Chile: El nuevo saqueo

Chile: El nuevo saqueo

Centenares de especies nativas están siendo patentadas por extranjeros. Murtilla, boldo, quillay, quinoa, son algunas de las especies registradas fuera por la desidia chilena. Tal como sucedió con un hongo de Rapa Nui, que un pascuence no pudo usarlo para su terapia porque no pudo pagarlo.

Transcurría el año 1989 cuando - en un viaje de placer por el sur de Chile-  el chef australiano Bernard Jenni probó toda una novedad para su paladar. Se trataba de una baya pequeña, redonda y de oscuro color granate, conocida en estas latitudes como murta o murtilla, muy usada en kuchenes, mermeladas y licores artesanales, y apreciada por su exquisito sabor. Sin ningún problema adquirió 10 plantas de murta y se las llevó a su país, donde se puso en contacto con la empresa de biotecnología de Gillian y Lauren Rasmussen para que se dedicaran a multiplicar y mejorar genéticamente variantes de la murta.

Así nació el “tassie berrie”, una variedad de la cual se fabrican helados y productos cosméticos que para ser comercializados por empresarios chilenos tendrían que pagar onerosas patentes de propiedad intelectual.

El anterior es el caso más conocido de apropiación de un fruto nativo chileno en manos de personas o instituciones en busca de lucro legal pero éticamente ilegítimo. Lamentablemente no es el único, y la lista a futuro puede crecer sin freno. Hay alrededor de 700 especies nativas chilenas que han sido o están en proceso de ser patentadas en países extranjeros, sin que en Chile exista legislación para regular este fenómeno.

¿BIO QUÉ?

Aunque aún no existe una definición consensuada del concepto de biopiratería, en líneas gruesas se entiende como el uso irregular o ilegítimo de componentes de la biodiversidad y de los conocimientos indígenas asociados para su uso en la aplicación de biotecnología en productos comerciales. Se asocia también a invenciones protegidas por derechos de propiedad intelectual (especialmente patentes) que incorporan estos componentes o conocimientos indígenas obtenidos sin el conocimiento, consentimiento o autorización de sus titulares.

Así, laboratorios de biogenética avanzada - casi exclusivamente situados en países ricos-  pueden hacer suyas especies autóctonas con sólo extraerlas para mejorarlas o modificarlas genéticamente, y posteriormente patentarlas en los principales mercados internacionales, siendo la meta dorada patentar en Estados Unidos.

Así, países exuberantes en especies nativas se han adelantado en su defensa ante las bioprospecciones privadas que busquen beneficio o lucro mediante el cobro de patentes.

Es por esta situación que los países amazónicos discutieron, durante el año pasado, estrategias para defender sus derechos sobre la biodiversidad de la Amazonia y sobre los conocimientos tradicionales de sus pueblos originarios, ignorados por grandes laboratorios a la hora de patentar medicamentos.

“En una sola hectárea de la Amazonia hay una biodiversidad más grande que en toda Europa”, dijo entonces la secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la ecuatoriana Rosalía Arteaga, al subrayar la necesidad de defender esa riqueza natural, ya que, según el organismo, a menudo los grandes laboratorios se apropian de plantas y especies de la Amazonia, desarrollan un medicamento y lo patentan, sin reconocer el derecho de los países que poseen esa materia prima y sin participar de las ganancias que genera.

Últimamente, Brasil ha dado un paso aún más firme. Hace dos meses divulgó una lista con los nombres científicos de cerca de tres mil especies de flora autóctona, para evitar que empresas extranjeras soliciten patentes para explotarlas comercialmente. La denominada “Lista No Exhaustiva de Nombres Asociados a la Biodiversidad de Uso Habitual en Brasil” fue realizada por un grupo interministerial responsable de discutir medidas para garantizar la propiedad intelectual sobre los recursos naturales del país y luchar contra la biopiratería.

DESIDIA LOCAL

Cabe señalar que si bien la flora y fauna chilenas no es tan pletórica como aquella ubicada en los países de la cuenca amazónica, la bióloga e investigadora biogenética Ivette Seguel señala que “el 80% de todas las plantas que existen en Chile son nativas, con características especiales dado nuestro aislamiento geográfico. De ellas, muchas ofrecen un enorme potencial y no ha habido un desarrollo ni una investigación profunda para esos materiales”.

Otro es el panorama en la defensa biogenética de nuestro país. Así lo confirma Jorge Bermúdez, doctor en Derecho Ambiental de la Universidad de Giessen (Alemania) y miembro de la Comisión de Bioética de la Universidad Católica de Valparaíso. Según él, desde el punto de vista normativo, el panorama nacional es bastante precario. En materia de biotecnología, Bermúdez afirma que Chile firmó el Protocolo de Cartagena del año 2000, que regula el tránsito, importación, internación y liberación de organismos genéticamente modificados, pero no lo ha ratificado. “En esta materia, el Estado ha tenido una posición incierta”.

Bermúdez afirma que una de las razones por las que Chile no ha ratificado el protocolo es que las normas internacionales han surgido de la Organización Mundial del Comercio. “Hay temas de legislación ambiental y comercial no resueltos. Es el típico conflicto jurídico entre la legislación ambiental y la comercial”, dice, y explica que lo más cercano a una regulación es el anteproyecto de ley sobre acceso a recursos genéticos realizado por la Odepa (Oficina de Políticas Agrarias), dependiente del Ministerio de Agricultura. “Esa regulación está pendiente y hoy existe un gran vacío legislativo al respecto”.

- Entonces, cualquiera puede sacar especies y patentarlas sin violar la ley.

- Lo que pasa es que cualquiera puede sacar material genético sutilmente: un pelo, un rastro de sangre, una hoja, un trozo de tallo, etc. No es necesario contar con todo el organismo. Esto, además, no es algo fiscalizable con eficacia. Como país no tenemos idea de nuestro patrimonio genético. No existe un “banco de germoplasma”, por ejemplo, que sería el lugar donde podríamos almacenar esa información genética de modo que el día de mañana, si viene un laboratorio y nos vende como patente una nueva aplicación que extrajo de alguna especie con origen en Chile, podamos decirle: no, señor, esto es chileno.

SALUDO A LA BANDERA

Hasta el momento, la única iniciativa parlamentaria respecto de la biopiratería es el “proyecto de reforma constitucional que establece y regula el dominio público sobre los recursos genéticos de las especies animales y vegetales autóctonas”, presentado por el diputado y miembro de la Comisión de Bienes Nacionales Jaime Quintana Leal (PPD), quien sin embargo no ha logrado concitar la atención del Ejecutivo ni de otros parlamentarios respecto de la urgencia de hacer algo, lo que hace poco viable su moción.

“Nuestro país no tiene legislación como la que tienen las naciones del Pacto Andino, además de Argentina y Brasil, que tienen resguardos sobre las investigaciones biogenéticas que se realicen. Hoy, en nuestro país, cualquier particular o institución puede intervenir donde existen organismos y elementos que puedan ser inscritos y patentados en el extranjero”, señala el parlamentario.

Dentro de su proyecto se señala el informe realizado por María Isabel Manzur, investigadora de la Fundación de Sociedades Sustentables, quien indagó las bases de datos de las oficinas de patentes de Europa y Estados Unidos, encontrando derechos de propiedad intelectual sobre once compuestos o procesos derivados de nueve especies chilenas.

Destaca el caso del hongo pascuense “Streptomyces hygroscopicus”, del cual se extrajo el compuesto denominado rapamicina, que evita los rechazos en los pacientes trasplantados. La droga rapamicina fue patentada por un laboratorio canadiense sin mediar reparto de beneficios a los pascuenses. Es más, según el informe, un isleño trasplantado no pudo acceder a la droga por falta de dinero.

La lista continúa con el pepino dulce, que está siendo utilizado en Israel para crear una nueva fruta, con bajo contenido de azúcar, para comercializarla entre personas diabéticas. Además, se suma el tomate silvestre, el “Lycopersicon alstroemeria” o lirio del campo, el boldo, quillay, avellano, quinua y la calceolaria andina.

- Hay denuncias de extracción genética incluso en grupos raciales nativos.

- Hemos recibido denuncias de misteriosos equipos médicos que han hecho bioprospecciones bajo la estratagema de hacer trabajos dentales gratuitos, vacunaciones, etc. Es por eso que presentamos esta reforma constitucional el año pasado y lamentamos que se priorizaran las reformas políticas. Me han llegado informaciones de ONG que se dedican al tema que estaríamos hablando de más de 700 especies en Chile que han sido patentadas por particulares sin ningún tipo de retorno económico a sus comunidades de origen. Hoy en día, como país, debemos establecer el tema del patrimonio genético y eso significa llevarlo a la Constitución

- ¿Cuál es la importancia de contar con estas leyes en el contexto de las firmas de Tratados de Libre Comercio?

- Es fundamental, porque los países desarrollados garantizan a sus comunidades de origen que no sean objeto de este tipo de extracciones ilegítimas y tienen este tema absolutamente resuelto legalmente, por lo que son los países pequeños los ricos y los que deben resguardarse de alguna forma eficaz, o a lo menos dar señales claras de que existe un control, para no tentar la acción de los biopiratas. Puedo resumir que como estamos en este momento, Chile es absolutamente vulnerable ante la biopiratería.

La Nación, 30/07/06

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