Luis Miguel Busto Mauleón: El Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS): Un plan mundial para privatizar los servicios

Luis Miguel Busto Mauleón: El Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS): Un plan mundial para privatizar los servicios públicos

Tal vez el lector no conozca ni haya oído hablar de estas siglas, mucho menos de todo lo que ellas encierran. Es normal, muchos representantes políticos tampoco sabrían ni siquiera descifrarlas. Pero el asunto tendrá profundos impactos en los acuerdos comerciales regionales y hemisféricos y, con toda seguridad, estará en la agenda política de los próximos años.

El AGCS entró en vigor en 1995 y formó parte de una serie de compromisos que dieron origen a la Organización Mundial del Comercio. Se puede definir como el conjunto de normas multilaterales que abarca el comercio internacional de servicios. Tras el eufemismo se encierra un objetivo: la liberalización progresiva de los servicios esenciales para la sociedad y que en estos momentos son atendidos por los poderes públicos. Abarcaría cuanto servicio sea imaginable en sectores que afectan al medio ambiente, la cultura, los recursos naturales, el agua potable, la salud, educación, seguridad social, servicios de transporte, de correo o servicios municipales. Impondría límites a prácticamente todas las medidas gubernamentales que afecten al comercio de servicios: desde límites impuestos a la legislación laboral hasta a la protección del consumidor incluyendo en el tema regulaciones, directrices, subvenciones, cualificaciones y pautas para otorgar permisos. Y también afectaría a los límites gubernamentales sobre el acceso a los mercados, las necesidades económicas o las disposiciones de contenido cultural. La mayor apertura de los mercados, según sus promotores, mejoraría las posibilidades de los países en desarrollo para mejorar los servicios a sus ciudadanos y más oportunidades comerciales para su crecimiento económico.

Muchos gobiernos ya habían empezado a privatizar los servicios que ofrecían, tales como las telecomunicaciones o la electricidad porque habían empezado a ser rentables para el capital privado. Todos conocemos las consecuencias: fusión de empresas que generan mercados oligopolistas y terminan por elevar los precios de los productos; inseguridad y disminución de la calidad de los servicios, como en el caso de los transportes; mengua de la garantía de provisión, como en el caso de la electricidad; degradación del medio ambiente; degeneración y disminución del empleo; dilapidación de los recursos públicos en oscuros procesos de privatización… Pero ahora se quiere llevar al límite la privatización porque se pretende que incluso los servicios esenciales pasen a ser suministrados por empresas privadas.

Los principales beneficiarios de la aplicación del acuerdo serían las grandes multinacionales que convertirían los servicios públicos de todo el mundo en mercados privados. No debemos olvidar que la Salud representa un mercado con un valor de 3,5 trillones de dólares anuales; que la Educación supone un negocio de 2 trillones de dólares anuales y que el agua supone 1 trillón anual. Un bocado demasiado apetitoso para dejarlo en manos de los políticos.

Los perjudicados serían los de siempre. Las grandes empresas con fines lucrativos accederían a los recursos públicos y lograrían minar las regulaciones existentes. Y para muchos países del Tercer Mundo supondría el desmantelamiento definitivo de los servicios públicos tras décadas de ajuste estructural de los programas del FMI y del Banco Mundial. La competencia internacional los destruiría y, donde todavía no existen, se impediría su creación reforzando y perpetuando la desigualdad y la pobreza.

Según la OMC las ventajas de la liberalización de los servicios serían: la eficacia en la prestación de los servicios por la mayor competitividad; mayor grado de desarrollo; ahorro de los consumidores; más innovación; transparencia y previsibilidad de las empresas; y transferencia de tecnología por la inversión directa extranjera.

Pero a estas alturas a nadie se le escapa que el objetivo de la OMC es la promoción y expansión del libre comercio apoyando la generación de más beneficios para las empresas a costa de la provisión de los servicios públicos. Y por eso ve en los monopolios de los sectores públicos, sobretodo europeos, grandes barreras para el comercio. El AGCS limitaría la capacidad de los gobiernos para ejercer políticas a favor del interés común y las distintas administraciones se verían obligadas a eliminar aquellas acciones tendentes a regular y financiar servicios esenciales.

Privatización de los servicios públicos

El AGCS lleva implícito la privatización de los servicios públicos ya que considera que las subvenciones pueden tener efectos distorsionadores en el mercado. De hecho, el sector público no podría situarse en competencia con un servicio ofrecido por una empresa y estaría obligado a multiplicar el presupuesto destinado a un servicio público para ofrecer a la competencia la misma subvención; o a dividirlo y destinar una parte proporcional a competidoras privadas; o privatizar los servicios públicos. Cualquiera de los tres casos supondría la desaparición de los servicios públicos.

Aceptar el AGCS supondría:

  • el dominio de los mercados por un pequeño número de compañías privadas;
  • la pérdida del control democrático de los servicios públicos;
  • la caída de los precios a expensas de la calidad;
  • la reducción de la protección medioambiental;
  • la pérdida de servicios básicos y de puestos de trabajo.

En definitiva, el AGCS suscita preocupaciones por sus efectos en la ciudadanía. La primera de ellas sería la posibilidad de que los gobiernos se vean impedidos de definir políticas en sectores claves para garantizar ciertos servicios básicos. La segunda tiene que ver con la irreversibilidad del proceso que hace que lo que se compromete en cada ronda de negociación no pueda deshacerse sin un costo económico elevado. La tercera es la sensación de que la vaguedad y generalidad de los asuntos contenidos en los artículos terminarán poniendo la interpretación de las reglas en manos de algún tribunal de arbitraje dominado por los países más fuertes y las corporaciones internacionales. Y, por último, la falta de información y transparencia en las negociaciones de este polémico acuerdo.

Los servicios públicos se establecieron para satisfacer las necesidades de las personas, no para el comercio y el beneficio económico y no pueden regirse por criterios de rentabilidad sino de interés social. De acceso universal, mantenidos por una fiscalidad solidaria, representan uno de los derechos sociales más significativos alcanzados por la ciudadanía a lo largo de la historia y son indispensables para luchar contra las desigualdades sociales y territoriales. La provisión de los servicios públicos se desarrolla en base a las necesidades sociales del individuo y no en su capacidad de pago. Por su propia naturaleza no deben ser ni liberalizados ni privatizados.

La constante crítica al funcionamiento de los servicios públicos ha conseguido que una parte importante de la sociedad acepta la falacia de que estos serían mucho más eficaces si se entregaran a la competencia del mercado. Claro que es necesario perfeccionar la eficacia de los servicios públicos pero para ello hay que ampliar su financiación, mejorando la calidad y el acceso de todos en condiciones de igualdad. Pero no podemos permitir que su actual deterioro sea utilizado como argumento para permitir que se los apropien las multinacionales.

Mostrarían precisamente la cara vergonzante del neoliberalismo. Y sobretodo que el capitalismo de nuestros días es cada vez más incompatible no solo con los derechos sociales sino con las normas democráticas más elementales.

Las principales críticas al A.G.C.S.

Su objetivo es suprimir cualquier restricción y reglamento estatal interno en la prestación de servicios que se considere 'obstáculo al comercio'.

Obligaría a los países miembros de la OMC a abrir todos sus sectores de servicios a la competencia extranjera.

Suprimiría la financiación pública de las instituciones nacionales porque socavan la libertad de comercio.

La liberalización progresiva implicaría avanzar hacia la privatización de todos los servicios con inclusión de los servicios públicos desregulando los servicios en los planos local, autonómico y nacional y sometidos a las normas mundiales de la OMC en beneficio de las empresas transnacionales.

Las negociaciones relativas a los servicios entrañaría que todos los servicios públicos tendrían que abrirse a la competencia extranjera.

La liberalización con arreglo al AGCS entrañaría la desregulación de los servicios.

Impondría a los estados la obligación de demostrar que están utilizando políticas menos restrictivas del comercio. Proscribiría la utilización de mecanismos no relacionados con el mercado como la concesión de subvenciones, la solidaridad y responsabilidad pública en la prestación de servicios.

Los compromisos son irreversibles.

Las negociaciones son secretas y antidemocráticas.

Supone una amenaza para la adopción de decisiones democráticas.

Las reglas del AGCS

El acuerdo establece normas y obligaciones generales para los países firmantes entre las que se encuentra la regla del 'Trato a la nación más favorecida' según la cual, un país no podrá dispensar a una empresa extranjera un trato menos favorable que a otra empresa también extranjera. Es decir, se limitaría la capacidad de un país soberano en la toma de decisiones que creyera más beneficiosas para sus ciudadanos como puede ser el apoyo a una empresa extranjera que, por ejemplo, se comprometiera más firmemente a respetar el medio ambiente o la legalidad laboral del país en cuestión.

Por otro lado están los compromisos, que se aplican a los sectores en los que cada país haya declarado su liberalización. Uno de ellos es el 'Trato Nacional' que obliga al país firmante a dar a cualquier empresa extranjera el mismo trato que da a una empresa nacional. No se podrá dictar ninguna medida que discrimine a empresas extranjeras lo que podría tener consecuencias indeseables para un país que quiera establecer condiciones si cierto servicio fuera interpretado por otros países como lesivo a la regla del 'Trato Nacional'.

Otro compromiso es el de 'Acceso a los mercados' que obliga a los países miembros a no poner ningún tipo de barrera al ingreso al mercado nacional de cualquier proveedor de servicios del extranjero en los sectores que ha liberalizado.

Las reglamentaciones nacionales no podrán instrumentar medidas que obstaculicen el comercio de servicios. De esta manera, si los estándares de calidad no se aplican a los productos sino a los proveedores resultará muy difícil establecer esos parámetros sin que sean acusados de poner trabas al comercio. Ante la duda se debe demostrar que no existe otra forma menos costosa para lograr los mismos fines.

'La prueba de necesidad' implica que los países deben demostrar la necesidad de la creación de toda medida que pueda entenderse como restrictiva del comercio.

'Las reglas de transparencia' exigen que toda nueva reglamentación sobre los servicios deben ser comunicadas a la OMC y a los sectores empresariales

Fuentes:

Pedro López López. AGCS

Pedro López López. El Acuerdo General del Comercio de Servicios y la Universidad Pública.

Juan Torres López. El AGCS: la muerte anunciada de los servicios públicos.

Feliciano Robles Blanco. El acuerdo general sobre el comercio de servicios – AGCS- y el peligro de desaparición de los servicios públicos.

Susan Georg. Secretismo de la U.E. ante el AGCS.

Attac. ¡Parar el ataque el AGCS ya!

Attac Madrid – Ecologistas en acción. Comienza la campaña contra el AGCS.

Gerardo Honty. AGCS: una ventana abierta al abismo.

Organización Mundial del Comercio. Hechos y ficciones del AGCS.

Rebelión, 29/07/06