Marcos Britos: ¡Que el conocimiento público sea de público conocimiento!

Argentina
Marcos Britos: ¡Que el conocimiento público sea de público conocimiento!
El conocimiento público está siendo privatizado
Marcos Britos es Delegado General, integra la Comisión Gremial Interna de APUBA - Rectorado.

Este texto tiene como base la exposición realizada en la primera jornada del III Encuentro de Trabajadores de las Universidades Nacionales, llevado a cabo los días 28 y 29 de Octubre de 2005 en Buenos Aires, y fue mejorado como producto del debate realizado.

1) La reconversión de la Universidad Pública

Hasta 1983 hablar de “transferencia de tecnología” era casi una mala palabra en las Universidades Públicas, y hablar de relaciones entre Empresas Privadas y Universidad Pública era hablar de corrupción. Si se concretaba esa relación se hacía de una manera vergonzante, a escondidas y generando fuertes polémicas, denuncias y desprecios hacia quienes implementaban esas relaciones. Salvo cuando se hacían convenios entre Universidades y Empresas del Estado (que entonces existían). Concretamente no eran mecanismos institucionales. La cultura académica dominante entonces concebía la generación de conocimiento por simple deseo del descubrimiento, de acumulación de saber y para un bien de la humanidad toda. A fines de los 60, bajo el gobierno de Onganía algunos académicos, y científicos como Jorge Sabato, comienzan a impulsar la vinculación de la Universidad Pública con las Empresas Privadas. Es decir, plantean que el conocimiento puede venderse a buen precio, y que los productores de conocimientos vendibles pueden ganar buena plata.

Pero recién a mediados de los ochenta, a partir del gobierno de Alfonsín, se inició una profunda transformación, tanto económica como cultural y no sólo en las Universidades Públicas sino también en el CONICET. Se comenzó a implementar por primera vez un plan bien elaborado de transferencia de tecnología, una forma de decir que un empresario - o grupo de empresarios - compran el resultado de la investigación que el Estado genera y transforman el conocimiento público en una mercancía. Y como a toda mercancía se le pone un precio de venta. Así, las empresas ahora pueden comprar una mercancía-conocimiento generada por el Estado, que les permitirá lograr mayores ganancias empresariales. De esta forma fueron derrotados definitivamente los proyectos alternativos presentados por científicos como Oscar Varsavsky, que ya en 1969 alertaba sobre las nefastas consecuencias que esta vinculación traería para las Universidades.

El primer Director del área de Transferencia Tecnológica del CONICET (creada en 1984) el ingeniero Marcelo Nívoli, dijo que hacía falta “una profunda transformación cultural, una modificación de las concepciones del rol de la ciencia y la tecnología en nuestra sociedad”, y se propuso iniciar esa transformación. A lo largo de los años siguientes, el planteo de Nívoli/Alfonsín se va haciendo realidad con el pleno acuerdo e impulso del gobierno de Menem. En 1987 por Resolución de Oscar Schuberoff N° 1195/87 la UBA fue la primera Universidad Pública que creó la Dirección de Convenios y Transferencias. La siguió la Universidad de Mar del Plata al año siguiente. En 1990 Schuberoff crea UBATEC SA, la primera empresa privada de vinculación entre Universidad y Empresa. Esta empresa pionera que se adelanta a las Unidades de Vinculación Tecnológicas de otras universidades, está conformada como Sociedad Anónima con partes iguales de capital aportados por la Sociedad Rural, la Unión Industrial, el Gobierno Municipal del menemista Carlos Grosso y la propia Universidad. Al tiempo crean UBACyT, con fines específicos para Ciencia y Tecnología.

En 1990 también se vota la Ley 23.877 - De Innovación Tecnológica, que se reglamenta en 1992 y en abril de 1993 se vota la Ley 24.195 - Federal de Educación, que impone un giro profundo en los objetivos de la Educación como tal. Y en ese mismo año la Dirección de Asuntos Universitarios del Ministerio de Educación se eleva a Secretaría de Política Universitaria y crea el Programa de Vinculación Tecnológica, entre los organismos de investigación científica del Estado con las empresas privadas. En 1995 se vota la Ley 24.521 De Educación Superior que otorga a las Universidades Públicas autonomía administrativa en la asignación de recursos internos, gestión de personal y selección de estudiantes. Se establece también el mecanismo de acreditación de la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación Universitaria), una Comisión de “expertos” que la integran, entre otros personajes, tres Senadores y un representante de las Universidades Privadas.

El papel del Estado respecto a la educación universitaria termina radicalmente modificado, ya que los sucesivos gobiernos podrán incidir en una evaluación que determine cuál es la Universidad que mejor cumple los requisitos requeridos por la sociedad (es decir los empresarios). No casualmente ese mismo año, el Decreto Menem 840 (¡vaya número!) legaliza el Programa de Reforma de la Educación Superior. Su financiación corre por cuenta del Banco Mundial y el BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) que liberan 273 millones para crear el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria, el famoso FOMEC que en cinco años permitió llevar adelante 500 proyectos de “mejoramiento” que, como era de esperar, se destinaron centralmente a compras de equipos y financiación de investigaciones tecnológico/científicas.

En poco tiempo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se incorpora a este sistema mediante el FONTAR y el FONCyT. En 1996 se crea la Secretaría de Ciencia y Tecnología que articula los créditos del BID con las Universidades. En setiembre de 1999 se vota la Ley 25.165 - De Pasantías Educativas y en el 2001 la 25.467 De Ciencia, Tecnología e Innovación.

Podemos decir que 1999, cuando UBATEC SA ya estaba facturando 100 millones de pesos/dólares, las clases dominantes habían culminado la reconversión de la Universidad Pública planteada como objetivo estratégico quince años antes. Sin embargo mantuvieron y mantienen su ofensiva sobre los demás niveles de la Educación Pública como lo demuestran los nuevos proyectos de Leyes sobre la Educación Tecnológica y la de Financiamiento Educativo.

2) La Universidad Pública al servicio de la Empresa Privada

El proceso de sustituir el financiamiento estatal por medio de la venta de servicios a terceros hoy está institucionalizado como un mecanismo que, en la UBA, conforma un porcentaje cercano al 40% del presupuesto Universitario general y sigue creciendo rápidamente. Este mecanismo incorporó todos los métodos y conceptos de la competencia empresaria a las Universidades Públicas. La Universidad Pública se ha conformado como una Universidad comercial en la cual el marketing, la excelencia y la calidad total son factores de su base. Esto en el marco de que el proceso no es sólo argentino sino mundial, como parte de las propias transformaciones de un sistema capitalista que le ha otorgado a las Universidades Públicas nuevas funciones. Un caso ejemplar es el de la UTN Regional Buenos Aires, que establece como criterio de evaluación para el financiamiento de proyectos de investigación que tenga plan de negocios.

En definitiva, estas transformaciones han generado Universidades sujetas al control externo privado y a la subordinación a los objetivos fijados entre los gobiernos de turno y las empresas financiadoras. La Autonomía Universitaria se usa como una herramienta para el manejo discrecional y descontrolado de los fondos, pero desaparece en el terreno de los objetivos académicos en tanto los gobiernos pactan previamente esos objetivos con los organismos financieros y las empresas que proveen los fondos para las universidades.

Es necesario insistir con que el Banco Mundial tiene un Departamento de Educación y Política Social que a partir de 1995 viene impulsando con mucha fuerza la diversificación del financiamiento de las Universidades Publicas. Indudablemente sus objetivos no son sólo poner el conocimiento generado al servicio de la ganancia empresaria, sino también disminuir los aportes del Estado a la Universidad de manera de lograr más dinero disponible al servicio de pagar la deuda con estos mismos organismos financieros.

Los pactos educativos estratégicos del Estado con los organismos internacionales son previos al libramiento de los cuantiosos fondos para la implementación de esas políticas. Por ejemplo, el plan del Banco Mundial planteado en 1994/95 partía de proponer ampliar la autonomía universitaria para disponer con total libertad de sus fondos, mientras que le daba al Estado el papel de evaluador académico. Y los organismos financieros internacionales también son los que determinan las condiciones de organización administrativa y de la distribución de estos fondos. Y aquí es donde la cadena nos engancha a los trabajadores universitarios de funciones no docentes generando nuevas condiciones flexibilizadas de trabajo, de fragmentación salarial y de reordenamiento de la estructura administrativa para hacerla flexible y móvil. Por otra parte, el reparto de los fondos genera un efecto de clientelismo a gran escala, especialmente a los trabajadores universitarios docentes e investigadores, con la certeza de que el control sobre la distribución sólo está en manos de la exclusiva elit de quienes tienen el gobierno de las Universidades.

El círculo ha quedado cerrado. Los efectos son devastadores.

3) La Secretaría de Política Universitaria de Filmus mantiene el rumbo y el timonel

Siendo un mecanismo institucionalizado, la llamada cultura académica de las autoridades universitarias es la que determina las características de la política universitaria de cada una de las Universidades Públicas. Es evidente que, independientemente de la variación de sus autoridades, hay una política del Estado Universitario: no se cuestiona la función privada de la educación y la investigación pública. Y en ese sentido no es casual que el Ministerio de Educación no tenga un relevamiento sobre la cantidad y calidad de contratos de prestación de servicios y transferencia científico tecnológica (eufemismo: convenio de investigación) de las Universidades Nacionales. Es un tema de carácter privado y por lo tanto ni el Ministerio tiene porqué saberlo.

En este sentido, para entender la política seguida por el actual gobierno respecto a las Universidades hay que tener presente que un cabal exponente de la actual cultura académica es Juan Carlos Pugliese, Rector de la Universidad del Centro desde 1984 a 1992, Subsecretario en Educación desde el 87 al 89, integrante de la CONEAU desde 1996 a 2002 y Secretario de Políticas Universitarias desde 2002 al presente. En todos estos cargos y bajo todos los gobiernos, fue parte fundacional de esta transformación cuya base de apoyo es la mercantilización del conocimiento, es decir, la privatización de su producción.

La instrumentación de las estructuras Universitarias del Estado por parte de los gobiernos de turno es el mecanismo central para llevar a la práctica esos objetivos. Es un mecanismo similar a las concesiones de las Empresas de Servicios Públicos. La estructura sigue siendo del Estado, pero el gobierno la entrega en concesión a las empresas privadas. La diferencia está en el ritmo en que este proceso se va concretando. La vinculación Universidades Públicas- Empresas Privadas implica una concesión de las estructuras de la Universidad Pública al servicio de las ganancias del empresariado. Esto tiene en Mendoza un mecanismo ya institucionalizado y permitido por la Ley de Educación Superior: el Consejo Asesor Permanente que evalúa proyectos a 10 años y que lo integran los distintos sectores de la comunidad, es decir, de la comunidad empresaria. Lo integran el Presidente del Consejo Empresario Mendocino entre otros “representantes nuestros”, y claro que lo preside el Rector de la Universidad Pública.

Los gobiernos y los organismos internacionales han demostrado una vez más tener una capacidad de cooperación muy eficaz y de grandes resultados para la clase dominante, porque en definitiva el mecanismo utilizado permitió que la generación de nuevos conocimientos de las Universidad Públicas, centralmente los científicos tecnológicos, que son los que mas capital generan, no se entregaron a un sólo empresario sino a un conjunto de empresas.

La doctrina central que afecta a las Universidades hoy no cambia respecto a la que determinó su transformación: rigor monetario, rigor presupuestario y flexibilidad salarial y laboral. Sin embargo, como en toda estructura gobernada por piratas del capital lo único que se aplica a rajatabla es la flexibilidad que cae sobre los trabajadores. Las otras variables siempre se rompen en beneficio de funcionarios y empresarios.

En este marco, la Política del actual Ministerio de Educación respecto a las Universidades sigue en manos de la misma persona y su equipo, que participó desde su origen en la transformación universitaria. Si se hace evidente que los objetivos de Filmus están centrados fundamentalmente en la Educación Primaria y Media es porque la Universitaria ya sentó bases firmes de su transformación y tiene una dinámica propia en manos de un excelente conductor. Sin embargo hay un reportaje muy sustancioso de octubre de 2003 en donde Filmus presenta muy sintéticamente, como en todo reportaje, una de las principales políticas de su Ministerio: el canje de deuda externa por educación.

Siguiendo los objetivos planteados por el ex Ministro de Economía de Francia, Jacques Delors, en un texto no casualmente llamado La educación encierra un Tesoro. El plan apunta a que al menos unos 15.000 Millones de dólares de los bonos de intereses de la deuda externa sean negociados para que los tenedores acepten que al menos parte de ese capital se invierta en sectores de la educación. Es impensable suponer que los dueños de esos bonos regalen 15.000 millones sin pretender sacar algún rédito de esa inversión educativa negociada, con lo cual difícilmente acepten construir las escuelas necesarias para la puna o el desierto patagónico. Una vez mas, la inversión irá hacia sectores de recuperación rápida y segura, mientras que la deuda externa en vez de reducirse se incrementará.

Este planteo no viene por casualidad. Filmus es un hombre de la Fundación Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), institución insigne en las relaciones entre los organismos de financiamiento internacional y los intelectuales al servicio de los empresarios y sus ganancias. Fue fundada en 1957 con financiamiento de la Fundación Ford. En este sentido, lo esencial de su Ministerio no será distinto a los anteriores sino que intentará mejorar esa relación. Filmus está aportando calidad a este proyecto sobre todo para implementarlo en las áreas primarias y media.

Por último es inevitable plantear el papel de la FATUN como una fiel organización acompañante y servil de todas estas transformaciones desde el lejano período del Ingeniero alfonsinista Nívoli hasta el presente. Entonces como hoy, con su Convenio Colectivo flexibilizador y patronal, el Consejo Directivo de la FATUN ha sido un factor importante de desorganización y desmovilización de los trabajadores universitarios. El depósito en su cuenta bancaria del 2 % de la masa salarial de los aumentos a cuenta del Convenio Colectivo de Trabajo, es la última paga por los servicios prestados.

4) Algunas consecuencias

Sin pretender que estén todas las consecuencias reflejadas, consideramos que algunas de las principales están señaladas en los siguientes puntos.

  • La más concretas para los trabajadores universitarios se ve en la composición del salario: las sumas en negro (los famosos Incentivos salariales) tanto de fondos propios como estatales han adquirido un porcentaje cada vez mayor cuando antes eran inexistentes. La diversificación de incentivos universidad por universidad han generado una gran dispersión del salario y eliminado por completo el planteo de a igual tarea igual remuneración.
  • El Convenio Colectivo de Trabajo que se pretende imponer acordado entre el CIN y la FATUN está construido sobre la base de adaptar las estructuras laborales, su funcionamiento y objetivos, a esta mecánica empresarial y a su lógica de costos y beneficios privados.
  • Las estructuras de funcionamiento interno de las Universidades se han transformado de tal manera que abandonan el sentido permanente de la Institución para generar una superestructura flexible y móvil de acuerdo a las necesidades de las nuevas gestiones. Las gestiones de los Consejos Superiores, entendidos como Directorios empresariales, y de los Rectores como Directores Generales de un Directorio empresario, necesitan de flexibilidad en la contratación y modificación de las estructuras. Las viejas estructuras de la planta permanentes que sobrevivían a las gestiones universitarias ya no son funcionales para este sistema.
  • El desfinanciamiento estatal de la Universidad Pública es continuo y creciente. El mismo Secretario de Políticas Universitarias reconoce que el presupuesto por alumno descendió un 11% en los últimos diez años, esto teniendo en cuenta que tomando una base 100 para 1970, en 1985 ya había perdido 83 puntos. En el año 2000 los datos del ingreso total nacional de fondos propios llegaba a unos 240 millones. Hoy sabemos que sólo la UBA supera esa cifra.
  • En el terreno de la docencia y la investigación el clientelismo es un mecanismo de captación de voluntades inclusive de sectores progresistas y supuestamente críticos que prefieren mantener un estado de coexistencia pacífica con los Consejos Superiores para asegurarse algunas migajas del reparto de subsidios para investigaciones. En algunos casos estas investigaciones duran años con objetivos insólitos (como una investigación de cinco años sobre Dentistas de la Edad Media en la Facultad de Filososfía y Letras de la UBA o sobre la evolución del precio de la yerba mate en 1810 en una carrera de Historia).
  • La disminución permanente de la calidad educativa lleva a la degradación del nivel del egresado de las carreras de grado. No sólo por la falta de elementos o de una adecuada infraestructura, sino también porque el fin de la formación del estudiante está cada día mas centrado en la utilidad inmediata monetaria, la oportunidad del negocio rápido.
  • La elitización de las Universidades no sólo es producto de un deterioro social y pauperización de cada vez más amplios sectores sociales, sino también por la mercantilización de las herramientas de estudio: apuntes y elementos. La existencia de verdaderos shoppings al interior de las Facultades es una manifestación de este proceso.
  • La aparición de una increíble cantidad de posgrados y maestrías pagas, algunas de muy alto precio genera situaciones insólitas como carreras que tienen varias veces mas posgrados que grados, o la aparición de un posgrado en Maestra Jardinera en la UBA.
  • La confidencialidad de la investigación (a veces por décadas) es el recurso central de la privatización del producto porque en algunos casos funciona como un verdadero patentamiento privado de una investigación pública. Lo cual además garantiza ganancias a futuro. Hay casos con dimensión de barbarie como la investigación de la Facultad de Veterinaria de la U. de Tucumán sobre leches fortificadas pensadas en la desnutrición que terminó vendiéndose a SANCor para que produzca leches que vende a precios inaccesibles. O el caso de la investigación sobre pastillas para combatir la obesidad, a su vez vendida a un laboratorio, llevada adelante por la Facultad de Medicina de la U. de Mendoza ubicada frente mismo a una villa de emergencia.
  • La aparición de Universidades de primera y de cuarta mediante la distribución discriminatoria del presupuesto, llevó a que en 1997 la Universidad de Lomas ya estaba recibiendo 828 pesos por alumno mientras que la de Quilmes recibía 5.549 pesos por alumno.
  • La impresionante corrupción institucionalizada en torno al manejo de los recursos propios es la pata mafiosa de la reconversión y la incorporación de los peores vicios de la empresa privada a la gestión Universitaria. Detrás de la pelea a dentelladas por el botín de los recursos propios, en la ruta del dinero, el maltrato o acoso laboral ha llevado a la enfermedad física y psíquica, e incluso al suicidio, a trabajadores universitarios.

La creación de la Comisión Investigadora sobre el destino de los 160 millones de recursos propios del Rectorado de la UBA es una muestra de las posibilidades de intervención organizada que se abren con una perspectiva de lucha asentada en la defensa incondicional de los intereses de la clase trabajadora y el pueblo como norte irrenunciable. En el mismo sentido, los trabajos conjuntos entre sectores de trabajadores en lucha; como Zanon junto a sectores de la Universidad del Comahue o mineros del Turbio con la Facultad de Ingeniería de la UBA, nos presentan una alternativa para pensar una Universidad distinta para un país y una sociedad distinta.

El debate en el marco del Encuentro de Trabajadores Universitarios (ETUN) tiene que servirnos para analizar propuestas y respuestas organizada como trabajadores universitarios, para hacer frente a las consecuencias de la reconversión universitaria desde una perspectiva de nuestros intereses como clase. intereses que no están centrados en cargar cuentas bancarias explotando el trabajo ajeno sino simplemente vivir dignamente en compañía de nuestros familiares y amigos aportando lo mejor de cada uno al conjunto de la sociedad.

Argenpress, 12/08/06