peligro de una "apertura democrática". Sus estipulaciones clarifican cuáles son los principios que han emergido victoriosos. No se trata de un "acuerdo sobre libre mercado". Más bien, es un acuerdo esencialmente proteccionista, diseñado para obstaculizar la competencia de Asia del Este y Europa. Además, comparte con los acuerdos globales principios tan contrarios al libre mercado como son los "derechos de propiedad intelectual" del tipo que las sociedades ricas nunca aceptaron durante su período de desarrollo, pero que ahora esgrimen para proteger a sus propias corporaciones a fin de destruir la industria farmacéutica de los países pobres, por ejemplo, y de paso bloquear innovaciones tecnológicas como el mejoramiento de los procesos de producción de productos patentados. El progreso, igual que los mercados, es deseable solamente cuando produce beneficios a la clase importante.

Permanecen los interrogantes sobre la naturaleza del "comercio". Se considera que más de la mitad del comercio entre los EE.UU. y México consiste en transacciones internas de las empresas, con un incremento del 15 por ciento desde el T.L.C.A.N. Por ejemplo, hace ya una década, un tercio de los bloques de motor y las tres cuartas partes de otros componentes esenciales utilizados en los automóviles estadounidenses eran producidos en fábricas de propiedad casi siempre estadounidense y localizadas en el norte de México, dando empleo a unos pocos trabajadores y virtualmente sin lazos con la economía mexicana. El colapso post-T.L.C.A.N. de la economía mexicana en 1994, del que sólo resultaron eximidos los muy ricos y los inversores estadounidenses (protegidos por las subvenciones del gobierno de EE.UU.), provocó un incremento en el comercio entre EE.UU. y México gracias a esta nueva crisis que, aportando a la población general aún mayor miseria, si cabe, "transformó México en una fuente barata [es decir, aún más barata] de productos manufacturados, con salarios industriales que son una décima parte de los de EE.UU.", según la prensa económica. Desde hace diez años, según algunos especialistas, la mitad del comercio internacional de EE.UU. consiste en este tipo de transacciones centralizadas, y lo mismo es cierto de otras potencias industriales, aunque es preciso ser cauteloso a la hora de sacar conclusiones sobre instituciones con limitada responsabilidad pública. Ciertos economistas han descrito , con suficiente verosimilitud, el sistema mundial como "mercantilismo corporativo", algo bien alejado del ideal del libre mercado. La O.C.D.E. afirma que "es la competitividad oligopolística y la interacción estratégica entre firmas y gobiernos, y no la mano invisible de las fuerzas del mercado, lo que condiciona actualmente las ventajas competitivas y la división internacional del trabajo en industrias de alta tecnología", adoptando implícitamente un punto de vista similar.

Incluso la estructura básica de la economía doméstica viola los principios neoliberales proclamados. El tema principal de la obra de Alfred Chandler sobre la historia empresarial de los EE.UU. es que "las empresas modernas reemplazaron a los mecanismos del mercado en la función de coordinar las actividades de la economía y la distribución de sus recursos", llevando muchas transacciones internamente, otro alejamiento de los principios del mercado libre. Existen muchos otros. Consideremos, por ejemplo, la suerte que ha corrido el principio de Adam Smith según el cual el libre movimiento de las personas, a través de fronteras por ejemplo, es un componente esencial del libre mercado. Cuando contemplamos el mundo de las corporaciones transnacionales, con alianzas estratégicas y el apoyo crucial de estados poderosos, la distancia entre doctrina y realidad se hace evidente.

La teoría del libre mercado tiene dos caras: la doctrina oficial, y la que podríamos llamar "doctrina de libre mercado real". Según esta última, la disciplina del mercado es buena para ti, pero yo necesito la protección del estado paternalista. La doctrina oficial se impone sólo a los indefensos, pero ha sido la "doctrina real" la adoptada por los poderosos desde los tiempos en que Gran Bretaña emergió como el estado fiscal-militar y de desarrollo más avanzado de Europa, con fuertes incrementos impositivos, una eficiente administración pública que llegó a convertir al estado en "el mayor elemento individual de la economía" (según el historiador John Brewer) y una expansión global, todo lo cual estableció un modelo que ha sido seguido hasta la actualidad en el mundo industrial, por descontado en los Estados Unidos, desde sus orígenes.

Gran Bretaña finalmente se pasó al internacionalismo liberal en 1846, después de que 150 años de proteccionismo, violencia y poder estatal la hubieran puesto bien por delante de cualquier competidor. Pero el paso al mercado contenía restricciones significativas. El cuarenta por ciento de los textiles británicos continuaron despachándose a la India colonial, al igual que el resto de las exportaciones británicas por lo general. El acero británico se mantuvo fuera de los mercados estadounidenses gracias a aranceles muy altos que permitieron a los Estados Unidos desarrollar su propia industria del acero. Pero la India y otras colonias permanecieron disponibles cuando el acero británico se quedó sin compradores en los mercados internacionales. El caso de la India es instructivo: el país producía tanto hierro como toda Europa a finales del siglo XVIII, y los ingenieros británicos estudiaban las avanzadas técnicas indias de manufactura del acero en 1820 para intentar disminuir el "desfase tecnológico". Bombay producía locomotoras a niveles competitivos cuando comenzó el boom de los ferrocarriles. Pero la "doctrina de libre mercado real" acabó con esos sectores de la industria india lo mismo que había acabado con las industrias textiles, la construcción naval, y otras que estaban avanzadas para los estándares de la época. Los EE.UU. y Japón, por el contrario, habían eludido el control europeo y pudieron adoptar el modelo británico de interferencia en el mercado.

Cuando la competitividad japonesa resultó ser más de lo soportable, Inglaterra rompió la baraja: el imperio se cerró a las exportaciones japonesas (cierre que formó parte de los antecedentes a la Segunda Guerra Mundial). Al mismo tiempo, los productores indios reclamaban protección, pero no de Japón sino de Inglaterra. No tuvieron suerte, bajo la doctrina de mercado libre real.

Tras el abandono de su limitado experimento en laissez-faire en los años treinta, el gobierno británico adoptó una intervención más directa también en la economía doméstica. En unos pocos años, la producción de máquinas-herramienta se multiplicó por cinco, simultáneamente con un boom en las industrias química, del acero, aeroespacial y un conjunto de nuevas industrias, "una inadvertida nueva ola de revolución industrial", escribe Will Hutton. La industria estatal permitió que Gran Bretaña sobrepasara a Alemania durante la guerra, y que incluso acortara distancias con los EE.UU., que por entonces se encontraba experimentando su propia expansión económica en el momento en que los administradores corporativos tomaron control de la economía de guerra estatal.

Un siglo después de que Inglaterra adoptara una especie de internacionalismo liberal, los EE.UU. siguieron el mismo camino. Tras 150 años de proteccionismo y violencia, los EE.UU. se han convertido en el país más rico y poderoso del mundo, con diferencia, y al igual que Inglaterra, se ha percatado de las ventajas de un "terreno de juego nivelado" en el que espera derrotar a cualquier competidor. Y como Inglaterra, con restricciones cruciales.

Una de ellas, por ejemplo, es que Washington utilizó su poder para impedir el desarrollo independiente dondequiera que surgiese, como ya lo había hecho Inglaterra. En Latinoamérica, Egipto, Asia del Sur, etc., el desarrollo había de ser "complementario", nunca "competitivo". Ha habido también interferencia en el mercado a gran escala. El Plan Marshall estaba vinculado a la compra de productos agrícolas estadounidenses, parte de la razón por la cual el porcentaje de cereal estadounidense en el mercado internacional aumentó desde menos de un 10 por ciento antes de la guerra hasta más de la mitad en 1950, mientras que las exportaciones de Argentina se redujeron en dos tercios. La ayuda a través de U.S. Food for Peace también cumplía el doble objetivo de subvencionar las industrias agropecuaria y del transporte estadounidenses, y de competir con productores extranjeros, entre otras medidas tomadas para prevenir el desarrollo independiente. La casi total eliminación del cultivo de trigo en Colombia a través de estos medios es uno de los factores en el desarrollo de la industria de drogas, la cual ha sido impulsada en toda la región andina por la política neoliberal de los últimos años. La industria textil de Kenia colapsó en 1994 cuando la administración Clinton impuso una cuota para obstaculizar la vía de desarrollo que han seguido todos los países industrializados, mientras que a los "reformadores africanos" se les advierte que "deben hacer mayores progresos" en la mejora de las condiciones para las operaciones comerciales y "comprometerse en reformas hacia el libre mercado" con "políticas comerciales y financieras" que estén de acuerdo con los requerimientos de los inversores occidentales. En diciembre de 1996 Washington bloqueó las exportaciones de tomates de México a EE.UU., violando así las normas del T.L.C.A.N. y la O.C.M. (aunque técnicamente no lo hizo, ya que se trataba de un juego de poder y no necesitó un arancel oficial), con un coste para los productores mexicanos de cerca de un billón de dólares anuales. La razón oficial de este regalo a los cultivadores de Florida fue que los precios habían sido "artificialmente reducidos por la competencia mexicana" y los consumidores estadounidenses preferían los tomates mexicanos. En otras palabras, los principios del libre mercado estaban funcionando, pero no daban el resultado deseado. Éstos son tan sólo ejemplos aislados.

La industria de alta tecnología siempre ha seguido las mismas pautas. Hace unas pocas semanas (el 29 de septiembre de 1997), un sincero titular del Wall Street Journal afirmaba: "De hecho, los exorbitantes aranceles de la I.T.C. sobre Japón protegen a los productores estadounidenses de supercomputadoras". El artículo informaba sobre la decisión de la Comisión para el Comercio Internacional (I.T.C.) de imponer "exorbitantes aranceles anti-dumping a las supercomputadoras japonesas", enviando así "un claro mensaje al exterior: Prohibida la entrada a las supercomputadoras extranjeras". La I.T.C. determinó que una prospectiva venta por parte de la japonesa NEC Corporation "podría dañar la industria estadounidense", en particular a Cray Research, el mayor productor de supercomputadoras de los EE.UU. A Cray se la considera una "empresa privada"; su tecnología se ha desarrollado gracias a subvenciones públicas y su mercado ha sido el Pentágono y el Departamento de Energía, pero los beneficios y la gestión son privados. Las firmas japonesas están aún por vender una sola supercomputadora a cualquier agencia financiada por el gobierno estadounidense, mientras que Japón recibe constantemente duras críticas por tratar de proteger su industria y sus servicios (lo cual efectivamente hace). Esta gran farsa es común y natural bajo las reglas del capitalismo de libre mercado real. En resumen, el duro del barrio hace lo que le da la gana.

Un ejemplo revelador es Haití, país que, junto con Bengala, representa el más valioso trofeo colonial del mundo y es el origen de buena parte de la riqueza de Francia. Haití se encuentra bajo control estadounidense desde que los marines de Woodrow Wilson lo invadieran hace 80 años, y en la actualidad su situación es tan catastrófica que podría resultar prácticamente inhabitable en un futuro no muy lejano. En 1981 se dio inicio a una estrategia de desarrollo patrocinada por U.S.A.I.D. y el Banco Mundial, basada en fábricas de ensamblado y exportaciones agropecuarias, desalojando tierra usada para el cultivo de alimentos de consumo local. U.S.A.I.D. predijo "un cambio histórico hacia una mayor interdependencia comercial con los Estados Unidos" en la que Haití se convertiría en "el Taiwán del Caribe". El Banco Mundial se mostró de acuerdo con la predicción, ofreciendo las conocidas recetas de "expansión de la empresa privada" y minimización de "objetivos sociales", incrementando así la desigualdad y la pobreza y reduciendo los niveles de salud y educación. Conviene señalar que estas recetas estándar se ofrecen acompañadas de palabrería sobre la necesidad de reducir las desigualdades y la pobreza y mejorar los niveles de salud y educativos, mientras que los estudios técnicos del Banco Mundial reconocen que una relativa igualdad y unos altos niveles de salud y educativos son factores cruciales en el crecimiento económico. En el caso de Haití, las consecuencias fueron las habituales: beneficios para los productores estadounidenses y los magnates haitianos y una reducción de un 56 por ciento en los salarios de Haití en la década de los ochenta; en dos palabras, un "milagro económico". Haití siguió siendo Haití, no Taiwán, que había seguido un camino radicalmente diferente, como sabe sin duda todo asesor económico.

Fue el esfuerzo del primer gobierno democrático haitiano por aliviar el creciente desastre lo que provocó la hostilidad de Washington y el subsiguiente golpe de estado militar y represión terrorista. Con la "democracia restaurada", U.S.A.I.D. está reteniendo la ayuda para garantizar así que las fábricas de cemento y harina sean privatizadas para el beneficio de los haitianos ricos y los inversores extranjeros (es decir, la llamada "sociedad civil" haitiana, de acuerdo con las órdenes que acompañaron la restauración democrática), mientras que los gastos en salud y educación son proscritos. La industria agropecuaria recibe financiación abundante, pero no hay ayuda disponible para la agricultura y la artesanía campesinas, las cuales constituyen la principal fuente de ingresos para la gran mayoría de la población. Las plantas de ensamblado, de propiedad extranjera, que emplean trabajadores (mujeres en la mayor parte) por un salario muy inferior al de subsistencia básica y bajo funestas condiciones de trabajo, se benefician de electricidad barata, subvencionada por el generoso supervisor. Pero para los haitianos pobres, es decir la población general, las subvenciones para electricidad, carburante, agua o comida no existen. Están prohibidas por las reglas del F.M.I. bajo el principio de que constituyen "control de precios". Antes de que las "reformas" fueran instituidas, la producción local de arroz abastecía prácticamente todas las necesidades domésticas y mantenía importantes vínculos con la economía autóctona. Gracias a la "liberalización" unilateral, en la actualidad sólo proporciona el 50 por ciento, con los previsibles efectos para la economía. La liberalización es, decisivamente, unilateral. Haití tiene que "reformarse", eliminando aranceles de acuerdo con los austeros principios de la ciencia económica, la cual, por algún milagro de la lógica, exime de estas obligaciones a la industria agropecuaria estadounidense, que continúa recibiendo enormes subvenciones públicas, incrementadas por la administración Reagan hasta el punto de representar el 40 por ciento de los ingresos brutos de los productores en 1987. Las consecuencias lógicas son asumidas con conocimiento de causa: un informe de U.S.A.I.D. de 1995 advierte que las "políticas de comercio e inversiones dirigidas a la exportación" ordenadas por Washington "presionarán implacablemente al cultivador de arroz local", quien se verá obligado a escoger la más racional alternativa de la exportación agropecuaria para beneficio de los inversores estadounidenses, de acuerdo con los principios de la teoría de expectativas racionales.

Gracias a tales métodos, el país más pobre del hemisferio se ha convertido en el principal importador de arroz producido en los EE.UU., enriqueciendo las compañías estadounidenses que reciben subvención pública. Aquellos que han tenido la fortuna de recibir una buena educación occidental sin duda pueden explicar que, tarde o temprano, los beneficios repercutirán en los campesinos y habitantes de los suburbios haitianos. Los africanos pueden escoger un camino similar, como aconsejan actualmente los líderes del "progresismo global" y las elites locales, y tal vez no vean otra alternativa bajo las circunstancias existentes (una conclusión cuestionable, en mi opinión). Pero si toman ese camino, deberían hacerlo con los ojos bien abiertos.

Este último ejemplo ilustra el alejamiento más radical de la doctrina oficial sobre el libre comercio, un alejamiento que fue más relevante en la época moderna que el representado por el proteccionismo, el cual dista mucho de haber sido la interferencia más radical con dicha doctrina en el período inicial, aunque suele ser el fenómeno que normalmente se estudia en la programación educativa convencional, aportando así su propia y útil contribución al enmascaramiento de las realidades sociales y políticas. Por poner un ejemplo obvio, la revolución industrial dependía de la disponibilidad de algodón barato, lo mismo que la "edad dorada" del capitalismo contemporáneo ha dependido de la disponibilidad de energía barata, pero los métodos utilizados para mantener las mercancías esenciales disponibles y a bajo precio (métodos que difícilmente se ajustan a los principios del mercado) no entran dentro de la disciplina profesional de la economía.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los EE.UU. rompieron con su tradición proteccionista y comenzaron a exigir la liberalización de la economía internacional, conscientes de que "el terreno de juego" estaba clara y convenientemente inclinado a favor de las compañías estadounidenses. Pero los grandes empresarios no estaban dispuestos a aceptar ningún riesgo, como decíamos, e insistieron en mantener ciertas excepciones cruciales. Una estaba relacionada con las subvenciones públicas. Un componente fundamental de la teoría del libre mercado es que las subvenciones públicas no están permitidas. Sin embargo, se daba por entendido que la industria de alta tecnología "no puede existir satisfactoriamente en una economía de 'libre empresa' pura, competitiva, sin subvenciones" y que "el gobierno es el único salvador posible", como decía la prensa económica hace 50 años. El sistema del Pentágono fue rápidamente seleccionado como el medio más eficiente de transferir fondos públicos a bolsillos privados. Es fácil "vender" al público con el pretexto de la seguridad [nacional], y no tiene los inconvenientes del gasto social, el cual tiende a ser redistributivo y democratizador, no una subvención directa al poder corporativo.

Así ha funcionado el sistema hasta la actualidad, con las variaciones necesarias. El punto de máxima interferencia en el mercado fue alcanzado por los Reaganitas, que predicaban el evangelio de la disciplina de mercado para los pobres, tanto dentro como fuera del país (el "duro individualismo Reaganita") y simultáneamente incrementaron la protección para productores estadounidenses a los niveles de la posguerra y llevaron a cabo una "escalada militarista [que] de hecho incrementó el gasto militar (en cifras constantes) en investigación y desarrollo por encima de los niveles récord de mediados de los sesenta", apunta Stuart Leslie. El público estaba asustado por las amenazas externas, pero el mensaje al mundo de los negocios era claro y conciso.

Tan pronto como la Guerra Fría tocó a su fin con la caída del Muro de Berlín en 1989, Washington informó al Congreso (y al mundo empresarial) que el gasto militar debía continuar sin grandes cambios, en parte para proteger la "infraestructura industrial militar"-prácticamente toda ella constituida por industria de alta tecnología- ofreciendo tecnología de doble uso para permitirles dominar los mercados comerciales al mismo tiempo que se enriquecen a expensas del público.

Se da por entendido que el libre mercado significa que el público paga los costos y asume los riesgos si las cosas van mal; ese es el caso de las subvenciones a bancos y corporaciones que han costado al público cientos de billones de dólares en años recientes. Los beneficios han de ser privatizados, pero los costos y el riesgo, socializados, en sistemas de libre mercado real. El viejo cuento se mantiene hoy en día sin mayor cambio, y no sólo en los Estados Unidos, por supuesto.

Otra historia igualmente venerable es la negativa del público a aceptar las consecuencias. A pesar de los contratiempos, las luchas populares han hecho de este mundo un lugar mucho mejor. No hay razón para dudar de que el ciclo puede mantener su curso general de mejoramiento. Ahora mismo, los movimientos populares han tomado nuevas fuerzas y están creciendo en todo el mundo, y pueden aspirar realistamente a objetivos más importantes de lo que parecía alcanzable no hace mucho. Los escépticos que rechazan tales ideas como utópicas e ingenuas sólo tienen que observar lo que ha pasado aquí, en Suráfrica, en los últimos años, un tributo inspirador a lo que el espíritu humano puede lograr, y sus posibilidades ilimitadas, lecciones que el mundo necesita aprender desesperadamente y que deberían guiar los futuros pasos en la lucha por la justicia y la libertad también aquí, cuando el pueblo de Suráfrica, recién lograda una gran victoria, se enfrenta a los todavía más difíciles cometidos que le esperan.