El poder político usurpado

El poder político usurpado
Editorial del nº 22 de Pueblos, julio de 2006, Especial Multinacionales, p. 4.

Inmersos en un escenario de globalización ultraliberal, donde se vienen aplicando de una forma metódica y rigurosa políticas económicas de corte monetarista, estamos asistiendo desde hace unos decenios y muy especialmente en los últimos 20 años a procesos intensos y masivos de desregulación en sectores y servicios estratégicos que afectan muy sensiblemente a los Estados y al bienestar de sus ciudadanos.

Bajo el poder de ese nuevo imperio, se ha permitido la libertad absoluta de circulación de capitales, se promueve una interesada y desigual liberalización del comercio y se han creado marcos donde se llevan a cabo privatizaciones generalizadas que terminan por desplazar las decisiones desde el ámbito político al empresarial en áreas tan esenciales como salud, agua, educación, energía, recursos naturales, biodiversidad, medio ambiente, etc.

En este contexto, el fenómeno de las transnacionales se ha extendido vorazmente en los países industrializados, hasta tal punto que, entre las primeras economías del mundo aparecen decenas de empresas con cifras de negocio superiores al PIB de una buena parte de países del planeta. De esta forma, las economías del Sur empobrecidas y, en comparación débiles, terminan siendo invadidas por estas empresas, que consideran esos lugares idóneos para la inversión del capital transnacional, que termina beneficiándose de las condiciones más flexibles y favorables, propiciadas por los entornos de corrupción política y falta de fortaleza institucional existentes en esos países.

Por otra parte, la desregulación no deja de ser un término engañoso, tras el que se oculta el intento de imponer un orden mundial organizado desde y para las transnacionales, con la complicidad de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC), que han demostrado tanto su incompetencia para proporcionar soluciones a las diferentes crisis, como su incapacidad para prevenirlas; y cuyos dirigentes, que no han sido elegidos en ningún plebiscito, se prestan a defender cada vez con mayor facilidad los objetivos del capital transnacional privado.

Por otro lado, gran parte de los argumentos que se presentan para las privatizaciones, tienen que ver con las bondades que se conceden a la gestión privada. Hay una presión enorme desde organismos como la OMC para privatizar absolutamente todo a través de tratados como el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS) o en la propia Unión Europea a través de directivas como la famosa “Bolkestein”. Sin embargo, los ejemplos de las nefastas consecuencias que acarrean estos procesos de privatización son innumerables, como fue el caso de la banca en México, privatizada a principios del 90, para ser rescatada posteriormente por el gobierno con un altísimo coste para el pueblo mexicano, o en países industrializados como el propio Reino Unido, que tuvo que recuperar el control público de los ferrocarriles por los crecientes y preocupantes índices de inseguridad y siniestralidad.

Actualmente muchos gobiernos en América Latina están intentando recuperar sectores estratégicos de su economía ante el desbarajuste generado por la iniciativa privada en su propio beneficio. Al final, como siempre, es el Estado el que termina asumiendo y pagando los vidrios rotos por las ineficiencias de mercaderes y gobernantes sin escrúpulos, especializados en la socialización de las pérdidas siempre a cargo de las arcas públicas, y en la privatización de los beneficios, que terminan constituyendo fortunas colosales que, en una vergonzosa proporción, escapan al control fiscal de los Estados.

La inversión extranjera llegada al calor de la oleada privatizadora sólo ha servido para enriquecer a grupos y redes clientelares cercanas al poder sin fortalecer ni los tejidos económicos, ni en general el bienestar social de los países receptores, sino más bien todo lo contrario. Sin el control de la energía, agua, banca, telecomunicaciones, recursos naturales, biodiversidad... ¿Qué papel le queda al Estado? ¿Acaso paliar los efectos de las políticas de las multinacionales a través de los servicios sociales y la represión?